Carlos Fernández-Vega
La Jornada, 12 de agosto 2008
■ Peligrosa aventura, asistir a los centros de abasto
■ El país, deficitario en alimentos
Aterrorizados por lo que pueda sucederles en su intento por llenar la bolsa del mandado, millones de consumidores asisten a los centros de abasto para enfrentar, en la medida de lo posible, la desatada escalada de precios que sacude el país, en medio del bombardeo propagandístico de la maquinaria oficial que ofrece bienestar a manos llenas.
Ir a los centros de abasto se ha convertido en una peligrosa aventura para el grueso de la población. Intentar cumplir con la delicada tarea de alimentar a la familia es una prueba cotidiana que cada día menos mexicanos superan, ante el embate de la carestía y el incremento sostenido del faquirismo.
Por lo mismo, no sin temor por el elevado costo que implica la acción, millones de mexicanos han decidido salir a las calles en busca del paraíso prometido en 2006 por un candidato chaparrito, pelón y de lentes, y en pos de de lo que la propaganda oficial llama “un México para vivir mejor”.
En efecto, les prometieron empleo, y en el México real la tasa de desocupación no cede; les prometieron reducción de tarifas eléctricas y disminución en los precios de las gasolinas y el diesel, pero donde ellos viven estos combustibles cada día son más caros (es tal el descaro, que ni siquiera tiene la cortesía de anunciar los aumentos); les aseguraron que el subsidio a los combustibles no se eliminaría, y resulta que cotidianamente lo recortan; les ofrecieron un “México seguro”, y el crimen organizado despacha como en su casa; les vendieron la idea de “un país sin impunidad y libre de corrupción”, y el nene Mouriño aún despacha en Bucareli, y, en fin, les garantizaron “un México para vivir mejor”, y el saldo resulta espeluznante.
Cómo estará la cosa, que hasta el que no hace mucho presumía tremendas “golizas” al crimen organizado hoy “coincide” con la ciudadanía en su exigencia para que alguien ponga orden en el holgado desmadre que prevalece en el país. Cómo estará, que hasta Felipe Calderón tiene la cara dura de sumarse a esas voces, al “justo reclamo de miles y miles de ciudadanos, un justo reclamo de ciudadanos indignados de la delincuencia e impunidad han dicho basta. Yo coincido con esa voz ciudadana que nos exige a todas las autoridades que nos coordinemos para dar resultados, generar justicia y seguridad elemental a los mexicanos”.
Y en medio del “justo reclamo”, la creciente inflación que carcome el de por sí enclenque ingreso de millones de mexicanos que de plano ya no ven por dónde, mientras la Secretaría de Hacienda les presume que “el proceso de apertura de la economía se ha traducido en una reducción considerable de la pobreza en todas sus acepciones y en una mejora en la distribución del ingreso”.
Es tal la torcida dinámica del país, que de una crisis salta a otra sin mayor consideración ni margen de reposo: de la relativa al empleo, se brincó a la de falta de crecimiento; de allí a la de la inseguridad, para velozmente pasar a la de los de los altos precios de los alimentos, de la inflación en general, etcétera, etcétera, sin medianamente resolver alguna de las etapas. Es tan rápido todo, que el país ya regresó a la crisis de la inseguridad y el avance del crimen organizado, y retorna por una razón elemental: porque nunca se resolvió; se tapó con discursos y “golizas” marca Onan, de tal suerte que se pasa a la siguiente crisis sin enmendar la previa y en espera de la siguiente. Así, hasta que la bomba social reviente.
En vía de mientras, el monitoreo permanente de la FAO sobre el alza de los precios de los alimentos indica que no obstante el crecimiento de la oferta de productos, el alza se mantiene, con el consecuente deterioro de los estratos sociales más débiles. Para el caso mexicano, explica que los sectores socioeconómicos más bajos destinan 46 por ciento de su ingreso a la compra de alimentos, mientras los más ricos sólo 18.6 por ciento, lo que representa el mayor rango de diferencia ente uno y otro extremo en toda América Latina. De hecho, el costo de vida para los mexicanos más depauperados es tres veces mayor al del extremo contrario, el indicador más elevado en toda la región.
Para redondear el panorama, señala el organismo de Naciones Unidas, México forma parte de las naciones latinoamericanas con saldo deficitario en la balanza de alimentos, “privilegio” que comparte con naciones como El Salvador, Venezuela, Jamaica, Barbados, Santa Lucía y Granada. Tal saldo supera uno por ciento del producto interno bruto.
El organismo indica que en América Latina y el Caribe los elevados precios de los alimentos se han reflejado de forma más clara a través del incremento de la inflación regional, la cual cerró 2007 en 6.3 por ciento, poco más de un punto porcentual mayor respecto al año previo. Este hecho junto con otros factores han afectado las proyecciones de crecimiento económico, las cuales se han ajustado a la baja en parte por el efecto derivado de los incrementos en las tasas de interés que algunos bancos centrales han aplicado para controlar dicha inflación.
El balance comercial neto de alimentos muestra que principalmente los países de el Caribe, junto con México y Venezuela, son deficitarios en alimentos, a diferencia de lo que sucede con la gran mayoría de países de Sudamérica, cuyo saldo no sólo es positivo, sino que en los casos de Uruguay, Argentina y Paraguay se ubica en alrededor de 10 por ciento del PIB.
Respecto al análisis de los precios de los alimentos, es indudable que la región no ha quedado aislada de los movimientos abruptos en los precios internacionales, particularmente en lo que va de 2008. Considerando 16 economías de la zona, el promedio de inflación acumulada en enero-mayo de 2008 general y de alimentos se ubica en 5 y 7.2 por ciento, respectivamente, en tanto que en los últimos 12 meses la variación de cada uno de los índices fue de 11.1 y de 17.5 por ciento, en cada caso.
Las rebanadas del pastel
Por lo visto, el inquilino de Los Pinos no tarda en salir a la calle en busca del candidato chaparrito, pelón y de lentes para que le cumpla, y “sumarse” (como si él no tuviera nada que ver) al “justo reclamo” de millones de mexicanos que exigen empleo, precios accesibles, salarios con poder de compra real, seguridad social, crecimiento económico sostenido, desarrollo, productos y servicios de calidad, educación ídem, fin de la impunidad, gobiernos que gobiernen, autoridades que protejan el interés ciudadano y demás urgencias de una población que sólo obtiene una respuesta: discursos.
martes, 12 de agosto de 2008
Boletín # 55
LA PROPUESTA BELTRONES NO PASÓ LA PRUEBA DEL ANÁLISIS
Ha trascendido que un grupo de legisladores priístas está convencido de que la propuesta de Beltrones no es más que un modo diferente de lograr lo mismo: abrirle las puertas al capital privado.
Se sabe también que la propuesta pretende ser un modo de evitar la división en el PRI, que en su afán de dejar contentos a todos lo único que ha provocado es la insatisfacción general.
En el tono tranquilo que le caracteriza, el exdirector de PEMEX, Francisco Rojas, formula severos cuestionamientos a la iniciativa Beltrones en un texto publicado por "El Universal" que en seguida adjuntamos.
La opinión del Ing. Cuauhtémoc Cárdenas es de las más autorizadas en el tema petrolero, por eso consideramos de gran relevancia el texto publicado en el diario "La Jornada" en donde fija su postura respecto a varios aspectos torales de la iniciativa Beltrones.
A continuación los dos textos en cuestión.
Zacatecas, Zac. 12 de agosto de 2008
Consejo Zacatecano para la Defensa del Petróleo
Francisco Rojas
BALANCE
12 de agosto de 2008
La reciente iniciativa del PRI frenó intentos privatizadores manteniendo el contenido y alcance de la industria petrolera integral, impidiendo que particulares refinaran, transportaran y almacenaran, creando organismos descentralizados estratégicos, dándole mayor autonomía a Pemex, ratificando por el Senado a los consejeros profesionales como servidores públicos, etcétera.
Pese a los importantes avances, la iniciativa debería complementarse: eliminar el régimen de excepción en obras públicas y adquisiciones; revisar articulados que posibilitan contratos de riesgo; ampliar la transparencia y máxima publicidad de las acciones de Pemex; sustituir el sistema de precios de transferencia; acotar discrecionalidad en los excedentes; dar integridad, lógica y bases legales al sistema de control y vigilancia. Además, debe quedar claro que hay soluciones a mitos sobre Pemex: tiene recursos. A mediados de junio informó a la Securities and Exchange Commission (SEC) que había destinado de sus disponibilidades 26 mil millones de dólares para la recompra de Pidiregas, en posible adición al superávit primario por 162 mil millones de pesos, que tiene congelado.
Urge revitalizar al Instituto Mexicano del Petróleo y asociarse con otros institutos de enseñanza superior para cerrar la brecha tecnológica; mientras, se pueden contratar asesorías y empresas dedicadas a generar proyectos. Conforme cifras oficiales, 70% de los recursos potenciales y reservas están en el litoral, aguas someras y tierra, principalmente en el sureste, por lo que no es prudente concentrar esfuerzos en el corto plazo en aguas ultraprofundas. Asimismo, se informó a la SEC que existen 4 mil 700 millones de barriles de petróleo de reservas probadas aún no desarrolladas, 50% más de la cifra oficial, además de las probables y posibles, y lo que se incremente con recuperación mejorada.
La moratoria con el gobierno de EU se refiere sólo al Hoyo de Dona; están pendientes acuerdos respecto al polígono oriental que colinda con Cuba; el área de Cinturón de Plegado Perdido; los límites marítimos con Cuba; y los terrestres con Belice y Guatemala. México deberá solicitar urgentemente la negociación de un protocolo sobre el tratado de límites marítimos de 1978, ratificado en junio de 2000. Además, suscribir el memorando de entendimiento que la reguladora Minerals and Management Service, de EU, ha promovido con Pemex sobre información técnica y de intercambio de datos de los posibles yacimientos compartidos, cuya existencia no ha sido comprobada.
Los diplomáticos deben proponer alternativas para extender dicha moratoria o encontrar la forma de explotar conjuntamente dichos yacimientos, en caso de existir, mediante convenios apropiados que no abran posibilidades de extender el trato especial a otros situados plenamente en el lado mexicano.
Para aumentar de inmediato la capacidad de refinación se puede recurrir a proyectos llave en mano y acelerar las reconfiguraciones, habilitar parte de trenes petroquímicos y mejorar la calidad del crudo que se le entrega a Refinación. Podemos lograr una reforma energética integral con visión de futuro, seguridad energética y el disfrute de la renta petrolera para los mexicanos.
Analista político
Cuauhtémoc Cárdenas
PETRÓLEO: LA PROPUESTA PROGRESISTA
Me parece importante, de acuerdo al estado que guarda el debate y las propuestas que se han hecho sobre una nueva política petrolera, dar cuenta a la opinión pública del trabajo realizado respecto a estas últimas por varios legisladores (senadores Pablo Gómez, Graco Ramírez y Arturo Núñez y diputados Juan Guerra y David Mendoza), sus asesores en la materia (Fluvio Ruiz Alarcón, Sandino Luna, Mariana Alba, Alejandro Morales, Aidée García Rodríguez y Ricardo Álvarez) y la Fundación para la Democracia (Sergio Benito Osorio y yo).
Hemos partido de la convicción compartida que el lado progresista no puede ni debe permanecer pasivo y sólo rechazar o aprobar, al llegar el debate parlamentario, las propuestas surgidas con otras visiones políticas, sino que desde este lado existe responsabilidad para que también haya iniciativas. La importancia y trascendencia del tema sin duda lo reclaman.
Con atención se ha dado seguimiento al debate público que tiene lugar desde que se dio a conocer el Diagnóstico de la Secretaría de Energía sobre Petróleos Mexicanos, la remisión, el 8 de abril, de las seis iniciativas del Ejecutivo al Congreso y los foros celebrados en el Senado y la UNAM, ambos proporcionando una rica y profusa información, elementos todos que han servido para conocer posiciones sobre el tema, ampliar el conocimiento, normar criterios y establecer con más claridad nuestras prioridades.
La primera y principal es que no debe pasar ninguna iniciativa que represente una violación constitucional o legal, caso en el que caen varias de las iniciativas del Ejecutivo que de aprobarse permitirían, la de reformas a la Ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo en sus partes sustanciales, referentes a la refinación, transporte, almacenamiento y distribución de hidrocarburos, la participación de inversiones privadas en actividades estratégicas de la industria petrolera en las que es expresa la Constitución al prohibir el otorgamiento de contratos y concesiones; la de reforma a la Ley federal de derechos (artículo 257 quáter), la inversión privada en la exploración y explotación en aguas profundas, la que da por hecho como legal; la de nueva Ley orgánica de Petróleos Mexicanos, la celebración de contratos sujetos al buen desempeño y generación de resultados, previstos en su artículo 46, equivalentes a los contratos de riesgo, expresamente prohibidos por la ley, y la emisión de bonos ciudadanos (artículo 41), que otorgarían a sus tenedores una contraprestación vinculada al desempeño de Pemex, lo que los haría igualmente instrumentos de riesgo, contraviniendo con ello las disposiciones legales.
Casos similares presentan las iniciativas del Partido Revolucionario Institucional, enviadas a finales de julio al Congreso. Así, en su iniciativa de nueva Ley orgánica de Petróleos Mexicanos, propone la validación de los contratos de riesgo, al decir en su artículo 60, fracción IV, que “las remuneraciones de los contratos de obra y prestación de servicios podrán condicionarse al mayor o menor éxito del proyecto”, vinculando esta disposición con su exposición de motivos, en la que justifica esta propuesta al expresar que “Ésta es una de las principales aportaciones de la iniciativa, al contemplar que Pemex podrá, en función del proyecto, condicionar el pago a que el proyecto tenga éxito”, y refuerza su posición al agregar que tratándose “de proyectos exploratorios en aguas profundas que son altamente onerosos, esto es esencial para que el Estado no absorba la totalidad de la pérdida de las inversiones”, aunque no dice que el Estado, en caso de éxito, estaría forzado a compartir los beneficios de esos proyectos. Planteamiento semejante al del Ejecutivo hace el PRI en materia de los bonos ciudadanos.
En su iniciativa de reformas a la Ley reglamentaria del 27 constitucional, en el artículo 6°, párrafo 2°, el PRI propone que Petróleos Mexicanos podrá, tratán- dose de servicios de refinación de petróleo, transporte, almacenamiento y distribución de hidrocarburos y sus derivados, celebrar contratos de arrendamiento financiero de equipos e instalaciones, estipulando que el organismo tendrá el control sobre las instalaciones y equipos contratados y asumirá la operación de los mismos. El arrendamiento financiero puede ser una figura usual y válida para actividades como la renta de un edificio, vehículos o bienes que presten servicios similares, pero no para refinerías, redes de ductos, sistemas de tanques de almacenamiento de petrolíferos, que no son instalaciones que se encuentren corrientemente disponibles en el mercado o que se construyan sin tener garantizada su utilización y correspondiente amortización, sino que tendrían que contratarse desde su construcción de manera específica con particulares, sus propietarios, para operarlos en el esquema de arrendamiento financiero, lo que constituiría una inversión de particulares en una actividad reservada en exclusiva al Estado y a un contrato o concesión de los que no autoriza la ley en la industria petrolera.
Tratar de otras diferencias y de eventuales coincidencias con las iniciativas de otras fuerzas políticas requeriría de mayor espacio que el razonable para un artículo periodístico, que en este caso, está resultando ya de por sí largo.
***
Las propuestas del lado progresista tienen como propósitos principales reafirmar la exclusividad de la nación en el desarrollo de las actividades estratégicas de la industria petrolera, por eso el firme rechazo a toda violación constitucional; conceder y garantizar la autonomía presupuestal, técnica y de gestión de Pemex; dar al organismo una administración eficaz y transparente; y establecer un sistema efectivo de planeación del sector energético.
En las propuestas del Ejecutivo, más allá de lo declarativo, se mantiene a Pemex sujeto a los dictados de la Secretaría de Hacienda. De nuestro lado, se plantea en la iniciativa de nueva Ley orgánica de Petróleos Mexicanos que el proyecto de presupuesto anual del organismo, aprobado por su consejo de administración, se envíe por conducto de la Secretaría de Energía a la de Hacienda, para que ésta lo incluya por separado y sin que establezca relación con el balance de ingresos-egresos federales, en la iniciativa de ley de ingresos y en el proyecto de presupuesto de egresos que el Ejecutivo remita al Congreso, planteando al mismo tiempo se reforme la Ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria para eliminar el filtro y la decisión de Hacienda respecto a los presupuestos de Pemex (reforma del artículo 5°, fracción III), y para que el organismo pueda disponer cabalmente de los ingresos que genera, manteniendo sólo una aportación equivalente a la actual para el Fondo de Estabilización de las Entidades Federativas (artículo 2, fracción LIV; artículo 19, fracción III bis, fracción IV, incisos a, b y d, fracción V, incisos a y b). La iniciativa relativa a esta misma ley establece la obligación para Pemex de crear fondos para asegurar el pago de sus pasivos, el laboral destacadamente, administrados por fideicomisos cuyo beneficiario sería el conjunto del personal jubilado o pensionado, sindicalizado y de confianza.
Con objeto de liberar a Pemex de cargas fiscales que limitarían su autonomía, se propone reformar la Ley federal de derechos para que la deuda contraída bajo el esquema de Pidiregas sea revisada y auditada por la Auditoría Superior de la Federación, y una vez dado este paso se transfiera como deuda pública interna a la contabilidad del gobierno federal, a cargo de la Secretaría de Hacienda.
El Ejecutivo está proponiendo la creación de una Comisión Nacional del Petróleo y el PRI de una Comisión Nacional Reguladora del Petróleo, ambas auxiliares de la Secretaría de Energía, con funciones sólo de asesoramiento y circunscritas a la exploración y explotación de petróleo crudo y gas, y al ritmo de reposición de reservas. Nosotros consideramos que debe irse más lejos y es por ello que se propone la creación de una comisión nacional de energía, como entidad encargada de conducir el proceso de planeación de todo el sector energético, con la encomienda específica de formular el programa estratégico del sector, en una perspectiva de 10 años y ciclos subsecuentes, previendo los correspondientes ajustes anuales, que establezca los objetivos y metas generales y anuales de cada entidad del sector. El proyecto de decreto del programa estratégico tendría que ser presentado por el Ejecutivo al Congreso, para su discusión y aprobación en su caso, siendo su ejecución de carácter obligatorio.
Estimamos necesaria la expedición de una nueva Ley orgánica de Petróleos Mexicanos, que elimine las actuales subsidiarias y reintegre a Pemex como una sola entidad, que prevea un consejo de administración integrado por seis consejeros designados por el Ejecutivo, dos representantes del sindicato de trabajadores petroleros y cuatro consejeros representantes sociales nombrados por el Ejecutivo, ratificada la designación de estos últimos por el Senado, al igual que la del director general del organismo. Se establece también en esta iniciativa que los ingresos de Pemex no se concentren en la Tesorería de la Federación y que su superávit de operación, al final del ejercicio fiscal, se aplique al siguiente como ingreso propio en los programas de desarrollo que tenga autorizados.
La propuesta progresista, hasta ahora, tiene que ver con reformas y adiciones a ocho leyes y la expedición de dos nuevas. De aquí a que se inicie el periodo ordinario de sesiones del Congreso podría haber algunas iniciativas más, sobre todo por recomendaciones específicas que pudieran hacer participantes en los foros convocados por el Senado y la UNAM, coincidentes con nuestros criterios y propósitos. Debo aclarar, finalmente, que en estas notas se hace mención sólo de aquellas cuestiones que se han considerado de relevancia mayor.
Ha trascendido que un grupo de legisladores priístas está convencido de que la propuesta de Beltrones no es más que un modo diferente de lograr lo mismo: abrirle las puertas al capital privado.
Se sabe también que la propuesta pretende ser un modo de evitar la división en el PRI, que en su afán de dejar contentos a todos lo único que ha provocado es la insatisfacción general.
En el tono tranquilo que le caracteriza, el exdirector de PEMEX, Francisco Rojas, formula severos cuestionamientos a la iniciativa Beltrones en un texto publicado por "El Universal" que en seguida adjuntamos.
La opinión del Ing. Cuauhtémoc Cárdenas es de las más autorizadas en el tema petrolero, por eso consideramos de gran relevancia el texto publicado en el diario "La Jornada" en donde fija su postura respecto a varios aspectos torales de la iniciativa Beltrones.
A continuación los dos textos en cuestión.
Zacatecas, Zac. 12 de agosto de 2008
Consejo Zacatecano para la Defensa del Petróleo
Francisco Rojas
BALANCE
12 de agosto de 2008
La reciente iniciativa del PRI frenó intentos privatizadores manteniendo el contenido y alcance de la industria petrolera integral, impidiendo que particulares refinaran, transportaran y almacenaran, creando organismos descentralizados estratégicos, dándole mayor autonomía a Pemex, ratificando por el Senado a los consejeros profesionales como servidores públicos, etcétera.
Pese a los importantes avances, la iniciativa debería complementarse: eliminar el régimen de excepción en obras públicas y adquisiciones; revisar articulados que posibilitan contratos de riesgo; ampliar la transparencia y máxima publicidad de las acciones de Pemex; sustituir el sistema de precios de transferencia; acotar discrecionalidad en los excedentes; dar integridad, lógica y bases legales al sistema de control y vigilancia. Además, debe quedar claro que hay soluciones a mitos sobre Pemex: tiene recursos. A mediados de junio informó a la Securities and Exchange Commission (SEC) que había destinado de sus disponibilidades 26 mil millones de dólares para la recompra de Pidiregas, en posible adición al superávit primario por 162 mil millones de pesos, que tiene congelado.
Urge revitalizar al Instituto Mexicano del Petróleo y asociarse con otros institutos de enseñanza superior para cerrar la brecha tecnológica; mientras, se pueden contratar asesorías y empresas dedicadas a generar proyectos. Conforme cifras oficiales, 70% de los recursos potenciales y reservas están en el litoral, aguas someras y tierra, principalmente en el sureste, por lo que no es prudente concentrar esfuerzos en el corto plazo en aguas ultraprofundas. Asimismo, se informó a la SEC que existen 4 mil 700 millones de barriles de petróleo de reservas probadas aún no desarrolladas, 50% más de la cifra oficial, además de las probables y posibles, y lo que se incremente con recuperación mejorada.
La moratoria con el gobierno de EU se refiere sólo al Hoyo de Dona; están pendientes acuerdos respecto al polígono oriental que colinda con Cuba; el área de Cinturón de Plegado Perdido; los límites marítimos con Cuba; y los terrestres con Belice y Guatemala. México deberá solicitar urgentemente la negociación de un protocolo sobre el tratado de límites marítimos de 1978, ratificado en junio de 2000. Además, suscribir el memorando de entendimiento que la reguladora Minerals and Management Service, de EU, ha promovido con Pemex sobre información técnica y de intercambio de datos de los posibles yacimientos compartidos, cuya existencia no ha sido comprobada.
Los diplomáticos deben proponer alternativas para extender dicha moratoria o encontrar la forma de explotar conjuntamente dichos yacimientos, en caso de existir, mediante convenios apropiados que no abran posibilidades de extender el trato especial a otros situados plenamente en el lado mexicano.
Para aumentar de inmediato la capacidad de refinación se puede recurrir a proyectos llave en mano y acelerar las reconfiguraciones, habilitar parte de trenes petroquímicos y mejorar la calidad del crudo que se le entrega a Refinación. Podemos lograr una reforma energética integral con visión de futuro, seguridad energética y el disfrute de la renta petrolera para los mexicanos.
Analista político
Cuauhtémoc Cárdenas
PETRÓLEO: LA PROPUESTA PROGRESISTA
Me parece importante, de acuerdo al estado que guarda el debate y las propuestas que se han hecho sobre una nueva política petrolera, dar cuenta a la opinión pública del trabajo realizado respecto a estas últimas por varios legisladores (senadores Pablo Gómez, Graco Ramírez y Arturo Núñez y diputados Juan Guerra y David Mendoza), sus asesores en la materia (Fluvio Ruiz Alarcón, Sandino Luna, Mariana Alba, Alejandro Morales, Aidée García Rodríguez y Ricardo Álvarez) y la Fundación para la Democracia (Sergio Benito Osorio y yo).
Hemos partido de la convicción compartida que el lado progresista no puede ni debe permanecer pasivo y sólo rechazar o aprobar, al llegar el debate parlamentario, las propuestas surgidas con otras visiones políticas, sino que desde este lado existe responsabilidad para que también haya iniciativas. La importancia y trascendencia del tema sin duda lo reclaman.
Con atención se ha dado seguimiento al debate público que tiene lugar desde que se dio a conocer el Diagnóstico de la Secretaría de Energía sobre Petróleos Mexicanos, la remisión, el 8 de abril, de las seis iniciativas del Ejecutivo al Congreso y los foros celebrados en el Senado y la UNAM, ambos proporcionando una rica y profusa información, elementos todos que han servido para conocer posiciones sobre el tema, ampliar el conocimiento, normar criterios y establecer con más claridad nuestras prioridades.
La primera y principal es que no debe pasar ninguna iniciativa que represente una violación constitucional o legal, caso en el que caen varias de las iniciativas del Ejecutivo que de aprobarse permitirían, la de reformas a la Ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo en sus partes sustanciales, referentes a la refinación, transporte, almacenamiento y distribución de hidrocarburos, la participación de inversiones privadas en actividades estratégicas de la industria petrolera en las que es expresa la Constitución al prohibir el otorgamiento de contratos y concesiones; la de reforma a la Ley federal de derechos (artículo 257 quáter), la inversión privada en la exploración y explotación en aguas profundas, la que da por hecho como legal; la de nueva Ley orgánica de Petróleos Mexicanos, la celebración de contratos sujetos al buen desempeño y generación de resultados, previstos en su artículo 46, equivalentes a los contratos de riesgo, expresamente prohibidos por la ley, y la emisión de bonos ciudadanos (artículo 41), que otorgarían a sus tenedores una contraprestación vinculada al desempeño de Pemex, lo que los haría igualmente instrumentos de riesgo, contraviniendo con ello las disposiciones legales.
Casos similares presentan las iniciativas del Partido Revolucionario Institucional, enviadas a finales de julio al Congreso. Así, en su iniciativa de nueva Ley orgánica de Petróleos Mexicanos, propone la validación de los contratos de riesgo, al decir en su artículo 60, fracción IV, que “las remuneraciones de los contratos de obra y prestación de servicios podrán condicionarse al mayor o menor éxito del proyecto”, vinculando esta disposición con su exposición de motivos, en la que justifica esta propuesta al expresar que “Ésta es una de las principales aportaciones de la iniciativa, al contemplar que Pemex podrá, en función del proyecto, condicionar el pago a que el proyecto tenga éxito”, y refuerza su posición al agregar que tratándose “de proyectos exploratorios en aguas profundas que son altamente onerosos, esto es esencial para que el Estado no absorba la totalidad de la pérdida de las inversiones”, aunque no dice que el Estado, en caso de éxito, estaría forzado a compartir los beneficios de esos proyectos. Planteamiento semejante al del Ejecutivo hace el PRI en materia de los bonos ciudadanos.
En su iniciativa de reformas a la Ley reglamentaria del 27 constitucional, en el artículo 6°, párrafo 2°, el PRI propone que Petróleos Mexicanos podrá, tratán- dose de servicios de refinación de petróleo, transporte, almacenamiento y distribución de hidrocarburos y sus derivados, celebrar contratos de arrendamiento financiero de equipos e instalaciones, estipulando que el organismo tendrá el control sobre las instalaciones y equipos contratados y asumirá la operación de los mismos. El arrendamiento financiero puede ser una figura usual y válida para actividades como la renta de un edificio, vehículos o bienes que presten servicios similares, pero no para refinerías, redes de ductos, sistemas de tanques de almacenamiento de petrolíferos, que no son instalaciones que se encuentren corrientemente disponibles en el mercado o que se construyan sin tener garantizada su utilización y correspondiente amortización, sino que tendrían que contratarse desde su construcción de manera específica con particulares, sus propietarios, para operarlos en el esquema de arrendamiento financiero, lo que constituiría una inversión de particulares en una actividad reservada en exclusiva al Estado y a un contrato o concesión de los que no autoriza la ley en la industria petrolera.
Tratar de otras diferencias y de eventuales coincidencias con las iniciativas de otras fuerzas políticas requeriría de mayor espacio que el razonable para un artículo periodístico, que en este caso, está resultando ya de por sí largo.
***
Las propuestas del lado progresista tienen como propósitos principales reafirmar la exclusividad de la nación en el desarrollo de las actividades estratégicas de la industria petrolera, por eso el firme rechazo a toda violación constitucional; conceder y garantizar la autonomía presupuestal, técnica y de gestión de Pemex; dar al organismo una administración eficaz y transparente; y establecer un sistema efectivo de planeación del sector energético.
En las propuestas del Ejecutivo, más allá de lo declarativo, se mantiene a Pemex sujeto a los dictados de la Secretaría de Hacienda. De nuestro lado, se plantea en la iniciativa de nueva Ley orgánica de Petróleos Mexicanos que el proyecto de presupuesto anual del organismo, aprobado por su consejo de administración, se envíe por conducto de la Secretaría de Energía a la de Hacienda, para que ésta lo incluya por separado y sin que establezca relación con el balance de ingresos-egresos federales, en la iniciativa de ley de ingresos y en el proyecto de presupuesto de egresos que el Ejecutivo remita al Congreso, planteando al mismo tiempo se reforme la Ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria para eliminar el filtro y la decisión de Hacienda respecto a los presupuestos de Pemex (reforma del artículo 5°, fracción III), y para que el organismo pueda disponer cabalmente de los ingresos que genera, manteniendo sólo una aportación equivalente a la actual para el Fondo de Estabilización de las Entidades Federativas (artículo 2, fracción LIV; artículo 19, fracción III bis, fracción IV, incisos a, b y d, fracción V, incisos a y b). La iniciativa relativa a esta misma ley establece la obligación para Pemex de crear fondos para asegurar el pago de sus pasivos, el laboral destacadamente, administrados por fideicomisos cuyo beneficiario sería el conjunto del personal jubilado o pensionado, sindicalizado y de confianza.
Con objeto de liberar a Pemex de cargas fiscales que limitarían su autonomía, se propone reformar la Ley federal de derechos para que la deuda contraída bajo el esquema de Pidiregas sea revisada y auditada por la Auditoría Superior de la Federación, y una vez dado este paso se transfiera como deuda pública interna a la contabilidad del gobierno federal, a cargo de la Secretaría de Hacienda.
El Ejecutivo está proponiendo la creación de una Comisión Nacional del Petróleo y el PRI de una Comisión Nacional Reguladora del Petróleo, ambas auxiliares de la Secretaría de Energía, con funciones sólo de asesoramiento y circunscritas a la exploración y explotación de petróleo crudo y gas, y al ritmo de reposición de reservas. Nosotros consideramos que debe irse más lejos y es por ello que se propone la creación de una comisión nacional de energía, como entidad encargada de conducir el proceso de planeación de todo el sector energético, con la encomienda específica de formular el programa estratégico del sector, en una perspectiva de 10 años y ciclos subsecuentes, previendo los correspondientes ajustes anuales, que establezca los objetivos y metas generales y anuales de cada entidad del sector. El proyecto de decreto del programa estratégico tendría que ser presentado por el Ejecutivo al Congreso, para su discusión y aprobación en su caso, siendo su ejecución de carácter obligatorio.
Estimamos necesaria la expedición de una nueva Ley orgánica de Petróleos Mexicanos, que elimine las actuales subsidiarias y reintegre a Pemex como una sola entidad, que prevea un consejo de administración integrado por seis consejeros designados por el Ejecutivo, dos representantes del sindicato de trabajadores petroleros y cuatro consejeros representantes sociales nombrados por el Ejecutivo, ratificada la designación de estos últimos por el Senado, al igual que la del director general del organismo. Se establece también en esta iniciativa que los ingresos de Pemex no se concentren en la Tesorería de la Federación y que su superávit de operación, al final del ejercicio fiscal, se aplique al siguiente como ingreso propio en los programas de desarrollo que tenga autorizados.
La propuesta progresista, hasta ahora, tiene que ver con reformas y adiciones a ocho leyes y la expedición de dos nuevas. De aquí a que se inicie el periodo ordinario de sesiones del Congreso podría haber algunas iniciativas más, sobre todo por recomendaciones específicas que pudieran hacer participantes en los foros convocados por el Senado y la UNAM, coincidentes con nuestros criterios y propósitos. Debo aclarar, finalmente, que en estas notas se hace mención sólo de aquellas cuestiones que se han considerado de relevancia mayor.
lunes, 11 de agosto de 2008
Boletín # 54
BERNARDO BÁTIZ EN ZACATECAS
Para cerrar con broche de oro nuestra campaña de sensibilización respecto a la consulta ciudadana para la reforma petrolera, el próximo 22 de agosto a las seis de la tarde en el Teatro Calderón se presentará el distinguido jurista Bernardo Bátiz quien fuera procurador de justicia del Distrito Federal en el periodo de Andrés Manuel López Obrador.
El tema sobre el que disertará Bernardo Bátiz se denomina "Constitucionalidad y consulta ciudadana".
Dentro del mismo proceso, la dirección estatal del Partido de la Revolución Democrática organiza el próximo miércoles 13 del presente una conferencia a cargo del Dr. Jaime Cárdenas Gracia, esto tendrá verificativo en el auditorio del citado partido.
También hemos sido informados por la corriente ADN, de la conferencia sobre el tema petrolero que impartirá la ex diputada federal Dolores Padierna en lugar y hora pendientes de precisar.
Por nuestra parte intensificaremos los recorridos por el estado.
Este domingo 10 de agosto se celebraron reuniones de denuncia de la intención privatizadora del petróleo en la ciudad de Río Grande, Zacatecas, en la comunidad "Espíritu Santo" del municipio de Juan Aldama y en la comunidad "La Laguna" de Francisco R. Murguía y es de nuestro conocimiento la multiplicación de actos al respecto en diversas partes de la entidad.
En los próximos días, nos proponemos distribuir doscientos cincuenta mil volantes en donde hacemos un llamado a votar por el "no" a las propuestas privatizadores que serán debatidas en el próximo periodo ordinario de sesiones de ambas cámaras.
Cada vez somos más los mexicanos que nos hemos quitado la venda de los ojos que nos colocan mediante spots pagados con los impuestos de la gente, el derroche de recursos que realiza el gobierno para engañar a la población debe parar.
Zacatecas, Zac. 11 de agosto de 2008
Consejo Zacatecano para la Defensa del Petróleo
Para cerrar con broche de oro nuestra campaña de sensibilización respecto a la consulta ciudadana para la reforma petrolera, el próximo 22 de agosto a las seis de la tarde en el Teatro Calderón se presentará el distinguido jurista Bernardo Bátiz quien fuera procurador de justicia del Distrito Federal en el periodo de Andrés Manuel López Obrador.
El tema sobre el que disertará Bernardo Bátiz se denomina "Constitucionalidad y consulta ciudadana".
Dentro del mismo proceso, la dirección estatal del Partido de la Revolución Democrática organiza el próximo miércoles 13 del presente una conferencia a cargo del Dr. Jaime Cárdenas Gracia, esto tendrá verificativo en el auditorio del citado partido.
También hemos sido informados por la corriente ADN, de la conferencia sobre el tema petrolero que impartirá la ex diputada federal Dolores Padierna en lugar y hora pendientes de precisar.
Por nuestra parte intensificaremos los recorridos por el estado.
Este domingo 10 de agosto se celebraron reuniones de denuncia de la intención privatizadora del petróleo en la ciudad de Río Grande, Zacatecas, en la comunidad "Espíritu Santo" del municipio de Juan Aldama y en la comunidad "La Laguna" de Francisco R. Murguía y es de nuestro conocimiento la multiplicación de actos al respecto en diversas partes de la entidad.
En los próximos días, nos proponemos distribuir doscientos cincuenta mil volantes en donde hacemos un llamado a votar por el "no" a las propuestas privatizadores que serán debatidas en el próximo periodo ordinario de sesiones de ambas cámaras.
Cada vez somos más los mexicanos que nos hemos quitado la venda de los ojos que nos colocan mediante spots pagados con los impuestos de la gente, el derroche de recursos que realiza el gobierno para engañar a la población debe parar.
Zacatecas, Zac. 11 de agosto de 2008
Consejo Zacatecano para la Defensa del Petróleo
El Recreo
J. Luis Medina Lizalde.
Imagen, Zacatecas
AL PRINCIPIO
EL SÍNDROME DEL POLICÍA CHINO
La fallida comparecencia del secretario general de Gobierno y el Procurador de Justicia ante la Legislatura para abordar el tema de la seguridad pública está rodeada de misterio.
Si se programó que la sesión fuera cerrada, imaginamos que ahí se abordarían temas de difícil comprensión para el común de los mortales.
Imaginamos que ahí se diría dónde anda y a qué dedica el tiempo libre el junior y principal implicado en el cruel homicidio del “Cobijas”.
Seguramente ahí se explicaría el por qué del silencio respecto a los levantones y secuestros de los que sólo nos enteramos por voz de los familiares y amigos de las víctimas.
Los diputados se enterarían de la identidad y paradero de los asesinos de mi amiga Minerva Lamas, y del también amigo y maestro universitario jubilado Esteban Zapata.
Ya entrados en gastos, se explicaría que las ineficiencias del C4 son una táctica para despistar al enemigo.
¿Por qué se suspendió la comparecencia?
¿Usted es de los mal pensados que le atribuye el show a la irrefrenable vocación de opacidad de los
protagonistas?
Cuando el misterio es política de estado, siempre hay una razón.
LOS OLMOS SIGUEN SIN DAR PERAS
La propuesta de Calderón Hinojosa de establecer la cadena perpetua para modalidades agravadas del secuestro es una elocuente exhibición de la carencia de respuestas de la clase gobernante al drama de la
inseguridad.
La exigencia del incremento de los castigos, hasta llegar al de la pena de muerte, es en la sociedad un estado de ánimo y en la clase política un aprovechamiento oportunista de la lógica indignación social generada por crímenes que agreden la sensibilidad humana.
Los asesinatos del adolescente Alejandro Martí y del empresario sinaloense Marco Iván del Rincón Jarero demuestran que la inseguridad es un producto social que no se neutraliza con carros blindados, guardaespaldas o sofisticadas alarmas, lo que constituye una dolorosa lección para las minorías que gozan de un elevado nivel de vida, de que su indiferencia ante la suerte de las mayorías, se les revierte.
En ningún lugar del mundo alguien está seguro cuando los menos ejercen su derecho a lo superfluo mientras los más carecen de lo estricto, parafraseando a Díaz Mirón.
Además del ineludible trasfondo económico y social de la inseguridad, está la severa crisis de las
instituciones.
El poder judicial severamente desacreditado y públicamente recriminado por el propio Calderón, con una Suprema Corte que demostró de qué está hecha -una vez más- en el caso de Mario Marín, gobernador de Puebla.
La función de persecución de los delitos permanece secuestrada por los intereses facciosos de los grupos gobernantes en la federación y en las entidades federativas, merced a la ausencia de la siempre predicada pero siempre pospuesta autonomía del ministerio público.
Cuerpos policíacos infiltrados hasta la médula, sin equipamiento adecuado y con una crónica desconfianza social.
Un sistema penitenciario bajo control de la delincuencia, que hace que los penales pasen de ser proveídos a proveedores de
estupefacientes.
La mayor parte de los delitos no se denuncian, la mayor parte de las denuncias no se investigan, y cuando se identifica a los culpables, si no logran huir, la ineficiencia y la corrupción operan “el milagro” en muchos de los casos.
Pero la descomposición de las instituciones es acompañada de otra descomposición: la de las élites.
LOS ALEGRES INTOCABLES
El consumo de drogas de las estrellas del espectáculo, sus crisis, sus internamientos en Oceánica, generan notas para el “periodismo rosa” tipo “Ventaneando” o “La Oreja”, sin que se persiga a quienes los abastece de sustancias prohibidas.
Nada perturba el negocio que fomenta la admiración social por los grandes delincuentes mediante narco-corridos, películas y, últimamente, telenovelas.
Nadie se mete con los “industriales del entretenimiento” a pesar de episodios como los asesinatos de Víctor Iturbe “El Pirulí”, Paco Stanley, el cantante de K-paz de la Sierra o Valentín Elizalde.
Tampoco la ley toca a ese sector del clero ávido de “narcolimosnas”.
Ni se sumerge en el mundo empresarial, ni en las lujosas zonas residenciales, en donde es ostensible la presencia de los “capos”.
La propuesta de cadena perpetua, lo que perpetúa es la prisión de la sociedad, rehén de una grupocracia multicolor notoriamente rebasada.
AL ÚLTIMO
El siempre amigo Gerardo López Carrillo cubre los juegos olímpicos que tienen lugar en China.
Con ésta, es la tercera vez que reportea el máximo evento deportivo del mundo, mostrando el espíritu batallador que se forjó en el barrio de “La Pinta”.
¡Bien por el periodista deportivo!
Nos encontramos el lunes en el recreo.
luismedinalizalde@gmail.com
Imagen, Zacatecas
AL PRINCIPIO
EL SÍNDROME DEL POLICÍA CHINO
La fallida comparecencia del secretario general de Gobierno y el Procurador de Justicia ante la Legislatura para abordar el tema de la seguridad pública está rodeada de misterio.
Si se programó que la sesión fuera cerrada, imaginamos que ahí se abordarían temas de difícil comprensión para el común de los mortales.
Imaginamos que ahí se diría dónde anda y a qué dedica el tiempo libre el junior y principal implicado en el cruel homicidio del “Cobijas”.
Seguramente ahí se explicaría el por qué del silencio respecto a los levantones y secuestros de los que sólo nos enteramos por voz de los familiares y amigos de las víctimas.
Los diputados se enterarían de la identidad y paradero de los asesinos de mi amiga Minerva Lamas, y del también amigo y maestro universitario jubilado Esteban Zapata.
Ya entrados en gastos, se explicaría que las ineficiencias del C4 son una táctica para despistar al enemigo.
¿Por qué se suspendió la comparecencia?
¿Usted es de los mal pensados que le atribuye el show a la irrefrenable vocación de opacidad de los
protagonistas?
Cuando el misterio es política de estado, siempre hay una razón.
LOS OLMOS SIGUEN SIN DAR PERAS
La propuesta de Calderón Hinojosa de establecer la cadena perpetua para modalidades agravadas del secuestro es una elocuente exhibición de la carencia de respuestas de la clase gobernante al drama de la
inseguridad.
La exigencia del incremento de los castigos, hasta llegar al de la pena de muerte, es en la sociedad un estado de ánimo y en la clase política un aprovechamiento oportunista de la lógica indignación social generada por crímenes que agreden la sensibilidad humana.
Los asesinatos del adolescente Alejandro Martí y del empresario sinaloense Marco Iván del Rincón Jarero demuestran que la inseguridad es un producto social que no se neutraliza con carros blindados, guardaespaldas o sofisticadas alarmas, lo que constituye una dolorosa lección para las minorías que gozan de un elevado nivel de vida, de que su indiferencia ante la suerte de las mayorías, se les revierte.
En ningún lugar del mundo alguien está seguro cuando los menos ejercen su derecho a lo superfluo mientras los más carecen de lo estricto, parafraseando a Díaz Mirón.
Además del ineludible trasfondo económico y social de la inseguridad, está la severa crisis de las
instituciones.
El poder judicial severamente desacreditado y públicamente recriminado por el propio Calderón, con una Suprema Corte que demostró de qué está hecha -una vez más- en el caso de Mario Marín, gobernador de Puebla.
La función de persecución de los delitos permanece secuestrada por los intereses facciosos de los grupos gobernantes en la federación y en las entidades federativas, merced a la ausencia de la siempre predicada pero siempre pospuesta autonomía del ministerio público.
Cuerpos policíacos infiltrados hasta la médula, sin equipamiento adecuado y con una crónica desconfianza social.
Un sistema penitenciario bajo control de la delincuencia, que hace que los penales pasen de ser proveídos a proveedores de
estupefacientes.
La mayor parte de los delitos no se denuncian, la mayor parte de las denuncias no se investigan, y cuando se identifica a los culpables, si no logran huir, la ineficiencia y la corrupción operan “el milagro” en muchos de los casos.
Pero la descomposición de las instituciones es acompañada de otra descomposición: la de las élites.
LOS ALEGRES INTOCABLES
El consumo de drogas de las estrellas del espectáculo, sus crisis, sus internamientos en Oceánica, generan notas para el “periodismo rosa” tipo “Ventaneando” o “La Oreja”, sin que se persiga a quienes los abastece de sustancias prohibidas.
Nada perturba el negocio que fomenta la admiración social por los grandes delincuentes mediante narco-corridos, películas y, últimamente, telenovelas.
Nadie se mete con los “industriales del entretenimiento” a pesar de episodios como los asesinatos de Víctor Iturbe “El Pirulí”, Paco Stanley, el cantante de K-paz de la Sierra o Valentín Elizalde.
Tampoco la ley toca a ese sector del clero ávido de “narcolimosnas”.
Ni se sumerge en el mundo empresarial, ni en las lujosas zonas residenciales, en donde es ostensible la presencia de los “capos”.
La propuesta de cadena perpetua, lo que perpetúa es la prisión de la sociedad, rehén de una grupocracia multicolor notoriamente rebasada.
AL ÚLTIMO
El siempre amigo Gerardo López Carrillo cubre los juegos olímpicos que tienen lugar en China.
Con ésta, es la tercera vez que reportea el máximo evento deportivo del mundo, mostrando el espíritu batallador que se forjó en el barrio de “La Pinta”.
¡Bien por el periodista deportivo!
Nos encontramos el lunes en el recreo.
luismedinalizalde@gmail.com
domingo, 10 de agosto de 2008
Opinión de Mario di Constanzo en La Jornada
Y sigue la mata dando
Hace algunas semanas, dentro del foro de debate sobre el petróleo que organizó el Senado de la República, muchos legisladores, especialistas, así como las personas que lo siguieron a través del Canal del Congreso se escandalizaron por los señalamientos realizados por Arturo González de Aragón –titular de la Auditoría Superior de la Federación– en torno de los casos de corrupción en Pemex y las discrecionales devoluciones de impuestos efectuadas a grandes empresas durante la gestión de Vicente Fox.
Particularmente, con respecto de este segundo tema, González de Aragón repitió casi de manera textual las conclusiones que plasmó en su Informe sobre la revisión de la cuenta pública 2005, que entregó a los legisladores muchos meses atrás. En ese documento señaló, textualmente, lo siguiente: “Se detectaron 50 grandes contribuyentes cuyos pagos individuales de ISR en 2005, deducidas las devoluciones, fueron menores a 74 pesos, esto debido a que las devoluciones efectuadas en el periodo 2001-2005, por 604 mil 300 millones de pesos, superaron en 216 por ciento al incremento en la inversión privada, que fue de 279 mil 832 millones de pesos, lo que contradice la hipótesis de que una menor tributación (como en rigor implican las devoluciones) libera recursos a los particulares para incrementar la inversión en capital. Por ello se genera una situación de privilegio para unos cuantos contribuyentes que contraviene el principio de equidad fiscal”.
Más aún: durante su participación en dicho foro, González de Aragón sugirió que los millonarios ingresos obtenidos por concepto de excedentes petroleros durante la administración foxista habían sido utilizados para compensar lo “no recaudado y lo devuelto” a estas grandes empresas, lo cual se constituye como una transferencia directa de la renta petrolera a estos notables empresarios.
Desafortunadamente, a la fecha, ni los legisladores han actuado en consecuencia, ni mucho menos un servidor ha recibido respuesta a la solicitud que realice al propio Auditor Superior de la Federación para saber a qué empresas se les había devuelto tal cantidad de recursos públicos.
Lo anterior en virtud de que el tan anunciado Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) me ha negado en primera instancia la información solicitada, alegando que ésta se encuentra protegida debido al “secreto fiscal” por un periodo de 12 años.
Lo anterior cobra relevancia porque, de acuerdo con el más reciente informe sobre la situación de las finanzas y la deuda pública, entregado por la Secretaría de Hacienda al Congreso de la Unión, se observa que al primer semestre de 2008 las devoluciones de impuestos –efectuadas principalmente a las grandes empresas– fueron de 93 mil 613.5 millones de pesos, de los cuales 9 mil 604 millones fueron a cuenta de impuesto sobre la renta (ISR) y 81 mil 528.3 millones por impuesto al valor agregado (IVA).
Para tener una idea de lo que estas devoluciones de impuestos significan, es pertinente señalar que la efectuada por concepto de IVA fue equivalente a la totalidad de los ingresos propios de Pemex durante el primer semestre del año.
Por su parte, las devoluciones por concepto de ISR fueron equivalentes a lo que se gastará en todo el año en el Programa para la Atención a los Adultos Mayores de 70 años, en las zonas rurales, que coordina Sedeso.
Así, mientras Vicente Fox devolvió impuestos por 604 mil 300 millones de pesos en un periodo de seis años (es decir, 100 mil millones por año), Felipe Calderón ha devuelto 93 mil millones de pesos en sólo seis meses.
Resulta importante señalar que en el mismo informe se observa que los créditos fiscales “irrecuperables”, es decir, los impuestos que dejarán de ingresar a las arcas nacionales por haber perdido juicios el Servicio de Administración Tributaria (SAT), registraron un incremento de 10 mil 849 millones de pesos, para ubicarse en 142 mil 248 millones de pesos. Esta cifra supera el gasto realizado en el primer semestre por las secretarías de Educación Pública (83 mil 60 millones de pesos), Salud (23 mil 100 millones), Desarrollo Social (22 mil 639 millones), y Seguridad Pública (6 mil 672 millones), que en conjunto fue de 135 mil 471 millones de pesos.
Por ello resulta ofensivo que tanto el PAN como Felipe Calderón transmitan anuncios donde, para promover su reforma privatizadora, señalan que a pesar de contar con petróleo tenemos que importar gasolina.
Más aún cuando está claramente demostrado que la gasolina se tiene que importar porque desde hace 25 años no se construye una refinería, en virtud de que el dinero proveniente del petróleo se ha utilizado para devolver impuestos a los grandes empresarios.
Luego entonces, tal pareciera por la actitud asumida por senadores y diputados, que en el asunto de los Foros del Senado, si bien podría ser cierto que se le dio voz a la sociedad, también lo es, que los legisladores “se volvieron sordos” ya que por lo que se observa, sigue la mata dando.
Hace algunas semanas, dentro del foro de debate sobre el petróleo que organizó el Senado de la República, muchos legisladores, especialistas, así como las personas que lo siguieron a través del Canal del Congreso se escandalizaron por los señalamientos realizados por Arturo González de Aragón –titular de la Auditoría Superior de la Federación– en torno de los casos de corrupción en Pemex y las discrecionales devoluciones de impuestos efectuadas a grandes empresas durante la gestión de Vicente Fox.
Particularmente, con respecto de este segundo tema, González de Aragón repitió casi de manera textual las conclusiones que plasmó en su Informe sobre la revisión de la cuenta pública 2005, que entregó a los legisladores muchos meses atrás. En ese documento señaló, textualmente, lo siguiente: “Se detectaron 50 grandes contribuyentes cuyos pagos individuales de ISR en 2005, deducidas las devoluciones, fueron menores a 74 pesos, esto debido a que las devoluciones efectuadas en el periodo 2001-2005, por 604 mil 300 millones de pesos, superaron en 216 por ciento al incremento en la inversión privada, que fue de 279 mil 832 millones de pesos, lo que contradice la hipótesis de que una menor tributación (como en rigor implican las devoluciones) libera recursos a los particulares para incrementar la inversión en capital. Por ello se genera una situación de privilegio para unos cuantos contribuyentes que contraviene el principio de equidad fiscal”.
Más aún: durante su participación en dicho foro, González de Aragón sugirió que los millonarios ingresos obtenidos por concepto de excedentes petroleros durante la administración foxista habían sido utilizados para compensar lo “no recaudado y lo devuelto” a estas grandes empresas, lo cual se constituye como una transferencia directa de la renta petrolera a estos notables empresarios.
Desafortunadamente, a la fecha, ni los legisladores han actuado en consecuencia, ni mucho menos un servidor ha recibido respuesta a la solicitud que realice al propio Auditor Superior de la Federación para saber a qué empresas se les había devuelto tal cantidad de recursos públicos.
Lo anterior en virtud de que el tan anunciado Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) me ha negado en primera instancia la información solicitada, alegando que ésta se encuentra protegida debido al “secreto fiscal” por un periodo de 12 años.
Lo anterior cobra relevancia porque, de acuerdo con el más reciente informe sobre la situación de las finanzas y la deuda pública, entregado por la Secretaría de Hacienda al Congreso de la Unión, se observa que al primer semestre de 2008 las devoluciones de impuestos –efectuadas principalmente a las grandes empresas– fueron de 93 mil 613.5 millones de pesos, de los cuales 9 mil 604 millones fueron a cuenta de impuesto sobre la renta (ISR) y 81 mil 528.3 millones por impuesto al valor agregado (IVA).
Para tener una idea de lo que estas devoluciones de impuestos significan, es pertinente señalar que la efectuada por concepto de IVA fue equivalente a la totalidad de los ingresos propios de Pemex durante el primer semestre del año.
Por su parte, las devoluciones por concepto de ISR fueron equivalentes a lo que se gastará en todo el año en el Programa para la Atención a los Adultos Mayores de 70 años, en las zonas rurales, que coordina Sedeso.
Así, mientras Vicente Fox devolvió impuestos por 604 mil 300 millones de pesos en un periodo de seis años (es decir, 100 mil millones por año), Felipe Calderón ha devuelto 93 mil millones de pesos en sólo seis meses.
Resulta importante señalar que en el mismo informe se observa que los créditos fiscales “irrecuperables”, es decir, los impuestos que dejarán de ingresar a las arcas nacionales por haber perdido juicios el Servicio de Administración Tributaria (SAT), registraron un incremento de 10 mil 849 millones de pesos, para ubicarse en 142 mil 248 millones de pesos. Esta cifra supera el gasto realizado en el primer semestre por las secretarías de Educación Pública (83 mil 60 millones de pesos), Salud (23 mil 100 millones), Desarrollo Social (22 mil 639 millones), y Seguridad Pública (6 mil 672 millones), que en conjunto fue de 135 mil 471 millones de pesos.
Por ello resulta ofensivo que tanto el PAN como Felipe Calderón transmitan anuncios donde, para promover su reforma privatizadora, señalan que a pesar de contar con petróleo tenemos que importar gasolina.
Más aún cuando está claramente demostrado que la gasolina se tiene que importar porque desde hace 25 años no se construye una refinería, en virtud de que el dinero proveniente del petróleo se ha utilizado para devolver impuestos a los grandes empresarios.
Luego entonces, tal pareciera por la actitud asumida por senadores y diputados, que en el asunto de los Foros del Senado, si bien podría ser cierto que se le dio voz a la sociedad, también lo es, que los legisladores “se volvieron sordos” ya que por lo que se observa, sigue la mata dando.
Opinión de Antonio Gershenson en La Jornada
Los mayores consensos sobre Pemex
La primera etapa de la consulta –que se llevó a cabo hace dos domingos en el DF y en 10 estados– mostró consenso en torno al No a la iniciativa gubernamental en materia de petróleo. Hoy será la segunda, principalmente en estados del sur y el sureste. Pero ya antes, durante el foro llevado a cabo en el Senado, hubo puntos en los que hubo un nivel mayor de consenso que en otros en cuanto a lo que sí hay que hacer. En algunos casos, ni siquiera los senadores del PAN presentes impugnaron a los ponentes que plantearon y defendieron dichos puntos.
No está de más recordarlos ahora que se perfila un nuevo debate, esta vez en torno a la Cámara de Senadores, que tiene en sus manos ya dos iniciativas, y muy probablemente tenga una tercera en lo que queda del mes. Los puntos con más consenso, hasta donde yo los puedo captar, son:
Integración de Pemex en un solo organismo. La división ha causado muchos problemas. Lo más absurdo es que entre sí, los “pedazos” se tienen que vender y comprar sus productos a los llamados precios del mercado, que son los de Estados Unidos, mucho más caros que los costos reales de aquí. Además, en vez de que funcionen de manera integrada, tienen problemas entre sí. Y tienen aparatos burocráticos no duplicados, sino cuadruplicados, por ser cuatro “subsidiarias”.
Fuera la Secretaría de Hacienda de Pemex. Esta secretaría autoriza y desautoriza proyectos y obras y, en general, tiene un papel decisivo en el funcionamiento interno de la paraestatal. Ya no digamos que la deja sin dinero. “Es la que nos da y nos quita los centavos”, diría un funcionario de Pemex hace ya años. Esta demanda va de la mano con la necesidad de recursos suficientes para Pemex.
Autosuficiencia en gasolina, diesel y otros refinados. Esto incluye, por un lado, nuevas refinerías de Pemex, no de trasnacionales. Por otro, unidades para remover el exceso de azufre, siendo éste además un pretexto para no propiciar el uso de coches con motor diesel. Y contener el derroche de combustibles, en especial de gasolina, con vehículos más eficientes –empezando por los híbridos, que consumen hasta la mitad de gasolina que los convencionales–, así como medidas de racionalización del tránsito en las ciudades y en las carreteras.
Retorno de más funciones a Pemex en la petroquímica. Incluso empresarios consideran que los pasados intentos privatizadores, seguidos de plantas cerradas y líneas de producción descontinuadas, fueron un fracaso. Lo que se ha logrado es un aumento descomunal en las importaciones de petroquímicos, a precios altos. En especial, han causado daño los aumentos al precio de los fertilizantes.
Alto a la corrupción. No es un problema exclusivo de Pemex, pero donde hay más dinero la corrupción es también más cara para el país. Una de las formas que más daño ha causado es el contratismo, lleno de vicios y favoritismos.
Las dos iniciativas ya existentes en el Senado, enviadas y presentadas una por Calderón y otra por Beltrones, no atacan estos problemas, en algunos casos los agravan, como es el de la propuesta de pulverizar Pemex en muchos organismos, que serían regidos por decreto presidencial, no por las leyes aprobadas por el Consejo de la Unión. Otro, la manía privatizadora, sea con el disfraz de la maquila con refinerías privadas o con las llamadas desincorporaciones, eufemismo por privatizaciones.
De ahí que sea muy importante la próxima presentación de la tercera iniciativa. Ésta debería contener los puntos mencionados y otros más. En las próximas semanas veremos el desenlace de la confrontación, no simplemente de estas iniciativas, sino de qué medidas truculentas se usen para querer imponer un conjunto de iniciativas inaceptables, y de qué formas de acción y movilización se vayan a usar para confrontar esas medidas.
La primera etapa de la consulta –que se llevó a cabo hace dos domingos en el DF y en 10 estados– mostró consenso en torno al No a la iniciativa gubernamental en materia de petróleo. Hoy será la segunda, principalmente en estados del sur y el sureste. Pero ya antes, durante el foro llevado a cabo en el Senado, hubo puntos en los que hubo un nivel mayor de consenso que en otros en cuanto a lo que sí hay que hacer. En algunos casos, ni siquiera los senadores del PAN presentes impugnaron a los ponentes que plantearon y defendieron dichos puntos.
No está de más recordarlos ahora que se perfila un nuevo debate, esta vez en torno a la Cámara de Senadores, que tiene en sus manos ya dos iniciativas, y muy probablemente tenga una tercera en lo que queda del mes. Los puntos con más consenso, hasta donde yo los puedo captar, son:
Integración de Pemex en un solo organismo. La división ha causado muchos problemas. Lo más absurdo es que entre sí, los “pedazos” se tienen que vender y comprar sus productos a los llamados precios del mercado, que son los de Estados Unidos, mucho más caros que los costos reales de aquí. Además, en vez de que funcionen de manera integrada, tienen problemas entre sí. Y tienen aparatos burocráticos no duplicados, sino cuadruplicados, por ser cuatro “subsidiarias”.
Fuera la Secretaría de Hacienda de Pemex. Esta secretaría autoriza y desautoriza proyectos y obras y, en general, tiene un papel decisivo en el funcionamiento interno de la paraestatal. Ya no digamos que la deja sin dinero. “Es la que nos da y nos quita los centavos”, diría un funcionario de Pemex hace ya años. Esta demanda va de la mano con la necesidad de recursos suficientes para Pemex.
Autosuficiencia en gasolina, diesel y otros refinados. Esto incluye, por un lado, nuevas refinerías de Pemex, no de trasnacionales. Por otro, unidades para remover el exceso de azufre, siendo éste además un pretexto para no propiciar el uso de coches con motor diesel. Y contener el derroche de combustibles, en especial de gasolina, con vehículos más eficientes –empezando por los híbridos, que consumen hasta la mitad de gasolina que los convencionales–, así como medidas de racionalización del tránsito en las ciudades y en las carreteras.
Retorno de más funciones a Pemex en la petroquímica. Incluso empresarios consideran que los pasados intentos privatizadores, seguidos de plantas cerradas y líneas de producción descontinuadas, fueron un fracaso. Lo que se ha logrado es un aumento descomunal en las importaciones de petroquímicos, a precios altos. En especial, han causado daño los aumentos al precio de los fertilizantes.
Alto a la corrupción. No es un problema exclusivo de Pemex, pero donde hay más dinero la corrupción es también más cara para el país. Una de las formas que más daño ha causado es el contratismo, lleno de vicios y favoritismos.
Las dos iniciativas ya existentes en el Senado, enviadas y presentadas una por Calderón y otra por Beltrones, no atacan estos problemas, en algunos casos los agravan, como es el de la propuesta de pulverizar Pemex en muchos organismos, que serían regidos por decreto presidencial, no por las leyes aprobadas por el Consejo de la Unión. Otro, la manía privatizadora, sea con el disfraz de la maquila con refinerías privadas o con las llamadas desincorporaciones, eufemismo por privatizaciones.
De ahí que sea muy importante la próxima presentación de la tercera iniciativa. Ésta debería contener los puntos mencionados y otros más. En las próximas semanas veremos el desenlace de la confrontación, no simplemente de estas iniciativas, sino de qué medidas truculentas se usen para querer imponer un conjunto de iniciativas inaceptables, y de qué formas de acción y movilización se vayan a usar para confrontar esas medidas.
Opinión de Arnaldo Córdova en La Jornada de hoy
Los derchos de la nacióin sobre el subsuelo y el suelo
Hay un concepto legal en el que se funda el esquilme que Hacienda hace del petróleo. Se dice con un plural: derechos, pero ni en la legislación vigente ni en las iniciativas de reformas que se han presentado se define mayormente ni, mucho menos, se justifica constitucional y jurídicamente. Hay que recurrir a la memoria histórica para aclarar qué son esos derechos que Pemex debe pagar al fisco. Como hoy en día casi nadie tiene presente la Constitución ni los debates constitucionales que se dieron en el pasado, ni por parte del gobierno ni de los legisladores, se debe empezar por este punto.
Esos derechos antes se mencionaban y hasta llegaron a definirse. Hoy ya nadie los recuerda. Se reducen a dos: el derecho que se paga por la explotación de los recursos del subsuelo (que es propiedad de la nación) y el derecho por el uso del suelo (que, originariamente, es también propiedad de la nación). Cuando en alguno de los debates de aquella época se insistió en cuestionar cuál sería la entidad de ambos conceptos, un jurista que luego se convirtió en economista, dijo, palabras más palabras menos: si se trata de valor, eso lo dirá el mercado. ¡Tan fácil que es entender cuando se habla claro!
Hoy nadie sabe cuáles son esos derechos y la confusión reina en los debates y en la legislación. ¿Por qué Pemex debe pagar esos derechos? Porque está explotando una propiedad ad aeternum de la nación (el subsuelo) y haciendo uso de la superficie territorial (originariamente propiedad de la nación, según reza el artículo 27 constitucional). Cuando la Ley Federal de Derechos establece que Pemex debe pagar esos derechos no los define ni dice cuáles son. Los economistas los definen como “excedente”, lo que me parece muy inexacto e inadecuado.
Según mi elemental saber, excedente es, en primer término, la ganancia o el rendimiento de un proceso productivo o comercializador y, en segundo lugar, un extra que resulta, como en la industria del petróleo, por una elevación de los precios. Pero los “derechos” no pueden ser lo uno ni lo otro. Fijar permanentemente un porcentaje del valor de esos derechos en 71.5 de la diferencia que resulte del valor anual del petróleo crudo y gas natural extraídos en el año y las deducciones que se establecen es arbitrario. ¿Por qué tiene que ser del 71.5? Hoy, a pesar de la ley, es de más del 74.
Fijar un porcentaje de esos derechos es, ya de por sí, absurdo. Si hubiéramos tenido, antes que esta reforma petrolera, una reforma fiscal, el principio habría sido: el porcentaje se fijará de acuerdo con los requerimientos del fisco y siempre mediando los precios internacionales del recurso. Fijar en 71.5 ese porcentaje resulta poco si no hay reforma fiscal. Podría decirse que el petróleo es de la nación pero lo explota el Estado y, por lo tanto, no ha lugar a que se fijen tales porcentajes y todo lo que se produzca y se gane será del Estado (del fisco). Tan sencillo como eso y que es, en realidad, lo que se está haciendo.
En toda la legislación petrolera y hacendaria hay un vicio de origen de ilegitimidad constitucional en el que casi nadie repara. De lo que menos se acuerda alguien, entre todos los que están proponiendo reformas y los que hicieron la legislación vigente, es de la Constitución y de su sentido. Hasta la misma noción que fue típica de los tiempos que sucedieron a la expropiación de 1938 de que la industria petrolera debía contribuir al desarrollo económico y social del país se pierde en la legislación vigente y en las iniciativas de reforma. Creo que ni los que intentan elaborar una propuesta para el FAP lo tienen presente.
Toda ley, lo dije en mi participación en el tercer foro del Senado, debe fundarse expresamente en la Constitución. Pero eso a todo mundo se le olvida, aunque siempre se alaba y hasta se dice que se respeta nuestra Carta Magna. Veamos: Petróleos Mexicanos es un organismo público descentralizado (aunque todos hemos hablado de “empresa”, lo correcto sería tratar siempre a Pemex como “organismo público descentralizado”) que el Estado crea para que se encargue de la explotación y comercialización de los hidrocarburos propiedad de la nación.
Contribuye al desarrollo nacional pagando los derechos de explotación del subsuelo y de uso del suelo al fisco. Todos deberíamos saber en qué se invierten esos pagos en busca del desarrollo nacional; pero nunca lo sabemos. De sus excedentes, como yo pobremente lo entiendo, debe pagar impuestos y debe tener recursos para desarrollarse en todas sus áreas. No tiene necesidad de los privados sino para aquellas funciones que no le convenga desarrollar por sí y éstas son muchísimas. Es así como también contribuye al desarrollo: haciendo que los privados hagan buenos negocios.
Es evidente que la industria debe desarrollarse, por eso hay que invertir en ella y saber manejarla. No se le puede explotar hasta el agotamiento sin permitirse su desarrollo, porque entonces todos pierden, la nación, su Estado y también los privados, a menos que se les quiera entregar como hacen las iniciativas propuestas la tarea de “modernizar” Pemex. Eso es sólo un garlito para acabar en una explotación y un derroche desenfrenados de un recurso natural que es propiedad de la nación.
Alguien en estas mismas páginas, no hace mucho, se maravillaba porque los debates iniciaran con los temas constitucionales. Alguno debería informarle que de lo que hoy se trata es de reformar una legislación y que lo primero que se debe hacer es ver si está o no de acuerdo con la Constitución.
Concebir a Pemex sólo como una empresa como cualquiera otra es olvidarse del derecho y, lo más grave, de la Constitución y de su orden jurídico. Y eso es lo que percibo en este proceso reformador, en panistas, en priístas y hasta en la izquierda. Eficientismo, finanzas, excedentes, renta petrolera, autonomía de gestión. Eso es todo lo que escucho: Pemex empresa.
Pemex ente público encargado, como organismo público descentralizado, de la explotación y comercialización de nuestra riqueza de hidrocarburos, simple y sencillamente, me está resultando una entelequia absurda y fuera de la realidad. Cuando hablo, entre los míos, de la Constitución, me siento como un marciano. Si la Constitución es un fetiche y nada más que mitos que nos vienen del pasado, pues entonces cambiémosla y dejémonos de problemas.
Hay un concepto legal en el que se funda el esquilme que Hacienda hace del petróleo. Se dice con un plural: derechos, pero ni en la legislación vigente ni en las iniciativas de reformas que se han presentado se define mayormente ni, mucho menos, se justifica constitucional y jurídicamente. Hay que recurrir a la memoria histórica para aclarar qué son esos derechos que Pemex debe pagar al fisco. Como hoy en día casi nadie tiene presente la Constitución ni los debates constitucionales que se dieron en el pasado, ni por parte del gobierno ni de los legisladores, se debe empezar por este punto.
Esos derechos antes se mencionaban y hasta llegaron a definirse. Hoy ya nadie los recuerda. Se reducen a dos: el derecho que se paga por la explotación de los recursos del subsuelo (que es propiedad de la nación) y el derecho por el uso del suelo (que, originariamente, es también propiedad de la nación). Cuando en alguno de los debates de aquella época se insistió en cuestionar cuál sería la entidad de ambos conceptos, un jurista que luego se convirtió en economista, dijo, palabras más palabras menos: si se trata de valor, eso lo dirá el mercado. ¡Tan fácil que es entender cuando se habla claro!
Hoy nadie sabe cuáles son esos derechos y la confusión reina en los debates y en la legislación. ¿Por qué Pemex debe pagar esos derechos? Porque está explotando una propiedad ad aeternum de la nación (el subsuelo) y haciendo uso de la superficie territorial (originariamente propiedad de la nación, según reza el artículo 27 constitucional). Cuando la Ley Federal de Derechos establece que Pemex debe pagar esos derechos no los define ni dice cuáles son. Los economistas los definen como “excedente”, lo que me parece muy inexacto e inadecuado.
Según mi elemental saber, excedente es, en primer término, la ganancia o el rendimiento de un proceso productivo o comercializador y, en segundo lugar, un extra que resulta, como en la industria del petróleo, por una elevación de los precios. Pero los “derechos” no pueden ser lo uno ni lo otro. Fijar permanentemente un porcentaje del valor de esos derechos en 71.5 de la diferencia que resulte del valor anual del petróleo crudo y gas natural extraídos en el año y las deducciones que se establecen es arbitrario. ¿Por qué tiene que ser del 71.5? Hoy, a pesar de la ley, es de más del 74.
Fijar un porcentaje de esos derechos es, ya de por sí, absurdo. Si hubiéramos tenido, antes que esta reforma petrolera, una reforma fiscal, el principio habría sido: el porcentaje se fijará de acuerdo con los requerimientos del fisco y siempre mediando los precios internacionales del recurso. Fijar en 71.5 ese porcentaje resulta poco si no hay reforma fiscal. Podría decirse que el petróleo es de la nación pero lo explota el Estado y, por lo tanto, no ha lugar a que se fijen tales porcentajes y todo lo que se produzca y se gane será del Estado (del fisco). Tan sencillo como eso y que es, en realidad, lo que se está haciendo.
En toda la legislación petrolera y hacendaria hay un vicio de origen de ilegitimidad constitucional en el que casi nadie repara. De lo que menos se acuerda alguien, entre todos los que están proponiendo reformas y los que hicieron la legislación vigente, es de la Constitución y de su sentido. Hasta la misma noción que fue típica de los tiempos que sucedieron a la expropiación de 1938 de que la industria petrolera debía contribuir al desarrollo económico y social del país se pierde en la legislación vigente y en las iniciativas de reforma. Creo que ni los que intentan elaborar una propuesta para el FAP lo tienen presente.
Toda ley, lo dije en mi participación en el tercer foro del Senado, debe fundarse expresamente en la Constitución. Pero eso a todo mundo se le olvida, aunque siempre se alaba y hasta se dice que se respeta nuestra Carta Magna. Veamos: Petróleos Mexicanos es un organismo público descentralizado (aunque todos hemos hablado de “empresa”, lo correcto sería tratar siempre a Pemex como “organismo público descentralizado”) que el Estado crea para que se encargue de la explotación y comercialización de los hidrocarburos propiedad de la nación.
Contribuye al desarrollo nacional pagando los derechos de explotación del subsuelo y de uso del suelo al fisco. Todos deberíamos saber en qué se invierten esos pagos en busca del desarrollo nacional; pero nunca lo sabemos. De sus excedentes, como yo pobremente lo entiendo, debe pagar impuestos y debe tener recursos para desarrollarse en todas sus áreas. No tiene necesidad de los privados sino para aquellas funciones que no le convenga desarrollar por sí y éstas son muchísimas. Es así como también contribuye al desarrollo: haciendo que los privados hagan buenos negocios.
Es evidente que la industria debe desarrollarse, por eso hay que invertir en ella y saber manejarla. No se le puede explotar hasta el agotamiento sin permitirse su desarrollo, porque entonces todos pierden, la nación, su Estado y también los privados, a menos que se les quiera entregar como hacen las iniciativas propuestas la tarea de “modernizar” Pemex. Eso es sólo un garlito para acabar en una explotación y un derroche desenfrenados de un recurso natural que es propiedad de la nación.
Alguien en estas mismas páginas, no hace mucho, se maravillaba porque los debates iniciaran con los temas constitucionales. Alguno debería informarle que de lo que hoy se trata es de reformar una legislación y que lo primero que se debe hacer es ver si está o no de acuerdo con la Constitución.
Concebir a Pemex sólo como una empresa como cualquiera otra es olvidarse del derecho y, lo más grave, de la Constitución y de su orden jurídico. Y eso es lo que percibo en este proceso reformador, en panistas, en priístas y hasta en la izquierda. Eficientismo, finanzas, excedentes, renta petrolera, autonomía de gestión. Eso es todo lo que escucho: Pemex empresa.
Pemex ente público encargado, como organismo público descentralizado, de la explotación y comercialización de nuestra riqueza de hidrocarburos, simple y sencillamente, me está resultando una entelequia absurda y fuera de la realidad. Cuando hablo, entre los míos, de la Constitución, me siento como un marciano. Si la Constitución es un fetiche y nada más que mitos que nos vienen del pasado, pues entonces cambiémosla y dejémonos de problemas.
Opinión de Rolando Cordera Campos en La Jornada
De otras encrucijadas
Como avalancha y sin clemencia caen las noticias de la semana. Consumidores y productores por igual, informa el INEGI, pierden su confianza en el mercado y sus expectativas como agentes económicos parecen desplomarse. De seguir así, no puede sino esperarse que el consumo decaiga, en especial el de los bienes durables, y que la inversión se inhiba aún más.
Las tremendistas profecías de los líderes empresariales, lanzadas al calor del asesinato y el secuestro, son oportunismo corriente pero sacan a flote la deriva declinante en los planes de expansión de las empresas, diseñados antes de la tragedia del fin de semana. A la incertidumbre que domina la época, habrá que añadir ahora la paranoia demagógica de los pastores de la patronal. Por si faltara.
De combinarse e imponerse estas tendencias, tendríamos el círculo vicioso de caídas en el crecimiento del consumo o su estancamiento, menos empleo y remuneraciones, menor demanda e inversión a la baja. Un círculo que de vicioso puede volverse perverso de darse las peores previsiones sobre la economía americana, acosada por desplomes financieros pero todavía peleando por no caer en una abierta y profunda, además de larga, recesión.
Nuestra apuesta por la liga mayor del Norte asoma su cara costosa y nada generosa: si las importaciones de Estados Unidos caen, nuestras ventas foráneas harán lo propio y los nuestros enfrentarán todavía más obstáculos para cruzar el Paso del Norte y mantener su empleo en aquellas tierras.
Punto, y seguido: según Everardo Elizondo, vicegobernador del Banco de México, “no se ve el fin en el alza mundial de precios” (El Economista, 07/08/08). La “estanflación” (mezcla aberrante de estancamiento productivo con inflación) se abre paso en el horizonte cercano del planeta mientras la globalización se ve cercada por incrementos acentuados en los costos del transporte y del conjunto de las materias primas, y muchas empresas empiezan a corregir cálculos y revisar estrategias de inversión y localización (Véase el espléndido reportaje de Larry Rother, The New York Times, 02/08/08).
La coyuntura es oscura pero, a la vez, como suele suceder, abre posibilidades que solían desdeñarse cuando el optimismo privaba. Una de éstas es una revaloración del territorio mexicano como plataforma de producción y exportación por parte de la inversión internacional, que a su vez abriría oportunidades en materia de políticas de fomento y desarrollo tecnológico que igualmente se despreciaban cuando no se hablaba sino del “NAFTA Plus” y de la magia del mercado.
Pero para volver realidad estas oportunidades hay que arriesgarse a hacer cambios de política y estrategia, que convoquen y alienten la cooperación social y política, más que darle circulación a la lista de espera de los íntimos. Obstinarse en más de lo mismo no lleva sino al cambio por su peor cara.
Vivimos ya, de nuevo, tiempos duros en la economía, cuando una parte considerable de la población ni siquiera olió los buenos momentos del “ascenso” de la clase media, materializado en el incremento del consumo de bienes durables y en el auge cruel de la construcción de casas. Lo que hoy tenemos y tendremos es penuria mayoritaria y aplanamiento de ánimos a lo largo y ancho de la pirámide.
Mala época para hacer “populismo penal” y convocar a guerras de atrición que pueden devenir secesión: así lo ha hecho, infortunadamente, el presidente Calderón al, aquí sí, “politizar” la tragedia que sufre la familia Martí, condenar la consulta energética y echar la culpa de nuestra más amenazadora crisis como Estado a sus adversarios políticos, en este caso el jefe de Gobierno del Distrito Federal.
Las seguridades alimenticia, energética, en el consumo y el empleo, están en juego. Nuestra seguridad como comunidad ya no lo está, porque el mecanismo de la seguridad pública y nacional en su conjunto está horadado y al borde del colapso.
Se trata de una crisis mayor en cuyo fondo puede estar sin más la catástrofe. Es la hora de la unidad de los mexicanos, sin duda, pero no a golpe de infundios ni de arrinconamientos demagógicos. Con eso, sólo se echa sal sobre heridas no cicatrizadas y se juega al aprendiz de brujo, pero cargados y rodeados de dinamita. Como en Ciudad Gótica.
Como avalancha y sin clemencia caen las noticias de la semana. Consumidores y productores por igual, informa el INEGI, pierden su confianza en el mercado y sus expectativas como agentes económicos parecen desplomarse. De seguir así, no puede sino esperarse que el consumo decaiga, en especial el de los bienes durables, y que la inversión se inhiba aún más.
Las tremendistas profecías de los líderes empresariales, lanzadas al calor del asesinato y el secuestro, son oportunismo corriente pero sacan a flote la deriva declinante en los planes de expansión de las empresas, diseñados antes de la tragedia del fin de semana. A la incertidumbre que domina la época, habrá que añadir ahora la paranoia demagógica de los pastores de la patronal. Por si faltara.
De combinarse e imponerse estas tendencias, tendríamos el círculo vicioso de caídas en el crecimiento del consumo o su estancamiento, menos empleo y remuneraciones, menor demanda e inversión a la baja. Un círculo que de vicioso puede volverse perverso de darse las peores previsiones sobre la economía americana, acosada por desplomes financieros pero todavía peleando por no caer en una abierta y profunda, además de larga, recesión.
Nuestra apuesta por la liga mayor del Norte asoma su cara costosa y nada generosa: si las importaciones de Estados Unidos caen, nuestras ventas foráneas harán lo propio y los nuestros enfrentarán todavía más obstáculos para cruzar el Paso del Norte y mantener su empleo en aquellas tierras.
Punto, y seguido: según Everardo Elizondo, vicegobernador del Banco de México, “no se ve el fin en el alza mundial de precios” (El Economista, 07/08/08). La “estanflación” (mezcla aberrante de estancamiento productivo con inflación) se abre paso en el horizonte cercano del planeta mientras la globalización se ve cercada por incrementos acentuados en los costos del transporte y del conjunto de las materias primas, y muchas empresas empiezan a corregir cálculos y revisar estrategias de inversión y localización (Véase el espléndido reportaje de Larry Rother, The New York Times, 02/08/08).
La coyuntura es oscura pero, a la vez, como suele suceder, abre posibilidades que solían desdeñarse cuando el optimismo privaba. Una de éstas es una revaloración del territorio mexicano como plataforma de producción y exportación por parte de la inversión internacional, que a su vez abriría oportunidades en materia de políticas de fomento y desarrollo tecnológico que igualmente se despreciaban cuando no se hablaba sino del “NAFTA Plus” y de la magia del mercado.
Pero para volver realidad estas oportunidades hay que arriesgarse a hacer cambios de política y estrategia, que convoquen y alienten la cooperación social y política, más que darle circulación a la lista de espera de los íntimos. Obstinarse en más de lo mismo no lleva sino al cambio por su peor cara.
Vivimos ya, de nuevo, tiempos duros en la economía, cuando una parte considerable de la población ni siquiera olió los buenos momentos del “ascenso” de la clase media, materializado en el incremento del consumo de bienes durables y en el auge cruel de la construcción de casas. Lo que hoy tenemos y tendremos es penuria mayoritaria y aplanamiento de ánimos a lo largo y ancho de la pirámide.
Mala época para hacer “populismo penal” y convocar a guerras de atrición que pueden devenir secesión: así lo ha hecho, infortunadamente, el presidente Calderón al, aquí sí, “politizar” la tragedia que sufre la familia Martí, condenar la consulta energética y echar la culpa de nuestra más amenazadora crisis como Estado a sus adversarios políticos, en este caso el jefe de Gobierno del Distrito Federal.
Las seguridades alimenticia, energética, en el consumo y el empleo, están en juego. Nuestra seguridad como comunidad ya no lo está, porque el mecanismo de la seguridad pública y nacional en su conjunto está horadado y al borde del colapso.
Se trata de una crisis mayor en cuyo fondo puede estar sin más la catástrofe. Es la hora de la unidad de los mexicanos, sin duda, pero no a golpe de infundios ni de arrinconamientos demagógicos. Con eso, sólo se echa sal sobre heridas no cicatrizadas y se juega al aprendiz de brujo, pero cargados y rodeados de dinamita. Como en Ciudad Gótica.
El Despertar
José Agustín Ortiz Pinchetti
Lo oscuro y lo claro
Panorama oscuro. En 20 meses el gobierno de Calderón se ha desgastado. Atrapado entre el PRI, la oligarquía y la inconformidad pierde el rumbo. Por primera vez en nuestra generación resuena la palabra ingobernabilidad. Calderón, entre muchos, ha cometido tres errores: negarse al voto por voto, lo que lo condenó a la ilegitimidad de origen. Militarizar el país en una batalla perdida de antemano. Resultado: 5 mil muertos, 500 de ellos militares, mayor inseguridad, mayor índice de delincuencia, mayor narcotráfico, más violación a los derechos humanos. El haberse lanzado a la aventura de privatizar Petróleos Mexicanos para cumplir compromisos con las empresas y los gobiernos extranjeros.
La población intuye que vienen tiempos revueltos: inflación, carestía, desempleo e inseguridad. La única defensa del gobierno es una monstruosa campaña de propaganda para atenuar los efectos de la realidad.
Indicios luminosos. En el otro extremo del espectro político la movilización. El obradorismo parece adelantarse a otros muchos movimientos. Aunque preocupa a los espías del gobierno, se oculta cuidadosamente a la opinión pública. Déjenme darles un testimonio: la consulta ciudadana del día de hoy en Puebla, donde estoy trabajando. Los comités municipales obradoristas y voluntarios de la ciudad de México están apoyando a la coordinación estatal que encabeza David Méndez. Hay sorpresa entre los organizadores. De 350 mesas calculadas se han inscrito 720. De los mil 500 voluntarios que operarían, ahora son más de 3 mil. Se han registrado casillas en 170 de los 217 municipios, en la capital 215 y los hay en todas las cabeceras distritales. ¡Asombro! Las corrientes perredistas están colaborando en santa paz. Miguel Ángel de la Rosa, de Nueva Izquierda, participa con entusiasmo. También la Benemérita Universidad Autónoma. Muchos ciudadanos e instituciones. Hay un consejo de vigilancia con 50 intelectuales y científicos de primera línea. Las autoridades municipales y estatales han respetado el ejercicio y en alguna medida discreta lo están apoyando.
¿Conque Puebla era un Estado conservador? ¿Conque la propaganda federal iba a abrumar a la consulta? Lo que estamos constatando es que el pueblo de Puebla y de todo el país empieza a despertar y que el acicate ha sido el intento de la reacción para despojar a México, no sólo de su industria petrolera, sino también de su dignidad.
Lo oscuro y lo claro
Panorama oscuro. En 20 meses el gobierno de Calderón se ha desgastado. Atrapado entre el PRI, la oligarquía y la inconformidad pierde el rumbo. Por primera vez en nuestra generación resuena la palabra ingobernabilidad. Calderón, entre muchos, ha cometido tres errores: negarse al voto por voto, lo que lo condenó a la ilegitimidad de origen. Militarizar el país en una batalla perdida de antemano. Resultado: 5 mil muertos, 500 de ellos militares, mayor inseguridad, mayor índice de delincuencia, mayor narcotráfico, más violación a los derechos humanos. El haberse lanzado a la aventura de privatizar Petróleos Mexicanos para cumplir compromisos con las empresas y los gobiernos extranjeros.
La población intuye que vienen tiempos revueltos: inflación, carestía, desempleo e inseguridad. La única defensa del gobierno es una monstruosa campaña de propaganda para atenuar los efectos de la realidad.
Indicios luminosos. En el otro extremo del espectro político la movilización. El obradorismo parece adelantarse a otros muchos movimientos. Aunque preocupa a los espías del gobierno, se oculta cuidadosamente a la opinión pública. Déjenme darles un testimonio: la consulta ciudadana del día de hoy en Puebla, donde estoy trabajando. Los comités municipales obradoristas y voluntarios de la ciudad de México están apoyando a la coordinación estatal que encabeza David Méndez. Hay sorpresa entre los organizadores. De 350 mesas calculadas se han inscrito 720. De los mil 500 voluntarios que operarían, ahora son más de 3 mil. Se han registrado casillas en 170 de los 217 municipios, en la capital 215 y los hay en todas las cabeceras distritales. ¡Asombro! Las corrientes perredistas están colaborando en santa paz. Miguel Ángel de la Rosa, de Nueva Izquierda, participa con entusiasmo. También la Benemérita Universidad Autónoma. Muchos ciudadanos e instituciones. Hay un consejo de vigilancia con 50 intelectuales y científicos de primera línea. Las autoridades municipales y estatales han respetado el ejercicio y en alguna medida discreta lo están apoyando.
¿Conque Puebla era un Estado conservador? ¿Conque la propaganda federal iba a abrumar a la consulta? Lo que estamos constatando es que el pueblo de Puebla y de todo el país empieza a despertar y que el acicate ha sido el intento de la reacción para despojar a México, no sólo de su industria petrolera, sino también de su dignidad.
sábado, 9 de agosto de 2008
Opinió de Bernardo Bátiz en La Jornada
Oportunismo y guerra de nervios
La tragedia lamentable de una familia conocida y distinguida por sus negocios, sacudió a la sociedad mexicana y provoca diversas reacciones en la comunidad; sin duda de indignación, de dolor, de inseguridad; pero también obliga a reflexionar acerca de las causas de la delincuencia y sobre las estrategias para luchar contra este tipo de males que tantos estragos causan en las familias y en las víctimas.
Sobre las reacciones de las autoridades hay un contraste notable, funcionarios públicos como un legislador priísta que pidió la pena de muerte y el objetado presidente Felipe Calderón, que propone reformar las leyes para que se abra la posibilidad de aplicar la cadena perpetua a los responsables de hechos como el que nos ocupa, no tienen otra explicación que la irreflexión.
Sin buena asesoría y quizá sin pensarlo mucho, se propone la cadena perpetua, expresión anacrónica, pero usual, para denominar a la prisión de por vida o prisión hasta morir; a esto respondieron de inmediato conocedores, estudiosos y aun servidores públicos cercanos a la administración de justicia, para decir que ven en ella, por una parte oportunismo reprobable y por otra, un retroceso a épocas superadas.
Pareciera que el estupor que produjo la noticia de un niño sacrificado por sus secuestradores y la inseguridad que esto provoca en muchísimos padres de familia, da pie para que se quiera llevar agua al molino de la política con miras a las próximas elecciones; en realidad, el hecho nos hace recordar algo que sabemos todos, pero que mantenemos en el inconsciente, que la vida es frágil y que su hilo se rompe fácilmente con independencia de edades y condiciones sociales y económicas.
La reacción del gobierno federal es muy pobre; no atina si no a incrementar las penas, lo que no es ni siquiera una alternativa novedosa, ya que en el Distrito Federal está vigente, desde hace ya algún tiempo, una sanción de 70 años de cárcel para los secuestradores que privan de la vida a su victima, lo que equivale en la práctica a una condena de por vida, pues en la mayoría de los casos, los victimarios se encuentran entre los 30 y 40 años de edad, es decir que con la ley actual se les podría dejar en la cárcel, si es que vivieran tanto, hasta los 110 años o más.
Por otra parte, el sistema penal en nuestro país no está basado en el principio de la venganza social en contra de quien viola las leyes más importantes de la colectividad, si no por el contrario, los principios que rigen nuestra legislación penal tienden a la rehabilitación de los delincuentes y a su reintegración a la vida social; no son, como dice alguna doctrina moderna del derecho penal, “enemigos”, si no que son miembros de nuestra sociedad que han actuado mal, pero que forman parte de grupos familiares, de trabajo, religiosos y de otra índole, que sufren también daños, cuando se daña a uno de sus integrantes, así sea un criminal
Todos, aún los peores delincuentes, son personas y por tanto perfectibles, como lo es también la sociedad en su conjunto, que los moldea y de alguna manera forma e inclina a que sean lo que son. Pensar en matar al que mata, condenarlo de por vida, mutilarlo y otras penas de esa índole, han sido excluidas de nuestra legislación por considerarlas trascendentes y excesivas, aceptarlas es rendirse ante los procesos sociales negativos y renunciar a la búsqueda de otras formas de sacar adelante a nuestras comunidades, es perder la confianza en el ser humano. El apresuramiento, el coraje y la impotencia suelen ser malos consejeros.
Por otra parte, crear, a partir de hechos tan lamentables, una estrategia de intimidación, de crispación, una verdadera guerra de nervios contra la colectividad, es algo inaceptable y perverso, si es que se hace en forma deliberada; la estrategia del terror para mantener a la sociedad asustada permanentemente, sumisa, sometida, es una política que no tiene nada de novedoso, pero que lamentablemente reaparece como un fantasma en nuestro tiempo.
Cuando se usan estas tácticas, se quiere una sociedad paralizada por el miedo, para dejar manos libres a quienes están al frente y tienen el control, pero que ven en una sociedad despierta y confiada en sus propias fuerzas, capacitada para resistir y para dar respuestas a situaciones socialmente negativas, a competidores y posibles rivales.
Es mucho más positivo lo que está haciendo la procuraduría del Distrito Federal, investigar con seriedad, trabajar con lo que se tiene en este momento, para poner a los culpables en manos de los jueces y al mismo tiempo informar, tanto del hecho singular como de las estadísticas que en el caso han sido llevadas en forma escrupulosa y que reflejan la realidad en esta materia.
Individualmente nos indignamos, comprendemos el dolor y la angustia de quienes sufren este tipo de atentados, pero no podemos aceptar que la autoridad ni los comunicadores caigan ellos mismos en la histeria y muchos menos, provocarla e inducirla en forma colectiva.
La tragedia lamentable de una familia conocida y distinguida por sus negocios, sacudió a la sociedad mexicana y provoca diversas reacciones en la comunidad; sin duda de indignación, de dolor, de inseguridad; pero también obliga a reflexionar acerca de las causas de la delincuencia y sobre las estrategias para luchar contra este tipo de males que tantos estragos causan en las familias y en las víctimas.
Sobre las reacciones de las autoridades hay un contraste notable, funcionarios públicos como un legislador priísta que pidió la pena de muerte y el objetado presidente Felipe Calderón, que propone reformar las leyes para que se abra la posibilidad de aplicar la cadena perpetua a los responsables de hechos como el que nos ocupa, no tienen otra explicación que la irreflexión.
Sin buena asesoría y quizá sin pensarlo mucho, se propone la cadena perpetua, expresión anacrónica, pero usual, para denominar a la prisión de por vida o prisión hasta morir; a esto respondieron de inmediato conocedores, estudiosos y aun servidores públicos cercanos a la administración de justicia, para decir que ven en ella, por una parte oportunismo reprobable y por otra, un retroceso a épocas superadas.
Pareciera que el estupor que produjo la noticia de un niño sacrificado por sus secuestradores y la inseguridad que esto provoca en muchísimos padres de familia, da pie para que se quiera llevar agua al molino de la política con miras a las próximas elecciones; en realidad, el hecho nos hace recordar algo que sabemos todos, pero que mantenemos en el inconsciente, que la vida es frágil y que su hilo se rompe fácilmente con independencia de edades y condiciones sociales y económicas.
La reacción del gobierno federal es muy pobre; no atina si no a incrementar las penas, lo que no es ni siquiera una alternativa novedosa, ya que en el Distrito Federal está vigente, desde hace ya algún tiempo, una sanción de 70 años de cárcel para los secuestradores que privan de la vida a su victima, lo que equivale en la práctica a una condena de por vida, pues en la mayoría de los casos, los victimarios se encuentran entre los 30 y 40 años de edad, es decir que con la ley actual se les podría dejar en la cárcel, si es que vivieran tanto, hasta los 110 años o más.
Por otra parte, el sistema penal en nuestro país no está basado en el principio de la venganza social en contra de quien viola las leyes más importantes de la colectividad, si no por el contrario, los principios que rigen nuestra legislación penal tienden a la rehabilitación de los delincuentes y a su reintegración a la vida social; no son, como dice alguna doctrina moderna del derecho penal, “enemigos”, si no que son miembros de nuestra sociedad que han actuado mal, pero que forman parte de grupos familiares, de trabajo, religiosos y de otra índole, que sufren también daños, cuando se daña a uno de sus integrantes, así sea un criminal
Todos, aún los peores delincuentes, son personas y por tanto perfectibles, como lo es también la sociedad en su conjunto, que los moldea y de alguna manera forma e inclina a que sean lo que son. Pensar en matar al que mata, condenarlo de por vida, mutilarlo y otras penas de esa índole, han sido excluidas de nuestra legislación por considerarlas trascendentes y excesivas, aceptarlas es rendirse ante los procesos sociales negativos y renunciar a la búsqueda de otras formas de sacar adelante a nuestras comunidades, es perder la confianza en el ser humano. El apresuramiento, el coraje y la impotencia suelen ser malos consejeros.
Por otra parte, crear, a partir de hechos tan lamentables, una estrategia de intimidación, de crispación, una verdadera guerra de nervios contra la colectividad, es algo inaceptable y perverso, si es que se hace en forma deliberada; la estrategia del terror para mantener a la sociedad asustada permanentemente, sumisa, sometida, es una política que no tiene nada de novedoso, pero que lamentablemente reaparece como un fantasma en nuestro tiempo.
Cuando se usan estas tácticas, se quiere una sociedad paralizada por el miedo, para dejar manos libres a quienes están al frente y tienen el control, pero que ven en una sociedad despierta y confiada en sus propias fuerzas, capacitada para resistir y para dar respuestas a situaciones socialmente negativas, a competidores y posibles rivales.
Es mucho más positivo lo que está haciendo la procuraduría del Distrito Federal, investigar con seriedad, trabajar con lo que se tiene en este momento, para poner a los culpables en manos de los jueces y al mismo tiempo informar, tanto del hecho singular como de las estadísticas que en el caso han sido llevadas en forma escrupulosa y que reflejan la realidad en esta materia.
Individualmente nos indignamos, comprendemos el dolor y la angustia de quienes sufren este tipo de atentados, pero no podemos aceptar que la autoridad ni los comunicadores caigan ellos mismos en la histeria y muchos menos, provocarla e inducirla en forma colectiva.
Desfiladero
Jaime Avilés
La Jornada, 9 de agosto 2008
■ Descartado Graco, el PRI ofrece a Navarrete la presidencia del Senado
Ampliar la imagen Mañana se realizará en siete estados la consulta sobre la propuesta de reforma a Petróleos Mexicanos que dio a conocer Felipe Calderón. La imagen corresponde al proceso que se llevó a cabo el pasado 27 de julio en la ciudad de México Mañana se realizará en siete estados la consulta sobre la propuesta de reforma a Petróleos Mexicanos que dio a conocer Felipe Calderón. La imagen corresponde al proceso que se llevó a cabo el pasado 27 de julio en la ciudad de México Foto: Víctor Camacho
Por medio de Claudia Sheinbaum, el gobierno legítimo de Andrés Manuel López Obrador convocó a los integrantes del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo a concentrarse el próximo domingo 31 de agosto en todas las plazas públicas del país. El anuncio, hecho el pasado lunes en la casona de la calle San Luis Potosí, detalló que en la ciudad de México la reunión se llevará a cabo ante el Monumento a la Revolución. De tal suerte quedó eslabonada una secuencia de cuatro acciones específicas contra la privatización de Pemex. El reloj ha abierto una cuenta regresiva y marca los días que faltan para el eventual estallido de una crisis política de consecuencias impredecibles.
La primera de esas cuatro acciones es la consulta ciudadana que se va a celebrar mañana en los estados de Puebla, Tabasco, Oaxaca, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Colima sobre las propuestas de Felipe Calderón. Iba a ser también en Chiapas, pero numerosas dificultades organizativas en la entidad que gobierna el panista de origen priísta con camiseta perredista, Juan Sabines, la aplazaron otras dos semanas. Por lo tanto, la segunda acción será la etapa final de la misma consulta, prevista para el domingo 24 de agosto en Chiapas y los estados del norte.
Una vez que el ejercicio concluya, el grupo de trabajo integrado, a petición de López Obrador, por una variada gama de sabios, científicos, técnicos, intelectuales y políticos opuestos a la venta de la industria petrolera dará a conocer su propia iniciativa para la transformación de Pemex entre el lunes 25 y el viernes 29. Así, la presentación de ese proyecto, que van a defender en las cámaras los legisladores del Frente Amplio Progresista, será la tercera acción de la cadena, previa a la concentración de fuerzas en las plazas públicas de todo el país, sólo unas horas antes del arranque del nuevo periodo ordinario de sesiones en las cámaras de Senadores y de Diputados.
Éste, en resumidas cuentas, es el cronograma opositor. En el bando opuesto, la Comisión de Energía del Senado comenzó a estudiar las iniciativas calderónicas y se declaró en “sesión permanente” para impresionar a los ingenuos. Al mismo tiempo, los líderes del PRI y del PAN, Beatriz Paredes y Germán Martínez, volvieron a reunirse con el del PRD, Guadalupe Acosta, esta vez en Pachuca, donde anteayer, como registró la nota de Carlos Camacho, corresponsal de La Jornada en Hidalgo, “acordaron apoyar la reforma, sin especificar” cuál, si la de Calderón, la de Manlio Fabio Beltrones o una surgida de la fusión de ambas, que algunos conocen ya como la ley Calbeltrón.
Pero mientras los legisladores analizaban la cosa y los timoneles de los partidos posaban juntos para dar certeza a los impacientes empresarios españoles, que no ven la hora de añadir las siglas de Pemex a las de Repsol, el senador perredista Carlos Navarrete comenzó a trabajar con ahínco para obtener el respaldo de sus compañeros de bancada. El motivo es el siguiente: luego de descartar la opción Graco Ramírez, el PRI ofreció a Navarrete la presidencia del Senado y éste de inmediato se puso a hacer campaña en pro de sí mismo. Hace pocos días desayunó con su colega, la actriz María Rojo, quien a instancias del solicitante le dejó firmada una carta de adhesión. Y, aseguran otros testimonios, habló también con Pablo Gómez.
Hay, al respecto, una explicación muy sencilla: para agilizar la privatización de Pemex, los priístas de la casona de Xicoténcatl pretenden convertir a Navarrete en su propia Ruth Zavaleta. Ello, claro, en obvia alusión a la metamorfosis que experimentó la legisladora guerrerense, quien llegó a San Lázaro con los votos de los seguidores de López Obrador pero se dedicó a hacer la política de Calderón y la derecha panista a partir del momento en que un acuerdo de cúpula la convirtió en presidenta de la Cámara de Diputados. Navarrete, calculan ahora los allegados a Beltrones, tal vez no caerá tan bajo, pero al menos se verá impedido a volver a tomar la tribuna, si la polarización del conflicto obliga al Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo a adoptar soluciones extremas.
Los senadores perredistas carecen del mínimo de escaños (25 por ciento) para ocupar la Junta de Coordinación Política de esa cámara y tampoco tienen derecho, por lo mismo, a hacerse de la presidencia. Sin embargo, ésta puede ser suya si así lo acepta la bancada del PRI, cosa que en este momento no desea Beltrones por dos motivos muy simples: uno es que el presidente del Senado, en realidad, carece de poder si no tiene a su disposición una mayoría efectiva –en este sentido, ese privilegio, hoy por hoy, es del ex gobernador de Sonora, quien aún vacaciona en Europa–, y dos, una de sus funciones obligatorias es la de llamar a las fuerzas del orden para que repriman disturbios dentro del recinto. Así pues, para ello, ¿quién mejor que el buenazo de Navarrete?
Antes de ser elevado a tan discutibles alturas, Navarrete deberá esperar a que se resuelva otro conflicto: el de los senadores panistas leales a Santiago Creel, quienes hace pocos días enviaron una carta a Los Pinos para exigir a Felipe Calderón que deje de maniobrar a través de Gustavo Madero, su coordinador parlamentario, en contra del ex secretario de Gobernación, quien por su parte no quiere dejar la presidencia del Senado. No olvidemos que Creel fue sometido a degüello, al menos en grado de tentativa, cuando las encuestas del primer círculo del felipato revelaron que era el panista con mayor grado de aceptación entre la gente de a pie.
Por lo pronto, Ruth Zavaleta llega dentro de unas horas a la capital de Tabasco para escuchar con toda atención el informe de labores del diputado panista Juan José Rodríguez Prats en un solemne acto dominical al que asistirá también el gobernador Andrés Granier. Nadie descarta que en realidad la casi casi ex presidenta de los diputados aprovechará su visita a la tierra natal de López Obrador para volver a descalificar la consulta, honrando así el ya tres veces desmentido pacto Zavaleta-don Beltrone, que con la tentadora oferta que acaba de recibir Carlos Navarrete sigue dando pruebas de su indudable existencia.
Otra la constituye el hecho de que, en el Distrito Federal, la delegación Iztapalapa, bastión de René Arce y Víctor Hugo Círigo, es decir, de Nueva Izquierda, tuvo el penúltimo lugar en participación en la consulta de hace 15 días, apenas arriba de la panista Miguel Hidalgo. Mañana se espera que Tabasco, en el mejor de los casos, aporte 100 mil votos más y todavía no se sabe cuántos recogerán los seis estados restantes. Por lógica, el resultado de la segunda fase será aún más pequeño y los levantacejas, desde el lunes, la darán por muerta, urgiendo a que se concrete la privatización ya, con lo que solamente se tensarán más las cosas. Ahora bien, si ustedes desean comunicarse con esta columna escriban a jamastu@gmail.com.
La Jornada, 9 de agosto 2008
■ Descartado Graco, el PRI ofrece a Navarrete la presidencia del Senado
Ampliar la imagen Mañana se realizará en siete estados la consulta sobre la propuesta de reforma a Petróleos Mexicanos que dio a conocer Felipe Calderón. La imagen corresponde al proceso que se llevó a cabo el pasado 27 de julio en la ciudad de México Mañana se realizará en siete estados la consulta sobre la propuesta de reforma a Petróleos Mexicanos que dio a conocer Felipe Calderón. La imagen corresponde al proceso que se llevó a cabo el pasado 27 de julio en la ciudad de México Foto: Víctor Camacho
Por medio de Claudia Sheinbaum, el gobierno legítimo de Andrés Manuel López Obrador convocó a los integrantes del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo a concentrarse el próximo domingo 31 de agosto en todas las plazas públicas del país. El anuncio, hecho el pasado lunes en la casona de la calle San Luis Potosí, detalló que en la ciudad de México la reunión se llevará a cabo ante el Monumento a la Revolución. De tal suerte quedó eslabonada una secuencia de cuatro acciones específicas contra la privatización de Pemex. El reloj ha abierto una cuenta regresiva y marca los días que faltan para el eventual estallido de una crisis política de consecuencias impredecibles.
La primera de esas cuatro acciones es la consulta ciudadana que se va a celebrar mañana en los estados de Puebla, Tabasco, Oaxaca, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Colima sobre las propuestas de Felipe Calderón. Iba a ser también en Chiapas, pero numerosas dificultades organizativas en la entidad que gobierna el panista de origen priísta con camiseta perredista, Juan Sabines, la aplazaron otras dos semanas. Por lo tanto, la segunda acción será la etapa final de la misma consulta, prevista para el domingo 24 de agosto en Chiapas y los estados del norte.
Una vez que el ejercicio concluya, el grupo de trabajo integrado, a petición de López Obrador, por una variada gama de sabios, científicos, técnicos, intelectuales y políticos opuestos a la venta de la industria petrolera dará a conocer su propia iniciativa para la transformación de Pemex entre el lunes 25 y el viernes 29. Así, la presentación de ese proyecto, que van a defender en las cámaras los legisladores del Frente Amplio Progresista, será la tercera acción de la cadena, previa a la concentración de fuerzas en las plazas públicas de todo el país, sólo unas horas antes del arranque del nuevo periodo ordinario de sesiones en las cámaras de Senadores y de Diputados.
Éste, en resumidas cuentas, es el cronograma opositor. En el bando opuesto, la Comisión de Energía del Senado comenzó a estudiar las iniciativas calderónicas y se declaró en “sesión permanente” para impresionar a los ingenuos. Al mismo tiempo, los líderes del PRI y del PAN, Beatriz Paredes y Germán Martínez, volvieron a reunirse con el del PRD, Guadalupe Acosta, esta vez en Pachuca, donde anteayer, como registró la nota de Carlos Camacho, corresponsal de La Jornada en Hidalgo, “acordaron apoyar la reforma, sin especificar” cuál, si la de Calderón, la de Manlio Fabio Beltrones o una surgida de la fusión de ambas, que algunos conocen ya como la ley Calbeltrón.
Pero mientras los legisladores analizaban la cosa y los timoneles de los partidos posaban juntos para dar certeza a los impacientes empresarios españoles, que no ven la hora de añadir las siglas de Pemex a las de Repsol, el senador perredista Carlos Navarrete comenzó a trabajar con ahínco para obtener el respaldo de sus compañeros de bancada. El motivo es el siguiente: luego de descartar la opción Graco Ramírez, el PRI ofreció a Navarrete la presidencia del Senado y éste de inmediato se puso a hacer campaña en pro de sí mismo. Hace pocos días desayunó con su colega, la actriz María Rojo, quien a instancias del solicitante le dejó firmada una carta de adhesión. Y, aseguran otros testimonios, habló también con Pablo Gómez.
Hay, al respecto, una explicación muy sencilla: para agilizar la privatización de Pemex, los priístas de la casona de Xicoténcatl pretenden convertir a Navarrete en su propia Ruth Zavaleta. Ello, claro, en obvia alusión a la metamorfosis que experimentó la legisladora guerrerense, quien llegó a San Lázaro con los votos de los seguidores de López Obrador pero se dedicó a hacer la política de Calderón y la derecha panista a partir del momento en que un acuerdo de cúpula la convirtió en presidenta de la Cámara de Diputados. Navarrete, calculan ahora los allegados a Beltrones, tal vez no caerá tan bajo, pero al menos se verá impedido a volver a tomar la tribuna, si la polarización del conflicto obliga al Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo a adoptar soluciones extremas.
Los senadores perredistas carecen del mínimo de escaños (25 por ciento) para ocupar la Junta de Coordinación Política de esa cámara y tampoco tienen derecho, por lo mismo, a hacerse de la presidencia. Sin embargo, ésta puede ser suya si así lo acepta la bancada del PRI, cosa que en este momento no desea Beltrones por dos motivos muy simples: uno es que el presidente del Senado, en realidad, carece de poder si no tiene a su disposición una mayoría efectiva –en este sentido, ese privilegio, hoy por hoy, es del ex gobernador de Sonora, quien aún vacaciona en Europa–, y dos, una de sus funciones obligatorias es la de llamar a las fuerzas del orden para que repriman disturbios dentro del recinto. Así pues, para ello, ¿quién mejor que el buenazo de Navarrete?
Antes de ser elevado a tan discutibles alturas, Navarrete deberá esperar a que se resuelva otro conflicto: el de los senadores panistas leales a Santiago Creel, quienes hace pocos días enviaron una carta a Los Pinos para exigir a Felipe Calderón que deje de maniobrar a través de Gustavo Madero, su coordinador parlamentario, en contra del ex secretario de Gobernación, quien por su parte no quiere dejar la presidencia del Senado. No olvidemos que Creel fue sometido a degüello, al menos en grado de tentativa, cuando las encuestas del primer círculo del felipato revelaron que era el panista con mayor grado de aceptación entre la gente de a pie.
Por lo pronto, Ruth Zavaleta llega dentro de unas horas a la capital de Tabasco para escuchar con toda atención el informe de labores del diputado panista Juan José Rodríguez Prats en un solemne acto dominical al que asistirá también el gobernador Andrés Granier. Nadie descarta que en realidad la casi casi ex presidenta de los diputados aprovechará su visita a la tierra natal de López Obrador para volver a descalificar la consulta, honrando así el ya tres veces desmentido pacto Zavaleta-don Beltrone, que con la tentadora oferta que acaba de recibir Carlos Navarrete sigue dando pruebas de su indudable existencia.
Otra la constituye el hecho de que, en el Distrito Federal, la delegación Iztapalapa, bastión de René Arce y Víctor Hugo Círigo, es decir, de Nueva Izquierda, tuvo el penúltimo lugar en participación en la consulta de hace 15 días, apenas arriba de la panista Miguel Hidalgo. Mañana se espera que Tabasco, en el mejor de los casos, aporte 100 mil votos más y todavía no se sabe cuántos recogerán los seis estados restantes. Por lógica, el resultado de la segunda fase será aún más pequeño y los levantacejas, desde el lunes, la darán por muerta, urgiendo a que se concrete la privatización ya, con lo que solamente se tensarán más las cosas. Ahora bien, si ustedes desean comunicarse con esta columna escriban a jamastu@gmail.com.
viernes, 8 de agosto de 2008
México S.A.
Carlos Fernández-Vega
La Jornada, 8 de agosto 2008
■ Bonanza a fuerza de microfonazos
■ Ínfimo crecimiento económico
Serenaos, mexicanos incrédulos y maledicientes, porque ya el inquilino de Los Pinos vaticinó que vendrán “tiempos mejores” en materia económica, que el alza de precios en los alimentos “es temporal”, que “vamos a salir adelante”, porque él lo dice, y que, en síntesis, lo que queda de la economía nacional sí “crecerá al ritmo previsto”, aunque, pecata minuta, eso sería al cierre del sexenio, si es que éste, políticamente hablando, concluye.
Fiel creyente de que el micrófono todo lo soluciona y que el discurso que de él emana convence hasta al incrédulo más recalcitrante, el inquilino de Los Pinos se animó a pronosticar un futuro venturoso para aquellos que aún habitan esta heroica nación: “sé que esta situación es temporal, vamos a seguir adelante, y si seguimos tomando las decisiones correctas vamos a crecer a las tasas económicas que nos hemos propuesto. Sé que hay un problema mundial en el precio de los alimentos. Pero nosotros lo hemos enfrentado apoyando a la gente, multiplicando el apoyo para la gente del campo, hasta donde ha sido el límite de los recursos del Estado, y ante estas circunstancias adversas nosotros queremos convertirlas en una oportunidad para que a través de estos precios de los productos de la gente del campo, se apoye al campo y podamos relanzar la producción nacional. Es momento de abrir la brecha al nuevo campo mexicano. Vendrán tiempos mejores”. Y se quedó tan tranquilo (por cierto, este feeling retórico del michoacano explica, en parte, la razón por la cual Eduardo Sojo no sólo fue ungido como secretario de Economía en noviembre de 2006, sino su permanencia, a lo largo de 20 meses, al frente de una de las instituciones gubernamentales más brillantes, por su ausencia, de la última década).
Nada como el micrófono para “solucionar” los problemas, pero las “decisiones correctas” aludidas por el susodicho se han traducido, entre otras gracias, en 20 meses de letargo económico, indiscriminado aumento de precios, raquítica generación de empleo, importación masiva de alimentos, un campo desolado y una tasa de “crecimiento”, en el mejor de los casos, igual de desnutrida y desangelada que la registrada desde hace 26 años. La “temporalidad”, pues, rebasa ya los cinco lustros.
Que sí, que la economía crecerá “al ritmo previsto”, pero al cierre sexenal. El michoacano comprometió un crecimiento anual promedio de 5 por ciento, pero en el primer bienio (2007-2008) de la “continuidad”, si bien va, esa tasa promediará 2.8 por ciento, estirando los indicadores lo más posible. Para el siguiente bienio (2009-2010) nada vislumbra una mejoría en este renglón, de tal suerte que si en ese periodo se concreta otro 2.8 por ciento casi casi sería una victoria. Así, queda el tercero y último bienio (2011-2012), el del futuro venturoso, en el que se alcanzaría –versión micrófono– el boom y con él el “ritmo previsto”.
Pues bien, para concretar lo anterior, y considerando una tasa anual de 2.8 por ciento para cada uno de los años del periodo 2007-20010, en el referido tercer bienio de la “continuidad” la economía mexicana tendría que reportar un crecimiento no menor a 9.4 por ciento en 2011 y otro tanto en 2012, para que el promedio sexenal arroje una tasa anual de 5 por ciento, según lo prometido por el michoacano, algo fácilmente alcanzable según el micrófono oficial.
Como referencia, vale mencionar que una tasa de crecimiento económico superior a 9 por ciento no se registra desde hace 28 años, en plena “administración de la abundancia” de José López Portillo. De hecho (cifras del INEGI), en todo el siglo XX y lo que va del XXI sólo en seis ocasiones se reportó una proporción de ese tamaño: 1941, 9.68 por ciento, con Manuel Ávila Camacho; 1950, 9.72 por ciento, con Miguel Alemán Valdés; 1954, 9.97 por ciento, con Adolfo Ruiz Cortines; 1968, 9.42 por ciento, con el genocida Gustavo Díaz Ordaz; 1979, 9.7 por ciento y 1980, 9.23 por ciento, con José López Portillo.
Después de eso, la mayor tasa reportada fue en 1997: 6.78 por ciento con Ernesto Zedillo. De allí para abajo, vertiginosamente, hasta llegar al 2.8 por ciento (si el Altísimo nos protege) del segundo año de Calderón en Los Pinos.
Y ya entrados en nostalgia, en más de un siglo de historia económica (1900-2008), sólo en cuatro ocasiones se registraron tasas de crecimiento económico mayores a 10 por ciento: en 1903 (11.04) y 1905 (10.34), con Porfirio Díaz; en 1933 (10.95), con Abelardo Rodríguez, y en 1964 (11.01) con Adolfo López Mateos.
Con base en lo anterior, y considerando que Felipe Calderón utiliza el mismo manual que sus cuatro antecesores en Los Pinos y reporta idénticos resultados, entonces ¿de dónde saca el michoacano que la economía mexicana “crecerá al ritmo previsto” y que “vamos a salir adelante”? Fácil: del micrófono.
Las rebanadas del pastel
De la lectoría y la remoción, disfrazada de “promoción”, del ex escudero de Fox: “precisamente por esos índices de confianza tan bajos se dio el cambio en el INEGI. Con la entrada de Eduardo Sojo al instituto, aseguró que van a cambiar mucho los indicadores de confianza de los consumidores, la inflación va a disminuir, van a crecer los números de empleos que se crean anualmente, los índices de pobreza y analfabetismo van a disminuir, la calidad de vida de los mexicanos va a cambiar bastante, como si fuera una cosa mágica. Se me hace mucha casualidad el movimiento, ahora que empiezan las campañas para 2009. Esa película ya la vimos, yo 40 años y algunos durante 78. Y todavía el señor Sojo se avienta la puntada de decir que ‘los aumentos en las gasolinas no tendrán ningún impacto en la economía de los más pobres’. Pues qué tiene en el cerebro, si es que tiene algo. Se me olvidaba que es herencia de Fox (José Mauricio de Luna Correa, deluna69@prodigy.net.mx.net.mx)... Una más, sobre lo mismo: “parece ser que al espurio Calderón no le gustó que el INEGI diga que nos estamos muriendo de hambre; era un secreto, por lo que tomó la iniciativa, ¡brillante!, de mover a su foxiano secretario de Economía Eduardo Sojo para que nos arregle las cifras del INEGI, para poder hacer espots a la medida de nosotros los crédulos mexicanos” (Martha León, martha.leon@maximus-int.com.mx-int.com.mx)... Hoy a las 18 horas en el Club de Periodistas de México el XVI Foro “Transparencia, Corrupción y Excedentes Petroleros”. Participan el colega Jorge Meléndez Preciado, Benito Valerdi y Rocío Moreno. Además, Joaquín Hernández Galicia, La Quina, presentará denuncias documentadas sobre la corrupción sindical en Pemex. Coordina y modera Celeste Sáenz de Miera y Aguiar. Se va a poner bueno.
La Jornada, 8 de agosto 2008
■ Bonanza a fuerza de microfonazos
■ Ínfimo crecimiento económico
Serenaos, mexicanos incrédulos y maledicientes, porque ya el inquilino de Los Pinos vaticinó que vendrán “tiempos mejores” en materia económica, que el alza de precios en los alimentos “es temporal”, que “vamos a salir adelante”, porque él lo dice, y que, en síntesis, lo que queda de la economía nacional sí “crecerá al ritmo previsto”, aunque, pecata minuta, eso sería al cierre del sexenio, si es que éste, políticamente hablando, concluye.
Fiel creyente de que el micrófono todo lo soluciona y que el discurso que de él emana convence hasta al incrédulo más recalcitrante, el inquilino de Los Pinos se animó a pronosticar un futuro venturoso para aquellos que aún habitan esta heroica nación: “sé que esta situación es temporal, vamos a seguir adelante, y si seguimos tomando las decisiones correctas vamos a crecer a las tasas económicas que nos hemos propuesto. Sé que hay un problema mundial en el precio de los alimentos. Pero nosotros lo hemos enfrentado apoyando a la gente, multiplicando el apoyo para la gente del campo, hasta donde ha sido el límite de los recursos del Estado, y ante estas circunstancias adversas nosotros queremos convertirlas en una oportunidad para que a través de estos precios de los productos de la gente del campo, se apoye al campo y podamos relanzar la producción nacional. Es momento de abrir la brecha al nuevo campo mexicano. Vendrán tiempos mejores”. Y se quedó tan tranquilo (por cierto, este feeling retórico del michoacano explica, en parte, la razón por la cual Eduardo Sojo no sólo fue ungido como secretario de Economía en noviembre de 2006, sino su permanencia, a lo largo de 20 meses, al frente de una de las instituciones gubernamentales más brillantes, por su ausencia, de la última década).
Nada como el micrófono para “solucionar” los problemas, pero las “decisiones correctas” aludidas por el susodicho se han traducido, entre otras gracias, en 20 meses de letargo económico, indiscriminado aumento de precios, raquítica generación de empleo, importación masiva de alimentos, un campo desolado y una tasa de “crecimiento”, en el mejor de los casos, igual de desnutrida y desangelada que la registrada desde hace 26 años. La “temporalidad”, pues, rebasa ya los cinco lustros.
Que sí, que la economía crecerá “al ritmo previsto”, pero al cierre sexenal. El michoacano comprometió un crecimiento anual promedio de 5 por ciento, pero en el primer bienio (2007-2008) de la “continuidad”, si bien va, esa tasa promediará 2.8 por ciento, estirando los indicadores lo más posible. Para el siguiente bienio (2009-2010) nada vislumbra una mejoría en este renglón, de tal suerte que si en ese periodo se concreta otro 2.8 por ciento casi casi sería una victoria. Así, queda el tercero y último bienio (2011-2012), el del futuro venturoso, en el que se alcanzaría –versión micrófono– el boom y con él el “ritmo previsto”.
Pues bien, para concretar lo anterior, y considerando una tasa anual de 2.8 por ciento para cada uno de los años del periodo 2007-20010, en el referido tercer bienio de la “continuidad” la economía mexicana tendría que reportar un crecimiento no menor a 9.4 por ciento en 2011 y otro tanto en 2012, para que el promedio sexenal arroje una tasa anual de 5 por ciento, según lo prometido por el michoacano, algo fácilmente alcanzable según el micrófono oficial.
Como referencia, vale mencionar que una tasa de crecimiento económico superior a 9 por ciento no se registra desde hace 28 años, en plena “administración de la abundancia” de José López Portillo. De hecho (cifras del INEGI), en todo el siglo XX y lo que va del XXI sólo en seis ocasiones se reportó una proporción de ese tamaño: 1941, 9.68 por ciento, con Manuel Ávila Camacho; 1950, 9.72 por ciento, con Miguel Alemán Valdés; 1954, 9.97 por ciento, con Adolfo Ruiz Cortines; 1968, 9.42 por ciento, con el genocida Gustavo Díaz Ordaz; 1979, 9.7 por ciento y 1980, 9.23 por ciento, con José López Portillo.
Después de eso, la mayor tasa reportada fue en 1997: 6.78 por ciento con Ernesto Zedillo. De allí para abajo, vertiginosamente, hasta llegar al 2.8 por ciento (si el Altísimo nos protege) del segundo año de Calderón en Los Pinos.
Y ya entrados en nostalgia, en más de un siglo de historia económica (1900-2008), sólo en cuatro ocasiones se registraron tasas de crecimiento económico mayores a 10 por ciento: en 1903 (11.04) y 1905 (10.34), con Porfirio Díaz; en 1933 (10.95), con Abelardo Rodríguez, y en 1964 (11.01) con Adolfo López Mateos.
Con base en lo anterior, y considerando que Felipe Calderón utiliza el mismo manual que sus cuatro antecesores en Los Pinos y reporta idénticos resultados, entonces ¿de dónde saca el michoacano que la economía mexicana “crecerá al ritmo previsto” y que “vamos a salir adelante”? Fácil: del micrófono.
Las rebanadas del pastel
De la lectoría y la remoción, disfrazada de “promoción”, del ex escudero de Fox: “precisamente por esos índices de confianza tan bajos se dio el cambio en el INEGI. Con la entrada de Eduardo Sojo al instituto, aseguró que van a cambiar mucho los indicadores de confianza de los consumidores, la inflación va a disminuir, van a crecer los números de empleos que se crean anualmente, los índices de pobreza y analfabetismo van a disminuir, la calidad de vida de los mexicanos va a cambiar bastante, como si fuera una cosa mágica. Se me hace mucha casualidad el movimiento, ahora que empiezan las campañas para 2009. Esa película ya la vimos, yo 40 años y algunos durante 78. Y todavía el señor Sojo se avienta la puntada de decir que ‘los aumentos en las gasolinas no tendrán ningún impacto en la economía de los más pobres’. Pues qué tiene en el cerebro, si es que tiene algo. Se me olvidaba que es herencia de Fox (José Mauricio de Luna Correa, deluna69@prodigy.net.mx.net.mx)... Una más, sobre lo mismo: “parece ser que al espurio Calderón no le gustó que el INEGI diga que nos estamos muriendo de hambre; era un secreto, por lo que tomó la iniciativa, ¡brillante!, de mover a su foxiano secretario de Economía Eduardo Sojo para que nos arregle las cifras del INEGI, para poder hacer espots a la medida de nosotros los crédulos mexicanos” (Martha León, martha.leon@maximus-int.com.mx-int.com.mx)... Hoy a las 18 horas en el Club de Periodistas de México el XVI Foro “Transparencia, Corrupción y Excedentes Petroleros”. Participan el colega Jorge Meléndez Preciado, Benito Valerdi y Rocío Moreno. Además, Joaquín Hernández Galicia, La Quina, presentará denuncias documentadas sobre la corrupción sindical en Pemex. Coordina y modera Celeste Sáenz de Miera y Aguiar. Se va a poner bueno.
Opinión de Luis Javier Garrido en La Jornada
El caballito de Troya
La intentona del PRI por hacerle el trabajo sucio a Calderón y a las trasnacionales para privatizar a Pemex está naufragando y ya pocos le creen al senador sonorense en su supuesto nacionalismo.
1. El triunfalismo que ha prevalecido en un sector del PRI tras la presentación del documento elaborado por Manlio Fabio Beltrones para sacar adelante la contrarreforma petrolera de Calderón, no logra ocultar que el Institucional se halla ante un momento crítico de su historia al haberse erigido como el actor fundamental de la entrega anticonstitucional que se pretende hacer de la industria petrolera mexicana a las trasnacionales y de lo que sería un despojo histórico a la nación.
2. Los cuadros priístas han festejado el fracaso de la iniciativa de Calderón y asumen con el pragmatismo miope que los está caracterizando que tras los triunfos obtenidos en 2007 y 2008 en elecciones locales y la “mano de gato” que le darán al partido en su vigésima asamblea nacional, prevista para el 23 de agosto, al hacer aprobar esta contrarreforma petrolera el PRI, que conserva 18 de las 32 gubernaturas, podrá obtener el triunfo en las legislativas de 2009, y que de ahí para el real. Y ya Beltrones se saborea, creyendo ilusamente que él será el candidato del tricolor en 2012 y que llegará a la silla presidencial tras este servicio prestado a las trasnacionales, sin ponderar que es una felonía: un acto de verdadera traición a México.
3. La iniciativa del PRI es como la de Calderón: un conjunto de modificaciones a diversas leyes que busca el mismo objetivo que aquélla: establecer en la legislación secundaria principios violatorios de la Constitución que permiten lo que los neoliberales llaman “la apertura”, es decir, la posibilidad de privatizar la industria petrolera nacional entregando funciones de Pemex a consorcios privados, lo que está prohibido por la Constitución. A diferencia de la propuesta de Calderón, la de Beltrones esconde, sin embargo, mañosamente en varios pasos los mecanismos privatizadores que conducen a lo mismo, por lo que de aprobarse este paquete legislativo se daría entrada en la industria petrolera mexicana a un verdadero “caballito de Troya”, pues las grandes corporaciones internacionales entrarían “legalmente” (aun y cuando esté ello prohibido por la Constitución) a formar parte del negocio petrolero.
4. La contrarreforma que propone el PRI es al igual que la de Calderón un intento por despojar a la nación de su principal recurso estratégico y, en consecuencia, por desmantelar al Estado mexicano, que en lo sucesivo quedaría a merced de las corporaciones extranjeras que explotarían en exclusividad grandes enclaves petroleros de México, como ya lo están haciendo en el caso del gas en la cuenca de Burgos, y es indefendible por mucho que insistan en su discurso Beltrones y compañía, que no es privatizadora ni entreguista, en especial al amenazar y someter a los priístas que se niegan a aceptar esta nueva legislación.
5. Los priístas se pasaron de linces al presentar su propuesta el 23 de julio, al concluir los foros sobre la reforma energética organizados por el Senado, y en los que fue derrotada la iniciativa de Calderón –evidenciada durante casi tres meses como un torpe intento para entregar la industria petrolera mexicana a las trasnacionales–, creyendo que al no ser ésta discutida por los expertos en dichas mesas la iniciativa Beltrones podría pasar como respetuosa del texto constitucional cuando es tanto o más entreguista que la de Calderón. A pesar de estar presentada en un burdo discurso seudo nacionalista, no logra ocultar sus verdaderas intenciones, y sus mecanismos encubiertos están ya siendo denunciados en todo el país.
6. El delirio de poder de muchos priístas es irrefrenable y la contrarreforma petrolera, ofrecida por Calderón y los panistas a la Repsol y a la Shell, es ahora un botín de los priístas que buscan que las comisiones unidas de Energía y Estudios Legislativos del Senado, reunidas ya el martes 5, dictaminen lo antes posible su propuesta, para que ésta no se discuta abiertamente como la de Calderón, y pueda ser presentada como un documento consensado con Los Pinos y con el sector más entreguista del PRD en el periodo legislativo ordinario del Congreso, en septiembre
7. La contrarreforma petrolera está siendo utilizada políticamente por el grupo de Salinas y Manlio como una oportunidad excepcional para reafirmar su autoridad personal en el interior del PRI, y en consecuencia para a) someter más a Calderón y al panismo, y sobre todo para b) intentar marginar a Andrés Manuel López Obrador, el político de mayor fuerza que existe en el país, y con él a la movilización popular en defensa del petróleo.
8. La realidad de las cosas es, sin embargo, que los expertos están ya denunciando los mecanismos privatizadores de la iniciativa del tricolor y advirtiendo que con ella se cancelaría por muchas décadas la posibilidad de que México pudiera tener un proyecto nacional, por lo que el problema que van a enfrentar Beltrones y sus amigos es muy grande, a pesar de haber logrado que los diputados y senadores del PRI firmaran su propuesta.
9. En la discusión sobre el futuro energético de México subyace una dispuesta por la nación, y en ella el gobierno de facto y sus aliados priístas saben que no tienen un respaldo social para hacer viable su proyecto entreguista y que sólo cuentan con el apoyo de los intereses extranjeros beneficiarios. De ahí las amenazas de Beltrones a los priístas disidentes que buscan suprimir de su propuesta los contratos privatizadores, y el burdo apoyo esta semana a “la apertura de Pemex” de María Teresa Fernandez, la torpe vicepresidenta del gobierno español, en una vulgar injerencia en nuestros asuntos que hubiese sido inadmisible hace unos cuantos años.
10. La alternativa de México es muy clara, pues o se impulsa por consenso una política energética patriótica que respete los derechos de la nación y beneficie a los mexicanos o, de prevalecer la intentona golpista de Beltrones y Calderón, México va a una confrontación, ya que de la resistencia civil que se prepara desde hace meses, el país iría a un escenario impredecible que no es el de los grandes negocios que imaginan quienes naufragan sin rumbo en el gobierno de facto.
La intentona del PRI por hacerle el trabajo sucio a Calderón y a las trasnacionales para privatizar a Pemex está naufragando y ya pocos le creen al senador sonorense en su supuesto nacionalismo.
1. El triunfalismo que ha prevalecido en un sector del PRI tras la presentación del documento elaborado por Manlio Fabio Beltrones para sacar adelante la contrarreforma petrolera de Calderón, no logra ocultar que el Institucional se halla ante un momento crítico de su historia al haberse erigido como el actor fundamental de la entrega anticonstitucional que se pretende hacer de la industria petrolera mexicana a las trasnacionales y de lo que sería un despojo histórico a la nación.
2. Los cuadros priístas han festejado el fracaso de la iniciativa de Calderón y asumen con el pragmatismo miope que los está caracterizando que tras los triunfos obtenidos en 2007 y 2008 en elecciones locales y la “mano de gato” que le darán al partido en su vigésima asamblea nacional, prevista para el 23 de agosto, al hacer aprobar esta contrarreforma petrolera el PRI, que conserva 18 de las 32 gubernaturas, podrá obtener el triunfo en las legislativas de 2009, y que de ahí para el real. Y ya Beltrones se saborea, creyendo ilusamente que él será el candidato del tricolor en 2012 y que llegará a la silla presidencial tras este servicio prestado a las trasnacionales, sin ponderar que es una felonía: un acto de verdadera traición a México.
3. La iniciativa del PRI es como la de Calderón: un conjunto de modificaciones a diversas leyes que busca el mismo objetivo que aquélla: establecer en la legislación secundaria principios violatorios de la Constitución que permiten lo que los neoliberales llaman “la apertura”, es decir, la posibilidad de privatizar la industria petrolera nacional entregando funciones de Pemex a consorcios privados, lo que está prohibido por la Constitución. A diferencia de la propuesta de Calderón, la de Beltrones esconde, sin embargo, mañosamente en varios pasos los mecanismos privatizadores que conducen a lo mismo, por lo que de aprobarse este paquete legislativo se daría entrada en la industria petrolera mexicana a un verdadero “caballito de Troya”, pues las grandes corporaciones internacionales entrarían “legalmente” (aun y cuando esté ello prohibido por la Constitución) a formar parte del negocio petrolero.
4. La contrarreforma que propone el PRI es al igual que la de Calderón un intento por despojar a la nación de su principal recurso estratégico y, en consecuencia, por desmantelar al Estado mexicano, que en lo sucesivo quedaría a merced de las corporaciones extranjeras que explotarían en exclusividad grandes enclaves petroleros de México, como ya lo están haciendo en el caso del gas en la cuenca de Burgos, y es indefendible por mucho que insistan en su discurso Beltrones y compañía, que no es privatizadora ni entreguista, en especial al amenazar y someter a los priístas que se niegan a aceptar esta nueva legislación.
5. Los priístas se pasaron de linces al presentar su propuesta el 23 de julio, al concluir los foros sobre la reforma energética organizados por el Senado, y en los que fue derrotada la iniciativa de Calderón –evidenciada durante casi tres meses como un torpe intento para entregar la industria petrolera mexicana a las trasnacionales–, creyendo que al no ser ésta discutida por los expertos en dichas mesas la iniciativa Beltrones podría pasar como respetuosa del texto constitucional cuando es tanto o más entreguista que la de Calderón. A pesar de estar presentada en un burdo discurso seudo nacionalista, no logra ocultar sus verdaderas intenciones, y sus mecanismos encubiertos están ya siendo denunciados en todo el país.
6. El delirio de poder de muchos priístas es irrefrenable y la contrarreforma petrolera, ofrecida por Calderón y los panistas a la Repsol y a la Shell, es ahora un botín de los priístas que buscan que las comisiones unidas de Energía y Estudios Legislativos del Senado, reunidas ya el martes 5, dictaminen lo antes posible su propuesta, para que ésta no se discuta abiertamente como la de Calderón, y pueda ser presentada como un documento consensado con Los Pinos y con el sector más entreguista del PRD en el periodo legislativo ordinario del Congreso, en septiembre
7. La contrarreforma petrolera está siendo utilizada políticamente por el grupo de Salinas y Manlio como una oportunidad excepcional para reafirmar su autoridad personal en el interior del PRI, y en consecuencia para a) someter más a Calderón y al panismo, y sobre todo para b) intentar marginar a Andrés Manuel López Obrador, el político de mayor fuerza que existe en el país, y con él a la movilización popular en defensa del petróleo.
8. La realidad de las cosas es, sin embargo, que los expertos están ya denunciando los mecanismos privatizadores de la iniciativa del tricolor y advirtiendo que con ella se cancelaría por muchas décadas la posibilidad de que México pudiera tener un proyecto nacional, por lo que el problema que van a enfrentar Beltrones y sus amigos es muy grande, a pesar de haber logrado que los diputados y senadores del PRI firmaran su propuesta.
9. En la discusión sobre el futuro energético de México subyace una dispuesta por la nación, y en ella el gobierno de facto y sus aliados priístas saben que no tienen un respaldo social para hacer viable su proyecto entreguista y que sólo cuentan con el apoyo de los intereses extranjeros beneficiarios. De ahí las amenazas de Beltrones a los priístas disidentes que buscan suprimir de su propuesta los contratos privatizadores, y el burdo apoyo esta semana a “la apertura de Pemex” de María Teresa Fernandez, la torpe vicepresidenta del gobierno español, en una vulgar injerencia en nuestros asuntos que hubiese sido inadmisible hace unos cuantos años.
10. La alternativa de México es muy clara, pues o se impulsa por consenso una política energética patriótica que respete los derechos de la nación y beneficie a los mexicanos o, de prevalecer la intentona golpista de Beltrones y Calderón, México va a una confrontación, ya que de la resistencia civil que se prepara desde hace meses, el país iría a un escenario impredecible que no es el de los grandes negocios que imaginan quienes naufragan sin rumbo en el gobierno de facto.
jueves, 7 de agosto de 2008
Opinión de Asa Cristina Laurell en La Jornada
Los subsidios al sector privado
Un tema relevante en los estudios de la economía de la salud son los llamados “subsidios cruzados”, que pueden ocurrir entre los sectores público y privado, instituciones o la población. Con un gobierno que promueve a la iniciativa privada en todos los ámbitos de la economía es de interés conocer los mecanismos de subsidio estatal. El tema no es trivial, ya que el gasto en esa área en México está estimado en 6.5 por ciento del PIB y de éste 54 por ciento corresponde al sector privado.
En México esos subsidios son en general indirectos e “invisibles”. Se conceden principalmente por dos vías: mediante la deducción de impuestos de los gastos de atención médica o de seguros, en este último renglón con un tope de gasto o un paquete limitado de servicios, que significa que se transfiere la atención más cara al sector público.
Es problemático calcular el monto de estos subsidios por la falta de información oficial fidedigna sobre el sector privado de salud, tanto en lo económico como en la prestación de servicios y su calidad. Esta carencia de datos es seria, ya que en la actual reforma el papel de la Secretaría de Salud es precisamente el de regular el sistema de salud, para lo cual tendría que disponer de información actualizada y precisa.
Gracias a la información que la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros publica sobre los seguros privados de gastos médicos y de salud es posible calcular el monto del subsidio que reciben. Alrededor de 5 millones de personas (5 por ciento) están cubiertas por estos seguros y corresponden a quienes perciben altos ingresos o, alternativamente, lo reciben como prestación laboral. En ambos casos la prima es deducible en el pago de impuestos1, o sea, es subsidiada por el erario público. Entre 2004 y 2007, el monto de ese subsidio subió de 5 mil 533 a 7 mil 605 millones de pesos, lo que significa mil 320 pesos anuales por persona asegurada, aproximadamente. En contraste, el subsidio promedio por persona asegurada del Seguro Popular –las de menos recursos– es de unos 850 pesos al año.
Sector de bajo riesgo
Por otra parte, la población con un seguro privado es de bajo riesgo por sus características demográficas, ya que su edad promedio es de 29 años, y 89 por ciento es menor de 50 años. Además, los mayores de 60 años por lo general son excluidos de los seguros médicos, que también tienen periodos de espera para las enfermedades más costosas y/o tope de gastos. Estas restricciones significan que la aseguradora está protegida contra el pago de tratamientos de alto costo. En consecuencia, en muchos casos, cuando se agotan los recursos de su seguro, los pacientes acuden a alguna institución pública para seguir sus terapias; esto es, sobreviene el segundo tipo de subsidio a la iniciativa privada. El funcionamiento de los seguros particulares se deriva del principio de lucro que rige las empresas de ese sector.
El subsidio estatal al resto del sector privado de salud es más difícil de estimar por la falta de la información requerida. En una estimación aproximada se calcula en unos 32 mil millones de pesos en 2006, suponiendo que sólo la mitad de este gasto se deduce en el pago de impuestos. Sumado al subsidio a los seguros médicos, el monto alcanzaría 38 mil millones de pesos o 0.56 por ciento del producto interno bruto. Para tener un punto de comparación se constata que en el mismo año el subsidio total para el Seguro Popular era de 16 mil 100 para 15.8 millones de personas y en 2007 de 24 mil 777 millones para 29.1 millones. Es decir el financiamiento para el programa de salud estrella del gobierno federal recibe menos recursos que el subsidio “invisible” al sector médico privado.
Sobre el sector salud pesa además un índice inflacionario de 146 por ciento en comparación con el índice general de 106 por ciento para el periodo de 1997 a marzo de 2008. Los medicamentos son los que más contribuyen a la inflación con un índice de 181 por ciento, que se dispara en 2003. Este incremento no es casual, porque con el mercado garantizado por medio de los distintos seguros públicos y privados, incluyendo el programa de gratuidad del Gobierno del Distrito Federal, la industria farmacéutica pone sus precios, apoyado en su poder oligopólico.
1 Ley del Impuesto sobre la Renta, artículos 31 y 149
Un tema relevante en los estudios de la economía de la salud son los llamados “subsidios cruzados”, que pueden ocurrir entre los sectores público y privado, instituciones o la población. Con un gobierno que promueve a la iniciativa privada en todos los ámbitos de la economía es de interés conocer los mecanismos de subsidio estatal. El tema no es trivial, ya que el gasto en esa área en México está estimado en 6.5 por ciento del PIB y de éste 54 por ciento corresponde al sector privado.
En México esos subsidios son en general indirectos e “invisibles”. Se conceden principalmente por dos vías: mediante la deducción de impuestos de los gastos de atención médica o de seguros, en este último renglón con un tope de gasto o un paquete limitado de servicios, que significa que se transfiere la atención más cara al sector público.
Es problemático calcular el monto de estos subsidios por la falta de información oficial fidedigna sobre el sector privado de salud, tanto en lo económico como en la prestación de servicios y su calidad. Esta carencia de datos es seria, ya que en la actual reforma el papel de la Secretaría de Salud es precisamente el de regular el sistema de salud, para lo cual tendría que disponer de información actualizada y precisa.
Gracias a la información que la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros publica sobre los seguros privados de gastos médicos y de salud es posible calcular el monto del subsidio que reciben. Alrededor de 5 millones de personas (5 por ciento) están cubiertas por estos seguros y corresponden a quienes perciben altos ingresos o, alternativamente, lo reciben como prestación laboral. En ambos casos la prima es deducible en el pago de impuestos1, o sea, es subsidiada por el erario público. Entre 2004 y 2007, el monto de ese subsidio subió de 5 mil 533 a 7 mil 605 millones de pesos, lo que significa mil 320 pesos anuales por persona asegurada, aproximadamente. En contraste, el subsidio promedio por persona asegurada del Seguro Popular –las de menos recursos– es de unos 850 pesos al año.
Sector de bajo riesgo
Por otra parte, la población con un seguro privado es de bajo riesgo por sus características demográficas, ya que su edad promedio es de 29 años, y 89 por ciento es menor de 50 años. Además, los mayores de 60 años por lo general son excluidos de los seguros médicos, que también tienen periodos de espera para las enfermedades más costosas y/o tope de gastos. Estas restricciones significan que la aseguradora está protegida contra el pago de tratamientos de alto costo. En consecuencia, en muchos casos, cuando se agotan los recursos de su seguro, los pacientes acuden a alguna institución pública para seguir sus terapias; esto es, sobreviene el segundo tipo de subsidio a la iniciativa privada. El funcionamiento de los seguros particulares se deriva del principio de lucro que rige las empresas de ese sector.
El subsidio estatal al resto del sector privado de salud es más difícil de estimar por la falta de la información requerida. En una estimación aproximada se calcula en unos 32 mil millones de pesos en 2006, suponiendo que sólo la mitad de este gasto se deduce en el pago de impuestos. Sumado al subsidio a los seguros médicos, el monto alcanzaría 38 mil millones de pesos o 0.56 por ciento del producto interno bruto. Para tener un punto de comparación se constata que en el mismo año el subsidio total para el Seguro Popular era de 16 mil 100 para 15.8 millones de personas y en 2007 de 24 mil 777 millones para 29.1 millones. Es decir el financiamiento para el programa de salud estrella del gobierno federal recibe menos recursos que el subsidio “invisible” al sector médico privado.
Sobre el sector salud pesa además un índice inflacionario de 146 por ciento en comparación con el índice general de 106 por ciento para el periodo de 1997 a marzo de 2008. Los medicamentos son los que más contribuyen a la inflación con un índice de 181 por ciento, que se dispara en 2003. Este incremento no es casual, porque con el mercado garantizado por medio de los distintos seguros públicos y privados, incluyendo el programa de gratuidad del Gobierno del Distrito Federal, la industria farmacéutica pone sus precios, apoyado en su poder oligopólico.
1 Ley del Impuesto sobre la Renta, artículos 31 y 149
Opinión de Doña Rosario Ibarra de Piedra (para pensarse)
Crimen colectivo
¡Y se llevó a cabo! Sí, la muerte del joven mexicano “programada” para el día 5 de agosto por el gobierno de Texas fue en el día señalado, “con unas horas de retraso”,según la prensa.
Fueron inútiles las peticiones que brotaron de todo el orbe para evitar el brutal castigo, que no ha servido para abatir la criminalidad en ese país.
Algunas personas opinan que quienes nos oponemos a la pena de muerte defendemos criminales. ¡No! Nada más falso que eso. Estamos en contra de ella porque la consideramos un crimen peor, porque se trata de un asesinato colectivo, cometido con premeditación, alevosía y ventaja, disfrazado con ropajes de justicia.
En esta situación estarían quienes le negaron algunos derechos, luego el fiscal, jurados, juez, verdugos y hasta el representante de la Iglesia, que en esos momentos no osó pronunciar el “No matarás”.
Reitero: no se pretende defender criminales, sólo conmutar la pena y no cometer un crimen peor que el que los violadores y asesinos hicieron. La pérdida de la libertad por el resto de sus vidas, llevando a cuestas la carga de sus conciencias y en ocasiones el arrepentimiento, es un duro castigo para quien lo sufra y tal vez en sus días más lóbregos pase por su mente la idea de que hubiese sido mejor la “inyección letal”, o lo que fuese, para liberar su alma de los sombríos pensamientos que la atosigan.
Hoy, vemos con tristeza que hay quienes piden que vuelva a ser parte de la ley la pena de muerte, “para acabar con la delincuencia, con los secuestros y con el terror que viven los hogares”.
Sí, el horror del crimen asuela el país, pero no serán las muertes “legales” las que acaben con ello, porque mientras la corrupción otorgue impunidad a los malhechores, la pena de muerte sólo servirá para acrecentar la injusticia, porque irán al patíbulo inocentes “incómodos” para el gobierno. O quizá hasta “enemigos políticos”.
¡No a la pena de muerte! ¡Rotundo no a ese crimen colectivo!
Dirigente del comité ¡Eureka!
¡Y se llevó a cabo! Sí, la muerte del joven mexicano “programada” para el día 5 de agosto por el gobierno de Texas fue en el día señalado, “con unas horas de retraso”,según la prensa.
Fueron inútiles las peticiones que brotaron de todo el orbe para evitar el brutal castigo, que no ha servido para abatir la criminalidad en ese país.
Algunas personas opinan que quienes nos oponemos a la pena de muerte defendemos criminales. ¡No! Nada más falso que eso. Estamos en contra de ella porque la consideramos un crimen peor, porque se trata de un asesinato colectivo, cometido con premeditación, alevosía y ventaja, disfrazado con ropajes de justicia.
En esta situación estarían quienes le negaron algunos derechos, luego el fiscal, jurados, juez, verdugos y hasta el representante de la Iglesia, que en esos momentos no osó pronunciar el “No matarás”.
Reitero: no se pretende defender criminales, sólo conmutar la pena y no cometer un crimen peor que el que los violadores y asesinos hicieron. La pérdida de la libertad por el resto de sus vidas, llevando a cuestas la carga de sus conciencias y en ocasiones el arrepentimiento, es un duro castigo para quien lo sufra y tal vez en sus días más lóbregos pase por su mente la idea de que hubiese sido mejor la “inyección letal”, o lo que fuese, para liberar su alma de los sombríos pensamientos que la atosigan.
Hoy, vemos con tristeza que hay quienes piden que vuelva a ser parte de la ley la pena de muerte, “para acabar con la delincuencia, con los secuestros y con el terror que viven los hogares”.
Sí, el horror del crimen asuela el país, pero no serán las muertes “legales” las que acaben con ello, porque mientras la corrupción otorgue impunidad a los malhechores, la pena de muerte sólo servirá para acrecentar la injusticia, porque irán al patíbulo inocentes “incómodos” para el gobierno. O quizá hasta “enemigos políticos”.
¡No a la pena de muerte! ¡Rotundo no a ese crimen colectivo!
Dirigente del comité ¡Eureka!
Opinión de Rogelio Ramírez de la O en El Universal
Riesgos de recesión larga
El Universal, 6 de agosto 2008
Hoy es claro que hay inflación en el mundo; por ello los bancos centrales de los países emergentes aumentan el interés, pues tienen una meta de inflación que ya fue rebasada. En contraste, la Reserva Federal estadounidense y el Banco Central Europeo (BCE) no pueden aumentar el interés tan libremente. La diferencia es que las acciones de estos bancos tienen efectos profundos en el sistema financiero mundial.
Y el sistema financiero está apenas entrando a una nueva etapa de problemas. Una muestra: Merril Lynch tuvo que obtener capital fresco vendiendo 31 mil millones de dólares de valores respaldados por hipotecas (valores de los que fue el principal creador) a sólo 22 centavos de su valor original.
El dilema para la Reserva Federal es claro. Si atiende a su mandato de controlar la inflación, aumentaría el interés. Pero si lo hace causaría aún mayores pérdidas al sistema financiero, el cierre de muchos bancos pequeños (que ya está comenzando a ocurrir) y mayor escasez de crédito. Para una economía que ya muestra debilidad, un mayor apretón de crédito podría ser letal.
Por otra parte, si intenta evitar una recesión, debe seguir inyectando liquidez para que los grandes bancos tengan crédito, aceptando a cambio carteras hipotecarias y de otros préstamos de dudoso valor. Además, el gobierno tendrá que aumentar sus apoyos a la economía familiar, por encima de los reembolsos de impuestos a los contribuyentes que ya hace, por 168 mil millones de dólares, y del paquete de apoyo a hipotecas ya aprobado de 300 mil millones.
Estas acciones hasta ahora sugieren que las autoridades estadounidenses seguirán corriendo riesgos con la inflación para evitar la recesión. Lo hacen confiadas en que la debilidad de la economía y las pérdidas de riqueza debiliten la demanda y eventualmente reduzcan los precios del petróleo y otras materias primas, contribuyendo a una menor inflación.
Pero nada garantiza que la inflación una vez desatada no cause estragos mayores, como provocar un rechazo al dólar por los inversionistas de otros países, orillando al gobierno estadounidense a intervenir cada vez más en los mercados. Hoy el secretario del Tesoro, Hank Paulson, está dispuesto a intervenir abiertamente, después del rescate de Bear Stearns que encabezó. Ha solicitado al Congreso permiso por 18 meses para dar crédito ilimitado a las dos entidades proveedoras de hipotecas y garantías hipotecarias o para invertir en ellas.
Esto hace que el escenario de recesión y riesgo inflacionario de hoy sea muy distinto y más peligroso que las dos recesiones anteriores, en 1990 y 2001. Para empezar, la coexistencia de altos aumentos de precios con una demanda débil sólo se había visto en un breve periodo durante la Gran Depresión de 1929-1939 y en la estanflación de 1974-75. En ambos casos la recuperación económica tomó mucho tiempo. México, en particular, sufrió tanto en los años 30, cuando la economía se desplomó, como en 1974-75, cuando la inflación se disparó. Ambos casos son extremos, vista la situación actual como menos apremiante al día de hoy.
Pero otros resultados económicos y otras decisiones de las autoridades están aún por ocurrir y el margen para el error humano es enorme. La Reserva Federal tratará de evitar los extremos, pero su margen de maniobra es cada vez más limitado. Como ejemplo, después de una burbuja de bienes raíces, Japón cayó en una recesión de más de 10 años, apenas en los 90.
El destino económico de México seguirá indisolublemente ligado al de Estados Unidos. Aun si EU escapa de la inflación y la recesión, su recuperación será lenta y el crecimiento de México muy limitado. Si en ese escenario el gobierno cuidara lo cualitativo, por ejemplo, la seguridad, la austeridad en su gasto, la calidad de la educación y la honestidad, avanzaría mucho. Si ni siquiera logra progreso tangible en estos campos, va a causar que los efectos de la falta de crecimiento se magnifiquen peligrosamente. Los resultados los veremos pronto.
rograo@gmail.com
Analista económico
El Universal, 6 de agosto 2008
Hoy es claro que hay inflación en el mundo; por ello los bancos centrales de los países emergentes aumentan el interés, pues tienen una meta de inflación que ya fue rebasada. En contraste, la Reserva Federal estadounidense y el Banco Central Europeo (BCE) no pueden aumentar el interés tan libremente. La diferencia es que las acciones de estos bancos tienen efectos profundos en el sistema financiero mundial.
Y el sistema financiero está apenas entrando a una nueva etapa de problemas. Una muestra: Merril Lynch tuvo que obtener capital fresco vendiendo 31 mil millones de dólares de valores respaldados por hipotecas (valores de los que fue el principal creador) a sólo 22 centavos de su valor original.
El dilema para la Reserva Federal es claro. Si atiende a su mandato de controlar la inflación, aumentaría el interés. Pero si lo hace causaría aún mayores pérdidas al sistema financiero, el cierre de muchos bancos pequeños (que ya está comenzando a ocurrir) y mayor escasez de crédito. Para una economía que ya muestra debilidad, un mayor apretón de crédito podría ser letal.
Por otra parte, si intenta evitar una recesión, debe seguir inyectando liquidez para que los grandes bancos tengan crédito, aceptando a cambio carteras hipotecarias y de otros préstamos de dudoso valor. Además, el gobierno tendrá que aumentar sus apoyos a la economía familiar, por encima de los reembolsos de impuestos a los contribuyentes que ya hace, por 168 mil millones de dólares, y del paquete de apoyo a hipotecas ya aprobado de 300 mil millones.
Estas acciones hasta ahora sugieren que las autoridades estadounidenses seguirán corriendo riesgos con la inflación para evitar la recesión. Lo hacen confiadas en que la debilidad de la economía y las pérdidas de riqueza debiliten la demanda y eventualmente reduzcan los precios del petróleo y otras materias primas, contribuyendo a una menor inflación.
Pero nada garantiza que la inflación una vez desatada no cause estragos mayores, como provocar un rechazo al dólar por los inversionistas de otros países, orillando al gobierno estadounidense a intervenir cada vez más en los mercados. Hoy el secretario del Tesoro, Hank Paulson, está dispuesto a intervenir abiertamente, después del rescate de Bear Stearns que encabezó. Ha solicitado al Congreso permiso por 18 meses para dar crédito ilimitado a las dos entidades proveedoras de hipotecas y garantías hipotecarias o para invertir en ellas.
Esto hace que el escenario de recesión y riesgo inflacionario de hoy sea muy distinto y más peligroso que las dos recesiones anteriores, en 1990 y 2001. Para empezar, la coexistencia de altos aumentos de precios con una demanda débil sólo se había visto en un breve periodo durante la Gran Depresión de 1929-1939 y en la estanflación de 1974-75. En ambos casos la recuperación económica tomó mucho tiempo. México, en particular, sufrió tanto en los años 30, cuando la economía se desplomó, como en 1974-75, cuando la inflación se disparó. Ambos casos son extremos, vista la situación actual como menos apremiante al día de hoy.
Pero otros resultados económicos y otras decisiones de las autoridades están aún por ocurrir y el margen para el error humano es enorme. La Reserva Federal tratará de evitar los extremos, pero su margen de maniobra es cada vez más limitado. Como ejemplo, después de una burbuja de bienes raíces, Japón cayó en una recesión de más de 10 años, apenas en los 90.
El destino económico de México seguirá indisolublemente ligado al de Estados Unidos. Aun si EU escapa de la inflación y la recesión, su recuperación será lenta y el crecimiento de México muy limitado. Si en ese escenario el gobierno cuidara lo cualitativo, por ejemplo, la seguridad, la austeridad en su gasto, la calidad de la educación y la honestidad, avanzaría mucho. Si ni siquiera logra progreso tangible en estos campos, va a causar que los efectos de la falta de crecimiento se magnifiquen peligrosamente. Los resultados los veremos pronto.
rograo@gmail.com
Analista económico
Opinión de Rogelio Ramírez de la O en El Universal
Riesgos de recesión larga
El Universal, 6 de agosto 2008Hoy es claro que hay inflación en el mundo; por ello los bancos centrales de los países emergentes aumentan el interés, pues tienen una meta de inflación que ya fue rebasada. En contraste, la Reserva Federal estadounidense y el Banco Central Europeo (BCE) no pueden aumentar el interés tan libremente. La diferencia es que las acciones de estos bancos tienen efectos profundos en el sistema financiero mundial.
Y el sistema financiero está apenas entrando a una nueva etapa de problemas. Una muestra: Merril Lynch tuvo que obtener capital fresco vendiendo 31 mil millones de dólares de valores respaldados por hipotecas (valores de los que fue el principal creador) a sólo 22 centavos de su valor original.
El dilema para la Reserva Federal es claro. Si atiende a su mandato de controlar la inflación, aumentaría el interés. Pero si lo hace causaría aún mayores pérdidas al sistema financiero, el cierre de muchos bancos pequeños (que ya está comenzando a ocurrir) y mayor escasez de crédito. Para una economía que ya muestra debilidad, un mayor apretón de crédito podría ser letal.
Por otra parte, si intenta evitar una recesión, debe seguir inyectando liquidez para que los grandes bancos tengan crédito, aceptando a cambio carteras hipotecarias y de otros préstamos de dudoso valor. Además, el gobierno tendrá que aumentar sus apoyos a la economía familiar, por encima de los reembolsos de impuestos a los contribuyentes que ya hace, por 168 mil millones de dólares, y del paquete de apoyo a hipotecas ya aprobado de 300 mil millones.
Estas acciones hasta ahora sugieren que las autoridades estadounidenses seguirán corriendo riesgos con la inflación para evitar la recesión. Lo hacen confiadas en que la debilidad de la economía y las pérdidas de riqueza debiliten la demanda y eventualmente reduzcan los precios del petróleo y otras materias primas, contribuyendo a una menor inflación.
Pero nada garantiza que la inflación una vez desatada no cause estragos mayores, como provocar un rechazo al dólar por los inversionistas de otros países, orillando al gobierno estadounidense a intervenir cada vez más en los mercados. Hoy el secretario del Tesoro, Hank Paulson, está dispuesto a intervenir abiertamente, después del rescate de Bear Stearns que encabezó. Ha solicitado al Congreso permiso por 18 meses para dar crédito ilimitado a las dos entidades proveedoras de hipotecas y garantías hipotecarias o para invertir en ellas.
Esto hace que el escenario de recesión y riesgo inflacionario de hoy sea muy distinto y más peligroso que las dos recesiones anteriores, en 1990 y 2001. Para empezar, la coexistencia de altos aumentos de precios con una demanda débil sólo se había visto en un breve periodo durante la Gran Depresión de 1929-1939 y en la estanflación de 1974-75. En ambos casos la recuperación económica tomó mucho tiempo. México, en particular, sufrió tanto en los años 30, cuando la economía se desplomó, como en 1974-75, cuando la inflación se disparó. Ambos casos son extremos, vista la situación actual como menos apremiante al día de hoy.
Pero otros resultados económicos y otras decisiones de las autoridades están aún por ocurrir y el margen para el error humano es enorme. La Reserva Federal tratará de evitar los extremos, pero su margen de maniobra es cada vez más limitado. Como ejemplo, después de una burbuja de bienes raíces, Japón cayó en una recesión de más de 10 años, apenas en los 90.
El destino económico de México seguirá indisolublemente ligado al de Estados Unidos. Aun si EU escapa de la inflación y la recesión, su recuperación será lenta y el crecimiento de México muy limitado. Si en ese escenario el gobierno cuidara lo cualitativo, por ejemplo, la seguridad, la austeridad en su gasto, la calidad de la educación y la honestidad, avanzaría mucho. Si ni siquiera logra progreso tangible en estos campos, va a causar que los efectos de la falta de crecimiento se magnifiquen peligrosamente. Los resultados los veremos pronto.
rograo@gmail.com
Analista económico
El Universal, 6 de agosto 2008Hoy es claro que hay inflación en el mundo; por ello los bancos centrales de los países emergentes aumentan el interés, pues tienen una meta de inflación que ya fue rebasada. En contraste, la Reserva Federal estadounidense y el Banco Central Europeo (BCE) no pueden aumentar el interés tan libremente. La diferencia es que las acciones de estos bancos tienen efectos profundos en el sistema financiero mundial.
Y el sistema financiero está apenas entrando a una nueva etapa de problemas. Una muestra: Merril Lynch tuvo que obtener capital fresco vendiendo 31 mil millones de dólares de valores respaldados por hipotecas (valores de los que fue el principal creador) a sólo 22 centavos de su valor original.
El dilema para la Reserva Federal es claro. Si atiende a su mandato de controlar la inflación, aumentaría el interés. Pero si lo hace causaría aún mayores pérdidas al sistema financiero, el cierre de muchos bancos pequeños (que ya está comenzando a ocurrir) y mayor escasez de crédito. Para una economía que ya muestra debilidad, un mayor apretón de crédito podría ser letal.
Por otra parte, si intenta evitar una recesión, debe seguir inyectando liquidez para que los grandes bancos tengan crédito, aceptando a cambio carteras hipotecarias y de otros préstamos de dudoso valor. Además, el gobierno tendrá que aumentar sus apoyos a la economía familiar, por encima de los reembolsos de impuestos a los contribuyentes que ya hace, por 168 mil millones de dólares, y del paquete de apoyo a hipotecas ya aprobado de 300 mil millones.
Estas acciones hasta ahora sugieren que las autoridades estadounidenses seguirán corriendo riesgos con la inflación para evitar la recesión. Lo hacen confiadas en que la debilidad de la economía y las pérdidas de riqueza debiliten la demanda y eventualmente reduzcan los precios del petróleo y otras materias primas, contribuyendo a una menor inflación.
Pero nada garantiza que la inflación una vez desatada no cause estragos mayores, como provocar un rechazo al dólar por los inversionistas de otros países, orillando al gobierno estadounidense a intervenir cada vez más en los mercados. Hoy el secretario del Tesoro, Hank Paulson, está dispuesto a intervenir abiertamente, después del rescate de Bear Stearns que encabezó. Ha solicitado al Congreso permiso por 18 meses para dar crédito ilimitado a las dos entidades proveedoras de hipotecas y garantías hipotecarias o para invertir en ellas.
Esto hace que el escenario de recesión y riesgo inflacionario de hoy sea muy distinto y más peligroso que las dos recesiones anteriores, en 1990 y 2001. Para empezar, la coexistencia de altos aumentos de precios con una demanda débil sólo se había visto en un breve periodo durante la Gran Depresión de 1929-1939 y en la estanflación de 1974-75. En ambos casos la recuperación económica tomó mucho tiempo. México, en particular, sufrió tanto en los años 30, cuando la economía se desplomó, como en 1974-75, cuando la inflación se disparó. Ambos casos son extremos, vista la situación actual como menos apremiante al día de hoy.
Pero otros resultados económicos y otras decisiones de las autoridades están aún por ocurrir y el margen para el error humano es enorme. La Reserva Federal tratará de evitar los extremos, pero su margen de maniobra es cada vez más limitado. Como ejemplo, después de una burbuja de bienes raíces, Japón cayó en una recesión de más de 10 años, apenas en los 90.
El destino económico de México seguirá indisolublemente ligado al de Estados Unidos. Aun si EU escapa de la inflación y la recesión, su recuperación será lenta y el crecimiento de México muy limitado. Si en ese escenario el gobierno cuidara lo cualitativo, por ejemplo, la seguridad, la austeridad en su gasto, la calidad de la educación y la honestidad, avanzaría mucho. Si ni siquiera logra progreso tangible en estos campos, va a causar que los efectos de la falta de crecimiento se magnifiquen peligrosamente. Los resultados los veremos pronto.
rograo@gmail.com
Analista económico
miércoles, 6 de agosto de 2008
Bajo la lupa
Alfredo Jalife Rahme
■ ¡EU sin contabilidad!
El emperador estadunidense se quedó desnudo y no puede ocultar más su inmundicia contable, de tintes escatológicos (en el doble sentido de la palabra), de sus “cuentas invisibles! (“off-balance sheet”) en sus paraísos fiscales (“off-shore”), producto de la desregulación financiera.
Este es justamente el principal problema de la grave crisis crediticia: EU no puede exhibir la patética realidad de la contabilidad de su sistema financiero a riesgo de su suicidio. ¡Ni la clepto-kakistocracia (el hurtador gobierno de los peores) del neoliberalismo bananero mexicano llegó tan lejos!
EU perdió la seriedad que le incumbe a una potencia que aspira al dominio global y, según The Financial Times (30.07.08), su Consejo de Estandarización Financiera Contable (FASB, por sus siglas en inglés) concedió un año más de gracia a los insolventes bancos para reportar sus pérdidas ocultas en el “Nivel 3” del orden de 5 millones de millones de dólares (trillones en anglosajón), que equivalen a 36 por ciento de su PIB y a más de 5 veces al de México.
Si se hicieran efectivas las reglas de transparencia que propuso el mismo FASB –hechas a la medida del tramposo sistema anglosajón, dizque para armonizar las reglas de los “principios de contabilidad generalmente aceptados” (GAAP, por sus siglas en inglés)–, pues emergería en forma diáfana la insolvencia financiera del neoliberalismo de EU.
En la plenitud de su poderío global, EU se dio el lujo de imponer unilateralmente su sistema de falsificación de datos económicos, como demuestra persuasivamente Kevin Phillips (KP) en su impactante libro Dinero sucio: finanzas implacables, política fracasada y la crisis global del capitalismo estadunidense, que revela el engaño de las estadísticas económicas y financieras pre y posneoliberales.
KP, anterior asesor de Richard Nixon y el promotor de su “estrategia sureña” que empujó al Partido Republicano a la extrema derecha populista, afirma que la corrupción de los datos económicos forman parte de las contradicciones profundas de EU con el capitalismo global: exigidos por la concupiscencia de su plutocracia que abandonó sus reformas sociales de más de tres décadas con el objetivo de embarcarse en una “guerra unilateral de clases”, que desembocó en una transferencia de riqueza sin precedente de la población laboral a una diminuta elite gobernante que opera el axioma parasitario de “privatización de las ganancias y socialización de las pérdidas”.
Con todo nuestro respeto a las lúcidas críticas de KP, nadie aborda que esta situación aberrante ha sido posible gracias al paraguas militar que deberá ser motivo tanto del mayor escrutinio ciudadano como de una creciente democratización interna de las fuerzas armadas ¿Qué sería de cualquier plutocracia, por más poderosa que fuere, sin su paraguas militar doméstico y foráneo?
La degeneración economicista y su falsificación de datos han hecho posible la perdurabilidad de la plutocracia, una de cuyas consecuencias ha sido la disminución en 70 por ciento del presupuesto del seguro social, según KP.
Las tasas artificialmente bajas del desempleo y la pobreza (ambas dos veces mayores en realidad) han ayudado a comprimir las condiciones sociales y los parámetros de vida decente que pone en tela de juicio la axiología del modelo anglosajón.
KP se centra en tres medidas: el índice de precios al consumidor (IPC), el PIB trimestral y la tasa de desempleo mensual.
Todos los datos provistos oficialmente y difundidos profusamente han sido pura ficción. El desempleo real en EU se ha ubicado entre 9 y 12 por ciento, y no el 5 por ciento proclamado. La inflación ha oscilado entre 7 y 10 por ciento, y no el 2 y 3 por ciento difundidos. El crecimiento económico real ha sido de un magro uno por ciento, y no 4 por ciento decretado.
Ahora KP ilustra que la corrupción de las estadísticas oficiales de EU datan de 50 años atrás.
John F. Kennedy inició los cambios en la medición del desempleo: los expulsados en la industria del acero y el sector automotriz cesaron de ser considerados como desempleados al ser insertados en la nueva categoría de “empleados desalentados (sic)”.
Para encubrir el creciente déficit presupuestal, Lyndon Johnson aplicó el concepto de “presupuesto unificado”, que combinaba el “seguro social” a otros gastos.
Con Nixon, Arthur Burns, gobernador de la Reserva Federal, inventó la “inflación básica” (“core inflation”) que excluye los alimentos y la energía considerados “volátiles” ¡Así nunca va a existir inflación!
Con Reagan se suprimió a la vivienda del IPC mediante la medición peregrina de la “renta equivalente del propietario” para disminuir en forma artificial el costo inmobiliario. Peor aún: Reagan incluyó al ejército como parte de la fuerza laboral, para abatir el desempleo.
Con Daddy Bush, su consejo de asesores económicos propuso el recálculo de la inflación mediante una mayor ponderación a los servicios y al menudeo, que implementó Clinton quien, con acrobacias contables “urbanas”, pretendió reducir el desempleo racial de los afroestadunidenses.
Durante dos generaciones, desde Kennedy hasta Baby Bush, los gobiernos y los economistas pre y posneoliberales intentaron combatir la inflación mediante triquiñuelas aritméticas. El problema no reside en la pertenencia partidista, sino en el sistema plutocrático consustancialmente corruptógeno.
El rebelde del Partido Republicano, KP, es muy severo con el gobierno Demócrata de Clinton, a quien critica sus tres otros “ajustes” al IPC: la “sustitución del producto” (v.gr la hamburguesa más barata sustituye al filete), la “ponderación geométrica” (los bienes y servicios que aumentan rápidamente sus costos son consumidos en menor cantidad, por lo que son ponderados a la baja), y el “ajuste hedónico” (la mejor calidad de algunos productos y servicios se traduce en una reducción de su costo efectivo).
Explaya que todas estas modificaciones manipuladas constituyen la Biblia de la Oficina de Estadísticas del Trabajo (BLS, por sus siglas en inglés).
Insatisfecho con la crítica demoledora de KP, Peters Daniels (PD) fustiga su ignorancia del crecimiento explosivo de la población carcelaria de EU en los recientes 30 años: 2.3 millones frente a una fuerza laboral de 153.1 millones, lo cual mantiene artificialmente baja la tasa de desempleo oficial; fulmina que el “ejercito y el sistema carcelario han reducido quizá (sic) al desempleo oficial en 2 por ciento” (WSWS; 2.06.08).
Queda así destrozado el mito de las asombrosas y “precisas” estadísticas del capitalismo anglosajón con las que nos engañaron durante medio siglo.
■ ¡EU sin contabilidad!
El emperador estadunidense se quedó desnudo y no puede ocultar más su inmundicia contable, de tintes escatológicos (en el doble sentido de la palabra), de sus “cuentas invisibles! (“off-balance sheet”) en sus paraísos fiscales (“off-shore”), producto de la desregulación financiera.
Este es justamente el principal problema de la grave crisis crediticia: EU no puede exhibir la patética realidad de la contabilidad de su sistema financiero a riesgo de su suicidio. ¡Ni la clepto-kakistocracia (el hurtador gobierno de los peores) del neoliberalismo bananero mexicano llegó tan lejos!
EU perdió la seriedad que le incumbe a una potencia que aspira al dominio global y, según The Financial Times (30.07.08), su Consejo de Estandarización Financiera Contable (FASB, por sus siglas en inglés) concedió un año más de gracia a los insolventes bancos para reportar sus pérdidas ocultas en el “Nivel 3” del orden de 5 millones de millones de dólares (trillones en anglosajón), que equivalen a 36 por ciento de su PIB y a más de 5 veces al de México.
Si se hicieran efectivas las reglas de transparencia que propuso el mismo FASB –hechas a la medida del tramposo sistema anglosajón, dizque para armonizar las reglas de los “principios de contabilidad generalmente aceptados” (GAAP, por sus siglas en inglés)–, pues emergería en forma diáfana la insolvencia financiera del neoliberalismo de EU.
En la plenitud de su poderío global, EU se dio el lujo de imponer unilateralmente su sistema de falsificación de datos económicos, como demuestra persuasivamente Kevin Phillips (KP) en su impactante libro Dinero sucio: finanzas implacables, política fracasada y la crisis global del capitalismo estadunidense, que revela el engaño de las estadísticas económicas y financieras pre y posneoliberales.
KP, anterior asesor de Richard Nixon y el promotor de su “estrategia sureña” que empujó al Partido Republicano a la extrema derecha populista, afirma que la corrupción de los datos económicos forman parte de las contradicciones profundas de EU con el capitalismo global: exigidos por la concupiscencia de su plutocracia que abandonó sus reformas sociales de más de tres décadas con el objetivo de embarcarse en una “guerra unilateral de clases”, que desembocó en una transferencia de riqueza sin precedente de la población laboral a una diminuta elite gobernante que opera el axioma parasitario de “privatización de las ganancias y socialización de las pérdidas”.
Con todo nuestro respeto a las lúcidas críticas de KP, nadie aborda que esta situación aberrante ha sido posible gracias al paraguas militar que deberá ser motivo tanto del mayor escrutinio ciudadano como de una creciente democratización interna de las fuerzas armadas ¿Qué sería de cualquier plutocracia, por más poderosa que fuere, sin su paraguas militar doméstico y foráneo?
La degeneración economicista y su falsificación de datos han hecho posible la perdurabilidad de la plutocracia, una de cuyas consecuencias ha sido la disminución en 70 por ciento del presupuesto del seguro social, según KP.
Las tasas artificialmente bajas del desempleo y la pobreza (ambas dos veces mayores en realidad) han ayudado a comprimir las condiciones sociales y los parámetros de vida decente que pone en tela de juicio la axiología del modelo anglosajón.
KP se centra en tres medidas: el índice de precios al consumidor (IPC), el PIB trimestral y la tasa de desempleo mensual.
Todos los datos provistos oficialmente y difundidos profusamente han sido pura ficción. El desempleo real en EU se ha ubicado entre 9 y 12 por ciento, y no el 5 por ciento proclamado. La inflación ha oscilado entre 7 y 10 por ciento, y no el 2 y 3 por ciento difundidos. El crecimiento económico real ha sido de un magro uno por ciento, y no 4 por ciento decretado.
Ahora KP ilustra que la corrupción de las estadísticas oficiales de EU datan de 50 años atrás.
John F. Kennedy inició los cambios en la medición del desempleo: los expulsados en la industria del acero y el sector automotriz cesaron de ser considerados como desempleados al ser insertados en la nueva categoría de “empleados desalentados (sic)”.
Para encubrir el creciente déficit presupuestal, Lyndon Johnson aplicó el concepto de “presupuesto unificado”, que combinaba el “seguro social” a otros gastos.
Con Nixon, Arthur Burns, gobernador de la Reserva Federal, inventó la “inflación básica” (“core inflation”) que excluye los alimentos y la energía considerados “volátiles” ¡Así nunca va a existir inflación!
Con Reagan se suprimió a la vivienda del IPC mediante la medición peregrina de la “renta equivalente del propietario” para disminuir en forma artificial el costo inmobiliario. Peor aún: Reagan incluyó al ejército como parte de la fuerza laboral, para abatir el desempleo.
Con Daddy Bush, su consejo de asesores económicos propuso el recálculo de la inflación mediante una mayor ponderación a los servicios y al menudeo, que implementó Clinton quien, con acrobacias contables “urbanas”, pretendió reducir el desempleo racial de los afroestadunidenses.
Durante dos generaciones, desde Kennedy hasta Baby Bush, los gobiernos y los economistas pre y posneoliberales intentaron combatir la inflación mediante triquiñuelas aritméticas. El problema no reside en la pertenencia partidista, sino en el sistema plutocrático consustancialmente corruptógeno.
El rebelde del Partido Republicano, KP, es muy severo con el gobierno Demócrata de Clinton, a quien critica sus tres otros “ajustes” al IPC: la “sustitución del producto” (v.gr la hamburguesa más barata sustituye al filete), la “ponderación geométrica” (los bienes y servicios que aumentan rápidamente sus costos son consumidos en menor cantidad, por lo que son ponderados a la baja), y el “ajuste hedónico” (la mejor calidad de algunos productos y servicios se traduce en una reducción de su costo efectivo).
Explaya que todas estas modificaciones manipuladas constituyen la Biblia de la Oficina de Estadísticas del Trabajo (BLS, por sus siglas en inglés).
Insatisfecho con la crítica demoledora de KP, Peters Daniels (PD) fustiga su ignorancia del crecimiento explosivo de la población carcelaria de EU en los recientes 30 años: 2.3 millones frente a una fuerza laboral de 153.1 millones, lo cual mantiene artificialmente baja la tasa de desempleo oficial; fulmina que el “ejercito y el sistema carcelario han reducido quizá (sic) al desempleo oficial en 2 por ciento” (WSWS; 2.06.08).
Queda así destrozado el mito de las asombrosas y “precisas” estadísticas del capitalismo anglosajón con las que nos engañaron durante medio siglo.
Opinión de Luis Linares Zapata en La Jornada
Izquierdas y consulta petrolera
Las dificultades para trabajar en armónica pluralidad han sido innegables para las distintas izquierdas nacionales. En el caso de la consulta popular, sus complejidades se erigen como un valladar angustiante. Empezando por la clara definición de los propósitos para emplear tal instrumento, que sigue siendo extraño en la vida pública mexicana. Recurrir a la consulta a sabiendas de que acarrea oposiciones clasistas, muchas de ellas rayanas en la histeria o la ira, requiere perseverancia y hasta terquedad para salir avante de dicha aventura. Aun la pertinencia de llevarla a cabo, en un momento donde las divisiones y la polarización sociales son la regla, introduce dudas continuas. Los recursos para financiar la intrincada logística que su proceso conlleva alientan la incertidumbre. La organización del voluntariado para atender las urnas y facilitar la libre emisión de la voluntad ciudadana es, quizá, el asunto más peliagudo. No se queda rezagado el esfuerzo difusivo para llegar a informar de sus bondades y los usos posteriores de la información por ese medio obtenida. En especial cuando el aparato de comunicación nacional, con su aplastante sonido monocorde, milita, desde su mero anuncio, en contra de ella. La coordinación de sus etapas, y de los agentes que la van definiendo, implica incontables horas de trabajo conciliador que sume desigualdades, méritos diversos, pasiones encontradas, petición de reconocimientos y egoísmos múltiples.
Pero aun en estas circunstancias, la izquierda organizada ha tenido que sobreponerse para aquilatar la opinión de aquellos a los que, cada vez menos, se toma en cuenta a la hora de las decisiones que los afectan. Y lo deben hacer porque esos segmentos sociales son, en efecto, sus referentes, la razón misma de su existir. Sin ellos serían un cascarón a la deriva, sujetas a las circunstancias sin visión de futuro. En cambio, las derechas incrustadas en el poder político o empresarial han desarrollado una aversión a cualquier tipo de consulta directa al pueblo. Sus rechazos al populacho son consustanciales a sus posturas de clase. No les interesa saber cómo viven, a qué huelen, cuáles son sus alicientes y aspiraciones. Lo que desean es mandarlos, ejercer sobre el pueblo los controles que les faciliten la satisfacción de sus masivas ambiciones. Al pueblo lo atisban sólo a través de encuestas, y si son telefónicas mejor. Le hablan a través de mensajes concentrados en la televisión. Lo esterilizan en sus laboratorios (focus groups). Se rehúsan a dar el valor que ejercicios ciudadanos directos exigen. Las masas les causan urticaria, los asustan, les tienen, a la vez, rencor y miedo. ¿Para qué consultarles una cuestión tan compleja? Sobre todo cuando ya se han asumido tantos compromisos privatizadores. ¿Qué, acaso, llegó la misión española con otros encargos?
De estas y otras consideraciones se desprende, y hasta explica, el enorme clamor crítico que la consulta ha levantado entre el oficialismo, sus viscerales reacciones en contra del ejercicio opinatorio, sus desprecios y ninguneos para con sus conductores. Los augurios de fracaso e inutilidad de la consulta se difundieron por cuanto rincón ha sido puesto al alcance de la opinocracia, súbitamente alebrestada. Ninguna excusa opositora se escatimó para deslegitimar la consulta petrolera. Se empezó por negarle base legal (ver Woldenberg versus Ackerman en La Jornada). Siguieron las demandas en tribunales contra el Instituto Electoral del Distrito Federal por su intervención, que calificaron de oficiosa. Inventaron enfrentamientos y rivalidades entre Marcelo Ebrard y AMLO para soslayar su real intención de apertura a la participación. No se olvidaron de recitar las rencillas entre perredistas, sus malhadadas elecciones internas (cochinero) y las encarnizadas luchas entre sus facciones. Un tema central en la descalificación fue la inducción partidista, olvidándose de la negativa del oficialismo a entrar al proceso. Las preguntas y su formulación se pusieron en el picadero de todo aquel que quiso sacar a relucir su dominio del lenguaje. La petición de objetividad inobjetable se convirtió, por transfiguración instantánea, en obstáculo insalvable para los proponentes.
En los últimos días se encontraron nuevos atajos para el descrédito de la consulta popular: “ley de consecuencias involuntarias” (Proceso, D. Dresser), le llaman. Esto quiere ser interpretado como los daños colaterales que viajan con las bondades plebiscitarias. Supuestas malformaciones causadas por los mismos defectos inherentes a las izquierdas, pues ahondan sus diferencias, evidencian sus vicios en lugar de superarlos, se afirman como formulación simplista al recurrir a una evidente petición de principio.
Peor diagnóstico es difícil de encontrar entre los curanderos sociales porque, se concluye, debilita a las izquierdas, no las fortalece. Poco importan los logros obtenidos por tan tedioso e incierto ejercicio. En esta línea argumental, la limpieza del trabajo y su desarrollo pacífico, auditado, se toca sólo de manera lateral. En el mero fondo pulula la inducción de las respuestas, como mal congénito, para rechazar la privatización. Y, más profundo aún que ello, según esta línea argumentativa circular, es el rechazo que las izquierdas hacen del mercado. Esa superestructura que hace a los pueblos progresar no puede soslayarse, menos aún ponerla a referendo con motivo de la industria petrolera. El mercado, además (se supone en esta postura), solidifica la democracia. Un salto conceptual que nunca llega a demostrarse sino sólo se asume como premisa declarativa, mágica, sobrentendida. Cuestionar al mercado es retrógrada, se asienta con soberbia más allá de cualquier demostración.
Las llevadas y traídas reglas del mercado, señores críticos de la consulta, no funcionan en la industria energética, menos aún en la petrolera. No existen. En este rubro estratégico, como en muchos otros que son cruciales (aeroespacial, atómico, alimentario, farmacéutico, balístico, telecomunicaciones y otros muchos más) el ordenamiento desde el poder, las exclusiones forzadas y los apañes imperiales, son la regla. En la energía sólo hay mercados controlados. Ninguna economía funcional abre de par en par sus puertas a los de fuera, a la llamada competencia. Todos las cierran, aun aquellos donde concurren varias empresas (EUA) se protegen con mecanismos insalvables para los de fuera. Las economías que una vez fueron colonizadas por las trasnacionales de la energía han emprendido un proceso restaurador de potestades propias. Y esa realidad es la que quedó comprendida en la segunda pregunta sobre la reforma del señor Calderón, y la de los priístas, pues ambas pretenden constreñir a la industria petrolera mexicana a ser exportadora de crudos e importadora de toda clase de tecnologías, capitales y servicios del exterior. Por último, no fueron pocos los ciudadanos (cercanos a los 2 millones) En las próximas etapas este número será, sin duda, rebasado.
Las dificultades para trabajar en armónica pluralidad han sido innegables para las distintas izquierdas nacionales. En el caso de la consulta popular, sus complejidades se erigen como un valladar angustiante. Empezando por la clara definición de los propósitos para emplear tal instrumento, que sigue siendo extraño en la vida pública mexicana. Recurrir a la consulta a sabiendas de que acarrea oposiciones clasistas, muchas de ellas rayanas en la histeria o la ira, requiere perseverancia y hasta terquedad para salir avante de dicha aventura. Aun la pertinencia de llevarla a cabo, en un momento donde las divisiones y la polarización sociales son la regla, introduce dudas continuas. Los recursos para financiar la intrincada logística que su proceso conlleva alientan la incertidumbre. La organización del voluntariado para atender las urnas y facilitar la libre emisión de la voluntad ciudadana es, quizá, el asunto más peliagudo. No se queda rezagado el esfuerzo difusivo para llegar a informar de sus bondades y los usos posteriores de la información por ese medio obtenida. En especial cuando el aparato de comunicación nacional, con su aplastante sonido monocorde, milita, desde su mero anuncio, en contra de ella. La coordinación de sus etapas, y de los agentes que la van definiendo, implica incontables horas de trabajo conciliador que sume desigualdades, méritos diversos, pasiones encontradas, petición de reconocimientos y egoísmos múltiples.
Pero aun en estas circunstancias, la izquierda organizada ha tenido que sobreponerse para aquilatar la opinión de aquellos a los que, cada vez menos, se toma en cuenta a la hora de las decisiones que los afectan. Y lo deben hacer porque esos segmentos sociales son, en efecto, sus referentes, la razón misma de su existir. Sin ellos serían un cascarón a la deriva, sujetas a las circunstancias sin visión de futuro. En cambio, las derechas incrustadas en el poder político o empresarial han desarrollado una aversión a cualquier tipo de consulta directa al pueblo. Sus rechazos al populacho son consustanciales a sus posturas de clase. No les interesa saber cómo viven, a qué huelen, cuáles son sus alicientes y aspiraciones. Lo que desean es mandarlos, ejercer sobre el pueblo los controles que les faciliten la satisfacción de sus masivas ambiciones. Al pueblo lo atisban sólo a través de encuestas, y si son telefónicas mejor. Le hablan a través de mensajes concentrados en la televisión. Lo esterilizan en sus laboratorios (focus groups). Se rehúsan a dar el valor que ejercicios ciudadanos directos exigen. Las masas les causan urticaria, los asustan, les tienen, a la vez, rencor y miedo. ¿Para qué consultarles una cuestión tan compleja? Sobre todo cuando ya se han asumido tantos compromisos privatizadores. ¿Qué, acaso, llegó la misión española con otros encargos?
De estas y otras consideraciones se desprende, y hasta explica, el enorme clamor crítico que la consulta ha levantado entre el oficialismo, sus viscerales reacciones en contra del ejercicio opinatorio, sus desprecios y ninguneos para con sus conductores. Los augurios de fracaso e inutilidad de la consulta se difundieron por cuanto rincón ha sido puesto al alcance de la opinocracia, súbitamente alebrestada. Ninguna excusa opositora se escatimó para deslegitimar la consulta petrolera. Se empezó por negarle base legal (ver Woldenberg versus Ackerman en La Jornada). Siguieron las demandas en tribunales contra el Instituto Electoral del Distrito Federal por su intervención, que calificaron de oficiosa. Inventaron enfrentamientos y rivalidades entre Marcelo Ebrard y AMLO para soslayar su real intención de apertura a la participación. No se olvidaron de recitar las rencillas entre perredistas, sus malhadadas elecciones internas (cochinero) y las encarnizadas luchas entre sus facciones. Un tema central en la descalificación fue la inducción partidista, olvidándose de la negativa del oficialismo a entrar al proceso. Las preguntas y su formulación se pusieron en el picadero de todo aquel que quiso sacar a relucir su dominio del lenguaje. La petición de objetividad inobjetable se convirtió, por transfiguración instantánea, en obstáculo insalvable para los proponentes.
En los últimos días se encontraron nuevos atajos para el descrédito de la consulta popular: “ley de consecuencias involuntarias” (Proceso, D. Dresser), le llaman. Esto quiere ser interpretado como los daños colaterales que viajan con las bondades plebiscitarias. Supuestas malformaciones causadas por los mismos defectos inherentes a las izquierdas, pues ahondan sus diferencias, evidencian sus vicios en lugar de superarlos, se afirman como formulación simplista al recurrir a una evidente petición de principio.
Peor diagnóstico es difícil de encontrar entre los curanderos sociales porque, se concluye, debilita a las izquierdas, no las fortalece. Poco importan los logros obtenidos por tan tedioso e incierto ejercicio. En esta línea argumental, la limpieza del trabajo y su desarrollo pacífico, auditado, se toca sólo de manera lateral. En el mero fondo pulula la inducción de las respuestas, como mal congénito, para rechazar la privatización. Y, más profundo aún que ello, según esta línea argumentativa circular, es el rechazo que las izquierdas hacen del mercado. Esa superestructura que hace a los pueblos progresar no puede soslayarse, menos aún ponerla a referendo con motivo de la industria petrolera. El mercado, además (se supone en esta postura), solidifica la democracia. Un salto conceptual que nunca llega a demostrarse sino sólo se asume como premisa declarativa, mágica, sobrentendida. Cuestionar al mercado es retrógrada, se asienta con soberbia más allá de cualquier demostración.
Las llevadas y traídas reglas del mercado, señores críticos de la consulta, no funcionan en la industria energética, menos aún en la petrolera. No existen. En este rubro estratégico, como en muchos otros que son cruciales (aeroespacial, atómico, alimentario, farmacéutico, balístico, telecomunicaciones y otros muchos más) el ordenamiento desde el poder, las exclusiones forzadas y los apañes imperiales, son la regla. En la energía sólo hay mercados controlados. Ninguna economía funcional abre de par en par sus puertas a los de fuera, a la llamada competencia. Todos las cierran, aun aquellos donde concurren varias empresas (EUA) se protegen con mecanismos insalvables para los de fuera. Las economías que una vez fueron colonizadas por las trasnacionales de la energía han emprendido un proceso restaurador de potestades propias. Y esa realidad es la que quedó comprendida en la segunda pregunta sobre la reforma del señor Calderón, y la de los priístas, pues ambas pretenden constreñir a la industria petrolera mexicana a ser exportadora de crudos e importadora de toda clase de tecnologías, capitales y servicios del exterior. Por último, no fueron pocos los ciudadanos (cercanos a los 2 millones) En las próximas etapas este número será, sin duda, rebasado.
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