AL PRINCIPIO
La dictaminación de 30 cuentas públicas de igual número de ayuntamientos zacatecanos referidas al ejercicio fiscal 2008 pone de manifiesto el precario nivel administrativo que priva en la entidad, y que involucra a todos los partidos políticos con responsabilidades de gobierno.
Con la prudente reserva que impone la circunstancia de que aún no transcurre al plazo legal de 30 días de que disponen los señalados como presuntos responsables, el listado de anomalías es indicador suficiente para advertir que hay graves fallas estructurales en nuestro andamiaje institucional local, que permiten la repetición de estas conductas contrarias al interés público.
Quien siga la vida pública zacatecana se dará cuenta de que esta situación es añeja, y que la publicidad de estos asuntos no es garantía de que se cumplan las sanciones ya de por sí demasiado suavizadas, ni de que los encontrados responsables continúen ocupando cargos públicos.
CAMBIOS PARA CAMBIAR
Un primer cambio sería no ventilar presuntas responsabilidades antes de que los señalados puedan acreditar lo que en derecho corresponda. El daño derivado de la exhibición mediática de quien resulta inocente permanece.
Otra lección que se desprende de estas situaciones es la de atender no nada más la revisión a fondo de la instancia auditora, lo cual está muy bien, también debe examinarse con igual o más urgencia la función de control, pues es evidente que el órgano técnico responsable de que el ejercicio administrativo sea racional y sustentado en la norma falla lamentablemente.
La catarata de situaciones anómalas en la administración estatal y en las de los ayuntamientos revela su irrelevancia.
En los municipios los contralores son mayoritariamente carecen de los conocimientos técnicos para desempeñar su papel y no rinden cuentas ante nadie. Muchas veces el partido político que más se ensaña contra un gobierno municipal por sus irregularidades administrativas es el mismo que designó al contralor que tiene la misión de prevenir tales irregularidades.
Urge introducir reformas legales para que los contralores sean objeto de las mismas sanciones resarcitorias, de inhabilitación y penales que se le imponen a los que teóricamente están bajo sus controles.
NI COMO ESPANTAJO
A los comerciantes, constructores y prestadores de servicios que invierten en candidatos con perspectiva de ganadores no les preocupa mayormente la existencia de la contraloría a la hora de meterle dinero a las campañas porque saben que si le atinan, podrán incorporarse a un privilegiado padrón de proveedores en donde podrán surtir a la administración pública y dejar sin oportunidad a sus competidores sin que una eficaz contraloría se interponga para cuidar el interés público, la observancia de la norma y la equidad competitiva.
¡Viva la libre competencia en los bueyes de mi compadre!
¿PORQUÉ CALLARON ENTONCES?
El debate en torno a la creación del Tribunal de Cuentas se empobrece mucho cuando se creé encontrar el origen de todo lo irregular en el desempeño del auditor Jesús Limones Hernández. En el momento de su nombramiento en esta misma columna expresé mi desacuerdo con la decisión que compartieron la gobernadora y los diputados de entonces. Usar ahora ese mismo argumento para hacerlo a un lado es extemporáneo.
Lo que no podemos soslayar es que, así como fue una incongruencia con la democracia y con la rendición de cuentas la decisión del gobierno anterior, no es correcto auspiciar que el actual gobierno incurra en la misma incongruencia colocando a sus afines porque ese es el camino que termina en la lamentable precariedad administrativa en la que nos encontramos.
El órgano auditor depende de un poder que se resiste a transparentarse como paso previo a lo que sería una gran contribución a la vida pública y que consiste en establecer la publicidad obligatoria de los ingresos totales y reales de funcionarios del estado, municipios y miembros de cabildos y diputados locales. La existencia de gastos de representación, bonos, y recursos “para gestión”, “las dotaciones” de gasolina y teléfonos celulares requieren de ser socialmente cuantificados para que la ciudadanía esté conciente.
A lo mejor la sociedad llega a la conclusión de que hay que darles un aumento.
AL ÚLTIMO EL PROBLEMON SOMOS TODOS
El debate en torno a la administración pública zacatecana es, por sí mismo, una búsqueda democrática de soluciones, siempre y cuando no domine el enfoque faccioso del tema, para que el árbol no nos tape el bosque.
Las cuentas públicas municipales nos dan el punto de partida al mostrar que ningún partido político tiene cara para darle lecciones a otro. Ello nos puede llevar a hablarnos en otro tono, con la sabiduría de los humildes.
Nos encontramos el jueves en El Recreo
La dictaminación de 30 cuentas públicas de igual número de ayuntamientos zacatecanos referidas al ejercicio fiscal 2008 pone de manifiesto el precario nivel administrativo que priva en la entidad, y que involucra a todos los partidos políticos con responsabilidades de gobierno.
Con la prudente reserva que impone la circunstancia de que aún no transcurre al plazo legal de 30 días de que disponen los señalados como presuntos responsables, el listado de anomalías es indicador suficiente para advertir que hay graves fallas estructurales en nuestro andamiaje institucional local, que permiten la repetición de estas conductas contrarias al interés público.
Quien siga la vida pública zacatecana se dará cuenta de que esta situación es añeja, y que la publicidad de estos asuntos no es garantía de que se cumplan las sanciones ya de por sí demasiado suavizadas, ni de que los encontrados responsables continúen ocupando cargos públicos.
CAMBIOS PARA CAMBIAR
Un primer cambio sería no ventilar presuntas responsabilidades antes de que los señalados puedan acreditar lo que en derecho corresponda. El daño derivado de la exhibición mediática de quien resulta inocente permanece.
Otra lección que se desprende de estas situaciones es la de atender no nada más la revisión a fondo de la instancia auditora, lo cual está muy bien, también debe examinarse con igual o más urgencia la función de control, pues es evidente que el órgano técnico responsable de que el ejercicio administrativo sea racional y sustentado en la norma falla lamentablemente.
La catarata de situaciones anómalas en la administración estatal y en las de los ayuntamientos revela su irrelevancia.
En los municipios los contralores son mayoritariamente carecen de los conocimientos técnicos para desempeñar su papel y no rinden cuentas ante nadie. Muchas veces el partido político que más se ensaña contra un gobierno municipal por sus irregularidades administrativas es el mismo que designó al contralor que tiene la misión de prevenir tales irregularidades.
Urge introducir reformas legales para que los contralores sean objeto de las mismas sanciones resarcitorias, de inhabilitación y penales que se le imponen a los que teóricamente están bajo sus controles.
NI COMO ESPANTAJO
A los comerciantes, constructores y prestadores de servicios que invierten en candidatos con perspectiva de ganadores no les preocupa mayormente la existencia de la contraloría a la hora de meterle dinero a las campañas porque saben que si le atinan, podrán incorporarse a un privilegiado padrón de proveedores en donde podrán surtir a la administración pública y dejar sin oportunidad a sus competidores sin que una eficaz contraloría se interponga para cuidar el interés público, la observancia de la norma y la equidad competitiva.
¡Viva la libre competencia en los bueyes de mi compadre!
¿PORQUÉ CALLARON ENTONCES?
El debate en torno a la creación del Tribunal de Cuentas se empobrece mucho cuando se creé encontrar el origen de todo lo irregular en el desempeño del auditor Jesús Limones Hernández. En el momento de su nombramiento en esta misma columna expresé mi desacuerdo con la decisión que compartieron la gobernadora y los diputados de entonces. Usar ahora ese mismo argumento para hacerlo a un lado es extemporáneo.
Lo que no podemos soslayar es que, así como fue una incongruencia con la democracia y con la rendición de cuentas la decisión del gobierno anterior, no es correcto auspiciar que el actual gobierno incurra en la misma incongruencia colocando a sus afines porque ese es el camino que termina en la lamentable precariedad administrativa en la que nos encontramos.
El órgano auditor depende de un poder que se resiste a transparentarse como paso previo a lo que sería una gran contribución a la vida pública y que consiste en establecer la publicidad obligatoria de los ingresos totales y reales de funcionarios del estado, municipios y miembros de cabildos y diputados locales. La existencia de gastos de representación, bonos, y recursos “para gestión”, “las dotaciones” de gasolina y teléfonos celulares requieren de ser socialmente cuantificados para que la ciudadanía esté conciente.
A lo mejor la sociedad llega a la conclusión de que hay que darles un aumento.
AL ÚLTIMO EL PROBLEMON SOMOS TODOS
El debate en torno a la administración pública zacatecana es, por sí mismo, una búsqueda democrática de soluciones, siempre y cuando no domine el enfoque faccioso del tema, para que el árbol no nos tape el bosque.
Las cuentas públicas municipales nos dan el punto de partida al mostrar que ningún partido político tiene cara para darle lecciones a otro. Ello nos puede llevar a hablarnos en otro tono, con la sabiduría de los humildes.
Nos encontramos el jueves en El Recreo
