Ciencia y Tecnología en la visión del PRI
En la iniciativa que fue presentada recientemente por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en materia energética, se aprecian diferencias importantes con respecto a las propuestas de Felipe Calderón Hinojosa para reformar a Pemex. En los planteamientos del Ejecutivo la ciencia y la tecnología simplemente brillan por su ausencia, mientras en la propuesta priísta hay una idea, así sea primitiva e insuficiente, del papel que pueden desempeñar estas actividades en el futuro energético del país. ¿En qué consiste esta visión?
El componente científico-técnico en una reforma energética para nuestro país tiene que considerar necesariamente dos aspectos: por un lado, qué es lo que hay que hacer en el campo de la investigación para fortalecer las actividades presentes y futuras de Pemex, y, por otra parte, qué vamos a hacer cuando el petróleo se agote.
Sobre el primer aspecto, la iniciativa priísta adolece de un defecto, pues ignora la importancia que tiene actualmente en el mundo la investigación científica y tecnológica endógena en la industria petrolera, lo que resulta sumamente riesgoso. Por ejemplo, se propone una Ley de la Comisión Nacional Reguladora del Petróleo, organismo que tendría entre sus funciones seleccionar la tecnología que será utilizada en la exploración y extracción de hidrocarburos “… en función de los resultados productivos y económicos”.
Esto suena muy bien, sólo que tal y como está planteado deja en manos de unos cuantos funcionarios la selección de esas tecnologías, cuando está bien documentado desde el siglo pasado que estos contratos, si no están bien articulados con el desarrollo de las capacidades locales, profundizan la dependencia frente a las corporaciones. Es una especie de regalo que se les hace. Lo anterior resulta compatible, por citar un ejemplo, con la idea de importar tecnología para explorar aguas profundas, sin establecer con claridad las condiciones en las que estos contratos deben realizarse y sin prever el desarrollo simultáneo de capacidades propias en esta materia. Está bien buscar la mayor eficiencia productiva y económica, pero no nos haría daño buscar también mayor soberanía.
Pero no todo es oscuridad. El PRI decidió sumarse a los múltiples señalamientos sobre la necesidad de una reforma integral. Este partido se muestra convencido de que no basta modificar la estructura y funciones de Pemex, sino que, ante la certeza de un futuro en el que el petróleo habrá de agotarse, hay que avanzar hacia una transición energética en la que este recurso pueda ser remplazado paulatinamente por otras fuentes, particularmente las energías renovables. Se requiere entonces –se afirma en el documento al que se ha bautizado como ley Beltrones– multiplicar los recursos destinados a la investigación. Bueno, eso de multiplicar, es sólo un decir.
En el caso de las fuentes alternativas, se plantea una Ley para el Financiamiento de la Transición Energética. En ésta hay pocas novedades, pues se remite básicamente a la reforma ya aprobada en septiembre de 2007 por el Senado (publicada en el Diario Oficial de la Federación el primero de octubre de ese año) a la Ley Federal de Derechos en Materia de Hidrocarburos. Ésta establece que 0.65 por ciento de las utilidades de Pemex, algo así como 6 mil 500 millones de pesos anuales, se canalizarán a actividades de investigación en programas ubicados en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
La propuesta del PRI añade dos aspectos importantes a la ley de derechos: por un lado, la creación de un comité técnico y de asignación de fondos presidido por la Secretaría de Energía e integrado por varias secretarías de Estado y el Conacyt; los institutos Mexicano del Petróleo, de Investigaciones Eléctricas y Politécnico Nacional; la Universidad Nacional Autónoma de México y tres representantes de universidades públicas de los estados, lo cual está muy bien –aunque es raro que se haya omitido el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares.
Pero al mismo tiempo añade candados a la asignación de estos fondos a los proyectos científicos nacionales, pues la iniciativa señala: “Los apoyos económicos tendrán, preferentemente, el carácter de créditos o transferencias recuperables...” En otras palabras se busca ir a la segura en un terreno en el que existe siempre un factor de riesgo, pues aun en el caso de desarrollos que muestran sus beneficios en la fase experimental, pueden presentarse dificultades en el escalamiento. Se ponen así condiciones a la investigación local que no aparecen en otras partes del documento para los conocimientos o tecnologías foráneas. Además, la ley de derechos en los que se basa esta iniciativa entrará en operación hasta 2012 y sobre esto el tricolor no dice nada.
En suma, la iniciativa del PRI es diferente a la de Calderón, pues sí aborda el tema de la investigación científica y tecnológica, incorporando la demanda de avanzar hacia una transición energética, aunque olvidando el componente científico-técnico para fortalecer a Pemex. Es una propuesta limitada, que ojalá pueda ser corregida, si no por el PRI, sí por otras iniciativas que puedan surgir.
martes, 5 de agosto de 2008
El Recreo
J. Luis Medina Lizalde
Imagen, lunes 4 de agosto 2008
AL PRINCIPIO
Murió Alejandro Aura, poeta, autor, guionista, conductor de radio y de televisión, dramaturgo, promotor de lecturas y de lectores.
Murió y el gobierno del Estado produjo tres versiones oficiales sobre su función en Madrid.
Una: que no trabajó para el gobierno del Estado; dos: director de la Casa de Zacatecas en Madrid, según la esquela; tres: que Alejandro poseía una empresa en España cuyos servicios contrataba el gobierno del Estado.
Triste que esta penosa desinformación suceda con Alejandro Aura, fundamentalista de la claridad, no se lo merece.
JUVENTUD, ENFERMEDAD QUE SE CURA CON LOS AÑOS
Antes de cumplir los 11 meses en el cargo, el presidente municipal de Zacatecas vive una desgastante controversia que inicia con la denuncia -por los regidores del PRD, PT y uno del PAN- de un contrato de luminarias considerado perjudicial para el interés público y por un informe al respecto de la Auditoría Superior del Estado.
La polémica inicia con un asunto y en su transcurso brotan otros, es así como nos enteramos que:
- Se contrató a una empresa privada de Querétaro varios perros policía, a 3 mil pesos mensuales cada uno, según unos, y a 12 mil pesos mensuales, según otros.
- No le pagan un centavo a los veladores de las colonias populares, por lo mismo, cada 8 días van de puerta en puerta recogiendo “lo que sea su voluntad”.
- El contrato de arrendamiento de luminarias infla el precio de los mismas, y le otorga a la arrendataria condiciones excepcionalmente privilegiadas, según un voluminoso expediente cuya parte sustancial ha sido difundida por diversos medios de comunicación.
- Se contrata a una empresa para notificar a deudores del impuesto predial, ésta se ostenta con matriz en San Luís Potosí, ciudad a la que acuden regidores que denuncian que tal empresa es más cuento que realidad.
El ayuntamiento paga 200 pesos por cada notificado y la empresa, a su vez, ofrece 40 pesos por cada notificado que pague.
Al contralor perredista le atribuyen una actitud complaciente. El presidente lo defiende.
El tesorero del municipio se queja de los dictámenes negativos de la síndico municipal, su correligionaria.
El regidor perredista Reyes Romo defiende a la síndico municipal, panista.
Antes les había salido barata la violación a la legalidad cuando enviaron policías y patrullas para custodiar una asamblea ganadera en Villanueva, un baile en Trancoso y un baile en Genaro Codina.
Ahora el presidente declara como aconsejado por su peor enemigo “que los diputados son entrometidos”, que “no saben leyes financieras” y que él no es abogado y no tiene por qué saberse la Ley Orgánica del Municipio.
El pasado viernes el municipio suspendió las obras de las instalaciones de la feria mediante una inusual ostentación de fuerza. El asunto se arregló en unas horas, pero exhibió al gobierno del Estado como indolente y el municipio exhibió su pobre concepto de la observancia de la ley.
A Calderón lo declaran culpable “en automático” sus adversarios internos y externos.
También lo declaran “víctima” sus adeptos internos y externos.
Lo sensato es demandar que la Legislatura cumpla su deber de llegar al fondo y que, una vez aclarado todo, la ley ponga a cada quién en su lugar.
Los diputados acostumbran reaccionar como la muchedumbre que, piedra en mano, pretendía lapidar a María Magdalena cuando Jesús les dice que “aquél que esté libre de pecado, que lance la primera piedra”, y… Magda la libró.
Esperemos que éste no sea el caso.
AL ÚLTIMO
Ni como promesa electoral se habla de austeridad en los gobiernos, 8 años de excedentes petroleros han sido tirados al desperdicio, Suburbans, viajes y más viajes, congresos en destinos turísticos, compra de halagos en los medios, oficinas remodeladas a cada rato, etcétera.
Mientras tanto, cientos de miles de jóvenes no tienen un lugar para estudiar, las instituciones de salud llenas de carencias de todo tipo, la inflación regresa y el empleo no llega.
En el municipio de Zacatecas, cada regidor recibe mensualmente 25 mil pesos de remuneración, más 14 mil para “ayudas”, mil para teléfono celular, y 80 litros de gasolina.
Cuenta también cada uno con un asistente.
Y no es que todos estén de acuerdo, sólo que la remuneración a la clase política se salió de control, y para revertir la situación, habrá de construirse una reforma que surja de abajo hacia arriba.
Nos encontramos el lunes en el recreo
luismedinalizalde@gmail.com
Imagen, lunes 4 de agosto 2008
AL PRINCIPIO
Murió Alejandro Aura, poeta, autor, guionista, conductor de radio y de televisión, dramaturgo, promotor de lecturas y de lectores.
Murió y el gobierno del Estado produjo tres versiones oficiales sobre su función en Madrid.
Una: que no trabajó para el gobierno del Estado; dos: director de la Casa de Zacatecas en Madrid, según la esquela; tres: que Alejandro poseía una empresa en España cuyos servicios contrataba el gobierno del Estado.
Triste que esta penosa desinformación suceda con Alejandro Aura, fundamentalista de la claridad, no se lo merece.
JUVENTUD, ENFERMEDAD QUE SE CURA CON LOS AÑOS
Antes de cumplir los 11 meses en el cargo, el presidente municipal de Zacatecas vive una desgastante controversia que inicia con la denuncia -por los regidores del PRD, PT y uno del PAN- de un contrato de luminarias considerado perjudicial para el interés público y por un informe al respecto de la Auditoría Superior del Estado.
La polémica inicia con un asunto y en su transcurso brotan otros, es así como nos enteramos que:
- Se contrató a una empresa privada de Querétaro varios perros policía, a 3 mil pesos mensuales cada uno, según unos, y a 12 mil pesos mensuales, según otros.
- No le pagan un centavo a los veladores de las colonias populares, por lo mismo, cada 8 días van de puerta en puerta recogiendo “lo que sea su voluntad”.
- El contrato de arrendamiento de luminarias infla el precio de los mismas, y le otorga a la arrendataria condiciones excepcionalmente privilegiadas, según un voluminoso expediente cuya parte sustancial ha sido difundida por diversos medios de comunicación.
- Se contrata a una empresa para notificar a deudores del impuesto predial, ésta se ostenta con matriz en San Luís Potosí, ciudad a la que acuden regidores que denuncian que tal empresa es más cuento que realidad.
El ayuntamiento paga 200 pesos por cada notificado y la empresa, a su vez, ofrece 40 pesos por cada notificado que pague.
Al contralor perredista le atribuyen una actitud complaciente. El presidente lo defiende.
El tesorero del municipio se queja de los dictámenes negativos de la síndico municipal, su correligionaria.
El regidor perredista Reyes Romo defiende a la síndico municipal, panista.
Antes les había salido barata la violación a la legalidad cuando enviaron policías y patrullas para custodiar una asamblea ganadera en Villanueva, un baile en Trancoso y un baile en Genaro Codina.
Ahora el presidente declara como aconsejado por su peor enemigo “que los diputados son entrometidos”, que “no saben leyes financieras” y que él no es abogado y no tiene por qué saberse la Ley Orgánica del Municipio.
El pasado viernes el municipio suspendió las obras de las instalaciones de la feria mediante una inusual ostentación de fuerza. El asunto se arregló en unas horas, pero exhibió al gobierno del Estado como indolente y el municipio exhibió su pobre concepto de la observancia de la ley.
A Calderón lo declaran culpable “en automático” sus adversarios internos y externos.
También lo declaran “víctima” sus adeptos internos y externos.
Lo sensato es demandar que la Legislatura cumpla su deber de llegar al fondo y que, una vez aclarado todo, la ley ponga a cada quién en su lugar.
Los diputados acostumbran reaccionar como la muchedumbre que, piedra en mano, pretendía lapidar a María Magdalena cuando Jesús les dice que “aquél que esté libre de pecado, que lance la primera piedra”, y… Magda la libró.
Esperemos que éste no sea el caso.
AL ÚLTIMO
Ni como promesa electoral se habla de austeridad en los gobiernos, 8 años de excedentes petroleros han sido tirados al desperdicio, Suburbans, viajes y más viajes, congresos en destinos turísticos, compra de halagos en los medios, oficinas remodeladas a cada rato, etcétera.
Mientras tanto, cientos de miles de jóvenes no tienen un lugar para estudiar, las instituciones de salud llenas de carencias de todo tipo, la inflación regresa y el empleo no llega.
En el municipio de Zacatecas, cada regidor recibe mensualmente 25 mil pesos de remuneración, más 14 mil para “ayudas”, mil para teléfono celular, y 80 litros de gasolina.
Cuenta también cada uno con un asistente.
Y no es que todos estén de acuerdo, sólo que la remuneración a la clase política se salió de control, y para revertir la situación, habrá de construirse una reforma que surja de abajo hacia arriba.
Nos encontramos el lunes en el recreo
luismedinalizalde@gmail.com
lunes, 4 de agosto de 2008
Opinión de Pablo González Casanova en La Jornada (imprescindible)
¿A dónde vamos?
Un poco de historia de la actualidad se hace necesaria. La grave situación del país implica detenerse a pensar en medio de la batalla por el petróleo... En la época de Díaz Ordaz ya empezaron las políticas financieras neoliberales. Sus primeras víctimas fueron los profesionistas y las universidades. Recuérdese el mo- vimiento médico del 66, y el movimiento estudiantil del 68. Una de sus causas fue la falta creciente de recursos para fines sociales; otra, la crisis del autoritarismo generalizado que escondía tanta hipocresía y violencia. Los movimientos tuvieron también como origen el nuevo planteamiento de una sociedad mejor, frente a las corrientes cada vez más deterioradas del nacionalismo revolucionario, de la socialdemocracia acomodaticia y del socialismo burocrático y sus conocimientos oficiales.
Las políticas neoliberales continuaron avanzando. Los obstáculos que enfrentaron fueron efímeros y poco consistentes. De 1970 a 1976 se inició un endeudamiento externo creciente que llevaría a la nueva dependencia del Estado. De 1976 a 1982 aumentaron los ataques de las grandes empresas a los funcionarios públicos calificados de populistas, en quienes destacaron sus contradicciones. La frivolidad del discurso oficial se hizo evidente en ese sexenio y la nacionalización de la banca sólo echó fuego a la hoguera.
La cólera de los afectados en sus grandes intereses, lejos de amainar, se hizo terminante. Si hasta entonces el gobierno se veía obligado a obedecer el perfil que los empresarios le trazaban para la designación del secretario de Hacienda, desde 1982 los tomó muy en cuenta para la elección de un candidato a la Presidencia de la República “políticamente correcto” que reiniciara el proceso de privatización de la nación entera, empezando por devolver la banca a sus antiguos propietarios. Éstos, a poco de comprarla, la vendieron a los grandes bancos de Estados Unidos y Europa.
Así, por etapas bien calculadas, según la correlación de fuerzas, empezó el paso de mando del PRI al PAN, y de un sistema en que predominaba el partido del Estado (el partido como la institución electoral del Estado) a un sistema político con “partidos de Estado”, cuya gama ideológica se enriqueció desde el ingreso del Partido Comunista con genuinos intentos por sus militantes para fortalecer la “vía pacífica”, intentos que pronto terminaron con muchos de ellos asesinados y otros, tal vez más numerosos, cooptados. Por supuesto subsistieron algunos ex comunistas respetables.
En las mismas décadas de los 70, la eliminación y la cooptación pusieron también en crisis a las guerrillas de presión social y negociación social, como la de Genaro Vázquez, quien fue asesinado al no transformar la negociación social en negociación personal. Después de los años 60, en los movimientos rebeldes armados proliferó la idea de una revolución del nuevo tipo, que desde los años 60 luchaba por la toma del poder como objetivo estratégico. En todo caso, los sucesivos gobiernos priístas, mediante la represión y la cooptación, habían controlado y siguieron controlando las “insurrecciones” de mineros, ferrocarrileros, trabajadores de la construcción... al mismo tiempo que fortalecían el sindicalismo oficial y rehacían las políticas sociales, culturales, económicas y financieras que, entre incontables dificultades, contradicciones y debilitamientos trataban de mantener como política de un Estado social y nacional cuyas fuerzas e integrantes se aburguesaban cada vez más, no sólo en el terreno económico-social, sino en el terreno ideológico, político y militar.
La crisis del “Estado social” comprendió incluso a muchos de los grupos opositores más radicales, y derivó en el florecimiento de un conformismo jocoso y costoso, de una negociación lucrativa y entreguista, de un escepticismo racionalizador y un cinismo retador y prepotente. Una nueva cultura individualista, “realista, corpo- rativa”, se extendió por todas partes, en un proceso de “percolación”, parecido al de las pandemias que pasan de mostrar síntomas aislados a extenderse en regiones enteras del organismo enfermo, quedando inmunes sólo unos cuantos grupos e individuos.
Posponer el diluvio
La historia de hoy puede resumirse en la de una ocupación integral del Estado y la nación. La privatización es el nuevo nombre de la ocupación. Con la creciente deuda externa las grandes empresas consolidaron el triunfo que habían alcanzado al impedir la reforma fiscal que las afectaba; el gobierno en turno logró mantener ciertas políticas sociales que aseguraban su estabilidad. Se fue acostumbrando a una lógica política de “posponer el diluvio”. Hizo concesiones a futuro con tal de resolver problemas inmediatos. La deuda externa no dejó de incrementarse. Con ella, los acreedores lograron influir más y más en el presupuesto de ingresos y egresos del país. Todo se hizo como si estuviera premeditado. Entre negociaciones de cúpula, los prestamistas pedían un poco menos de lo que pedirían después.
Con la pérdida de la política económica no sólo vino una merma del poder del presidente y el Congreso, sino la pérdida de autonomía del gobierno en la política monetaria: el Banco Central pasó a ser dirigido por un funcionario que desde entonces es designado por el Banco Mundial, por supuesto en formas mediadas y encubiertas.
La posibilidad de apoyar a los exportadores con devaluaciones de la moneda, o la de apoyar a los patrones con disminuciones al salario real, mediante la congelación de salarios y aumento de los precios, ya sólo fue un privilegio de las grandes fuerzas financieras y patronales y monopólicas predominantemente extranjeras.
La ocupación como privatización fue legitimada por los economistas neoliberales que pretendían representar “la última palabra de la ciencia”, costumbre que les es característica desde Adam Smith y que ellos cultivan, aunque sin la misma franqueza, pues no dicen, como aquél, que la liberalización de los mercados favorece siempre a los países más industrializados y poderosos en detrimento de los más débiles, y a las empresas más fuertes a costa de las más débiles.
La ocupación integral no descuidó el terreno militar: incrementó la formación de cuadros en las escuelas del imperio e “internalizó” un nuevo concepto de la guerra en que el militar deje de sentirse defensor de la patria frente a los enemigos extranjeros, y se prepare para luchar contra su propio pueblo y contra los grupos criminalizados por el gobierno en turno, preparación que lo lleva a participar hoy en la guerra de competencia por el narcotráfico, y a intimidar, acosar y vejar a pueblos indios potencialmente despojables y desechables, que ocupan territorios ricos en recursos naturales de los que las compañías sueñan con apoderarse.
En el campo de la educación y la cultura, la ocupación tuvo importantes triunfos en la enseñanza primaria y secundaria, con reformas a los planes de estudio que con el pretexto de dar más importancia a las ciencias no enseñan ni las ciencias ni las humanidades, y hacen olvidar la historia de México y el mundo. El manejo del presupuesto de egresos tendió a disminuir los recursos humanos para la formación de técnicos de alto nivel en la agricultura, los energéticos, las comunicaciones y transportes, la industria y los servicios. Después trató de privatizar del todo a la educación superior y se enfrentó a una heroica resistencia que encabezaron los estudiantes de la UNAM hasta detener el golpe. No por eso cejaron los privatizadores. Sus “expertos” de Estados Unidos y Europa siguieron proponiendo como lo más moderno una educación de pocos, para pocos y con pocos, la más “funcional” según ellos, y sí lo era para el país que tenían en mientes, un país carente de mercado de trabajo para los egresados de las escuelas profesionales –médicos, ingenieros agrícolas, petroleros y civiles, economistas, abogados, etcétera– en un país al que pensaban quitarle y le estaban quitando y debilitando su seguridad social, sus empresas públicas, sus actividades culturales para los pueblos.
La demanda de privatización y de educación elitista no quería sólo ajustar la oferta a la demanda de empleos “innecesarios”. También buscaba la clausura institucional de la universidad mexicana –y latinoamericana– esa casa que difunde la razón, el derecho, la historia, el pensamiento crítico, es decir, todo aquello que causa terror a quienes no tienen la razón ni el derecho y que recientemente han calificado a la universidad de vivero de terroristas.
La ocupación integral neoliberal de los centros educativos logró de todos modos obtener importantes triunfos. Hoy se encuentran sin universidad y sin empleo una inmensa cantidad de jóvenes, al tiempo que baja la escolarización y suben los niveles de analfabetismo e ignorancia.
Se trata de una eficiente política para el subdesarrollo por la que sus artífices son “evaluados” como sobresalientes.
En las luchas por la cultura, la ocupación neoliberal logró un triunfo increíble cuando el Poder Legislativo privatizó las funciones públicas de la televisión y de los medios de comunicación de masas, lo que permitió a los ocupantes quedarse con la política de los “conocimientos prohibidos”. Del “lenguaje políticamente correcto” y de una “realidad virtual” unánimemente difundida como imperante espejismo de oasis sin agua, y de un México feliz habitado por débiles mentales y gobernado por personas realmente serias y respetables que son objeto de infundios lanzados por ambiciosos corrompidos –como los de “La consulta”– y por alborotadores que arman escándalos en lugar de ponerse a trabajar.
La ocupación integral también logró combinar la cultura autoritaria y corrompida de las oligarquías republicanas con la cada vez más influyente de los encomenderos y de las oligarquías mentalmente colonizadas por la España de Carlos V y por la “anglo” neoconservadora, que maltratan el idioma español queriéndolo hablar como los españoles o como si fueran estadunidenses.
En el terreno de la política y la sociedad, de las finanzas y la economía, la ocupación neoliberal logró privatizar al Estado mismo a niveles sin precedente. En México, como en otros países del mundo, se impuso la cultura del “mentiroso en palacio”, y de “la hipócrita Albión”, expresadas por los nuevos “señoritos” posfranquistas y por los voceros de Washington, las mafias de Wall Street y los rancheros de Texas o California.
A esas herencias enajenadas se añadió la cultura de la trampa de los caciques nacionales, blancos y mestizos, que se juntó a la cultura de la trampa de los gángsters electorales de Florida, y de otros estados del “vecino país del norte”. La representación de la “representación democrática” puso en escena falsas discusiones legislativas que pretenden deliberar con toda libertad un proyecto que aprueban en lo fundamental, por el que venden su voto u obedecen a la superioridad.
La ocupación más fondo se da en la separación creciente entre “el México formal” y “el México real” con métodos inusualmente legitimados de violar las formas en el momento mismo de aplicarlas. Así ha aparecido un nuevo tipo de golpes de Estado que ocurren a la hora de las elecciones y no después, o el asesinato de numerosos periodistas combinado con el respeto de la libertad de crítica y expresión, o las reformas de hecho a la Constitución sin que se hayan reformado los preceptos correspondientes (por ejemplo a Petróleos Mexicanos), combinaciones difíciles de explicar hasta para muchos “entendidos”, cuando no se advierte que las leyes no se usan para regular, sino para legitimar o criminalizar.
La ocupación privatizadora ha logrado separar como nunca a “la clase política” de sus “bases sociales” con lo que debilita a aquélla y éstas, y deja que todas se desmoralicen en medio de una crisis moral e ideológica insuperable mientras sus víctimas no piensen construir otro mundo alternativo y las organizaciones necesarias para alcanzarlo. Mientras tanto, la manera en que “la clase política” (o una parte de ella) entiende “lo político” consiste en someterse más y más a los ocupantes con una opción: el servilismo o el arreglo en “lo oscurito”.
Ciertamente en todo este terreno la responsabilidad de las fuerzas independientes o alternativas es muy grande y difícil de asumir, pues enfrentan una separación estructural entre los pueblos y trabajadores pobres, no organizados ni con derecho a organizarse y negociar (por un lado), y los trabajadores que gozan más o menos de esos derechos, aunque las organizaciones y negociaciones sean en circunstancias cada vez más adversas, dadas las políticas neoliberales que amplían el campo de “lo no negociable”.
La separación social, cultural, política e ideológica entre los pueblos y trabajadores excluidos y los organizados plantea la necesidad de tender puentes, sobre todo en las luchas cruciales por objetivos que son a la vez inmediatos y de largo plazo.
El respeto a la autonomía de quienes juntos den una misma batalla será tan necesario como la conjunción de sus fuerzas. En la unión por metas concretas con autonomía de los participantes se encuentra el último recurso de que dispone México para no entrar en una situación caótica en que a la ocupación del país mediante la privatización de sus bienes y recursos se añada la privatización mediante la intervención militar de “la comunidad internacional” encabezada por Estados Unidos.
La ocupación privatizadora y neoliberal de México ya es colosal. Además del dominio de la política crediticia y monetaria, de las finanzas públicas y de los medios de comunicación de masas, el proceso de ocupación integral abarca la privatización de correos, carreteras, puertos y aeropuertos, líneas aéreas y comunicaciones telefónicas, grandes diarios y fuentes de información, tierras fronterizas y playas, y territorios en que reinan las compañías herederas de Mamita Unay.
El nuevo tipo de megaempresas dispone en cada una, de toda la cadena que le permite dominar a los mercados. Cada una posee sus propias fuentes de financiamiento, de tecnología y producción, de comunicación, de transporte y almacenamiento, de distribución al mayoreo y al menudeo, de insumo y seguridad, todo a cargo de sus sucursales, de pequeñas y medianas empresas subcontratadas, y de tendajones y vendedores ambulantes.
Es más, al refuncionalizar a los estados y a los sistemas políticos, las megaempresas logran convenios y contratos, concesiones, exenciones, difericiones y cancelaciones de pagos billonarios, así como leyes, decretos y acuerdos que les son altamente favorables.
Desde el TLC hasta hoy, las megaempresas se han ido apoderando de más y más territorios y tierras, y de los mercados nacionales y regionales de todo el país. México depende de las megaempresas y sus gobiernos, entre los cuales está incluido cada vez más “el nuestro”. Hoy dominan el mercado del dinero, del crédito, de los granos y de la fuerza de trabajo.
Conocedoras de sus triunfos, las megaempresas y los complejos militares empresariales están conscientes también del creciente descontento que generan entre desempleados, desplazados y los despojados de tierras y trabajo, educación y seguridad, y hasta de medicinas y alimentos.
Las megaempresas tienen una clara idea de los peligros que las amenazan en el futuro inmediato y están preparadas para enfrentarlos. Ya pueden sus voceros anunciar que México será la cuarta potencia mundial en pocos años –como afirmó Calderón recientemente– o que “el peligro de la crisis está bajo control”, y otras linduras; pero a las predicciones y “simulaciones de futuros” de los expertos neoliberales mexicanos se añade una predicción real, concreta: un muro gigantesco que separa a todo México de Estados Unidos y Canadá.
El inmenso muro da clara idea del futuro que nos aguarda de continuar el camino que hemos seguido en los pasados 30 años. Sin querer, “Norteamérica” nos amenaza y nos junta con América Latina e Indoamérica, con sus pueblos y trabajadores. Con su Gran Muro como señal que hasta los ciegos ven, nos invita a no caer en el grave error de una Palestina invadida y un terrorismo de la resistencia, sino a fortalecer la estrategia de organización y lucha pacífica que la inmensa mayoría del pueblo y los trabajadores de México insistentemente buscan, y que los propios grupos de defensa armada de las poblaciones están de acuerdo en sostener en todo lo que se pueda y mientras se pueda, incluyendo siempre en su más profunda cultura rebelde el rechazo a los actos terroristas como actos crueles que hieren y matan a personas inocentes.
Organizar y concientizar en cambio a la inmensa mayoría de la población con redes presenciales y a distancia que defiendan sus intereses inmediatos y pongan las bases de un mundo necesario y posible es el camino de la solución para que construyamos con otros “condenados de la Tierra”, “otra democracia, otra liberación y otro socialismo”, todos dentro del pluralismo ideológico y religioso con espacios laicos que ya hemos hecho nuestros, y teniendo como fuerza principal de apoyo y decisión a los “pobres de la Tierra”.
Hoy todo voto contra cualquier proyecto de privatización del petróleo de PRI y PAN o sus derivados será un voto por el camino menos doloroso de la historia de México. Es posible que de triunfar el no, Estados Unidos y sus aliados europeos pretendan quitarnos el petróleo, y lo que no han ocupado aún, quieran quitárnoslo con una de esas guerras “humanitarias” que organizan en sus luchas depredadoras por la libertad de mercados y la democracia que no practican, y contra el terrorismo en que son expertos.
A los intervencionistas habremos de contestarles con el presidente católico Benito Juárez: “Que los enemigos nos venzan y nos roben, si tal es nuestro destino: pero nosotros no debemos legalizar un atentado entregándoles voluntariamente lo que nos exigen por la fuerza”. Y después recordaremos a los poetas que dijeron: “Hay en los hombres un infatigable depósito de energía moral, que les permite ser incesantemente rebeldes”. O lo que nos dijeron algunos zapatistas: “Para resistir, luchar y crear se necesitan tres cosas: perder el miedo, tener esperanza y hacer fiesta. Y todo sin perder la dignidad y la firmeza”.
Un poco de historia de la actualidad se hace necesaria. La grave situación del país implica detenerse a pensar en medio de la batalla por el petróleo... En la época de Díaz Ordaz ya empezaron las políticas financieras neoliberales. Sus primeras víctimas fueron los profesionistas y las universidades. Recuérdese el mo- vimiento médico del 66, y el movimiento estudiantil del 68. Una de sus causas fue la falta creciente de recursos para fines sociales; otra, la crisis del autoritarismo generalizado que escondía tanta hipocresía y violencia. Los movimientos tuvieron también como origen el nuevo planteamiento de una sociedad mejor, frente a las corrientes cada vez más deterioradas del nacionalismo revolucionario, de la socialdemocracia acomodaticia y del socialismo burocrático y sus conocimientos oficiales.
Las políticas neoliberales continuaron avanzando. Los obstáculos que enfrentaron fueron efímeros y poco consistentes. De 1970 a 1976 se inició un endeudamiento externo creciente que llevaría a la nueva dependencia del Estado. De 1976 a 1982 aumentaron los ataques de las grandes empresas a los funcionarios públicos calificados de populistas, en quienes destacaron sus contradicciones. La frivolidad del discurso oficial se hizo evidente en ese sexenio y la nacionalización de la banca sólo echó fuego a la hoguera.
La cólera de los afectados en sus grandes intereses, lejos de amainar, se hizo terminante. Si hasta entonces el gobierno se veía obligado a obedecer el perfil que los empresarios le trazaban para la designación del secretario de Hacienda, desde 1982 los tomó muy en cuenta para la elección de un candidato a la Presidencia de la República “políticamente correcto” que reiniciara el proceso de privatización de la nación entera, empezando por devolver la banca a sus antiguos propietarios. Éstos, a poco de comprarla, la vendieron a los grandes bancos de Estados Unidos y Europa.
Así, por etapas bien calculadas, según la correlación de fuerzas, empezó el paso de mando del PRI al PAN, y de un sistema en que predominaba el partido del Estado (el partido como la institución electoral del Estado) a un sistema político con “partidos de Estado”, cuya gama ideológica se enriqueció desde el ingreso del Partido Comunista con genuinos intentos por sus militantes para fortalecer la “vía pacífica”, intentos que pronto terminaron con muchos de ellos asesinados y otros, tal vez más numerosos, cooptados. Por supuesto subsistieron algunos ex comunistas respetables.
En las mismas décadas de los 70, la eliminación y la cooptación pusieron también en crisis a las guerrillas de presión social y negociación social, como la de Genaro Vázquez, quien fue asesinado al no transformar la negociación social en negociación personal. Después de los años 60, en los movimientos rebeldes armados proliferó la idea de una revolución del nuevo tipo, que desde los años 60 luchaba por la toma del poder como objetivo estratégico. En todo caso, los sucesivos gobiernos priístas, mediante la represión y la cooptación, habían controlado y siguieron controlando las “insurrecciones” de mineros, ferrocarrileros, trabajadores de la construcción... al mismo tiempo que fortalecían el sindicalismo oficial y rehacían las políticas sociales, culturales, económicas y financieras que, entre incontables dificultades, contradicciones y debilitamientos trataban de mantener como política de un Estado social y nacional cuyas fuerzas e integrantes se aburguesaban cada vez más, no sólo en el terreno económico-social, sino en el terreno ideológico, político y militar.
La crisis del “Estado social” comprendió incluso a muchos de los grupos opositores más radicales, y derivó en el florecimiento de un conformismo jocoso y costoso, de una negociación lucrativa y entreguista, de un escepticismo racionalizador y un cinismo retador y prepotente. Una nueva cultura individualista, “realista, corpo- rativa”, se extendió por todas partes, en un proceso de “percolación”, parecido al de las pandemias que pasan de mostrar síntomas aislados a extenderse en regiones enteras del organismo enfermo, quedando inmunes sólo unos cuantos grupos e individuos.
Posponer el diluvio
La historia de hoy puede resumirse en la de una ocupación integral del Estado y la nación. La privatización es el nuevo nombre de la ocupación. Con la creciente deuda externa las grandes empresas consolidaron el triunfo que habían alcanzado al impedir la reforma fiscal que las afectaba; el gobierno en turno logró mantener ciertas políticas sociales que aseguraban su estabilidad. Se fue acostumbrando a una lógica política de “posponer el diluvio”. Hizo concesiones a futuro con tal de resolver problemas inmediatos. La deuda externa no dejó de incrementarse. Con ella, los acreedores lograron influir más y más en el presupuesto de ingresos y egresos del país. Todo se hizo como si estuviera premeditado. Entre negociaciones de cúpula, los prestamistas pedían un poco menos de lo que pedirían después.
Con la pérdida de la política económica no sólo vino una merma del poder del presidente y el Congreso, sino la pérdida de autonomía del gobierno en la política monetaria: el Banco Central pasó a ser dirigido por un funcionario que desde entonces es designado por el Banco Mundial, por supuesto en formas mediadas y encubiertas.
La posibilidad de apoyar a los exportadores con devaluaciones de la moneda, o la de apoyar a los patrones con disminuciones al salario real, mediante la congelación de salarios y aumento de los precios, ya sólo fue un privilegio de las grandes fuerzas financieras y patronales y monopólicas predominantemente extranjeras.
La ocupación como privatización fue legitimada por los economistas neoliberales que pretendían representar “la última palabra de la ciencia”, costumbre que les es característica desde Adam Smith y que ellos cultivan, aunque sin la misma franqueza, pues no dicen, como aquél, que la liberalización de los mercados favorece siempre a los países más industrializados y poderosos en detrimento de los más débiles, y a las empresas más fuertes a costa de las más débiles.
La ocupación integral no descuidó el terreno militar: incrementó la formación de cuadros en las escuelas del imperio e “internalizó” un nuevo concepto de la guerra en que el militar deje de sentirse defensor de la patria frente a los enemigos extranjeros, y se prepare para luchar contra su propio pueblo y contra los grupos criminalizados por el gobierno en turno, preparación que lo lleva a participar hoy en la guerra de competencia por el narcotráfico, y a intimidar, acosar y vejar a pueblos indios potencialmente despojables y desechables, que ocupan territorios ricos en recursos naturales de los que las compañías sueñan con apoderarse.
En el campo de la educación y la cultura, la ocupación tuvo importantes triunfos en la enseñanza primaria y secundaria, con reformas a los planes de estudio que con el pretexto de dar más importancia a las ciencias no enseñan ni las ciencias ni las humanidades, y hacen olvidar la historia de México y el mundo. El manejo del presupuesto de egresos tendió a disminuir los recursos humanos para la formación de técnicos de alto nivel en la agricultura, los energéticos, las comunicaciones y transportes, la industria y los servicios. Después trató de privatizar del todo a la educación superior y se enfrentó a una heroica resistencia que encabezaron los estudiantes de la UNAM hasta detener el golpe. No por eso cejaron los privatizadores. Sus “expertos” de Estados Unidos y Europa siguieron proponiendo como lo más moderno una educación de pocos, para pocos y con pocos, la más “funcional” según ellos, y sí lo era para el país que tenían en mientes, un país carente de mercado de trabajo para los egresados de las escuelas profesionales –médicos, ingenieros agrícolas, petroleros y civiles, economistas, abogados, etcétera– en un país al que pensaban quitarle y le estaban quitando y debilitando su seguridad social, sus empresas públicas, sus actividades culturales para los pueblos.
La demanda de privatización y de educación elitista no quería sólo ajustar la oferta a la demanda de empleos “innecesarios”. También buscaba la clausura institucional de la universidad mexicana –y latinoamericana– esa casa que difunde la razón, el derecho, la historia, el pensamiento crítico, es decir, todo aquello que causa terror a quienes no tienen la razón ni el derecho y que recientemente han calificado a la universidad de vivero de terroristas.
La ocupación integral neoliberal de los centros educativos logró de todos modos obtener importantes triunfos. Hoy se encuentran sin universidad y sin empleo una inmensa cantidad de jóvenes, al tiempo que baja la escolarización y suben los niveles de analfabetismo e ignorancia.
Se trata de una eficiente política para el subdesarrollo por la que sus artífices son “evaluados” como sobresalientes.
En las luchas por la cultura, la ocupación neoliberal logró un triunfo increíble cuando el Poder Legislativo privatizó las funciones públicas de la televisión y de los medios de comunicación de masas, lo que permitió a los ocupantes quedarse con la política de los “conocimientos prohibidos”. Del “lenguaje políticamente correcto” y de una “realidad virtual” unánimemente difundida como imperante espejismo de oasis sin agua, y de un México feliz habitado por débiles mentales y gobernado por personas realmente serias y respetables que son objeto de infundios lanzados por ambiciosos corrompidos –como los de “La consulta”– y por alborotadores que arman escándalos en lugar de ponerse a trabajar.
La ocupación integral también logró combinar la cultura autoritaria y corrompida de las oligarquías republicanas con la cada vez más influyente de los encomenderos y de las oligarquías mentalmente colonizadas por la España de Carlos V y por la “anglo” neoconservadora, que maltratan el idioma español queriéndolo hablar como los españoles o como si fueran estadunidenses.
En el terreno de la política y la sociedad, de las finanzas y la economía, la ocupación neoliberal logró privatizar al Estado mismo a niveles sin precedente. En México, como en otros países del mundo, se impuso la cultura del “mentiroso en palacio”, y de “la hipócrita Albión”, expresadas por los nuevos “señoritos” posfranquistas y por los voceros de Washington, las mafias de Wall Street y los rancheros de Texas o California.
A esas herencias enajenadas se añadió la cultura de la trampa de los caciques nacionales, blancos y mestizos, que se juntó a la cultura de la trampa de los gángsters electorales de Florida, y de otros estados del “vecino país del norte”. La representación de la “representación democrática” puso en escena falsas discusiones legislativas que pretenden deliberar con toda libertad un proyecto que aprueban en lo fundamental, por el que venden su voto u obedecen a la superioridad.
La ocupación más fondo se da en la separación creciente entre “el México formal” y “el México real” con métodos inusualmente legitimados de violar las formas en el momento mismo de aplicarlas. Así ha aparecido un nuevo tipo de golpes de Estado que ocurren a la hora de las elecciones y no después, o el asesinato de numerosos periodistas combinado con el respeto de la libertad de crítica y expresión, o las reformas de hecho a la Constitución sin que se hayan reformado los preceptos correspondientes (por ejemplo a Petróleos Mexicanos), combinaciones difíciles de explicar hasta para muchos “entendidos”, cuando no se advierte que las leyes no se usan para regular, sino para legitimar o criminalizar.
La ocupación privatizadora ha logrado separar como nunca a “la clase política” de sus “bases sociales” con lo que debilita a aquélla y éstas, y deja que todas se desmoralicen en medio de una crisis moral e ideológica insuperable mientras sus víctimas no piensen construir otro mundo alternativo y las organizaciones necesarias para alcanzarlo. Mientras tanto, la manera en que “la clase política” (o una parte de ella) entiende “lo político” consiste en someterse más y más a los ocupantes con una opción: el servilismo o el arreglo en “lo oscurito”.
Ciertamente en todo este terreno la responsabilidad de las fuerzas independientes o alternativas es muy grande y difícil de asumir, pues enfrentan una separación estructural entre los pueblos y trabajadores pobres, no organizados ni con derecho a organizarse y negociar (por un lado), y los trabajadores que gozan más o menos de esos derechos, aunque las organizaciones y negociaciones sean en circunstancias cada vez más adversas, dadas las políticas neoliberales que amplían el campo de “lo no negociable”.
La separación social, cultural, política e ideológica entre los pueblos y trabajadores excluidos y los organizados plantea la necesidad de tender puentes, sobre todo en las luchas cruciales por objetivos que son a la vez inmediatos y de largo plazo.
El respeto a la autonomía de quienes juntos den una misma batalla será tan necesario como la conjunción de sus fuerzas. En la unión por metas concretas con autonomía de los participantes se encuentra el último recurso de que dispone México para no entrar en una situación caótica en que a la ocupación del país mediante la privatización de sus bienes y recursos se añada la privatización mediante la intervención militar de “la comunidad internacional” encabezada por Estados Unidos.
La ocupación privatizadora y neoliberal de México ya es colosal. Además del dominio de la política crediticia y monetaria, de las finanzas públicas y de los medios de comunicación de masas, el proceso de ocupación integral abarca la privatización de correos, carreteras, puertos y aeropuertos, líneas aéreas y comunicaciones telefónicas, grandes diarios y fuentes de información, tierras fronterizas y playas, y territorios en que reinan las compañías herederas de Mamita Unay.
El nuevo tipo de megaempresas dispone en cada una, de toda la cadena que le permite dominar a los mercados. Cada una posee sus propias fuentes de financiamiento, de tecnología y producción, de comunicación, de transporte y almacenamiento, de distribución al mayoreo y al menudeo, de insumo y seguridad, todo a cargo de sus sucursales, de pequeñas y medianas empresas subcontratadas, y de tendajones y vendedores ambulantes.
Es más, al refuncionalizar a los estados y a los sistemas políticos, las megaempresas logran convenios y contratos, concesiones, exenciones, difericiones y cancelaciones de pagos billonarios, así como leyes, decretos y acuerdos que les son altamente favorables.
Desde el TLC hasta hoy, las megaempresas se han ido apoderando de más y más territorios y tierras, y de los mercados nacionales y regionales de todo el país. México depende de las megaempresas y sus gobiernos, entre los cuales está incluido cada vez más “el nuestro”. Hoy dominan el mercado del dinero, del crédito, de los granos y de la fuerza de trabajo.
Conocedoras de sus triunfos, las megaempresas y los complejos militares empresariales están conscientes también del creciente descontento que generan entre desempleados, desplazados y los despojados de tierras y trabajo, educación y seguridad, y hasta de medicinas y alimentos.
Las megaempresas tienen una clara idea de los peligros que las amenazan en el futuro inmediato y están preparadas para enfrentarlos. Ya pueden sus voceros anunciar que México será la cuarta potencia mundial en pocos años –como afirmó Calderón recientemente– o que “el peligro de la crisis está bajo control”, y otras linduras; pero a las predicciones y “simulaciones de futuros” de los expertos neoliberales mexicanos se añade una predicción real, concreta: un muro gigantesco que separa a todo México de Estados Unidos y Canadá.
El inmenso muro da clara idea del futuro que nos aguarda de continuar el camino que hemos seguido en los pasados 30 años. Sin querer, “Norteamérica” nos amenaza y nos junta con América Latina e Indoamérica, con sus pueblos y trabajadores. Con su Gran Muro como señal que hasta los ciegos ven, nos invita a no caer en el grave error de una Palestina invadida y un terrorismo de la resistencia, sino a fortalecer la estrategia de organización y lucha pacífica que la inmensa mayoría del pueblo y los trabajadores de México insistentemente buscan, y que los propios grupos de defensa armada de las poblaciones están de acuerdo en sostener en todo lo que se pueda y mientras se pueda, incluyendo siempre en su más profunda cultura rebelde el rechazo a los actos terroristas como actos crueles que hieren y matan a personas inocentes.
Organizar y concientizar en cambio a la inmensa mayoría de la población con redes presenciales y a distancia que defiendan sus intereses inmediatos y pongan las bases de un mundo necesario y posible es el camino de la solución para que construyamos con otros “condenados de la Tierra”, “otra democracia, otra liberación y otro socialismo”, todos dentro del pluralismo ideológico y religioso con espacios laicos que ya hemos hecho nuestros, y teniendo como fuerza principal de apoyo y decisión a los “pobres de la Tierra”.
Hoy todo voto contra cualquier proyecto de privatización del petróleo de PRI y PAN o sus derivados será un voto por el camino menos doloroso de la historia de México. Es posible que de triunfar el no, Estados Unidos y sus aliados europeos pretendan quitarnos el petróleo, y lo que no han ocupado aún, quieran quitárnoslo con una de esas guerras “humanitarias” que organizan en sus luchas depredadoras por la libertad de mercados y la democracia que no practican, y contra el terrorismo en que son expertos.
A los intervencionistas habremos de contestarles con el presidente católico Benito Juárez: “Que los enemigos nos venzan y nos roben, si tal es nuestro destino: pero nosotros no debemos legalizar un atentado entregándoles voluntariamente lo que nos exigen por la fuerza”. Y después recordaremos a los poetas que dijeron: “Hay en los hombres un infatigable depósito de energía moral, que les permite ser incesantemente rebeldes”. O lo que nos dijeron algunos zapatistas: “Para resistir, luchar y crear se necesitan tres cosas: perder el miedo, tener esperanza y hacer fiesta. Y todo sin perder la dignidad y la firmeza”.
Opinión de Jorge Carrilo Olea en La Jornada (muy pertinente)
Un destino al viento
Los acontecimientos de la última semana de julio: la crisis en la Procuraduría General de la República (PGR), que provocó la renuncia de los subprocuradores, fue resultado de la descoordinación de la PGR con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y el Ejército para combatir los plagios y otros ilícitos, lo que habría motivado las dimisiones y dejado al propio procurador en la tablita; el informe inicial sobre una matanza en la familia del secretario de Agricultura, luego desmentida, pero de efectos irremediablemente dañinos, dado el nivel del personaje que se vio involucrado; injerencias autocráticas y por supuesto ilegales del director de la Lotería Nacional para sacar de manos de la justicia a una presunta delincuente, hermana de una amiga íntima; despidos de altos funcionarios en la Reforma Agraria por corrupciones; más decenas de muertos por aquí y por allá, muestran cuál es la magnitud de la crisis de un gobierno cuyo destino se encuentra al viento, y eso por si quisiéramos olvidar como agravante el inmediato pasado del desastre nacional que estamos enfrentando.
Lo verdaderamente grave y trascendente es que este estado de crisis se concreta en las instituciones, pero sus efectos están dirigidos al mismísimo corazón del Presidente de la República. No son las instituciones aisladamente las que están en crisis, la ingobernabilidad es cada día más manifiesta, la falta de carácter del jefe del Ejecutivo es cada día más evidente. Peor que el llamado gobierno “Montessori” de Fox, es el que estamos sufriendo. La situación es más grave que la enfrentada por Zedillo, que se dedicó a destruir instituciones, o por Fox, actual estratega cupular del PAN, quien no supo construir el gobierno del cambio que prometió en su campaña. No, la situación que ha creado Calderón en estos breves años de gobierno es de ingobernabilidad, que en términos llanos significa caos.
Ya es un estribillo hablar de un gobierno de ineptos, inexpertos y corruptos. Peor, es una verdad ya impresa en lo que vaya a ser la historia de este periodo. La única solución visible y eso a plazo medio, es una recomposición total del gobierno en el que, como el propio Calderón ha dicho, refiriéndose a otros temas, no haya distinciones entre colores o partidismos. Ése sería verdaderamente un gesto de inteligencia democrática y pragmática, pero parece ser que el señor no ve más allá que lo que su angosta vida política le ha permitido.
México, por fortuna sigue teniendo personajes de primerísima calidad, es el caso, para no entrar en la historia, de Ángel Gurria, del embajador Bernardo Sepúlveda, del doctor Julio Frenk. El primero presidente de la OCDE; el segundo juez de la Corte Penal Internacional en La Haya, y el tercero director de la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard. Sin embargo, se ha acudido a personajes tan mediocres como el secretario de Agricultura, el ingeniero Cárdenas; al licenciado Sojo, de Comercio, dedicado a pagar facturas por favores recibidos; al invisible secretario de la Reforma Agraria y, para no prolongarnos, remachar con el inextinguible Juan Camilo Mouriño, de esa caricatura de Secretaría que es Gobernación.
¿Cómo es posible, señor Presidente, que a casi dos años de demostrar sus peculiaridades cada uno de sus colaboradores no se dé usted cuenta del lastre que representan para su gobierno?
Los casos de la embajadora Patricia Espinoza, secretaria de Relaciones Exteriores, y del general Galván se salvan porque ante la falta de conocimiento de usted sobre esas áreas se confió a la institucionalidad, tanto como se confió al amiguismo, al panismo y a las recomendaciones en otras áreas.
En fin, es su responsabilidad y así pasará a la historia. Lo que no es suyo es el destino de México, que hoy se encuentra al viento. ¿Sabrán sus estrategas y le dirán con honestidad cómo serán para México los siguientes tres años, en el contexto exterior y en el interno?
Los acontecimientos de la última semana de julio: la crisis en la Procuraduría General de la República (PGR), que provocó la renuncia de los subprocuradores, fue resultado de la descoordinación de la PGR con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y el Ejército para combatir los plagios y otros ilícitos, lo que habría motivado las dimisiones y dejado al propio procurador en la tablita; el informe inicial sobre una matanza en la familia del secretario de Agricultura, luego desmentida, pero de efectos irremediablemente dañinos, dado el nivel del personaje que se vio involucrado; injerencias autocráticas y por supuesto ilegales del director de la Lotería Nacional para sacar de manos de la justicia a una presunta delincuente, hermana de una amiga íntima; despidos de altos funcionarios en la Reforma Agraria por corrupciones; más decenas de muertos por aquí y por allá, muestran cuál es la magnitud de la crisis de un gobierno cuyo destino se encuentra al viento, y eso por si quisiéramos olvidar como agravante el inmediato pasado del desastre nacional que estamos enfrentando.
Lo verdaderamente grave y trascendente es que este estado de crisis se concreta en las instituciones, pero sus efectos están dirigidos al mismísimo corazón del Presidente de la República. No son las instituciones aisladamente las que están en crisis, la ingobernabilidad es cada día más manifiesta, la falta de carácter del jefe del Ejecutivo es cada día más evidente. Peor que el llamado gobierno “Montessori” de Fox, es el que estamos sufriendo. La situación es más grave que la enfrentada por Zedillo, que se dedicó a destruir instituciones, o por Fox, actual estratega cupular del PAN, quien no supo construir el gobierno del cambio que prometió en su campaña. No, la situación que ha creado Calderón en estos breves años de gobierno es de ingobernabilidad, que en términos llanos significa caos.
Ya es un estribillo hablar de un gobierno de ineptos, inexpertos y corruptos. Peor, es una verdad ya impresa en lo que vaya a ser la historia de este periodo. La única solución visible y eso a plazo medio, es una recomposición total del gobierno en el que, como el propio Calderón ha dicho, refiriéndose a otros temas, no haya distinciones entre colores o partidismos. Ése sería verdaderamente un gesto de inteligencia democrática y pragmática, pero parece ser que el señor no ve más allá que lo que su angosta vida política le ha permitido.
México, por fortuna sigue teniendo personajes de primerísima calidad, es el caso, para no entrar en la historia, de Ángel Gurria, del embajador Bernardo Sepúlveda, del doctor Julio Frenk. El primero presidente de la OCDE; el segundo juez de la Corte Penal Internacional en La Haya, y el tercero director de la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard. Sin embargo, se ha acudido a personajes tan mediocres como el secretario de Agricultura, el ingeniero Cárdenas; al licenciado Sojo, de Comercio, dedicado a pagar facturas por favores recibidos; al invisible secretario de la Reforma Agraria y, para no prolongarnos, remachar con el inextinguible Juan Camilo Mouriño, de esa caricatura de Secretaría que es Gobernación.
¿Cómo es posible, señor Presidente, que a casi dos años de demostrar sus peculiaridades cada uno de sus colaboradores no se dé usted cuenta del lastre que representan para su gobierno?
Los casos de la embajadora Patricia Espinoza, secretaria de Relaciones Exteriores, y del general Galván se salvan porque ante la falta de conocimiento de usted sobre esas áreas se confió a la institucionalidad, tanto como se confió al amiguismo, al panismo y a las recomendaciones en otras áreas.
En fin, es su responsabilidad y así pasará a la historia. Lo que no es suyo es el destino de México, que hoy se encuentra al viento. ¿Sabrán sus estrategas y le dirán con honestidad cómo serán para México los siguientes tres años, en el contexto exterior y en el interno?
Opinión de Gonzalo Martínez Corbalá en La Jornada
Fortalecimiento sustentable de Pemex/II
A continuación, las siguientes tres medidas específicas que siguen al texto del artículo del 21 de julio de 2008:
4. Para mejorar la administración y organización, se deben establecer estrategias para eliminar las limitaciones estériles en su capacidad de gestión, al haberle implantado una normalidad interna y externa extremadamente rígida, costosa e ineficaz. Asimismo se deben integrar todas las empresas subsidiarias en las áreas que sean convenientes para evitar duplicidad de funciones y reprocesos.
5. También es necesario aprovechar toda la energía calorífica de los procesos de refinación, por lo que es conveniente construir las plantas de cogeneración que permitan hacer más eficientes los procesos termodinámicos y generar energía eléctrica a Pemex.
6. Con los escenarios que se han presentado se hace necesario entrar a la explotación de los recursos continentales, aguas someras, así como a los de aguas profundas, programados según las posibilidades técnicas de producción, y también las necesidades del mercado interno y externo, considerando los tiempos que implican la exploración y la futura explotación.
En este punto, el debate no se debe centrar entre la exploración de aguas profundas o aguas someras; no se trata de una disyuntiva, sino de una cumulativa, por tanto, no se debe dar un manejo maniqueísta al problema. La respuesta es clara: se deben explorar las dos opciones en el más corto plazo posible. Ciertamente subyace un complejo problema financiero y fiscal al que deben abocarse las autoridades que manejan las finanzas nacionales.
Se debe operar con eficiencia y seguridad en todas las instalaciones de Pemex, por lo que se hace necesario corregir la falta de mantenimiento, adecuando las instalaciones petroleras estratégicas del país. Es necesario que parte importante de los excedentes petroleros sean reinvertidos en esta industria, que ha sido tan rentable para el país, estableciendo las necesidades presupuestales de Pemex para continuar de manera sustentable con la producción en el mediano y largo plazos. Las inversiones programadas deben incrementarse gradualmente para ir adaptando tanto a la economía nacional como a los cuerpos de técnicos que se requerirán, para lograr las metas que hoy nos estamos fijando.
Pemex necesita contar con mayor autonomía de gestión en el corto plazo, que, reitero, debe ser paulatina para no crear un desbalance en las finanzas nacionales. Razones de seguridad nacional hacen necesario crear un sistema de reservas estratégicas de petróleo y de combustible. En cuanto a los petroquímicos, al menos debemos buscar la autosuficiencia y analizar cuáles de éstos son los más rentables para su producción y colocación tanto en el mercado interno como en el externo.
Cabe destacar que además de proteger y fortalecer el sector de los energéticos, que como ya lo hemos establecido, debe seguir siendo propiedad de la nación, es fundamental defender el patrimonio intelectual de nuestro país. Esto debe ocupar papel prioritario en el desarrollo nacional y en el del sector energético; debemos fortalecer nuestros cuerpos técnicos en las áreas de ingeniería de todas las ramas afines a este sector, como lo hacen todos los países beneficiando y propiciando el desarrollo de tecnología propia.
Nosotros estamos por la defensa de la soberanía nacional como todos los mexicanos deben estarlo, en esta ocasión en materia de los hidrocarburos y de su programa de fortalecimiento sustentable de producción. Para lograrlo, se debe contar con una nueva legislación en materia de obras y servicios, con dos objetivos claros: fomentar el desarrollo de la ingeniería y la técnica nacional, así como desregular los interminables procesos administrativos, diseñados en las épocas de las recientes crisis económicas para inhibir el gasto, que de no modificarse sería un lastre para el desarrollo nacional y la infraestructura necesaria que estamos planteando para la sustentabilidad de Pemex.
Como acciones concretas para mejorar el capital humano de nuestra industria petrolera, se deben buscar mecanismos que fortalezcan nuestras universidades públicas, mediante fondos especiales, para capacitar a los docentes en las áreas estratégicas que permitan estar al día y en la vanguardia del conocimiento en los temas relacionados con la industria petrolera.
Fortalecer los institutos públicos de desarrollo tecnológico, priorizando la investigación práctica, para lo cual se deben adecuar los estándares de calificación de los investigadores, favoreciendo la creación de nuevas patentes, así como fortalecer las instalaciones creando los laboratorios necesarios para estos desarrollos.
El Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) debe jugar un papel fundamental para estudiar nuevas formas de generar energía primaria, además del petróleo, como se ha realizado a escala mundial.
Por lo anteriormente dicho, en consideración de que la industria petrolera nacional proviene de la expropiación de 1938, ejecutada por el general Lázaro Cárdenas, habrá que mantener el mismo espíritu nacionalista dentro del marco constitucional vigente. La historia de México no se puede borrar ni mucho menos ignorar.
Estamos en contra de la pérdida de control por parte de Pemex sobre sus activos y su infraestructura. No estamos visualizando la modificación a la Carta Magna ni específicamente al artículo 27 constitucional. Es imperativo impulsar la eficiencia operativa, administrativa y financiera de Pemex. Fortalecer y actualizar los cuerpos técnicos de la institución, así como los del IMP. Agregar a la Ley Orgánica y la normatividad de Pemex la creación de los depósitos estratégicos, tanto de crudo como de combustibles.
Es fundamental para la nación el fortalecimiento de Pemex, como tratamos de establecer; se debe contar con un sector energético sólido, no solamente petrolero, que permita la integración eficiente de sus procesos, desde la exploración hasta la petroquímica, dotándola de mayores facultades en las tomas de decisiones y en la contratación para aumentar su capacidad de operación y ejecución.
El eje de la discusión se debe centrar en crear una industria energética integral, eficiente y sustentable, y, partiendo de este punto, analizar las necesidades de inversión para lograr este objetivo, fijando mecanismos de financiamiento dentro del marco legislativo vigente.
A continuación, las siguientes tres medidas específicas que siguen al texto del artículo del 21 de julio de 2008:
4. Para mejorar la administración y organización, se deben establecer estrategias para eliminar las limitaciones estériles en su capacidad de gestión, al haberle implantado una normalidad interna y externa extremadamente rígida, costosa e ineficaz. Asimismo se deben integrar todas las empresas subsidiarias en las áreas que sean convenientes para evitar duplicidad de funciones y reprocesos.
5. También es necesario aprovechar toda la energía calorífica de los procesos de refinación, por lo que es conveniente construir las plantas de cogeneración que permitan hacer más eficientes los procesos termodinámicos y generar energía eléctrica a Pemex.
6. Con los escenarios que se han presentado se hace necesario entrar a la explotación de los recursos continentales, aguas someras, así como a los de aguas profundas, programados según las posibilidades técnicas de producción, y también las necesidades del mercado interno y externo, considerando los tiempos que implican la exploración y la futura explotación.
En este punto, el debate no se debe centrar entre la exploración de aguas profundas o aguas someras; no se trata de una disyuntiva, sino de una cumulativa, por tanto, no se debe dar un manejo maniqueísta al problema. La respuesta es clara: se deben explorar las dos opciones en el más corto plazo posible. Ciertamente subyace un complejo problema financiero y fiscal al que deben abocarse las autoridades que manejan las finanzas nacionales.
Se debe operar con eficiencia y seguridad en todas las instalaciones de Pemex, por lo que se hace necesario corregir la falta de mantenimiento, adecuando las instalaciones petroleras estratégicas del país. Es necesario que parte importante de los excedentes petroleros sean reinvertidos en esta industria, que ha sido tan rentable para el país, estableciendo las necesidades presupuestales de Pemex para continuar de manera sustentable con la producción en el mediano y largo plazos. Las inversiones programadas deben incrementarse gradualmente para ir adaptando tanto a la economía nacional como a los cuerpos de técnicos que se requerirán, para lograr las metas que hoy nos estamos fijando.
Pemex necesita contar con mayor autonomía de gestión en el corto plazo, que, reitero, debe ser paulatina para no crear un desbalance en las finanzas nacionales. Razones de seguridad nacional hacen necesario crear un sistema de reservas estratégicas de petróleo y de combustible. En cuanto a los petroquímicos, al menos debemos buscar la autosuficiencia y analizar cuáles de éstos son los más rentables para su producción y colocación tanto en el mercado interno como en el externo.
Cabe destacar que además de proteger y fortalecer el sector de los energéticos, que como ya lo hemos establecido, debe seguir siendo propiedad de la nación, es fundamental defender el patrimonio intelectual de nuestro país. Esto debe ocupar papel prioritario en el desarrollo nacional y en el del sector energético; debemos fortalecer nuestros cuerpos técnicos en las áreas de ingeniería de todas las ramas afines a este sector, como lo hacen todos los países beneficiando y propiciando el desarrollo de tecnología propia.
Nosotros estamos por la defensa de la soberanía nacional como todos los mexicanos deben estarlo, en esta ocasión en materia de los hidrocarburos y de su programa de fortalecimiento sustentable de producción. Para lograrlo, se debe contar con una nueva legislación en materia de obras y servicios, con dos objetivos claros: fomentar el desarrollo de la ingeniería y la técnica nacional, así como desregular los interminables procesos administrativos, diseñados en las épocas de las recientes crisis económicas para inhibir el gasto, que de no modificarse sería un lastre para el desarrollo nacional y la infraestructura necesaria que estamos planteando para la sustentabilidad de Pemex.
Como acciones concretas para mejorar el capital humano de nuestra industria petrolera, se deben buscar mecanismos que fortalezcan nuestras universidades públicas, mediante fondos especiales, para capacitar a los docentes en las áreas estratégicas que permitan estar al día y en la vanguardia del conocimiento en los temas relacionados con la industria petrolera.
Fortalecer los institutos públicos de desarrollo tecnológico, priorizando la investigación práctica, para lo cual se deben adecuar los estándares de calificación de los investigadores, favoreciendo la creación de nuevas patentes, así como fortalecer las instalaciones creando los laboratorios necesarios para estos desarrollos.
El Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) debe jugar un papel fundamental para estudiar nuevas formas de generar energía primaria, además del petróleo, como se ha realizado a escala mundial.
Por lo anteriormente dicho, en consideración de que la industria petrolera nacional proviene de la expropiación de 1938, ejecutada por el general Lázaro Cárdenas, habrá que mantener el mismo espíritu nacionalista dentro del marco constitucional vigente. La historia de México no se puede borrar ni mucho menos ignorar.
Estamos en contra de la pérdida de control por parte de Pemex sobre sus activos y su infraestructura. No estamos visualizando la modificación a la Carta Magna ni específicamente al artículo 27 constitucional. Es imperativo impulsar la eficiencia operativa, administrativa y financiera de Pemex. Fortalecer y actualizar los cuerpos técnicos de la institución, así como los del IMP. Agregar a la Ley Orgánica y la normatividad de Pemex la creación de los depósitos estratégicos, tanto de crudo como de combustibles.
Es fundamental para la nación el fortalecimiento de Pemex, como tratamos de establecer; se debe contar con un sector energético sólido, no solamente petrolero, que permita la integración eficiente de sus procesos, desde la exploración hasta la petroquímica, dotándola de mayores facultades en las tomas de decisiones y en la contratación para aumentar su capacidad de operación y ejecución.
El eje de la discusión se debe centrar en crear una industria energética integral, eficiente y sustentable, y, partiendo de este punto, analizar las necesidades de inversión para lograr este objetivo, fijando mecanismos de financiamiento dentro del marco legislativo vigente.
Opinión del Maestro Bernardo Bátiz en La Jornada
Petróleo y Constitución
En 1938, la Editorial Polis, de aquel aguerrido fundador del PAN que fue don Jesús Guiza y Acevedo, publicó varios volúmenes en conmemoración del vigésimoquinto aniversario de la Escuela Libre de Derecho (de la que no soy egresado, aclaración por si las dudas), en uno de los cuales aparece un ensayo del jurista mexicano Antonio Gómez Robledo, denominado “Los convenios de Bucareli ante el derecho internacional”.
En ese estudio, Gómez Robledo hace varias consideraciones muy bien fundadas respecto de los llamados tratados o convenios de Bucareli celebrados entre el gobierno de México, encabezado por Álvaro Obregón y el gobierno de Estados Unidos, que se hacía del rogar, para reanudar las relaciones entre ambos países, rotas desde el asesinato de Venustiano Carranza en Tlaxcalantongo. Para obtener el tan ansiado reconocimiento y la reanudación de relaciones diplomáticas, Obregón tuvo que doblar las manos y la cintura, accediendo a varios puntos inaceptables según el criterio del jurista que menciono.
Uno de ellos fue el reconocimiento de una deuda por daños producidos por la Revolución, inflados y arbitrarios; otro fue el sometimiento a tribunales de arbitraje de carácter internacional, y el más importante y grave, se aceptó en una convención secreta, no ratificada por el Senado, que no se aplicaría a las empresas estadunidenses el artículo 27 constitucional aprobado en Querétaro en 1917 en la parte en que reserva la propiedad y la explotación del petróleo al Estado mexicano.
Ochenta y cinco años después, la historia se repite: la nación mexicana vuelve a enfrentarse a un problema similar; en 1938, el mismo en que se publicó el estudio de Gómez Robledo, el presidente Lázaro Cárdenas, en cumplimiento del precepto constitucional, asumió el control de las empresas que explotaban petróleo y gas y creó Pemex, la empresa que aún sigue existiendo como eje fundamental de la economía del país. Hoy el gobierno impugnado de Felipe Calderón y sus paniaguados del PRI pretenden dar marcha atrás a la decisión fundamental de Cárdenas, avalada por el pueblo de México y por la historia, y buscan volver a entregar, por lo pronto, parte de la industria petrolera a las compañías extranjeras y caer en las mismas fallas denunciadas por Gómez Robledo: poner en tela de juicio la propiedad nacional del petróleo y someternos a tribunales extranjeros.
En 1923, cuando se presentó la parte visible de los tratados de Bucareli para su aprobación por el Senado, varios senadores, encabezados por el campechano Francisco Field Jurado, se opusieron vivamente a su aprobación y adujeron la inconstitucionalidad de los mismos y la debilidad de un gobierno que declina la soberanía ante una potencia extranjera; un día después de su protesta, Field Jurado fue asesinado a las puertas de su casa en las calles de Tabasco de la colonia Roma, y tres senadores más fueron secuestrados y vejados, atropellando su fuero constitucional con objeto de amedrentar a los demás e inhibir otras oposiciones como las del senador sacrificado; muchos años después, otro senador, el panista sui generis José Ángel Conchello, empeñó una lucha personal para que el gobierno de México mantuviera su soberanía sobre las aguas del Golfo con depósitos de hidrocarburos en la zona denominada Hoyo de Dona. Por cierto, murió también en un accidente de automóvil nunca aclarado del todo.
De los debates en el Senado, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y en otros muchos que han tenido lugar en centros escolares, medios de comunicación y aun en las calles y en las plazas, ha quedado bien claro que Pemex ha sido desmantelado a propósito, para poder sustituirlo con empresas privadas, y también, clarísimo, que cualquier injerencia de empresas de particulares, nacionales o extranjeras sería una violación flagrante a lo dispuesto por los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución. (Basta leerlos, no se necesita ser experto para entenderlos.)
A pesar de todo ello, es difícil que entre los legisladores que ya están comprometidos, no con la nación, ni con el titular de la soberanía, que es el pueblo de México, sino con sus grupos parlamentarios y sus pequeños intereses, alguien esté dispuesto a rebelarse como Field Jurado por su deber y por la defensa de lo que es nuestro o, al menos, sacudiéndose la tutela de los coordinadores parlamentarios, a levantar la voz como lo hizo José Ángel Conchello.
Sin embargo, porque sabemos que no hay trabajo sin fruto, esperamos que quienes ya se opusieron al albazo legislativo vuelvan a oponerse a que se cometa el atraco e impidan que se viole la Constituciónl, y esperamos también que quienes piensen votar a favor de las descastadas reformas repasen la historia de México, se percaten con claridad de lo que van hacer y se cuiden mucho de romper el orden jurídico aprobando leyes contrarias a preceptos constitucionales, que ni tendrán validez y que no admitiremos.
En 1938, la Editorial Polis, de aquel aguerrido fundador del PAN que fue don Jesús Guiza y Acevedo, publicó varios volúmenes en conmemoración del vigésimoquinto aniversario de la Escuela Libre de Derecho (de la que no soy egresado, aclaración por si las dudas), en uno de los cuales aparece un ensayo del jurista mexicano Antonio Gómez Robledo, denominado “Los convenios de Bucareli ante el derecho internacional”.
En ese estudio, Gómez Robledo hace varias consideraciones muy bien fundadas respecto de los llamados tratados o convenios de Bucareli celebrados entre el gobierno de México, encabezado por Álvaro Obregón y el gobierno de Estados Unidos, que se hacía del rogar, para reanudar las relaciones entre ambos países, rotas desde el asesinato de Venustiano Carranza en Tlaxcalantongo. Para obtener el tan ansiado reconocimiento y la reanudación de relaciones diplomáticas, Obregón tuvo que doblar las manos y la cintura, accediendo a varios puntos inaceptables según el criterio del jurista que menciono.
Uno de ellos fue el reconocimiento de una deuda por daños producidos por la Revolución, inflados y arbitrarios; otro fue el sometimiento a tribunales de arbitraje de carácter internacional, y el más importante y grave, se aceptó en una convención secreta, no ratificada por el Senado, que no se aplicaría a las empresas estadunidenses el artículo 27 constitucional aprobado en Querétaro en 1917 en la parte en que reserva la propiedad y la explotación del petróleo al Estado mexicano.
Ochenta y cinco años después, la historia se repite: la nación mexicana vuelve a enfrentarse a un problema similar; en 1938, el mismo en que se publicó el estudio de Gómez Robledo, el presidente Lázaro Cárdenas, en cumplimiento del precepto constitucional, asumió el control de las empresas que explotaban petróleo y gas y creó Pemex, la empresa que aún sigue existiendo como eje fundamental de la economía del país. Hoy el gobierno impugnado de Felipe Calderón y sus paniaguados del PRI pretenden dar marcha atrás a la decisión fundamental de Cárdenas, avalada por el pueblo de México y por la historia, y buscan volver a entregar, por lo pronto, parte de la industria petrolera a las compañías extranjeras y caer en las mismas fallas denunciadas por Gómez Robledo: poner en tela de juicio la propiedad nacional del petróleo y someternos a tribunales extranjeros.
En 1923, cuando se presentó la parte visible de los tratados de Bucareli para su aprobación por el Senado, varios senadores, encabezados por el campechano Francisco Field Jurado, se opusieron vivamente a su aprobación y adujeron la inconstitucionalidad de los mismos y la debilidad de un gobierno que declina la soberanía ante una potencia extranjera; un día después de su protesta, Field Jurado fue asesinado a las puertas de su casa en las calles de Tabasco de la colonia Roma, y tres senadores más fueron secuestrados y vejados, atropellando su fuero constitucional con objeto de amedrentar a los demás e inhibir otras oposiciones como las del senador sacrificado; muchos años después, otro senador, el panista sui generis José Ángel Conchello, empeñó una lucha personal para que el gobierno de México mantuviera su soberanía sobre las aguas del Golfo con depósitos de hidrocarburos en la zona denominada Hoyo de Dona. Por cierto, murió también en un accidente de automóvil nunca aclarado del todo.
De los debates en el Senado, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y en otros muchos que han tenido lugar en centros escolares, medios de comunicación y aun en las calles y en las plazas, ha quedado bien claro que Pemex ha sido desmantelado a propósito, para poder sustituirlo con empresas privadas, y también, clarísimo, que cualquier injerencia de empresas de particulares, nacionales o extranjeras sería una violación flagrante a lo dispuesto por los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución. (Basta leerlos, no se necesita ser experto para entenderlos.)
A pesar de todo ello, es difícil que entre los legisladores que ya están comprometidos, no con la nación, ni con el titular de la soberanía, que es el pueblo de México, sino con sus grupos parlamentarios y sus pequeños intereses, alguien esté dispuesto a rebelarse como Field Jurado por su deber y por la defensa de lo que es nuestro o, al menos, sacudiéndose la tutela de los coordinadores parlamentarios, a levantar la voz como lo hizo José Ángel Conchello.
Sin embargo, porque sabemos que no hay trabajo sin fruto, esperamos que quienes ya se opusieron al albazo legislativo vuelvan a oponerse a que se cometa el atraco e impidan que se viole la Constituciónl, y esperamos también que quienes piensen votar a favor de las descastadas reformas repasen la historia de México, se percaten con claridad de lo que van hacer y se cuiden mucho de romper el orden jurídico aprobando leyes contrarias a preceptos constitucionales, que ni tendrán validez y que no admitiremos.
domingo, 3 de agosto de 2008
Opinión de José Antonio Rojas Nieto en La Jornada
La reforma petrolera alternativa
Sería terrible –de veras que lo sería– que el gobierno y el PRI impusieran su visión actual de las cosas en el terreno petrolero. El PRI perdió la oportunidad de presentar una propuesta sustantiva: su ambigüedad en el caso de las filiales estratégicas y de los contratos de privados con Pemex se lo impidieron.
Por eso –perdida esta oportunidad– no menos terrible sería que ante la falta de consenso en torno a la desintegración de la industria petrolera para ofrecer partes de ella a los privados, no se concretaran algunas de las mejores ideas que se han ofrecido en el debate. Y así, comenzar una transformación gradual pero firme de Pemex y de nuestro entorno energético.
Si no hay astucia e inteligencia, todo puede resultar estéril. El esfuerzo ha sido muy importante. No sólo de los ponentes. También de quienes los siguieron. Tanto en el recinto oficial como en los medios, privilegiadamente el Canal del Congreso. Y –¡qué duda cabe!– de quienes participaron en la consulta del domingo pasado, más allá del pugilismo desplegado para desacreditarlo o sobrevalorarlo. Son esfuerzos sociales que no se pueden desaprovechar.
Menos aún algunas brillantes ideas –sí, brillantes– que se han presentado: sustentabilidad, visión de largo plazo, nuevas prácticas sociales, fortalecimiento tecnológico, diversificación energética, sólida regulación, control riguroso e impecable de costos y de excedentes, nueva fiscalidad, racionalización de subsidios, limpieza y honorabilidad laborales, entre otras.
Si el gobierno no entiende esto e insiste en una propuesta que deja muchísimas dudas –sobre su respaldo social y su constitucionalidad– estaría cometiendo un grave error. ¿Por qué? Porque en aras de lo más sobre lo que no hay consenso (la entrega a los privados de partes de la industria para que –según dice– ésta funcione mejor) sacrificaría el enorme e incuestionable consenso sobre la urgencia de transformar a Pemex, en el marco de un nuevo patrón energético para nuestro desarrollo: seguro, sustentable, socialmente renovado, transparente.
Créanme que lograr esto en tan poco tiempo y ante tantas y tan diversas opiniones, no es poca cosa. A nadie, absolutamente a nadie se le ha escuchado decir que Pemex puede y debe seguir como hasta ahora.
Sólo la burocracia sindical –en un lamentable error– no se ha pronunciado. Hay muchas dudas sobre esa obcecada insistencia de abrir a los privados algunas fases de la industria integral del petróleo. Pero me atrevo a decir que no hay duda sobre su necesaria coadyuvancia, en el marco de los objetivos estratégicos que se formule la nación.
Sí, hay enormes dudas sobre las formas de participación privada en una industria estratégica nacional. Justamente para no subordinar esos objetivos a sus intereses particulares. Menos aún para dilapidar y entregarles la renta y otros excedentes petroleros.
Muchas –muchísimas experiencias internacionales– justifican el razonable temor sobre su actuación depredadora. ¿Cómo se podrá trabajar, entonces, con compañías de servicios o petroleras que tienen el control de la tecnología y de la capacidad de llevar adelante proyectos de alta complejidad y muy alto costo? ¿Cómo eludir la rapacidad mostrada por muchas de ellas en el cotidiano internacional?
Es claro que necesitamos esa tecnología y esa capacidad para llevar adelante proyectos complejos y de alto costo. Y no me refiero a los de aguas profundas o ultraprofundas, todavía lejanos para nuestro país, a pesar de la demagógica propaganda gubernamental. No. Me refiero a los de recuperación de reservas y rexplotación de zonas maduras con nuevos métodos y nuevas formas.
También a los nuevos procesos de refinación, adecuados a nuestros crudos de hoy y de mañana. Sí, hay muchos elementos de consenso que deben ser trabajados cuidadosamente por el Senado. Estos días exigen un trabajo de filigrana para ello. Para desarrollar el proyecto de autonomía de Pemex bajo control del Congreso. El de la urgente sustentabilidad de nuestro patrón energético. El de la dinámica futura de ingreso y destino de excedentes petroleros. El de la fiscalidad alternativa. Entre otros.
Vivimos una encrucijada delicada. Bien resuelta puede traer enormes beneficios para el país. La propuesta que prepara el grupo que representó la visión alternativa a la oficial en el debate, es fundamental para resolverla. Se trata –sin duda– de una de las más grandes responsabilidades que haya tenido grupo alguno en la historia reciente de México. De veras.
Sería terrible –de veras que lo sería– que el gobierno y el PRI impusieran su visión actual de las cosas en el terreno petrolero. El PRI perdió la oportunidad de presentar una propuesta sustantiva: su ambigüedad en el caso de las filiales estratégicas y de los contratos de privados con Pemex se lo impidieron.
Por eso –perdida esta oportunidad– no menos terrible sería que ante la falta de consenso en torno a la desintegración de la industria petrolera para ofrecer partes de ella a los privados, no se concretaran algunas de las mejores ideas que se han ofrecido en el debate. Y así, comenzar una transformación gradual pero firme de Pemex y de nuestro entorno energético.
Si no hay astucia e inteligencia, todo puede resultar estéril. El esfuerzo ha sido muy importante. No sólo de los ponentes. También de quienes los siguieron. Tanto en el recinto oficial como en los medios, privilegiadamente el Canal del Congreso. Y –¡qué duda cabe!– de quienes participaron en la consulta del domingo pasado, más allá del pugilismo desplegado para desacreditarlo o sobrevalorarlo. Son esfuerzos sociales que no se pueden desaprovechar.
Menos aún algunas brillantes ideas –sí, brillantes– que se han presentado: sustentabilidad, visión de largo plazo, nuevas prácticas sociales, fortalecimiento tecnológico, diversificación energética, sólida regulación, control riguroso e impecable de costos y de excedentes, nueva fiscalidad, racionalización de subsidios, limpieza y honorabilidad laborales, entre otras.
Si el gobierno no entiende esto e insiste en una propuesta que deja muchísimas dudas –sobre su respaldo social y su constitucionalidad– estaría cometiendo un grave error. ¿Por qué? Porque en aras de lo más sobre lo que no hay consenso (la entrega a los privados de partes de la industria para que –según dice– ésta funcione mejor) sacrificaría el enorme e incuestionable consenso sobre la urgencia de transformar a Pemex, en el marco de un nuevo patrón energético para nuestro desarrollo: seguro, sustentable, socialmente renovado, transparente.
Créanme que lograr esto en tan poco tiempo y ante tantas y tan diversas opiniones, no es poca cosa. A nadie, absolutamente a nadie se le ha escuchado decir que Pemex puede y debe seguir como hasta ahora.
Sólo la burocracia sindical –en un lamentable error– no se ha pronunciado. Hay muchas dudas sobre esa obcecada insistencia de abrir a los privados algunas fases de la industria integral del petróleo. Pero me atrevo a decir que no hay duda sobre su necesaria coadyuvancia, en el marco de los objetivos estratégicos que se formule la nación.
Sí, hay enormes dudas sobre las formas de participación privada en una industria estratégica nacional. Justamente para no subordinar esos objetivos a sus intereses particulares. Menos aún para dilapidar y entregarles la renta y otros excedentes petroleros.
Muchas –muchísimas experiencias internacionales– justifican el razonable temor sobre su actuación depredadora. ¿Cómo se podrá trabajar, entonces, con compañías de servicios o petroleras que tienen el control de la tecnología y de la capacidad de llevar adelante proyectos de alta complejidad y muy alto costo? ¿Cómo eludir la rapacidad mostrada por muchas de ellas en el cotidiano internacional?
Es claro que necesitamos esa tecnología y esa capacidad para llevar adelante proyectos complejos y de alto costo. Y no me refiero a los de aguas profundas o ultraprofundas, todavía lejanos para nuestro país, a pesar de la demagógica propaganda gubernamental. No. Me refiero a los de recuperación de reservas y rexplotación de zonas maduras con nuevos métodos y nuevas formas.
También a los nuevos procesos de refinación, adecuados a nuestros crudos de hoy y de mañana. Sí, hay muchos elementos de consenso que deben ser trabajados cuidadosamente por el Senado. Estos días exigen un trabajo de filigrana para ello. Para desarrollar el proyecto de autonomía de Pemex bajo control del Congreso. El de la urgente sustentabilidad de nuestro patrón energético. El de la dinámica futura de ingreso y destino de excedentes petroleros. El de la fiscalidad alternativa. Entre otros.
Vivimos una encrucijada delicada. Bien resuelta puede traer enormes beneficios para el país. La propuesta que prepara el grupo que representó la visión alternativa a la oficial en el debate, es fundamental para resolverla. Se trata –sin duda– de una de las más grandes responsabilidades que haya tenido grupo alguno en la historia reciente de México. De veras.
Opinión de Antonio Gershenson en La Jornada
Decretos por encima de la ley
La llamada iniciativa del PRI, que no todos los priístas reconocen como tal, va contra el hecho de que las leyes deben estar por encima de un decreto presidencial, que no pasó por el Poder Legislativo. En Pemex se formaría una cantidad de organismos descentralizados de dos categorías: los llamados subsidiarios, que equivalen a, por ejemplo, Pemex Refinación, aunque podrían estar más subdivididos. En cierto sentido, equivalen a los actuales organismos.
La otra categoría son los organismos filiales, con objeto de realizar las obras necesarias para la operación de los de la categoría anterior, por ejemplo, construir o instalar refinerías, o una refinería. Unos y otros, como ya vimos, pueden ser, en un momento dado, desincorporados por acuerdo del consejo de administración, o sea privatizados (Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos, artículo 19, inciso IX). Y pueden ser creados por ley o por decreto del Ejecutivo federal.
Vamos a referirnos a un aspecto de este problema de los múltiples organismos en los que se pretende pulverizar Pemex. Se cambia el artículo tercero de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales para quedar como sigue:
“Petróleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios y los organismos descentralizados de carácter estratégico filiales, creados por ley o decreto expedido por el titular del Ejecutivo federal, cualquiera que sea la estructura jurídica que adopten, se regularán por sus propias leyes o decretos de creación, y esta ley se aplicará sólo en lo que no se oponga a aquellas.”
Aquí se afirma, primero, que el titular o jefe del Ejecutivo federal puede expedir decretos creando los organismos de los que hemos hablado. Segundo, que será ese decreto de creación el que los regulará. Expresamente se dice que estos decretos están por encima de la ley de la que este texto formaría parte, la de entidades paraestatales.
Por lo mismo, buena parte de la discusión de los legisladores acerca de esta iniciativa sería inútil. Donde verdaderamente se regularían estos nuevos organismos sería en estos decretos presidenciales, que no pasan por las cámaras legislativas. Llama la atención que una propuesta que da poderes omnímodos al Poder Ejecutivo federal, que está en manos del PAN, se esté proponiendo en una iniciativa que supuestamente es del PRI.
Hay otros casos en los que la propuesta de Ley Orgánica de Pemex, que es sectorial, esté por encima de leyes federales de vigencia general. Por ejemplo, se agrega un párrafo al artículo primero de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas:
“Petróleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios y los organismos descentralizados de carácter estratégico filiales, aplicarán los criterios y procedimientos previstos en esta ley, en lo que no se contrapongan a lo dispuesto por la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos.”
También se adiciona un párrafo al artículo primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para quedar como sigue:
“Petróleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios y los organismos descentralizados de carácter estratégico filiales, aplicarán los criterios y procedimientos previstos en esta ley, en lo que no se contrapongan a lo dispuesto por la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos.”
La citada ley orgánica se colocaría por encima de las leyes de obras y de adquisiciones. Esto tiene que ver con los privilegios de funcionarios, premios a contratistas, adjudicaciones directas de contratos y otros que ya se han dado a conocer, y que en algunas de sus partes violan las leyes de obras y de adquisiciones.
En la parte final de la citada ley orgánica se conserva el planteamiento de la iniciativa gubernamental en el sentido de que todos estos organismos petroleros “podrán convenir la aplicación de derecho extranjero, la jurisdicción de tribunales extranjeros en asuntos mercantiles y celebrar acuerdos arbitrales cuando así convenga al mejor cumplimiento de su objeto.”
Es importante que tengamos presentes propuestas como éstas y las analizadas en mi artículo del viernes 25 de julio, para que por ningún motivo sean aceptadas.
La llamada iniciativa del PRI, que no todos los priístas reconocen como tal, va contra el hecho de que las leyes deben estar por encima de un decreto presidencial, que no pasó por el Poder Legislativo. En Pemex se formaría una cantidad de organismos descentralizados de dos categorías: los llamados subsidiarios, que equivalen a, por ejemplo, Pemex Refinación, aunque podrían estar más subdivididos. En cierto sentido, equivalen a los actuales organismos.
La otra categoría son los organismos filiales, con objeto de realizar las obras necesarias para la operación de los de la categoría anterior, por ejemplo, construir o instalar refinerías, o una refinería. Unos y otros, como ya vimos, pueden ser, en un momento dado, desincorporados por acuerdo del consejo de administración, o sea privatizados (Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos, artículo 19, inciso IX). Y pueden ser creados por ley o por decreto del Ejecutivo federal.
Vamos a referirnos a un aspecto de este problema de los múltiples organismos en los que se pretende pulverizar Pemex. Se cambia el artículo tercero de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales para quedar como sigue:
“Petróleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios y los organismos descentralizados de carácter estratégico filiales, creados por ley o decreto expedido por el titular del Ejecutivo federal, cualquiera que sea la estructura jurídica que adopten, se regularán por sus propias leyes o decretos de creación, y esta ley se aplicará sólo en lo que no se oponga a aquellas.”
Aquí se afirma, primero, que el titular o jefe del Ejecutivo federal puede expedir decretos creando los organismos de los que hemos hablado. Segundo, que será ese decreto de creación el que los regulará. Expresamente se dice que estos decretos están por encima de la ley de la que este texto formaría parte, la de entidades paraestatales.
Por lo mismo, buena parte de la discusión de los legisladores acerca de esta iniciativa sería inútil. Donde verdaderamente se regularían estos nuevos organismos sería en estos decretos presidenciales, que no pasan por las cámaras legislativas. Llama la atención que una propuesta que da poderes omnímodos al Poder Ejecutivo federal, que está en manos del PAN, se esté proponiendo en una iniciativa que supuestamente es del PRI.
Hay otros casos en los que la propuesta de Ley Orgánica de Pemex, que es sectorial, esté por encima de leyes federales de vigencia general. Por ejemplo, se agrega un párrafo al artículo primero de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas:
“Petróleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios y los organismos descentralizados de carácter estratégico filiales, aplicarán los criterios y procedimientos previstos en esta ley, en lo que no se contrapongan a lo dispuesto por la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos.”
También se adiciona un párrafo al artículo primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para quedar como sigue:
“Petróleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios y los organismos descentralizados de carácter estratégico filiales, aplicarán los criterios y procedimientos previstos en esta ley, en lo que no se contrapongan a lo dispuesto por la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos.”
La citada ley orgánica se colocaría por encima de las leyes de obras y de adquisiciones. Esto tiene que ver con los privilegios de funcionarios, premios a contratistas, adjudicaciones directas de contratos y otros que ya se han dado a conocer, y que en algunas de sus partes violan las leyes de obras y de adquisiciones.
En la parte final de la citada ley orgánica se conserva el planteamiento de la iniciativa gubernamental en el sentido de que todos estos organismos petroleros “podrán convenir la aplicación de derecho extranjero, la jurisdicción de tribunales extranjeros en asuntos mercantiles y celebrar acuerdos arbitrales cuando así convenga al mejor cumplimiento de su objeto.”
Es importante que tengamos presentes propuestas como éstas y las analizadas en mi artículo del viernes 25 de julio, para que por ningún motivo sean aceptadas.
Opinión de Arnaldo Córdova en La Jornada de hoy
El principio de legalidad y la consulta
Ha habido recientemente en este diario una pequeña polémica entre John Ackerman y José Woldenberg sobre el principio de legalidad. No puedo evitar tocar los argumentos que se esgrimieron, pero mi interés ve el principio de legalidad y su relación con la consulta cívica sobre la reforma petrolera, la cual tuvo su fundamento en el artículo 42 de la Ley de Participación Ciudadana del DF, que establece que el jefe de Gobierno y otras entidades de interés público podrán convocar a la ciudadanía para que se pronuncie sobre “cualquier tema que tenga impacto trascendental en los distintos ámbitos temáticos y territoriales en el Distrito Federal”.
El artículo 45 no tiene relevancia para el caso, pues sólo impone a la autoridad convocante informar “acerca del modo en que el ejercicio de sus funciones fue afectado por los resultados” de la consulta. Si eso quiere decir algo, no tiene nada que ver con la facultad de convocar.
Se alegó que el jefe de Gobierno no cumplió con esa disposición, porque convocó a pronunciarse sobre un tema que está fuera de la agenda señalada. La pregunta obligada es: ¿es que la reforma petrolera no es un tema que tiene impacto fundamental en los distintos ámbitos temáticos y territoriales en el DF? Se debe creer que nuestra ciudad capital está en Marte o no forma parte de esta República. Se alegó también que el jefe de Gobierno no tiene competencia en el asunto, no obstante que se trata de “una causa justa”. ¿Desde cuando la justicia es ajena al modo en que se interpreta y aplica el derecho?
El jefe de Gobierno consideró, acertadamente, que la reforma petrolera propuesta por Calderón es un tema que tendría un “impacto trascendental” en el DF ¿Cómo se podría negar eso? Los habitantes de esta entidad no somos ajenos a esa cuestión y es bueno que nuestra autoridad local nos pregunte qué opinamos al respecto y si estamos o no de acuerdo con las reformas propuestas. Me complace que un periodista como Sergio Sarmiento confiese que fue a votar en la consulta. No hizo falta que dijera cómo. Probablemente los que descalificaron la consulta no pensaron que sirviera para maldita la cosa si les resultaba ilegal.
Quisiera decir que la consulta sólo fue un ejercicio cívico para dar a los defeños la oportunidad de manifestarse en torno a las reformas. Que hayan sido pocos los que fueron a “votar” se comprende, porque para muchísimos ciudadanos esa consulta sólo era una oportunidad de opinar y tal vez pensaron que no valía la pena. Lo he preguntado a mis vecinos y, en efecto, eso me dijeron, reconociendo que la cuestión petrolera es vital para el país y la conocieron a través de lo que pudieron saber por los debates sobre la materia.
El principio de legalidad es, ante todo, una garantía para los ciudadanos y su libertad y no se reduce al cumplimiento autómata de lo que dicen los textos legales como pedantescamente a veces se pregona. Ese principio fundamental del Estado tiene dos áreas: una, la del Ejecutivo administración (un concepto propio de los constitucionalistas que busca definir el poder presidencial no sólo como “ejecutor de leyes” sino, además, como administrador del gobierno de la sociedad) y, otra, la jurisdiccional, que se refiere al estricto cumplimiento de la ley por las autoridades judiciales, siempre en resguardo de la libertad de los ciudadanos.
A veces, para sorpresa de los descalificadores de la consulta, no se debe seguir como autómatas la letra de la ley, sino el objetivo que en justicia ella busca. Eso se da muchas veces en materia del trabajo, agraria, procesal en general, de derechos humanos y muchas más. Quisiera que los susodichos me dijeran en qué viola la ley el que un gobierno pregunte a sus ciudadanos qué opinan de ciertas materias aunque la ley no diga que lo puede hacer. De acuerdo con la Constitución, que funda el principio del buen gobierno, desde luego, no. En las pocas referencias que nos podemos encontrar en el texto de la Carta Magna al respecto siempre se habla de la protección del interés ciudadano y la libertad de expresión está garantizada.
Por supuesto que todo servidor público está obligado a seguir estrictamente la ley en sus actos como tal, pero ningún jurista de verdad ha dicho jamás que eso se hace con base en las palabras de la ley, con lo que, se ha señalado hasta la saciedad, se cometen demasiadas injusticias y éstas no son precisamente el objeto del orden jurídico. Todo instrumento legal tiene un objetivo que encierran las palabras con las que está escrito (es lo que los juristas llamamos espíritu de la ley), pero las palabras solas no dicen nada. Hay que insistir de nuevo en que hay valores jurídicos y éstos están concebidos para preservar los derechos de los ciudadanos que fundan su Estado y deben estar comprendidos en la letra de las leyes.
Los que participamos en la organización de esta consulta (que todavía no termina) nunca pensamos en una “votación”, como si se tratara de elegir a alguien o de aprobar algo. Sólo quisimos poner al alcance de los ciudadanos, los que quisieran, un medio para expresar su opinión. Hasta ahora van más de un millón 700 mil contados, y esto aún no acaba. Para nosotros ese fue el objetivo, y de ningún modo pensamos que fuese una miseria, como se insinuó en una Rayuela de La Jornada o lo dijo, quién sabe para qué o por qué, Arturo Cano.
PS. Las iniciativas de ley son para leerse atentamente, entenderse y discutirse, no para desecharlas arbitrariamente. No me parece justo el modo en que se están tratando las iniciativas del PRI. “Son peores que las del PAN”, dijo el licenciado Bartlett. Que sean más tramposas y cínicas valdría la pena demostrarlo. Algo peor que las malhadadas iniciativas de Calderón creo que resulta imposible. Un ejemplo: la propuesta priísta de Ley Reglamentaria sólo me llama al desacuerdo porque insiste en la desintegración de la industria petrolera con sus llamados “organismos filiales”. Por lo demás, establece controles muy estrictos sobre la actividad de los privados. Más de la mitad de las nueve iniciativas buscan sólo adecuar en otras leyes la existencia de esos organismos. La mayoría de los atentados a la Constitución se dan en su propuesta de Ley Orgánica de Pemex, y eso vale la pena discutirlo con detenimiento. Desde luego, también su propuesta de nueva Ley Federal de Derechos.
Ha habido recientemente en este diario una pequeña polémica entre John Ackerman y José Woldenberg sobre el principio de legalidad. No puedo evitar tocar los argumentos que se esgrimieron, pero mi interés ve el principio de legalidad y su relación con la consulta cívica sobre la reforma petrolera, la cual tuvo su fundamento en el artículo 42 de la Ley de Participación Ciudadana del DF, que establece que el jefe de Gobierno y otras entidades de interés público podrán convocar a la ciudadanía para que se pronuncie sobre “cualquier tema que tenga impacto trascendental en los distintos ámbitos temáticos y territoriales en el Distrito Federal”.
El artículo 45 no tiene relevancia para el caso, pues sólo impone a la autoridad convocante informar “acerca del modo en que el ejercicio de sus funciones fue afectado por los resultados” de la consulta. Si eso quiere decir algo, no tiene nada que ver con la facultad de convocar.
Se alegó que el jefe de Gobierno no cumplió con esa disposición, porque convocó a pronunciarse sobre un tema que está fuera de la agenda señalada. La pregunta obligada es: ¿es que la reforma petrolera no es un tema que tiene impacto fundamental en los distintos ámbitos temáticos y territoriales en el DF? Se debe creer que nuestra ciudad capital está en Marte o no forma parte de esta República. Se alegó también que el jefe de Gobierno no tiene competencia en el asunto, no obstante que se trata de “una causa justa”. ¿Desde cuando la justicia es ajena al modo en que se interpreta y aplica el derecho?
El jefe de Gobierno consideró, acertadamente, que la reforma petrolera propuesta por Calderón es un tema que tendría un “impacto trascendental” en el DF ¿Cómo se podría negar eso? Los habitantes de esta entidad no somos ajenos a esa cuestión y es bueno que nuestra autoridad local nos pregunte qué opinamos al respecto y si estamos o no de acuerdo con las reformas propuestas. Me complace que un periodista como Sergio Sarmiento confiese que fue a votar en la consulta. No hizo falta que dijera cómo. Probablemente los que descalificaron la consulta no pensaron que sirviera para maldita la cosa si les resultaba ilegal.
Quisiera decir que la consulta sólo fue un ejercicio cívico para dar a los defeños la oportunidad de manifestarse en torno a las reformas. Que hayan sido pocos los que fueron a “votar” se comprende, porque para muchísimos ciudadanos esa consulta sólo era una oportunidad de opinar y tal vez pensaron que no valía la pena. Lo he preguntado a mis vecinos y, en efecto, eso me dijeron, reconociendo que la cuestión petrolera es vital para el país y la conocieron a través de lo que pudieron saber por los debates sobre la materia.
El principio de legalidad es, ante todo, una garantía para los ciudadanos y su libertad y no se reduce al cumplimiento autómata de lo que dicen los textos legales como pedantescamente a veces se pregona. Ese principio fundamental del Estado tiene dos áreas: una, la del Ejecutivo administración (un concepto propio de los constitucionalistas que busca definir el poder presidencial no sólo como “ejecutor de leyes” sino, además, como administrador del gobierno de la sociedad) y, otra, la jurisdiccional, que se refiere al estricto cumplimiento de la ley por las autoridades judiciales, siempre en resguardo de la libertad de los ciudadanos.
A veces, para sorpresa de los descalificadores de la consulta, no se debe seguir como autómatas la letra de la ley, sino el objetivo que en justicia ella busca. Eso se da muchas veces en materia del trabajo, agraria, procesal en general, de derechos humanos y muchas más. Quisiera que los susodichos me dijeran en qué viola la ley el que un gobierno pregunte a sus ciudadanos qué opinan de ciertas materias aunque la ley no diga que lo puede hacer. De acuerdo con la Constitución, que funda el principio del buen gobierno, desde luego, no. En las pocas referencias que nos podemos encontrar en el texto de la Carta Magna al respecto siempre se habla de la protección del interés ciudadano y la libertad de expresión está garantizada.
Por supuesto que todo servidor público está obligado a seguir estrictamente la ley en sus actos como tal, pero ningún jurista de verdad ha dicho jamás que eso se hace con base en las palabras de la ley, con lo que, se ha señalado hasta la saciedad, se cometen demasiadas injusticias y éstas no son precisamente el objeto del orden jurídico. Todo instrumento legal tiene un objetivo que encierran las palabras con las que está escrito (es lo que los juristas llamamos espíritu de la ley), pero las palabras solas no dicen nada. Hay que insistir de nuevo en que hay valores jurídicos y éstos están concebidos para preservar los derechos de los ciudadanos que fundan su Estado y deben estar comprendidos en la letra de las leyes.
Los que participamos en la organización de esta consulta (que todavía no termina) nunca pensamos en una “votación”, como si se tratara de elegir a alguien o de aprobar algo. Sólo quisimos poner al alcance de los ciudadanos, los que quisieran, un medio para expresar su opinión. Hasta ahora van más de un millón 700 mil contados, y esto aún no acaba. Para nosotros ese fue el objetivo, y de ningún modo pensamos que fuese una miseria, como se insinuó en una Rayuela de La Jornada o lo dijo, quién sabe para qué o por qué, Arturo Cano.
PS. Las iniciativas de ley son para leerse atentamente, entenderse y discutirse, no para desecharlas arbitrariamente. No me parece justo el modo en que se están tratando las iniciativas del PRI. “Son peores que las del PAN”, dijo el licenciado Bartlett. Que sean más tramposas y cínicas valdría la pena demostrarlo. Algo peor que las malhadadas iniciativas de Calderón creo que resulta imposible. Un ejemplo: la propuesta priísta de Ley Reglamentaria sólo me llama al desacuerdo porque insiste en la desintegración de la industria petrolera con sus llamados “organismos filiales”. Por lo demás, establece controles muy estrictos sobre la actividad de los privados. Más de la mitad de las nueve iniciativas buscan sólo adecuar en otras leyes la existencia de esos organismos. La mayoría de los atentados a la Constitución se dan en su propuesta de Ley Orgánica de Pemex, y eso vale la pena discutirlo con detenimiento. Desde luego, también su propuesta de nueva Ley Federal de Derechos.
El Despertar
José Agustín Ortiz Pinchetti
La Jornada, 3 de agosto 2008
Porfirio Muñoz Ledo ha presentado La ruptura que viene (Grijalbo, 2008), colección de artículos, ensayos y entrevistas trabajados por Porfirio durante ocho años. Él la subtitula como La crónica de una transición fallida. Así la lectura deja un sabor amargo: constatar lo que pudo ser y no fue. El libro contiene una vibración amenazante al pronosticar implícitamente una ruptura. Rompimos, dice Porfirio, con un sistema, pero no acertamos a crear otro. Yo voy más allá. El viejo régimen se ha prolongado y se han hecho más atroces sus defectos.
La proximidad de una ruptura la intuye gran parte de la población. Es como si nos aproximáramos a un hecho ominoso sin saber bien qué factores lo determinan y las consecuencias que producirá.
Sus causas son evidentes: la clase política y las instituciones que administra están en una descomposición acelerada. La corrupción y la impunidad crecen en todas partes. La eficacia de los órganos del Estado disminuye. Ante esta circunstancia emerge una sociedad cada vez más contestataria y exigente. Aunque no se ha estudiado el fenómeno en profundidad, los analistas aceptan que ha habido un crecimiento de la conciencia pública y de la participación. El éxito de la consulta sobre el petróleo y la fuerza del obradorismo no partidista en todo el país y otros muchos fenómenos lo confirman. La energía vigorosa de una sociedad nueva e inconforme y la incapacidad de reformarse del aparato y de sus manipuladores crean un arco de tensión.
No existe una sola medida tomada por el actual gobierno ni un indicio de acuerdo entre todas las fuerzas políticas que tienda a disminuir estas presiones. Por el contrario, varias crisis convergen: aumentan los crímenes y se desmorona el aparato de seguridad. Al déficit agrícola no se le da ninguna respuesta. Estamos entrando en una recesión. Aumenta la inflación y disminuye el crecimiento. Todos los índices de la vida social y económica van a la baja. La reforma petrolera promovida de modo irresponsable pone en vilo al país.
La acumulación de estas contradicciones anunciaría una crisis mayor. Ésta sería la causa eficiente de la ruptura. Al agotarse el proyecto y la capacidad de manipulación del régimen, tendría que sobrevenir otro pactado entre los actores políticos y los grupos de interés. Antes pensé que la ruptura era posible, hoy pienso que es probable. Es imposible prever qué tan cerca está. Podrían pasar años sin que se produjera o sobrevenir en un horizonte más cercano, al filo de las elecciones de 2009 o 2010, cargado de simbolismos. Tampoco puede desecharse la posibilidad de que las cosas y el país siguieran fluyendo en una decadencia agónica. El deterioro no tiene límites.
La Jornada, 3 de agosto 2008
Porfirio Muñoz Ledo ha presentado La ruptura que viene (Grijalbo, 2008), colección de artículos, ensayos y entrevistas trabajados por Porfirio durante ocho años. Él la subtitula como La crónica de una transición fallida. Así la lectura deja un sabor amargo: constatar lo que pudo ser y no fue. El libro contiene una vibración amenazante al pronosticar implícitamente una ruptura. Rompimos, dice Porfirio, con un sistema, pero no acertamos a crear otro. Yo voy más allá. El viejo régimen se ha prolongado y se han hecho más atroces sus defectos.
La proximidad de una ruptura la intuye gran parte de la población. Es como si nos aproximáramos a un hecho ominoso sin saber bien qué factores lo determinan y las consecuencias que producirá.
Sus causas son evidentes: la clase política y las instituciones que administra están en una descomposición acelerada. La corrupción y la impunidad crecen en todas partes. La eficacia de los órganos del Estado disminuye. Ante esta circunstancia emerge una sociedad cada vez más contestataria y exigente. Aunque no se ha estudiado el fenómeno en profundidad, los analistas aceptan que ha habido un crecimiento de la conciencia pública y de la participación. El éxito de la consulta sobre el petróleo y la fuerza del obradorismo no partidista en todo el país y otros muchos fenómenos lo confirman. La energía vigorosa de una sociedad nueva e inconforme y la incapacidad de reformarse del aparato y de sus manipuladores crean un arco de tensión.
No existe una sola medida tomada por el actual gobierno ni un indicio de acuerdo entre todas las fuerzas políticas que tienda a disminuir estas presiones. Por el contrario, varias crisis convergen: aumentan los crímenes y se desmorona el aparato de seguridad. Al déficit agrícola no se le da ninguna respuesta. Estamos entrando en una recesión. Aumenta la inflación y disminuye el crecimiento. Todos los índices de la vida social y económica van a la baja. La reforma petrolera promovida de modo irresponsable pone en vilo al país.
La acumulación de estas contradicciones anunciaría una crisis mayor. Ésta sería la causa eficiente de la ruptura. Al agotarse el proyecto y la capacidad de manipulación del régimen, tendría que sobrevenir otro pactado entre los actores políticos y los grupos de interés. Antes pensé que la ruptura era posible, hoy pienso que es probable. Es imposible prever qué tan cerca está. Podrían pasar años sin que se produjera o sobrevenir en un horizonte más cercano, al filo de las elecciones de 2009 o 2010, cargado de simbolismos. Tampoco puede desecharse la posibilidad de que las cosas y el país siguieran fluyendo en una decadencia agónica. El deterioro no tiene límites.
sábado, 2 de agosto de 2008
Opinión de Silvia Ribeiro en La Jornada (un asunto delicado, tanto como el petróleo en estos momentos)
Maíz transgénico termina con el maíz orgánico
Las trasnacionales de los transgénicos pretenden hacernos creer que los transgénicos son solamente una opción de quien los elige. Debido a la inevitable contaminación –sea por polen en los campos, por mezcla en el almacenado, distribución o venta y hasta por granos que caen durante el transporte– los transgénicos son los cultivos más imperialistas de la historia. A la contaminación biológica, se suman los juicios por patentes que sufren los agricultores contaminados y la indefensión legal de los contaminados. Al contrario de lo que dicen las empresas, si hay transgénicos, todo el resto sufrirá.
Un reciente estudio científico conducido por Rosa Binimelis, de la Universidad Autónoma de Barcelona (publicado en 2008 en el Journal of Agricultural and Environmental Ethics), concluye, luego de analizar la situación del maíz en Cataluña y Aragón, que la siembra de maíz transgénico llevará al fin de la producción de maíz orgánico. Desde 1998, cuando comenzó la siembra de maíz transgénico en la región, hasta ahora, hay una reducción drástica de la producción de maíz orgánico. Esto se debe tanto a la contaminación transgénica, que inhabilita la venta del producto como orgánico, como a las múltiples dificultades técnicas y burocráticas que deben enfrentar quienes pretenden defender sus cultivos de la contaminación, lo que finalmente los hace abandonar la producción.
La contaminación ya es una violencia para quien siembra orgánicos y semillas tradicionales. Además, debido a la pesada influencia y corrupción que ejercen las transnacionales, las leyes que acompañan los transgénicos, colocan la carga de la prueba en la víctima, que debe lidiar primero con los aspectos técnicos de las pruebas de contaminación, cargar con el costo que significan y con la incertidumbre de este tipo de pruebas, que se basan en información de las propias empresas. A esto sigue el proceso legal, que es complicado y costoso.
En México todo esto sería aún peor, porque la Ley Monsanto (mal llamada de bioseguridad), no prevé ninguna protección a las víctimas ni permite responsabilizar a los contaminadores.
Agrobio México (organización de fachada de las transnacionales de transgénicos) esgrime un estudio de la biotecnóloga Joaquima Messeguer, del Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA), España, que sostiene que la contaminación transgénica del maíz se puede evitar con 20 metros de separación entre campos y una diferencia de siembra de 12 días en la siembra entre los transgénicos y otros tipos de maíz. Messeguer declaró a la prensa mexicana, que “los temores de que el cultivo mexicano “se contamine” de los transgénicos es una falacia (sic)” (Notimex, 26/7/2008). Al parecer, Messeguer aún no se entera que la contaminación transgénica del maíz mexicano no es un “temor”, sino una triste realidad comprobada por instituciones del propio gobierno mexicano hasta por pruebas que han realizado cientos de campesinos e indígenas de todo el país. Como el cultivo de maíz transgénico hasta ahora es ilegal en México, seguramente hubieron no 20 metros, sino miles de kilómetros del campo de transgénicos en Estados Unidos a los campesinos mexicanos, y aún así se contaminaron.
Ya en el 2007, investigadores independientes de la Universidad de Exeter, Reino Unido, mostraron que la contaminación del polen de maíz transgénico puede alcanzar cientos de kilómetros, dependiendo del viento, la ubicación y altitud de los campos entre sí, la temperatura, etcétera. Existen muchos otros estudios que llegan a conclusiones parecidas, además de que la contaminación por polen es apenas uno de los muchos factores de contaminación.
Pero a los tecnócratas del IRTA, institución que cuenta entre sus “clientes y colaboradores” a Monsanto, Syngenta, Novartis, Pioneer, Basf y Dow, dueños de la producción de agrotransgénicos en el mundo, este tipo de pensamiento complejo y análisis de la realidad fuera del computador, no les interesa. ¿Para qué ser objetivos, si nadie les paga por ello?
Ante esta realidad de contaminación inevitable, la reciente declaración de Felipe Calderón sobre “proteger el maíz criollo” es demagogia perversa e ignorante (para empezar, el maíz en México es nativo, no criollo), dictada probablemente por algún “asesor” transnacional.
Es criminal que el gobierno mexicano insista en abrir la experimentación con maíz transgénico, y que invente “polígonos” que serían los únicos centros de origen del maíz –que de todas maneras se contaminarán tarde o temprano si se planta maíz transgénico. Como afirma la Red en Defensa del Maíz Nativo, todo México es centro de origen y diversidad del maíz, porque en todo México hay pueblos del maíz. Pueblos que saben que más allá de lo que digan políticos, científicos y agricultores comprados, la contaminación del maíz no será impune.
*Investigadora del Grupo ETC
Las trasnacionales de los transgénicos pretenden hacernos creer que los transgénicos son solamente una opción de quien los elige. Debido a la inevitable contaminación –sea por polen en los campos, por mezcla en el almacenado, distribución o venta y hasta por granos que caen durante el transporte– los transgénicos son los cultivos más imperialistas de la historia. A la contaminación biológica, se suman los juicios por patentes que sufren los agricultores contaminados y la indefensión legal de los contaminados. Al contrario de lo que dicen las empresas, si hay transgénicos, todo el resto sufrirá.
Un reciente estudio científico conducido por Rosa Binimelis, de la Universidad Autónoma de Barcelona (publicado en 2008 en el Journal of Agricultural and Environmental Ethics), concluye, luego de analizar la situación del maíz en Cataluña y Aragón, que la siembra de maíz transgénico llevará al fin de la producción de maíz orgánico. Desde 1998, cuando comenzó la siembra de maíz transgénico en la región, hasta ahora, hay una reducción drástica de la producción de maíz orgánico. Esto se debe tanto a la contaminación transgénica, que inhabilita la venta del producto como orgánico, como a las múltiples dificultades técnicas y burocráticas que deben enfrentar quienes pretenden defender sus cultivos de la contaminación, lo que finalmente los hace abandonar la producción.
La contaminación ya es una violencia para quien siembra orgánicos y semillas tradicionales. Además, debido a la pesada influencia y corrupción que ejercen las transnacionales, las leyes que acompañan los transgénicos, colocan la carga de la prueba en la víctima, que debe lidiar primero con los aspectos técnicos de las pruebas de contaminación, cargar con el costo que significan y con la incertidumbre de este tipo de pruebas, que se basan en información de las propias empresas. A esto sigue el proceso legal, que es complicado y costoso.
En México todo esto sería aún peor, porque la Ley Monsanto (mal llamada de bioseguridad), no prevé ninguna protección a las víctimas ni permite responsabilizar a los contaminadores.
Agrobio México (organización de fachada de las transnacionales de transgénicos) esgrime un estudio de la biotecnóloga Joaquima Messeguer, del Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA), España, que sostiene que la contaminación transgénica del maíz se puede evitar con 20 metros de separación entre campos y una diferencia de siembra de 12 días en la siembra entre los transgénicos y otros tipos de maíz. Messeguer declaró a la prensa mexicana, que “los temores de que el cultivo mexicano “se contamine” de los transgénicos es una falacia (sic)” (Notimex, 26/7/2008). Al parecer, Messeguer aún no se entera que la contaminación transgénica del maíz mexicano no es un “temor”, sino una triste realidad comprobada por instituciones del propio gobierno mexicano hasta por pruebas que han realizado cientos de campesinos e indígenas de todo el país. Como el cultivo de maíz transgénico hasta ahora es ilegal en México, seguramente hubieron no 20 metros, sino miles de kilómetros del campo de transgénicos en Estados Unidos a los campesinos mexicanos, y aún así se contaminaron.
Ya en el 2007, investigadores independientes de la Universidad de Exeter, Reino Unido, mostraron que la contaminación del polen de maíz transgénico puede alcanzar cientos de kilómetros, dependiendo del viento, la ubicación y altitud de los campos entre sí, la temperatura, etcétera. Existen muchos otros estudios que llegan a conclusiones parecidas, además de que la contaminación por polen es apenas uno de los muchos factores de contaminación.
Pero a los tecnócratas del IRTA, institución que cuenta entre sus “clientes y colaboradores” a Monsanto, Syngenta, Novartis, Pioneer, Basf y Dow, dueños de la producción de agrotransgénicos en el mundo, este tipo de pensamiento complejo y análisis de la realidad fuera del computador, no les interesa. ¿Para qué ser objetivos, si nadie les paga por ello?
Ante esta realidad de contaminación inevitable, la reciente declaración de Felipe Calderón sobre “proteger el maíz criollo” es demagogia perversa e ignorante (para empezar, el maíz en México es nativo, no criollo), dictada probablemente por algún “asesor” transnacional.
Es criminal que el gobierno mexicano insista en abrir la experimentación con maíz transgénico, y que invente “polígonos” que serían los únicos centros de origen del maíz –que de todas maneras se contaminarán tarde o temprano si se planta maíz transgénico. Como afirma la Red en Defensa del Maíz Nativo, todo México es centro de origen y diversidad del maíz, porque en todo México hay pueblos del maíz. Pueblos que saben que más allá de lo que digan políticos, científicos y agricultores comprados, la contaminación del maíz no será impune.
*Investigadora del Grupo ETC
Desfiladero
Jaime Avilés
La Jornada, 2 de agosto 2008
■ Llega la vicepresidenta de España a comprar Pemex
■ Beltrones descansa en Europa
Todo cambió en el escenario político nacional tras la consulta del domingo pasado que, en su primera etapa, recibió un millón 793 mil 876 votos. Esta fue blanco de un intenso ninguneo porque contó con la participación de “sólo 2 por ciento del electorado”. Los medios que la satanizan blandiendo ese dígito en forma de cisne, olvidan que ellos representan los intereses de otro 2 por ciento: el de los dueños de cuentas de ahorros que atesoran 75 por ciento del dinero que hay en los bancos del país.
Además, nuestros propietarios y sus levantacejas desestiman que la consulta fue también un censo, y que éste arrojó la nada despreciable cifra de más de un millón y medio de personas dispuestas a pasar a la siguiente fase del plan de defensa del petróleo, si los gobiernos de Felipe Calderón y José Luis Rodríguez Zapatero, con la complicidad operativa de los sectores derechistas del PAN, el PRI y el PRD, y el aplauso unánime de los medios de México y España, insisten en robarse el patrimonio energético de la nación.
Tras la consulta, Guadalupe Acosta Naranjo, presidente golpista del PRD, afirmó que ya no era necesario esperar a que ésta concluyera en el resto del país. Con un prisa idéntica a la de Georgina Kessel, exhortó a dictaminar las iniciativas de Calderón y Manlio Fabio Beltrones, luego de anunciar que su grupo también formularía un proyecto de reforma (escrito sobre las rodillas para salvar las apariencias). En el mismo tono, Ruth Zavaleta, a coro con Héctor Larios, del PAN, llamó a los perredistas a no volver a tomar las tribunas, “porque las amenazas ya no asustan a nadie”.
Hasta allí, todo confirmaba la vigencia del pacto Zavaleta-Don Beltrone, al que esta columna se refirió el sábado pasado, lo que produjo sendas “precisiones” de René Arce, uno de los líderes de Nueva Izquierda (27/07/08), y Jesús Anaya (30/07/08), director de Enlace con Medios de la Coordinación de Comunicación Social del Senado. En sus cartas, ambos “desmintieron” que se hubiera dado una “reunión en lo oscurito”, como divulgó Desfiladero, entre Arce, Manlio Fabio y la presidenta de la Cámara de Diputados, así como “las especulaciones que de esa supuesta reunión derivan” (Anaya dixit).
El martes 22 de julio, después de la sesión del debate sobre Pemex, Arce y Zavaleta llegaron al Senado juntos y entraron por la puerta principal de Xicoténcatl. Hay múltiples testigos. Faltaba un día para que Beltrones lanzara su iniciativa de reforma. Como no sesionaba la Comisión Permanente, Zavaleta no tenía nada que hacer en la casona. Allí comenzaron los rumores y las suspicacias. ¿Por qué ambas partes desmintieron que se hubieran reunido si tal no constituye delito? ¿Acaso porque no hay fotos ni videos que los muestren juntos, negociando cosas inconfesables? ¿O porque Arce y Zavaleta por un lado y Don Beltrone por el otro tienen motivos para sentirse muy nerviosos?
En cualquier caso, los hechos políticos hablan solos. En los periódicos de ese martes 22 de julio, Nueva Izquierda pidió, para Ruth, el cargo de Javier González Garza, coordinador de los diputados perredistas en San Lázaro. Después, Zavaleta insinuó que la consulta estaba manipulada porque las preguntas inducían las respuestas y urgió a celebrar un periodo extraordinario, para dictaminar ya las propuestas de Calderón y Beltrones.
En el mismo carril, Acosta Naranjo citó a los líderes del PRIAN para acordar los términos del periodo extraordinario y Graco Ramírez declamó su histórico: “¡Yo sí le creo al PRI”. Luego, en su “desmentido” a La Jornada, Arce convocó a votar en la consulta contra la iniciativa de Calderón, pero no contra la de Beltrones. ¿Qué buscaba él personalmente con su apoyo al líder de la bancada priísta? Lo que el Instituto Electoral del Distrito Federal anticipó anoche: el posible registro de un partido local llamado Agrupación Cívica Democrática, que dirige Raymundo Pérez López, un ex líder de vendedores ambulantes de las calles de Argentina y Colombia, que trabajó como jefe de Planeación, Capacitación y Desarrollo de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, bajo la batuta de Víctor Hugo Círigo, otro capo de Nueva Izquierda, y en combinación con el propio Arce. ¿Quién aportó lo necesario para que Agrupación Cívica Democrática obtenga semejante premio? Beltrones.
Este, mientras tanto, no ha dejado de sufrir descalabros. Si la propuesta de Calderón quedó hecha trizas en los debates senatoriales, la suya resultó un fiasco, pues copió textualmente 28 artículos de la iniciativa panista y es tanto o más entreguista y privatizadora que aquella. La reacción de la gente fue instantánea. El blog www.beltrones.org.mx se llenó de insultos, a tal grado que su administrador descolgó de la red la sección de opiniones del público, como podrá corroborarlo quien se comunique con ese portal electrónico. Sin embargo, si alguien quiere conocer los virulentos comentarios que fueron censurados, ingrese a la dirección electrónica www.eloronegro.blogspot.com y podrá leerlos completos, junto con los elogiosos y los francamente lambiscones.
Si hace dos semanas los medios cibernéticos de la derecha jugaban con la idea de que después de diciembre Beltrones podría quedar como presidente sustituto en lugar de Calderón, hoy el prestigio del senador salinista está en bancarrota. Su propuesta petrolera se fue de tal modo a pique, que funcionarios del gobierno español ni siquiera la mencionaron anteayer cuando externaron su simpatía por la de Los Pinos. Don Beltrone, deprimido, en estos momentos descansa en Europa, a bordo de un crucero de lujo y, de acuerdo con las mismas fuentes que filtraron información sobre su pacto con Arce y Zavaleta, regresará a México el próximo 12 de agosto.
Ahora bien, lo que cambió definitivamente el escenario político nacional y dejó en off-side el multicitado pacto PRI-PRD, es el anuncio de que los intelectuales y los científicos de mayor seriedad y reconocimiento de México lanzarán en breve la propuesta que habrán de defender, en el Senado, el Frente Amplio Progresista, y en las calles, el Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo y el gobierno legítimo de Andrés Manuel López Obrador, que el pasado martes reunió a un amplio abanico de sabios y luchadores sociales con ese propósito.
Por lo tanto, ahora hay que impulsar la consulta del próximo domingo 10 en los estados del sur y pedirle enorme prudencia a la vicepresidenta española, María Teresa Fernández de la Vega, que llega mañana con casi todo su gabinete y se va a quedar hasta el miércoles, lo que significa mucha gente y mucho tiempo como para venir a cortar el listón inaugural de la reunión mundial de la ONU sobre el sida. Tal vez sea bueno poner letreros delante del hotel donde se hospede que digan: “Doña Mari Tere: Pemex no está en venta. Calderón no tiene facultades para regalárselo. Y Beltrones menos. Pregúntele al pueblo de México”. Y si quiere comunicarse con esta columna, escriba a jamastu@gmail.com.
La Jornada, 2 de agosto 2008
■ Llega la vicepresidenta de España a comprar Pemex
■ Beltrones descansa en Europa
Todo cambió en el escenario político nacional tras la consulta del domingo pasado que, en su primera etapa, recibió un millón 793 mil 876 votos. Esta fue blanco de un intenso ninguneo porque contó con la participación de “sólo 2 por ciento del electorado”. Los medios que la satanizan blandiendo ese dígito en forma de cisne, olvidan que ellos representan los intereses de otro 2 por ciento: el de los dueños de cuentas de ahorros que atesoran 75 por ciento del dinero que hay en los bancos del país.
Además, nuestros propietarios y sus levantacejas desestiman que la consulta fue también un censo, y que éste arrojó la nada despreciable cifra de más de un millón y medio de personas dispuestas a pasar a la siguiente fase del plan de defensa del petróleo, si los gobiernos de Felipe Calderón y José Luis Rodríguez Zapatero, con la complicidad operativa de los sectores derechistas del PAN, el PRI y el PRD, y el aplauso unánime de los medios de México y España, insisten en robarse el patrimonio energético de la nación.
Tras la consulta, Guadalupe Acosta Naranjo, presidente golpista del PRD, afirmó que ya no era necesario esperar a que ésta concluyera en el resto del país. Con un prisa idéntica a la de Georgina Kessel, exhortó a dictaminar las iniciativas de Calderón y Manlio Fabio Beltrones, luego de anunciar que su grupo también formularía un proyecto de reforma (escrito sobre las rodillas para salvar las apariencias). En el mismo tono, Ruth Zavaleta, a coro con Héctor Larios, del PAN, llamó a los perredistas a no volver a tomar las tribunas, “porque las amenazas ya no asustan a nadie”.
Hasta allí, todo confirmaba la vigencia del pacto Zavaleta-Don Beltrone, al que esta columna se refirió el sábado pasado, lo que produjo sendas “precisiones” de René Arce, uno de los líderes de Nueva Izquierda (27/07/08), y Jesús Anaya (30/07/08), director de Enlace con Medios de la Coordinación de Comunicación Social del Senado. En sus cartas, ambos “desmintieron” que se hubiera dado una “reunión en lo oscurito”, como divulgó Desfiladero, entre Arce, Manlio Fabio y la presidenta de la Cámara de Diputados, así como “las especulaciones que de esa supuesta reunión derivan” (Anaya dixit).
El martes 22 de julio, después de la sesión del debate sobre Pemex, Arce y Zavaleta llegaron al Senado juntos y entraron por la puerta principal de Xicoténcatl. Hay múltiples testigos. Faltaba un día para que Beltrones lanzara su iniciativa de reforma. Como no sesionaba la Comisión Permanente, Zavaleta no tenía nada que hacer en la casona. Allí comenzaron los rumores y las suspicacias. ¿Por qué ambas partes desmintieron que se hubieran reunido si tal no constituye delito? ¿Acaso porque no hay fotos ni videos que los muestren juntos, negociando cosas inconfesables? ¿O porque Arce y Zavaleta por un lado y Don Beltrone por el otro tienen motivos para sentirse muy nerviosos?
En cualquier caso, los hechos políticos hablan solos. En los periódicos de ese martes 22 de julio, Nueva Izquierda pidió, para Ruth, el cargo de Javier González Garza, coordinador de los diputados perredistas en San Lázaro. Después, Zavaleta insinuó que la consulta estaba manipulada porque las preguntas inducían las respuestas y urgió a celebrar un periodo extraordinario, para dictaminar ya las propuestas de Calderón y Beltrones.
En el mismo carril, Acosta Naranjo citó a los líderes del PRIAN para acordar los términos del periodo extraordinario y Graco Ramírez declamó su histórico: “¡Yo sí le creo al PRI”. Luego, en su “desmentido” a La Jornada, Arce convocó a votar en la consulta contra la iniciativa de Calderón, pero no contra la de Beltrones. ¿Qué buscaba él personalmente con su apoyo al líder de la bancada priísta? Lo que el Instituto Electoral del Distrito Federal anticipó anoche: el posible registro de un partido local llamado Agrupación Cívica Democrática, que dirige Raymundo Pérez López, un ex líder de vendedores ambulantes de las calles de Argentina y Colombia, que trabajó como jefe de Planeación, Capacitación y Desarrollo de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, bajo la batuta de Víctor Hugo Círigo, otro capo de Nueva Izquierda, y en combinación con el propio Arce. ¿Quién aportó lo necesario para que Agrupación Cívica Democrática obtenga semejante premio? Beltrones.
Este, mientras tanto, no ha dejado de sufrir descalabros. Si la propuesta de Calderón quedó hecha trizas en los debates senatoriales, la suya resultó un fiasco, pues copió textualmente 28 artículos de la iniciativa panista y es tanto o más entreguista y privatizadora que aquella. La reacción de la gente fue instantánea. El blog www.beltrones.org.mx se llenó de insultos, a tal grado que su administrador descolgó de la red la sección de opiniones del público, como podrá corroborarlo quien se comunique con ese portal electrónico. Sin embargo, si alguien quiere conocer los virulentos comentarios que fueron censurados, ingrese a la dirección electrónica www.eloronegro.blogspot.com y podrá leerlos completos, junto con los elogiosos y los francamente lambiscones.
Si hace dos semanas los medios cibernéticos de la derecha jugaban con la idea de que después de diciembre Beltrones podría quedar como presidente sustituto en lugar de Calderón, hoy el prestigio del senador salinista está en bancarrota. Su propuesta petrolera se fue de tal modo a pique, que funcionarios del gobierno español ni siquiera la mencionaron anteayer cuando externaron su simpatía por la de Los Pinos. Don Beltrone, deprimido, en estos momentos descansa en Europa, a bordo de un crucero de lujo y, de acuerdo con las mismas fuentes que filtraron información sobre su pacto con Arce y Zavaleta, regresará a México el próximo 12 de agosto.
Ahora bien, lo que cambió definitivamente el escenario político nacional y dejó en off-side el multicitado pacto PRI-PRD, es el anuncio de que los intelectuales y los científicos de mayor seriedad y reconocimiento de México lanzarán en breve la propuesta que habrán de defender, en el Senado, el Frente Amplio Progresista, y en las calles, el Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo y el gobierno legítimo de Andrés Manuel López Obrador, que el pasado martes reunió a un amplio abanico de sabios y luchadores sociales con ese propósito.
Por lo tanto, ahora hay que impulsar la consulta del próximo domingo 10 en los estados del sur y pedirle enorme prudencia a la vicepresidenta española, María Teresa Fernández de la Vega, que llega mañana con casi todo su gabinete y se va a quedar hasta el miércoles, lo que significa mucha gente y mucho tiempo como para venir a cortar el listón inaugural de la reunión mundial de la ONU sobre el sida. Tal vez sea bueno poner letreros delante del hotel donde se hospede que digan: “Doña Mari Tere: Pemex no está en venta. Calderón no tiene facultades para regalárselo. Y Beltrones menos. Pregúntele al pueblo de México”. Y si quiere comunicarse con esta columna, escriba a jamastu@gmail.com.
viernes, 1 de agosto de 2008
Boletín # 53
Una vez que tuvo lugar la primera fase de la consulta en torno a la reforma petrolera, se impone un balance de lo hasta ahora acontecido:
El involucramiento de ciudadanos de toda la nación en el movimiento por la defensa del petróleo, ha logrado evitar que se imponga la mayoría legislativa con que cuenta Calderón desde que hizo su propuesta, pues tal como se demostró con la reforma a la ley del ISSSTE, buena parte de diputados y senadores formalmente opositores, terminan subordinando su voto a la voluntad presidencial, sin que importe la pertenencia a partidos distintos.
El surgimiento de una clara mayoría social contraria a la propuesta privatizadora del calderonismo, hace visibles las limitaciones de la radio, televisión y prensa escrita, aliada de los intereses políticos y económicos que promueven la privatización. Las posibilidades de engaño mediático no son infinitas, la inteligencia del público de los medios incrementa la presión social a favor de la equidad informativa y del respecto a la pluralidad de opiniones.
La exigencia de que los mexicanos seamos consultados en temas de suma trascendencia, no es sólo de los que defendemos el petróleo, como se demostró con la respuesta ciudadana en zonas como la de Polanco en la Ciudad de México donde hubo casillas donde ganó el "Sí" a la propuesta calderonista o en Veracruz, donde ese mismo día acude un diputado panista y a la vista de todos manifiesta: "no vengo a provocar, sino a votar por el 'Sí' a la propuesta del Presidente Calderón". En ese mismo sentido registramos la participación como votantes de algunos dignatarios de la iglesia católica como los obispos Felipe Arizmendi y Raúl Vera entre otros.
La legitimidad democrática de la consulta gana terreno al grado que el gobernador de Quintana Roo, Félix González Canto, contribuye activamente en la organización de la consulta que tendrá lugar en su mismo estado el 10 de agosto del presente aportando el material que se usará para dicha consulta.
Otra vertiente de la lucha de los mexicanos en defensa de su petróleo es la de haber logrado el extraordinario debate cuyas veintiún sesiones fueron difundidas por el Canal del Congreso. No hubo voz que no reconociera la calidad y profundidad de este ejercicio democrático, por ello constituye una grave incongruencia no atender sus contenidos para legislar en la materia petrolera. Para que ello no suceda, la gran diversidad de defensores del petróleo tomó una decisión de extraordinaria importancia consistente en encomendarles a los expertos e intelectuales participantes en los foros del Senado, la tarea de elaborar la iniciativa de reforma a la industria petrolera para que los legisladores comprometidos con la defensa de esta causa, la saquen adelante en el seno de ambas cámaras del Congreso de la Unión.
Este acuerdo fue tomado en el domicilio particular de la prestigiada maestra de varias generaciones de economistas de la UNAM Ifigenia Martínez, en donde estuvieron presentes Andrés Manuel López Obrador, los dirigentes del FAP y sus respectivos coordinadores parlamentarios, así como el pie veterano del Instituto Mexicano del Petróleo y académicos del más alto nivel.
Los Zacatecanos habremos de refrendar nuestro compromiso con la defensa del petróleo el 24 de agosto día de la consulta ciudadana en los estados del norte.
Zacatecas, Zac. 01 de agosto de 2008
Consejo Zacatecano para la Defensa del Petróleo
El involucramiento de ciudadanos de toda la nación en el movimiento por la defensa del petróleo, ha logrado evitar que se imponga la mayoría legislativa con que cuenta Calderón desde que hizo su propuesta, pues tal como se demostró con la reforma a la ley del ISSSTE, buena parte de diputados y senadores formalmente opositores, terminan subordinando su voto a la voluntad presidencial, sin que importe la pertenencia a partidos distintos.
El surgimiento de una clara mayoría social contraria a la propuesta privatizadora del calderonismo, hace visibles las limitaciones de la radio, televisión y prensa escrita, aliada de los intereses políticos y económicos que promueven la privatización. Las posibilidades de engaño mediático no son infinitas, la inteligencia del público de los medios incrementa la presión social a favor de la equidad informativa y del respecto a la pluralidad de opiniones.
La exigencia de que los mexicanos seamos consultados en temas de suma trascendencia, no es sólo de los que defendemos el petróleo, como se demostró con la respuesta ciudadana en zonas como la de Polanco en la Ciudad de México donde hubo casillas donde ganó el "Sí" a la propuesta calderonista o en Veracruz, donde ese mismo día acude un diputado panista y a la vista de todos manifiesta: "no vengo a provocar, sino a votar por el 'Sí' a la propuesta del Presidente Calderón". En ese mismo sentido registramos la participación como votantes de algunos dignatarios de la iglesia católica como los obispos Felipe Arizmendi y Raúl Vera entre otros.
La legitimidad democrática de la consulta gana terreno al grado que el gobernador de Quintana Roo, Félix González Canto, contribuye activamente en la organización de la consulta que tendrá lugar en su mismo estado el 10 de agosto del presente aportando el material que se usará para dicha consulta.
Otra vertiente de la lucha de los mexicanos en defensa de su petróleo es la de haber logrado el extraordinario debate cuyas veintiún sesiones fueron difundidas por el Canal del Congreso. No hubo voz que no reconociera la calidad y profundidad de este ejercicio democrático, por ello constituye una grave incongruencia no atender sus contenidos para legislar en la materia petrolera. Para que ello no suceda, la gran diversidad de defensores del petróleo tomó una decisión de extraordinaria importancia consistente en encomendarles a los expertos e intelectuales participantes en los foros del Senado, la tarea de elaborar la iniciativa de reforma a la industria petrolera para que los legisladores comprometidos con la defensa de esta causa, la saquen adelante en el seno de ambas cámaras del Congreso de la Unión.
Este acuerdo fue tomado en el domicilio particular de la prestigiada maestra de varias generaciones de economistas de la UNAM Ifigenia Martínez, en donde estuvieron presentes Andrés Manuel López Obrador, los dirigentes del FAP y sus respectivos coordinadores parlamentarios, así como el pie veterano del Instituto Mexicano del Petróleo y académicos del más alto nivel.
Los Zacatecanos habremos de refrendar nuestro compromiso con la defensa del petróleo el 24 de agosto día de la consulta ciudadana en los estados del norte.
Zacatecas, Zac. 01 de agosto de 2008
Consejo Zacatecano para la Defensa del Petróleo
Opinión de Luis Javier Garrido en La Jornada
El cincho
Las horas decisivas para la defensa del petróleo han llegado, pues a pesar de los resultados de la Consulta Popular, la alianza PAN-PRI parece decidida a ir adelante en su tentativa de fraude a la Constitución para entregar la industria.
1. La iniciativa del PRI o ley Beltrones, que el PAN y el PRI han acordado sea la base de la contrarreforma en materia petrolera, es anticonstitucional desde los dos aspectos fundamentales que supone toda ley. Lo es porque tiene como objetivo fundamental privatizar la industria petrolera mexicana entregándosela al capital trasnacional, pero también porque la vía que prevé para alcanzar estos objetivos consigna mecanismos violatorios de la Constitución que transgreden el principio de legalidad y comprometen en múltiples aspectos la integridad soberana de la nación.
2. El escenario es cada vez más crítico, pues mientras Juan Camilo Mouriño y Felipe Calderón se pavonean por el país confiados en que el PRI les hará la tarea sucia de imponerle a México la privatización de la industria petrolera que le tienen ofrecida a diversos consorcios trasnacionales –y que les dejaría a ellos enormes beneficios–, los legisladores del tricolor se hallan enmarañados en un gravísimo problema, pues están a punto de cometer un atentado en contra de la nación, ya que a fin de despojarla de un recurso estratégico están avalando en la legislación secundaria mecanismos que se sustentan en facultades anticonstitucionales que le están dando al Ejecutivo y que transgreden el principio de legalidad.
3. La propuesta alterna en materia energética que presentarán a las Cámaras el Frente Amplio Progresista, el Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo y el Gobierno Legítimo de Andrés Manuel López Obrador, anunciada el viernes 30, se torna, por consiguiente, fundamental para que el país pueda en esta cuestión prioritaria reorientarse por la vía de la legalidad constitucional, lo que es clave para que México pueda hacer frente a la gravísima situación económica que vive en este verano de 2008 y que se agrava por la crítica situación derivada de la intentona privatizadora del petróleo.
4. El objetivo de las iniciativas de Calderón y de Beltrones en materia petrolera es el mismo, pues no buscan fortalecer a Pemex, sino burlar los principios establecidos en los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución que decreta el dominio exclusivo de la nación sobre los hidrocarburos, al crear mecanismos en leyes secundarias que les permitan ir entregando a retazos la industria, como se ha señalado con claridad, pero lo que no se ha subrayado de manera suficiente son los riesgos que entrañan a su vez los mecanismos de camuflaje diseñados en ambas propuestas.
5. Los medios que las iniciativas presentadas por Beltrones prevén para lograr su objetivo son violatorios de la Constitución en diversos aspectos que no logran ocultar. La propuesta priísta supone que el Ejecutivo puede crear empresas filiales de Pemex a nivel federal o local para realizar los servicios de refinación, transporte, almacenamiento y distribución de los hidrocarburos, y por lo mismo viola la Constitución al menos en dos aspectos centrales, pues, por un lado, a) el Ejecutivo federal no tiene atribuciones para crear por acuerdo organismos descentralizados, aún y cuando se busque presentar a éstos como “filiales de Pemex”, ni mucho menos las tiene la propia paraestatal y, por otra parte, b) esta iniciativa olvida que la industria petrolera es federal y no puede entregarse ninguna de sus fases a los gobiernos de los estados.
6. El titular del Ejecutivo no tiene atribuciones para crear de manera discrecional organismos públicos ni empresas del Estado, pues esto es competencia del Congreso que tiene que hacerlo mediante una ley. La “discrecionalidad” supone la prexistencia de facultades constitucionales, pero en México se ha entendido ésta de manera equivocada como una facultad metaconstitucional, es decir, como un acto atrabiliario e ilegal del Ejecutivo, y eso es precisamente lo que caracteriza las iniciativas tanto del PAN como de Beltrones: que ambas son presidencialistas y establecen en la legislación secundaria procesos para desmantelar a Pemex, sustentados en decisiones presidenciales contrarias a la Constitución.
7. Este principio se ha violado en el pasado reciente al crear de facto el Ejecutivo entidades públicas al margen del Congreso, desde el caso escandaloso del Centro Nacional para la Cultura y las Artes en 1990, que durante cuatro sexenios ha funcionado al margen de la legalidad del país, pero ello no puede sentar un precedente para que se le den al Ejecutivo en leyes secundarias atribuciones que en la Constitución son privativas del Congreso.
8. No debe olvidarse que la ideología neoliberal, que preconiza el desmantelamiento de los estados nacionales, tiene como base el principio de la desregulación, es decir, de la supresión de los marcos jurídicos nacionales de aquellos principios que constituyen un obstáculo para los intereses trasnacionales. Salvador Vega, secretario de la Función Pública, lo decía de manera descarada hace dos días señalando que los cambios al régimen de Pemex no buscaban fortalecer la empresa, sino darle “facilidad de gestión”, pues el actual marco constitucional constituye “un cincho para contratar” con la iniciativa privada (La Jornada del jueves 31). La clave de la contrarreforma es por consiguiente ésa: la Constitución es un cincho, es decir, un freno para que Pemex pueda ceder sus funciones en materia petrolera a las empresas privadas, y lo que se busca es burlarla.
9. La segunda cuestión no es menos grave porque la conformación de paraestatales locales en los estados petroleros, demandada en la ponencia del gobernador veracruzano Fidel Herrera en los Foros del Senado y prevista en la ley Beltrones, violentaría por otro lado el principio del federalismo, pues la Constitución mexicana establece la exclusividad del Estado federal en el manejo de sus recursos petroleros, y llevaría además a lo que ha sido un proyecto de la ultraderecha estadunidense para todos los estados nacionales fuertes: su fragmentación o “balcanización”. Conduciría no sólo a dividir a Pemex para destruirlo, sino a fragmentar al Estado mexicano, haciendo realidad la tesis del “nuevo federalismo”, lanzada hace un cuarto de siglo por Ronald Reagan.
10. La propuesta alterna en materia energética entraña, por lo tanto, el desafío de lograr rencauzar el manejo de la industria petrolera en el marco constitucional: única vía para edificar un Pemex fuerte y al servicio de la nación.
Las horas decisivas para la defensa del petróleo han llegado, pues a pesar de los resultados de la Consulta Popular, la alianza PAN-PRI parece decidida a ir adelante en su tentativa de fraude a la Constitución para entregar la industria.
1. La iniciativa del PRI o ley Beltrones, que el PAN y el PRI han acordado sea la base de la contrarreforma en materia petrolera, es anticonstitucional desde los dos aspectos fundamentales que supone toda ley. Lo es porque tiene como objetivo fundamental privatizar la industria petrolera mexicana entregándosela al capital trasnacional, pero también porque la vía que prevé para alcanzar estos objetivos consigna mecanismos violatorios de la Constitución que transgreden el principio de legalidad y comprometen en múltiples aspectos la integridad soberana de la nación.
2. El escenario es cada vez más crítico, pues mientras Juan Camilo Mouriño y Felipe Calderón se pavonean por el país confiados en que el PRI les hará la tarea sucia de imponerle a México la privatización de la industria petrolera que le tienen ofrecida a diversos consorcios trasnacionales –y que les dejaría a ellos enormes beneficios–, los legisladores del tricolor se hallan enmarañados en un gravísimo problema, pues están a punto de cometer un atentado en contra de la nación, ya que a fin de despojarla de un recurso estratégico están avalando en la legislación secundaria mecanismos que se sustentan en facultades anticonstitucionales que le están dando al Ejecutivo y que transgreden el principio de legalidad.
3. La propuesta alterna en materia energética que presentarán a las Cámaras el Frente Amplio Progresista, el Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo y el Gobierno Legítimo de Andrés Manuel López Obrador, anunciada el viernes 30, se torna, por consiguiente, fundamental para que el país pueda en esta cuestión prioritaria reorientarse por la vía de la legalidad constitucional, lo que es clave para que México pueda hacer frente a la gravísima situación económica que vive en este verano de 2008 y que se agrava por la crítica situación derivada de la intentona privatizadora del petróleo.
4. El objetivo de las iniciativas de Calderón y de Beltrones en materia petrolera es el mismo, pues no buscan fortalecer a Pemex, sino burlar los principios establecidos en los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución que decreta el dominio exclusivo de la nación sobre los hidrocarburos, al crear mecanismos en leyes secundarias que les permitan ir entregando a retazos la industria, como se ha señalado con claridad, pero lo que no se ha subrayado de manera suficiente son los riesgos que entrañan a su vez los mecanismos de camuflaje diseñados en ambas propuestas.
5. Los medios que las iniciativas presentadas por Beltrones prevén para lograr su objetivo son violatorios de la Constitución en diversos aspectos que no logran ocultar. La propuesta priísta supone que el Ejecutivo puede crear empresas filiales de Pemex a nivel federal o local para realizar los servicios de refinación, transporte, almacenamiento y distribución de los hidrocarburos, y por lo mismo viola la Constitución al menos en dos aspectos centrales, pues, por un lado, a) el Ejecutivo federal no tiene atribuciones para crear por acuerdo organismos descentralizados, aún y cuando se busque presentar a éstos como “filiales de Pemex”, ni mucho menos las tiene la propia paraestatal y, por otra parte, b) esta iniciativa olvida que la industria petrolera es federal y no puede entregarse ninguna de sus fases a los gobiernos de los estados.
6. El titular del Ejecutivo no tiene atribuciones para crear de manera discrecional organismos públicos ni empresas del Estado, pues esto es competencia del Congreso que tiene que hacerlo mediante una ley. La “discrecionalidad” supone la prexistencia de facultades constitucionales, pero en México se ha entendido ésta de manera equivocada como una facultad metaconstitucional, es decir, como un acto atrabiliario e ilegal del Ejecutivo, y eso es precisamente lo que caracteriza las iniciativas tanto del PAN como de Beltrones: que ambas son presidencialistas y establecen en la legislación secundaria procesos para desmantelar a Pemex, sustentados en decisiones presidenciales contrarias a la Constitución.
7. Este principio se ha violado en el pasado reciente al crear de facto el Ejecutivo entidades públicas al margen del Congreso, desde el caso escandaloso del Centro Nacional para la Cultura y las Artes en 1990, que durante cuatro sexenios ha funcionado al margen de la legalidad del país, pero ello no puede sentar un precedente para que se le den al Ejecutivo en leyes secundarias atribuciones que en la Constitución son privativas del Congreso.
8. No debe olvidarse que la ideología neoliberal, que preconiza el desmantelamiento de los estados nacionales, tiene como base el principio de la desregulación, es decir, de la supresión de los marcos jurídicos nacionales de aquellos principios que constituyen un obstáculo para los intereses trasnacionales. Salvador Vega, secretario de la Función Pública, lo decía de manera descarada hace dos días señalando que los cambios al régimen de Pemex no buscaban fortalecer la empresa, sino darle “facilidad de gestión”, pues el actual marco constitucional constituye “un cincho para contratar” con la iniciativa privada (La Jornada del jueves 31). La clave de la contrarreforma es por consiguiente ésa: la Constitución es un cincho, es decir, un freno para que Pemex pueda ceder sus funciones en materia petrolera a las empresas privadas, y lo que se busca es burlarla.
9. La segunda cuestión no es menos grave porque la conformación de paraestatales locales en los estados petroleros, demandada en la ponencia del gobernador veracruzano Fidel Herrera en los Foros del Senado y prevista en la ley Beltrones, violentaría por otro lado el principio del federalismo, pues la Constitución mexicana establece la exclusividad del Estado federal en el manejo de sus recursos petroleros, y llevaría además a lo que ha sido un proyecto de la ultraderecha estadunidense para todos los estados nacionales fuertes: su fragmentación o “balcanización”. Conduciría no sólo a dividir a Pemex para destruirlo, sino a fragmentar al Estado mexicano, haciendo realidad la tesis del “nuevo federalismo”, lanzada hace un cuarto de siglo por Ronald Reagan.
10. La propuesta alterna en materia energética entraña, por lo tanto, el desafío de lograr rencauzar el manejo de la industria petrolera en el marco constitucional: única vía para edificar un Pemex fuerte y al servicio de la nación.
Opinión de Luis Javier Garrido en La Jornada
El cincho
Las horas decisivas para la defensa del petróleo han llegado, pues a pesar de los resultados de la Consulta Popular, la alianza PAN-PRI parece decidida a ir adelante en su tentativa de fraude a la Constitución para entregar la industria.
1. La iniciativa del PRI o ley Beltrones, que el PAN y el PRI han acordado sea la base de la contrarreforma en materia petrolera, es anticonstitucional desde los dos aspectos fundamentales que supone toda ley. Lo es porque tiene como objetivo fundamental privatizar la industria petrolera mexicana entregándosela al capital trasnacional, pero también porque la vía que prevé para alcanzar estos objetivos consigna mecanismos violatorios de la Constitución que transgreden el principio de legalidad y comprometen en múltiples aspectos la integridad soberana de la nación.
2. El escenario es cada vez más crítico, pues mientras Juan Camilo Mouriño y Felipe Calderón se pavonean por el país confiados en que el PRI les hará la tarea sucia de imponerle a México la privatización de la industria petrolera que le tienen ofrecida a diversos consorcios trasnacionales –y que les dejaría a ellos enormes beneficios–, los legisladores del tricolor se hallan enmarañados en un gravísimo problema, pues están a punto de cometer un atentado en contra de la nación, ya que a fin de despojarla de un recurso estratégico están avalando en la legislación secundaria mecanismos que se sustentan en facultades anticonstitucionales que le están dando al Ejecutivo y que transgreden el principio de legalidad.
3. La propuesta alterna en materia energética que presentarán a las Cámaras el Frente Amplio Progresista, el Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo y el Gobierno Legítimo de Andrés Manuel López Obrador, anunciada el viernes 30, se torna, por consiguiente, fundamental para que el país pueda en esta cuestión prioritaria reorientarse por la vía de la legalidad constitucional, lo que es clave para que México pueda hacer frente a la gravísima situación económica que vive en este verano de 2008 y que se agrava por la crítica situación derivada de la intentona privatizadora del petróleo.
4. El objetivo de las iniciativas de Calderón y de Beltrones en materia petrolera es el mismo, pues no buscan fortalecer a Pemex, sino burlar los principios establecidos en los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución que decreta el dominio exclusivo de la nación sobre los hidrocarburos, al crear mecanismos en leyes secundarias que les permitan ir entregando a retazos la industria, como se ha señalado con claridad, pero lo que no se ha subrayado de manera suficiente son los riesgos que entrañan a su vez los mecanismos de camuflaje diseñados en ambas propuestas.
5. Los medios que las iniciativas presentadas por Beltrones prevén para lograr su objetivo son violatorios de la Constitución en diversos aspectos que no logran ocultar. La propuesta priísta supone que el Ejecutivo puede crear empresas filiales de Pemex a nivel federal o local para realizar los servicios de refinación, transporte, almacenamiento y distribución de los hidrocarburos, y por lo mismo viola la Constitución al menos en dos aspectos centrales, pues, por un lado, a) el Ejecutivo federal no tiene atribuciones para crear por acuerdo organismos descentralizados, aún y cuando se busque presentar a éstos como “filiales de Pemex”, ni mucho menos las tiene la propia paraestatal y, por otra parte, b) esta iniciativa olvida que la industria petrolera es federal y no puede entregarse ninguna de sus fases a los gobiernos de los estados.
6. El titular del Ejecutivo no tiene atribuciones para crear de manera discrecional organismos públicos ni empresas del Estado, pues esto es competencia del Congreso que tiene que hacerlo mediante una ley. La “discrecionalidad” supone la prexistencia de facultades constitucionales, pero en México se ha entendido ésta de manera equivocada como una facultad metaconstitucional, es decir, como un acto atrabiliario e ilegal del Ejecutivo, y eso es precisamente lo que caracteriza las iniciativas tanto del PAN como de Beltrones: que ambas son presidencialistas y establecen en la legislación secundaria procesos para desmantelar a Pemex, sustentados en decisiones presidenciales contrarias a la Constitución.
7. Este principio se ha violado en el pasado reciente al crear de facto el Ejecutivo entidades públicas al margen del Congreso, desde el caso escandaloso del Centro Nacional para la Cultura y las Artes en 1990, que durante cuatro sexenios ha funcionado al margen de la legalidad del país, pero ello no puede sentar un precedente para que se le den al Ejecutivo en leyes secundarias atribuciones que en la Constitución son privativas del Congreso.
8. No debe olvidarse que la ideología neoliberal, que preconiza el desmantelamiento de los estados nacionales, tiene como base el principio de la desregulación, es decir, de la supresión de los marcos jurídicos nacionales de aquellos principios que constituyen un obstáculo para los intereses trasnacionales. Salvador Vega, secretario de la Función Pública, lo decía de manera descarada hace dos días señalando que los cambios al régimen de Pemex no buscaban fortalecer la empresa, sino darle “facilidad de gestión”, pues el actual marco constitucional constituye “un cincho para contratar” con la iniciativa privada (La Jornada del jueves 31). La clave de la contrarreforma es por consiguiente ésa: la Constitución es un cincho, es decir, un freno para que Pemex pueda ceder sus funciones en materia petrolera a las empresas privadas, y lo que se busca es burlarla.
9. La segunda cuestión no es menos grave porque la conformación de paraestatales locales en los estados petroleros, demandada en la ponencia del gobernador veracruzano Fidel Herrera en los Foros del Senado y prevista en la ley Beltrones, violentaría por otro lado el principio del federalismo, pues la Constitución mexicana establece la exclusividad del Estado federal en el manejo de sus recursos petroleros, y llevaría además a lo que ha sido un proyecto de la ultraderecha estadunidense para todos los estados nacionales fuertes: su fragmentación o “balcanización”. Conduciría no sólo a dividir a Pemex para destruirlo, sino a fragmentar al Estado mexicano, haciendo realidad la tesis del “nuevo federalismo”, lanzada hace un cuarto de siglo por Ronald Reagan.
10. La propuesta alterna en materia energética entraña, por lo tanto, el desafío de lograr rencauzar el manejo de la industria petrolera en el marco constitucional: única vía para edificar un Pemex fuerte y al servicio de la nación.
Las horas decisivas para la defensa del petróleo han llegado, pues a pesar de los resultados de la Consulta Popular, la alianza PAN-PRI parece decidida a ir adelante en su tentativa de fraude a la Constitución para entregar la industria.
1. La iniciativa del PRI o ley Beltrones, que el PAN y el PRI han acordado sea la base de la contrarreforma en materia petrolera, es anticonstitucional desde los dos aspectos fundamentales que supone toda ley. Lo es porque tiene como objetivo fundamental privatizar la industria petrolera mexicana entregándosela al capital trasnacional, pero también porque la vía que prevé para alcanzar estos objetivos consigna mecanismos violatorios de la Constitución que transgreden el principio de legalidad y comprometen en múltiples aspectos la integridad soberana de la nación.
2. El escenario es cada vez más crítico, pues mientras Juan Camilo Mouriño y Felipe Calderón se pavonean por el país confiados en que el PRI les hará la tarea sucia de imponerle a México la privatización de la industria petrolera que le tienen ofrecida a diversos consorcios trasnacionales –y que les dejaría a ellos enormes beneficios–, los legisladores del tricolor se hallan enmarañados en un gravísimo problema, pues están a punto de cometer un atentado en contra de la nación, ya que a fin de despojarla de un recurso estratégico están avalando en la legislación secundaria mecanismos que se sustentan en facultades anticonstitucionales que le están dando al Ejecutivo y que transgreden el principio de legalidad.
3. La propuesta alterna en materia energética que presentarán a las Cámaras el Frente Amplio Progresista, el Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo y el Gobierno Legítimo de Andrés Manuel López Obrador, anunciada el viernes 30, se torna, por consiguiente, fundamental para que el país pueda en esta cuestión prioritaria reorientarse por la vía de la legalidad constitucional, lo que es clave para que México pueda hacer frente a la gravísima situación económica que vive en este verano de 2008 y que se agrava por la crítica situación derivada de la intentona privatizadora del petróleo.
4. El objetivo de las iniciativas de Calderón y de Beltrones en materia petrolera es el mismo, pues no buscan fortalecer a Pemex, sino burlar los principios establecidos en los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución que decreta el dominio exclusivo de la nación sobre los hidrocarburos, al crear mecanismos en leyes secundarias que les permitan ir entregando a retazos la industria, como se ha señalado con claridad, pero lo que no se ha subrayado de manera suficiente son los riesgos que entrañan a su vez los mecanismos de camuflaje diseñados en ambas propuestas.
5. Los medios que las iniciativas presentadas por Beltrones prevén para lograr su objetivo son violatorios de la Constitución en diversos aspectos que no logran ocultar. La propuesta priísta supone que el Ejecutivo puede crear empresas filiales de Pemex a nivel federal o local para realizar los servicios de refinación, transporte, almacenamiento y distribución de los hidrocarburos, y por lo mismo viola la Constitución al menos en dos aspectos centrales, pues, por un lado, a) el Ejecutivo federal no tiene atribuciones para crear por acuerdo organismos descentralizados, aún y cuando se busque presentar a éstos como “filiales de Pemex”, ni mucho menos las tiene la propia paraestatal y, por otra parte, b) esta iniciativa olvida que la industria petrolera es federal y no puede entregarse ninguna de sus fases a los gobiernos de los estados.
6. El titular del Ejecutivo no tiene atribuciones para crear de manera discrecional organismos públicos ni empresas del Estado, pues esto es competencia del Congreso que tiene que hacerlo mediante una ley. La “discrecionalidad” supone la prexistencia de facultades constitucionales, pero en México se ha entendido ésta de manera equivocada como una facultad metaconstitucional, es decir, como un acto atrabiliario e ilegal del Ejecutivo, y eso es precisamente lo que caracteriza las iniciativas tanto del PAN como de Beltrones: que ambas son presidencialistas y establecen en la legislación secundaria procesos para desmantelar a Pemex, sustentados en decisiones presidenciales contrarias a la Constitución.
7. Este principio se ha violado en el pasado reciente al crear de facto el Ejecutivo entidades públicas al margen del Congreso, desde el caso escandaloso del Centro Nacional para la Cultura y las Artes en 1990, que durante cuatro sexenios ha funcionado al margen de la legalidad del país, pero ello no puede sentar un precedente para que se le den al Ejecutivo en leyes secundarias atribuciones que en la Constitución son privativas del Congreso.
8. No debe olvidarse que la ideología neoliberal, que preconiza el desmantelamiento de los estados nacionales, tiene como base el principio de la desregulación, es decir, de la supresión de los marcos jurídicos nacionales de aquellos principios que constituyen un obstáculo para los intereses trasnacionales. Salvador Vega, secretario de la Función Pública, lo decía de manera descarada hace dos días señalando que los cambios al régimen de Pemex no buscaban fortalecer la empresa, sino darle “facilidad de gestión”, pues el actual marco constitucional constituye “un cincho para contratar” con la iniciativa privada (La Jornada del jueves 31). La clave de la contrarreforma es por consiguiente ésa: la Constitución es un cincho, es decir, un freno para que Pemex pueda ceder sus funciones en materia petrolera a las empresas privadas, y lo que se busca es burlarla.
9. La segunda cuestión no es menos grave porque la conformación de paraestatales locales en los estados petroleros, demandada en la ponencia del gobernador veracruzano Fidel Herrera en los Foros del Senado y prevista en la ley Beltrones, violentaría por otro lado el principio del federalismo, pues la Constitución mexicana establece la exclusividad del Estado federal en el manejo de sus recursos petroleros, y llevaría además a lo que ha sido un proyecto de la ultraderecha estadunidense para todos los estados nacionales fuertes: su fragmentación o “balcanización”. Conduciría no sólo a dividir a Pemex para destruirlo, sino a fragmentar al Estado mexicano, haciendo realidad la tesis del “nuevo federalismo”, lanzada hace un cuarto de siglo por Ronald Reagan.
10. La propuesta alterna en materia energética entraña, por lo tanto, el desafío de lograr rencauzar el manejo de la industria petrolera en el marco constitucional: única vía para edificar un Pemex fuerte y al servicio de la nación.
Opinión de Jorge Eduardo Navarrete en La Jornada
La iniciativa Beltrones
Es una lástima que las propuestas de reforma petrolera presentadas el 23 de julio por un grupo de legisladores del PRI, de inmediato etiquetadas como iniciativa Beltrones (IB), hayan seguido en forma tan literal el modelo de su antecesora, la iniciativa Calderón (IC). Quien tenga la paciencia para leer al menos las dos más importantes –la de reformas a la Reglamentaria del 27 Constitucional y la de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos– encontrará que el número de artículos idénticos en ambas iniciativas es superior al de los que presentan diferencias de fondo. Si, a fin de cuentas, éstas fueran las únicas a ser discutidas en el Congreso, el debate no contrastará dos concepciones diferentes del futuro de la industria petrolera mexicana, sino dos versiones apenas distinguibles del mismo modelo. Como se sabe, éste privilegia la extracción del recurso para incrementar el sesgo exportador; se orienta a contribuir a la seguridad energética de América del Norte, más que a garantizar la nacional; regatea los recursos para el procesamiento interno de los hidrocarburos como base de cadenas productivas que vayan más allá de la mera producción de combustibles, y acentúa la dependencia técnica, gerencial y administrativa del organismo respecto de una creciente gama de vendedores o arrendatarios de equipos e instalaciones, contratistas, prestadores de servicios, consejeros técnicos, permisionarios y concesionarios privados, muchos de ellos extranjeros. El debate será, entonces, entre los detalles que distinguen a una de otra: nimios los más, algunos importantes. El Pemex que surgirá de cualquiera de estas iniciativas o de una combinación de ellas no será, en modo alguno, la “palanca del desarrollo nacional” que ambas prometen.
Habiendo escuchado los debates en el Senado, los redactores de la IB corrigieron algunas de las aberraciones más patentes de la IC. Eliminaron, por ejemplo, el egregio despropósito de los consejeros profesionales de tiempo parcial y la patente de corso que se les otorgaba al exceptuarlos de la Ley de Responsabilidades. Acotaron la facultad que se atribuía el Ejecutivo para nombrar a su albedrío a los miembros del consejo de administración, sujetándola a la ratificación del Senado, previa comparecencia de los designados. Incluyeron referencias simbólicas a la diversificación, la eficiencia y la seguridad energéticas, y promesas –en México es frecuente que las disposiciones legales no sean sino declaraciones de intención– de fomento al desarrollo tecnológico y de formulación de un programa de modernización del sector energético en su conjunto. Pero no más que esto.
Preservaron, por increíble que parezca, el seguro a la impunidad de los miembros del consejo y del director general (Ley Orgánica: artículo 37 de la IC y 42 de la IB). Mantuvieron también, con una sola excepción, las instancias en que los contratos de obras y prestación de servicios para realizar actividades sustantivas de la industria petrolera pueden asignarse por invitación restringida o adjudicación directa, entre los que siguen contándose los relativos al desarrollo de innovaciones tecnológicas y a servicios de consultoría, estudios, asesoría, investigaciones y capacitación. La exclusión planteada en la IB afectó los servicios de evaluación de riesgos, coberturas y servicios financieros, los que tendrán que licitarse (Ley Orgánica, artículo 45 de la IC y 55 de la IB).
Considero que, con la IB, persiste el riesgo, señalado en el antepenúltimo de los foros del Senado, de transferir a particulares porciones no determinadas de la renta petrolera derivada de las operaciones de extracción de petróleo y gas que se contraten con ellos. La IB no excluye la realización de contratos de obras y prestación de servicios en las actividades de exploración y desarrollo de campos (artículo 6 de la Reglamentaria). Aún más, omite las referencias a la necesidad de mantener el control sobre esas actividades y la propiedad sobre los hidrocarburos, incluidas en la disposición correspondiente de la IC. Por otra parte, sigue existiendo la posibilidad de que, aunque formalmente no correspondan a esa categoría, en su ejecución algunos contratos se conviertan en contratos de riesgo, pues se autoriza, como parte de la remuneración, incluir compensaciones determinadas por la maximización de “la eficacia o el éxito de la obra y servicios” (inciso V, artículo 60 de la Ley Orgánica).
A mi juicio, la característica más lesiva de la IB se halla en que abre la puerta a la balcanización de Pemex, por medio de su fragmentación en un número indeterminado de subsidiarias de diverso tipo. De acuerdo con el artículo 4 de la Reglamentaria y los 2 y 3 de la Orgánica, contenidos en la IB, Pemex tendría, además de sus organismos subsidiarios, “organismos descentralizados con carácter estratégico filiales”, cuyo número no se establece ni limita. Me parece difícil convenir en que los fines del organismo puedan alcanzarse mejor a través de su pulverización en incontables “mini Pemex”. Cada uno de éstos tendría autonomía de gestión, pero sin duda escasa dimensión económica e institucional y capacidad de negociación frente a las corporaciones privadas con las que contrarían obras y servicios. Es razonable prever, por tanto, que serían marginados o desplazados de los nuevos espacios y localizaciones de la industria petrolera en que actuarían. Además, podrían ser desincorporados por decisión del consejo de administración (inciso IX del artículo 19 de la Ley Orgánica).
En suma, al igual que la IC, vista en su conjunto y examinada en sus detalles, la IB dista de ofrecer seguridades de que el núcleo de la industria petrolera, constituido por las funciones básicas de Pemex, no se transferiría, más temprano que tarde, a manos privadas, en violación del pacto constitucional vigente.
Es una lástima que las propuestas de reforma petrolera presentadas el 23 de julio por un grupo de legisladores del PRI, de inmediato etiquetadas como iniciativa Beltrones (IB), hayan seguido en forma tan literal el modelo de su antecesora, la iniciativa Calderón (IC). Quien tenga la paciencia para leer al menos las dos más importantes –la de reformas a la Reglamentaria del 27 Constitucional y la de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos– encontrará que el número de artículos idénticos en ambas iniciativas es superior al de los que presentan diferencias de fondo. Si, a fin de cuentas, éstas fueran las únicas a ser discutidas en el Congreso, el debate no contrastará dos concepciones diferentes del futuro de la industria petrolera mexicana, sino dos versiones apenas distinguibles del mismo modelo. Como se sabe, éste privilegia la extracción del recurso para incrementar el sesgo exportador; se orienta a contribuir a la seguridad energética de América del Norte, más que a garantizar la nacional; regatea los recursos para el procesamiento interno de los hidrocarburos como base de cadenas productivas que vayan más allá de la mera producción de combustibles, y acentúa la dependencia técnica, gerencial y administrativa del organismo respecto de una creciente gama de vendedores o arrendatarios de equipos e instalaciones, contratistas, prestadores de servicios, consejeros técnicos, permisionarios y concesionarios privados, muchos de ellos extranjeros. El debate será, entonces, entre los detalles que distinguen a una de otra: nimios los más, algunos importantes. El Pemex que surgirá de cualquiera de estas iniciativas o de una combinación de ellas no será, en modo alguno, la “palanca del desarrollo nacional” que ambas prometen.
Habiendo escuchado los debates en el Senado, los redactores de la IB corrigieron algunas de las aberraciones más patentes de la IC. Eliminaron, por ejemplo, el egregio despropósito de los consejeros profesionales de tiempo parcial y la patente de corso que se les otorgaba al exceptuarlos de la Ley de Responsabilidades. Acotaron la facultad que se atribuía el Ejecutivo para nombrar a su albedrío a los miembros del consejo de administración, sujetándola a la ratificación del Senado, previa comparecencia de los designados. Incluyeron referencias simbólicas a la diversificación, la eficiencia y la seguridad energéticas, y promesas –en México es frecuente que las disposiciones legales no sean sino declaraciones de intención– de fomento al desarrollo tecnológico y de formulación de un programa de modernización del sector energético en su conjunto. Pero no más que esto.
Preservaron, por increíble que parezca, el seguro a la impunidad de los miembros del consejo y del director general (Ley Orgánica: artículo 37 de la IC y 42 de la IB). Mantuvieron también, con una sola excepción, las instancias en que los contratos de obras y prestación de servicios para realizar actividades sustantivas de la industria petrolera pueden asignarse por invitación restringida o adjudicación directa, entre los que siguen contándose los relativos al desarrollo de innovaciones tecnológicas y a servicios de consultoría, estudios, asesoría, investigaciones y capacitación. La exclusión planteada en la IB afectó los servicios de evaluación de riesgos, coberturas y servicios financieros, los que tendrán que licitarse (Ley Orgánica, artículo 45 de la IC y 55 de la IB).
Considero que, con la IB, persiste el riesgo, señalado en el antepenúltimo de los foros del Senado, de transferir a particulares porciones no determinadas de la renta petrolera derivada de las operaciones de extracción de petróleo y gas que se contraten con ellos. La IB no excluye la realización de contratos de obras y prestación de servicios en las actividades de exploración y desarrollo de campos (artículo 6 de la Reglamentaria). Aún más, omite las referencias a la necesidad de mantener el control sobre esas actividades y la propiedad sobre los hidrocarburos, incluidas en la disposición correspondiente de la IC. Por otra parte, sigue existiendo la posibilidad de que, aunque formalmente no correspondan a esa categoría, en su ejecución algunos contratos se conviertan en contratos de riesgo, pues se autoriza, como parte de la remuneración, incluir compensaciones determinadas por la maximización de “la eficacia o el éxito de la obra y servicios” (inciso V, artículo 60 de la Ley Orgánica).
A mi juicio, la característica más lesiva de la IB se halla en que abre la puerta a la balcanización de Pemex, por medio de su fragmentación en un número indeterminado de subsidiarias de diverso tipo. De acuerdo con el artículo 4 de la Reglamentaria y los 2 y 3 de la Orgánica, contenidos en la IB, Pemex tendría, además de sus organismos subsidiarios, “organismos descentralizados con carácter estratégico filiales”, cuyo número no se establece ni limita. Me parece difícil convenir en que los fines del organismo puedan alcanzarse mejor a través de su pulverización en incontables “mini Pemex”. Cada uno de éstos tendría autonomía de gestión, pero sin duda escasa dimensión económica e institucional y capacidad de negociación frente a las corporaciones privadas con las que contrarían obras y servicios. Es razonable prever, por tanto, que serían marginados o desplazados de los nuevos espacios y localizaciones de la industria petrolera en que actuarían. Además, podrían ser desincorporados por decisión del consejo de administración (inciso IX del artículo 19 de la Ley Orgánica).
En suma, al igual que la IC, vista en su conjunto y examinada en sus detalles, la IB dista de ofrecer seguridades de que el núcleo de la industria petrolera, constituido por las funciones básicas de Pemex, no se transferiría, más temprano que tarde, a manos privadas, en violación del pacto constitucional vigente.
Eeditorial de hoy de La Jornada:
España: desembarco económico
En vísperas de que la vicepresidenta de España, María Teresa Fernández de la Vega, viaje a nuestro país, en el contexto de la Conferencia Internacional de Sida, fuentes del gobierno de ese país han revelado el beneplácito del Palacio de la Moncloa hacia el conjunto de iniciativas en materia petrolera presentadas el pasado 8 de abril por el Ejectutivo federal, principalmente porque éstas se encuentran orientadas a “un incremento en la producción nacional de crudo”. Estas afirmaciones se producen a sólo unos días de que la secretaria de Estado para Iberoamérica, Trinidad Jiménez, declarara que el gobierno que encabeza José Luis Rodríguez Zapatero siempre defenderá “los derechos económicos de las empresas españolas”.
El aval de Madrid a las propuestas calderonistas en materia petrolera obedece al interés por que las empresas españolas participen de los nuevos terrenos de inversión y las grandes oportunidades de negocio para particulares que las iniciativas del Ejecutivo pretenden abrir en sectores de la industria nacional de los hidrocarburos, como la refinación, el transporte y el almacenamiento. Al parecer, al gobierno español pasa por alto que tales propuestas contravienen el espíritu constitucional y representan un intento por acabar con la mayor riqueza pública del país.
En un sentido más general, la posición favorable del gobierno español en torno a la posible privatización parcial de Petróleos Mexicanos (Pemex) se inscribe en el proceso de un creciente posicionamiento de compañías españolas en naciones latinoamericanas. Las empresas ibéricas han encontrado en el inicio del ciclo neoliberal en México, y en otros países de la región, una oportunidad inmejorable de negocios para sus compañías, vía el aprovechamiento de las políticas de corte neoliberal, emprendidas durante las dos décadas pasadas, particularmente del llamado “adelgazamiento del Estado” que se tradujo en una andanada privatizadora de las empresas estatales en áreas como las comunicaciones, el sector energético y los servicios financieros. Así, durante la década de los 90, España se convirtió en una de las mayores fuentes de inversión extranjera en la región –ésta pasó de 780 millones de dólares en 1990 a 100 mil millones de euros en 2001–, y las compañías ibéricas avanzaron sustancialmente en la conquista de los mercados latinoamericanos.
Hasta donde puede verse, este proceso, potenciado durante los ocho años de gobierno de José María Aznar –quien no escatimó en demandar a los gobiernos de la región más privatizaciones y mayor liberalización de la economía– ha encontrado continuidad después de la alternancia en el poder en 2004. Significativamente, en su programa electoral para las elecciones generales de 2008, el Partido Socialista Obrero Español ofrecía seguir “trabajando para garantizar un marco jurídico seguro y estable para las inversiones en América latina y para que éstas tengan una incidencia positiva en el desarrollo donde están implantadas”.
Sin embargo, en algunos casos la presencia de las empresas españolas en América Latina ha traído más beneficios para éstas que para los habitantes de la región. Dos casos destacados son el de BBVA, que obtiene cuantiosas ganancias en nuestro país por el cobro de altas comisiones a los usuarios de los servicios financieros –que llegan a representar el triple de lo que se cobra a un cliente en la matriz española–, y la petrolera Repsol, que se ha valido de la explotación de los recursos naturales de otras naciones para consolidarse como uno de los gigantes de la industria energética mundial.
Por lo demás, el beneplácito expresado por la Moncloa ante las iniciativas calderonistas da sustento a los señalamientos en el sentido de que la urgencia del jefe del Ejecutivo federal por que su iniciativa sea aprobada no obedece a las necesidades nacionales, sino a las presiones de actores políticos foráneos y de corporaciones extranjeras que, como la referida Repsol, resultarían las verdaderas beneficiadas con la apertura que plantea la propuesta entregada al Senado hace casi cuatro meses. En suma, resulta cada vez más evidente que la cúpula político-empresarial que detenta el poder en México se conduce en función de los intereses corporativos de sus aliados extranjeros, y no de las necesidades de la nación.
En vísperas de que la vicepresidenta de España, María Teresa Fernández de la Vega, viaje a nuestro país, en el contexto de la Conferencia Internacional de Sida, fuentes del gobierno de ese país han revelado el beneplácito del Palacio de la Moncloa hacia el conjunto de iniciativas en materia petrolera presentadas el pasado 8 de abril por el Ejectutivo federal, principalmente porque éstas se encuentran orientadas a “un incremento en la producción nacional de crudo”. Estas afirmaciones se producen a sólo unos días de que la secretaria de Estado para Iberoamérica, Trinidad Jiménez, declarara que el gobierno que encabeza José Luis Rodríguez Zapatero siempre defenderá “los derechos económicos de las empresas españolas”.
El aval de Madrid a las propuestas calderonistas en materia petrolera obedece al interés por que las empresas españolas participen de los nuevos terrenos de inversión y las grandes oportunidades de negocio para particulares que las iniciativas del Ejecutivo pretenden abrir en sectores de la industria nacional de los hidrocarburos, como la refinación, el transporte y el almacenamiento. Al parecer, al gobierno español pasa por alto que tales propuestas contravienen el espíritu constitucional y representan un intento por acabar con la mayor riqueza pública del país.
En un sentido más general, la posición favorable del gobierno español en torno a la posible privatización parcial de Petróleos Mexicanos (Pemex) se inscribe en el proceso de un creciente posicionamiento de compañías españolas en naciones latinoamericanas. Las empresas ibéricas han encontrado en el inicio del ciclo neoliberal en México, y en otros países de la región, una oportunidad inmejorable de negocios para sus compañías, vía el aprovechamiento de las políticas de corte neoliberal, emprendidas durante las dos décadas pasadas, particularmente del llamado “adelgazamiento del Estado” que se tradujo en una andanada privatizadora de las empresas estatales en áreas como las comunicaciones, el sector energético y los servicios financieros. Así, durante la década de los 90, España se convirtió en una de las mayores fuentes de inversión extranjera en la región –ésta pasó de 780 millones de dólares en 1990 a 100 mil millones de euros en 2001–, y las compañías ibéricas avanzaron sustancialmente en la conquista de los mercados latinoamericanos.
Hasta donde puede verse, este proceso, potenciado durante los ocho años de gobierno de José María Aznar –quien no escatimó en demandar a los gobiernos de la región más privatizaciones y mayor liberalización de la economía– ha encontrado continuidad después de la alternancia en el poder en 2004. Significativamente, en su programa electoral para las elecciones generales de 2008, el Partido Socialista Obrero Español ofrecía seguir “trabajando para garantizar un marco jurídico seguro y estable para las inversiones en América latina y para que éstas tengan una incidencia positiva en el desarrollo donde están implantadas”.
Sin embargo, en algunos casos la presencia de las empresas españolas en América Latina ha traído más beneficios para éstas que para los habitantes de la región. Dos casos destacados son el de BBVA, que obtiene cuantiosas ganancias en nuestro país por el cobro de altas comisiones a los usuarios de los servicios financieros –que llegan a representar el triple de lo que se cobra a un cliente en la matriz española–, y la petrolera Repsol, que se ha valido de la explotación de los recursos naturales de otras naciones para consolidarse como uno de los gigantes de la industria energética mundial.
Por lo demás, el beneplácito expresado por la Moncloa ante las iniciativas calderonistas da sustento a los señalamientos en el sentido de que la urgencia del jefe del Ejecutivo federal por que su iniciativa sea aprobada no obedece a las necesidades nacionales, sino a las presiones de actores políticos foráneos y de corporaciones extranjeras que, como la referida Repsol, resultarían las verdaderas beneficiadas con la apertura que plantea la propuesta entregada al Senado hace casi cuatro meses. En suma, resulta cada vez más evidente que la cúpula político-empresarial que detenta el poder en México se conduce en función de los intereses corporativos de sus aliados extranjeros, y no de las necesidades de la nación.
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