lunes, 25 de octubre de 2010

En 2012 ganaremos por 20 puntos: AMLO

Sostuvo que el movimiento nacional que encabeza se basa en ciudadanos, no en partidos

En 2012 ganaremos por 20 puntos: AMLO
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Miles de ciudadanos respondieron a la convocatoria de Andrés Manuel López Obrador en los municipios mexiquenses de Atizapán de Zaragoza, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli y, en la imagen, TepotzotlánFoto La Jornada
Alma E. Muñoz
Enviada
Periódico La Jornada
Lunes 25 de octubre de 2010, p. 15

Cuautitlán Izcalli, Méx., 24 de octubre. Andrés Manuel López Obrador sostuvo que en 2012 el movimiento nacional que encabeza puede ganar las elecciones presidenciales con 20 puntos de ventaja. Tengo mis cálculos y en 2006 ganamos con cerca de 10 puntos, ésa fue la dimensión del fraude que nos hicieron y ahora les vamos a ganar por 20 puntos, porque ahora hay más gente apoyándonos.

Manifestó que por eso están nerviosos los de la mafia del poder, cuyos integrantes pretenden sacarlos de la contienda. Pero no van a poder. Vamos a seguir organizándonos. No nos vamos a confiar, pero la gente está participando muy dispuesta a lograr el cambio (en el país), afirmó en entrevista posterior a la asamblea que encabezó ante miles de personas que se dieron cita en la plaza central de este municipio para externarle su apoyo.

–¿Necesitan los partidos para ganar? –se le preguntó.

–Cuando ganamos en 2006, con 10 por ciento de ventaja, no fueron votos nada más de militantes, fueron muchos votos de ciudadanos y ahora (en 2012) va a ser así, nada más que con más ciudadanos, con más gente apoyándonos con más convicción.

Se refirió a duplicar la votación, como expresó primero en la asamblea y luego reiteró en entrevista. Calculo que logramos 10 puntos de ventaja (en las elecciones de 2006, por encima de Felipe Calderón). De ese tamaño fue el fraude. Ahora habrá mucho más apoyo, porque la gente que no participó o que fue engañada y votó por el Partido Acción Nacional (PAN), por Calderón, va a votar por nosotros y mucha más gente también, expresó.

Ése es el fondo del porqué están nerviosos los de la mafia del poder, añadió.

Antes, en su discurso, reiteró que el jefe de ese grupo es Carlos Salinas de Gortari, quien –recordó– en la conmemoración del vigésimo aniversario del Instituto Federal Electoral afirmó que está por la alternancia.

Ahora que está el PAN, está diciendo que regrese el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y después posiblemente el PAN. Eso es lo que llama alternancia.

Pero eso, explicó, no es lo que nosotros queremos, sino la transformación del país y gobernar por el pueblo.

–¿Por eso les resulta importante ganar el estado de México?

–Sí, porque aquí (en la entidad mexiquense) está el candidato de Salinas y de los potentados del país (refiriéndose al gobernador Enrique Peña Nieto), al grado de que en la entidad Elba Esther Gordillo, la cacique sindical, va a apoyar al candidato de Peña Nieto.

López Obrador resaltó que el movimiento nacional también está listo para participar en esos comicios, de julio del año entrante, pero sin ir en alianza con el PAN, como pretende la dirigencia nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

En caso de que esto último ocurra, dijo, el Partido del Trabajo, Convergencia, las bases perredistas y ciudadanos sin partido conformarán una alianza alterna con candidato (a) propio.

López Obrador visitó este domingo Atizapán de Zaragoza, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli y Tepotzotlán, cuyas plazas públicas albergaron, cada una, a miles de personas para las asambleas que encabezó, entre petistas, convergentes, perredistas y gente sin partido.

21 universidades, en bancarrota

La falta de recursos para enfrentar el pago de sus trabajadores jubilados y pensionados ha puesto en situación “c rít ica, muy crítica o insostenible”a 21 universidades públicas, de acuerdo con un estudio de la SEP

SUGERENCIA. La SEP recomendó a las universidades establecer una edad de 65 años y 40 de trabajo como mínimo para el retiro de trabajadores (Foto: Archivo EL UNIVERSAL )

Lunes 25 de octubre de 2010 Nurit Martínez | El Universalnurit.martinez@eluniversal.com.mx

Diez universidades del país están en una situación financiera “insostenible”, derivada de la carga que enfrentan por el pago a trabajadores jubilados y pensionados; en otras 11 instituciones el déficit de recursos las coloca en condiciones “críticas o muy críticas”, revela un estudio actuarial realizado a petición de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Frente a este panorama, la SEP recomendó a las universidades establecer una edad de 65 años y 40 de trabajo como mínimo para el retiro; “suspender o disminuir las pensiones a quienes se las hayan otorgado sin razón alguna”, y emprender reformas a los contratos colectivos para pagar compensaciones a trabajadores que aun al estar ya en condiciones de retiro decidan seguir en sus labores.

El estudio actuarial asegura que la deuda o pasivos por jubilación en todas las universidades públicas del país asciende a 449.5 mil millones de pesos, recursos con los que se podría financiar a 300 mil estudiantes, académicos e investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) durante los próximos 16 años.

La “Evaluación del ahorro y diagnóstico de los resultados obtenidos por las reformas a los beneficios que otorgan a sus trabajadores”, que realizó por encargo de la SEP el actuario Carlos Jorge Soto Pérez entre 33 universidades públicas estatales, afirma que la situación que viven 21 de ellas no sólo puede desestabilizar la economía de las instituciones, sino también la de los estados y la del gobierno federal.

A partir de un seguimiento hecho a esta situación desde 2000, la SEP encontró que el déficit acumulado en las universidades públicas por concepto de pensiones y jubilaciones ascendía (a valor de 2008) a 701 mil 143 millones 749 mil pesos.

Les “pega” envejecimiento

Desde 2002 se iniciaron reformas a los contratos colectivos de 28 de 33 instituciones para crear fondos de retiro, prolongar la jubilación de sus maestros y personal administrativo, además de eliminar prácticas como el derecho a retiro a los 20 o 25 años de servicio, con la opción de seguir trabajando en la misma plaza. Para ejecutarlas, la SEP asignó 7 mil 077 millones de pesos hasta 2009, con los que logró que el pasivo se redujera a 449.5 mil millones de pesos.

A pesar de esas reformas, que en su momento fueron consideradas un “ejemplo” para emprender modificaciones a los esquemas de seguridad del ISSSTE y del IMSS, las universidades estatales de Zacatecas, Veracruz, Sonora, Morelos, Michoacán, estado de México, Guerrero, Guanajuato, Chiapas y Ciudad del Carmen se enfrentan a una situación “insostenible”.

Las que están en situación “crítica” o “muy crítica” son las de Oaxaca, Nayarit, Durango, Tabasco, Querétaro, Puebla, Yucatán, Campeche, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas.

Sólo tres universidades, las de Baja California, Nuevo León y el Instituto Tecnológico de Sonora, tienen la “suficiencia” de financiamiento para enfrentar el número de trabajadores que se retirarán en los próximos 100 años.

El documento, que hace una proyección sobre lo que ocurrirá en las escuelas como consecuencia del “envejecimiento” de su personal, refiere que cinco universidades tienen “casi resuelto” el esquema de retiro de sus trabajadores.

Las universidades de Guadalajara, Ciudad Juárez, Tlaxcala, Baja California Sur y Sinaloa están próximas a encontrar una alternativa, pero si no emprenden reformas desde hoy su situación se complicará entre 2023 y 2033.

Para otras cuatro instituciones la situación está “medio resuelta”. Se trata de las universidades de Hidalgo, Aguascalientes, Colima y San Luis Potosí. Los recursos y acciones emprendidas ahí les otorgan una suficiencia económica hasta 2021.

Si bien a nivel nacional se contabiliza un trabajador jubilado o pensionado por cada seis en activo, lo que se advierte es que cada vez hay una mayor presión sobre las finanzas de las universidades, ya que hace tan sólo una década había un pensionado por cada 11 en activo.

Las recomendaciones

Los resultados de este estudio actuarial fueron presentados por la SEP a los rectores de las 33 universidades.

Entre las principales recomendaciones propone una reforma para ampliar el esquema para el retiro de los trabajadores. Establece una edad mínima de 65 años y 40 de servicio en la institución.

Incluye también la creación de estímulos a la permanencia, es decir, entregar una compensación salarial de 10% a quienes en lugar de jubilarse sigan laborando; se deberán eliminar las dobles pensiones, se fomentará que los trabajadores realicen aportaciones a su fondo de retiro y se desligarán los aumentos a las pensiones de los incrementos contractuales, para atarlos al aumento del salario mínimo o al del Índice Nacional de Precios al Consumidor.

El reporte considera que “estas modificaciones, seguramente poco populares entre los afectados, corresponden a una postura realista, pues si no es posible garantizar en el largo plazo los beneficios pactados, es necesario ajustarlos a los niveles que permitan su adecuado financiamiento”.

Advierte que se deberá “crear conciencia” en la sociedad sobre el “futuro sumamente crítico” que les espera a las instituciones y al país por el envejecimiento poblacional.

El análisis prevé que con estas medidas “haya una fuerte y cerrada oposición gremial”.

La seguridad social para deudos de agentes federales muertos en su labor, mero discurso

De 234 policías fallecidos de 2006 a 2009, sólo 25 viudas han logrado obtener la pensión

La seguridad social para deudos de agentes federales muertos en su labor, mero discurso
Gustavo Castillo García
Periódico La Jornada
Lunes 25 de octubre de 2010, p. 10

En la guerra contra el crimen organizado han sido asesinados 234 policías federales de diciembre de 2006 al 30 de agosto de este año. Sin embargo, únicamente 25 viudas y huérfanos han logrado obtener la pensión que por ley debe pagar el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Tan sólo en este año 84 de ellos han sido abatidos, emboscados o levantados y luego ejecutados por grupos criminales, y ninguno de sus deudos ha conseguido la pensión correspondiente, de acuerdo con reportes del mismo instituto.

Asimismo, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal y la Policía Federal (antes Policía Federal Preventiva), como su órgano desconcentrado, sostienen que no es de su competencia saber cuántos hijos de agentes caídos en el cumplimiento del deber reciben becas educativas, y desconocen si tales apoyos se pagan, pese a las declaraciones formuladas durante las ceremonias fúnebres, tanto por el presidente Felipe Calderón Hinojosa como por el secretario Genaro García Luna.

Aún más: la Dirección General de Recursos Humanos de la Policía Federal afirma que es inexistente la información de cuántos de sus agentes han quedado discapacitados en los años que lleva ésta en la administración federal. El ISSSTE reporta que en el periodo de 2007 a 2009 ha concedido 17 pensiones a elementos que han quedado en situación de invalidez, y no tiene casos registrados en lo que va de este año.

La Jornada publicó el pasado 18 de octubre testimonios sobre el burocratismo y actos de corrupción que sufren los familiares de los policías abatidos que intentan cobrar los seguros de vida y las pensiones. El viernes 22 de octubre, mediante respuestas a solicitudes de información pública, se obtuvieron datos que ponen al descubierto la falta de apoyo e interés gubernamental para amparar a los deudos de los oficiales victimados y darles seguridad económica.

La información revela que apenas 10.6 por ciento de las familias de los agentes abatidos por la delincuencia han alcanzado una pensión por viudez u orfandad, la cuales van de 5 mil 422 pesos mensuales –para los deudos de quienes ostentaban solamente el cargo de policía– hasta 17 mil 26 pesos para los parientes de los inspectores.

Los datos llegan en el momento que se debate la desaparición de las policías municipales, el establecimiento de los mandos únicos y la creación de corporaciones estatales basadas en jóvenes con preparatoria o carreras truncas, como prevé el proyecto de la SSP federal.

Hace días el secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, apoyó la iniciativa de la SSP federal y aseguró que los retos que se busca subsanar con dicha reforma son la debilidad institucional de los cuerpos policiales estatales y municipales, así como los niveles de corrupción de las instituciones de seguridad locales, lo que provee a la delincuencia organizada un recurso de fácil acceso y alta colaboración.

La seguridad social y económica de los familiares de los agentes muertos sólo es, al parecer, un discurso para las ceremonias luctuosas. De acuerdo con la información obtenida de la propia Policía Federal, en el gobierno de Calderón han sido asesinados por grupos criminales 234 agentes, y sus parientes han quedado en la indefensión, ya que el ISSSTE informó, mediante el oficio SG/SAD/JSII.DA/52115/10, que ha otorgado solamente 25 pensiones por viudez u orfandad en el periodo del 28 de diciembre de 2006 al 21 de octubre de 2009. Los últimos dos meses del año pasado y todo 2010 ya no ha concedido ninguna.

De esos casos, cuatro pensiones no superan 6 mil pesos al mes y otras nueve son por un monto hasta de 8 mil 400 pesos. Es decir, al momento de fallecer, los federales ostentaban grados de policía, cabo de policía y sargento segundo de policía, de acuerdo con el tabulador salarial de la corporación.

La comparación de cifras de elementos caídos que reporta la Policía Federal contra los informes del ISSSTE señalan:

En 2006, de 37 agentes asesinados solamente ocho deudos han obtenido pensiones; en 2007, de 40 fallecidos, 14 huérfanos y viudas han alcanzado el beneficio; en 2008, de 63 elementos ultimados, sólo se se pagan cinco pensiones; en 2009 se reportaron 75 policías abatidos y se otorgaron cinco beneficios de ley.

Para 2010, el ISSSTE reportó: Se realizó una búsqueda exhaustiva en los archivos pensionarios, con las características de policías caídos y no se encontró dato alguno, por lo que se declara inexistente esa información.

La falta de cumplimiento para las familias de los oficiales fallecidos no es nueva: en 2004 se reportaron 20 casos, y solamente se paga pensión a tres viudas y huérfanos; en 2005 se contabilizaron 35 policías caídos y únicamente seis familias lo obtuvieron.

Otro de los compromisos que tienen la Policía Federal y la SSP federal es la entrega de becas educativas para los hijos de los agentes asesinados.

Sin embargo, a través de un oficio, la corporación señaló que su Coordinación de Servicios Generales no se encuentra en posibilidades de responder cuántas becas de ese tipo se han entregado, ya que no son del ámbito de competencia de la misma, y pidió que la información se solicitara a la Dirección General de Recursos Humanos de la SSP federal, para que informe de acuerdo a su competencia.

La dependencia que dirige Genaro García Luna informó además: Estamos interpretando que requiere información respecto del Órgano Administrativo Desconcentrado Policía Federal, toda vez que dicho órgano administrativo es quien cuenta con elementos de policiales (sic).

Fundamenta su negativa: (...) Toda vez que en caso de llevar a cabo el procedimiento de búsqueda de la información solicitada al interior de esta secretaría se originarían retrasos innecesarios en la obtención de la misma.

Por lo que hace el pago de pensiones por invalidez, el ISSSTE informó que del primero diciembre de 2006 al primero de diciembre de 2009 ha concedido 17 beneficios, y que en 2010 no tiene casos registrados.

Los reportes del instituto señalan que uno de los agentes pensionados obtiene 4 mil 878 pesos mensuales; en cuatro casos se pagan beneficios menores a 6 mil pesos; tres más obtienen alrededor de 7 mil 500 pesos; tres elementos reciben menos de 10 mil pesos y en seis casos se pagan entre 11 mil y 15 mil pesos de pensión.

A su vez, tanto la SSP federal como la Policía Federal indicaron que no cuentan con información del número de elementos que han sido declarados discapacitados en esta guerra y que debieran ser sujetos de una pensión por el ISSTE.

La Policía Federal justificó: Después de haber realizado una búsqueda en los archivos de la Dirección General de Recursos Humanos, se determina que no obra documento alguno que contuviera la información solicitada, por lo que se declara la inexistencia de la información.

Esta corporación ha pagado, de diciembre de 2006 a septiembre de 2010, 334 millones 915 mil 924 pesos con 87 centavos a la compañía Metlife por seguros de vida para los trabajadores de esa institución. Sin embargo, señaló que es inexistente el número de personas que han sido beneficiarias de los mismos, y que no existe obligación legal de tener la información.

Miguel Alcántara Soria, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, señaló: “ésas son las situaciones indebidas, de falta de elemental solidaridad con los familiares de elementos que en su momento han muerto en el cumplimiento del deber.

No estamos haciendo bien las cosas, lo decimos abiertamente. Si no creamos ese proyecto de vida atractivo, pues quién va a querer involucrase como policía del país.

RECREO: El que copia reprueba

Por J. Luis Medina Lizalde


AL PRINCIPIO


La enésima matanza de jóvenes en Ciudad Juárez, el asesinato del Coordinador Estatal de la Policía Preventiva en el estado de Michoacán, las balaceras con saldo de varios muertos en Saltillo y en Acapulco, el estallido de otra granada en Monterrey, muy cerca del famoso penal de Topo Chico y el asesinato de dos líderes sociales en Oaxaca, son evidencias de que el gobierno federal sueña si realmente cree su cuento de que la estrategia puesta en marcha lleva a un lado.
Los Diálogos por la Seguridad con los que pretende apoyar la participación de la sociedad civil en el tema no son en nada diferentes a los rutinarios actos escenográficos con los que cubre el expediente una clase gobernante sin imaginación, la fórmula del Mando Único Policial no acaba de nacer cuando los conocedores del tema la acribillan con severas críticas siendo el menor de los cuestionamientos la inutilidad de la medida, dada la imbatida corrupción en todos los cuerpos policíacos y siendo el señalamiento crítico de mayor profundidad el que establece que en el fondo se vulnera la constitucional autonomía municipal.
La acumulación de hechos delictivos de alto impacto han convencido a prácticamente todo el mundo de que el gobierno federal anda equivocado en su estrategia, lo dicen cada quien a su manera, instituciones como la ONU, el gobierno de los Estados Unidos, los mas destacados medios impresos y electrónicos del planeta.
En México hasta correligionarios de Felipe Calderón como Manuel Espino y Manuel Clouthier le insisten en que por ahí no es la cosa.
El propio Salinas de Gortari, arquitecto de la coalición de facto instalada en el gobierno a partir de 1988, declaró a los medios que cubrían la ceremonia de los 20 años del IFE, que dispone de información de que “jovencitos de 17 años se alquilan como sicarios cobrando 500 pesos por persona asesinada y que ese dinero es para el sustento de sus hogares”, sumándose elípticamente a los que reclaman del poder una visión que trascienda el enfoque militarista en el que se empeña Calderón.


COPIAR AL EQUIVOCADO
El costo de la equivocación de Felipe Calderón se multiplica porque desde las entidades federativas se ha perdido mucho tiempo como consecuencia del disimulo de gobernadores y presidentes municipales que argumentan la jurisdicción federal de los delitos del crimen organizado para no hacer frente a la situación. Como si la seguridad de los habitantes de los territorios donde gobiernan no constituyera su primera obligación.
En vez de asumir como fracaso la participación del Ejército en las funciones de Estado que la Constitución le asigna a los civiles, hacen del elogio al Ejército un mecanismo de ganar adeptos, a Calderón se le puede reprochar su estrategia equivocada, pero tiene a su favor que cuando menos lo ha intentado, en contraste con la mayoría de los gobernadores, como lo muestra el reporte de subejercicio del gasto en la materia.
Nadie aboga porque las distintas procedencias partidistas se traduzca en descoordinación entre niveles de gobierno, pero sí porque la inercia centralista no sea un obstáculo en la formulación de estrategias contra la inseguridad.
Se requiere que se hagan cargo de los rasgos específicos del desafío, el crimen organizado en Michoacán no es idéntico al de Tijuana ni éste al de Sinaloa, ni el de Tamaulipas al de Guerrero ni el de Durango al de Zacatecas, aunque seamos vecinos.


AL ÚLTIMO LA COMPULSIÓN POR LA IMITACIÓN
Las particularidades de cada entidad reclaman que, acorde con un plan general, los gobiernos de los estados elaboren sus planes específicos.
Sin embargo, domina la inercia centralista, los signos de “seguidismo acrítico” que advertimos entre nosotros son: la sobreestimación de lo militar que trasluce la incorporación de generales retirados aún en tareas tan ajenas al oficio como las de Tránsito; la adhesión automática a la reorganización de las policías bajo Mando Único (que pronto pasará de moda) y la celebración de los Diálogos por la Seguridad, puestos en práctica, sin resultado alguno, por el gobierno federal más fallido de la historia en materia de seguridad.
Tenemos muchos años así, si el gobierno federal inventa una secretaría, aquí la echamos a andar, si la quita, la quitamos, si dice que la luna es de queso, es de queso. eso es consecuencia de que en el país gobernara 70 años un mismo partido, cuando era común escuchar que en México, “sin la voluntad del Presidente, no se mueve la hoja de un árbol”.
Nos encontramos el jueves en El Recreo.

jueves, 14 de octubre de 2010

Acepta Molinar Horcasitas un "descuento" a Televisa-Nextel

Acepta Molinar Horcasitas un descuento a Televisa-Nextel

En una sesión cerrada en San Lázaro, reprueban que se hayan diseñado bases a la medida

Advierte el diputado Corral que demandará al funcionario por este golpe letal al Estado

Enrique Méndez y Roberto Garduño
Periódico La Jornada
Jueves 14 de octubre de 2010, p. 28

El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Juan Molinar Horcasitas, reconoció ayer que en la licitación de la banda de 1.9 megahercios se hizo un descuento de 41.4 por ciento –que se redondeó a 42– a Televisa y Nextel para que ambas empresas pagaran 5 mil 75 millones de pesos menos que Telefónica y Telcel en el primer pago por el uso del espectro radioeléctrico.

En el debate que, en privado, sostuvo ayer con el diputado Javier Corral Jurado (PAN), Molinar Horcasitas, al tratar de explicar el descuento a Televisa-Nextel, afirmó que si bien esa asociación pagó 180 millones de pesos contra 5 mil millones de las otras compañías que compitieron, y ello representa “una enorme diferencia de 96 por ciento entre uno y otro pago y se dice ‘ésa es la ganga’, la cifra puede ser engañosa”.

Porque, expresó, no se toman en cuenta los pagos que por 17 mil millones debe hacer Televisa-Nextel durante el plazo de la concesión ni la inversión que por 18 mil millones de pesos ambas firmas tendrán que realizar para montar su red. En sus sumas, cuestionadas por los legisladores del PAN, Molinar afirmó que el costo para las empresas por la explotación del espectro radioeléctrico será de 35 mil millones.

Es como si ustedes van y compran una casa y consideran que con el enganche ya han pagado la casa. El enganche les da derecho a la propiedad y al uso de ella, pero tienen la obligación de seguir pagando. Es lo mismo aquí, dijo.

El funcionario también reconoció que las bases de licitación se configuraron para abrirle la puerta a Televisa-Nextel con el fin de igualar la competencia y dotarlos de un segmento que en su mayoría, alegó, tenían Telcel y Telefónica. Además, reprochó, en 1997 cuando se otorgó un descuento de 44 por ciento a Telefónica como nuevo competidor, nadie objetó la rebaja. Esta vez, expuso, no se regaló la concesión, se pagó lo mismo que en ese año.

En el encuentro, que se desarrolló a puerta cerrada en la zona conocida como el spa del PAN, en la Cámara de Diputados, legisladores hicieron preguntas a ambos personajes. La diputada Teresa Reyes cuestionó que la SCT no preservó los intereses del Estado al otorgar una concesión por un pago reducido con tal de cubrir un proceso a la medida.

Sostuvo: “Es como si en una subasta empieza la puja y va en 10 millones de dólares y de repente surge un excéntrico millonario y dice ‘yo doy 100 millones’, pero no se le puede aceptar porque las bases dicen que sólo se puede vender a un alemán rubio, de 1.80 de alto y ojos azules. Y cuando termina la subasta usted viene y me dice: ‘¿Qué crees? Hay una buena y una mala. La buena es que ya vendí, la mala es que lo vendí por 10 millones’. O sea, nos hizo perder 90 millones de dólares sólo porque las bases estaban sujetas a la característica de un postor”.

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El titular de la SCT, Juan Molinar Horcasitas, ayer al término de un debate con el diputado del PAN Javier CorralFoto Francisco Olvera

En respuesta, Molinar arguyó que si no se declaró desierta la licitación y se modificaron las bases fue porque Televisa y Nextel pudieron exigir un derecho adquirido.

En sus intervenciones, el diputado Javier Corral Jurado expresó que durante todo el proceso de licitación, él y todo el grupo parlamentario sufrieron la presión de Molinar y de Mony de Swaan para flexibilizar la postura en favor de Televisa. “Ustedes –dijo a los diputados panistas que escuchaban– vivieron esa presión junto conmigo, junto con la coordinadora.”

Corral, quien anunció que presentará una solicitud de juicio político contra Molinar, insistió en que las bases de licitación fueron un traje a la medida para favorecer a uno los participantes y robustecer a una empresa que es dominante en el mercado de la televisión, que le impone reglas al Estado. La pregunta fundamental es: ¿a cambio de qué?, ¿a beneficio de quién?

Corral expresó que no se trata sólo de la opinión de un legislador resentido, como le dijo Molinar, sino de técnicos, ex funcionarios y ex subsecretarios.

También, detalló, se basa en la postura de los amparos y suspensiones. “Con esta decisión se está dando un golpe letal al estado de derecho y al Estado mismo. El dilema es moral, no es técnico ni de números, sino de la simulación de una maniobra leguleya, la ‘ventana de oportunidad’ legal que se abrió para entregar el título de concesión. La mentira ofensiva o la verdad”, resaltó.

El presidente de la Comisión de Gobernación reprochó que, con su postura para beneficiar a Televisa, Molinar Horcasitas se alejó de los principios originarios del PAN.

“Es en esa pérdida de nuestros principios donde está la explicación de por qué muchos ciudadanos nos han retirado su confianza. No podemos sentarnos a ver pasar un acto dañino para la nación; tenemos que llevarlo a las autoridades competentes como miembros de un partido que tiene trayectoria y dignidad.

Durante años combatimos el patrimonialismo, y las concesiones que el Estado otorga no pueden ser dadas como pago de favores o en espera de ellos, advirtió.

Al cierre del debate, Molinar respondió: ¿Qué gané con esto? Un beneficio para el mercado mexicano, para el consumidor y la industria, y la satisfacción de hacer una buena política pública.

lunes, 11 de octubre de 2010

Cumple 15 años la movilización de ex braceros que reclaman su parte de $5 billones

Cumple 15 años la movilización de ex braceros que reclaman su parte de $5 billones

Nuestro dinero fue a dar a manos del demonio, el PRI y el PAN

Lo que Fox tiene de grandote lo tiene de mentiroso; Calderón salió peor, dice Hilario Martínez

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Los ex braceros Román Olivares Hernández, Lucio Trujillo Cisneros e Hilario Martínez CortésFoto Sanjuana Martínez
Sanjuana Martínez
Especial para La Jornada
Periódico La Jornada
Domingo 10 de octubre de 2010, p. 37

Nos desnudaban. Luego nos rociaban con insecticida. Decían que era para quitarnos los piojos y las plagas. Luego nos empinaban, dizque para ver si teníamos almorranas. Un gringo nos daba culatazos con los mosquetones mientras estábamos en la fila. Nomás por gusto soltaba chicotazos. Nos daban una polveada de punta a cola. Nos trataban como esclavos, narra Hilario Martínez Cortés, al recordar el sistema sanitario aplicado a los trabajadores mexicanos que iban a trabajar a Estados Unidos en los campos agrícolas hace 60 años, en el llamado Programa Bracero.

Acudieron casi 5 millones de trabajadores, a quienes el gobierno mexicano, por conducto de la administración estadunidense, les quitó 10 por ciento de su salario durante más de 20 años. Un dinero que supuestamente se convertiría en ahorro y les sería entregado al volver a México. La deuda, unos 5 billones de pesos, nunca fue pagada y hoy día los ex braceros siguen exigiendo lo que legítimamente les pertenece, mientras el gobierno de Felipe Calderón se niega a reconocer el adeudo histórico y les da largas para devolverles su dinero.

Han sido 15 años de lucha con pocos resultados. Los ex braceros dicen que no tienen nada que celebrar, pero el 29 de septiembre se conmemoró el Día Internacional del Bracero y, como cada semana, Hilario y otros 200 compañeros de lucha se han concentrado en la Plaza la Purísima de Monterrey para avanzar en los trámites de la demanda interpuesta contra el gobierno mexicano: Es una injusticia lo que han hecho con nosotros. No tiene nombre. Ese dinero es sagrado. Desafortunadamente fue a dar a las manos del demonio: el gobierno del PRI y ahora del PAN. Ellos se lo han ido gastando malamente, dice Hilario Martínez, de 79 años, a La Jornada.

Está sentado en una banca. La mañana es soleada. Apenas una ligera brisa llega desde la fuente. Hilario viste pantalón gris y camisa blanca. En sus manos se observan callosidades de años de trabajo. Cuenta que aprendió a trabajar la tierra a la edad de seis años en su natal General Cepeda, Coahuila. Su familia era aparcera y muy pobre. Por cada cuatro costales de cosecha temporal, uno era para el dueño de la tierra: “Sembraba maíz y frijol. [Andaba] descalzo. Éramos muy pobres: seis hombres y dos mujeres. Era el coyotito. Quedé huérfano con cuatro años, así que tuve que aprender en la labor. Me dejaron hacer la primaria, y aunque me dieron una beca para seguir estudiando, mi hermano se negó porque tenía que ayudar a la familia. Así fue como aprendí esto del campo. El dueño nos prestaba la tierra a la cuarta”.

Separaba la semilla de maíz macho y hembra. El macho era la mejor y aguantaba un año almacenada. Aprendió a usar el azadón, el machete, la rozadera, la escrepa, el alfanje y los arados de timón. Trabajar la tierra implica sacrificio y de eso sabe mucho Hilario: Si llovía había, si no, hambre.

A los 14 años, su hermano mayor le dio a elegir: Quieres la fragua o la sastrería. Hilario analizó las opciones. Recordó en ese momento los chispazos de lumbre que saltaban al golpear los fierros. Y fue testigo de cómo el forjador de metales a pesar del perchero andaba siempre quemado en distintas partes del cuerpo: “Pos elegí la sastrería. Me enseñó Raúl a cambio de estar trabajando con él un año sin paga. Allí empecé planchando, poniendo botones y luego terminé haciendo tres pantalones al día. Un peso por pantalón”.

Recorrió distintas ciudades del norte de la República como pantalonero. No le faltaba. Trabajaba por temporadas y luego volvía a su casa, donde lo esperaba su esposa y sus tres hijos. Un día, sus vecinos lo nombraron secretario general de no asalariados de la CNOP. Y en 1955 le llegó la oferta de irse a trabajar como bracero: Nos pagaban 50 centavos la hora. Andábamos empinados de sol a sol. Nos enderezábamos sólo para pesar. Algunos iban y se dormían con zapatos de lo cansado que acababan. Nos ponían a 300, 500 u 800 trabajadores en galeras de lámina con camas de costales en el suelo. Muy duro.

De 1955 a 1964 fue 12 veces a trabajar en los campos de Estados Unidos. Recorrió la franja del río Bravo del lado texano: Hidalgo, Dona, Álamo y La Mesa. Luego fue a San Luis Misuri; Denver, Colorado, y Modesto, California. Pizcó algodón, uva, alcachofa, pepino: Había que trabajar muy duro para ganarse la tortilla. ¿Qué saben los funcionarios de trabajar? Son unos abusones, miserables, mezquinos. Otras personas ya se hubieran quitado el sombrero, la guaripa o el rebozo frente a nosotros. Estos del gobierno son un atajo de sinvergüenzas. ¿Cómo es posible que aún no sean capaces de regresarnos lo que es de nosotros? Nos robaron. Y nos fuimos con la finta creyendo que con Vicente Fox sería distinto. Pero lo que tiene de grandote lo tiene de mentiroso. Y Calderón salió peor. Desde que tengo luz de conocimiento no he visto un candidato que vaya al poder sin que no prometa sacar a la gente de su pobreza. Veo con tristeza y amargura al cumplir 80 años que mi país está más hundido. ¿Dónde está la ayuda? ¿Dónde el progreso? ¿Dónde el apoyo para salir de pobres? Los pobres seguimos siendo pobres y somos los más arruinados.

Sin papeles

El año pasado el gobierno decretó pagar 38 mil pesos a los ex braceros en entregas de 4 mil pesos durante 10 años. Pero la mayoría de los trabajadores migratorios de esa época son ancianos y algunos han fallecido. La decisión no gustó nada. La lucha ha continuado. El pasado 10 de septiembre finalmente la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley del Fideicomiso de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos para que el gobierno federal les liquide su dinero en un solo pago.

Lucio Trujillo Cisneros de 73 años dice no haber recibido ni los primeros 4 mil pesos por carecer de documentación como muchos otros: Me robaron todos los papeles en Michoacán, comenta sentado en la oficina donde el representante legal y activista social Ignacio Zapata atiende el asunto de los ex braceros. Di los datos para que me den lo mío. Sufrí un infarto, luego me quiso dar una embolia. Y ya no pude seguir con los trámites. Ando con bastón, pero, en cuanto puedo levantarme, aquí estoy.

Nacido en San Pedro de las Colonias, Coahuila, recuerda que fue cuatro veces a trabajar al vecino país. De 1959 a 1963: “Dormíamos en una barraca 3 mil trabajadores. Había 110 estufas para cocinar. No se podía dormir. Además los más largos nos robaban el mandado. Y un grupo de 30 le hablamos al troquero para que nos sacara. Nos llevó a un canalón. Y había mucho zancudo. Duramos ocho días a la intemperie. Le hablamos al troquero para que mejor nos devolviera. Le estábamos dando de comer a los zancudos, nosotros mal comidos con hambre, y trabajados. ¿Qué nos van a dejar? Luego nos llevó a un ranchito abandonado con agua y luz. Fue muy diferente, aunque igual de duro”.

A Lucio, padre de siete hijos, se le quedó grabada la forma en que los recibieron: Nos dejaban embozados pero desnudos para rociarnos insecticida. Iba uno con miedo. Había mirones, pero mejor no los veía. Cuenta que trabajaban 12 horas, incluso más, y aprovechaban la pizca de sol a sol: “Trabajábamos demasiado. ¿Que si había diversión? Pues eso siempre había, con o sin dinero. Ya se imaginará. Íbamos de gira artística adonde había más bullicio. Con muchachas. Soy hombre ¿verdad? Aunque tengo que decir que el tiempo que estuve allá nunca me metí con una mujer. Le fui fiel a mi esposa. Cuando menos en ese tiempo. Es que allá las mujeres son diferentes a las nuestras. Ellas luego luego te echan la ley… mejor no”.

Cuando ya no pasó para el otro lado don Luis dice que se dedicó a la agricultura. Hace 20 años que llegó a Monterrey y consiguió un trabajo de velador y actualmente recibe una pensión: Tengo una pensión de 2 mil pesos. Pago 300 de gas, 400 de teléfono, 200 de agua y otro tanto de luz. Eso no da ni para comer.

Aliens mexicanos

Román Olivares Hernández tenía 23 años cuando se sumó al Programa Bracero. Era 5 de mayo de 1958. Muestra su mica que lo acredita: “Alien Laborer’s Identification”. Recuerda cómo a él y a otros los llevaron en tren de carga hasta Parras, Coahuila. Sacaba 150 dólares a la semana, pero encontró otra actividad: Lavaba la ropa de mis compañeros; a dólar la prenda. Y así sacaba otros 100 dólares. Lo ahorré todo durante nueve meses. Luego volví a Monterrey y me compré mi terrenito. Es la casa donde ahora vivo.

Al volver, estudió técnico electricista; se casó a los 30 años y tiene ocho hijos y siete nietos. Sus manos, arrugadas y visiblemente maltratadas, muestran a sus 75 años a un hombre que ha trabajado intensamente: Empezábamos en la madrugada y hasta la seis de la tarde. Andábamos agachados quitando la hierba alrededor del pepino. Ahorraba todo. Había algunos jugando a la baraja y a los dados. Yo no. Iba a lo que iba. Dormíamos 300 en la misma barraca. Ganábamos bien y nos quitaban ese 10 por ciento.

Indignado por el robo que sufrieron Román advierte que no desistirá en su cometido de recuperar lo que le corresponde: El dinero lo mandaron y el gobierno del PRI se lo robó. Ese tal Miguel Alemán. Creían que no íbamos a reclamar. Claro que sí. Nos vamos a conformar. ¿Cómo nos van a pagar en abonos? Eso está mal. Nos tienen que pagar. ¿Que no hay dinero? ¡Cómo chingaos no! ¡Sí, señor! Nos tienen que dar lo nuestro.

El representante legal Ignacio Zapata, de la Coordinadora Nacional para la Defensa de los ex Braceros, estuvo estos días en el Congreso de la Unión en la votación que determinó el pago total a estos trabajadores. Comenta que hay 172 mil personas inscritas. Y les pagarán en abril de 2011 y lograron que se abriera otra inscripción. En 2006 llegaron 40 mil y en 2009 fueron 170 mil y esperan que el próximo año lo hagan otros 50 mil: De los más de 4 millones que eran ahorita hemos logrado 220 mil personas que reciban los 38 mil pesos. Pero vamos a intentar 250 mil.

Los ex braceros y sus dirigentes temen que el gobierno esta vez tampoco cumpla, porque dependerá de los fondos que apruebe el Congreso. El fideicomiso número 2106 tiene 300 millones de pesos: Esperamos que en 2011 aprueben 700 o mil millones [...]. Aunque sus viudas e hijos pueden reclamar el dinero, el papeleo es difícil que lo puedan cumplir.

Zapata es ejemplo del activista comprometido con los más desfavorecidos. Lleva ocho años luchando por el reconocimiento de los derechos de los ex braceros y considera que a cada uno le deberían haber pagado según cálculos un millón 200 mil pesos: Han recibido un trato injusto. Debieron recibir su dinero en 1964. Y siguen esperando después de 46 años. Lamentablemente muchos han fallecido sin recibir los 38 mil pesos. Una limosna, como ellos la han denominado.

jueves, 7 de octubre de 2010

RECREO: Políticas distractoras

Por J. Luis Medina Lizalde


AL PRINCIPIO
La descomposición social avanza incontenible en todo el país, la desaparición de más de una veintena de turistas michoacanos en Acapulco vuelve a colocar a México en las primeras planas de la prensa mundial acentuando los temores que inhiben inversiones y turismo. La economía sigue en manos de los que la confunden con las relaciones públicas.
Son cada vez más las voces que identifican la violenta descomposición en curso como el fruto natural del sistema político y el modelo económico, por ello, las recetas que se basan en una visión de policías y ladrones lo único que provocan es pérdida de un tiempo precioso.
Ya nadie toma como resbalón la afirmación de la titular del departamento de Estado de los Estados Unidos, Híllary Clínton, su expresión de que en México se vive un proceso de “narcoinsurgencia”. Hasta los lentos de entendederas pueden percibir la ominosa advertencia sustentada en reportes de los más competentes servicios de inteligencia del mundo.


ENTRETENIMIENTO DE TEMPORADA
Sin embargo, el sistema comunicacional mexicano hace de los prolegómenos de unas elecciones locales, las del estado de México, el tema más importante de la vida nacional, mientras el gobierno de Felipe Calderón concreta la entrega de concesiones de más espacio radioeléctrico a Televisa y asociados, a pesar de un amparo vigente.
La oposición al PRI, mediante métodos cupulares que convierten en simples espectadores a los militantes de las bases partidarias del PAN y del PRD, se propone construir una alianza sin antes pactar un programa de gobierno y disponer de una personalidad (si es que existe) del contentillo de la izquierda y la derecha que los abandere en las elecciones de gobernador del próximo año; haciéndole el gran servicio al PRI de enviar el artificioso mensaje a la ciudadanía del país de que quien gane en el estado de México en 2011 ganará las elecciones presidenciales en 2012.
Un dato desmiente tal creencia: en el 2006, el ganador en el Estado de México fue Andrés Manuel López Obrador, y quien despacha en los Pinos es Felipe Calderón “háiga sido, como háiga sido”.
Las élites partidarias ofrecen un espectáculo esquizofrénico. La cúpula del PAN no tiene inconveniente en aliarse con el partido que oficialmente considera espurio al gobierno emanado de sus filas, pues es decisión del congreso nacional del PRD no reconocer la validez del resultado electoral del 2006.
La cúpula del PRD no tiene empacho en aliarse con el partido, que según esa resolución oficial vigente, le hizo víctima de fraude y por si fuera poco, le organiza una operación criminal de desprestigio mediante la artificiosa inculpación de funcionarios del gobierno perredista de Michoacán, mediante lo que Juventino Castro y Castro denomina “testigos protegidos de oficio”.


DESPUÉS DE ELLOS, EL DILUVIO
Mientras se nos ofrece ese distractor, cientos de miles de compatriotas padecen la ruina detonada por lluvias torrenciales en Veracruz, Chiapas, Tabasco y Oaxaca, en donde la carencia de infraestructura estratégica se combina con la corrupta administración de las presas hidroeléctricas deliberadamente subutilizadas para que la CFE adquiera la energía eléctrica de generación privada extranjera, lo que ocasiona la acumulación de agua que en tiempos de lluvias arrasa pueblos.
El sainete del Estado de México nos distrae del debate del presupuesto nacional en donde la asignación de recurso a estados y municipios, así como a sectores productivos, es rehén del esquema faccioso que atiende más la correlación de fuerza con miras al 2012 que las necesidades de bienestar de la población.


¿CUÁL ES EL RUMBO?
En Zacatecas, con tres semanas de ejercer, los nuevos mandos no terminan de “desengancharse” de la confrontación electoral; llenar los espacios comunicacionales de señalamientos al gobierno anterior sin fincar responsabilidades es un truco muy viejo como para que produzca resultados duraderos. La verdad es que no se transmite idea del proyecto en curso, las biografías de los integrantes del gabinete no dan pistas, el discurso oficial tampoco.


SILENCIO QUE HABLA
¿La actual legislatura no tiene nada que decirle a los zacatecanos respecto al estado de cosas heredado?, ¿no hubo pagos indebidos a cambio de votar en determinado sentido?, ¿no se autoremuneraron con bonos no presupuestados en las acostumbradas sesiones privadas?, ¿ no hubo viajes sin justificación?, ¿aprobaron las cuentas públicas por la pulcritud de la mismas?, ¿aprobaron los presupuestos que aprobaron porque el ejecutivo los sustentó con suficiencia?
¿Las abundantes notas periodísticas que dieron cuenta de abusos como los mencionados carecen de sustento?
¿El principio de transparencia es sólo para la administración pública y no para el poder legislativo?, ¿él silencio es una forma de apostar por la continuidad de las prácticas tradicionalmente denunciadas en los medios de comunicación?


AL ÚLTIMO DIJIMOS QUE TODO
Si va en serio eso de transparentar todo, empecemos por aclarar qué entienden por todo, de otro modo, en vez iniciar una etapa de moralización de la vida pública cuya urgencia reconocemos todos, estaremos ante un gastado distractor de efectos temporales que aparta a la ciudadanía de los problemas de fondo.

Nos vemos el lunes en El Recreo