José Agustín Ortíz Pinchetti
La Jornada, 27 de julio 2008
■ ¿Y la gente no cuenta?
Llama la atención que aun sin haber estudiado la propuesta petrolera del PRI, el PAN y el PRD se hayan apresurado a darle la bienvenida. Ambos partidos le están concediendo al PRI una posición superior en la política mexicana. En alguna forma le están pavimentando el camino para tener un triunfo en 2009. El viejo partido, al oponerse a la aventura privatizadora de Calderón, ha sido congruente con sus estatutos y con el gusto de su clientela. Pero quiere aprovechar la coyuntura de cara a su asamblea vigésima no sólo para reverdecer sus banderas nacionalistas, sino para obtener ventajas con la reorganización del aparato administrativo de Pemex y acercar a muchos de sus cuadros a grandes negocios. Calderón pierde la reforma original, pero tiene ventajas importantes: continuará sobrexplotando Cantarell y obteniendo recursos estratégicos. Dispondrá de la renta petrolera en forma discrecional y utilizará los excedentes en un año crítico, tanto por la depresión que se anuncia como por ser un año electoral.
Los partidos quieren llegar a un acuerdo y no toman en cuenta a la gente. En las encuestas, las dos terceras partes de la población han podido resistir la costosa ofensiva mediática del gobierno y se oponen a la reforma. Miles o cientos de miles están organizados para la resistencia. Millones de simpatizantes de AMLO y una buena franja de los que votan normalmente por el PRI se oponen. Hoy se realiza la consulta popular en el Distrito Federal y habrá otras el 10 y el 24 de agosto. Muchos sectores, inclusive empresarios y eclesiásticos, se están incorporando a un movimiento sin precedente en México. Esos hechos no cuentan para los parlamentarios.
Entiendo la alegría del PAN: una reformilla puede ocultar la derrota de la aventura de Calderón. Me cuesta trabajo entender el apresuramiento de los perredistas. Pareciera como si el acuerdo cupular intentara “desinflar” la consulta del Distrito Federal. El PRD debería de apostar a ella y tratar de recuperar por ese medio legítimo la popularidad que ha perdido en los últimos meses por el desastroso resultado de sus elecciones internas. En las cúpulas de los partidos ni en el Senado, ni en la Cámara de Diputados, hay una representación cabal de la población. La gente no conoce ni quién la representa. Y para ellos la opinión popular cuenta muy poco.
Hace unos cuantos días, Ana Isabel López, una estudiante avanzada de la Universidad de Oxford, en Inglaterra, me pidió una entrevista sobre el desarrollo del movimiento obradorista. Es el primer caso que yo conozca que un científico social mexicano se interese por el más grande fenómeno político de los últimos tiempos. Para la abrumadora mayoría de observadores y analistas, lo que ha estado haciendo AMLO viajando por el país y organizando la resistencia, convocando a miles y a millones no tiene importancia efectiva. El despertar de la conciencia sobre la importancia del petróleo y la necesidad de preservarlo como propiedad pública no parece importar a los políticos profesionales. Se equivocan: por primera vez gran parte de la población ha entrado en el foro de la discusión y no será fácil sacarla de ahí.
lunes, 28 de julio de 2008
Opinión de Arnaldo Córdova en La Jornada, 27 de julio 2008
Gobernar el país como una empresa
La derecha como bloque gobernante no está conformada sólo por el PAN en el gobierno ni por la derecha priísta. Sucede también que ni el PAN ni el PRI tienen una militancia uniforme. En ambos partidos hay numerosos empresarios (muchos de ellos de medio pelo y nunca grandes tiburones), clasemedieros tan diversos entre sí que es imposible distinguirlos como un conjunto (muchos son simples reaccionarios ultramontanos, otros son profesionales oportunistas y logreros, otros pequeños empresarios y así por el estilo), el PRI tiene los antiguos sindicatos corporativistas (cuyos dirigentes son ahora empresarios de masas) y muchas organizaciones campesinas (con dirigentes que no son campesinos).
De esa derecha como bloque en el poder forma parte la jerarquía católica, que ha hecho de la máxima evangélica “dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios” un cómodo estatus de convivencia. Hay también grupos corporativos de profesionales que se dedican a las tareas de consultoría y asesoramiento (esto, en ambos partidos) y que prestan sus servicios a quienes los pueden pagar (sin distinción de colores partidistas, es su lema). Hay, asimismo, simples grupos de fanáticos derechistas que militan por las causas más disímbolas.
En esos términos, podría decirse que se está hablando, esencialmente, de la derecha política incrustada en el poder del Estado y en la sociedad, aunque habría que hacer una excepción a los clasemedieros que se dedican sólo a los negocios. Hay una derecha económica, empero, que es decisiva en la conformación del bloque en el poder: son los grandes empresarios corporativos que dominan la economía del país, que no son sólo mexicanos (pues a éstos se han venido agregando ramas locales de trasnacionales que prevalecen en sectores enteros de las finanzas y de los negocios, principalmente estadunidenses y españolas, pero no sólo). Este es el grupo (se dice que está conformado por no más de 300 corporativos) que ha venido cohesionando ese bloque.
Convertir al país en una empresa no fue una idea de los panistas. Cuando esta idea se puso en marcha éstos todavía se atenían a sus principios de doctrina originales que no tienen nada que ver con ella. Fueron los priístas, ya desde la época de De la Madrid, pero con mayor fuerza en los tiempos de Salinas, los que fueron planteando este proyecto a los grupos empresariales como una gran alianza entre el poder político y el poder económico, cuya distinción, ya se decía entonces, era cada vez más borrosa. Fue en esos días cuando este nuevo bloque gobernante comenzó a funcionar. Los panistas sólo fueron un agregado, a fines de los 90, cuando demostraron que habían entendido la noción.
Fue entonces cuando se decidió, en ese gran bloque de poder económico y político, entregarles el poder. De otra manera resulta muy difícil entender la tersa “transición” que se dio en el 2000. Que Zedillo había decidido entregarles el mando del Estado me pareció siempre una hipótesis muy jalada de los pelos, porque de repente ya el consenso de las más diferentes fuerzas sociales en pugna pareció darse en torno al candidato panista, sin que ello pudiera explicarse con claridad. La imagen de ese Fox que desde fuera imponía su candidatura en el PAN, sin que nadie en este partido pudiera evitarlo, jamás me convenció. Un merolico provinciano, ayuno de cultura y populachero, insólitamente, se convierte en el candidato del bloque derechista en el poder.
Ni Labastida (que parecía más un cartucho quemado) ni Cárdenas (ya para entonces muy desgastado) fueron una amenaza para ese gran bloque de poder, esa Santa Alianza que, en cambio, sintió cercana la helada perspectiva de la derrota con López Obrador. Creo que éste nunca supo contra qué clase de formidable enemigo se enfrentaba hasta que no se dio la desvergonzada maniobra del desafuero. Apelando al pueblo y denunciando ya esa Santa Alianza logró poner a las masas y a los votantes de todas las clases sociales a su favor. Eso empavoreció a la derecha gobernante y se aprestó a defender su poder, como finalmente lo hizo en las sucias elecciones del 2006.
A mí jamás me convenció el pleito casado que agarraron Salinas y Zedillo por el “error de diciembre”. Aquello fue un montaje orquestado desde el bloque en el poder para engordar a los grandes empresarios a costa de una infame megadevaluación. En su nuevo libro, Salinas no aporta ningún esclarecimiento al respecto; prefiere seguir en el terreno de la riña personal y ocultar sus responsabilidades. El atraco en descampado del Fobaproa y los rescates carreteros y otros fueron sólo su secuela. Eso es lo que ha querido decir la frase “gobernar el país como a una empresa”: entregar la riqueza de la Nación entera a los grandes empresarios y gobernar para que ello sea posible y garantizable (y no las insulsas idioteces de Fox: “administrar con la eficiencia de una empresa”).
Los grandes empresarios no gustan de andar metiéndose en los pleitos políticos; prefieren pagarles a otros para que actúen por ellos. Pero tampoco deciden las cosas ellos solos. Ellos sólo hacen sus sugerencias y exigencias y demandan que se cumplan, si no, no hay trato. La clase política derechista sabe que esa es su profesión y la desempeña jubilosa y cumplidamente. El bloque derechista en el poder es, justo, la conjunción letal del poder político con el poder económico verdadero, vale decir, el real dueño de la riqueza del país. Las reformas petroleras de Calderón son el último asalto a la riqueza de la Nación para entregarla a los dueños de la riqueza. Eso es lo que han demostrado los debates sobre la materia.
Los mexicanos estamos hoy enfrentados a esa Santa Alianza del poder político y del gran dinero, y hacía falta una causa “mitológica” y “nacionalista”, como es la defensa de nuestra riqueza petrolera, para poner todas las cartas sobre la mesa. Ahora ya nadie podrá llamarse a engaño, las cosas están más que claras y cada uno puede, como nunca antes, decir lo que piensa y actuar en consecuencia. Eso es lo que han logrado los debates: hacer que se conozca la verdadera realidad y proporcionar el conocimiento necesario para que todos sepan en qué país vivimos y qué es lo que los dueños del poder y de la riqueza se proponen hacer con nuestro país y sus recursos. Sólo les falta el petróleo. Van por él. Y la Santa Alianza sigue sin pagar impuestos.
La derecha como bloque gobernante no está conformada sólo por el PAN en el gobierno ni por la derecha priísta. Sucede también que ni el PAN ni el PRI tienen una militancia uniforme. En ambos partidos hay numerosos empresarios (muchos de ellos de medio pelo y nunca grandes tiburones), clasemedieros tan diversos entre sí que es imposible distinguirlos como un conjunto (muchos son simples reaccionarios ultramontanos, otros son profesionales oportunistas y logreros, otros pequeños empresarios y así por el estilo), el PRI tiene los antiguos sindicatos corporativistas (cuyos dirigentes son ahora empresarios de masas) y muchas organizaciones campesinas (con dirigentes que no son campesinos).
De esa derecha como bloque en el poder forma parte la jerarquía católica, que ha hecho de la máxima evangélica “dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios” un cómodo estatus de convivencia. Hay también grupos corporativos de profesionales que se dedican a las tareas de consultoría y asesoramiento (esto, en ambos partidos) y que prestan sus servicios a quienes los pueden pagar (sin distinción de colores partidistas, es su lema). Hay, asimismo, simples grupos de fanáticos derechistas que militan por las causas más disímbolas.
En esos términos, podría decirse que se está hablando, esencialmente, de la derecha política incrustada en el poder del Estado y en la sociedad, aunque habría que hacer una excepción a los clasemedieros que se dedican sólo a los negocios. Hay una derecha económica, empero, que es decisiva en la conformación del bloque en el poder: son los grandes empresarios corporativos que dominan la economía del país, que no son sólo mexicanos (pues a éstos se han venido agregando ramas locales de trasnacionales que prevalecen en sectores enteros de las finanzas y de los negocios, principalmente estadunidenses y españolas, pero no sólo). Este es el grupo (se dice que está conformado por no más de 300 corporativos) que ha venido cohesionando ese bloque.
Convertir al país en una empresa no fue una idea de los panistas. Cuando esta idea se puso en marcha éstos todavía se atenían a sus principios de doctrina originales que no tienen nada que ver con ella. Fueron los priístas, ya desde la época de De la Madrid, pero con mayor fuerza en los tiempos de Salinas, los que fueron planteando este proyecto a los grupos empresariales como una gran alianza entre el poder político y el poder económico, cuya distinción, ya se decía entonces, era cada vez más borrosa. Fue en esos días cuando este nuevo bloque gobernante comenzó a funcionar. Los panistas sólo fueron un agregado, a fines de los 90, cuando demostraron que habían entendido la noción.
Fue entonces cuando se decidió, en ese gran bloque de poder económico y político, entregarles el poder. De otra manera resulta muy difícil entender la tersa “transición” que se dio en el 2000. Que Zedillo había decidido entregarles el mando del Estado me pareció siempre una hipótesis muy jalada de los pelos, porque de repente ya el consenso de las más diferentes fuerzas sociales en pugna pareció darse en torno al candidato panista, sin que ello pudiera explicarse con claridad. La imagen de ese Fox que desde fuera imponía su candidatura en el PAN, sin que nadie en este partido pudiera evitarlo, jamás me convenció. Un merolico provinciano, ayuno de cultura y populachero, insólitamente, se convierte en el candidato del bloque derechista en el poder.
Ni Labastida (que parecía más un cartucho quemado) ni Cárdenas (ya para entonces muy desgastado) fueron una amenaza para ese gran bloque de poder, esa Santa Alianza que, en cambio, sintió cercana la helada perspectiva de la derrota con López Obrador. Creo que éste nunca supo contra qué clase de formidable enemigo se enfrentaba hasta que no se dio la desvergonzada maniobra del desafuero. Apelando al pueblo y denunciando ya esa Santa Alianza logró poner a las masas y a los votantes de todas las clases sociales a su favor. Eso empavoreció a la derecha gobernante y se aprestó a defender su poder, como finalmente lo hizo en las sucias elecciones del 2006.
A mí jamás me convenció el pleito casado que agarraron Salinas y Zedillo por el “error de diciembre”. Aquello fue un montaje orquestado desde el bloque en el poder para engordar a los grandes empresarios a costa de una infame megadevaluación. En su nuevo libro, Salinas no aporta ningún esclarecimiento al respecto; prefiere seguir en el terreno de la riña personal y ocultar sus responsabilidades. El atraco en descampado del Fobaproa y los rescates carreteros y otros fueron sólo su secuela. Eso es lo que ha querido decir la frase “gobernar el país como a una empresa”: entregar la riqueza de la Nación entera a los grandes empresarios y gobernar para que ello sea posible y garantizable (y no las insulsas idioteces de Fox: “administrar con la eficiencia de una empresa”).
Los grandes empresarios no gustan de andar metiéndose en los pleitos políticos; prefieren pagarles a otros para que actúen por ellos. Pero tampoco deciden las cosas ellos solos. Ellos sólo hacen sus sugerencias y exigencias y demandan que se cumplan, si no, no hay trato. La clase política derechista sabe que esa es su profesión y la desempeña jubilosa y cumplidamente. El bloque derechista en el poder es, justo, la conjunción letal del poder político con el poder económico verdadero, vale decir, el real dueño de la riqueza del país. Las reformas petroleras de Calderón son el último asalto a la riqueza de la Nación para entregarla a los dueños de la riqueza. Eso es lo que han demostrado los debates sobre la materia.
Los mexicanos estamos hoy enfrentados a esa Santa Alianza del poder político y del gran dinero, y hacía falta una causa “mitológica” y “nacionalista”, como es la defensa de nuestra riqueza petrolera, para poner todas las cartas sobre la mesa. Ahora ya nadie podrá llamarse a engaño, las cosas están más que claras y cada uno puede, como nunca antes, decir lo que piensa y actuar en consecuencia. Eso es lo que han logrado los debates: hacer que se conozca la verdadera realidad y proporcionar el conocimiento necesario para que todos sepan en qué país vivimos y qué es lo que los dueños del poder y de la riqueza se proponen hacer con nuestro país y sus recursos. Sólo les falta el petróleo. Van por él. Y la Santa Alianza sigue sin pagar impuestos.
Opinión de Mario di Constanzo en La Jornada, 27 de julio e2008
Se trata de la misma gata pero empanizada
Sin lugar a dudas, el maridaje entre el PRI y el PAN volvió a quedar de manifiesto, pues cuando la propuesta calderonista de privatización del sector petrolero estaba prácticamente desechada, el senador Manlio Fabio Beltrones presentó la versión reloaded, tal como en la película Matrix, del proyecto privatizador de Felipe Calderón.
De esta manera, no obstante las diferencias en cuanto al número de ordenamientos jurídicos creados o modificados, de la comparación de ambos proyectos se puede observar que presentan las mismas deficiencias; siendo la única diferencia la forma en la que se estaría dando paso a la inversión privada.
Esta diferencia en cuanto a forma más no de fondo se puede advertir si comparamos las modificaciones propuestas a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional; para ello, sólo basta mencionar que ambos proyectos buscan en esencia modificar la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en materia de petróleo.
Así, mientras que en la propuesta de Felipe Calderón la privatización es directa, en la presentada por Manlio Fabio Beltrones ésta se hace por “la puerta de atrás”, al crear la figura denominada “organismos descentralizados de carácter estratégico”, que son un mecanismo para eludir lo dispuesto por el artículo 27 constitucional, que establece claramente, la exclusividad del Estado en materia de explotación de hidrocarburos, añadiendo que “en esta materia no se otorgarán contratos o concesiones de ninguna especie”.
Es decir, mientras que Felipe Calderón ha propuesto la modificación al artículo cuarto de la Ley Reglamentaria del 27 Constitucional para establecer que: “Petróleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios y los sectores social y privado, previo permiso, podrán realizar las actividades de transporte, almacenamiento y distribución de gas, de los productos que se obtengan de la refinación de petróleo y de petroquímicos básicos”.
Y añade que: “Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios podrán contratar con terceros los servicios de refinación de petróleo”
Manlio Fabio Beltrones ha propuesto que “el Ejecutivo federal podrá constituir, por decreto, organismos descentralizados con carácter estratégico filiales de Petróleos Mexicanos, con el objeto de realizar, por cuenta de aquél, las actividades de construcción de ductos y los servicios de refinación de petróleo, transporte, almacenamiento y distribución de hidrocarburos y derivados de éstos, que forman parte de la industria petrolera. Dichos organismos filiales serán propiedad exclusiva de Petróleos Mexicanos y se constituirán a propuesta de su Consejo de Administración”.
Añadiendo que: “En los términos de su propia ley orgánica, Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, así como los organismos filiales referidos en el párrafo anterior, estarán dotados de plena autonomía de gestión y presupuestaria, incluyendo la regulación para la contratación de obras, adquisiciones, arrendamientos y servicios”.
Lo anterior significa que Pemex podrá crear “empresas filiales estratégicas” que gozarán de autonomía de gestión en toda la cadena de valor de la industria y aún y cuando se establece que estas empresas serán propiedad de la propia paraestatal, es decir de la nación, no existe en la iniciativa priísta ningún impedimento para que estas “filiales estratégicas de Pemex” se puedan asociar en cualquier actividad de la cadena productiva (exploración, distribución, transporte, almacenamiento, etcétera) con alguna empresa privada sea nacional o extranjera y en cualquier porcentaje de participación, dado que dichas filiales gozarán de autonomía de gestión.
Es decir y a manera de ejemplo Petróleos Mexicanos podría decidir crear una filial que se dedicara a la refinación de petróleo, misma que podría ser una refinería en operación, como la de Cadereyta o Ciudad Madero.
En tal virtud, estas refinerías ya convertidas en una “filial estratégica de Pemex” y dada su autonomía de gestión; podrían asociarse con Exxon, Shell o Halliburton para “ampliar o construir” la propia refinería o una nueva” en cualquier porcentaje de participación porque al final,’ serían esas petroleras extranjeras las que llevarían a cabo las actividades de la cadena productiva y con ello se violaría la Constitución, al transferir esas actividades estratégicas y por la tanto parte de la “renta petrolera” a la iniciativa privada.
Es muy importante señalar que ninguno de los dos proyectos se aborda y mucho menos se soluciona el problema fiscal y presupuestario que enfrenta Petróleos Mexicanos.
Mucho menos aún, se garantiza que lo excedentes petroleros se destinarán exclusivamente a Petróleos Mexicanos, en virtud de que en la propuesta de Manlio se establece que Pemex podrá contar con el excedente de sus “ingresos propios”; al respecto, cabe señalar que no es lo mismo lo que hasta ahora se entiende como excedentes petroleros y lo que se define como un “ingreso propio de Pemex”.
Por las demás cuestiones, como las relativas al Órgano de Gobierno de Pemex, a los Comités de Transparencia, a la “autonomía de la paraestatal”, al manejo de su deuda, ingresos excedentes, bonos ciudadanos, licitaciones (con excepción de los contratos de riesgo), es prácticamente lo mismo que ha propuesto por Felipe Calderón, por lo que al final de cuentas se puede concluir que se trata de la misma gata pero empanizada.
Sin lugar a dudas, el maridaje entre el PRI y el PAN volvió a quedar de manifiesto, pues cuando la propuesta calderonista de privatización del sector petrolero estaba prácticamente desechada, el senador Manlio Fabio Beltrones presentó la versión reloaded, tal como en la película Matrix, del proyecto privatizador de Felipe Calderón.
De esta manera, no obstante las diferencias en cuanto al número de ordenamientos jurídicos creados o modificados, de la comparación de ambos proyectos se puede observar que presentan las mismas deficiencias; siendo la única diferencia la forma en la que se estaría dando paso a la inversión privada.
Esta diferencia en cuanto a forma más no de fondo se puede advertir si comparamos las modificaciones propuestas a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional; para ello, sólo basta mencionar que ambos proyectos buscan en esencia modificar la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en materia de petróleo.
Así, mientras que en la propuesta de Felipe Calderón la privatización es directa, en la presentada por Manlio Fabio Beltrones ésta se hace por “la puerta de atrás”, al crear la figura denominada “organismos descentralizados de carácter estratégico”, que son un mecanismo para eludir lo dispuesto por el artículo 27 constitucional, que establece claramente, la exclusividad del Estado en materia de explotación de hidrocarburos, añadiendo que “en esta materia no se otorgarán contratos o concesiones de ninguna especie”.
Es decir, mientras que Felipe Calderón ha propuesto la modificación al artículo cuarto de la Ley Reglamentaria del 27 Constitucional para establecer que: “Petróleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios y los sectores social y privado, previo permiso, podrán realizar las actividades de transporte, almacenamiento y distribución de gas, de los productos que se obtengan de la refinación de petróleo y de petroquímicos básicos”.
Y añade que: “Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios podrán contratar con terceros los servicios de refinación de petróleo”
Manlio Fabio Beltrones ha propuesto que “el Ejecutivo federal podrá constituir, por decreto, organismos descentralizados con carácter estratégico filiales de Petróleos Mexicanos, con el objeto de realizar, por cuenta de aquél, las actividades de construcción de ductos y los servicios de refinación de petróleo, transporte, almacenamiento y distribución de hidrocarburos y derivados de éstos, que forman parte de la industria petrolera. Dichos organismos filiales serán propiedad exclusiva de Petróleos Mexicanos y se constituirán a propuesta de su Consejo de Administración”.
Añadiendo que: “En los términos de su propia ley orgánica, Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, así como los organismos filiales referidos en el párrafo anterior, estarán dotados de plena autonomía de gestión y presupuestaria, incluyendo la regulación para la contratación de obras, adquisiciones, arrendamientos y servicios”.
Lo anterior significa que Pemex podrá crear “empresas filiales estratégicas” que gozarán de autonomía de gestión en toda la cadena de valor de la industria y aún y cuando se establece que estas empresas serán propiedad de la propia paraestatal, es decir de la nación, no existe en la iniciativa priísta ningún impedimento para que estas “filiales estratégicas de Pemex” se puedan asociar en cualquier actividad de la cadena productiva (exploración, distribución, transporte, almacenamiento, etcétera) con alguna empresa privada sea nacional o extranjera y en cualquier porcentaje de participación, dado que dichas filiales gozarán de autonomía de gestión.
Es decir y a manera de ejemplo Petróleos Mexicanos podría decidir crear una filial que se dedicara a la refinación de petróleo, misma que podría ser una refinería en operación, como la de Cadereyta o Ciudad Madero.
En tal virtud, estas refinerías ya convertidas en una “filial estratégica de Pemex” y dada su autonomía de gestión; podrían asociarse con Exxon, Shell o Halliburton para “ampliar o construir” la propia refinería o una nueva” en cualquier porcentaje de participación porque al final,’ serían esas petroleras extranjeras las que llevarían a cabo las actividades de la cadena productiva y con ello se violaría la Constitución, al transferir esas actividades estratégicas y por la tanto parte de la “renta petrolera” a la iniciativa privada.
Es muy importante señalar que ninguno de los dos proyectos se aborda y mucho menos se soluciona el problema fiscal y presupuestario que enfrenta Petróleos Mexicanos.
Mucho menos aún, se garantiza que lo excedentes petroleros se destinarán exclusivamente a Petróleos Mexicanos, en virtud de que en la propuesta de Manlio se establece que Pemex podrá contar con el excedente de sus “ingresos propios”; al respecto, cabe señalar que no es lo mismo lo que hasta ahora se entiende como excedentes petroleros y lo que se define como un “ingreso propio de Pemex”.
Por las demás cuestiones, como las relativas al Órgano de Gobierno de Pemex, a los Comités de Transparencia, a la “autonomía de la paraestatal”, al manejo de su deuda, ingresos excedentes, bonos ciudadanos, licitaciones (con excepción de los contratos de riesgo), es prácticamente lo mismo que ha propuesto por Felipe Calderón, por lo que al final de cuentas se puede concluir que se trata de la misma gata pero empanizada.
sábado, 26 de julio de 2008
Opinión de Gustavo Gordillo en La Jornada
A quién pertence Pemex
El debate político sobre Petróleos Mexicanos tiene un hilo conductor: quién es el dueño de Pemex.
La expropiación de 1938 dirigida por el general Lázaro Cárdenas convirtió a Pemex en un patrimonio nacional, de todos lo mexicanos. Desde entonces ese ha sido el discurso oficial. Pero, casi inmediatamente después y desde hace décadas Pemex ha sido la fuente de enriquecimiento de funcionarios públicos, lideres sindicales y partidos políticos. Ha sido nodriza del capitalismo de compadres que tenemos. Los cuantiosos recursos que genera Pemex y que le confisca el gobierno federal ha sido el principal factor que evita encarar uno de los retos centrales en nuestro país: una reforma fiscal que grave de manera equitativa a los que obtiene mayores ingresos. Pemex ha sufrido por tanto, una segunda expropiación: por el sector financiero y algunas elites políticas primero del PRI y luego del PAN.
Pemex debe ser nuevamente de propiedad nacional. Deben obligarse gobierno y causantes mayores a asumir la necesidad de una reforma fiscal progresiva. El gobierno tiene que poner el ejemplo con una auténtica política de austeridad. La autonomía de gestión para Pemex también obligaría a reformas internas profundas.Eliminar los contubernios entre la dirección de la empresa y del sindicato. Mas importante aún, los ciudadanos requieren formar parte de las decisiones estratégicas que involucren a Pemex.Sin demagogia pero tampoco con engaños.
El mayor error de la iniciativa de reforma petrolera presentada por el presidente Calderón reside en la elección de los tiempos En los noventa presenciábamos la caída del muro de Berlín, la desintegración de la Unión Soviética, el renovado crecimiento económico en Estados Unidos, las transiciones democráticas en África,Asia y América Latina. Algunos decretaban el fin de la historia y la hegemonía del mercado. El lanzamiento de las reformas estructurales transportaban un mensaje simple: liberar al mercado.
Veinte años después la situación es distinta. El ataque terrorista a las Torres Gemelas y luego la guerra en Irak han dañado la convivencia internacional. También se afecta la convivencia social. El mercado es visto por muchas mayorías como una amenaza. Algunas minorías han sustituido monopolios públicos por monopolios privados. El signo de nuestro tiempo parece bastante ominoso: fragmentación, ausencia de puentes de entendimiento, empobrecimiento de muchos y enriquecimiento de unos cuantos. Impunidad para los pocos y castigos desmedidos para los muchos.
El puente entre ambos momentos no ha sido construido. Al final del ciclo de ponencias en el Senado se tiene la sensación que los congresistas ya tenían sus posiciones hechas y que lo único que buscaban era ganar tiempo para imponer sus posiciones através de acuerdos cupulares. No parece claro que el debate que ha sido por otra parte sumamente rico en posiciones, datos y análisis, haya permitido desbloquear los canales políticos hacia un acuerdo de las tres formaciones principales.
Lo lógico sería que se reconsiderara el terreno desde el cual se pueden construir acuerdos inclusivos.
En el caso de Pemex el mejor ámbito de acuerdos debería girar en torno a tres temas: liberar, bajo cronograma, a Pemex de la dependencia de la Secretaría de Hacienda.
Definir con transparencia las relaciones del sindicato con la empresa. Establecer un mecanismo riguroso de prevención de actos de corrupción. Pueden ser el inicio de una reforma más integral.
Un acuerdo inicial de gran envergadura entre las tres fuerzas principales desataría una dinámica inclusiva. La discusión de figuras jurídicas como el referendum, el plebiscito, o la revocación de mandato; estarían entonces sí enmarcadas en una atmósfera producto de un acuerdo inicial de las tres fuerzas principales. El más poderoso mensaje sería: todas y todos cabemos en este país.
Mientras tanto hay que votar mañana en la consulta petrolera.
El debate político sobre Petróleos Mexicanos tiene un hilo conductor: quién es el dueño de Pemex.
La expropiación de 1938 dirigida por el general Lázaro Cárdenas convirtió a Pemex en un patrimonio nacional, de todos lo mexicanos. Desde entonces ese ha sido el discurso oficial. Pero, casi inmediatamente después y desde hace décadas Pemex ha sido la fuente de enriquecimiento de funcionarios públicos, lideres sindicales y partidos políticos. Ha sido nodriza del capitalismo de compadres que tenemos. Los cuantiosos recursos que genera Pemex y que le confisca el gobierno federal ha sido el principal factor que evita encarar uno de los retos centrales en nuestro país: una reforma fiscal que grave de manera equitativa a los que obtiene mayores ingresos. Pemex ha sufrido por tanto, una segunda expropiación: por el sector financiero y algunas elites políticas primero del PRI y luego del PAN.
Pemex debe ser nuevamente de propiedad nacional. Deben obligarse gobierno y causantes mayores a asumir la necesidad de una reforma fiscal progresiva. El gobierno tiene que poner el ejemplo con una auténtica política de austeridad. La autonomía de gestión para Pemex también obligaría a reformas internas profundas.Eliminar los contubernios entre la dirección de la empresa y del sindicato. Mas importante aún, los ciudadanos requieren formar parte de las decisiones estratégicas que involucren a Pemex.Sin demagogia pero tampoco con engaños.
El mayor error de la iniciativa de reforma petrolera presentada por el presidente Calderón reside en la elección de los tiempos En los noventa presenciábamos la caída del muro de Berlín, la desintegración de la Unión Soviética, el renovado crecimiento económico en Estados Unidos, las transiciones democráticas en África,Asia y América Latina. Algunos decretaban el fin de la historia y la hegemonía del mercado. El lanzamiento de las reformas estructurales transportaban un mensaje simple: liberar al mercado.
Veinte años después la situación es distinta. El ataque terrorista a las Torres Gemelas y luego la guerra en Irak han dañado la convivencia internacional. También se afecta la convivencia social. El mercado es visto por muchas mayorías como una amenaza. Algunas minorías han sustituido monopolios públicos por monopolios privados. El signo de nuestro tiempo parece bastante ominoso: fragmentación, ausencia de puentes de entendimiento, empobrecimiento de muchos y enriquecimiento de unos cuantos. Impunidad para los pocos y castigos desmedidos para los muchos.
El puente entre ambos momentos no ha sido construido. Al final del ciclo de ponencias en el Senado se tiene la sensación que los congresistas ya tenían sus posiciones hechas y que lo único que buscaban era ganar tiempo para imponer sus posiciones através de acuerdos cupulares. No parece claro que el debate que ha sido por otra parte sumamente rico en posiciones, datos y análisis, haya permitido desbloquear los canales políticos hacia un acuerdo de las tres formaciones principales.
Lo lógico sería que se reconsiderara el terreno desde el cual se pueden construir acuerdos inclusivos.
En el caso de Pemex el mejor ámbito de acuerdos debería girar en torno a tres temas: liberar, bajo cronograma, a Pemex de la dependencia de la Secretaría de Hacienda.
Definir con transparencia las relaciones del sindicato con la empresa. Establecer un mecanismo riguroso de prevención de actos de corrupción. Pueden ser el inicio de una reforma más integral.
Un acuerdo inicial de gran envergadura entre las tres fuerzas principales desataría una dinámica inclusiva. La discusión de figuras jurídicas como el referendum, el plebiscito, o la revocación de mandato; estarían entonces sí enmarcadas en una atmósfera producto de un acuerdo inicial de las tres fuerzas principales. El más poderoso mensaje sería: todas y todos cabemos en este país.
Mientras tanto hay que votar mañana en la consulta petrolera.
Opinión de Miguel Concha en La Jornada
Participación democrática ciudadana
La Alianza Democrática de Organizaciones Civiles (ADOC), miembro de la Coalición Ciudadana Nacional, difundió esta semana un documento en el que se manifiesta en favor de que se realice una consulta amplia a la ciudadanía, en relación con las iniciativas enviadas al Senado para modificar el marco normativo que rige a Petróleos Mexicanos.
Tomando en cuenta que tales iniciativas están más en consonancia con lo “sugerido” o “señalado” al gobierno sobre la industria petrolera nacional por organismos internacionales, como el Banco Mundial, esto impone que la Cámara de Senadores, como representantes de la voluntad ciudadana, atienda cabalmente su responsabilidad de salvaguardar el interés nacional y mantener, ante todo, la soberanía del pueblo.
Por tanto, deben escuchar los planteamientos hechos por todos los sectores de la sociedad. Para la ADOC escuchar a los mandantes es una obligación de los mandatarios. Para que la acción parlamentaria cuente con la necesaria legitimidad en el Congreso es indispensable escuchar la opinión de todos los sectores de la población; integrar al proceso de toma de decisiones todas las opiniones expresadas durante los foros realizados en el Senado, así como las de los diferentes colectivos que tengan una postura y propuesta al respecto, y conducirse bajo los principios de la preservación del interés nacional sobre los intereses privados, acatando el principio democrático establecido en nuestra Carta Magna de escuchar al depositario de la soberanía del país, es decir, al pueblo.
La ADOC es una articulación formada por más de 70 organizaciones y redes de organizaciones civiles del norte, centro y sur de la República, que desde los años 70 del siglo pasado impulsan los derechos humanos y la democracia en todos los ámbitos de la convivencia social. Coinciden en la necesidad de definir reformas, cuyo centro ya no sean los llamados “programas de ajuste estructural y compensación social”, sino políticas públicas basadas en la redistribución de la riqueza y en los derechos humanos, con amplia participación ciudadana.
Para la ADOC, el modelo actual de desarrollo se define por el proyecto de sustituir empresas, trabajadores y productos nacionales por empresas globales financieras, industriales y comerciales, así como por la supresión de las responsabilidades del Estado en el fomento económico, la socialización de las pérdidas y la privatización de las ganancias, principalmente por empresas de inversión extranjera, y la eliminación de los mercados interno y público como impulsores del desarrollo.
En su documento en favor de una reforma energética que fortalezca la soberanía nacional y profundice la democracia, la ADOC reporta que según un análisis de mayo de este año del Centro de Estudios Estratégicos Nacionales AC, la enfermedad económica de México tiene el siguiente diagnóstico: El equilibrio macroeconómico se sostiene de manera precaria por tres causas principales, a saber, la exportación sin valor agregado de una materia prima no renovable y estratégica, la producción en las maquiladoras y las remesas enviadas por los trabajadores indocumentados. Dicho equilibrio se logra por la sistemática reducción del crecimiento, del gasto público y del poder adquisitivo del salario, en tanto que la acumulación de los sectores más dinámicos de la economía está vinculada con cadenas de valor de otros países, donde generan empleos, tecnologías y pagan impuestos.
Para la ADOC las iniciativas presentadas en materia energética profundizan nuestra subordinación a intereses extranjeros, la dependencia y desindustrialización de México, el fracaso económico y la desigualdad social, y son la puerta para que Pemex deje de ser una empresa pilar y estratégica en el desarrollo soberano de la nación. Por ello, reafirma la necesidad de sumar esfuerzos en torno a un pacto nacional, entre todos los sectores del país, para impulsar una política de desarrollo económico y social que beneficie a todos, y garantice la soberanía energética y alimentaria de México, como asuntos de seguridad nacional. Y se suma al proyecto alternativo integral sobre Pemex, que dieron a conocer decenas de organizaciones civiles de inspiración cristiana, y cristianos de base, así como iglesias de México y América Latina en el documento “Declaración cristiana a propósito del debate público sobre una posible reforma del sector energético del país”, al que me referí en mi colaboración del 19 de abril.
Además de las sintomáticas omisiones y sospechosas contradicciones que la ADOC encuentra en el diagnóstico de la Secretaría de Energía sobre Pemex, para fundamentar las iniciativas del titular del Ejecutivo federal, algunas de ellas ya ventiladas por muchas voces en los foros del Senado, en su pronunciamiento resulta de particular relevancia el análisis que la ADOC hace de la vinculación entre esas propuestas y las recomendaciones del Banco Mundial (BM). Consigna que a propósito de los desafíos del desarrollo, el BM ya “aconsejaba” otro “marco legal”, que es el que se ha tenido en cuenta en las propuestas de reformas a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional y a la Ley de la Comisión Reguladora de Energía. ¿Es esa la decisión soberana que quieren asumir?
La Alianza Democrática de Organizaciones Civiles (ADOC), miembro de la Coalición Ciudadana Nacional, difundió esta semana un documento en el que se manifiesta en favor de que se realice una consulta amplia a la ciudadanía, en relación con las iniciativas enviadas al Senado para modificar el marco normativo que rige a Petróleos Mexicanos.
Tomando en cuenta que tales iniciativas están más en consonancia con lo “sugerido” o “señalado” al gobierno sobre la industria petrolera nacional por organismos internacionales, como el Banco Mundial, esto impone que la Cámara de Senadores, como representantes de la voluntad ciudadana, atienda cabalmente su responsabilidad de salvaguardar el interés nacional y mantener, ante todo, la soberanía del pueblo.
Por tanto, deben escuchar los planteamientos hechos por todos los sectores de la sociedad. Para la ADOC escuchar a los mandantes es una obligación de los mandatarios. Para que la acción parlamentaria cuente con la necesaria legitimidad en el Congreso es indispensable escuchar la opinión de todos los sectores de la población; integrar al proceso de toma de decisiones todas las opiniones expresadas durante los foros realizados en el Senado, así como las de los diferentes colectivos que tengan una postura y propuesta al respecto, y conducirse bajo los principios de la preservación del interés nacional sobre los intereses privados, acatando el principio democrático establecido en nuestra Carta Magna de escuchar al depositario de la soberanía del país, es decir, al pueblo.
La ADOC es una articulación formada por más de 70 organizaciones y redes de organizaciones civiles del norte, centro y sur de la República, que desde los años 70 del siglo pasado impulsan los derechos humanos y la democracia en todos los ámbitos de la convivencia social. Coinciden en la necesidad de definir reformas, cuyo centro ya no sean los llamados “programas de ajuste estructural y compensación social”, sino políticas públicas basadas en la redistribución de la riqueza y en los derechos humanos, con amplia participación ciudadana.
Para la ADOC, el modelo actual de desarrollo se define por el proyecto de sustituir empresas, trabajadores y productos nacionales por empresas globales financieras, industriales y comerciales, así como por la supresión de las responsabilidades del Estado en el fomento económico, la socialización de las pérdidas y la privatización de las ganancias, principalmente por empresas de inversión extranjera, y la eliminación de los mercados interno y público como impulsores del desarrollo.
En su documento en favor de una reforma energética que fortalezca la soberanía nacional y profundice la democracia, la ADOC reporta que según un análisis de mayo de este año del Centro de Estudios Estratégicos Nacionales AC, la enfermedad económica de México tiene el siguiente diagnóstico: El equilibrio macroeconómico se sostiene de manera precaria por tres causas principales, a saber, la exportación sin valor agregado de una materia prima no renovable y estratégica, la producción en las maquiladoras y las remesas enviadas por los trabajadores indocumentados. Dicho equilibrio se logra por la sistemática reducción del crecimiento, del gasto público y del poder adquisitivo del salario, en tanto que la acumulación de los sectores más dinámicos de la economía está vinculada con cadenas de valor de otros países, donde generan empleos, tecnologías y pagan impuestos.
Para la ADOC las iniciativas presentadas en materia energética profundizan nuestra subordinación a intereses extranjeros, la dependencia y desindustrialización de México, el fracaso económico y la desigualdad social, y son la puerta para que Pemex deje de ser una empresa pilar y estratégica en el desarrollo soberano de la nación. Por ello, reafirma la necesidad de sumar esfuerzos en torno a un pacto nacional, entre todos los sectores del país, para impulsar una política de desarrollo económico y social que beneficie a todos, y garantice la soberanía energética y alimentaria de México, como asuntos de seguridad nacional. Y se suma al proyecto alternativo integral sobre Pemex, que dieron a conocer decenas de organizaciones civiles de inspiración cristiana, y cristianos de base, así como iglesias de México y América Latina en el documento “Declaración cristiana a propósito del debate público sobre una posible reforma del sector energético del país”, al que me referí en mi colaboración del 19 de abril.
Además de las sintomáticas omisiones y sospechosas contradicciones que la ADOC encuentra en el diagnóstico de la Secretaría de Energía sobre Pemex, para fundamentar las iniciativas del titular del Ejecutivo federal, algunas de ellas ya ventiladas por muchas voces en los foros del Senado, en su pronunciamiento resulta de particular relevancia el análisis que la ADOC hace de la vinculación entre esas propuestas y las recomendaciones del Banco Mundial (BM). Consigna que a propósito de los desafíos del desarrollo, el BM ya “aconsejaba” otro “marco legal”, que es el que se ha tenido en cuenta en las propuestas de reformas a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional y a la Ley de la Comisión Reguladora de Energía. ¿Es esa la decisión soberana que quieren asumir?
Opinión de Héctor Vasconcelos en La Jornada
El secuestro de las decisiones
No abordaré aspectos técnicos de la controvertida reforma energética, porque mi formación académica no me avala para ello y porque sobra quien lo haga. Solamente del comité de intelectuales para la defensa del petróleo, personas tan respetables –admirables– como David Ibarra o Jorge Eduardo Navarrete, por mencionar sólo a dos, han ofrecido su punto de vista. Se dirá que en esta cuestión lo único que cuenta es el tratamiento técnico. Pienso precisamente lo contrario. Temas como el petróleo, la reforma del Estado, la repartición de la riqueza, el crecimiento económico, el Estado laico y muchos otros tienen todo que ver con una visión de la historia –especialmente de nuestra historia–, una idea de los objetivos nacionales e incluso una concepción de la vida y la naturaleza de los intercambios humanos. Implican finalmente una idea del mundo. Una Weltanshauung.
La mentalidad tecnocrática tiende a abordar los temas económicos en abstracto; como si México fuera igual a Dinamarca y Suecia, similar a Brasil. Pero hay entre esas naciones y la nuestra una historia, una idiosincrasia, una sociología diferentes. Ahí estriba la importancia de las visiones multidisciplinarias.
Otra cuestión toral, relacionada con la anterior, consiste en saber si en el debate y en las decisiones deben tomar parte la clase política en sus sedes solamente (para eso fueron elegidos, se argumenta) o la sociedad en su conjunto y en los medios de comunicación. Los tecnócratas y la clase política parecieran considerar que sólo ellos deben tomar las decisiones que resultan cruciales para toda la sociedad. Un poco de consideraciones técnicas y un mucho de intereses particulares decidirían, en ese esquema, lo que atañe a todos. Como ha dicho Carlos Monsiváis (cito de memoria), esto no es menos que la privatización de la discusión y de las decisiones. Y henos ahí en el meollo del problema político actual.
Los legisladores del FAP tuvieron que ocupar temporalmente la tribuna de las cámaras de Diputados y Senadores cuando les resultó patente que había la intención de consumar un albazo legislativo. Información confidencial indicaba que el paquete de reformas presentado por Felipe Calderón había sido pactado ya con al menos un sector del PRI. En los hechos, las reformas habían sido “legisladas” en Los Pinos, los votos que harían posible su aprobación en las cámaras habían sido acordados, y sólo se llevarían las iniciativas al Congreso para dar la impresión de que lo que había sido pactado era puesto a consideración de todos los partidos. Obtener un barniz de legitimidad, aunque se pasase por encima de la postura y las objeciones de por lo menos tres partidos políticos (los que constituyen el FAP), era de lo que se trataba.
* * *
¿Que un debate estaba siendo negociado precisamente en esos momentos? Sí, un debate simulado, que no ofrecía la posibilidad de que todos los actores sociales participasen en él, y llevado a cabo a puertas cerradas. Un barniz legitimador, pues. Los técnicos y los políticos clave ya habían decidido: que un remedo de discusión otorgase el sello final de legitimidad. El gobierno de facto Calderón-Beltrones (¿o será Beltrones-Calderón?) habría operado. Fueron las acciones de los legisladores del FAP y del Movimiento en Defensa del Petróleo las que hicieron posible un debate de 72 días y la consulta ciudadana en el Distrito Federal y diversos estados de la República. Es decir, se logró abrir el debate a la sociedad entera, hecho sin precedentes cuando de discutir cuestiones esenciales para la República se ha tratado.
Muchos miembros de la comentocracia, en especial los principales noticiarios de televisión, bombardearon a la opinión pública con la percepción de que los legisladores del FAP impidieron el debate legislativo. Se soslaya por completo que tal obstáculo temporal no fue sino la respuesta a un intento por imponer una reforma energética que amplios sectores de la sociedad consideran anticonstitucional y privatizadora. Hubiera sido también una reforma hecha a espaldas de la sociedad. Se dice que sus patrocinadores representaban una mayoría en el Congreso, pero en realidad no es tal: representaron un arreglo cupular entre el gobierno y uno de los liderazgos del PRI. El mismo Cuauhtémoc Cárdenas, a quien nadie podría acusar de lopezobradorismo, ha llamado a las reformas “un atraco a la Constitución”. Lorenzo Meyer ha descrito magistralmente cómo las iniciativas del gobierno se enmarcan a la perfección en el viejo intento del PAN, y de la derecha en general, por eliminar el proyecto de la Revolución Mexicana y en particular del cardenismo. Uno se pregunta –la sociedad debe demandarlo– por qué los medios de comunicación, con pocas excepciones, no han hecho hincapié, con la misma vehemencia con la que han atacado al FAP, en semejante atropello histórico.
El debate en el Senado, en universidades y en otras muchas instancias de la sociedad, así como la consulta ciudadana, con todas sus limitaciones forzadas por las circunstancias, no son logros menores del proceso democratizador. Participemos en ellos.
No abordaré aspectos técnicos de la controvertida reforma energética, porque mi formación académica no me avala para ello y porque sobra quien lo haga. Solamente del comité de intelectuales para la defensa del petróleo, personas tan respetables –admirables– como David Ibarra o Jorge Eduardo Navarrete, por mencionar sólo a dos, han ofrecido su punto de vista. Se dirá que en esta cuestión lo único que cuenta es el tratamiento técnico. Pienso precisamente lo contrario. Temas como el petróleo, la reforma del Estado, la repartición de la riqueza, el crecimiento económico, el Estado laico y muchos otros tienen todo que ver con una visión de la historia –especialmente de nuestra historia–, una idea de los objetivos nacionales e incluso una concepción de la vida y la naturaleza de los intercambios humanos. Implican finalmente una idea del mundo. Una Weltanshauung.
La mentalidad tecnocrática tiende a abordar los temas económicos en abstracto; como si México fuera igual a Dinamarca y Suecia, similar a Brasil. Pero hay entre esas naciones y la nuestra una historia, una idiosincrasia, una sociología diferentes. Ahí estriba la importancia de las visiones multidisciplinarias.
Otra cuestión toral, relacionada con la anterior, consiste en saber si en el debate y en las decisiones deben tomar parte la clase política en sus sedes solamente (para eso fueron elegidos, se argumenta) o la sociedad en su conjunto y en los medios de comunicación. Los tecnócratas y la clase política parecieran considerar que sólo ellos deben tomar las decisiones que resultan cruciales para toda la sociedad. Un poco de consideraciones técnicas y un mucho de intereses particulares decidirían, en ese esquema, lo que atañe a todos. Como ha dicho Carlos Monsiváis (cito de memoria), esto no es menos que la privatización de la discusión y de las decisiones. Y henos ahí en el meollo del problema político actual.
Los legisladores del FAP tuvieron que ocupar temporalmente la tribuna de las cámaras de Diputados y Senadores cuando les resultó patente que había la intención de consumar un albazo legislativo. Información confidencial indicaba que el paquete de reformas presentado por Felipe Calderón había sido pactado ya con al menos un sector del PRI. En los hechos, las reformas habían sido “legisladas” en Los Pinos, los votos que harían posible su aprobación en las cámaras habían sido acordados, y sólo se llevarían las iniciativas al Congreso para dar la impresión de que lo que había sido pactado era puesto a consideración de todos los partidos. Obtener un barniz de legitimidad, aunque se pasase por encima de la postura y las objeciones de por lo menos tres partidos políticos (los que constituyen el FAP), era de lo que se trataba.
* * *
¿Que un debate estaba siendo negociado precisamente en esos momentos? Sí, un debate simulado, que no ofrecía la posibilidad de que todos los actores sociales participasen en él, y llevado a cabo a puertas cerradas. Un barniz legitimador, pues. Los técnicos y los políticos clave ya habían decidido: que un remedo de discusión otorgase el sello final de legitimidad. El gobierno de facto Calderón-Beltrones (¿o será Beltrones-Calderón?) habría operado. Fueron las acciones de los legisladores del FAP y del Movimiento en Defensa del Petróleo las que hicieron posible un debate de 72 días y la consulta ciudadana en el Distrito Federal y diversos estados de la República. Es decir, se logró abrir el debate a la sociedad entera, hecho sin precedentes cuando de discutir cuestiones esenciales para la República se ha tratado.
Muchos miembros de la comentocracia, en especial los principales noticiarios de televisión, bombardearon a la opinión pública con la percepción de que los legisladores del FAP impidieron el debate legislativo. Se soslaya por completo que tal obstáculo temporal no fue sino la respuesta a un intento por imponer una reforma energética que amplios sectores de la sociedad consideran anticonstitucional y privatizadora. Hubiera sido también una reforma hecha a espaldas de la sociedad. Se dice que sus patrocinadores representaban una mayoría en el Congreso, pero en realidad no es tal: representaron un arreglo cupular entre el gobierno y uno de los liderazgos del PRI. El mismo Cuauhtémoc Cárdenas, a quien nadie podría acusar de lopezobradorismo, ha llamado a las reformas “un atraco a la Constitución”. Lorenzo Meyer ha descrito magistralmente cómo las iniciativas del gobierno se enmarcan a la perfección en el viejo intento del PAN, y de la derecha en general, por eliminar el proyecto de la Revolución Mexicana y en particular del cardenismo. Uno se pregunta –la sociedad debe demandarlo– por qué los medios de comunicación, con pocas excepciones, no han hecho hincapié, con la misma vehemencia con la que han atacado al FAP, en semejante atropello histórico.
El debate en el Senado, en universidades y en otras muchas instancias de la sociedad, así como la consulta ciudadana, con todas sus limitaciones forzadas por las circunstancias, no son logros menores del proceso democratizador. Participemos en ellos.
México S.A.
Carlos Fernández-Vega
La Jornada, 26 de julio 2008
■ Pérdida de la memoria o ataque hepático de gobernantes
■ Reaparece Fox
Con el hígado como argumento, panistas y priístas, con algunos agregados, han otorgado cualquier cantidad de calificativos a la consulta ciudadana que sobre el tema petrolero se desarrollará mañana, pero en los hechos ambos grupos despreciaron la invitación que para tal efecto recibieron, y de plano se negaron a participar en la organización de este inusual acto en la “democracia representativa” prevaleciente en México.
Algo falla, porque la virulenta reacción de panistas y priístas (producto, tal vez, de la siempre políticamente conveniente memoria porosa de los partidos y sus dirigentes) abiertamente se contrapone a una serie de iniciativas que sus respectivos grupos parlamentarios (incluido el pastoreado por el Felipillo) presentaron unos cuantos años atrás, con la finalidad de reformar la Constitución en materia de democracia directa y participación ciudadana (plebiscito, referéndum e iniciativa popular, concretamente).
¿Qué sucedió entre 2004-2005 y 2008 que alteró la “urgente necesidad” que panistas y priístas manifestaban por aquellos años para modificar el marco legal y hacer posible que los ciudadanos participarán directamente en la toma de decisiones, más allá de manifestarse electoralmente? Sólo ellos sabrán, pero puede aventurarse la hipótesis de que en ese lapso les creció el hígado o, más fácil aún, algunos de ellos llegaron al poder, aunque sea a trompicones.
El hecho es que ambos, bicolores y tricolores, presentaron diversas iniciativas de ley (de alcance federal, estatal y municipal) para reformar la Constitución y hacer posible una participación ciudadana más directa y decidida en la toma de las grandes decisiones nacionales. Gracias a la memoria documental de la Cámara de Diputados se puede citar, por ejemplo, la iniciativa, que a nombre de su grupo parlamentario, presentó la diputada panista María Angélica Ramírez Luna en la sesión del 29 de abril de 2004, en la que subrayaba que “en los sistemas políticos actuales el enfoque internacional está volteando la mirada a la inserción desde los ordenamientos legales hacia el plebiscito y referéndum como parte de los derechos que los ciudadanos tenemos para avalar o revocar cualquier tema de interés nacional”.
Un poco después (25 de noviembre, 2004), el diputado Ramón Galindo Noriega, también del grupo parlamentario del PAN, subrayó que “el reto contemporáneo que exige la sociedad consiste en intensificar, diversificar y especialmente institucionalizar los procedimientos de participación ciudadana y vecinal en los municipios, orientando su contenido hacia formas más amplias y coherentes con los principios contemporáneos de la democracia participativa. Nuestra propuesta considera relevante el desarrollo de principios constitucionales que configuren tanto garantías ciudadanas (derechos políticos) como procedimientos de democracia participativa. Los nuevos elementos que podrían integrarse como principios que garanticen los derechos políticos y vecinales (…) son (…) las figuras de iniciativa popular, plebiscito, referéndum y revocación de mandato”.
Para redondear, el 3 de febrero de 2005 el diputado Jaime del Conde Ugarte, del grupo parlamentario del PAN, propuso “incorporar la figura de iniciativa popular facultando a todos los ciudadanos mexicanos a iniciar leyes ante el Congreso de la Unión, en todo lo relativo a la administración pública federal. De la misma forma, (…) incorporando la figura del referéndum, el cual se podrá realizar cuando se trate de iniciativas que tengan por objeto la derogación, adición o reforma a esta Constitución, que versen sobre las garantías individuales; los derechos políticos individuales y colectivos de los ciudadanos; la soberanía nacional, la forma de gobierno, las partes integrantes de la Federación y el territorio nacional; la división de poderes; y el proceso de reforma constitucional”.
Por lo que hace a los tricolores, el 2 de febrero de 2006 el diputado Federico Madrazo Rojas, a nombre de su grupo parlamentario, presentó una iniciativa para las citadas modificaciones, en el entendido que “la participación ciudadana es, hoy en día, una de las bases de legitimidad de los regímenes democráticos del mundo. Su existencia dentro del marco constitucional de un Estado-Nación es un parámetro establecido para medir la democracia a través de las garantías, reconocidas por el propio Estado, de la participación política de los ciudadanos. Los sistemas de participación ciudadana, a través de las consultas públicas, tienen grandes ventajas. Permiten la discusión de los asuntos políticos por encima de las posiciones partidistas, flexibilizando así las tensiones que provocan los impasses; la naturaleza de su carácter neutro aliviana estas parálisis y logra la obtención del respaldo ciudadano sobre decisiones trascendentales e incrementan la transparencia y la cercanía del gobierno con los ciudadanos, debido a que los procesos de toma de decisión están a la luz pública”.
Para rematar, el diputado tricolor César Amín González Orantes hizo lo propio el 30 de marzo de 2006: “…diversas entidades federativas (incluyen) en sus constituciones el plebiscito, el referéndum o la iniciativa popular, entre otras, por considerarlas como las instituciones mejores de la democracia local o municipal, para lograr la mayor pureza y efectividad de la intervención de la comunidad en la vida pública del municipio. La incorporación de estas figuras a nuestra vida pública consideramos que es saludable para el desarrollo de las instituciones, y necesaria su adopción (porque) no sólo enriquecerá la vida política de las comunidades, sino que será una garantía contra las medidas y disposiciones caprichosas o arbitrarias que lleguen a dictar los ayuntamientos”.
Entonces, ¿pérdida de memoria, ataque hepático o arribo al poder?
Las rebanadas del pastel
Amigochos y amigochas: como el sexenio de la “continuidad” resulta extremadamente aburrido y los chistes de Calderón son pésimos, el incomparable circo de los hermanos Acción Nacional en exclusiva trae para todos ustedes la inigualable, la magna, la simpatiquísima reaparición del payasito de la tele, 1.95 metros de vacío cerebral, pero atiborrados de humor involuntario. Para deleite de chiquillos y chiquillas, con ustedes Vicente Fox, nuevo integrante del Comité de Planeación Estratégica del PAN.
La Jornada, 26 de julio 2008
■ Pérdida de la memoria o ataque hepático de gobernantes
■ Reaparece Fox
Con el hígado como argumento, panistas y priístas, con algunos agregados, han otorgado cualquier cantidad de calificativos a la consulta ciudadana que sobre el tema petrolero se desarrollará mañana, pero en los hechos ambos grupos despreciaron la invitación que para tal efecto recibieron, y de plano se negaron a participar en la organización de este inusual acto en la “democracia representativa” prevaleciente en México.
Algo falla, porque la virulenta reacción de panistas y priístas (producto, tal vez, de la siempre políticamente conveniente memoria porosa de los partidos y sus dirigentes) abiertamente se contrapone a una serie de iniciativas que sus respectivos grupos parlamentarios (incluido el pastoreado por el Felipillo) presentaron unos cuantos años atrás, con la finalidad de reformar la Constitución en materia de democracia directa y participación ciudadana (plebiscito, referéndum e iniciativa popular, concretamente).
¿Qué sucedió entre 2004-2005 y 2008 que alteró la “urgente necesidad” que panistas y priístas manifestaban por aquellos años para modificar el marco legal y hacer posible que los ciudadanos participarán directamente en la toma de decisiones, más allá de manifestarse electoralmente? Sólo ellos sabrán, pero puede aventurarse la hipótesis de que en ese lapso les creció el hígado o, más fácil aún, algunos de ellos llegaron al poder, aunque sea a trompicones.
El hecho es que ambos, bicolores y tricolores, presentaron diversas iniciativas de ley (de alcance federal, estatal y municipal) para reformar la Constitución y hacer posible una participación ciudadana más directa y decidida en la toma de las grandes decisiones nacionales. Gracias a la memoria documental de la Cámara de Diputados se puede citar, por ejemplo, la iniciativa, que a nombre de su grupo parlamentario, presentó la diputada panista María Angélica Ramírez Luna en la sesión del 29 de abril de 2004, en la que subrayaba que “en los sistemas políticos actuales el enfoque internacional está volteando la mirada a la inserción desde los ordenamientos legales hacia el plebiscito y referéndum como parte de los derechos que los ciudadanos tenemos para avalar o revocar cualquier tema de interés nacional”.
Un poco después (25 de noviembre, 2004), el diputado Ramón Galindo Noriega, también del grupo parlamentario del PAN, subrayó que “el reto contemporáneo que exige la sociedad consiste en intensificar, diversificar y especialmente institucionalizar los procedimientos de participación ciudadana y vecinal en los municipios, orientando su contenido hacia formas más amplias y coherentes con los principios contemporáneos de la democracia participativa. Nuestra propuesta considera relevante el desarrollo de principios constitucionales que configuren tanto garantías ciudadanas (derechos políticos) como procedimientos de democracia participativa. Los nuevos elementos que podrían integrarse como principios que garanticen los derechos políticos y vecinales (…) son (…) las figuras de iniciativa popular, plebiscito, referéndum y revocación de mandato”.
Para redondear, el 3 de febrero de 2005 el diputado Jaime del Conde Ugarte, del grupo parlamentario del PAN, propuso “incorporar la figura de iniciativa popular facultando a todos los ciudadanos mexicanos a iniciar leyes ante el Congreso de la Unión, en todo lo relativo a la administración pública federal. De la misma forma, (…) incorporando la figura del referéndum, el cual se podrá realizar cuando se trate de iniciativas que tengan por objeto la derogación, adición o reforma a esta Constitución, que versen sobre las garantías individuales; los derechos políticos individuales y colectivos de los ciudadanos; la soberanía nacional, la forma de gobierno, las partes integrantes de la Federación y el territorio nacional; la división de poderes; y el proceso de reforma constitucional”.
Por lo que hace a los tricolores, el 2 de febrero de 2006 el diputado Federico Madrazo Rojas, a nombre de su grupo parlamentario, presentó una iniciativa para las citadas modificaciones, en el entendido que “la participación ciudadana es, hoy en día, una de las bases de legitimidad de los regímenes democráticos del mundo. Su existencia dentro del marco constitucional de un Estado-Nación es un parámetro establecido para medir la democracia a través de las garantías, reconocidas por el propio Estado, de la participación política de los ciudadanos. Los sistemas de participación ciudadana, a través de las consultas públicas, tienen grandes ventajas. Permiten la discusión de los asuntos políticos por encima de las posiciones partidistas, flexibilizando así las tensiones que provocan los impasses; la naturaleza de su carácter neutro aliviana estas parálisis y logra la obtención del respaldo ciudadano sobre decisiones trascendentales e incrementan la transparencia y la cercanía del gobierno con los ciudadanos, debido a que los procesos de toma de decisión están a la luz pública”.
Para rematar, el diputado tricolor César Amín González Orantes hizo lo propio el 30 de marzo de 2006: “…diversas entidades federativas (incluyen) en sus constituciones el plebiscito, el referéndum o la iniciativa popular, entre otras, por considerarlas como las instituciones mejores de la democracia local o municipal, para lograr la mayor pureza y efectividad de la intervención de la comunidad en la vida pública del municipio. La incorporación de estas figuras a nuestra vida pública consideramos que es saludable para el desarrollo de las instituciones, y necesaria su adopción (porque) no sólo enriquecerá la vida política de las comunidades, sino que será una garantía contra las medidas y disposiciones caprichosas o arbitrarias que lleguen a dictar los ayuntamientos”.
Entonces, ¿pérdida de memoria, ataque hepático o arribo al poder?
Las rebanadas del pastel
Amigochos y amigochas: como el sexenio de la “continuidad” resulta extremadamente aburrido y los chistes de Calderón son pésimos, el incomparable circo de los hermanos Acción Nacional en exclusiva trae para todos ustedes la inigualable, la magna, la simpatiquísima reaparición del payasito de la tele, 1.95 metros de vacío cerebral, pero atiborrados de humor involuntario. Para deleite de chiquillos y chiquillas, con ustedes Vicente Fox, nuevo integrante del Comité de Planeación Estratégica del PAN.
Desfiladero
Jaime Avilés
La Jornada, 26 de julio 2008
Periodo extraordinario en el Senado: el pacto Zavaleta-Don Beltrone
Antes de lanzar su iniciativa suya de él para la privatización de Pemex, Manlio Fabio Beltrones –o simplemente Don Beltrone– habló en lo oscurito con Ruth Zavaleta y René Arce, capos del gang de traficantes de influencias denominado Nueva Izquierda. Después de ese encuentro, Zavaleta descalificó la consulta popular que arrancará mañana; pidió el cargo de Javier González Garza, coordinador de los diputados del PRD en San Lázaro y, como cereza del pastel, exigió al Senado un periodo extraordinario de sesiones para que se consume, pero ya, la entrega de nuestra máxima fuente de riqueza a intereses particulares.
Además, producto adicional del pacto Zavaleta-Don Beltrone, Guadalupe Acosta Naranjo, presidente espurio del PRD, se entrevistó con Germán Martínez y Beatriz Paredes, líderes del PAN y del PRI, para buscar el modo de sacar, entre los tres, una propuesta de reforma conjunta que logre, por aparente u-na-ni-mi-dad, la privatización de Pemex.
Graco Ramírez, vocero de Nueva Izquierda y secretario de la Comisión de Energía del Senado, quien como candidato al gobierno de Morelos fue acusado de recibir ilegalmente dinero de Pemex para su campaña, se convirtió por su parte en ferviente propagandista de la iniciativa de Don Beltrone. Éste le habría ofrecido, a cambio de su apoyo, nada menos que la presidencia de la Cámara de Senadores, de acuerdo con lo que el franco legislador anda contándole por ahí a sus indiscretas amistades.
Con un entusiasmo rayano en la impudicia, Graco declamó anteayer para los medios: “No comparto las declaraciones ligeras que señalan que (la propuesta beltrónica) es un clon de la de Calderón o una iniciativa construida con el PAN. El PRI está honrando el acuerdo de que discutamos juntas nuestras iniciativas, me lo ha ratificado su coordinador, sus coordinadores. ¡Sí le creo al PRI!”.
Aun cuando, a juicio de Graco, las nueve iniciativas del capo sonorense “en lo esencial no tienden a privatizar Pemex” (en lo sustancial tal vez, pero eso qué importa en comparación con las prestaciones que ofrece el puesto de presidente del Senado), lo cierto es que la “ley Beltrones”, como la rebautizó ayer Luis Javier Garrido, responde “al objetivo de priístas y panistas de destruir Pemex y crear las condiciones para una industria privada” del petróleo, contraviniendo lo dispuesto por los artículos 25, 27, 28 y 131 constitucionales acerca de la soberanía que debe mantener la nación sobre los hidrocarburos y la petroquímica básica.
La propuesta de Don Beltrone coincide en muchos aspectos con la de Calderón: ambas pretenden que Pemex sea una entidad autónoma, que se autorregule y no esté bajo control del Congreso; ambas le ceden asientos en el consejo de administración a los líderes ultracorruptos del sindicato; ambas quieren que las empresas privadas realicen tareas de exploración y sean recompensadas de acuerdo con el volumen de lo que encuentren, y ambas desean repartir “bonos populares” de 100 pesos, para que los tiburones de la Bolsa se lleven también su tajada.
Si la propuesta de Calderón plantea que las grandes petroleras del mundo podrán explorar, extraer, transportar, transformar y almacenar nuestro petróleo aquí en México, la de Don Beltrone dice ¡ah, nononó!, sólo explorar –y de allí se agarra para jactarse de que no es una iniciativa privatizadora, rueda de molino que Graco se tragó completa–, sin embargo, es aún más tramposa e igualmente saqueadora del patrimonio nacional porque concibe mecanismos para que Pemex se divida en múltiples partes, denominadas “empresas espejo”, que estarían a cargo de los gobiernos de los estados, y que dentro de unos años, debido a problemas económicos im-po-si-bles de resolver (como ocurrió con las carreteras, los bancos y casi todas las industrias paraestatales) pasarían inevitablemente a manos de inversionistas nativos y foráneos.
El sábado pasado, Desfiladero expuso su preocupación en el sentido de que la iniciativa del PRI pudiera desvirtuar la consulta popular sobre Pemex. Todo lo contrario. Las dos preguntas que estarán en juego se han ajustado de maravilla a la nueva situación política. La primera corresponde, en concreto, a las cinco propuestas de Calderón, que estarán especificadas en la boleta, y la segunda, “en lo general”, esto es, sin mencionarlas, a las nueve de Don Beltrone.
En una sociedad democrática, panistas y priístas saldrían mañana a votar SI por su propia propuesta (repito: los del PAN por la uno, los del PRI por la dos) y a dejar en blanco la otra, para evitar que sus NO se sumaran a los del pueblo, que en ambos casos se inclinará por la negativa. Pero qué esperanzas: las tres expresiones políticas del salinismo (las dos que forman el PRIAN más Nueva Izquierda) apostarán su radiante energía a un solo propósito: descalificar la consulta, tacharla de sectaria, o de “pobre” (como la adjetivó Carlos Slim, al asegurar que el debate en el Senado había sido “más rico”), desdeñar a sus participantes y continuar con el plan de efectuar un periodo extraordinario de sesiones durante los Juegos Olímpicos, que ya están a la vuelta de la esquina. De allí la “urgente” petición de Zavaleta.
¿Qué se necesita, pues, para que la consulta sea reconocida como exitosa y calme un poco el furor de los privatizadores? En 1995, el EZLN preguntó a los ciudadanos si debía dejar las armas y recogió un millón 300 mil votos. En 1998, Andrés Manuel López Obrador, como líder nacional del PRD, preguntó si el Congreso debía aceptar como deuda pública la magna estafa del Fobaproa. Las urnas recibieron 3 millones de votos. Un año después, el EZLN consultó sobre los derechos de los pueblos indígenas y también recogió 3 millones de votos.
Para ser un éxito, la consulta petrolera debe dejar atrás, por mucho, la barrera de los 3 millones, recabando al menos la mitad de esa cifra mañana, en la primera etapa del ejercicio (que continuará el 10 y el 24 de agosto), cuando se abran las 8 mil mesas receptoras en los estados de México, Veracruz, Tlaxcala, Hidalgo, Morelos, San Luis Potosí, Michoacán, Baja California Sur y Guerrero, donde estarán disponibles 4 millones de boletas para cada pregunta, mientras en el DF habrá casi 6 mil mesas receptoras y 6 millones de boletas por pregunta.
¿Darán buenos resultados el esfuerzo ejemplar de decenas de miles de adelitas y brigadistas, la actividad incesante de los círculos de estudio y los intelectuales, el trabajo tenaz de los artistas de Farándula, los correos electrónicos de tantos voluntarios insomnes, angustiados por la amenaza de perder lo último que nos queda? Mañana por la noche empezaremos a saberlo.
La Jornada, 26 de julio 2008
Periodo extraordinario en el Senado: el pacto Zavaleta-Don Beltrone
Antes de lanzar su iniciativa suya de él para la privatización de Pemex, Manlio Fabio Beltrones –o simplemente Don Beltrone– habló en lo oscurito con Ruth Zavaleta y René Arce, capos del gang de traficantes de influencias denominado Nueva Izquierda. Después de ese encuentro, Zavaleta descalificó la consulta popular que arrancará mañana; pidió el cargo de Javier González Garza, coordinador de los diputados del PRD en San Lázaro y, como cereza del pastel, exigió al Senado un periodo extraordinario de sesiones para que se consume, pero ya, la entrega de nuestra máxima fuente de riqueza a intereses particulares.
Además, producto adicional del pacto Zavaleta-Don Beltrone, Guadalupe Acosta Naranjo, presidente espurio del PRD, se entrevistó con Germán Martínez y Beatriz Paredes, líderes del PAN y del PRI, para buscar el modo de sacar, entre los tres, una propuesta de reforma conjunta que logre, por aparente u-na-ni-mi-dad, la privatización de Pemex.
Graco Ramírez, vocero de Nueva Izquierda y secretario de la Comisión de Energía del Senado, quien como candidato al gobierno de Morelos fue acusado de recibir ilegalmente dinero de Pemex para su campaña, se convirtió por su parte en ferviente propagandista de la iniciativa de Don Beltrone. Éste le habría ofrecido, a cambio de su apoyo, nada menos que la presidencia de la Cámara de Senadores, de acuerdo con lo que el franco legislador anda contándole por ahí a sus indiscretas amistades.
Con un entusiasmo rayano en la impudicia, Graco declamó anteayer para los medios: “No comparto las declaraciones ligeras que señalan que (la propuesta beltrónica) es un clon de la de Calderón o una iniciativa construida con el PAN. El PRI está honrando el acuerdo de que discutamos juntas nuestras iniciativas, me lo ha ratificado su coordinador, sus coordinadores. ¡Sí le creo al PRI!”.
Aun cuando, a juicio de Graco, las nueve iniciativas del capo sonorense “en lo esencial no tienden a privatizar Pemex” (en lo sustancial tal vez, pero eso qué importa en comparación con las prestaciones que ofrece el puesto de presidente del Senado), lo cierto es que la “ley Beltrones”, como la rebautizó ayer Luis Javier Garrido, responde “al objetivo de priístas y panistas de destruir Pemex y crear las condiciones para una industria privada” del petróleo, contraviniendo lo dispuesto por los artículos 25, 27, 28 y 131 constitucionales acerca de la soberanía que debe mantener la nación sobre los hidrocarburos y la petroquímica básica.
La propuesta de Don Beltrone coincide en muchos aspectos con la de Calderón: ambas pretenden que Pemex sea una entidad autónoma, que se autorregule y no esté bajo control del Congreso; ambas le ceden asientos en el consejo de administración a los líderes ultracorruptos del sindicato; ambas quieren que las empresas privadas realicen tareas de exploración y sean recompensadas de acuerdo con el volumen de lo que encuentren, y ambas desean repartir “bonos populares” de 100 pesos, para que los tiburones de la Bolsa se lleven también su tajada.
Si la propuesta de Calderón plantea que las grandes petroleras del mundo podrán explorar, extraer, transportar, transformar y almacenar nuestro petróleo aquí en México, la de Don Beltrone dice ¡ah, nononó!, sólo explorar –y de allí se agarra para jactarse de que no es una iniciativa privatizadora, rueda de molino que Graco se tragó completa–, sin embargo, es aún más tramposa e igualmente saqueadora del patrimonio nacional porque concibe mecanismos para que Pemex se divida en múltiples partes, denominadas “empresas espejo”, que estarían a cargo de los gobiernos de los estados, y que dentro de unos años, debido a problemas económicos im-po-si-bles de resolver (como ocurrió con las carreteras, los bancos y casi todas las industrias paraestatales) pasarían inevitablemente a manos de inversionistas nativos y foráneos.
El sábado pasado, Desfiladero expuso su preocupación en el sentido de que la iniciativa del PRI pudiera desvirtuar la consulta popular sobre Pemex. Todo lo contrario. Las dos preguntas que estarán en juego se han ajustado de maravilla a la nueva situación política. La primera corresponde, en concreto, a las cinco propuestas de Calderón, que estarán especificadas en la boleta, y la segunda, “en lo general”, esto es, sin mencionarlas, a las nueve de Don Beltrone.
En una sociedad democrática, panistas y priístas saldrían mañana a votar SI por su propia propuesta (repito: los del PAN por la uno, los del PRI por la dos) y a dejar en blanco la otra, para evitar que sus NO se sumaran a los del pueblo, que en ambos casos se inclinará por la negativa. Pero qué esperanzas: las tres expresiones políticas del salinismo (las dos que forman el PRIAN más Nueva Izquierda) apostarán su radiante energía a un solo propósito: descalificar la consulta, tacharla de sectaria, o de “pobre” (como la adjetivó Carlos Slim, al asegurar que el debate en el Senado había sido “más rico”), desdeñar a sus participantes y continuar con el plan de efectuar un periodo extraordinario de sesiones durante los Juegos Olímpicos, que ya están a la vuelta de la esquina. De allí la “urgente” petición de Zavaleta.
¿Qué se necesita, pues, para que la consulta sea reconocida como exitosa y calme un poco el furor de los privatizadores? En 1995, el EZLN preguntó a los ciudadanos si debía dejar las armas y recogió un millón 300 mil votos. En 1998, Andrés Manuel López Obrador, como líder nacional del PRD, preguntó si el Congreso debía aceptar como deuda pública la magna estafa del Fobaproa. Las urnas recibieron 3 millones de votos. Un año después, el EZLN consultó sobre los derechos de los pueblos indígenas y también recogió 3 millones de votos.
Para ser un éxito, la consulta petrolera debe dejar atrás, por mucho, la barrera de los 3 millones, recabando al menos la mitad de esa cifra mañana, en la primera etapa del ejercicio (que continuará el 10 y el 24 de agosto), cuando se abran las 8 mil mesas receptoras en los estados de México, Veracruz, Tlaxcala, Hidalgo, Morelos, San Luis Potosí, Michoacán, Baja California Sur y Guerrero, donde estarán disponibles 4 millones de boletas para cada pregunta, mientras en el DF habrá casi 6 mil mesas receptoras y 6 millones de boletas por pregunta.
¿Darán buenos resultados el esfuerzo ejemplar de decenas de miles de adelitas y brigadistas, la actividad incesante de los círculos de estudio y los intelectuales, el trabajo tenaz de los artistas de Farándula, los correos electrónicos de tantos voluntarios insomnes, angustiados por la amenaza de perder lo último que nos queda? Mañana por la noche empezaremos a saberlo.
viernes, 25 de julio de 2008
Opinión de Luis Javier Garrido en La Jornada
La ley Beltrones
Las iniciativas legales en materia de petróleo que anunció el PRI no resultaron a fin de cuentas más que un refrito de las de Calderón y tienen el mismo objetivo que las de éste: destruir a Pemex y entregar la riqueza estratégica del petróleo a compañías privadas extranjeras, por lo que la que ya se llama ley Beltrones está suscitando la más viva oposición.
1. La propuesta que se suponía iba a ser del PRI sobre la industria petrolera mexicana, entregada como propia por Manlio Fabio Beltrones (coordinador de los senadores priístas) a la Comisión Permanente del Congreso el día 23, consta de nueve iniciativas de ley (frente a las siete de Calderón), de las cuales tres son nuevos cuerpos legales –la Ley Orgánica de Pemex, la Ley de la Comisión Nacional Reguladora del Petróleo y la Ley para el Financiamiento de la Transición Energética–, y seis son proyectos de “reformas y adiciones”: a la Ley Reglamentaria del artículo 27, a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, a la Ley Federal de Entidades Paraestatales, a la Ley de Obras Públicas y Servicios y a la Ley de Adquisiciones, y tiene los mismos objetivos que la de Calderón y también busca: desmantelar a Petróleos Mexicanos y crear en México una industria petrolera en manos de consorcios privados, que mentirosamente se dice van a ser nacionales.
2. La privatizadora y antinacional ley Beltrones, presentada por el senador sonorense a nombre de los legisladores del PRI, y que de manera poco confiable se afirma fue aprobada por las cúpulas priístas, no sólo es tanto o más anticonstitucional que la de Calderón, sino que viola la Declaración de Principios del PRI, que sostiene el principio de que el petróleo es “propiedad de la nación” y se pronuncia contra “todo intento de privatización del patrimonio de los mexicanos”, por lo que a todas luces no representa el sentir de la mayoría de los miembros de ese partido.
3. Estas iniciativas, redactadas a oscuras, a espaldas y en contra de la nación y de los priístas, sin tomar en cuenta el resultado de los Foros del Senado (por una comisión que se dice fue presidida por Marco Antonio Bernal), y al ser impuestas por la fuerza de los hechos a los miembros de ese partido, y formalmente presentadas como la propuesta de lo que queda del viejo PRI, culminan históricamente el proceso de derechización del tricolor, acelerado desde los años de De la Madrid, y que hoy lo deja desacreditado por completo y sin un proyecto histórico, y a sus dirigentes relegados al papel de empleadetes del gran capital y sin más función que hacerle el trabajo sucio al gobierno espurio: cargando una vez más con el descrédito histórico. Con ellas, cínicamente, Beltrones pretende ser más servil con el gran capital –que calificaba como timorata la iniciativa de Calderón–, a cambio de que se permita a los gobernadores estatales una tajada del pastel mediante las anticonstitucionales “empresas espejo”.
4. Las nueve iniciativas de Beltrones no constituyen más que un intento mal hecho por esconder el objetivo de priístas y panistas de destruir a Pemex y crear las condiciones para una industria privada en la que florecería la corrupción, pues hay que recordar que no existen en el mundo globalizado grandes empresas privadas “nacionales”: todas son trasnacionales. Carlos Slim lo decía no como un mexicano que abdica de su vocación nacional, sino como un empresario sin patria al sostener que la industria petrolera mexicana debe estar en manos de compañías privadas y que Pemex “debe acudir a ingeniería, tecnología y empresas internacionales con experiencia y conocimiento” (Reforma del jueves 24).
5. Las iniciativas de Beltrones son tanto o más anticonstitucionales que las de Calderón, pues transgreden el principio de la supremacía constitucional consignado en el artículo 131, violan el principio del dominio directo, inalienable e imprescriptible de la nación sobre los hidrocarburos, establecido en el 27, contravienen el principio de la exclusividad del Estado en el manejo de sus recursos petroleros definido en el 28, transgreden el principio de la prohibición a las autoridades de otorgar concesiones ni contratos a los particulares tratándose del petróleo establecido en el mismo 27, violan el principio que considera hidrocarburos y petroquímica básica como un área estratégica establecido en el 25 y en el 28, y violentan el de que no pueden existir en el país entidades públicas ni privadas sometidas a un régimen jurídico “de excepción”, que sería el caso de las “empresas espejo” a las que pretende entregarle las funciones de Pemex.
6. Privatizar es eso: entregar funciones que por mandato constitucional han de ser públicas a los particulares, y no es otra cosa lo que se busca al pretender que el Ejecutivo pueda crear libremente organismos descentralizados como filiales o “empresas espejo” de Pemex para que realicen sus tareas, las que a su vez puedan contratar obras y servicios.
7. Las iniciativas de Beltrones atentan en consecuencia contra el principio de que el Estado debe garantizar que “el desarrollo nacional” fortalezca “la soberanía de la nación”, tal como lo prescribe el artículo 25, por lo que de ser aprobadas, comprometerían tanto o más que la de Calderón la independencia, la seguridad y la soberanía de la nación y, en consecuencia, el porvenir de todos los mexicanos.
8. El PRI le mentirá en lo sucesivo a los mexicanos si mantiene sus eslogans propagandísticos diciendo que lo que busca en Pemex es “modernización sin privatización”, y deberá asumir en los meses que viene el repudio creciente del pueblo ante lo que es claramente un intento mal disfrazado para defraudar el marco constitucional y despojar a la nación.
9. La cacareada contrapropuesta del PRI a las iniciativas de Calderón no fue tal sino que produjo un remedo de aquélla: un nuevo engendro legislativo, que por su carácter anticonstitucional debe ser desechado por notoriamente improcedente por las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos, obligadas ahora a iniciar una reflexión en serio, de acuerdo con lo que se planteó mayoritariamente en los Foros del Senado sobre cómo modernizar y fortalecer a Pemex.
10. La consulta popular, que se inicia el próximo domingo 27 en el Distrito Federal, no sólo no pierde peso con esta fallida intentona por confundir, sino que adquiere un doble sentido. Al rechazarse con dos no rotundos la iniciativa de Calderón, se estará igualmente repudiando la de Beltrones, y fortaleciendo la vía para rescatar a Pemex y a la nación.
Las iniciativas legales en materia de petróleo que anunció el PRI no resultaron a fin de cuentas más que un refrito de las de Calderón y tienen el mismo objetivo que las de éste: destruir a Pemex y entregar la riqueza estratégica del petróleo a compañías privadas extranjeras, por lo que la que ya se llama ley Beltrones está suscitando la más viva oposición.
1. La propuesta que se suponía iba a ser del PRI sobre la industria petrolera mexicana, entregada como propia por Manlio Fabio Beltrones (coordinador de los senadores priístas) a la Comisión Permanente del Congreso el día 23, consta de nueve iniciativas de ley (frente a las siete de Calderón), de las cuales tres son nuevos cuerpos legales –la Ley Orgánica de Pemex, la Ley de la Comisión Nacional Reguladora del Petróleo y la Ley para el Financiamiento de la Transición Energética–, y seis son proyectos de “reformas y adiciones”: a la Ley Reglamentaria del artículo 27, a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, a la Ley Federal de Entidades Paraestatales, a la Ley de Obras Públicas y Servicios y a la Ley de Adquisiciones, y tiene los mismos objetivos que la de Calderón y también busca: desmantelar a Petróleos Mexicanos y crear en México una industria petrolera en manos de consorcios privados, que mentirosamente se dice van a ser nacionales.
2. La privatizadora y antinacional ley Beltrones, presentada por el senador sonorense a nombre de los legisladores del PRI, y que de manera poco confiable se afirma fue aprobada por las cúpulas priístas, no sólo es tanto o más anticonstitucional que la de Calderón, sino que viola la Declaración de Principios del PRI, que sostiene el principio de que el petróleo es “propiedad de la nación” y se pronuncia contra “todo intento de privatización del patrimonio de los mexicanos”, por lo que a todas luces no representa el sentir de la mayoría de los miembros de ese partido.
3. Estas iniciativas, redactadas a oscuras, a espaldas y en contra de la nación y de los priístas, sin tomar en cuenta el resultado de los Foros del Senado (por una comisión que se dice fue presidida por Marco Antonio Bernal), y al ser impuestas por la fuerza de los hechos a los miembros de ese partido, y formalmente presentadas como la propuesta de lo que queda del viejo PRI, culminan históricamente el proceso de derechización del tricolor, acelerado desde los años de De la Madrid, y que hoy lo deja desacreditado por completo y sin un proyecto histórico, y a sus dirigentes relegados al papel de empleadetes del gran capital y sin más función que hacerle el trabajo sucio al gobierno espurio: cargando una vez más con el descrédito histórico. Con ellas, cínicamente, Beltrones pretende ser más servil con el gran capital –que calificaba como timorata la iniciativa de Calderón–, a cambio de que se permita a los gobernadores estatales una tajada del pastel mediante las anticonstitucionales “empresas espejo”.
4. Las nueve iniciativas de Beltrones no constituyen más que un intento mal hecho por esconder el objetivo de priístas y panistas de destruir a Pemex y crear las condiciones para una industria privada en la que florecería la corrupción, pues hay que recordar que no existen en el mundo globalizado grandes empresas privadas “nacionales”: todas son trasnacionales. Carlos Slim lo decía no como un mexicano que abdica de su vocación nacional, sino como un empresario sin patria al sostener que la industria petrolera mexicana debe estar en manos de compañías privadas y que Pemex “debe acudir a ingeniería, tecnología y empresas internacionales con experiencia y conocimiento” (Reforma del jueves 24).
5. Las iniciativas de Beltrones son tanto o más anticonstitucionales que las de Calderón, pues transgreden el principio de la supremacía constitucional consignado en el artículo 131, violan el principio del dominio directo, inalienable e imprescriptible de la nación sobre los hidrocarburos, establecido en el 27, contravienen el principio de la exclusividad del Estado en el manejo de sus recursos petroleros definido en el 28, transgreden el principio de la prohibición a las autoridades de otorgar concesiones ni contratos a los particulares tratándose del petróleo establecido en el mismo 27, violan el principio que considera hidrocarburos y petroquímica básica como un área estratégica establecido en el 25 y en el 28, y violentan el de que no pueden existir en el país entidades públicas ni privadas sometidas a un régimen jurídico “de excepción”, que sería el caso de las “empresas espejo” a las que pretende entregarle las funciones de Pemex.
6. Privatizar es eso: entregar funciones que por mandato constitucional han de ser públicas a los particulares, y no es otra cosa lo que se busca al pretender que el Ejecutivo pueda crear libremente organismos descentralizados como filiales o “empresas espejo” de Pemex para que realicen sus tareas, las que a su vez puedan contratar obras y servicios.
7. Las iniciativas de Beltrones atentan en consecuencia contra el principio de que el Estado debe garantizar que “el desarrollo nacional” fortalezca “la soberanía de la nación”, tal como lo prescribe el artículo 25, por lo que de ser aprobadas, comprometerían tanto o más que la de Calderón la independencia, la seguridad y la soberanía de la nación y, en consecuencia, el porvenir de todos los mexicanos.
8. El PRI le mentirá en lo sucesivo a los mexicanos si mantiene sus eslogans propagandísticos diciendo que lo que busca en Pemex es “modernización sin privatización”, y deberá asumir en los meses que viene el repudio creciente del pueblo ante lo que es claramente un intento mal disfrazado para defraudar el marco constitucional y despojar a la nación.
9. La cacareada contrapropuesta del PRI a las iniciativas de Calderón no fue tal sino que produjo un remedo de aquélla: un nuevo engendro legislativo, que por su carácter anticonstitucional debe ser desechado por notoriamente improcedente por las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos, obligadas ahora a iniciar una reflexión en serio, de acuerdo con lo que se planteó mayoritariamente en los Foros del Senado sobre cómo modernizar y fortalecer a Pemex.
10. La consulta popular, que se inicia el próximo domingo 27 en el Distrito Federal, no sólo no pierde peso con esta fallida intentona por confundir, sino que adquiere un doble sentido. Al rechazarse con dos no rotundos la iniciativa de Calderón, se estará igualmente repudiando la de Beltrones, y fortaleciendo la vía para rescatar a Pemex y a la nación.
Boletín # 52
YA SALIÓ EL PEINE
Nos llamó la atención la rapidez con que llenaron elogios en torno a la propuesta que a nombre del PRI presentó ante la Comisión Permanente Manlio Fabio Beltrones.
En efecto, Georgina Kessel, Secretaria de Energía del calderonismo, Germán Martínez, Presidente Nacional del PAN y Gustavo Madero coordinador de los panistas en el Senado declararon que el documento priísta y la propuesta de Calderón eran muy semejantes, expresiones que no dejaban de incomodar a los autores de la nueva propuesta ya que, involuntariamente, los panistas aludidos sugerían que estamos frente a "la misma gata pero revolcada" y que la propuesta Beltrones no es más que el "plan B" del calderonismo.
Para que el lector se forje una idea acerca del contenido de dicha propuesta, a continuación sometemos a su consideración el punto de vista de Antonio Gershenson (en La Jornada del 25 de julio de 2008) experto en energéticos ampliamente conocido por su prolífico ejercicio analítico en el tema.
Zacatecas, Zac. 25 de julio de 2008
Consejo Zacatecano para la Defensa del Petróleo
PRIvatización mal escondida
La iniciativa del PRI para la legislación que afecta a Pemex va encaminada a hablar de que no se va a privatizar nada, como lo dijeron con la suya el gobierno federal y el PAN, pero sólo para ocultar mejor esa privatización. El documento es largo y seguirá dando materia de discusión por un tiempo, como sucedió con su antecesora federal, pero vamos a señalar algunos de los puntos claves.
Empezamos por las refinerías privadas, que nominalmente desaparecen. En la iniciativa panista tampoco usaban estas palabras, lo encubrían hablando de “maquila” y cosas así. Pero ahora se dice, en el artículo 4º de la propuesta de cambio a la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo:
“El Ejecutivo federal podrá constituir, por decreto, organismos descentralizados con carácter estratégico filiales de Petróleos Mexicanos, con el objeto de realizar, por cuenta de aquél, las actividades de construcción de ductos y los servicios de refinación de petróleo, transporte, almacenamiento y distribución de hidrocarburos y derivados de éstos, que forman parte de la industria petrolera. Dichos organismos filiales serán propiedad exclusiva de Petróleos Mexicanos y se constituirán a propuesta de su consejo de administración.”
Hasta aquí no hay refinerías privadas. Serán organismos nuevos, pero públicos. Más pedacitos de Pemex, pero finalmente de Pemex. Seguimos viendo qué con estas nuevas empresas, y llegamos a la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos, que también aquí, como en la iniciativa del gobierno federal, se plantea como una nueva ley. En el segundo párrafo del artículo sexto dice:
“Los organismos descentralizados de carácter estratégico filiales tendrán el carácter de entidades de control presupuestal indirecto”. Esto significa que no los controla el Congreso, en especial la Cámara de Diputados, ni su Auditoría Superior. Será Pemex, y luego Hacienda, quien lo haga, y los legisladores recibirán los informes de esta secretaría, que incluirán un resumen de cada entidad de control presupuestal indirecto.
Esto no es lo peor. Lo más grave viene en el artículo 19 de la misma ley, con las funciones del consejo de administración de Pemex, adicionales a las que establece la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. En el inciso IX se dice: “Aprobar, a solicitud del director general, la constitución y desincorporación de los organismos descentralizados de carácter estratégico filiales bajo control de Petróleos Mexicanos o de sus organismos subsidiarios, consideradas entidades paraestatales, sin sujetarse para esos efectos al procedimiento previsto en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento”.
Recordamos que “desincorporación” es un eufemismo y al mismo tiempo nombre oficial, desde hace años, de la privatización de las empresas estatales. Ese término se sigue usando en la ley vigente citada al final del párrafo anterior. Entonces, el esquema queda completo. Se crea, por ejemplo, uno de estos “organismos descentralizados de carácter estratégico filiales” de Pemex, asociado a la construcción de la refinería del nombre que nos guste. Se formalizan los trámites para que quede consolidada con esas funciones. Y más adelante, en un momento “tranquilo”, el consejo de administración, que ya no requiere de ningún trámite porque ha sido exceptuado en este inciso IX, “desincorpora” a este organismo y se lo vende a “su trasnacional favorita” o como le queramos llamar. O a una fórmula intermedia, si se quiere privatizar por etapas. De modo que no dicen “refinerías privadas”, pero sí dicen “desincorporar” al organismo público que las iba a hacer, o que las empezó a hacer.
En otras partes la iniciativa del PRI no difiere mucho de la panista. En cuanto a los contratos, en unas partes usan los términos de las leyes existentes, por ejemplo, “obras” y “servicios” que se rigen cada uno por su ley. Pero en otras partes, y al evaluar los pagos, se habla del “proyecto” que contendría obras, servicios, adquisiciones y demás. Los panistas usan otras palabras. Lo que sigue es de la citada ley orgánica.
Artículo 60, fracción IV: Los pagos “podrán condicionarse al menor o mayor éxito del proyecto”. Pero, ¿fue contrato de obra? ¿O de qué? Y si el proyecto sale bien, ¿por qué y cuánto se le paga al que hizo la obra civil, por ejemplo? Se implica, aunque no se le legaliza, que haya contratos enormes por proyecto. En la siguiente fracción se dice que se puede compensar o penalizar, como parte de la remuneración, una serie de factores orientados “a maximizar la eficacia o el éxito de la obra o servicios”. Esto va por el camino de la iniciativa panista, con algunos matices de diferencia.
En el artículo 59 se dice que “los contratos podrán contemplar cláusulas donde se permita a los contratistas sugerir modificaciones a los proyectos” con diferentes pretextos. También aquí no queda claro si el contrato es, por ejemplo, por una obra o por todo el proyecto; y si tiene sentido que el que hace la obra civil pueda sugerir modificaciones al proyecto de toda la refinería. Hay algo oculto aquí.
Nos llamó la atención la rapidez con que llenaron elogios en torno a la propuesta que a nombre del PRI presentó ante la Comisión Permanente Manlio Fabio Beltrones.
En efecto, Georgina Kessel, Secretaria de Energía del calderonismo, Germán Martínez, Presidente Nacional del PAN y Gustavo Madero coordinador de los panistas en el Senado declararon que el documento priísta y la propuesta de Calderón eran muy semejantes, expresiones que no dejaban de incomodar a los autores de la nueva propuesta ya que, involuntariamente, los panistas aludidos sugerían que estamos frente a "la misma gata pero revolcada" y que la propuesta Beltrones no es más que el "plan B" del calderonismo.
Para que el lector se forje una idea acerca del contenido de dicha propuesta, a continuación sometemos a su consideración el punto de vista de Antonio Gershenson (en La Jornada del 25 de julio de 2008) experto en energéticos ampliamente conocido por su prolífico ejercicio analítico en el tema.
Zacatecas, Zac. 25 de julio de 2008
Consejo Zacatecano para la Defensa del Petróleo
PRIvatización mal escondida
La iniciativa del PRI para la legislación que afecta a Pemex va encaminada a hablar de que no se va a privatizar nada, como lo dijeron con la suya el gobierno federal y el PAN, pero sólo para ocultar mejor esa privatización. El documento es largo y seguirá dando materia de discusión por un tiempo, como sucedió con su antecesora federal, pero vamos a señalar algunos de los puntos claves.
Empezamos por las refinerías privadas, que nominalmente desaparecen. En la iniciativa panista tampoco usaban estas palabras, lo encubrían hablando de “maquila” y cosas así. Pero ahora se dice, en el artículo 4º de la propuesta de cambio a la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo:
“El Ejecutivo federal podrá constituir, por decreto, organismos descentralizados con carácter estratégico filiales de Petróleos Mexicanos, con el objeto de realizar, por cuenta de aquél, las actividades de construcción de ductos y los servicios de refinación de petróleo, transporte, almacenamiento y distribución de hidrocarburos y derivados de éstos, que forman parte de la industria petrolera. Dichos organismos filiales serán propiedad exclusiva de Petróleos Mexicanos y se constituirán a propuesta de su consejo de administración.”
Hasta aquí no hay refinerías privadas. Serán organismos nuevos, pero públicos. Más pedacitos de Pemex, pero finalmente de Pemex. Seguimos viendo qué con estas nuevas empresas, y llegamos a la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos, que también aquí, como en la iniciativa del gobierno federal, se plantea como una nueva ley. En el segundo párrafo del artículo sexto dice:
“Los organismos descentralizados de carácter estratégico filiales tendrán el carácter de entidades de control presupuestal indirecto”. Esto significa que no los controla el Congreso, en especial la Cámara de Diputados, ni su Auditoría Superior. Será Pemex, y luego Hacienda, quien lo haga, y los legisladores recibirán los informes de esta secretaría, que incluirán un resumen de cada entidad de control presupuestal indirecto.
Esto no es lo peor. Lo más grave viene en el artículo 19 de la misma ley, con las funciones del consejo de administración de Pemex, adicionales a las que establece la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. En el inciso IX se dice: “Aprobar, a solicitud del director general, la constitución y desincorporación de los organismos descentralizados de carácter estratégico filiales bajo control de Petróleos Mexicanos o de sus organismos subsidiarios, consideradas entidades paraestatales, sin sujetarse para esos efectos al procedimiento previsto en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento”.
Recordamos que “desincorporación” es un eufemismo y al mismo tiempo nombre oficial, desde hace años, de la privatización de las empresas estatales. Ese término se sigue usando en la ley vigente citada al final del párrafo anterior. Entonces, el esquema queda completo. Se crea, por ejemplo, uno de estos “organismos descentralizados de carácter estratégico filiales” de Pemex, asociado a la construcción de la refinería del nombre que nos guste. Se formalizan los trámites para que quede consolidada con esas funciones. Y más adelante, en un momento “tranquilo”, el consejo de administración, que ya no requiere de ningún trámite porque ha sido exceptuado en este inciso IX, “desincorpora” a este organismo y se lo vende a “su trasnacional favorita” o como le queramos llamar. O a una fórmula intermedia, si se quiere privatizar por etapas. De modo que no dicen “refinerías privadas”, pero sí dicen “desincorporar” al organismo público que las iba a hacer, o que las empezó a hacer.
En otras partes la iniciativa del PRI no difiere mucho de la panista. En cuanto a los contratos, en unas partes usan los términos de las leyes existentes, por ejemplo, “obras” y “servicios” que se rigen cada uno por su ley. Pero en otras partes, y al evaluar los pagos, se habla del “proyecto” que contendría obras, servicios, adquisiciones y demás. Los panistas usan otras palabras. Lo que sigue es de la citada ley orgánica.
Artículo 60, fracción IV: Los pagos “podrán condicionarse al menor o mayor éxito del proyecto”. Pero, ¿fue contrato de obra? ¿O de qué? Y si el proyecto sale bien, ¿por qué y cuánto se le paga al que hizo la obra civil, por ejemplo? Se implica, aunque no se le legaliza, que haya contratos enormes por proyecto. En la siguiente fracción se dice que se puede compensar o penalizar, como parte de la remuneración, una serie de factores orientados “a maximizar la eficacia o el éxito de la obra o servicios”. Esto va por el camino de la iniciativa panista, con algunos matices de diferencia.
En el artículo 59 se dice que “los contratos podrán contemplar cláusulas donde se permita a los contratistas sugerir modificaciones a los proyectos” con diferentes pretextos. También aquí no queda claro si el contrato es, por ejemplo, por una obra o por todo el proyecto; y si tiene sentido que el que hace la obra civil pueda sugerir modificaciones al proyecto de toda la refinería. Hay algo oculto aquí.
jueves, 24 de julio de 2008
Opinión de Adolfo Sánchez Rebolledo en La Jornada
Del debate a la consulta
El saldo del debate en el Senado es positivo, pues ha demostrado una verdad elemental: en los asuntos públicos de gran calado hay que escuchar todas las voces informadas como punto de partida de una verdadera deliberación. Pero hay algo más: por primera vez en muchos años amplios sectores de la ciudadanía han reivindicado su derecho a saber y a participar, es decir, a ser tomados en cuenta a la hora de las decisiones. Con esa finalidad se han organizado grupos muy diversos de la sociedad civil en los que participan lo mismo ingenieros petroleros que amas de casa, estudiantes, actores, cineastas y artistas. Las universidades, en particular la UNAM, se convirtieron es espacios abiertos a la pluralidad de las ideas, al debate sereno y a la reflexión con la mira puesta en el futuro de la nación. En esa dirección, las consultas previstas serán, en cierto modo, el corolario (no el final) de esta etapa.
Por supuesto, nada de esto hubiera sido posible sin la disposición política para impedir mediante la movilización popular la apresurada reforma que las autoridades tenían en mente. Gracias a ese impulso, el debate pasó a los barrios, a las casas de la cultura y las plazas públicas. Y todo ante el silencio de los grandes medios, para los cuales eso es “no noticia”, tiempo perdido, despilfarro de los partidos. Por ello, la parcialidad demostrada, sobre todo en los noticiarios “estelares”, resulta ofensiva, pues no conformes con exaltar el discurso oficial, se ha privado al público de una magnífica oportunidad de informarse (e instruirse) en un tema complejo de trascendencia nacional.
Sorprende, por tanto, que ahora se trate de descalificar el esfuerzo colectivo de los últimos meses arguyendo que la consulta no es más que una estratagema “política” de López Obrador, como apuntan ya los Martínez y algunos vocingleros analistas, ahora asociados a sus amigos blanquiazules.
Por supuesto que el ejercicio ciudadano del domingo próximo es un ejercicio político de principio a fin, como lo es por sí misma la reforma de Petróleos Mexicanos. Lo es por el contenido de la consulta; por el carácter de los convocantes y por las implicaciones que inevitablemente tendrá sobre la correlación de fuerzas nacional.
Además, más allá de sus alcances y resultados (medibles según qué se espere de la votación) la exigencia de la consulta vino a subrayar (y ése es ya un logro) el retraso jurídico e institucional del cambio democrático en México, así como el oportunismo de fuerzas como el PAN, que en el pasado promovió iniciativas para introducir los mecanismos de la democracia directa y participativa, como el plebiscito y el referendo, y ahora los opone sin fundamento alguno al funcionamiento de la democracia representativa.
Curiosamente, algunos políticos afectados por el mal del “cretinismo legalista” quieren descalificar la consulta porque no tiene validez jurídica, es decir, porque carece de carácter “vinculante”, esto es, obligatorio. Y a eso llaman defensa de las instituciones democráticas, como si al Congreso de la Unión pudiera dañarle la expresión pública, directa, de la opinión de un conjunto de ciudadanos. Curiosamente, quienes hoy se lanzan contra la consulta son los mismos que quisieron dar un “albazo legislativo”, excluyente, sin consideración alguna por los argumentos de sus oponentes en el Congreso. Todo ello forma parte de una alarmante pérdida del sentido de realidad en las filas presidenciales, de la pertinaz ausencia de un análisis racional sobre la situación nacional que le permita a la autoridad sopesar los riesgos de sus decisiones. Por lo visto, el gobierno confía en un acuerdo de última hora con el PRI que le permita salvar la cara, aunque la reforma presidencial nazca muerta. Sólo así se explica que el senador Camarillo diga que los resultados del debate apuntan hacia “una clara aprobación de la iniciativa del Presidente”, cuando es obvio lo contrario. Por lo visto aceptarán como “victoria” lo que el PRI decida, que no será, por lo visto, en la línea expresada con claridad meridiana por Manuel Barttet y otros priístas contrarios a la privatización.
Uno de los mayores logros del debate en el Senado ha sido el replanteamiento de una concepción de país opuesta a la que sin gloria domina las cúpulas del poder en México. Quienes creían ganada la discusión con sólo lanzar la retahíla de lugares comunes contra los “tabúes”, supuestamente implícitos en la defensa de la industria petrolera, descubrieron con sorpresa la vigencia de los preceptos constitucionales en esta materia, la solidez de los argumentos jurídicos y técnicos que hoy se reivindican para apoyarlos, en fin, la viabilidad de pensar en una estrategia de desarrollo nacional sin las ataduras doctrinarias extraídas del manual del empresario feliz o del arcano estatista al que sería sucida volver.
Esa discusión, esbozada en sus grandes líneas en algunas ponencias presentadas en el Senado (pero no sólo ellas), debería servir a la izquierda para iniciar una investigación sistemática sobre la urgencia de reconstruir el país, tras las décadas de experimentación neoliberal. Es hora de sentar las bases de una nueva y amplia coalición nacional capaz de dirigir el cambio que necesitamos.
El saldo del debate en el Senado es positivo, pues ha demostrado una verdad elemental: en los asuntos públicos de gran calado hay que escuchar todas las voces informadas como punto de partida de una verdadera deliberación. Pero hay algo más: por primera vez en muchos años amplios sectores de la ciudadanía han reivindicado su derecho a saber y a participar, es decir, a ser tomados en cuenta a la hora de las decisiones. Con esa finalidad se han organizado grupos muy diversos de la sociedad civil en los que participan lo mismo ingenieros petroleros que amas de casa, estudiantes, actores, cineastas y artistas. Las universidades, en particular la UNAM, se convirtieron es espacios abiertos a la pluralidad de las ideas, al debate sereno y a la reflexión con la mira puesta en el futuro de la nación. En esa dirección, las consultas previstas serán, en cierto modo, el corolario (no el final) de esta etapa.
Por supuesto, nada de esto hubiera sido posible sin la disposición política para impedir mediante la movilización popular la apresurada reforma que las autoridades tenían en mente. Gracias a ese impulso, el debate pasó a los barrios, a las casas de la cultura y las plazas públicas. Y todo ante el silencio de los grandes medios, para los cuales eso es “no noticia”, tiempo perdido, despilfarro de los partidos. Por ello, la parcialidad demostrada, sobre todo en los noticiarios “estelares”, resulta ofensiva, pues no conformes con exaltar el discurso oficial, se ha privado al público de una magnífica oportunidad de informarse (e instruirse) en un tema complejo de trascendencia nacional.
Sorprende, por tanto, que ahora se trate de descalificar el esfuerzo colectivo de los últimos meses arguyendo que la consulta no es más que una estratagema “política” de López Obrador, como apuntan ya los Martínez y algunos vocingleros analistas, ahora asociados a sus amigos blanquiazules.
Por supuesto que el ejercicio ciudadano del domingo próximo es un ejercicio político de principio a fin, como lo es por sí misma la reforma de Petróleos Mexicanos. Lo es por el contenido de la consulta; por el carácter de los convocantes y por las implicaciones que inevitablemente tendrá sobre la correlación de fuerzas nacional.
Además, más allá de sus alcances y resultados (medibles según qué se espere de la votación) la exigencia de la consulta vino a subrayar (y ése es ya un logro) el retraso jurídico e institucional del cambio democrático en México, así como el oportunismo de fuerzas como el PAN, que en el pasado promovió iniciativas para introducir los mecanismos de la democracia directa y participativa, como el plebiscito y el referendo, y ahora los opone sin fundamento alguno al funcionamiento de la democracia representativa.
Curiosamente, algunos políticos afectados por el mal del “cretinismo legalista” quieren descalificar la consulta porque no tiene validez jurídica, es decir, porque carece de carácter “vinculante”, esto es, obligatorio. Y a eso llaman defensa de las instituciones democráticas, como si al Congreso de la Unión pudiera dañarle la expresión pública, directa, de la opinión de un conjunto de ciudadanos. Curiosamente, quienes hoy se lanzan contra la consulta son los mismos que quisieron dar un “albazo legislativo”, excluyente, sin consideración alguna por los argumentos de sus oponentes en el Congreso. Todo ello forma parte de una alarmante pérdida del sentido de realidad en las filas presidenciales, de la pertinaz ausencia de un análisis racional sobre la situación nacional que le permita a la autoridad sopesar los riesgos de sus decisiones. Por lo visto, el gobierno confía en un acuerdo de última hora con el PRI que le permita salvar la cara, aunque la reforma presidencial nazca muerta. Sólo así se explica que el senador Camarillo diga que los resultados del debate apuntan hacia “una clara aprobación de la iniciativa del Presidente”, cuando es obvio lo contrario. Por lo visto aceptarán como “victoria” lo que el PRI decida, que no será, por lo visto, en la línea expresada con claridad meridiana por Manuel Barttet y otros priístas contrarios a la privatización.
Uno de los mayores logros del debate en el Senado ha sido el replanteamiento de una concepción de país opuesta a la que sin gloria domina las cúpulas del poder en México. Quienes creían ganada la discusión con sólo lanzar la retahíla de lugares comunes contra los “tabúes”, supuestamente implícitos en la defensa de la industria petrolera, descubrieron con sorpresa la vigencia de los preceptos constitucionales en esta materia, la solidez de los argumentos jurídicos y técnicos que hoy se reivindican para apoyarlos, en fin, la viabilidad de pensar en una estrategia de desarrollo nacional sin las ataduras doctrinarias extraídas del manual del empresario feliz o del arcano estatista al que sería sucida volver.
Esa discusión, esbozada en sus grandes líneas en algunas ponencias presentadas en el Senado (pero no sólo ellas), debería servir a la izquierda para iniciar una investigación sistemática sobre la urgencia de reconstruir el país, tras las décadas de experimentación neoliberal. Es hora de sentar las bases de una nueva y amplia coalición nacional capaz de dirigir el cambio que necesitamos.
Opinión de Jorge Eduardo Navarrete en La Jornada
El sesgo exportador
Una de las cuestiones menos discutidas en el debate sobre las malhadadas iniciativas de reforma petrolera es la que concierne al futuro de México como exportador de petróleo. En el diagnóstico se propone, para 2021, elevar o por lo menos mantener la extracción programada para 2008: 3.1 millones de barriles diarios (mbd), sin aclarar qué parte se exportaría. La única estimación sobre la demanda interna esperada en esa fecha aparece en su página 56. Se indica que 2.6 mbd serían suficientes para cubrir con justeza “los requerimientos domésticos [sic] de ese hidrocarburo para producir los petrolíferos que se demandarían internamente, particularmente gasolinas”. Además del abuso de adverbios, esta expresión contiene la confesión involuntaria de uno de los objetivos no publicitados de la reforma: mantener a México como exportador sustancial de crudo.
Dada la irracionalidad de esta perspectiva, ningún documento la presenta de manera explícita: ni el diagnóstico ni las exposiciones de motivos de las iniciativas. Ha habido, sin embargo, declaraciones de funcionarios públicos que hablan de exportaciones del orden de 4 mbd o más hacia el final del lapso señalado.
Si se examina la experiencia reciente de extracción y exportación de crudo se halla que, entre 2000 y 2007, México privilegió la exportación sobre la transformación interna. En los primeros cinco años de este periodo la extracción y las exportaciones, pero el ritmo de crecimiento de estas últimas fue superior a la de la primera en todos ellos. En 2006, mientras la producción se redujo en 1.3 por ciento, las ventas al exterior aumentaron en uno por ciento.
En todo el periodo, más de la mitad del crudo extraído (54.5 por ciento) –cuya reposición en las reservas fue del todo insuficiente– no se dedicó a satisfacer demandas nacionales, sino de otros países. En especial la de Estados Unidos, pues entre 2000 y 2007 se agudizó la concentración de las exportaciones mexicanas en este mercado, quizá el más voraz y dispendioso del mundo. En 2007 llegó a 80.2 por ciento: más de ocho de cada diez barriles exportados. Nada se dice en la propuesta de reforma que permita suponer que existe la menor intención de corregir esta concentración extremada de las exportaciones de crudo, con la dependencia que trae consigo, sino que todo indica que se prevé acentuarla más aún, ampliando el sesgo exportador.
La actual perspectiva del mercado petrolero internacional, caracterizada por una creciente insuficiencia de la oferta disponible para hacer frente a volúmenes de consumo y demanda que crecen en forma acelerada, es por completo distinta de la de hace tres décadas, cuando, en la segunda mitad de los años 70, México se convirtió, por segunda vez, en exportador sustancial. La perspectiva de la industria petrolera mexicana es también muy diferente. Debido a la decisión criminal de descuidar la exploración y el desarrollo de campos, desapareció el horizonte amplio de reservas probadas surgido de los descubrimientos de ese decenio y reforzado con los del siguiente.
Ahora, como se sabe, la perspectiva en cuanto a disponibilidad del recurso dista de ser holgada, incluso considerando a las reservas probables y posibles. Desde ambos puntos de vista resulta conveniente corregir el sesgo exportador excesivo de la actividad petrolera mexicana.
Si las importaciones mundiales de petróleo continúan creciendo por encima de la oferta exportable es prudente modular ésta, más que para defender las cotizaciones, para propiciar que sean los poseedores de las mayores reservas los que asuman una cuota de mercado compatible con sus amplias disponibilidades de crudo. Corresponde a países cuyas reservas permiten alimentar su producción por lapsos superiores a los 50 años – como Arabia Saudita, Irán, Kazajstán o Venezuela – asumir la principal responsabilidad como proveedores internacionales.
Con cifras para 2007, reportadas por el Oil & Gas Journal, México es, entre los 20 principales productores, el 17 en cuanto a la relación producción/reservas; con sólo 0.95 por ciento de las reservas probadas mundiales, extrae 4.26 por ciento de la producción del mundo y se da el lujo de exportar más de la mitad del crudo extraído. Canadá, por su parte, con reservas suficientes para sostener por siglo y medio su actual producción, dispone de 13.6 por ciento de las reservas mundiales y sólo extrae 3.9 por ciento de la producción global.
Una desproporción entre producción y reservas similar a la de México acaba de conducir a Indonesia a renunciar a las exportaciones y a retirarse de la OPEP, para extender la vida de sus reservas, 10 años y medio, algo superior a la de México. Es claro que, más que elevar la extracción y mantener o ampliar la plataforma de exportación, como proponen las iniciativas, hay que adoptar una política de energía que corrija de manera gradual, en no mucho más de un quinquenio, el excesivo sesgo exportador del petróleo mexicano.
Aun si se dispusiera de un horizonte más amplio de reservas, como el que podrían proporcionar los yacimientos bajo aguas profundas, conviene –ante el apetito inmoderado del principal importador de crudo mexicano– no precipitar su explotación, sino conservarlos como la reserva que el país utilizará en la segunda mitad del siglo para atender su demanda nacional de combustibles, otros petrolíferos y, sobre todo, de materias primas para la refinación y la petroquímica. No es admisible que una política miope, deslumbrada por el aparente buen negocio de la exportación de crudo, despoje de insumos industriales básicos a las futuras generaciones de mexicanos.
Una de las cuestiones menos discutidas en el debate sobre las malhadadas iniciativas de reforma petrolera es la que concierne al futuro de México como exportador de petróleo. En el diagnóstico se propone, para 2021, elevar o por lo menos mantener la extracción programada para 2008: 3.1 millones de barriles diarios (mbd), sin aclarar qué parte se exportaría. La única estimación sobre la demanda interna esperada en esa fecha aparece en su página 56. Se indica que 2.6 mbd serían suficientes para cubrir con justeza “los requerimientos domésticos [sic] de ese hidrocarburo para producir los petrolíferos que se demandarían internamente, particularmente gasolinas”. Además del abuso de adverbios, esta expresión contiene la confesión involuntaria de uno de los objetivos no publicitados de la reforma: mantener a México como exportador sustancial de crudo.
Dada la irracionalidad de esta perspectiva, ningún documento la presenta de manera explícita: ni el diagnóstico ni las exposiciones de motivos de las iniciativas. Ha habido, sin embargo, declaraciones de funcionarios públicos que hablan de exportaciones del orden de 4 mbd o más hacia el final del lapso señalado.
Si se examina la experiencia reciente de extracción y exportación de crudo se halla que, entre 2000 y 2007, México privilegió la exportación sobre la transformación interna. En los primeros cinco años de este periodo la extracción y las exportaciones, pero el ritmo de crecimiento de estas últimas fue superior a la de la primera en todos ellos. En 2006, mientras la producción se redujo en 1.3 por ciento, las ventas al exterior aumentaron en uno por ciento.
En todo el periodo, más de la mitad del crudo extraído (54.5 por ciento) –cuya reposición en las reservas fue del todo insuficiente– no se dedicó a satisfacer demandas nacionales, sino de otros países. En especial la de Estados Unidos, pues entre 2000 y 2007 se agudizó la concentración de las exportaciones mexicanas en este mercado, quizá el más voraz y dispendioso del mundo. En 2007 llegó a 80.2 por ciento: más de ocho de cada diez barriles exportados. Nada se dice en la propuesta de reforma que permita suponer que existe la menor intención de corregir esta concentración extremada de las exportaciones de crudo, con la dependencia que trae consigo, sino que todo indica que se prevé acentuarla más aún, ampliando el sesgo exportador.
La actual perspectiva del mercado petrolero internacional, caracterizada por una creciente insuficiencia de la oferta disponible para hacer frente a volúmenes de consumo y demanda que crecen en forma acelerada, es por completo distinta de la de hace tres décadas, cuando, en la segunda mitad de los años 70, México se convirtió, por segunda vez, en exportador sustancial. La perspectiva de la industria petrolera mexicana es también muy diferente. Debido a la decisión criminal de descuidar la exploración y el desarrollo de campos, desapareció el horizonte amplio de reservas probadas surgido de los descubrimientos de ese decenio y reforzado con los del siguiente.
Ahora, como se sabe, la perspectiva en cuanto a disponibilidad del recurso dista de ser holgada, incluso considerando a las reservas probables y posibles. Desde ambos puntos de vista resulta conveniente corregir el sesgo exportador excesivo de la actividad petrolera mexicana.
Si las importaciones mundiales de petróleo continúan creciendo por encima de la oferta exportable es prudente modular ésta, más que para defender las cotizaciones, para propiciar que sean los poseedores de las mayores reservas los que asuman una cuota de mercado compatible con sus amplias disponibilidades de crudo. Corresponde a países cuyas reservas permiten alimentar su producción por lapsos superiores a los 50 años – como Arabia Saudita, Irán, Kazajstán o Venezuela – asumir la principal responsabilidad como proveedores internacionales.
Con cifras para 2007, reportadas por el Oil & Gas Journal, México es, entre los 20 principales productores, el 17 en cuanto a la relación producción/reservas; con sólo 0.95 por ciento de las reservas probadas mundiales, extrae 4.26 por ciento de la producción del mundo y se da el lujo de exportar más de la mitad del crudo extraído. Canadá, por su parte, con reservas suficientes para sostener por siglo y medio su actual producción, dispone de 13.6 por ciento de las reservas mundiales y sólo extrae 3.9 por ciento de la producción global.
Una desproporción entre producción y reservas similar a la de México acaba de conducir a Indonesia a renunciar a las exportaciones y a retirarse de la OPEP, para extender la vida de sus reservas, 10 años y medio, algo superior a la de México. Es claro que, más que elevar la extracción y mantener o ampliar la plataforma de exportación, como proponen las iniciativas, hay que adoptar una política de energía que corrija de manera gradual, en no mucho más de un quinquenio, el excesivo sesgo exportador del petróleo mexicano.
Aun si se dispusiera de un horizonte más amplio de reservas, como el que podrían proporcionar los yacimientos bajo aguas profundas, conviene –ante el apetito inmoderado del principal importador de crudo mexicano– no precipitar su explotación, sino conservarlos como la reserva que el país utilizará en la segunda mitad del siglo para atender su demanda nacional de combustibles, otros petrolíferos y, sobre todo, de materias primas para la refinación y la petroquímica. No es admisible que una política miope, deslumbrada por el aparente buen negocio de la exportación de crudo, despoje de insumos industriales básicos a las futuras generaciones de mexicanos.
México S.A.
■ Del “tesoro” panista, a la “gota” priísta
Pues resulta que no, que la dirigente priísta Beatriz Paredes no tradujo en hechos su discurso del pasado 13 de mayo en el Senado de la República, ni muchos menos domó a sus coordinadores parlamentarios (a uno de ellos, fundamentalmente), de tal suerte que, con un batido elaborado con leche rebajada, autorizó (cuando menos eso dicen en el PRI) a Don Beltrone para que presentara en sociedad la propuesta tricolor pomposamente autodenominada “iniciativa en materia energética de amplio calado”, aunque sólo haga referencia a Petróleos Mexicanos.
Si bien el proyecto pretende reducir a su mínima expresión la intentona calderonista de privatizar la industria petrolera nacional (“habrá que esperar tiempos mejores”), deja vivas algunas posibilidades para que el capital privado, fundamentalmente el extranjero, entre ya no por la puerta de atrás, sino por una rendija abierta a contracorriente de lo expuesto y documentado en el recién concluido debate en el Senado de la República, con lo que se regresa al principio: la posibilidad, por la vía de las modificaciones a las leyes secundarias, de trasladar a dicha industria de lo estratégico a lo prioritario (violando la Constitución), con el agregado de crear una mayor estructura burocrática con fines de “apoyo” y “vigilancia” a las actividades de Pemex, obviando uno de los elementos fundamentales y urgentes de todo esto (reforma fiscal real y de largo alcance), manteniendo intocados los gangsteriles intereses y negocios del sindicato petrolero y deja para un futuro indeterminado, y a criterio del Ejecutivo, la construcción de refinerías, entre otras gracias.
La “primera línea fundamental” de la iniciativa (así le llaman) propone “modernizar y fortalecer a Petróleos Mexicanos, sin permitir su privatización. Sin privatizar el aprovechamiento del petróleo ni la renta petrolera, sin contratos de riesgo, sin privatizar los activos o las actuales actividades de Pemex, sin ceder a los particulares áreas de trabajo que corresponden al organismo, como los de refinación, almacenamiento y manejo de ductos”, pero cede el campo de la exploración al capital privado y reivindica los supuestos “bonos ciudadanos” (bajo la vieja cuan falsa tesis salinista de “democratización del capital”).
De entrada, pues, el asunto de la exploración viola la Constitución y la propia Ley Reglamentaria del Articulo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, que en su artículo 4 claramente establece que “la nación llevará a cabo la exploración (…) y las demás actividades a que se refiere el Artículo 3, que se consideran estratégicas en los términos del Artículo 28, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios”.
Eso sí, por mucho que intenten presentar una versión deslactosada de la intentona panista, tan parecida suena la “iniciativa en materia energética de amplio calado” presentada por el tricolor, que hasta eslogan tiene (“modernización sin privatización”) y una historia similar a la del “tesoro” calderonista, pero más cursi, si eso es posible; “¿Cuánto vale una gota? La educación de una generación, el valor de salvar una vida y los sueños que aún faltan por cumplirse. Cada gota de petróleo cuenta, porque cada una representa el México de hoy… Primero México”.
Así, “lejos del autoritarismo y más lejos de la negatividad” (Don Beltrone dixit), la intentona privatizadora se mantiene, aunque cambie de padre y se presente de forma mucho más light, en el entendido que el 2012 cada día está más cerca y la deuda del derrotado calderonismo con los capos de tres colores e igual número de caretas alcanza niveles verdaderamente peligrosos. Y en esto de hacer lo mismo, pero con un discurso distinto y el block de facturas bajo el brazo, los priístas se pintan solos.
Cambio de padre, pues, el cual intenta convencer que su cuidado de los hijos “dista sustancialmente del catastrofismo con el que algunos quieren cobijar planteamientos privatizadores, y se aleja definitivamente del inmovilismo al que otros pretenden sentenciarnos para no hacer nada”. Un progenitor “que rechaza la privatización, pero que también plantea hacerle frente a los problemas de Pemex” Un tata, pues, con “respeto absoluto al artículo 27 Constitucional en materia de hidrocarburos”, que “no acepta la privatización ni abierta ni simulada”; que dice “sí a la modernización y fortalecimiento de Petróleos Mexicanos, preservando su característica de propiedad del Estado; sí a la reposición de las reservas de petróleo en mar y tierra; sí a soluciones en el marco Constitucional, a la modernización de la refinación, transporte y almacenaje; sí a la transparencia en los contratos de Pemex con particulares; sí al establecimiento de relaciones modernas, autónomas y eficaces de Pemex en el aparato gubernamental; sí a una mayor rendición de cuentas al Congreso; sí a un mayor marco regulatorio eficaz y competitivo para Pemex; sí a un compromiso con una transición energética ordenada hacia nuevas fuentes de energía limpias y sustentables; sí a la protección de la población en riesgos de accidentes en la industria petrolera; sí a la protección de los consumidores de gasolina y combustibles, de fraudes y adulteraciones; sí a la autonomía y flexibilidad a la empresa en un marco de oportunidad, transparencia y rendición de cuentas; sí al marco regulatorio moderno y que también goce de autonomía con la ratificación de sus órganos de gobierno por parte del Senado”, y sí a la exploración petrolera por parte de particulares, lo que, dicho sea de paso, es inconstitucional.
En fin, nuevo padre por todas partes, pero por ninguna se ve la madre, mientras la siempre urgida de rapidez Georgina Kessel, secretaria de Energía, a la que el río de la derrota calderonista está por ahogar, lanza una cuerda en pos de su salvación: “hay más coincidencias que diferencias entre las propuestas de reforma de Felipe Calderón y del Partido Revolucionario Institucional… a la reforma no se le puede poner plazos fatales”.
Las rebanadas del pastel
¿Y el “tesoro”, apá?
Pues resulta que no, que la dirigente priísta Beatriz Paredes no tradujo en hechos su discurso del pasado 13 de mayo en el Senado de la República, ni muchos menos domó a sus coordinadores parlamentarios (a uno de ellos, fundamentalmente), de tal suerte que, con un batido elaborado con leche rebajada, autorizó (cuando menos eso dicen en el PRI) a Don Beltrone para que presentara en sociedad la propuesta tricolor pomposamente autodenominada “iniciativa en materia energética de amplio calado”, aunque sólo haga referencia a Petróleos Mexicanos.
Si bien el proyecto pretende reducir a su mínima expresión la intentona calderonista de privatizar la industria petrolera nacional (“habrá que esperar tiempos mejores”), deja vivas algunas posibilidades para que el capital privado, fundamentalmente el extranjero, entre ya no por la puerta de atrás, sino por una rendija abierta a contracorriente de lo expuesto y documentado en el recién concluido debate en el Senado de la República, con lo que se regresa al principio: la posibilidad, por la vía de las modificaciones a las leyes secundarias, de trasladar a dicha industria de lo estratégico a lo prioritario (violando la Constitución), con el agregado de crear una mayor estructura burocrática con fines de “apoyo” y “vigilancia” a las actividades de Pemex, obviando uno de los elementos fundamentales y urgentes de todo esto (reforma fiscal real y de largo alcance), manteniendo intocados los gangsteriles intereses y negocios del sindicato petrolero y deja para un futuro indeterminado, y a criterio del Ejecutivo, la construcción de refinerías, entre otras gracias.
La “primera línea fundamental” de la iniciativa (así le llaman) propone “modernizar y fortalecer a Petróleos Mexicanos, sin permitir su privatización. Sin privatizar el aprovechamiento del petróleo ni la renta petrolera, sin contratos de riesgo, sin privatizar los activos o las actuales actividades de Pemex, sin ceder a los particulares áreas de trabajo que corresponden al organismo, como los de refinación, almacenamiento y manejo de ductos”, pero cede el campo de la exploración al capital privado y reivindica los supuestos “bonos ciudadanos” (bajo la vieja cuan falsa tesis salinista de “democratización del capital”).
De entrada, pues, el asunto de la exploración viola la Constitución y la propia Ley Reglamentaria del Articulo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, que en su artículo 4 claramente establece que “la nación llevará a cabo la exploración (…) y las demás actividades a que se refiere el Artículo 3, que se consideran estratégicas en los términos del Artículo 28, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios”.
Eso sí, por mucho que intenten presentar una versión deslactosada de la intentona panista, tan parecida suena la “iniciativa en materia energética de amplio calado” presentada por el tricolor, que hasta eslogan tiene (“modernización sin privatización”) y una historia similar a la del “tesoro” calderonista, pero más cursi, si eso es posible; “¿Cuánto vale una gota? La educación de una generación, el valor de salvar una vida y los sueños que aún faltan por cumplirse. Cada gota de petróleo cuenta, porque cada una representa el México de hoy… Primero México”.
Así, “lejos del autoritarismo y más lejos de la negatividad” (Don Beltrone dixit), la intentona privatizadora se mantiene, aunque cambie de padre y se presente de forma mucho más light, en el entendido que el 2012 cada día está más cerca y la deuda del derrotado calderonismo con los capos de tres colores e igual número de caretas alcanza niveles verdaderamente peligrosos. Y en esto de hacer lo mismo, pero con un discurso distinto y el block de facturas bajo el brazo, los priístas se pintan solos.
Cambio de padre, pues, el cual intenta convencer que su cuidado de los hijos “dista sustancialmente del catastrofismo con el que algunos quieren cobijar planteamientos privatizadores, y se aleja definitivamente del inmovilismo al que otros pretenden sentenciarnos para no hacer nada”. Un progenitor “que rechaza la privatización, pero que también plantea hacerle frente a los problemas de Pemex” Un tata, pues, con “respeto absoluto al artículo 27 Constitucional en materia de hidrocarburos”, que “no acepta la privatización ni abierta ni simulada”; que dice “sí a la modernización y fortalecimiento de Petróleos Mexicanos, preservando su característica de propiedad del Estado; sí a la reposición de las reservas de petróleo en mar y tierra; sí a soluciones en el marco Constitucional, a la modernización de la refinación, transporte y almacenaje; sí a la transparencia en los contratos de Pemex con particulares; sí al establecimiento de relaciones modernas, autónomas y eficaces de Pemex en el aparato gubernamental; sí a una mayor rendición de cuentas al Congreso; sí a un mayor marco regulatorio eficaz y competitivo para Pemex; sí a un compromiso con una transición energética ordenada hacia nuevas fuentes de energía limpias y sustentables; sí a la protección de la población en riesgos de accidentes en la industria petrolera; sí a la protección de los consumidores de gasolina y combustibles, de fraudes y adulteraciones; sí a la autonomía y flexibilidad a la empresa en un marco de oportunidad, transparencia y rendición de cuentas; sí al marco regulatorio moderno y que también goce de autonomía con la ratificación de sus órganos de gobierno por parte del Senado”, y sí a la exploración petrolera por parte de particulares, lo que, dicho sea de paso, es inconstitucional.
En fin, nuevo padre por todas partes, pero por ninguna se ve la madre, mientras la siempre urgida de rapidez Georgina Kessel, secretaria de Energía, a la que el río de la derrota calderonista está por ahogar, lanza una cuerda en pos de su salvación: “hay más coincidencias que diferencias entre las propuestas de reforma de Felipe Calderón y del Partido Revolucionario Institucional… a la reforma no se le puede poner plazos fatales”.
Las rebanadas del pastel
¿Y el “tesoro”, apá?
Astillero
Julio Hernádez López
La Jornada, 24 de julio 2008
■ Manlio Simi
■ Lo mismo, pero (políticamente) más caro
■ Falsa medicina alternativa
Tal como se preveía, la opción beltrónica de reforma petrolera resultó un revuelco de la misma gata privatizadora. Tan parecida es, en la esencia, a los planteamientos originales de la firma F.C., que voceros autorizados de ese inmueble gobernante le reconocieron de inmediato similitudes y abrieron el camino a votaciones conjuntas del así confeso ente pripánico. El chihuahuense impuesto a trompicones en la coordinación de los senadores panistas, Gustavo Madero, estuvo a punto de sacar champaña para celebrar, pues dijo que entre las “novedades” manliofábicas y la propuesta original calderona hay muchas “coincidencias”, lo cual permitirá (¡oh, sorpresas que da la vida! ¿A quién se le habría ocurrido que pudiera suceder tal portento?) sufragios concurrentes de la mayoría tetracromática (verde, rojo, blanco y azul), todo lo cual generó en el felipense Madero un confeso estado de “beneplácito”. La caldera energética, es decir, la secretaria Kessel, también expidió certificado oficial de que la medicina dizque alternativa del doctor Manlio Simi es absolutamente compatible con los diagnósticos y recetas originalmente dadas por el Círculo Inn Timo de Loss Pinos: hay más coincidencias que diferencias, sentenció quien fue directora de la Casa de la Moneda.
Ya podría considerarse marca de la casa el numerito de las presuntas contrapropuestas priístas que ayudan a salvar, según eso con correcciones y limaduras, las iniciativas originales del panismo que invariablemente acaban entrampadas. Felipe propone, la oposición obviamente se opone y llega el priísmo, encabezado por Manlio, y todo a sus conveniencias lo recompone/descompone. Proceso de rescate (Feliproa) que conlleva costos explicablemente a la alza entre más peligros sean abatidos y menos tiempo (legislativo) se tenga para las maniobras. El Grupo Priísta de Reacción Inmediata GamBel (por los apellidos de los dos principales agentes, uno yucateco y diputado, otro sonorense y senador) cobra caro, y en esta ocasión pretende que la política social electoral, tradicionalmente utilizada por el gobierno federal en turno para garantizarse buenos resultados comiciales, sobre todo en definitorias etapas intermedias como la de 2009, sea compartida entre los dos buenos hermanitos PRI y PAN, que así relegarán al mal portado PRD y se encaminarán a un sano cierre del círculo perverso de la alternancia partidista negociada cuando el tricolor recupere lo que por dos tandas le cedió a los panistas incontinentes en términos de poder.
Aparte del virtual cogobierno en el ejercicio del presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Social y otras áreas asistenciales, los servicios de vigilancia privada GamBel desean que los negocios derivados de la privatización petrolera salpiquen a gobernadores priístas y que con nuevas empresas relacionadas con lo energético se abran nuevas oportunidades de contratación de personal bi-partidista y no sólo blanquiazul. Es explicable, con esas expectativas de negocios compartidos, que no sea tocado ni con el pétalo de una enmienda el emblemático sindicato petrolero, que tradicionalmente ha encontrado formas contables de devolver favores en metálico a las campañas de sus patronos políticos; respetar la corrupción actualmente coordinada por Carlos Romero Deschamps es demostrar a los émulos del futuro que, acogidos a buen árbol priísta, siempre gozarán de las sombras de la impunidad.
La presentación en sociedad de la sabida y largamente esperada convergencia de panistas y perredistas generó la también sabida y largamente anunciada advertencia opositora de que se podrían tomar tribunas y organizar actos públicos de resistencia mayor. En Jalisco, durante una de las giras de organización de las brigadas contra la privatización del petróleo, López Obrador señaló que el PRI pretende hacerle el trabajo sucio al PAN y que los defensores de la riqueza nacional no permitirán simulaciones ni disfraces empanizados. Frente a la firme postura de la base social y los líderes de la mencionada resistencia se ha levantado una engañifa que da cuenta de la catadura de los llamados Chuchos: el sustituto dirigente formal del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo, llegado a esa posición precaria en circunstancias que a nadie pueden enaltecer, pretende erigirse en poderoso negociador a título propio con panistas y priístas para llegar a “acuerdos” que, al igual que la propuesta del doctor Manlio Simi, acaben siendo lo mismo. A fin de cuentas, el choque de posturas está emplazado con claridad: las “instituciones” pretenderán imponer su legalidad, contraria al interés popular, mediante simulaciones legislativas y arreglos de cúpulas, mientras el movimiento social de resistencia se apresta nuevamente a luchar. Uf, otra vez (aunque siempre era sabido, aunque nada fue sustancialmente distinto de lo previsto): tictac, tictac.
Astillas
Enrique Synder Ocampo pide colocar “en una mejor perspectiva” los señalamientos astillados de que en los debates senatoriales no hubo “convicción ni profundidad”, sino reacciones “tímidas” de quienes están a favor de la privatización. Salvo algunos casos de “superficialidad, visceralidad y marcada estulticia”, hubo “participaciones pro-reforma calderonista muy respetables”. Synder encuadra los argumentos privatizadores en el pensamiento neoliberal que no asume que por encima de los indicadores económicos está la realidad y que no entiende de geopolítica ni consultas ciudadanas. “Pero la teología neoliberal tiene muy buenos exponentes y sus propuestas llegan a ser muy convincentes. Merecen ser escuchados (…) Una democracia consiste precisamente en poder escuchar al otro. La participación de los intelectuales que respaldaron a Calderón en ocasiones sí fue muy ilustrativa (tuve aprendizajes como lo referente a los arbitrajes) y creo que hay cosas que se pueden rescatar de ello, pero contrastándolo con sabiduría con la realidad geopolítica y social e insertándolas en un diálogo democrático (…) Sólo así se podrían obtener reformas que no terminen de romper lo que queda del pacto social dinamitado por el fraude de 2006”… ¡Hasta mañana!
La Jornada, 24 de julio 2008
■ Manlio Simi
■ Lo mismo, pero (políticamente) más caro
■ Falsa medicina alternativa
Tal como se preveía, la opción beltrónica de reforma petrolera resultó un revuelco de la misma gata privatizadora. Tan parecida es, en la esencia, a los planteamientos originales de la firma F.C., que voceros autorizados de ese inmueble gobernante le reconocieron de inmediato similitudes y abrieron el camino a votaciones conjuntas del así confeso ente pripánico. El chihuahuense impuesto a trompicones en la coordinación de los senadores panistas, Gustavo Madero, estuvo a punto de sacar champaña para celebrar, pues dijo que entre las “novedades” manliofábicas y la propuesta original calderona hay muchas “coincidencias”, lo cual permitirá (¡oh, sorpresas que da la vida! ¿A quién se le habría ocurrido que pudiera suceder tal portento?) sufragios concurrentes de la mayoría tetracromática (verde, rojo, blanco y azul), todo lo cual generó en el felipense Madero un confeso estado de “beneplácito”. La caldera energética, es decir, la secretaria Kessel, también expidió certificado oficial de que la medicina dizque alternativa del doctor Manlio Simi es absolutamente compatible con los diagnósticos y recetas originalmente dadas por el Círculo Inn Timo de Loss Pinos: hay más coincidencias que diferencias, sentenció quien fue directora de la Casa de la Moneda.
Ya podría considerarse marca de la casa el numerito de las presuntas contrapropuestas priístas que ayudan a salvar, según eso con correcciones y limaduras, las iniciativas originales del panismo que invariablemente acaban entrampadas. Felipe propone, la oposición obviamente se opone y llega el priísmo, encabezado por Manlio, y todo a sus conveniencias lo recompone/descompone. Proceso de rescate (Feliproa) que conlleva costos explicablemente a la alza entre más peligros sean abatidos y menos tiempo (legislativo) se tenga para las maniobras. El Grupo Priísta de Reacción Inmediata GamBel (por los apellidos de los dos principales agentes, uno yucateco y diputado, otro sonorense y senador) cobra caro, y en esta ocasión pretende que la política social electoral, tradicionalmente utilizada por el gobierno federal en turno para garantizarse buenos resultados comiciales, sobre todo en definitorias etapas intermedias como la de 2009, sea compartida entre los dos buenos hermanitos PRI y PAN, que así relegarán al mal portado PRD y se encaminarán a un sano cierre del círculo perverso de la alternancia partidista negociada cuando el tricolor recupere lo que por dos tandas le cedió a los panistas incontinentes en términos de poder.
Aparte del virtual cogobierno en el ejercicio del presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Social y otras áreas asistenciales, los servicios de vigilancia privada GamBel desean que los negocios derivados de la privatización petrolera salpiquen a gobernadores priístas y que con nuevas empresas relacionadas con lo energético se abran nuevas oportunidades de contratación de personal bi-partidista y no sólo blanquiazul. Es explicable, con esas expectativas de negocios compartidos, que no sea tocado ni con el pétalo de una enmienda el emblemático sindicato petrolero, que tradicionalmente ha encontrado formas contables de devolver favores en metálico a las campañas de sus patronos políticos; respetar la corrupción actualmente coordinada por Carlos Romero Deschamps es demostrar a los émulos del futuro que, acogidos a buen árbol priísta, siempre gozarán de las sombras de la impunidad.
La presentación en sociedad de la sabida y largamente esperada convergencia de panistas y perredistas generó la también sabida y largamente anunciada advertencia opositora de que se podrían tomar tribunas y organizar actos públicos de resistencia mayor. En Jalisco, durante una de las giras de organización de las brigadas contra la privatización del petróleo, López Obrador señaló que el PRI pretende hacerle el trabajo sucio al PAN y que los defensores de la riqueza nacional no permitirán simulaciones ni disfraces empanizados. Frente a la firme postura de la base social y los líderes de la mencionada resistencia se ha levantado una engañifa que da cuenta de la catadura de los llamados Chuchos: el sustituto dirigente formal del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo, llegado a esa posición precaria en circunstancias que a nadie pueden enaltecer, pretende erigirse en poderoso negociador a título propio con panistas y priístas para llegar a “acuerdos” que, al igual que la propuesta del doctor Manlio Simi, acaben siendo lo mismo. A fin de cuentas, el choque de posturas está emplazado con claridad: las “instituciones” pretenderán imponer su legalidad, contraria al interés popular, mediante simulaciones legislativas y arreglos de cúpulas, mientras el movimiento social de resistencia se apresta nuevamente a luchar. Uf, otra vez (aunque siempre era sabido, aunque nada fue sustancialmente distinto de lo previsto): tictac, tictac.
Astillas
Enrique Synder Ocampo pide colocar “en una mejor perspectiva” los señalamientos astillados de que en los debates senatoriales no hubo “convicción ni profundidad”, sino reacciones “tímidas” de quienes están a favor de la privatización. Salvo algunos casos de “superficialidad, visceralidad y marcada estulticia”, hubo “participaciones pro-reforma calderonista muy respetables”. Synder encuadra los argumentos privatizadores en el pensamiento neoliberal que no asume que por encima de los indicadores económicos está la realidad y que no entiende de geopolítica ni consultas ciudadanas. “Pero la teología neoliberal tiene muy buenos exponentes y sus propuestas llegan a ser muy convincentes. Merecen ser escuchados (…) Una democracia consiste precisamente en poder escuchar al otro. La participación de los intelectuales que respaldaron a Calderón en ocasiones sí fue muy ilustrativa (tuve aprendizajes como lo referente a los arbitrajes) y creo que hay cosas que se pueden rescatar de ello, pero contrastándolo con sabiduría con la realidad geopolítica y social e insertándolas en un diálogo democrático (…) Sólo así se podrían obtener reformas que no terminen de romper lo que queda del pacto social dinamitado por el fraude de 2006”… ¡Hasta mañana!
Editorial de hoy en La Jornada:
Reforma diversificada
Con la presentación por parte de las fracciones legislativas priístas en ambas cámaras de su iniciativa de reforma al estatuto legal de Petróleos Mexicanos se cierra las posibilidad de aprobación de la propuesta en esta misma materia enviada en abril por el Ejecutivo federal al Senado, la cual ha sido objeto, desde entonces, de numerosas y contundentes impugnaciones, porque abre la puerta a la privatización de los segmentos principales de la industria petrolera nacional, contraviniendo lo estipulado por el artículo 27 constitucional.
Aunque más acotada y menos indiscriminada que la propuesta gubernamental, la priísta permitiría también la participación de consorcios privados al menos en la exploración petrolera, lo que se traduciría también en una violación a lo dispuesto por la Carta Magna.
El alivio, e incluso el alborozo con que el Ejecutivo federal (por conducto de la secretartia de Energía, Georgina Kessel) y su partido (en las expresiones de beneplácito del coordinador de la bancada senatorial panista, Gustavo Madero) recibieron la iniciativa priísta pareciera indicar que, a pesar de los abundantes diferendos entre ambas partes, expresados en las semanas recientes, permanece vivo el intento de aprobar, con los votos sumados de ambas fuerzas, una privatización de la industria petrolera, así sea parcial. En esa perspectiva, el documento priísta sería una base de negociación para promediar, entre éste y la iniciativa de Felipe Calderón, una versión edulcorada de la desnacionalización de los hidrocarburos y eludir, con un texto menos agresivo y directo que el de Los Pinos, las protestas populares anunciadas en caso de que el grupo en el poder consiguiera legalizar el desmantelamiento de la industria petrolera.
El panorama se complica por la próxima presentación de una tercera iniciativa de reforma energética, la del Partido de la Revolución Democrática, lo que abre la posibilidad, más remota que la anterior, de que el Revolucionario Institucional y el sol azteca pudieran negociar un texto intermedio entre sus respectivas propuestas.
A reserva de un análisis detallado de la iniciativa priísta, y en espera de la presentación de la perredista, es claro que ambas deben ser examinadas por la opinión pública y los especialistas con un detenimiento equivalente al que mereció el documento enviado por Felipe Calderón el pasado 8 de abril.
Con la presentación por parte de las fracciones legislativas priístas en ambas cámaras de su iniciativa de reforma al estatuto legal de Petróleos Mexicanos se cierra las posibilidad de aprobación de la propuesta en esta misma materia enviada en abril por el Ejecutivo federal al Senado, la cual ha sido objeto, desde entonces, de numerosas y contundentes impugnaciones, porque abre la puerta a la privatización de los segmentos principales de la industria petrolera nacional, contraviniendo lo estipulado por el artículo 27 constitucional.
Aunque más acotada y menos indiscriminada que la propuesta gubernamental, la priísta permitiría también la participación de consorcios privados al menos en la exploración petrolera, lo que se traduciría también en una violación a lo dispuesto por la Carta Magna.
El alivio, e incluso el alborozo con que el Ejecutivo federal (por conducto de la secretartia de Energía, Georgina Kessel) y su partido (en las expresiones de beneplácito del coordinador de la bancada senatorial panista, Gustavo Madero) recibieron la iniciativa priísta pareciera indicar que, a pesar de los abundantes diferendos entre ambas partes, expresados en las semanas recientes, permanece vivo el intento de aprobar, con los votos sumados de ambas fuerzas, una privatización de la industria petrolera, así sea parcial. En esa perspectiva, el documento priísta sería una base de negociación para promediar, entre éste y la iniciativa de Felipe Calderón, una versión edulcorada de la desnacionalización de los hidrocarburos y eludir, con un texto menos agresivo y directo que el de Los Pinos, las protestas populares anunciadas en caso de que el grupo en el poder consiguiera legalizar el desmantelamiento de la industria petrolera.
El panorama se complica por la próxima presentación de una tercera iniciativa de reforma energética, la del Partido de la Revolución Democrática, lo que abre la posibilidad, más remota que la anterior, de que el Revolucionario Institucional y el sol azteca pudieran negociar un texto intermedio entre sus respectivas propuestas.
A reserva de un análisis detallado de la iniciativa priísta, y en espera de la presentación de la perredista, es claro que ambas deben ser examinadas por la opinión pública y los especialistas con un detenimiento equivalente al que mereció el documento enviado por Felipe Calderón el pasado 8 de abril.
miércoles, 23 de julio de 2008
Boletín # 51
CON EL ÚLTIMO DEBATE SE CIERRA UN CICLO
Como se había previsto, el 22 del presente concluyó un ejercicio de discusión pública que reviste gran importancia dentro del proceso democratizador de la vida nacional.
Las contundentes intervenciones de Alfredo Jalife-Rahme, Manuel Bartlet y Víctor Flores Olea en el sentido de que la propuesta de Calderón implica la subordinación de nuestro país a la lógica de las trasnacionales y del gobierno de los Estados Unidos, consolidan la percepción de que detrás de los afanes privatizadores del petróleo, se esconden compromisos contraídos con anterioridad al proceso electoral del 2006 pero no desvinculados de éste.
Los veintiún foros celebrados generaron una riqueza informativa que en mucho contribuirá a acercar al ciudadano con la realidad del país.
En la historia reciente, digamos la de los últimos veinticinco años, un pequeño grupo ha tomado decisiones que afectan a la totalidad de los mexicanos. Entre las más importantes sobre sale la entrega de bienes nacionales a particulares (siderúrgicas, ferrocarriles, bancos, puertos y aeropuertos, carreteras, cadenas televisivas, ingenios azucareros, líneas aéreas, etc., etc.).
No es difícil imaginar lo saludable que hubiera sido para todos que estas privatizaciones se produjeran sólo después de que los ciudadanos manifestaran su parecer forjado en un debate amplio e informado.
Si así se procesaran las grandes decisiones, el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá no se hubiera firmado o hubiésemos logrado un acuerdo comercial mejor.
Esa pesada carga que los mexicanos llevamos en la espalda que se llama FOBAPROA, en donde los banqueros se despacharon con la cuchara grande a costa de la quiebra de cientos de miles de pequeñas y medianas empresas, y del colapso de la economía doméstica de millones de hogares, nunca se hubiera producido si en ese momento hubiese habido un debate democrático.
El debate petrolero sería imposible sin la movilización ciudadana que lo precedió. Sus alcances estuvieron limitados porque la señal del Canal del Congreso está circunscrita a la minoría de hogares suscriptores de la televisión por cable, pero ello ni impidió que una importante franja de la sociedad pudiera contrastar el tratamiento informativo de los medios de comunicación comerciales con lo que pudo atestiguar de manera directa a través del mencionado Canal del Congreso.
Esta experiencia contribuye a ampliar los horizontes analíticos del público de los medios, intensificando el reclamo social de una comunicación democrática, plural, veraz.
Lo que sigue es el esfuerzo ciudadano por la consulta cuya primera fase tendrá lugar el próximo domingo 27 de julio para ser continuada el 10 de agosto, y concluida el 24 de agosto, fecha en que los zacatecanos tendremos la oportunidad de vivir esta experiencia.
Al día siguiente de concluidos los debates, ha sido presentada ante la Comisión Permanente la iniciativa del PRI. En nombre de sus correligionarios, la presentó el Senador Manlio Fabio Beltrones, un político que está jugando frente a Calderón el mismo papel que jugó con Salinas de Gortari, Diego Fernández de Cevallos, lo que nos convoca a intensificar los preparativos para la movilización ciudadana toda vez que no es remota una maniobra desde la cúpula.
Sólo queda una duda ¿Los priístas que elaboraron la iniciativa se atreverán a traicionar sus propios documentos básicos y a desafiar a las voces que dentro de ese mismo partido se han manifestado contra la privatización abierta o encubierta como ellos dicen?
No pasará mucho tiempo sin que lo sepamos.
Zacatecas, Zac. 23 de julio de 2008
Consejo Zacatecano para la Defensa del Petróleo
Como se había previsto, el 22 del presente concluyó un ejercicio de discusión pública que reviste gran importancia dentro del proceso democratizador de la vida nacional.
Las contundentes intervenciones de Alfredo Jalife-Rahme, Manuel Bartlet y Víctor Flores Olea en el sentido de que la propuesta de Calderón implica la subordinación de nuestro país a la lógica de las trasnacionales y del gobierno de los Estados Unidos, consolidan la percepción de que detrás de los afanes privatizadores del petróleo, se esconden compromisos contraídos con anterioridad al proceso electoral del 2006 pero no desvinculados de éste.
Los veintiún foros celebrados generaron una riqueza informativa que en mucho contribuirá a acercar al ciudadano con la realidad del país.
En la historia reciente, digamos la de los últimos veinticinco años, un pequeño grupo ha tomado decisiones que afectan a la totalidad de los mexicanos. Entre las más importantes sobre sale la entrega de bienes nacionales a particulares (siderúrgicas, ferrocarriles, bancos, puertos y aeropuertos, carreteras, cadenas televisivas, ingenios azucareros, líneas aéreas, etc., etc.).
No es difícil imaginar lo saludable que hubiera sido para todos que estas privatizaciones se produjeran sólo después de que los ciudadanos manifestaran su parecer forjado en un debate amplio e informado.
Si así se procesaran las grandes decisiones, el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá no se hubiera firmado o hubiésemos logrado un acuerdo comercial mejor.
Esa pesada carga que los mexicanos llevamos en la espalda que se llama FOBAPROA, en donde los banqueros se despacharon con la cuchara grande a costa de la quiebra de cientos de miles de pequeñas y medianas empresas, y del colapso de la economía doméstica de millones de hogares, nunca se hubiera producido si en ese momento hubiese habido un debate democrático.
El debate petrolero sería imposible sin la movilización ciudadana que lo precedió. Sus alcances estuvieron limitados porque la señal del Canal del Congreso está circunscrita a la minoría de hogares suscriptores de la televisión por cable, pero ello ni impidió que una importante franja de la sociedad pudiera contrastar el tratamiento informativo de los medios de comunicación comerciales con lo que pudo atestiguar de manera directa a través del mencionado Canal del Congreso.
Esta experiencia contribuye a ampliar los horizontes analíticos del público de los medios, intensificando el reclamo social de una comunicación democrática, plural, veraz.
Lo que sigue es el esfuerzo ciudadano por la consulta cuya primera fase tendrá lugar el próximo domingo 27 de julio para ser continuada el 10 de agosto, y concluida el 24 de agosto, fecha en que los zacatecanos tendremos la oportunidad de vivir esta experiencia.
Al día siguiente de concluidos los debates, ha sido presentada ante la Comisión Permanente la iniciativa del PRI. En nombre de sus correligionarios, la presentó el Senador Manlio Fabio Beltrones, un político que está jugando frente a Calderón el mismo papel que jugó con Salinas de Gortari, Diego Fernández de Cevallos, lo que nos convoca a intensificar los preparativos para la movilización ciudadana toda vez que no es remota una maniobra desde la cúpula.
Sólo queda una duda ¿Los priístas que elaboraron la iniciativa se atreverán a traicionar sus propios documentos básicos y a desafiar a las voces que dentro de ese mismo partido se han manifestado contra la privatización abierta o encubierta como ellos dicen?
No pasará mucho tiempo sin que lo sepamos.
Zacatecas, Zac. 23 de julio de 2008
Consejo Zacatecano para la Defensa del Petróleo
Las trece líneas rojas de la reforma petrolera. De claración del Grupo de Intelectuales por la Defensa del Petróleo
El pasado 15 de julio, Luis Zapata Linares, secretario de Desarrollo Económico y Ecología del gobierno legítimo de México, participó en los debates que sobre la reforma a Pemex organiza el Senado de la República. Como parte de su ponencia, Zapata Linares dio lectura a un comunicado a nombre del Grupo de Intelectuales para la Defensa del Petróleo, formado por escritores, intelectuales, poetas, pintores, analistas y académicos, documento al que han titulado “Las trece líneas rojas de la Reforma Petrolera”, y que a continuación el servicio de noticias ISA reproduce íntegramente.
Los debates alrededor de la llamada propuesta de reforma energética ya han puesto en claro que el conjunto de seis iniciativas debería ser rechazado. Es inaceptable, primero, por su carácter contrario a la letra y el espíritu de la Constitución, a la que se pretende modificar a través de la reforma de leyes secundarias. Es también inaceptable por su evidente intención privatizadora. Ésta se manifiesta en el objetivo implícito de transferir a empresarios e inversionistas privados, tanto foráneos como nacionales, las actividades centrales de la industria. Se les permitiría construir, operar y ser propietarios de instalaciones, equipos y ductos para explorar y desarrollar campos de petróleo y gas; para refinar petróleo y procesar gas, y para transportar, almacenar y distribuir productos petrolíferos y petroquímicos básicos. En una palabra, se pondría en manos privadas el núcleo de la industria petrolera, constituido por las funciones básicas de Pemex.
Específicamente, destacan en las iniciativas propuestas trece disposiciones que resultan en especial lesivas al desarrollo nacional y en las que se materializa el despojo que se pretende perpetrar. Se trata de las siguientes trece líneas rojas:
Primera: autorizar la asignación por invitación restringida o adjudicación directa de contratos de obras y de prestación de servicios para realizar actividades sustantivas, incluyendo exploración y desarrollo, refinación y petroquímica básica. Los contratos de mayor importancia —como los relativos al desarrollo de innovaciones tecnológicas y a servicios de consultoría, estudios, asesorías, investigaciones y capacitación— podrán no someterse a licitación. Además, tanto el alcance de estos contratos como las remuneraciones correspondientes podrán ser fijos o variables, determinadas o determinables, e incluir “incentivos tendientes a maximizar la eficacia o éxito de la obra o servicio”. Es evidente una laxitud excesiva que abre espacios a la corrupción. (Arts. 45 y 46 del proyecto de Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos —en adelante Ley Orgánica.)
Segunda: transferir a particulares porciones no determinadas de la renta petrolera derivada de las operaciones de producción de petróleo y gas que se contraten con ellos. Establecer que, en todos los casos, las remuneraciones serán en efectivo y no concederán propiedad sobre los hidrocarburos no es condición suficiente para evitar la transferencia de renta ni para asegurar que Pemex conservará el control sobre las actividades de exploración y desarrollo. El pago en efectivo por la exploración y extracción equivaldrá al precio de mercado del crudo extraído y disminuirá el monto de la renta petrolera que Pemex-PEP realice en el momento de comercializarlo. (Art. 6º del proyecto de Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo —en adelante Ley Reglamentaria— y Art. 46 de la Ley Orgánica.)
Tercera: acentuar la artificial especialización de Pemex en la extracción de petróleo y gas, entregando al sector privado la elaboración de productos industriales de alto valor agregado. En las iniciativas no se distingue entre cubrir un costo temporal de mercado por servicios recibidos —en tanto se desarrollan las capacidades propias— y hacer partícipes de las utilidades a socios permanentes. Esto se plantea en el caso de la refinación en que, dados los actuales diferenciales de precios entre el crudo pesado, el ligero y las gasolinas, una planta de 400 MBD, a los precios internacionales vigentes, asegura márgenes no inferiores a dos o tres mil millones de dólares anuales, con lo que la inversión realizada podría recuperarse con alta probabilidad al tercer año de haber iniciado operaciones. (Véase, entre otros, el Art. 4º de la Ley Reglamentaria.).
Cuarta: autorizar, a trasmano y sin reconocer su verdadero carácter, la celebración de contratos de riesgo, contrariando el espíritu de la Constitución y el texto vigente de la Ley Reglamentaria. La suma de las características que se atribuyen a los contratos para la realización de obras y la prestación de servicios relacionados con la exploración y desarrollo —incluyendo la concesión de incentivos por desempeño (se pagará más que proporcionalmente por barril extraído mientras más se extraiga), la flexibilidad en cuanto al objeto y la remuneración de las obras y servicios y la equivalencia entre el pago en efectivo y el valor del petróleo producido— los hacen de hecho indistinguibles de los contratos de riesgo. A diferencia de lo que ocurre con los permisionarios de transporte, almacenamiento y distribución, las iniciativas no especifican las obligaciones de los contratistas o permisionarios privados de exploración, desarrollo y refinación. (Diversos artículos de la Ley Reglamentaria, en especial omisión incurrida en el Art. 15, y de la Ley Orgánica.)
Quinta: posibilitar el desplazamiento de Pemex y su sustitución por empresas privadas en actividades sustantivas de la industria petrolera. El tipo de contratos de obras y prestación de servicios previstos en las iniciativas pueden, potencialmente, dar lugar a la exclusión del organismo de nuevos espacios y localizaciones de la industria petrolera. Es concebible, por ejemplo, que una sola empresa o un consorcio de ellas celebren un contrato de exploración y desarrollo, conectado con un segundo contrato para servicios de refinación y un tercero de transporte —incluyendo el tendido y operación de ductos— y almacenamiento para distribución, estableciendo una cadena de actividades integradas por completo al margen del organismo. (Interpretación del alcance de diversos artículos de la Ley Reglamentaria y de la Ley Orgánica.)
Sexta: prever sanciones más rigurosas para Pemex y sus subsidiarias que para los permisionarios privados. El régimen en materia de obligaciones, sanciones y medidas de seguridad plantea, en general, más exigencias a los organismos públicos que a los permisionarios privados. (Art. 15ª de la Ley Reglamentaria.)
Séptima: abandonar el carácter de empresa petrolera integrada y flexibilizar la estructura institucional de Pemex, en cuanto al número, objeto y permanencia de sus organismos subsidiarios. Se abandona el concepto del organismo como empresa petrolera integrada y se abre la puerta para que sus organismos subsidiarios sean establecidos, fusionados o incluso extinguidos por iniciativa presidencial, aprobada por el Consejo de Administración. Sería preferible que la Ley estableciera el carácter de Pemex como organismo integrado e indicase que el eventual establecimiento, fusión o extinción de sus subsidiarias sólo podría efectuarse por Ley, de suerte que correspondiera al Congreso la responsabilidad de establecer la estructura institucional del organismo. (Art. 4º y fracc. VIII del Art. 18 de la Ley Orgánica.)
Octava: establecer la “creación de valor económico” como objetivo central. Debe reestablecerse la garantía de la seguridad energética de la nación, mediante el abasto oportuno y eficiente de la demanda nacional como objetivo primordial del organismo. De otro modo, se mantendrá y aún acentuará el sesgo exportador. (Último párrafo del Art 7º de la Ley Orgánica.)
Novena: proponer un Consejo de Administración de Pemex cuya integración, facultades, carácter discriminatorio, grado de discrecionalidad, falta de transparencia, insuficiencia de responsabilidad e indefinición de atribuciones lo torna funcional sólo para los propósitos privatizadores, pero no para una gestión eficiente del organismo.
(Sección II de la Ley Orgánica.) Adviértanse, en especial, las siguientes características del CA propuesto:
• Integración. Se propone elevar de once a quince el número de integrantes del CA, añadiendo a cuatro “consejeros profesionales”, dos de los cuales serían de tiempo completo y representantes del Estado y dos de tiempo parcial, sin aclarar a quién representarían. Se establecen así consejeros de dos categorías, lo que es discriminatorio. No se señala cómo se garantizará la ausencia de conflicto de interés de los consejeros profesionales de tiempo parcial, respecto de sus demás actividades. (Fracc. III del Art. 8º y Art. 15 de la Ley Orgánica)
• Designación. Al elevarse de once a quince el número de integrantes del CA, se eleva también la proporción de los nombrados directamente por el presidente de la República, que pasa de 55 a 66 por ciento del total. Esta designación los convierte, de hecho, en representantes del gobierno. Si se deseara que fueran de veras profesionales e independientes se prevería, por ejemplo, que fueran designados por el Congreso a propuesta de colegios profesionales o entidades académicas. La designación por ocho años, como ha hecho notar el INAP, rebasa “la temporalidad de las facultades del ejecutivo”. (Fracc. I y III del Art. 4º y Art. 14 de la Ley Orgánica.)
• Transparencia. Se relega al reglamento del CA la definición de las “normas para la difusión de los acuerdos y, en su caso, de los votos particulares” del CA. En beneficio de una verdadera transparencia, estas normas deberían establecerse en la Ley. (Art. 15 de la Ley Orgánica.)
Décima: conceder protección extralegal a favor de los miembros del CA y del director general. Establecer seguros, fianzas o cauciones a favor de esos funcionarios para cubrir el monto de las posibles indemnizaciones por los daños o perjuicios que puedan causar constituye un incentivo al descuido, la irresponsabilidad e incluso la corrupción. Es una propuesta por completo inadmisible. También es inadmisible que los consejeros profesionales de tiempo parcial no estén sujetos al régimen de responsabilidades de los servidores públicos. (Art. 37 y 30 de la Ley Orgánica.)
Undécima: emitir “bonos ciudadanos” como un primer paso hacia la bursatilización de una parte del capital de Pemex. Más que títulos de deuda, ya que su rendimiento no es fijo, sino que está relacionado con los resultados del organismo, los bonos parecen acciones o títulos de inversión neutra, es decir sin derechos corporativos. Aunque se tiene previsto que no rebasen del 5% del total de la deuda registrada del organismo, es posible que se conviertan en un vehículo para el financiamiento privado de Pemex. (Apartado B del capítulo IV de la Ley Orgánica.)
Duodécima: aceptar “la aplicación de derecho extranjero [y] la jurisdicción de tribunales extranjeros en asuntos mercantiles” es absolutamente improcedente e inaceptable. Sacrifica las mejores tradiciones jurídicas internacionales, sustento de la soberanía de la nación. (Párrafo segundo del Art. 49 de la Ley Orgánica.)
Decimatercera: orientar la modificación de la Ley Federal de Derechos aplicables a Pemex a estimular, con un trato fiscal benigno, la explotación de campos difíciles (Chicontepec y aguas profundas), cuya exploración y desarrollo muy probablemente sea contratada con empresas privadas, extranjeras o nacionales. Se incurre en el error político de separar el tratamiento impositivo general por otro más suave a esos yacimientos, donde aparentemente residen las mayores tentaciones privatizadoras o de formación de alianzas asociativas con empresas extranjeras.
Los debates alrededor de la llamada propuesta de reforma energética ya han puesto en claro que el conjunto de seis iniciativas debería ser rechazado. Es inaceptable, primero, por su carácter contrario a la letra y el espíritu de la Constitución, a la que se pretende modificar a través de la reforma de leyes secundarias. Es también inaceptable por su evidente intención privatizadora. Ésta se manifiesta en el objetivo implícito de transferir a empresarios e inversionistas privados, tanto foráneos como nacionales, las actividades centrales de la industria. Se les permitiría construir, operar y ser propietarios de instalaciones, equipos y ductos para explorar y desarrollar campos de petróleo y gas; para refinar petróleo y procesar gas, y para transportar, almacenar y distribuir productos petrolíferos y petroquímicos básicos. En una palabra, se pondría en manos privadas el núcleo de la industria petrolera, constituido por las funciones básicas de Pemex.
Específicamente, destacan en las iniciativas propuestas trece disposiciones que resultan en especial lesivas al desarrollo nacional y en las que se materializa el despojo que se pretende perpetrar. Se trata de las siguientes trece líneas rojas:
Primera: autorizar la asignación por invitación restringida o adjudicación directa de contratos de obras y de prestación de servicios para realizar actividades sustantivas, incluyendo exploración y desarrollo, refinación y petroquímica básica. Los contratos de mayor importancia —como los relativos al desarrollo de innovaciones tecnológicas y a servicios de consultoría, estudios, asesorías, investigaciones y capacitación— podrán no someterse a licitación. Además, tanto el alcance de estos contratos como las remuneraciones correspondientes podrán ser fijos o variables, determinadas o determinables, e incluir “incentivos tendientes a maximizar la eficacia o éxito de la obra o servicio”. Es evidente una laxitud excesiva que abre espacios a la corrupción. (Arts. 45 y 46 del proyecto de Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos —en adelante Ley Orgánica.)
Segunda: transferir a particulares porciones no determinadas de la renta petrolera derivada de las operaciones de producción de petróleo y gas que se contraten con ellos. Establecer que, en todos los casos, las remuneraciones serán en efectivo y no concederán propiedad sobre los hidrocarburos no es condición suficiente para evitar la transferencia de renta ni para asegurar que Pemex conservará el control sobre las actividades de exploración y desarrollo. El pago en efectivo por la exploración y extracción equivaldrá al precio de mercado del crudo extraído y disminuirá el monto de la renta petrolera que Pemex-PEP realice en el momento de comercializarlo. (Art. 6º del proyecto de Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo —en adelante Ley Reglamentaria— y Art. 46 de la Ley Orgánica.)
Tercera: acentuar la artificial especialización de Pemex en la extracción de petróleo y gas, entregando al sector privado la elaboración de productos industriales de alto valor agregado. En las iniciativas no se distingue entre cubrir un costo temporal de mercado por servicios recibidos —en tanto se desarrollan las capacidades propias— y hacer partícipes de las utilidades a socios permanentes. Esto se plantea en el caso de la refinación en que, dados los actuales diferenciales de precios entre el crudo pesado, el ligero y las gasolinas, una planta de 400 MBD, a los precios internacionales vigentes, asegura márgenes no inferiores a dos o tres mil millones de dólares anuales, con lo que la inversión realizada podría recuperarse con alta probabilidad al tercer año de haber iniciado operaciones. (Véase, entre otros, el Art. 4º de la Ley Reglamentaria.).
Cuarta: autorizar, a trasmano y sin reconocer su verdadero carácter, la celebración de contratos de riesgo, contrariando el espíritu de la Constitución y el texto vigente de la Ley Reglamentaria. La suma de las características que se atribuyen a los contratos para la realización de obras y la prestación de servicios relacionados con la exploración y desarrollo —incluyendo la concesión de incentivos por desempeño (se pagará más que proporcionalmente por barril extraído mientras más se extraiga), la flexibilidad en cuanto al objeto y la remuneración de las obras y servicios y la equivalencia entre el pago en efectivo y el valor del petróleo producido— los hacen de hecho indistinguibles de los contratos de riesgo. A diferencia de lo que ocurre con los permisionarios de transporte, almacenamiento y distribución, las iniciativas no especifican las obligaciones de los contratistas o permisionarios privados de exploración, desarrollo y refinación. (Diversos artículos de la Ley Reglamentaria, en especial omisión incurrida en el Art. 15, y de la Ley Orgánica.)
Quinta: posibilitar el desplazamiento de Pemex y su sustitución por empresas privadas en actividades sustantivas de la industria petrolera. El tipo de contratos de obras y prestación de servicios previstos en las iniciativas pueden, potencialmente, dar lugar a la exclusión del organismo de nuevos espacios y localizaciones de la industria petrolera. Es concebible, por ejemplo, que una sola empresa o un consorcio de ellas celebren un contrato de exploración y desarrollo, conectado con un segundo contrato para servicios de refinación y un tercero de transporte —incluyendo el tendido y operación de ductos— y almacenamiento para distribución, estableciendo una cadena de actividades integradas por completo al margen del organismo. (Interpretación del alcance de diversos artículos de la Ley Reglamentaria y de la Ley Orgánica.)
Sexta: prever sanciones más rigurosas para Pemex y sus subsidiarias que para los permisionarios privados. El régimen en materia de obligaciones, sanciones y medidas de seguridad plantea, en general, más exigencias a los organismos públicos que a los permisionarios privados. (Art. 15ª de la Ley Reglamentaria.)
Séptima: abandonar el carácter de empresa petrolera integrada y flexibilizar la estructura institucional de Pemex, en cuanto al número, objeto y permanencia de sus organismos subsidiarios. Se abandona el concepto del organismo como empresa petrolera integrada y se abre la puerta para que sus organismos subsidiarios sean establecidos, fusionados o incluso extinguidos por iniciativa presidencial, aprobada por el Consejo de Administración. Sería preferible que la Ley estableciera el carácter de Pemex como organismo integrado e indicase que el eventual establecimiento, fusión o extinción de sus subsidiarias sólo podría efectuarse por Ley, de suerte que correspondiera al Congreso la responsabilidad de establecer la estructura institucional del organismo. (Art. 4º y fracc. VIII del Art. 18 de la Ley Orgánica.)
Octava: establecer la “creación de valor económico” como objetivo central. Debe reestablecerse la garantía de la seguridad energética de la nación, mediante el abasto oportuno y eficiente de la demanda nacional como objetivo primordial del organismo. De otro modo, se mantendrá y aún acentuará el sesgo exportador. (Último párrafo del Art 7º de la Ley Orgánica.)
Novena: proponer un Consejo de Administración de Pemex cuya integración, facultades, carácter discriminatorio, grado de discrecionalidad, falta de transparencia, insuficiencia de responsabilidad e indefinición de atribuciones lo torna funcional sólo para los propósitos privatizadores, pero no para una gestión eficiente del organismo.
(Sección II de la Ley Orgánica.) Adviértanse, en especial, las siguientes características del CA propuesto:
• Integración. Se propone elevar de once a quince el número de integrantes del CA, añadiendo a cuatro “consejeros profesionales”, dos de los cuales serían de tiempo completo y representantes del Estado y dos de tiempo parcial, sin aclarar a quién representarían. Se establecen así consejeros de dos categorías, lo que es discriminatorio. No se señala cómo se garantizará la ausencia de conflicto de interés de los consejeros profesionales de tiempo parcial, respecto de sus demás actividades. (Fracc. III del Art. 8º y Art. 15 de la Ley Orgánica)
• Designación. Al elevarse de once a quince el número de integrantes del CA, se eleva también la proporción de los nombrados directamente por el presidente de la República, que pasa de 55 a 66 por ciento del total. Esta designación los convierte, de hecho, en representantes del gobierno. Si se deseara que fueran de veras profesionales e independientes se prevería, por ejemplo, que fueran designados por el Congreso a propuesta de colegios profesionales o entidades académicas. La designación por ocho años, como ha hecho notar el INAP, rebasa “la temporalidad de las facultades del ejecutivo”. (Fracc. I y III del Art. 4º y Art. 14 de la Ley Orgánica.)
• Transparencia. Se relega al reglamento del CA la definición de las “normas para la difusión de los acuerdos y, en su caso, de los votos particulares” del CA. En beneficio de una verdadera transparencia, estas normas deberían establecerse en la Ley. (Art. 15 de la Ley Orgánica.)
Décima: conceder protección extralegal a favor de los miembros del CA y del director general. Establecer seguros, fianzas o cauciones a favor de esos funcionarios para cubrir el monto de las posibles indemnizaciones por los daños o perjuicios que puedan causar constituye un incentivo al descuido, la irresponsabilidad e incluso la corrupción. Es una propuesta por completo inadmisible. También es inadmisible que los consejeros profesionales de tiempo parcial no estén sujetos al régimen de responsabilidades de los servidores públicos. (Art. 37 y 30 de la Ley Orgánica.)
Undécima: emitir “bonos ciudadanos” como un primer paso hacia la bursatilización de una parte del capital de Pemex. Más que títulos de deuda, ya que su rendimiento no es fijo, sino que está relacionado con los resultados del organismo, los bonos parecen acciones o títulos de inversión neutra, es decir sin derechos corporativos. Aunque se tiene previsto que no rebasen del 5% del total de la deuda registrada del organismo, es posible que se conviertan en un vehículo para el financiamiento privado de Pemex. (Apartado B del capítulo IV de la Ley Orgánica.)
Duodécima: aceptar “la aplicación de derecho extranjero [y] la jurisdicción de tribunales extranjeros en asuntos mercantiles” es absolutamente improcedente e inaceptable. Sacrifica las mejores tradiciones jurídicas internacionales, sustento de la soberanía de la nación. (Párrafo segundo del Art. 49 de la Ley Orgánica.)
Decimatercera: orientar la modificación de la Ley Federal de Derechos aplicables a Pemex a estimular, con un trato fiscal benigno, la explotación de campos difíciles (Chicontepec y aguas profundas), cuya exploración y desarrollo muy probablemente sea contratada con empresas privadas, extranjeras o nacionales. Se incurre en el error político de separar el tratamiento impositivo general por otro más suave a esos yacimientos, donde aparentemente residen las mayores tentaciones privatizadoras o de formación de alianzas asociativas con empresas extranjeras.
Opinión de Rogelio Ramírez de la O en El Universal
Petróleo, oportunidad perdida
Para la economía es muy malo que las próximas elecciones en México sean hasta julio de 2009, pues lo más probable es que el gobierno siga aumentando su gasto corriente y así desperdiciando los recursos del petróleo.
El auditor fiscal de la Federación señaló en su participación en el debate energético en el Senado que el gobierno de Vicente Fox recibió ingresos por encima de lo que presupuestó (llamados “excedentes”) por 722 mil millones de pesos o casi 70 mil millones de dólares, casi el doble de la deuda externa del sector público.
Aun cuando el Presupuesto ya cubre todos los gastos del año bajo el supuesto de incrementos razonables, una vez recibidos los ingresos excedentes el gobierno los gastó en vez de ahorrarlos. Lo malo es que 73% lo dedicó al gasto corriente y sólo 13% a la inversión física.
Infortunadamente, hay una continuidad entre el gobierno de Fox y el actual, pues el gasto corriente sigue aumentando. En 2007 los excedentes fueron 126 mil millones de pesos y en 2008 (sólo por el petróleo) serán casi 200 mil millones más.
El gasto corriente ha aumentado aun a mayor velocidad que cuando Fox. En sólo dos años (2007-2008) saltó casi 400 mil millones de pesos.
Estos aumentos son peligrosos porque no son sostenibles. Además, porque si el gobierno no los ha evitado, significa que ya son parte de su esquema de gobierno. Así, cualquier reducción futura sólo ocurrirá forzada por alguna crisis. A la ley de Murphy, “todo lo que puede salir mal, saldrá mal”, el corolario de Finagle (ley de dinámica negativa) agrega: “en el peor momento posible”.
En efecto, la trayectoria de gasto público corriente se mantiene en el peor momento para la economía estadounidense desde 1929.
Así como el gobierno se equivocó en sus previsiones sobre la economía estadounidense, primero negando su debilitamiento y luego minimizándolo, igual se equivocó en sus cálculos de exportaciones de petróleo. En sus Criterios de Política Económica para el Presupuesto de 2009 presupuestó exportación de mil 683 millones de barriles diarios (mbd). En mayo la exportación apenas llegó a mil 376 mbd, es decir, casi 300 mil barriles diarios menos.
La producción y las exportaciones están bajando y es una tendencia firme. Si el gasto sigue aumentando, cuando se reduzca el ingreso petrolero el país viviría una grave situación. Como tratará de ocultar el problema hasta julio de 2009, sus decisiones tendrán efectos acumulativos fatales.
Desde 2006 el actual gobierno habrá aumentando su gasto en alrededor de tres puntos porcentuales del PIB, gracias a mayores precios del petróleo. Pero una caída del volumen de exportación obligaría a fuertes recortes. Sólo para recordar, cuando Ernesto Zedillo tuvo que recortar el gasto por la crisis que heredó de Salinas en 1995, el recorte fue salvaje y apenas llegó a 1.3 puntos porcentuales en el gasto corriente y 0.4 puntos en la inversión física.
En la administración de Carlos Salinas el déficit en la cuenta corriente externa que finalmente causó la devaluación se veía insostenible desde 1992. En esta ocasión el déficit está oculto, pero sólo mientras duren los altos precios del petróleo y los volúmenes de exportación. Como vamos, el desenlace será muy doloroso. Las recriminaciones serán como las que recibió López Portillo por haber desperdiciado la oportunidad histórica de ingresos petroleros sin precedente. Y eso que López Portillo invirtió más en capacidad industrial y en oferta de alimentos.
rograo@gmail.com
Analista económico
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