Por J. Luis Medina Lizalde
AL PRINCIPIO
La decisión de Amalia García de presentar una demanda por daño moral en el Distrito Federal es en ejercicio al derecho que le asiste. En todo caso, serán los jueces quienes determinen lo conducente, sin embargo, un ángulo inevitable en este caso es el de las repercusiones que tiene para otros la implementación de estrategias, tanto del Gobierno del Estado como de la propia Amalia.
Cuando un episodio como el que nos ocupa tiene la triple dimensión de batalla jurídica, política y mediática y cuando los protagonistas son relevantes en sus respectivos partidos, son los institutos políticos los primeros afectados. Por ello es normal observar a los líderes poniendo en practica un esquema regularmente dialogado (con la parte acusada) de control de daños o, si es el caso, un franco deslinde; pero, en este asunto, hasta donde alcanzamos a observar, la estrategia de Amalia es solitaria no sé si por decisión de ella, por abulia de la dirección nacional o por una combinación de ambas.
La exgobernadora ha optado por dar la pelea en los medios de comunicación, no obstante la desventaja, pues el adversario dispone de la información y en nuestro país, como ella no puede ignorarlo, todavía son mayoría los medios que están con quien dispone del presupuesto, no con quien tiene la razón.
¿Y EL RESTO DE LA TRIPULACION?
Pero ella no es la única en el barco, al demandar por daño moral al gobernador, al contralor interno y al procurador de justicia, y al convocar a los medios nacionales para que le sigan dando vuelo al tema, está emplazando al gobierno de Miguel Alonso a hurgar hasta el último rincón para no quedar como difamador ante la opinión pública nacional, y a que los exservidores públicos realicen su respectiva defensa en el peor de los contextos imaginables, pues ellos no disponen del relativo blindaje jurídico y político que le da su condición de exgobernadora y varios de ellos, ni de los recursos para financiar una defensa de alto calibre.
Las normas no son de interpretación unívoca, la valoración subjetiva de cada situación, de cada texto legal, son la constante, empieza en el escalón más bajo de la autoridad y culmina en el arbitrio judicial de la última instancia. Por eso, siendo, sin lugar a dudas, respetable la decisión de Amalia de defender ante los tribunales su integridad moral, la necesidad de que un proceso auditor tan complejo se desarrolle en una atmósfera de transparente interlocución, para aclarar malos entendidos, para detectar lo que son solamente errores de documentación, para conocer quién ordenó y quién cumplió instrucciones y para que al final, aclarado todo, pague quien la deba y se reivindique la honra de los que resulten falsamente inculpados.
ASUNTO DE MODOS
Al gobernador no le queda más camino que terminar lo que empezó con su discurso de toma de posesión, generar expectativas que luego no se cumplen se paga caro, la gente espera observancia puntual de la ley con la verdad como guía.
Miguel Alonso puede asumir la estrategia de revisión de las cuentas de su antecesora asumiéndose como gobernante esmerado en el cumplimiento de su deber o como jefe de un bando ajustando cuentas con sus rivales.
Lo primero, lo lleva a practicar las auditorías al gobierno anterior asegurándose de que se cumpla con todas las formalidades del procedimiento, sin atropellos, sin prejuzgar, sin inducir linchamientos anticipados.
AL ÚLTIMO SER O NO SER
Si se deja inducir por los que le aseguran que de ese modo multiplica su popularidad estará incurriendo en el lamentable error de convertirse en rehén de la búsqueda de popularidad como un fin en vez de que ésta llegue como consecuencia de su buen gobierno.
Lo harán derrochar dinero público en guerras mediáticas y profesionales de la mercadotecnia expertos en venderse a sí mismos entre políticos ignorantes; pero sobre todo lo harán desatender lo urgente en aras de “las guerritas” entre facciones.
Hoy la urgencia es la de atender con eficacia el tema de la inseguridad en todas sus facetas. Aunque no ha trascendido al gran público, la semana pasada se internaron a la sierra de Morones 10 cazadores procedentes de Guanajuato, al ser detectados por la policía del municipio de Joaquín Amaro fueron apresados y entregados a un grupo del crimen organizado que los asesinó, según la versión de un sobreviviente al que los ejecutores dieron por muerto, el asunto es de una gravedad mayúscula.
Imposible que de estos asuntos nos distraigan. Imposible lograr credibilidad en este tema, si las palabras no van en la misma dirección que los hechos.
Nos encontramos el jueves en El Recreo
