El aquelarre
Noviembre 25, 2010
Por J. Luis Medina Lizalde
AL PRINCIPIO
La amplia reseña de delitos, irregularidades administrativas, transgresiones de procedimientos y de frivolidades con costo al erario contenidos en el documento que el pasado martes divulgó la Contraloría Interna para dar cumplimiento al plazo fijado por el propio contralor para informar sobre el estado de cosas heredado del gobierno anterior, no dice muchas cosas que previamente la opinión pública ignorara.
Independientemente de la veracidad de su contenido, la percepción social dominante antes del martes va en la misma dirección de lo expresado por el contador Guillermo Huizar Carranza. Lo que no quiere decir que sea verdad, sino que la gente está convencida de que es verdad. Por eso, hubiera sido conveniente dar a conocer este documento junto con las acciones que se derivan del mismo, para que la gente no fortalezca la sensación de que es puro ruido y al final no va a pasar nada.
Claro que para eso era menester que el informe fuera rendido una vez que los que aparecen imputados (sin dar nombres, pero dando pistas para que otros los den) hubiesen ejercido el derecho a solventar las observaciones y ejercido su derecho de audiencia; pero al proceder de esa forma se les hace un daño mediático y reciben un beneficio jurídico. Se les entrega al escarnio público en donde no hay presunción de inocencia que valga, pero se les da la posibilidad jurídica de una buena defensa a partir del octavo constitucional y de lo dispuesto por las normas de fiscalización.
La IMPARCIAL VIGILANCIA CIUDADANA
El reto democrático de este episodio consiste en que la presión ciudadana impida que esto sea el acostumbrado recurso distractor para que una vez pasada la necesidad de mantener entretenida a la sociedad, las aguas vuelvan a su nivel. A ello puede contribuir el seguimiento periodístico profesional, imparcial y comprometido no con el gobierno actual ni con el anterior, sino con la sociedad, respetando el principio de la presunción de inocencia como principio ético además de constitucional.
Cuando se le niega voz y espacio al que en los medios es acusado cuando todavía no existe sentencia firme como culminación del debido proceso, sería el caso contrario.
Soy un convencido de que todos debemos apoyar una decisión como la que el gobernador Miguel Alonso Reyes manifestó en los inicios de su gobierno de aplicar la ley sin buscar venganzas ni admitir impunidad. Seguramente unos lo presionan para convertirlo en instrumento de sus odios y otros para que tolere la impunidad. Miguel Alonso Reyes seguramente no ignora que ceder a unos o a otros lo hace un político del montón; si se mantiene en la visión equilibrada que en su momento expresó, los zacatecanos de todas las ideologías sabrán valorarlo.
¿OMISIÓN CONSCIENTE?
Me llama la atención que no parezca indagada o en proceso de indagación una de las áreas mas reconocidas como coto de la corrupción pública, la que tiene que ver con el dinero público destinado a los grandes medios de comunicación, si el actual gobierno no proyecta claridad a ese respecto estaremos ante dos posibilidades: una, que el gobierno anterior fue una excepción a la regla de turbio entendimiento entre los grandes medios de comunicación y los gobiernos.
Dos: Que el nuevo gobierno no tiene voluntad de renunciar al uso discrecional del dinero público en su relación con los medios de comunicación. De ser la segunda posibilidad, perderá credibilidad.
Por lo pronto, el documento de Huizar Carranza demuestra que la aprobación de una cuenta pública no es garantía de nada, también queda claro que la Contraloría Interna debe ser reformada para que cumpla su función.
El estado de cosas que describe el multicitado informe pone en entredicho la dependencia que él mismo encabeza. Cuando anuncia que empleará la misma severidad con el actual gobierno que con el anterior nos recuerda que su antecesora era adjetivada como La Dama de Hierro, ¿entonces, qué pasó?
¿UNA VEZ MÁS, EL ESTADO SOY YO?
La situación es compleja y el debate va para largo, por lo pronto en el PRD se afirma la decisión de definirse contra la impunidad, pero también contra las acusaciones sin su correspondiente sustento, es un postura coincidente con la del gobernador cuando dice que ni cacería de brujas ni impunidad, pero la situación se ha tensado por un asunto menor, la renuencia del PRD a suscribir el documento sucedáneo del Acuerdo Por Zacatecas que en este sexenio se llama Plan Zacatecas 2010.
Lo que provocó que el discurso oficial califique de contrario “a los interese superiores del estado” al PRD, y a descalificar a toda una institución política al declarar que “tiene problemas con la ley”.
Nos encontramos el lunes en El Recreo.
