Por J.Luis Medina Lizalde
AL PRINCIPIO
La historia es rica en ejemplos de personas que traicionan a las causas e instituciones que les dan identidad, fortuna, prestigio, poder, no hay gesta histórica cuyo idealismo esté inmune a la deslealtad, pero también la historia abunda en ejemplos de equivocación de quienes encarnan una causa o una institución y aniquilan a quienes las apariencias les jugaron una mala pasada siendo inocentes y leales. Le paso al poeta salvadoreño Roque Dalton, cruelmente ejecutado por guerrilleros que lo creyeron agente del CIA.
El michoacanazo apunta hacia una operación político electoral infame, la PGR no sustenta los cargos que le amargaron la vida a 30 funcionarios públicos que después de muchas penalidades físicas, morales y económicas han derrumbado las temerarias acusaciones justificadas en esa horrenda importación de los Estados Unidos que se llama “testigos protegidos”.
La toma de protesta al amparado diputado Julio César Godoy Toscano, hermano del actual gobernador de Michoacán es elocuente. Se pretende hacer creer que Godoy entró en la cajuela de un auto, cuando entró como pasajero normal en un vehiculo propiedad del diputado Guadalupe Acosta Naranjo. El espectacular despliegue policiaco fue solo una operación propagandística, el móvil mas creíble del michoacanazo es la pretensión de limpiarle el camino a la gubernatura a María Luisa Calderón Hinojosa, hermana de Felipe de los mismos apellidos.
La solidaridad perredista con el diputado Godoy es el cumplimiento de una obligación moral con uno de sus miembros, para eso hubo de pasar el tiempo necesario para que quedara evidenciada la carencia de elementos incriminatorios contra la casi totalidad de los espectacularmente apresados.
EL CASO ZACATECAS, PRUEBA ETICA
En esa lógica el perredismo zacatecano está ante un panorama complejo, en donde deberá tomar una decisión respecto a la situación en que se encuentra ante la opinión pública el gobierno que encabezo su expresidenta, Amalia García Medina.
El gobierno de Miguel Alonso anunció el programa de inicio “100 días 100 acciones”, pero parece que lo cambio por el de “100 días, 100 denuncias”.
Lo primero que debe asumir el PRD, es que de la misma manera que sería injusto calificar de narcos a todos los priístas por el caso de Mario Villanueva, debe denunciar enérgicamente toda pretensión de descalificar a todo el perredismo por las tropelías que hubiesen cometido algunos de los funcionarios del gobierno anterior. Por cierto, mayoritariamente ajenos a la militancia perredista.
Amplios sectores del PRD nunca sintieron el gobierno de Amalia García como propio, no solo eso, muchos se consideraron desplazados por un grupo de incondicionales a ella, ajeno a toda motivación democrática.
Aquí cabe preguntarles a los que con razón, o no, se consideran injustamente desplazados, ¿es políticamente ético asumir con indiferencia el linchamiento mediático de los exfuncionarios en donde solo se ofrecen versiones de difícil verificación? En mi opinión, una conducta de ese corte implicaría permitir ser guiados por el rencor a senderos muy apartados del derecho, de la verdad, de lo que es justo.
A algunos el dinero les mata los ideales, a otros el rencor.
El otro lado de la moneda lo conforman los que del amalismo lo recibieron todo; unos ya encontraron acomodo en la casa de enfrente, otros, los menos, se reivindican solidarios con el pasado gobierno.
¿Es moralmente válido defender a ultranza un gobierno tan severamente castigado por las urnas, sin más razón que la identificación grupal o partidaria? La autocrítica, ese lujo de los inteligentes, en este caso ya no les serviría para hacer de otro modo lo que ya hicieron, pero haría atendibles sus juicios.
AL ÚLTIMO A ENCONTRAR LA VERDAD
El informe colectivo de los diputados federales perredistas celebrado ayer, mostró la búsqueda de lo pertinente en el nuevo contexto político, después de la queja por “la persecución”, de la nada original insistencia en un “pacto por Zacatecas”. El discurso de Alejandro Encinas aporta los elementos para estructurar una defensa objetiva mediante los datos duros que para abono de la imparcialidad, proceden de instancias federales.
El perredismo tiene el derecho y la obligación de reclamar pruebas de lo que hasta ahora no pasa de versiones periodísticas, si con el transcurso del tiempo éstas no llegan el efecto boomerang será a su favor. Pero si se demuestra que algunos de sus miembros incurrieron en conductas punibles, deberá apoyar la acción de los tribunales y expulsar de sus filas a los responsables con mucha mas justificación que las que puede invocar contra los perredistas que optaron por Miguel Alonso, porque los primeros le habrán fallado al pueblo, los segundos, en todo caso, solamente a su partido.
Nos vemos el jueves en El Recreo
