Subordinación militar a EU
Jorge Luis Sierra
31 de agosto de 2007
La proximidad de un nuevo acuerdo de cooperación antinarcóticos entre México y Estados Unidos ha puesto a los militares mexicanos de nuevo en posibilidad de una fase mayor de cooperación binacional.
La sensibilidad de los militares mexicanos es enorme hacia cualquier tipo de cooperación binacional en la que esté involucrado un componente militar. Siempre ha prevalecido una dosis importante de desconfianza hacia cualquier política que suene a una subordinación de nuestras Fuerzas Armadas a la agenda de seguridad y los intereses estratégicos de Estados Unidos.
Este sentimiento atraviesa casi todas las generaciones militares, incluidas las de los coroneles y generales que han logrado su ascenso poco antes o después de la etapa posterior al ataque histórico del 11 de septiembre de 2001 y su secuela bélica en Asia central y el Medio Oriente.
Una muestra de esta desconfianza militar hacia las intenciones estadounidenses quedó plasmada en una reunión de alumnos de las generaciones 2003-2004 del Colegio de la Defensa Nacional y el Centro de Estudios Superiores Navales. La reunión era importante porque implicaba la reflexión conjunta entre mandos y jefes militares, así como civiles seleccionados del gobierno federal que cursan las maestrías en Administración Militar y Seguridad Nacional de ambas instituciones educativas.
En la minuta de la reunión quedó plasmado el temor de ambas generaciones de estudiantes a que Estados Unidos exigiera o promoviera, en caso de un ataque terrorista de igual o mayor gravedad al que ocurrió el 11 de septiembre, la creación de bases militares estadounidenses en territorio mexicano, tal y como ocurre en países como El Salvador, Ecuador y Colombia, que están integradas en una plataforma de detección de aeronaves cargadas con drogas procedentes de la región andina.
También ha sido motivo de preocupación militar el hecho de que el territorio mexicano quedó integrado a la geografía operacional del Comando Norte, que se creó el 1 de octubre de 2002, con los 60 soldados que formaban el Comando Norteamericano de Defensa Aeroespacial. La misión del Comando Norte quedó definida como la defensa del territorio de Estados Unidos ante un ataque terrorista y la ayuda a las autoridades civiles en caso de desastre. Lo que acrecentó las críticas y las sospechas en México fue que la línea limítrofe de las operaciones del Comando Norte al sur coincidía con la línea fronteriza de México con Belice y Guatemala.
A pesar de que se ha desarrollado el entendimiento mutuo entre militares de ambos países en los últimos 10 años, la desconfianza militar hacia los planes de EU no puede ser soslayada.
A final de cuentas, la necesidad política de mejorar las relaciones con EU y las propias necesidades militares de armas, tecnología y entrenamiento han llevado a México a modificar sus propios planes de seguridad y adaptarlos paso a paso a la agenda de seguridad nacional, regional y global de Estados Unidos.
El Plan Centinela, para vigilar la seguridad de las fronteras norte y sur del país, y el desarrollo de planes de seguridad naval para proteger la sonda de Campeche fueron algunas de las aportaciones de las Fuerzas Armadas mexicanas en el nuevo contexto posterior al 11 de septiembre.
¿Hasta dónde va a llegar este proceso? Es difícil decirlo. Los tres últimos presidentes mexicanos han permitido un escalamiento de la cooperación antinarcóticos con Estados Unidos y han involucrado profundamente a las Fuerzas Armadas en el nuevo esquema regional de cooperación. Los soldados mexicanos se están entrenando en Estados Unidos, la Fuerza Aérea está recibiendo tecnología para el desarrollo de una plataforma de vigilancia aérea cada vez más sofisticada y la Armada de México ha recibido fragatas destructoras en su equipamiento.
Aceptar entrenamiento y equipo militar implica la adopción de sistemas militares completos que abarcan tecnología, mantenimiento y organización militar. El sistema es integral porque los operadores de los nuevos equipos de seguridad deben entrenarse en Estados Unidos, donde pueden sensibilizarse con sus necesidades emergentes de seguridad de ese país y regresar a México con una perspectiva más abierta a la cooperación.
No habría razón para preocuparse si México tuviera una discusión nacional en materia de defensa y tuviera asegurado que los intereses nacionales predominarán en toda discusión binacional en materia de seguridad. Pero lo que tenemos es a un Poder Ejecutivo ansioso de demostrar su voluntad de cooperar, el desarrollo de un nuevo pragmatismo en las Fuerzas Armadas y el silencio casi negligente del Congreso en materia de la cooperación militar binacional. Lo que escucharemos en el primer informe presidencial habrá de ser una mera justificación de las relaciones que ha entablado México con su vecino.
En esas circunstancias, el Congreso mexicano debiera ser el responsable de cuestionar al Presidente hasta qué grado sus políticas estimulan la subordinación de nuestras instituciones de seguridad, principalmente las Fuerzas Armadas, a la agenda estadounidense. Habría que ver si eso realmente ocurre.
jlsierra@hotmail.com
Especialista en temas de seguridad y fuerzas armadas
viernes, 31 de agosto de 2007
Opinión de Luis Javier Garrido
Luis Javier Garrido
El águila
Felipe Calderón, gobernante ilegítimo e ilegal, impuesto por la vía del fraude, aparece cada vez más al iniciarse este primero de septiembre el segundo periodo ordinario de la 60 Legislatura del Congreso de la Unión, como el principal obstáculo para que México pueda acceder a un régimen de derecho.
1. La regresión histórica que ha tenido el país a consecuencia del fraude electoral de 2006 y la imposición por la fuerza de un gobierno antinacional y antipopular de extremistas de la derecha, y además inepto, está teniendo como secuela no sólo graves estragos en la vida social, sino también un creciente descontento en fuerzas políticas y sociales que apoyaron la imposición ilegal y que ahora se siente engañadas y lamentan la situación prevaleciente por el fracaso del gobierno de facto.
2. Un caso muy claro es el de la remoción de Luis Carlos Ugalde, consejero presidente del IFE y empleadillo de Elba Esther Gordillo, evidenciado durante meses con múltiples pruebas como uno de los artífices del macrofraude electoral de 2006. Su cese es sin duda, como él mismo reclama en airada exigencia a Calderón (30 de agosto), un reconocimiento de que hubo fraude, pero su permanencia en el cargo es también paradójicamente una constatación de lo mismo.
3. La inexistencia de un orden jurídico en México se comprueba todos los días en los medios: el desempleo creciente, el derrumbe del poder adquisitivo del salario, la cancelación a los mexicanos del derecho a la salud, a la educación, a la seguridad social, o las represiones en Oaxaca, en Atenco, en Chiapas o a los mineros. ¿No es acaso una evidencia de la paranoia represiva de los panistas el asalto y robo de la policía política de Calderón a la casa de la periodista Gloria Muñoz Ramírez?
4. El gobierno de facto de Calderón ha asumido, al igual que el de Fox, siguiendo las órdenes que se le dictan, que el Estado debe reducirse a su mínima expresión y, en consecuencia, a lo largo de estos nueve meses lo que el país ha visto es un presidente de facto que no trabaja, un gobierno que pretende crear las condiciones para que sus funciones las acometa el sector privado y un derroche de recursos para tratar de legitimar, a más de un año de las elecciones, a un gobernante espurio, como es la obsesión ahora de la extrema derecha con el ritual del primero de septiembre.
5. Los cuadros de la administración pública calderonista además de utilizar el poder como un botín y enriquecerse al mismo estilo que los priístas, han estado dedicados en estos meses a cuatro objetivos centrales, tendientes a sustentar el Estado neoliberal de las décadas por venir:
a) a consolidar el control estatal por cuadros surgidos del sector privado, del poder trasnacional e incluso del clero para mejor satisfacer las exigencias de Washington, del sector privado y de la jerarquía católica;
b) a destruir las instituciones surgidas de la Revolución Mexicana (Pemex, IMSS, ISSSTE), modificando su régimen jurídico y entregando sus funciones a particulares o dando concesiones y contratos a multinacionales;
c) a subordinar en esa lógica el poder público a las agencias de Washington, y en fin
d) a utilizar los recursos materiales, económicos y logísticos del Estado con fines electorales, al igual que lo han hecho durante décadas los priístas, para reproducir ese esquema a nivel local.
6. El gobierno de facto de Calderón, a la deriva en todo, no ha cumplido en consecuencia con la supuesta tarea de gobernar y ha ignorado por completo al pueblo de México, que al no existir el Estado se halla cada vez más a merced de los poderes de facto.
7. En la historia reciente de México no ha existido otro caso similar desde la administración de Pascual Ortiz Rubio (1930-1932) de un gobierno espurio que dé muestras de tanta incompetencia como el de Felipe Calderón, apoyado por el PAN y el PRI y sus satélites.
8. Felipe Calderón no tiene, por consiguiente, nada que informar al Congreso de la Unión ni mucho menos a los mexicanos sobre lo que ha hecho en su papel de facto durante estos meses, y resulta, por lo mismo, absurda su pretensión de querer hablar en ese carácter de espurio desde la tribuna de San Lázaro, en particular cuando el único diálogo que ha ofrecido al pueblo es el de la imposición y la intransigencia, como ha acontecido en Oaxaca, donde ha reprimido a la población para sostener a su aliado Ulises Ruiz en la gubernatura y a los dirigentes sociales que estaban dialogando en Bucareli los ha encarcelado como delincuentes.
9. ¿O qué, acaso podría informar, como se lo sugieren muchas organizaciones sociales, por qué motivo él y su grupo están empeñados en cancelarle a los mexicanos derechos individuales y sociales básicos? ¿O por qué está incondicionalmente sometido a la administración de Bush? ¿Podría explicar por qué se halla empeñado, a más de un año del fraude, en legitimarse en el cargo? ¿O por qué está utilizando los medios para una propaganda fascistoide que a todas luces busca permitir al PAN prevalecer en 2009 y 2012?
10. El debate que han iniciado los panistas sobre el águila juarista iluminada que el gobierno capitalino colocó en la Plaza de la Constitución para las fiestas patrias no hace más que recordar, una vez más, que el pueblo de México no puede seguir estando así y que en otros momentos de su historia ha sabido encontrar el camino de la resistencia y de la victoria.
El águila
Felipe Calderón, gobernante ilegítimo e ilegal, impuesto por la vía del fraude, aparece cada vez más al iniciarse este primero de septiembre el segundo periodo ordinario de la 60 Legislatura del Congreso de la Unión, como el principal obstáculo para que México pueda acceder a un régimen de derecho.
1. La regresión histórica que ha tenido el país a consecuencia del fraude electoral de 2006 y la imposición por la fuerza de un gobierno antinacional y antipopular de extremistas de la derecha, y además inepto, está teniendo como secuela no sólo graves estragos en la vida social, sino también un creciente descontento en fuerzas políticas y sociales que apoyaron la imposición ilegal y que ahora se siente engañadas y lamentan la situación prevaleciente por el fracaso del gobierno de facto.
2. Un caso muy claro es el de la remoción de Luis Carlos Ugalde, consejero presidente del IFE y empleadillo de Elba Esther Gordillo, evidenciado durante meses con múltiples pruebas como uno de los artífices del macrofraude electoral de 2006. Su cese es sin duda, como él mismo reclama en airada exigencia a Calderón (30 de agosto), un reconocimiento de que hubo fraude, pero su permanencia en el cargo es también paradójicamente una constatación de lo mismo.
3. La inexistencia de un orden jurídico en México se comprueba todos los días en los medios: el desempleo creciente, el derrumbe del poder adquisitivo del salario, la cancelación a los mexicanos del derecho a la salud, a la educación, a la seguridad social, o las represiones en Oaxaca, en Atenco, en Chiapas o a los mineros. ¿No es acaso una evidencia de la paranoia represiva de los panistas el asalto y robo de la policía política de Calderón a la casa de la periodista Gloria Muñoz Ramírez?
4. El gobierno de facto de Calderón ha asumido, al igual que el de Fox, siguiendo las órdenes que se le dictan, que el Estado debe reducirse a su mínima expresión y, en consecuencia, a lo largo de estos nueve meses lo que el país ha visto es un presidente de facto que no trabaja, un gobierno que pretende crear las condiciones para que sus funciones las acometa el sector privado y un derroche de recursos para tratar de legitimar, a más de un año de las elecciones, a un gobernante espurio, como es la obsesión ahora de la extrema derecha con el ritual del primero de septiembre.
5. Los cuadros de la administración pública calderonista además de utilizar el poder como un botín y enriquecerse al mismo estilo que los priístas, han estado dedicados en estos meses a cuatro objetivos centrales, tendientes a sustentar el Estado neoliberal de las décadas por venir:
a) a consolidar el control estatal por cuadros surgidos del sector privado, del poder trasnacional e incluso del clero para mejor satisfacer las exigencias de Washington, del sector privado y de la jerarquía católica;
b) a destruir las instituciones surgidas de la Revolución Mexicana (Pemex, IMSS, ISSSTE), modificando su régimen jurídico y entregando sus funciones a particulares o dando concesiones y contratos a multinacionales;
c) a subordinar en esa lógica el poder público a las agencias de Washington, y en fin
d) a utilizar los recursos materiales, económicos y logísticos del Estado con fines electorales, al igual que lo han hecho durante décadas los priístas, para reproducir ese esquema a nivel local.
6. El gobierno de facto de Calderón, a la deriva en todo, no ha cumplido en consecuencia con la supuesta tarea de gobernar y ha ignorado por completo al pueblo de México, que al no existir el Estado se halla cada vez más a merced de los poderes de facto.
7. En la historia reciente de México no ha existido otro caso similar desde la administración de Pascual Ortiz Rubio (1930-1932) de un gobierno espurio que dé muestras de tanta incompetencia como el de Felipe Calderón, apoyado por el PAN y el PRI y sus satélites.
8. Felipe Calderón no tiene, por consiguiente, nada que informar al Congreso de la Unión ni mucho menos a los mexicanos sobre lo que ha hecho en su papel de facto durante estos meses, y resulta, por lo mismo, absurda su pretensión de querer hablar en ese carácter de espurio desde la tribuna de San Lázaro, en particular cuando el único diálogo que ha ofrecido al pueblo es el de la imposición y la intransigencia, como ha acontecido en Oaxaca, donde ha reprimido a la población para sostener a su aliado Ulises Ruiz en la gubernatura y a los dirigentes sociales que estaban dialogando en Bucareli los ha encarcelado como delincuentes.
9. ¿O qué, acaso podría informar, como se lo sugieren muchas organizaciones sociales, por qué motivo él y su grupo están empeñados en cancelarle a los mexicanos derechos individuales y sociales básicos? ¿O por qué está incondicionalmente sometido a la administración de Bush? ¿Podría explicar por qué se halla empeñado, a más de un año del fraude, en legitimarse en el cargo? ¿O por qué está utilizando los medios para una propaganda fascistoide que a todas luces busca permitir al PAN prevalecer en 2009 y 2012?
10. El debate que han iniciado los panistas sobre el águila juarista iluminada que el gobierno capitalino colocó en la Plaza de la Constitución para las fiestas patrias no hace más que recordar, una vez más, que el pueblo de México no puede seguir estando así y que en otros momentos de su historia ha sabido encontrar el camino de la resistencia y de la victoria.
Opinión de Gabriela Rodriguez en el Periodico La Jornada
¿Obedecer a un príncipe?
Gabriela Rodríguez
gabriela_afluentes@prodigy.net.mx
La embestida para no distribuir los libros de texto de educación sexual en algunos estados del país, de detener la repartición de condones en Jalisco y de cerrar el acceso al aborto en la ciudad de México nunca ha recurrido a otros argumentos que los diseñados desde Roma en los documentos vaticanos. No cabe duda que a gobernadores, diputados, procuradores y funcionarios de la derecha les hace falta ser más creativos al impulsar su agenda. A la fecha sus argumentaciones nunca han ido más allá de replicar las tesis sobre el origen de la vida y sobre la fobia sexual, cuya autoría intelectual hay que reconocerle a la “Santa Sede”.
Por eso la defensa de la laicidad en el sentido de no intervención de la religión en las políticas públicas, de separación de las creencias personales en función del interés público y la neutralidad de las instituciones es imprescindible si se quieren garantizar los derechos sexuales y reproductivos.
Ojalá que los gobernadores no eviten la distribución de los libros de texto, porque evaluaciones realizadas en múltiples países han demostrado que se reduce el embarazo en adolescentes, de la misma manera que son menores los abortos cuando se incrementa el uso de anticonceptivos; cuando los programas de educación sexual ofrecen materiales educativos de calidad en escuelas y centros de salud; si se abren discusiones con los adolescentes sobre la conducta sexual y el uso de anticonceptivos; y cuando se difunde un mensaje claro al respecto.1
Ojalá que el sector salud nunca deje de distribuir condones a la población, porque la promoción del preservativo y de prácticas de sexo más seguro no incrementan la actividad sexual, pero sí posponen el inicio de la primera experiencia sexual, reducen el número de parejas sexuales y además protegen a los jóvenes activos de las infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH y el embarazo.2
Ojalá que nunca impongan en México las campañas ABC: Abstinencia sexual hasta el matrimonio entre jóvenes, Fidelidad a los casados (be faithful) y Condón para la población en riesgo. Las evaluaciones han demostrado que esas campañas fallan en prevenir del VIH/sida porque se contagiaron muchas jóvenes vírgenes que eran fieles, pero que se casaron con hombres que habían contraído VIH previamente; siendo fieles las esposas adquirieron el VIH porque sus maridos no son fieles; muchas novias y esposas infectadas eran víctimas de abuso y violación; las trabajadoras sexuales cobran más si no se usa el condón y los mensajes resultan absolutamente irrelevantes para las y los solteros activos y para la población lésbica, gay, bisexual, travesti y transgénero.3
Ojalá que nunca detengan los servicios de interrupción del embarazo en la ciudad de México, porque la muerte materna se reduce a menos de 2 por ciento cuando el servicio es legal y seguro.
Ojalá que nunca se rompa el Estado Laico en México porque podríamos regresar al monopolio de la verdad del clero católico o de alguna otra Iglesia, y entonces se pondríar en riesgo la igualdad y los derechos humanos, como ocurre en Brasil.
Hoy estuve en la Cámara de Diputados en Brasilia, escuchando un debate sobre la despenalización del aborto y quedé realmente bloqueada. Es increíble que contando con una Constitución que reconoce el Estado laico desde que se fundó la República hoy no sea posible separar la Iglesia y el Estado en el recinto legislativo.
En ese hermano país han descuidado las fronteras simbólicas y territoriales entre lo religioso y lo político. Y aunque utilizan los mismos argumentos de “defensa de la vida desde la concepción” que usaron los diputados panistas de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la diferencia es de notar. Gran cantidad de diputados son pastores evangélicos: las argumentaciones en el Congreso remiten a textos bíblicos y a la palabra de Jesucristo, comparecencias proselitistas terminan con oraciones y cantos invocando a Dios. El diálogo es imposible, ya que se confunden los planos de análisis, se discuten valoraciones religiosas contra evidencias científicas. No se habla la misma lengua desde los dos lados.
Esta elite político-religiosa que se ha apoderado del Congreso en la ciudad de Brasilia, construida ex profeso para albergar a una burocracia nacional y separarla del resto de los mortales, ha favorecido que se distancien las políticas públicas de las bases y de las movilizaciones sociales que ocurren en el país. Hoy los evangelistas, con los mismos argumentos de las tesis vaticanas –aunque no lo reconozcan– están a punto de tumbar al ministro de Salud que planteó la necesidad de revisar la ley del aborto para reducir las muertes maternas. Así las cosas.
Quién nos iba a decir que en pleno siglo XXI hay que hacer una apología del Estado laico. Que después de 500 años de resistencia y más de un siglo de repúblicas independientes, gobernadores y diputados quieran someter a la ciudadanía a la voluntad del príncipe extranjero en turno, Joseph Ratzinger, de esa monarquía romana que nunca ha querido reconocer nuestras instituciones.
1 Research Findings on Programs to Reduce Teen Pregnancy (2001) by Douglas Kirby, Ph.D.
2 UNAIDS, United Program on HIV/AIDS, 1997. A. Grunseit et al, “Sexuality Education and Young People’s Behavior: A Review of Studies”. Journal of Adolescent Research, 1997, vol. 12 issue 4, pp. 421-53.
3 Cohen J, and Tate T., The Less they Know, the Better: Abstinence Only HIV/AIDS Programs in Uganda. Reroductive Health Matters 2006; 14 (28) 174-178
Gabriela Rodríguez
gabriela_afluentes@prodigy.net.mx
La embestida para no distribuir los libros de texto de educación sexual en algunos estados del país, de detener la repartición de condones en Jalisco y de cerrar el acceso al aborto en la ciudad de México nunca ha recurrido a otros argumentos que los diseñados desde Roma en los documentos vaticanos. No cabe duda que a gobernadores, diputados, procuradores y funcionarios de la derecha les hace falta ser más creativos al impulsar su agenda. A la fecha sus argumentaciones nunca han ido más allá de replicar las tesis sobre el origen de la vida y sobre la fobia sexual, cuya autoría intelectual hay que reconocerle a la “Santa Sede”.
Por eso la defensa de la laicidad en el sentido de no intervención de la religión en las políticas públicas, de separación de las creencias personales en función del interés público y la neutralidad de las instituciones es imprescindible si se quieren garantizar los derechos sexuales y reproductivos.
Ojalá que los gobernadores no eviten la distribución de los libros de texto, porque evaluaciones realizadas en múltiples países han demostrado que se reduce el embarazo en adolescentes, de la misma manera que son menores los abortos cuando se incrementa el uso de anticonceptivos; cuando los programas de educación sexual ofrecen materiales educativos de calidad en escuelas y centros de salud; si se abren discusiones con los adolescentes sobre la conducta sexual y el uso de anticonceptivos; y cuando se difunde un mensaje claro al respecto.1
Ojalá que el sector salud nunca deje de distribuir condones a la población, porque la promoción del preservativo y de prácticas de sexo más seguro no incrementan la actividad sexual, pero sí posponen el inicio de la primera experiencia sexual, reducen el número de parejas sexuales y además protegen a los jóvenes activos de las infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH y el embarazo.2
Ojalá que nunca impongan en México las campañas ABC: Abstinencia sexual hasta el matrimonio entre jóvenes, Fidelidad a los casados (be faithful) y Condón para la población en riesgo. Las evaluaciones han demostrado que esas campañas fallan en prevenir del VIH/sida porque se contagiaron muchas jóvenes vírgenes que eran fieles, pero que se casaron con hombres que habían contraído VIH previamente; siendo fieles las esposas adquirieron el VIH porque sus maridos no son fieles; muchas novias y esposas infectadas eran víctimas de abuso y violación; las trabajadoras sexuales cobran más si no se usa el condón y los mensajes resultan absolutamente irrelevantes para las y los solteros activos y para la población lésbica, gay, bisexual, travesti y transgénero.3
Ojalá que nunca detengan los servicios de interrupción del embarazo en la ciudad de México, porque la muerte materna se reduce a menos de 2 por ciento cuando el servicio es legal y seguro.
Ojalá que nunca se rompa el Estado Laico en México porque podríamos regresar al monopolio de la verdad del clero católico o de alguna otra Iglesia, y entonces se pondríar en riesgo la igualdad y los derechos humanos, como ocurre en Brasil.
Hoy estuve en la Cámara de Diputados en Brasilia, escuchando un debate sobre la despenalización del aborto y quedé realmente bloqueada. Es increíble que contando con una Constitución que reconoce el Estado laico desde que se fundó la República hoy no sea posible separar la Iglesia y el Estado en el recinto legislativo.
En ese hermano país han descuidado las fronteras simbólicas y territoriales entre lo religioso y lo político. Y aunque utilizan los mismos argumentos de “defensa de la vida desde la concepción” que usaron los diputados panistas de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la diferencia es de notar. Gran cantidad de diputados son pastores evangélicos: las argumentaciones en el Congreso remiten a textos bíblicos y a la palabra de Jesucristo, comparecencias proselitistas terminan con oraciones y cantos invocando a Dios. El diálogo es imposible, ya que se confunden los planos de análisis, se discuten valoraciones religiosas contra evidencias científicas. No se habla la misma lengua desde los dos lados.
Esta elite político-religiosa que se ha apoderado del Congreso en la ciudad de Brasilia, construida ex profeso para albergar a una burocracia nacional y separarla del resto de los mortales, ha favorecido que se distancien las políticas públicas de las bases y de las movilizaciones sociales que ocurren en el país. Hoy los evangelistas, con los mismos argumentos de las tesis vaticanas –aunque no lo reconozcan– están a punto de tumbar al ministro de Salud que planteó la necesidad de revisar la ley del aborto para reducir las muertes maternas. Así las cosas.
Quién nos iba a decir que en pleno siglo XXI hay que hacer una apología del Estado laico. Que después de 500 años de resistencia y más de un siglo de repúblicas independientes, gobernadores y diputados quieran someter a la ciudadanía a la voluntad del príncipe extranjero en turno, Joseph Ratzinger, de esa monarquía romana que nunca ha querido reconocer nuestras instituciones.
1 Research Findings on Programs to Reduce Teen Pregnancy (2001) by Douglas Kirby, Ph.D.
2 UNAIDS, United Program on HIV/AIDS, 1997. A. Grunseit et al, “Sexuality Education and Young People’s Behavior: A Review of Studies”. Journal of Adolescent Research, 1997, vol. 12 issue 4, pp. 421-53.
3 Cohen J, and Tate T., The Less they Know, the Better: Abstinence Only HIV/AIDS Programs in Uganda. Reroductive Health Matters 2006; 14 (28) 174-178
jueves, 30 de agosto de 2007
Comunicado Izquierda Federalista
COMUNICADO DE IZQUIERDA FEDERALISTA
En reunión celebrada el miércoles 29 de de agosto los promotores de la corriente zacatecana Izquierda Federalista del Partido de la Revolución Democrática, convinieron lo siguiente:
La conducción de la corriente es a partir de la asignación de responsabilidades específicas con sentido horizontal y basados en el consenso de los participantes. En ese espíritu se tomaron los siguientes acuerdos:
Dionisio Llamas Belmares asume la coordinación de informática y en ese carácter funge como administrador de la página web de nuestra organización cuya dirección electrónica es http://www.izquierdafederalista.blogspot.com y que a partir de este comunicado ponemos a la disposición de la ciudadanía.
El profesor Javier Hernández Alvarado asume la coordinación de movimientos sociales de la corriente en el ámbito estatal.
El Ing. Delfino García Hernández asume la coordinación del área de afiliación a la corriente en el ámbito estatal.
El Lic. José Luis Medina Lizalde asume la coordinación de la comunicación social de la corriente en la entidad.
Previamente se había encomendado la responsabilidad del área de finanzas al contador público Juan Bosco Alfaro Huerta.
Confiando plenamente en el cumplimiento de las responsabilidades encomendadas a los compañeros antes mencionados, Izquierda Federalista seguirá auto-construyéndose con espíritu democrático y compromiso social.
Priorizando el esfuerzo por comprender para transformar la realidad de nuestro país y de nuestro Zacatecas a partir de la profunda convicción de que en el fondo de todo problema está la corrupción y en el fondo de toda solución está la educación.
Fraternalmente
Corriente Izquierda Federalista
En reunión celebrada el miércoles 29 de de agosto los promotores de la corriente zacatecana Izquierda Federalista del Partido de la Revolución Democrática, convinieron lo siguiente:
La conducción de la corriente es a partir de la asignación de responsabilidades específicas con sentido horizontal y basados en el consenso de los participantes. En ese espíritu se tomaron los siguientes acuerdos:
Dionisio Llamas Belmares asume la coordinación de informática y en ese carácter funge como administrador de la página web de nuestra organización cuya dirección electrónica es http://www.izquierdafederalista.blogspot.com y que a partir de este comunicado ponemos a la disposición de la ciudadanía.
El profesor Javier Hernández Alvarado asume la coordinación de movimientos sociales de la corriente en el ámbito estatal.
El Ing. Delfino García Hernández asume la coordinación del área de afiliación a la corriente en el ámbito estatal.
El Lic. José Luis Medina Lizalde asume la coordinación de la comunicación social de la corriente en la entidad.
Previamente se había encomendado la responsabilidad del área de finanzas al contador público Juan Bosco Alfaro Huerta.
Confiando plenamente en el cumplimiento de las responsabilidades encomendadas a los compañeros antes mencionados, Izquierda Federalista seguirá auto-construyéndose con espíritu democrático y compromiso social.
Priorizando el esfuerzo por comprender para transformar la realidad de nuestro país y de nuestro Zacatecas a partir de la profunda convicción de que en el fondo de todo problema está la corrupción y en el fondo de toda solución está la educación.
Fraternalmente
Corriente Izquierda Federalista
Opinion de Enrique del Val Blanco
No privatizan una tiendita
Enrique del Val Blanco
30 de agosto de 2007
Hay un punto central en la decisión que tendrá que tomar el gobierno federal en materia de la privatización de la principal aerolínea nacional, y es el referente a la importancia que tiene este medio de transporte en nuestro país. Una vez que el gobierno neoliberal acabó con el sistema ferroviario para el transporte de pasajeros, la aviación es el medio por el cual miles de mexicanos se transportan dentro y fuera de nuestro territorio. Hasta ahora la discusión y el análisis se han circunscrito a los términos económicos y han dejado fuera el hecho de que no se está privatizando un estanquillo sino una empresa que, aparte de los problemas que tiene, sirve a la nación.
Claro que estos conceptos difícilmente se toman en cuenta por servidores públicos cuya visión sobre lo que debe ser un Estado soberano es muy estrecha y acartonada, distando mucho de la realidad. Únicamente se quedan en el análisis de pérdidas y ganancias, sin tomar en cuenta otras variables que son en este caso de la mayor importancia.
Aunado a ello, el aparente grupo que hasta ahora quiere comprar la línea no ha sido un ejemplo reconocido por su honorabilidad empresarial no sólo en México, sino también en EU, donde seguro sería imposible que le dejaran adquirir un bien público de las dimensiones de Aeroméxico.
Tan sólo recordemos lo que muchos, por decirlo con elegancia, mencionan como la controvertida operación de compraventa que junto con el dueño de TV Azteca realizaron de Unefon, a través de la empresa Codisco Investments en Estados Unidos, y que fue motivo para la intervención de la SEC estadounidense, que es el equivalente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y donde se demostró que mediante una maniobra con información privilegiada obtuvieron una enorme ganancia.
Estamos viendo lo que ha ocurrido con la privatización de la otra aerolínea, donde cada día que pasa se acerca más a un conflicto que la pondrá en un verdadero riesgo. Como siempre, los dueños del capital achacan todos los males a los trabajadores, quienes en este caso han hecho un esfuerzo y aceptaron recortes a su contrato colectivo que para el año 2010 sumará más de 200 millones de dólares. Sin embargo, la empresa compradora quiere más sacrificios de la parte sindical, a los que ya no están tan dispuestos los pilotos, los sobrecargos ni el personal de tierra.
Entre los argumentos que esgrimen los trabajadores de Mexicana de Aviación es que la empresa compradora se comprometió a invertir 180 millones de pesos y hasta la fecha poco ha hecho en este rubro; incluso los dueños ponen como pretexto primero reducir más los términos pactados en los contratos colectivos. Es decir, que como siempre y hasta ahora los que ponen son los trabajadores. Claro, es la ley del sistema que tanto los dueños como el gobierno tratan de defender.
Para el caso de Aeroméxico los señores Saba ofrecen la gran cifra de 100 millones de dólares y honrar los pasivos que tiene la empresa aeronáutica. El análisis que han hecho los expertos indica que la oferta es muy baja, ya que sólo ofrecen 1.10 pesos por acción cuando la semana pasada se cotizaba en el mercado en dos pesos. Esta oferta es incluso más baja que lo que pagó el grupo Posadas por la adquisición de Mexicana de Aviación.
Hay que tomar en cuenta que con una flota cercana a los 100 aviones, esta oferta no se compara en nada, según se informa a los medios, con la reciente venta de Copa Airlines de Panamá, por la cual pagaron 2 mil 300 millones de dólares con una flota que no rebasa los cinco aviones. Es una verdadera desproporción la oferta que están realizando los señores Saba.
Sólo el anuncio irresponsable hecho por estos posibles compradores ha generado que la acción se desplome 20%, lo cual indica que para muchos es una oferta inaceptable. Por eso, en este caso el gobierno tiene que hacer un buen análisis que vaya más allá de los números.
Sin duda la rama de la aviación está pasando por un mal momento en todo el mundo, debido a diversas causas, pero la principal de ellas, argumentan, es el aumento del precio del combustible. Por eso, para hacer frente a la difícil situación que está viviéndose, en varias regiones, fundamentalmente Europa, se están perfilando alianzas o adquisiciones entre líneas aéreas de diversos países, lo cual provocará una muy alta concentración en esta rama económica.
Los señores Saba también han dejado en claro que la operación debe darse dentro del mercado de valores, con lo cual se aseguran de no pagar un solo centavo de impuestos. Ya hemos visto otro tipo de operaciones en ese mismo sentido, las que han dado como resultado un mayor enriquecimiento por parte de unos pocos, los de siempre, por cierto. Por lo visto una vez más el gobierno le apuesta a perder más dinero con tal de salirse de lo que consideran un mal negocio.
Para todos los efectos Aeroméxico es una empresa de participación estatal mayoritaria, por mucho que se quiera ocultar esta situación, ya que cerca de 60% de la empresa está en manos del gobierno a través del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Nacional Financiera. Es pues responsabilidad del gobierno la decisión que se vaya a tomar.
Deberán tener mucho cuidado no sólo con los costos económicos, sino también sociales de la decisión. No vaya a suceder que en un plazo corto el gobierno, una vez malbaratada dicha empresa, la tenga que rescatar por causa de utilidad pública, como ha pasado en este y otros rubros de la economía. El privatizar, expropiar o salvar y volver a vender es un tema que gusta a los gobernantes neoliberales.
Para los empresarios es muy fácil comprar barato, y si no les sale el negocio lo dejan quebrar o presionan para que el gobierno intervenga. No vaya a repetirse la historia de las privatizaciones de empresas públicas que tan bien conocemos los mexicanos.
Analista político y economista
Enrique del Val Blanco
30 de agosto de 2007
Hay un punto central en la decisión que tendrá que tomar el gobierno federal en materia de la privatización de la principal aerolínea nacional, y es el referente a la importancia que tiene este medio de transporte en nuestro país. Una vez que el gobierno neoliberal acabó con el sistema ferroviario para el transporte de pasajeros, la aviación es el medio por el cual miles de mexicanos se transportan dentro y fuera de nuestro territorio. Hasta ahora la discusión y el análisis se han circunscrito a los términos económicos y han dejado fuera el hecho de que no se está privatizando un estanquillo sino una empresa que, aparte de los problemas que tiene, sirve a la nación.
Claro que estos conceptos difícilmente se toman en cuenta por servidores públicos cuya visión sobre lo que debe ser un Estado soberano es muy estrecha y acartonada, distando mucho de la realidad. Únicamente se quedan en el análisis de pérdidas y ganancias, sin tomar en cuenta otras variables que son en este caso de la mayor importancia.
Aunado a ello, el aparente grupo que hasta ahora quiere comprar la línea no ha sido un ejemplo reconocido por su honorabilidad empresarial no sólo en México, sino también en EU, donde seguro sería imposible que le dejaran adquirir un bien público de las dimensiones de Aeroméxico.
Tan sólo recordemos lo que muchos, por decirlo con elegancia, mencionan como la controvertida operación de compraventa que junto con el dueño de TV Azteca realizaron de Unefon, a través de la empresa Codisco Investments en Estados Unidos, y que fue motivo para la intervención de la SEC estadounidense, que es el equivalente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y donde se demostró que mediante una maniobra con información privilegiada obtuvieron una enorme ganancia.
Estamos viendo lo que ha ocurrido con la privatización de la otra aerolínea, donde cada día que pasa se acerca más a un conflicto que la pondrá en un verdadero riesgo. Como siempre, los dueños del capital achacan todos los males a los trabajadores, quienes en este caso han hecho un esfuerzo y aceptaron recortes a su contrato colectivo que para el año 2010 sumará más de 200 millones de dólares. Sin embargo, la empresa compradora quiere más sacrificios de la parte sindical, a los que ya no están tan dispuestos los pilotos, los sobrecargos ni el personal de tierra.
Entre los argumentos que esgrimen los trabajadores de Mexicana de Aviación es que la empresa compradora se comprometió a invertir 180 millones de pesos y hasta la fecha poco ha hecho en este rubro; incluso los dueños ponen como pretexto primero reducir más los términos pactados en los contratos colectivos. Es decir, que como siempre y hasta ahora los que ponen son los trabajadores. Claro, es la ley del sistema que tanto los dueños como el gobierno tratan de defender.
Para el caso de Aeroméxico los señores Saba ofrecen la gran cifra de 100 millones de dólares y honrar los pasivos que tiene la empresa aeronáutica. El análisis que han hecho los expertos indica que la oferta es muy baja, ya que sólo ofrecen 1.10 pesos por acción cuando la semana pasada se cotizaba en el mercado en dos pesos. Esta oferta es incluso más baja que lo que pagó el grupo Posadas por la adquisición de Mexicana de Aviación.
Hay que tomar en cuenta que con una flota cercana a los 100 aviones, esta oferta no se compara en nada, según se informa a los medios, con la reciente venta de Copa Airlines de Panamá, por la cual pagaron 2 mil 300 millones de dólares con una flota que no rebasa los cinco aviones. Es una verdadera desproporción la oferta que están realizando los señores Saba.
Sólo el anuncio irresponsable hecho por estos posibles compradores ha generado que la acción se desplome 20%, lo cual indica que para muchos es una oferta inaceptable. Por eso, en este caso el gobierno tiene que hacer un buen análisis que vaya más allá de los números.
Sin duda la rama de la aviación está pasando por un mal momento en todo el mundo, debido a diversas causas, pero la principal de ellas, argumentan, es el aumento del precio del combustible. Por eso, para hacer frente a la difícil situación que está viviéndose, en varias regiones, fundamentalmente Europa, se están perfilando alianzas o adquisiciones entre líneas aéreas de diversos países, lo cual provocará una muy alta concentración en esta rama económica.
Los señores Saba también han dejado en claro que la operación debe darse dentro del mercado de valores, con lo cual se aseguran de no pagar un solo centavo de impuestos. Ya hemos visto otro tipo de operaciones en ese mismo sentido, las que han dado como resultado un mayor enriquecimiento por parte de unos pocos, los de siempre, por cierto. Por lo visto una vez más el gobierno le apuesta a perder más dinero con tal de salirse de lo que consideran un mal negocio.
Para todos los efectos Aeroméxico es una empresa de participación estatal mayoritaria, por mucho que se quiera ocultar esta situación, ya que cerca de 60% de la empresa está en manos del gobierno a través del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Nacional Financiera. Es pues responsabilidad del gobierno la decisión que se vaya a tomar.
Deberán tener mucho cuidado no sólo con los costos económicos, sino también sociales de la decisión. No vaya a suceder que en un plazo corto el gobierno, una vez malbaratada dicha empresa, la tenga que rescatar por causa de utilidad pública, como ha pasado en este y otros rubros de la economía. El privatizar, expropiar o salvar y volver a vender es un tema que gusta a los gobernantes neoliberales.
Para los empresarios es muy fácil comprar barato, y si no les sale el negocio lo dejan quebrar o presionan para que el gobierno intervenga. No vaya a repetirse la historia de las privatizaciones de empresas públicas que tan bien conocemos los mexicanos.
Analista político y economista
sábado, 25 de agosto de 2007
Comunicado del Gobierno Legítimo de México
Provocará una escalada de precios el alza a la gasolina que propone el gobierno espurio de Calderón: AMLO
Puebla, Puebla
Viernes 24 de agosto de 2007
* La propuesta forma parte de la reforma fiscal que envió hace dos meses el presidente pelele a la Cámara de Diputados, aclara
* Como siempre, la carga fiscal recaerá en los contribuyentes cautivos, sin tocar los privilegios de los especuladores financieros, afirma
* La iniciativa de aumentar los impuestos demuestra que Calderón es un mentiroso, porque en campaña ofreció bajar los precios de los combustibles, sostiene
La reforma fiscal del gobierno espurio de Felipe Calderón se traduce a un aumento en impuestos y la aplicación de nuevas contribuciones que impactarán negativamente en la economía de las familias de la clase media y del sector productivo del país, sin afectar los privilegios fiscales de las grandes corporaciones y de los especuladores financieros, aseguró Andrés Manuel López Obrador.
Los panistas y el propio gobierno del presidente pelele pretenden desmarcarse de su propuesta de incrementar 50 centavos los precios de la gasolina, el diesel y el gas para consumo automotriz, precisó el presidente legítimo de México ante los micrófonos de la estación radiofónica Ultra, que se transmite por el 92.5 de FM.
Una eventual alza al precio de los combustibles, desatará de inmediato un incremento generalizado de precios en los artículos de consumo básico y generalizado, advirtió.
Recordó que Calderón ofreció durante la campaña presidencial reducir los precios de las gasolinas, pero ahora incumple su compromiso y decide aumentarlos, porque está al servicio de una minoría rapaz que le ayudó en el fraude electoral y lo impuso en el cargo de presidente de México.
En consecuencia, Calderón es un mentiroso y ladrón, que carece de autoridad moral y que es reflejo fiel de los panistas de arriba, que tienen una doble moral y que predican la doctrina de la hipocresía, a pesar de que se dicen gente de bien y decente. “Por el fraude que cometió, no tengo ningún respeto por Calderón”, subrayó.
Al explicar que desde hace dos meses Calderón envío a la Cámara de Diputados la iniciativa de reforma fiscal, aseguró que las consecuencias y el peso de la reforma recaerán en las espaldas de los profesionistas independientes y los pequeños y medianos empresarios y comerciantes, que son el soporte principal de la economía nacional, explicó.
En la cabina del informativo matutino y bajo la conducción del periodista Fernando Canales, detalló que la reforma fiscal “es el equivalente a aumentar los impuestos al sector productivo y, al mismo tiempo, mantener los privilegios fiscales de los grandes corporativos y de los especuladores financieros, en particular de aquellos que realizan operaciones en la Bolsa, pero sin pagar un solo centavo por concepto de impuestos”.
López Obrador hizo énfasis en que mientras un pequeño o mediano empresario desembolsa actualmente del 15 al 28 por ciento de sus ingresos para pagar el Impuesto sobre la Renta, la empresa Cemex eroga sólo el 2 por ciento por dicho gravamen, Telmex aporta el 6 por ciento y Coca Cola entrega el 1.5 por ciento.
Calderón –expuso— protege a los dueños de los monopolios, porque lo impusieron en el cargo, pero, a consecuencia de las prácticas monopólicas, no hay competencia en el mercado y las tarifas de los bienes y servicios están sujetas a criterios personales, en perjuicio de millones de usuarios.
Por ejemplo el servicio telefónico es 150 por ciento más caro en México que en los Estados Unidos, detalló.
Otro caso importante es el relativo al cemento. La firma Cemex lo comercializa en 200 por ciento más caro en nuestro territorio con relación al precio fijado en el vecino país del norte, abundó.
A pregunta expresa del conductor del informativo, el presidente legítimo de los mexicanos afirmó que la prueba contundente del fracaso de la actual política económica, de corte neoliberal, es la salida anual de aproximadamente 600 mil connacionales, que van a Estados Unidos en busca de oportunidades de empleo.
Sin embargo, advirtió que las remesas que envían los connacionales caerán drásticamente en el futuro. Su monto actual es de 24 mil millones de dólares, pero la cifra se reducirá a razón de 15 por ciento anual, a consecuencia de la recesión en la economía de los Estados Unidos.
Además, los trabajadores migratorios mexicanos enfrentarán mayores trabas para encontrar un empleo, por el endurecimiento de las políticas contra los indocumentados, destacó.
Durante la entrevista, que se prolongó por espacio de una hora, López Obrador expresó su seguridad de que el presidente pelele está atado completamente por los compromisos que hizo con quienes le ayudaron a consumar el fraude y lo impusieron como presidente.
Por ejemplo –especificó— le entregó la administración de la Secretaría de Educación Pública a la lideresa magisterial Elba Esther Gordillo y la secretaria Josefina Vázquez Mota se convirtió en un florero.
Además, el yerno de la lideresa del SNTE, Fernando González Sánchez, es subsecretario de Educación Básica de la mencionada dependencia, abundó.
En otro tema, López Obrador se refirió al gobernador de Puebla, Mario Marín. Señaló que Calderón durante la campaña, precisamente un mes antes de la elección presidencial, exigió el enjuiciamiento del llamado gober precioso, hasta lo tachó de inmoral.
Pero 15 días antes de los comicios, la dirigencia del PAN llega a un acuerdo con ocho gobernadores de extracción priista, entre ellos el poblano, para apoyar al abanderado del partido albiazul, a cambio de impunidad.
En el segundo día de recorrido por territorio poblano, el presidente legítimo de México dio una respuesta a sus detractores que consideran que aspira al poder por el poder.
En principio, puntualizó, “yo no soy un ambicioso vulgar y el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. No me mueve la ambición al poder por el poder o la ambición al dinero”.
Mencionó que su lucha es por ideales y principios. “Les molesta mucho a nuestros adversario o malquerientes y como no me ajusto al esquema de la política tradicional, me atacan bastante, al grado que han desatado campañas de odio y han creado hasta leyendas negras”.
Luego distinguió dos tipos de adversarios: “El primero es conservador, reaccionario, diferente a mi manera de pensar y no es un asunto de tipo personal, sino que tenemos concepciones distintas, concepciones distintas de la vida y proyectos distintos de Nación”.
En cambio, el segundo tipo de adversario se ha dejado engañar o los han engañado, por las mentiras y campañas de difamación que difunde la derecha a través de los medios de comunicación, aclaró.
Las campañas de desprestigio, la guerra sucia en la campaña presidencial, en donde se dijo que era un peligro para México, que era similar a Hugo Chávez y que si llegaba a la Presidencia iba a expropiar las casas de las familias que tuviesen más de una propiedad, impactaron en la población, principalmente en la clase media, que fue engañada y que se sintió amenazada.
Los panistas recurrieron a la técnica de Joseph Goebbels –ministro de propaganda de Adolfo Hitler— que consiste en repetir una mentira equis número de veces hasta convertirla en una verdad, añadió.
Cuando el conductor le preguntó si había sido una decisión del presidente legítimo el no establecer diálogo con Calderón, respondió: Yo no soy cacique, no giro órdenes ni instrucciones.
La decisión de cero diálogo con Calderón fue un acuerdo del Congreso nacional extraordinario del PRD, aclaró.
Con relación al movimiento de transformación de México, López Obrador manifestó que el proceso inició con un recorrido por los dos mil 500 municipios del país y la incorporación de cinco millones de mexicanos como representantes del Gobierno Legítimo de México.
El objetivo principal es transformar al país, porque hay una profunda descomposición de la vida pública del país. “Tenemos una crisis económica, de bienestar social, política y de valores y por esa razón hace falta un cambio real, pero no se gestará de arriba hacia abajo, desde la sociedad política o la clase política, porque está podrida”, destacó.
Sin embargo, aclaró, “tenemos un pueblo, que ahora se le llama sociedad civil, extraordinario y consideramos que con el pueblo se puede llevar a cabo la renovación de la vida pública”.
En caso de que nuestro pueblo estuviese dañado por la codicia, no tendríamos ninguna esperanza, pero el pueblo es trabajador, noble y progresista, así como consciente y de convicciones solidarias, agregó
Insistió en que el cambio será con una revolución de las conciencias y con un cambio de mentalidad, sin confrontación ni por la vía de la violencia. “Se defiende una causa justa, es un movimiento pacífico, con trabajo de organización y una movilización ciudadana, en el que participan millones de mexicanos.
En el recorrido de este día, López Obrador sostuvo encuentros con los habitantes de Tlaltenango, Xoxtla, Santa María Coronango, San Juan Cuautlancingo, San Andrés Cholula y la capital poblana.
Puebla, Puebla
Viernes 24 de agosto de 2007
* La propuesta forma parte de la reforma fiscal que envió hace dos meses el presidente pelele a la Cámara de Diputados, aclara
* Como siempre, la carga fiscal recaerá en los contribuyentes cautivos, sin tocar los privilegios de los especuladores financieros, afirma
* La iniciativa de aumentar los impuestos demuestra que Calderón es un mentiroso, porque en campaña ofreció bajar los precios de los combustibles, sostiene
La reforma fiscal del gobierno espurio de Felipe Calderón se traduce a un aumento en impuestos y la aplicación de nuevas contribuciones que impactarán negativamente en la economía de las familias de la clase media y del sector productivo del país, sin afectar los privilegios fiscales de las grandes corporaciones y de los especuladores financieros, aseguró Andrés Manuel López Obrador.
Los panistas y el propio gobierno del presidente pelele pretenden desmarcarse de su propuesta de incrementar 50 centavos los precios de la gasolina, el diesel y el gas para consumo automotriz, precisó el presidente legítimo de México ante los micrófonos de la estación radiofónica Ultra, que se transmite por el 92.5 de FM.
Una eventual alza al precio de los combustibles, desatará de inmediato un incremento generalizado de precios en los artículos de consumo básico y generalizado, advirtió.
Recordó que Calderón ofreció durante la campaña presidencial reducir los precios de las gasolinas, pero ahora incumple su compromiso y decide aumentarlos, porque está al servicio de una minoría rapaz que le ayudó en el fraude electoral y lo impuso en el cargo de presidente de México.
En consecuencia, Calderón es un mentiroso y ladrón, que carece de autoridad moral y que es reflejo fiel de los panistas de arriba, que tienen una doble moral y que predican la doctrina de la hipocresía, a pesar de que se dicen gente de bien y decente. “Por el fraude que cometió, no tengo ningún respeto por Calderón”, subrayó.
Al explicar que desde hace dos meses Calderón envío a la Cámara de Diputados la iniciativa de reforma fiscal, aseguró que las consecuencias y el peso de la reforma recaerán en las espaldas de los profesionistas independientes y los pequeños y medianos empresarios y comerciantes, que son el soporte principal de la economía nacional, explicó.
En la cabina del informativo matutino y bajo la conducción del periodista Fernando Canales, detalló que la reforma fiscal “es el equivalente a aumentar los impuestos al sector productivo y, al mismo tiempo, mantener los privilegios fiscales de los grandes corporativos y de los especuladores financieros, en particular de aquellos que realizan operaciones en la Bolsa, pero sin pagar un solo centavo por concepto de impuestos”.
López Obrador hizo énfasis en que mientras un pequeño o mediano empresario desembolsa actualmente del 15 al 28 por ciento de sus ingresos para pagar el Impuesto sobre la Renta, la empresa Cemex eroga sólo el 2 por ciento por dicho gravamen, Telmex aporta el 6 por ciento y Coca Cola entrega el 1.5 por ciento.
Calderón –expuso— protege a los dueños de los monopolios, porque lo impusieron en el cargo, pero, a consecuencia de las prácticas monopólicas, no hay competencia en el mercado y las tarifas de los bienes y servicios están sujetas a criterios personales, en perjuicio de millones de usuarios.
Por ejemplo el servicio telefónico es 150 por ciento más caro en México que en los Estados Unidos, detalló.
Otro caso importante es el relativo al cemento. La firma Cemex lo comercializa en 200 por ciento más caro en nuestro territorio con relación al precio fijado en el vecino país del norte, abundó.
A pregunta expresa del conductor del informativo, el presidente legítimo de los mexicanos afirmó que la prueba contundente del fracaso de la actual política económica, de corte neoliberal, es la salida anual de aproximadamente 600 mil connacionales, que van a Estados Unidos en busca de oportunidades de empleo.
Sin embargo, advirtió que las remesas que envían los connacionales caerán drásticamente en el futuro. Su monto actual es de 24 mil millones de dólares, pero la cifra se reducirá a razón de 15 por ciento anual, a consecuencia de la recesión en la economía de los Estados Unidos.
Además, los trabajadores migratorios mexicanos enfrentarán mayores trabas para encontrar un empleo, por el endurecimiento de las políticas contra los indocumentados, destacó.
Durante la entrevista, que se prolongó por espacio de una hora, López Obrador expresó su seguridad de que el presidente pelele está atado completamente por los compromisos que hizo con quienes le ayudaron a consumar el fraude y lo impusieron como presidente.
Por ejemplo –especificó— le entregó la administración de la Secretaría de Educación Pública a la lideresa magisterial Elba Esther Gordillo y la secretaria Josefina Vázquez Mota se convirtió en un florero.
Además, el yerno de la lideresa del SNTE, Fernando González Sánchez, es subsecretario de Educación Básica de la mencionada dependencia, abundó.
En otro tema, López Obrador se refirió al gobernador de Puebla, Mario Marín. Señaló que Calderón durante la campaña, precisamente un mes antes de la elección presidencial, exigió el enjuiciamiento del llamado gober precioso, hasta lo tachó de inmoral.
Pero 15 días antes de los comicios, la dirigencia del PAN llega a un acuerdo con ocho gobernadores de extracción priista, entre ellos el poblano, para apoyar al abanderado del partido albiazul, a cambio de impunidad.
En el segundo día de recorrido por territorio poblano, el presidente legítimo de México dio una respuesta a sus detractores que consideran que aspira al poder por el poder.
En principio, puntualizó, “yo no soy un ambicioso vulgar y el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. No me mueve la ambición al poder por el poder o la ambición al dinero”.
Mencionó que su lucha es por ideales y principios. “Les molesta mucho a nuestros adversario o malquerientes y como no me ajusto al esquema de la política tradicional, me atacan bastante, al grado que han desatado campañas de odio y han creado hasta leyendas negras”.
Luego distinguió dos tipos de adversarios: “El primero es conservador, reaccionario, diferente a mi manera de pensar y no es un asunto de tipo personal, sino que tenemos concepciones distintas, concepciones distintas de la vida y proyectos distintos de Nación”.
En cambio, el segundo tipo de adversario se ha dejado engañar o los han engañado, por las mentiras y campañas de difamación que difunde la derecha a través de los medios de comunicación, aclaró.
Las campañas de desprestigio, la guerra sucia en la campaña presidencial, en donde se dijo que era un peligro para México, que era similar a Hugo Chávez y que si llegaba a la Presidencia iba a expropiar las casas de las familias que tuviesen más de una propiedad, impactaron en la población, principalmente en la clase media, que fue engañada y que se sintió amenazada.
Los panistas recurrieron a la técnica de Joseph Goebbels –ministro de propaganda de Adolfo Hitler— que consiste en repetir una mentira equis número de veces hasta convertirla en una verdad, añadió.
Cuando el conductor le preguntó si había sido una decisión del presidente legítimo el no establecer diálogo con Calderón, respondió: Yo no soy cacique, no giro órdenes ni instrucciones.
La decisión de cero diálogo con Calderón fue un acuerdo del Congreso nacional extraordinario del PRD, aclaró.
Con relación al movimiento de transformación de México, López Obrador manifestó que el proceso inició con un recorrido por los dos mil 500 municipios del país y la incorporación de cinco millones de mexicanos como representantes del Gobierno Legítimo de México.
El objetivo principal es transformar al país, porque hay una profunda descomposición de la vida pública del país. “Tenemos una crisis económica, de bienestar social, política y de valores y por esa razón hace falta un cambio real, pero no se gestará de arriba hacia abajo, desde la sociedad política o la clase política, porque está podrida”, destacó.
Sin embargo, aclaró, “tenemos un pueblo, que ahora se le llama sociedad civil, extraordinario y consideramos que con el pueblo se puede llevar a cabo la renovación de la vida pública”.
En caso de que nuestro pueblo estuviese dañado por la codicia, no tendríamos ninguna esperanza, pero el pueblo es trabajador, noble y progresista, así como consciente y de convicciones solidarias, agregó
Insistió en que el cambio será con una revolución de las conciencias y con un cambio de mentalidad, sin confrontación ni por la vía de la violencia. “Se defiende una causa justa, es un movimiento pacífico, con trabajo de organización y una movilización ciudadana, en el que participan millones de mexicanos.
En el recorrido de este día, López Obrador sostuvo encuentros con los habitantes de Tlaltenango, Xoxtla, Santa María Coronango, San Juan Cuautlancingo, San Andrés Cholula y la capital poblana.
viernes, 24 de agosto de 2007
Comunicado
Varios fundadores del partido de la Revolución Democrática, nos hemos convencido de que la difícil situación interna del PRD reclama una respuesta de fondo, de parte de toda su militancia. Respuesta a la que queremos contribuir mediante la construcción de una corriente estatal conforme a lo dispuesto en el artículo 43 de nuestros estatutos.
Despues de una prolongada deliberacion, los que nos identificamos con esta corriente de pensamiento convenimos en el siguiente documento fundacional:
DECLARACION DE IZQUIERDA FEDERALISTA
La participación política del ciudadano contemporáneo, es en México un fenómeno complejo. El régimen de partido único cede ante lo que se define como la alternancia, sin que retroceda la carga cultural que le es inherente, carga que modeló a un individuo cívicamente sub-ciudadano inmerso en la cultura de la línea, de la obtención clientelar del voto, de la apología de la incongruencia en nombre del realismo político, de la aceptación resignada de la práctica del abuso de poder como hecho fatal e inevitable.
La izquierda mexicana, en sus diversas vertientes luchó contra la esencia autoritaria del régimen durante todo el siglo XX, mediante la más grande contribución de sacrificio humano. Nadie medianamente informado ignora que en esta lucha contra el poder autoritario, los perseguidos, los encarcelados, los desaparecidos, los vilipendiados, son de izquierda.
El PRD nace como respuesta de diversas vertientes de la izquierda al abuso de poder que en 1988 burló la voluntad de los mexicanos mediante el fraude electoral ahora reconocido por todos.
A partir de su fundación, el partido ha conquistado posiciones de poder; consolidando su posicionamiento en la capital de la república, obteniendo el gobierno de diversas entidades federativas, así como el de un sinnúmero de municipios, siendo de destacar nuestra presencia en el H. Congreso de la Unión y en un buen número de legislaturas locales. Por lo tanto hemos pasado a formar parte de la clase política dirigente de nuestro país, junto al Partido Acción Nacional y al Partido Revolucionario Institucional.
A los perredistas nos corresponde diferenciarnos con nuestra práctica concreta de los otros segmentos de la clase política dirigente, si queremos que nuestro proyecto de nación gane la mayoría social para acceder a la conducción del país. Y para que el desprecio social que suscita el abuso de poder no nos alcance
¿Por qué diferenciarnos? Porque la ira congelada de la sociedad nos incluye dentro de la clase política que abusa del poder.
El abuso de poder es contra lo legal y/o contra lo legítimo. El móvil del abuso de poder es la satisfacción de intereses particulares de individuos o de facciones por encima de intereses colectivos. Se abusa del poder cuando se incurre en nepotismo, amiguismo, o compadrazgo desde la función pública. Se abusa del poder cuando con dinero público se pervierte la misión del periodismo. Se abusa del poder cuando se pacta contra los derechos de otros, cuando se compran votos, cuando se le niega el ejercicio de los derechos políticos al subordinado laboral. Se abusa del poder cuando se despilfarra el dinero público, pero sobre todo, se abusa del poder cuando se hace de la incongruencia un recurso político ordinario.
El PRD pierde credibilidad, prestigio y rentabilidad electoral cuando, los que en su nombre legislan o gobiernan incurren en prácticas que la sociedad repudia. Un equivocado ejercicio del poder de los perredistas nos aleja de la victoria nacional por la vía de las aproximaciones sucesivas; porque en vez de gobiernos ejemplares por su ética, eficacia y sentido social, ofrecemos gobiernos partícipes de la decadencia moral más oprobiosa.
Convocamos a los perredistas identificados con los valores que el partido reivindica a resistir el abuso de poder, no sólo en la función pública, sino en la vida interna de nuestro partido, en donde la constelación de grupos de interés disfrazados de corrientes de pensamiento, suelen ser el vehículo de imposición de incondicionales en detrimento de trayectorias y perfiles.
Hagamos de la crítica inteligente, fundada y respetuosa un hábito. Hagamos de la autocrítica permanente nuestra mejor prevención contra la descomposición política y moral.
Buscamos construir una corriente de pensamiento que no sea un grupo de interés, que no busque cargos partidistas para subordinar al partido que es el todo, a un grupo que es la parte. Queremos construir una corriente que no se potencie desde los gobiernos perredistas más que con el prestigio derivado del buen desempeño de sus miembros.
Nos proponemos construir una corriente que forme ciudadanos plenos en vez de sub-ciudadanos, para dejar atrás la política sin ideas ni principios y para desenmascarar la incongruencia disfrazada de realismo.
Nuestra corriente hace de la educación política su razón de ser; proponemos una educación continua, abierta; orientada a formar mexicanos comprometidos con la verdadera democracia, con la soberanía nacional, y con la satisfacción de las necesidades básicas de toda la población.
Nuestra corriente rechaza por estéril, la vida partidaria intramuros, y por lo mismo asume su quehacer de educación política como actividad abierta a todos los individuos independientemente de su filiación partidista.
Es nuestra convicción que la educación es la mejor estrategia que la humanidad conoce para enfrentar sus males.
Es nuestra convicción que la educación política forja valores, y que su ausencia facilita el triunfo de los simuladores.
Izquierda Federalista
Despues de una prolongada deliberacion, los que nos identificamos con esta corriente de pensamiento convenimos en el siguiente documento fundacional:
DECLARACION DE IZQUIERDA FEDERALISTA
La participación política del ciudadano contemporáneo, es en México un fenómeno complejo. El régimen de partido único cede ante lo que se define como la alternancia, sin que retroceda la carga cultural que le es inherente, carga que modeló a un individuo cívicamente sub-ciudadano inmerso en la cultura de la línea, de la obtención clientelar del voto, de la apología de la incongruencia en nombre del realismo político, de la aceptación resignada de la práctica del abuso de poder como hecho fatal e inevitable.
La izquierda mexicana, en sus diversas vertientes luchó contra la esencia autoritaria del régimen durante todo el siglo XX, mediante la más grande contribución de sacrificio humano. Nadie medianamente informado ignora que en esta lucha contra el poder autoritario, los perseguidos, los encarcelados, los desaparecidos, los vilipendiados, son de izquierda.
El PRD nace como respuesta de diversas vertientes de la izquierda al abuso de poder que en 1988 burló la voluntad de los mexicanos mediante el fraude electoral ahora reconocido por todos.
A partir de su fundación, el partido ha conquistado posiciones de poder; consolidando su posicionamiento en la capital de la república, obteniendo el gobierno de diversas entidades federativas, así como el de un sinnúmero de municipios, siendo de destacar nuestra presencia en el H. Congreso de la Unión y en un buen número de legislaturas locales. Por lo tanto hemos pasado a formar parte de la clase política dirigente de nuestro país, junto al Partido Acción Nacional y al Partido Revolucionario Institucional.
A los perredistas nos corresponde diferenciarnos con nuestra práctica concreta de los otros segmentos de la clase política dirigente, si queremos que nuestro proyecto de nación gane la mayoría social para acceder a la conducción del país. Y para que el desprecio social que suscita el abuso de poder no nos alcance
¿Por qué diferenciarnos? Porque la ira congelada de la sociedad nos incluye dentro de la clase política que abusa del poder.
El abuso de poder es contra lo legal y/o contra lo legítimo. El móvil del abuso de poder es la satisfacción de intereses particulares de individuos o de facciones por encima de intereses colectivos. Se abusa del poder cuando se incurre en nepotismo, amiguismo, o compadrazgo desde la función pública. Se abusa del poder cuando con dinero público se pervierte la misión del periodismo. Se abusa del poder cuando se pacta contra los derechos de otros, cuando se compran votos, cuando se le niega el ejercicio de los derechos políticos al subordinado laboral. Se abusa del poder cuando se despilfarra el dinero público, pero sobre todo, se abusa del poder cuando se hace de la incongruencia un recurso político ordinario.
El PRD pierde credibilidad, prestigio y rentabilidad electoral cuando, los que en su nombre legislan o gobiernan incurren en prácticas que la sociedad repudia. Un equivocado ejercicio del poder de los perredistas nos aleja de la victoria nacional por la vía de las aproximaciones sucesivas; porque en vez de gobiernos ejemplares por su ética, eficacia y sentido social, ofrecemos gobiernos partícipes de la decadencia moral más oprobiosa.
Convocamos a los perredistas identificados con los valores que el partido reivindica a resistir el abuso de poder, no sólo en la función pública, sino en la vida interna de nuestro partido, en donde la constelación de grupos de interés disfrazados de corrientes de pensamiento, suelen ser el vehículo de imposición de incondicionales en detrimento de trayectorias y perfiles.
Hagamos de la crítica inteligente, fundada y respetuosa un hábito. Hagamos de la autocrítica permanente nuestra mejor prevención contra la descomposición política y moral.
Buscamos construir una corriente de pensamiento que no sea un grupo de interés, que no busque cargos partidistas para subordinar al partido que es el todo, a un grupo que es la parte. Queremos construir una corriente que no se potencie desde los gobiernos perredistas más que con el prestigio derivado del buen desempeño de sus miembros.
Nos proponemos construir una corriente que forme ciudadanos plenos en vez de sub-ciudadanos, para dejar atrás la política sin ideas ni principios y para desenmascarar la incongruencia disfrazada de realismo.
Nuestra corriente hace de la educación política su razón de ser; proponemos una educación continua, abierta; orientada a formar mexicanos comprometidos con la verdadera democracia, con la soberanía nacional, y con la satisfacción de las necesidades básicas de toda la población.
Nuestra corriente rechaza por estéril, la vida partidaria intramuros, y por lo mismo asume su quehacer de educación política como actividad abierta a todos los individuos independientemente de su filiación partidista.
Es nuestra convicción que la educación es la mejor estrategia que la humanidad conoce para enfrentar sus males.
Es nuestra convicción que la educación política forja valores, y que su ausencia facilita el triunfo de los simuladores.
Izquierda Federalista
Comunicado # 2
Comunicado núm. 2
El grupo de fundadores del PRD que asume la tarea de promover la construcción de una corriente estatal cuyo texto inicial ha sido distribuido entre los convocados, ha recogido una serie de opiniones mismas que una vez condensadas damos a conocer:
1. Se propone como nombre de la corriente el de Izquierda Federalista con lo cual asumimos la tarea de luchar por modificar en sentido democrático la relación entre entidades federativas y el Gobierno Federal, y la de los Gobiernos estatales y los municipios. Pugnaremos también por una nueva relación entre los perredistas de las entidades federativas y la dirección nacional.
2. Un grupo de abogados de izquierda federalista, coordinados por el Lic. Jorge Hiriart Estrada, tramitarán amparos a todos los interesados en contra de la nueva ley del ISSSTE como una forma de expresión y solidaridad de Izquierda Federalista con los intereses de los trabajadores afectados en sus derechos laborales.
3. El Lic. Miguel Ángel Aguilar Dávila coordinará los esfuerzos por divulgar las implicaciones perjudiciales a los trabajadores de la nueva ley del ISSSTE mediante exposiciones orales y divulgación de textos explicativos.
4. Izquierda federalista promoverá la presencia de expertos en la temática social más relevante, para estimular la concientización de la sociedad en temas de interés general.
5. Mediante el consenso de Izquierda federalista, fijará postura respecto a situaciones de interés general.
Los acuerdos son provisionales y será hasta después del proceso electoral en curso cuando se convoque a la asamblea constitutiva de la corriente, de donde emergerá la dirección formal y se aprobarán los documentos básicos.
Comisión promotora de
Izquierda Federalista
Zacatecas, Zac
17 de abril de 2007
El grupo de fundadores del PRD que asume la tarea de promover la construcción de una corriente estatal cuyo texto inicial ha sido distribuido entre los convocados, ha recogido una serie de opiniones mismas que una vez condensadas damos a conocer:
1. Se propone como nombre de la corriente el de Izquierda Federalista con lo cual asumimos la tarea de luchar por modificar en sentido democrático la relación entre entidades federativas y el Gobierno Federal, y la de los Gobiernos estatales y los municipios. Pugnaremos también por una nueva relación entre los perredistas de las entidades federativas y la dirección nacional.
2. Un grupo de abogados de izquierda federalista, coordinados por el Lic. Jorge Hiriart Estrada, tramitarán amparos a todos los interesados en contra de la nueva ley del ISSSTE como una forma de expresión y solidaridad de Izquierda Federalista con los intereses de los trabajadores afectados en sus derechos laborales.
3. El Lic. Miguel Ángel Aguilar Dávila coordinará los esfuerzos por divulgar las implicaciones perjudiciales a los trabajadores de la nueva ley del ISSSTE mediante exposiciones orales y divulgación de textos explicativos.
4. Izquierda federalista promoverá la presencia de expertos en la temática social más relevante, para estimular la concientización de la sociedad en temas de interés general.
5. Mediante el consenso de Izquierda federalista, fijará postura respecto a situaciones de interés general.
Los acuerdos son provisionales y será hasta después del proceso electoral en curso cuando se convoque a la asamblea constitutiva de la corriente, de donde emergerá la dirección formal y se aprobarán los documentos básicos.
Comisión promotora de
Izquierda Federalista
Zacatecas, Zac
17 de abril de 2007
Desmantelar el Estado 3
Carlos Montemayor/III
Desmantelar el Estado
Hemos comentado en las anteriores entregas que el Estado mexicano está en un proceso de desmantelamiento, ya que cierta vulnerabilidad del gobierno mexicano ha afectado la composición y la naturaleza misma del Estado. Tal proceso de desmantelamiento se asienta en un hecho esencial: no se trata de una reforma, variación, reforzamiento o modernización, sino de un proceso constante y sistemático de desarticulación del poder del Estado en enclaves esenciales de la vida política, económica y social del país.
Sin embargo, queda al parecer vigor en el Estado para seguir imponiéndose en ámbitos no copados por fuerzas o grupos sociales como las elites bancarias, empresariales, la Iglesia, los medios televisivos o las redes del narcotráfico, pongamos por caso. El Estado tiene capacidad para frenar los salarios de trabajadores, no para frenar los precios de las mercancías ni el costo de la operación de bancos; tiene capacidad para liberar de compromisos al gobierno y a la elite empresarial con la salud y las pensiones del trabajador, pero no puede impedir que las Afore incrementen en 200 por ciento las comisiones sobre pensiones de trabajadores; puede imponer la Ley del ISSSTE y amedrentar a los trabajadores inconformes que recurran a medios legales para ampararse; tiene capacidad para impedir que la tragedia de trabajadores mineros en Pasta de Conchos se convierta además en tragedia de funcionarios públicos y de empresarios; tiene capacidad para imponer la represión en Atenco, Sicartsa y Oaxaca, pero no para frenar la corrupción de las elites empresariales y políticas; tiene capacidad para doblegar a autoridades y a familiares de la señora Ernestina Ascensión Rosario, pero no para penalizar a los soldados culpables de la violación y el asesinato de esa anciana indígena. ¿Significa que una parte del Estado no está desmantelándose, entonces? O mejor, concretamente, ¿qué significa el actual desmantelamiento del Estado mexicano? Muy simple y complejo a la vez: su conversión en una gerencia regional de poderes financieros y cupulares. Si a esta conversión se le pretende confundir con la reforma del Estado, en precaria situación quedaremos todos los mexicanos.
Veamos esto con cierto detenimiento. El profesor Samuel Hungtington, de la Universidad de Harvard, es el ideólogo de la política de libre mercado de los gobiernos estadunidenses a partir de un espejismo: confundir el poder globalizador de consorcios trasnacionales con una fase superior e inevitable de la civilización occidental. A principios de la década de los 90 sus teorías sonaban novedosas porque en apariencia no planteaban el desarrollo reciente de la humanidad como un asunto de intereses comerciales y políticos, sino como un asunto de sustratos culturales diversos.
Pero en el Foro Económico Mundial, realizado en Nueva York en 2001, muy pocas semanas antes de las revelaciones de corrupción y fraudes colosales en una docena de las más importantes empresas trasnacionales estadunidenses, el señor Hungtington fue más allá, siempre al servicio de la expansión del libre comercio: los estados y los gobiernos sometidos a la globalización económica tienen que adelgazarse a tal punto que la única realidad política sea la que impongan los detentadores precisamente del poder financiero y comercial del mundo. A partir de aquí, Hungtington lanzó una nueva teoría: "es un hecho que la naturaleza de los estados se está modificando y que los estados están en proceso de desaparición. Por tanto, tenemos que buscar un concepto de autoridad diferente".
El profesor cree que los gobiernos deben estar al servicio de los intereses de las trasnacionales y, por tanto, como los estados resultan inservibles, habrá que buscar una autoridad alternativa: una autoridad gerencial y una nueva idea de soberanía y territorialidad. Tendríamos que hablar ahora no de estados soberanos, sino de gerencias regionales coordinadas por gerencias continentales o gerencias suprarregionales.
Sobre las ruinas del desmantelamiento del Estado, sobre la piel que la serpiente desecha, está consolidándose en México otro Estado que es gerencial, no político; que es elitista, no democrático; que está ciego al deterioro social y pronto al fortalecimiento de los grandes capitales desvinculados con el bienestar y desarrollo del país; dispuesto a un concepto de educación al servicio de la sociedad de elite y reacio a entenderla y asumirla como valor y patrimonio del país entero. Este desmantelamiento del Estado arroja otra composición en el país: hay un México ahora valioso y protegido que lo integra una elite quizás más vieja que nueva, y un México prescindible.
Habíamos dicho que este proceso no comienza con la actual administración federal; que no es el actual gobierno la causa de este desmantelamiento y conversión del Estado; que no podría tener la capacidad política, operativa ni ideológica para haber iniciado ni acelerado un proceso así. El desmantelamiento del Estado comenzó años atrás, particularmente con el encumbramiento del grupo económico y político que orientó o conformó Carlos Salinas de Gortari incluso antes de asumir la Presidencia de la República, en los últimos años de la administración de Miguel de la Madrid. En estos primeros seis meses de la gestión de Felipe Calderón se ha evidenciado el menoscabo y la transformación del Estado, impulsados por la acción política y económica de cuatro administraciones federales: parte de la correspondiente a Miguel de la Madrid, como hemos dicho, la de Salinas de Gortari, la de Ernesto Zedillo y la de Vicente Fox. Ahora, con Calderón, se inicia el quinto gobierno de lo mismo. En otros términos, los gobiernos del "cambio" vienen impulsando desde hace 20 años este proyecto de composición gerencial.
Ante el desmantelamiento del Estado o su transformación en gerencia regional, todos los grupos de poder han tomado su sitio y han impuesto sus reglas. ¿Ante este desmantelamiento intentará también tomar su sitio e imponer sus reglas la vasta fuerza ciudadana empobrecida y cada vez más distante de los intereses de la elite? ¿O asumirá pacífica y pasivamente su holocausto, su consumación? Al parecer, el naciente Estado gerencial está apostando a esto último y para ello afina reformas policiales, administrativas y legales.
Desmantelar el Estado
Hemos comentado en las anteriores entregas que el Estado mexicano está en un proceso de desmantelamiento, ya que cierta vulnerabilidad del gobierno mexicano ha afectado la composición y la naturaleza misma del Estado. Tal proceso de desmantelamiento se asienta en un hecho esencial: no se trata de una reforma, variación, reforzamiento o modernización, sino de un proceso constante y sistemático de desarticulación del poder del Estado en enclaves esenciales de la vida política, económica y social del país.
Sin embargo, queda al parecer vigor en el Estado para seguir imponiéndose en ámbitos no copados por fuerzas o grupos sociales como las elites bancarias, empresariales, la Iglesia, los medios televisivos o las redes del narcotráfico, pongamos por caso. El Estado tiene capacidad para frenar los salarios de trabajadores, no para frenar los precios de las mercancías ni el costo de la operación de bancos; tiene capacidad para liberar de compromisos al gobierno y a la elite empresarial con la salud y las pensiones del trabajador, pero no puede impedir que las Afore incrementen en 200 por ciento las comisiones sobre pensiones de trabajadores; puede imponer la Ley del ISSSTE y amedrentar a los trabajadores inconformes que recurran a medios legales para ampararse; tiene capacidad para impedir que la tragedia de trabajadores mineros en Pasta de Conchos se convierta además en tragedia de funcionarios públicos y de empresarios; tiene capacidad para imponer la represión en Atenco, Sicartsa y Oaxaca, pero no para frenar la corrupción de las elites empresariales y políticas; tiene capacidad para doblegar a autoridades y a familiares de la señora Ernestina Ascensión Rosario, pero no para penalizar a los soldados culpables de la violación y el asesinato de esa anciana indígena. ¿Significa que una parte del Estado no está desmantelándose, entonces? O mejor, concretamente, ¿qué significa el actual desmantelamiento del Estado mexicano? Muy simple y complejo a la vez: su conversión en una gerencia regional de poderes financieros y cupulares. Si a esta conversión se le pretende confundir con la reforma del Estado, en precaria situación quedaremos todos los mexicanos.
Veamos esto con cierto detenimiento. El profesor Samuel Hungtington, de la Universidad de Harvard, es el ideólogo de la política de libre mercado de los gobiernos estadunidenses a partir de un espejismo: confundir el poder globalizador de consorcios trasnacionales con una fase superior e inevitable de la civilización occidental. A principios de la década de los 90 sus teorías sonaban novedosas porque en apariencia no planteaban el desarrollo reciente de la humanidad como un asunto de intereses comerciales y políticos, sino como un asunto de sustratos culturales diversos.
Pero en el Foro Económico Mundial, realizado en Nueva York en 2001, muy pocas semanas antes de las revelaciones de corrupción y fraudes colosales en una docena de las más importantes empresas trasnacionales estadunidenses, el señor Hungtington fue más allá, siempre al servicio de la expansión del libre comercio: los estados y los gobiernos sometidos a la globalización económica tienen que adelgazarse a tal punto que la única realidad política sea la que impongan los detentadores precisamente del poder financiero y comercial del mundo. A partir de aquí, Hungtington lanzó una nueva teoría: "es un hecho que la naturaleza de los estados se está modificando y que los estados están en proceso de desaparición. Por tanto, tenemos que buscar un concepto de autoridad diferente".
El profesor cree que los gobiernos deben estar al servicio de los intereses de las trasnacionales y, por tanto, como los estados resultan inservibles, habrá que buscar una autoridad alternativa: una autoridad gerencial y una nueva idea de soberanía y territorialidad. Tendríamos que hablar ahora no de estados soberanos, sino de gerencias regionales coordinadas por gerencias continentales o gerencias suprarregionales.
Sobre las ruinas del desmantelamiento del Estado, sobre la piel que la serpiente desecha, está consolidándose en México otro Estado que es gerencial, no político; que es elitista, no democrático; que está ciego al deterioro social y pronto al fortalecimiento de los grandes capitales desvinculados con el bienestar y desarrollo del país; dispuesto a un concepto de educación al servicio de la sociedad de elite y reacio a entenderla y asumirla como valor y patrimonio del país entero. Este desmantelamiento del Estado arroja otra composición en el país: hay un México ahora valioso y protegido que lo integra una elite quizás más vieja que nueva, y un México prescindible.
Habíamos dicho que este proceso no comienza con la actual administración federal; que no es el actual gobierno la causa de este desmantelamiento y conversión del Estado; que no podría tener la capacidad política, operativa ni ideológica para haber iniciado ni acelerado un proceso así. El desmantelamiento del Estado comenzó años atrás, particularmente con el encumbramiento del grupo económico y político que orientó o conformó Carlos Salinas de Gortari incluso antes de asumir la Presidencia de la República, en los últimos años de la administración de Miguel de la Madrid. En estos primeros seis meses de la gestión de Felipe Calderón se ha evidenciado el menoscabo y la transformación del Estado, impulsados por la acción política y económica de cuatro administraciones federales: parte de la correspondiente a Miguel de la Madrid, como hemos dicho, la de Salinas de Gortari, la de Ernesto Zedillo y la de Vicente Fox. Ahora, con Calderón, se inicia el quinto gobierno de lo mismo. En otros términos, los gobiernos del "cambio" vienen impulsando desde hace 20 años este proyecto de composición gerencial.
Ante el desmantelamiento del Estado o su transformación en gerencia regional, todos los grupos de poder han tomado su sitio y han impuesto sus reglas. ¿Ante este desmantelamiento intentará también tomar su sitio e imponer sus reglas la vasta fuerza ciudadana empobrecida y cada vez más distante de los intereses de la elite? ¿O asumirá pacífica y pasivamente su holocausto, su consumación? Al parecer, el naciente Estado gerencial está apostando a esto último y para ello afina reformas policiales, administrativas y legales.
Desmantelar el Estado 2
Carlos Montemayor / II
Desmantelar el Estado
Varios elementos concurren en el desmantelamiento del Estado mexicano, comentábamos en la entrega anterior. El proceso es visible en diversos niveles y dinámicas: en el sector fiscal, en la migración, en el desarrollo económico o en el narcotráfico, por mencionar algunos.
Veamos ahora el sistema bancario, que ha dejado de ser mexicano hace ya tiempo y que es un ejemplo destacado de la vulnerabilidad del gobierno como autoridad fiscal. Los bancos han entendido que debían ocupar el vacío dejado por el Estado y se han apresurado a hacerlo con lujo de poder, efectividad y soberbia: son el sector que se beneficia con las más altas ganancias en el país, pero no contribuyen al desarrollo económico y productivo, no pagan impuestos, aumentan el costo de operaciones a sus clientes cautivos, despiden a trabajadores y reducen sueldos y prestaciones a los que no han despedido o a los que vuelven a contratar y, por si esto no bastara, siguen recibiendo fortunas desmedidas del IPAB/Fobaproa en función de un rescate que desde su origen fue ilegal y turbio, pero que ahora carece de justificación y sentido.
Los bancos son un aspecto relevante de la vulnerabilidad del gobierno en el pago de impuestos de los grandes causantes. Centenares de miles de millones de pesos que debían reportar al fisco los bancos y también grandes empresas nacionales y consorcios trasnacionales son retenidos por los propios causantes y transformados nuevamente en activos vía devoluciones o créditos, a lo que se agrega incluso la venta de grandes empresas y bancos (Banamex, Hylsamex, por ejemplo) a través de canales bursátiles no gravables. El pasado 10 de mayo, en una nota de Enrique Méndez publicada por La Jornada, se hizo público que en los primeros cinco años de gobierno de Vicente Fox el Servivicio de Administración Tributaria (SAT) devolvió 679 mil 691.3 millones de pesos a grandes contribuyentes y registró créditos fiscales por 495 mil 807.9 millones de pesos. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró recientemente, como lo documenta el reportaje de Carlos Acosta Córdova en la revista Proceso del 6 de mayo de este año, que el gobierno federal devolvió a la empresa Transportación Ferroviaria Mexicana, ahora Kansas City Southern de México, SA de CV, por concepto de IVA, 12 mil 965 millones 742 mil 200 pesos de manera ilegal e insólita, ya que ese impuesto nunca fue pagado al fisco. Para compensar esta pérdida fiscal permanente el gobierno mexicano se propone desde hace tiempo gravar alimentos, medicinas y libros y eliminar la tasa cero de la exigua canasta básica. O sea, como no pagan impuestos los grandes causantes, se busca compensar tal pérdida gravando el consumo directo de todos los mexicanos. El vacío de poder que deja el gobierno en materia fiscal lo ocupan ya los grandes causantes, capitales y trasnacionales. Además de la impotencia o permisividad del gobierno federal, esto refleja un desmantelamiento del Estado: su sometimiento voluntario o forzoso a una elite financiera, en lugar del ejercicio soberano de la recaudación para beneficio nacional.
En este sentido, en el impulso al crecimiento económico, el poder del gobierno mexicano ha ido menguando notablemente: su capacidad es ahora casi nula, como lo viene registrando desde hace varios años Carlos Fernández Vega en estas mismas páginas de La Jornada. Repasemos algunos datos que publicó el 19 de noviembre de 2005 y que constituyen otro ejemplo de la vulnerabilidad del gobierno que afecta la naturaleza del Estado mismo. En los primeros 12 años transcurridos desde la vigencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte la tasa anual promedio de crecimiento económico en México ha sido de 2.89 por ciento, menos de la mitad registrada en el periodo 1934-1982. Al finalizar el año de 2005, Fernández Vega señalaba que el 1.86 por ciento de crecimiento anual promedio de la administración de Vicente Fox se daba en plena paz macroeconómica. "Consumido 83 por cierto de su periodo constitucional (es decir, cinco de seis años), el gobierno de Zedillo reportaba una tasa anual promedio de crecimiento económico de 2.87 por ciento (incluidos 'errores de diciembre' y crisis financiera), y en igual lapso, pero del innombrable, dicho indicador fue de 3.8 por ciento. Sólo para dar una idea, en sexenios anteriores al de Miguel de la Madrid, en los primeros cinco años de gobierno la situación fue la siguiente: 5.19 por ciento con Lázaro Cárdenas; 6.08 por ciento con Avila Camacho; 6.14 por ciento con Alemán Valdés; 6.64 por ciento con Ruiz Cortines; 5.49 por ciento con López Mateos; 6.2 con el genocida Díaz Ordaz; 6.27 por ciento con Echeverría y 7.97 por ciento con López Portillo... Con Fox y su maravillosa maquinaria económica, envidia de la comunidad de naciones, 1.86 por ciento."
Un crecimiento así en los gobiernos neoliberales, tan próximo en verdad al "decrecimiento", pero en una economía que por su volumen en términos macroeconómicos se sitúa en la segunda decena de las economías del mundo, sólo se puede entender por la acumulación inusitada de la riqueza en una reducida elite y por una brutal expansión de la pobreza en las grandes mayorías. Esto es, a falta de la capacidad del Estado para impulsar la economía y asegurar una mejor distribución de la riqueza, la elite económica ha ocupado el sitio que el Estado abandona.
Una investigación del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la UNAM difundida a finales de marzo de 2006 y publicada en La Jornada el 27 de ese mismo mes destaca otro rasgo más: el abaratamiento del trabajo en México. Las empresas están bajando salarios en un esquema de despido permanente de trabajadores de altos ingresos que son sustituidos por empleados baratos, eliminando o restringiendo las prestaciones laborales. La investigación asentó que de diciembre de 1987 a enero de 2006 el precio de la canasta básica se había incrementado en mil 435 por ciento, mientras que el salario mínimo había aumentado en este periodo 308 por ciento, lo que arrojaba una pérdida acumulada de 73.4 por ciento. Es decir, en 1987 los trabajadores que percibían el salario mínimo podían adquirir 31 de los 35 artículos que formaban la canasta básica, y en 2006 sólo podían comprar cinco, eliminando o disminuyendo de su consumo productos esenciales.
Esta política económica, impuesta globalmente como un nuevo colonialismo, ha producido un desmesurado avance de la pobreza y un proceso acelerado de concentración de la riqueza. ¿Qué idea de Estado supone liberar precios de mercancías mientras se controla y frena el aumento de salarios de trabajadores, sobre todo cuando las Afore incrementan 200 por ciento las comisiones bancarias sobre los fondos de pensión? Son cambios drásticos en los conceptos del trabajo y de los derechos laborales, ciertamente, pero también lo son en el concepto de gobierno y la naturaleza del Estado.
Desmantelar el Estado
Varios elementos concurren en el desmantelamiento del Estado mexicano, comentábamos en la entrega anterior. El proceso es visible en diversos niveles y dinámicas: en el sector fiscal, en la migración, en el desarrollo económico o en el narcotráfico, por mencionar algunos.
Veamos ahora el sistema bancario, que ha dejado de ser mexicano hace ya tiempo y que es un ejemplo destacado de la vulnerabilidad del gobierno como autoridad fiscal. Los bancos han entendido que debían ocupar el vacío dejado por el Estado y se han apresurado a hacerlo con lujo de poder, efectividad y soberbia: son el sector que se beneficia con las más altas ganancias en el país, pero no contribuyen al desarrollo económico y productivo, no pagan impuestos, aumentan el costo de operaciones a sus clientes cautivos, despiden a trabajadores y reducen sueldos y prestaciones a los que no han despedido o a los que vuelven a contratar y, por si esto no bastara, siguen recibiendo fortunas desmedidas del IPAB/Fobaproa en función de un rescate que desde su origen fue ilegal y turbio, pero que ahora carece de justificación y sentido.
Los bancos son un aspecto relevante de la vulnerabilidad del gobierno en el pago de impuestos de los grandes causantes. Centenares de miles de millones de pesos que debían reportar al fisco los bancos y también grandes empresas nacionales y consorcios trasnacionales son retenidos por los propios causantes y transformados nuevamente en activos vía devoluciones o créditos, a lo que se agrega incluso la venta de grandes empresas y bancos (Banamex, Hylsamex, por ejemplo) a través de canales bursátiles no gravables. El pasado 10 de mayo, en una nota de Enrique Méndez publicada por La Jornada, se hizo público que en los primeros cinco años de gobierno de Vicente Fox el Servivicio de Administración Tributaria (SAT) devolvió 679 mil 691.3 millones de pesos a grandes contribuyentes y registró créditos fiscales por 495 mil 807.9 millones de pesos. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró recientemente, como lo documenta el reportaje de Carlos Acosta Córdova en la revista Proceso del 6 de mayo de este año, que el gobierno federal devolvió a la empresa Transportación Ferroviaria Mexicana, ahora Kansas City Southern de México, SA de CV, por concepto de IVA, 12 mil 965 millones 742 mil 200 pesos de manera ilegal e insólita, ya que ese impuesto nunca fue pagado al fisco. Para compensar esta pérdida fiscal permanente el gobierno mexicano se propone desde hace tiempo gravar alimentos, medicinas y libros y eliminar la tasa cero de la exigua canasta básica. O sea, como no pagan impuestos los grandes causantes, se busca compensar tal pérdida gravando el consumo directo de todos los mexicanos. El vacío de poder que deja el gobierno en materia fiscal lo ocupan ya los grandes causantes, capitales y trasnacionales. Además de la impotencia o permisividad del gobierno federal, esto refleja un desmantelamiento del Estado: su sometimiento voluntario o forzoso a una elite financiera, en lugar del ejercicio soberano de la recaudación para beneficio nacional.
En este sentido, en el impulso al crecimiento económico, el poder del gobierno mexicano ha ido menguando notablemente: su capacidad es ahora casi nula, como lo viene registrando desde hace varios años Carlos Fernández Vega en estas mismas páginas de La Jornada. Repasemos algunos datos que publicó el 19 de noviembre de 2005 y que constituyen otro ejemplo de la vulnerabilidad del gobierno que afecta la naturaleza del Estado mismo. En los primeros 12 años transcurridos desde la vigencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte la tasa anual promedio de crecimiento económico en México ha sido de 2.89 por ciento, menos de la mitad registrada en el periodo 1934-1982. Al finalizar el año de 2005, Fernández Vega señalaba que el 1.86 por ciento de crecimiento anual promedio de la administración de Vicente Fox se daba en plena paz macroeconómica. "Consumido 83 por cierto de su periodo constitucional (es decir, cinco de seis años), el gobierno de Zedillo reportaba una tasa anual promedio de crecimiento económico de 2.87 por ciento (incluidos 'errores de diciembre' y crisis financiera), y en igual lapso, pero del innombrable, dicho indicador fue de 3.8 por ciento. Sólo para dar una idea, en sexenios anteriores al de Miguel de la Madrid, en los primeros cinco años de gobierno la situación fue la siguiente: 5.19 por ciento con Lázaro Cárdenas; 6.08 por ciento con Avila Camacho; 6.14 por ciento con Alemán Valdés; 6.64 por ciento con Ruiz Cortines; 5.49 por ciento con López Mateos; 6.2 con el genocida Díaz Ordaz; 6.27 por ciento con Echeverría y 7.97 por ciento con López Portillo... Con Fox y su maravillosa maquinaria económica, envidia de la comunidad de naciones, 1.86 por ciento."
Un crecimiento así en los gobiernos neoliberales, tan próximo en verdad al "decrecimiento", pero en una economía que por su volumen en términos macroeconómicos se sitúa en la segunda decena de las economías del mundo, sólo se puede entender por la acumulación inusitada de la riqueza en una reducida elite y por una brutal expansión de la pobreza en las grandes mayorías. Esto es, a falta de la capacidad del Estado para impulsar la economía y asegurar una mejor distribución de la riqueza, la elite económica ha ocupado el sitio que el Estado abandona.
Una investigación del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la UNAM difundida a finales de marzo de 2006 y publicada en La Jornada el 27 de ese mismo mes destaca otro rasgo más: el abaratamiento del trabajo en México. Las empresas están bajando salarios en un esquema de despido permanente de trabajadores de altos ingresos que son sustituidos por empleados baratos, eliminando o restringiendo las prestaciones laborales. La investigación asentó que de diciembre de 1987 a enero de 2006 el precio de la canasta básica se había incrementado en mil 435 por ciento, mientras que el salario mínimo había aumentado en este periodo 308 por ciento, lo que arrojaba una pérdida acumulada de 73.4 por ciento. Es decir, en 1987 los trabajadores que percibían el salario mínimo podían adquirir 31 de los 35 artículos que formaban la canasta básica, y en 2006 sólo podían comprar cinco, eliminando o disminuyendo de su consumo productos esenciales.
Esta política económica, impuesta globalmente como un nuevo colonialismo, ha producido un desmesurado avance de la pobreza y un proceso acelerado de concentración de la riqueza. ¿Qué idea de Estado supone liberar precios de mercancías mientras se controla y frena el aumento de salarios de trabajadores, sobre todo cuando las Afore incrementan 200 por ciento las comisiones bancarias sobre los fondos de pensión? Son cambios drásticos en los conceptos del trabajo y de los derechos laborales, ciertamente, pero también lo son en el concepto de gobierno y la naturaleza del Estado.
Desmantelar el Estado
Carlos Montemayor /I
Desmantelar el Estado
Militares realizan cateos en Apatzingán, Michoacán, en el combate al narcotráfico que emprendió este año la administración de Felipe Calderón Foto: La Jornada Michoacán
En varios aspectos, durante la administración federal de Felipe Calderón se ha hecho evidente un deterioro del Estado y del sistema político mexicano que bien podríamos designarlo en su totalidad como un proceso general de desmantelamiento del Estado mismo. Por supuesto, la actual administración no es la causa; Felipe Calderón no podría tener la capacidad política, operativa ni ideológica para haber iniciado ni acelerado un proceso así. El desmantelamiento del Estado comenzó antes, y por la naturaleza de los distintos factores que en él concurren, no se trata de un proceso uniforme que avance al mismo paso y siempre con un mismo ritmo. El término "desmantelamiento" es en principio de muy amplia y quizás vaga connotación, pero subraya un hecho esencial: no se trata de una reforma, variación, reforzamiento o modernización del Estado, sino de un proceso constante y sistemático de desarticulación del poder del Estado en enclaves esenciales de la vida política, económica y social del país; una especie de capitulación en áreas políticas y sociales que hubiera sido impensable antes de los años ochenta del siglo pasado.
No debemos confundir la acción propia del gobierno federal con las del Estado, cierto; gobierno federal y Estado no son lo mismo. Pero determinadas acciones de gobierno, en particular algunas políticas económicas, sociales y policiales del gobierno federal, han conseguido paulatinamente afectar el Estado mexicano bajo un proceso que se acerca más a su desmantelamiento que a su renovación, remozamiento o "modernización".
Describamos someramente algunos casos de la vulnerabilidad progresiva del gobierno federal que afecta a la conformación del Estado mismo. Empecemos con la lucha contra el narcotráfico, que el discurso gubernamental señala como total y decidida. En realidad, podríamos decir que el narcotráfico posee numerosas facetas que no son sangrientas ni propiamente conflictivas, y contra las cuales no siempre se combate ni se intenta desarticular a fondo circuito alguno. Es el caso de la producción o cultivos tanto en territorio mexicano como en territorio estadunidense e incluso en otros más lejanos, pues Afganistán volvió a convertirse, por ejemplo, en el primer productor mundial de amapola en cuanto Estados Unidos lo invadió. El procesamiento químico de los estupefacientes tampoco es una faceta particularmente conflictiva, sobre todo si las bases químicas para el procesamiento provienen de la industria de Estados Unidos, y no de China, pues nada más fácil para la DEA que el seguimiento de compradores asiduos, posibles o recurrentes en territorio estadunidense. Incluso en este aspecto podemos agregar otro circuito no violento que se inicia en la industria estadunidense: el contrabando de armas. Y por supuesto, el lavado de dinero y la inversión ulterior en ramos de la construcción, turismo, comercio o bienes raíces, pongamos por caso, no provocan combates ni vendettas, sólo planeación y estrategias financieras. El punto conflictivo, sangriento, es uno solo: el traslado terrestre, marítimo o aéreo de los narcóticos, y aquí se centra "el combate" al narcotráfico.
Ahora bien, incorporar al Ejército en ese enclave conflictivo de la lucha antinarcóticos revela dos cosas: una, que fueron rebasadas ya las estructuras policiales y políticas del país y que el Ejército se ha convertido en el último recurso; dos, que la incorporación de militares a las tareas policiacas antinarcóticos revela el dócil sometimiento del gobierno mexicano a los lineamientos de seguridad hemisféricas que desde la anterior década del siglo pasado han previsto los gobiernos de Estados Unidos: convertir a los ejércitos latinoamericanos (o a muchos de ellos) en fuerzas de complemento.
En cuanto al primer punto, el de las estructuras rebasadas, al echar mano del Ejército como último recurso el gobierno se sitúa al borde del vacío, y detrás de él, el Estado. La ausencia de poder estatal en estos ámbitos del crimen organizado lo ha ocupado ya la misma fuerza criminal. El otro punto es más complejo. En 1996, cuando el Partido Republicano celebró su Convención en San Diego, el entonces candidato Robert Dole afirmó que de triunfar en las elecciones ordenaría a las fuerzas armadas que participaran en la lucha antinarcóticos. El entonces zar antidrogas, general Barry McCaffrey, tildó de grave error que se expusiera a militares al inmenso poder de corrupción del narcotráfico y se le desviara de sus funciones primordiales de seguridad nacional. La misión de las fuerzas armadas era superior: conservar la integridad y la capacidad de defensa de Estados Unidos, sobre todo cuando era ya el vencedor de la guerra fría. Era paradójico que el general McCaffrey se opusiera a que las fuerzas armadas estadunidenses participaran en la lucha antinarcóticos, pero exigiera que las de América Latina sí lo hicieran. ¿Por qué al zar antidrogas estadunidense sí le parecía natural que nuestros ejércitos se expusieran "al inmenso poder de corrupción del narcotráfico"?
Un año antes, el 24 de julio de 1995, en la Reunión Ministerial de Defensa de las Américas, cuando se desempeñaba como comandante en jefe del Comando Sur, el general McCaffrey expuso que el fin de la guerra fría había llevado a Estados Unidos a cambiar significativamente la orientación y naturaleza de sus fuerzas armadas y que, como un "apéndice del Norte", también "nuestros colegas uniformados de toda América Latina están atravesando por un proceso militar de análisis, transformación y orientación", y avanzó que los posibles roles y misiones de los ejércitos latinoamericanos para el siglo XXI "serían operaciones de apoyo doméstico, protección del medio ambiente, administración colectiva de las fronteras, operaciones humanitarias, operaciones convencionales de los intereses del soberano y operaciones regionales contra el narcotráfico".
Esta encomienda de nuevas misiones para nuestras fuerzas armadas revela otro tipo de globalización. Al sometimiento financiero, industrial, diplomático, sobreviene ahora en nuestros países el sometimiento a nuevas estrategias militares. A la apertura comercial de los mercados corresponde un nuevo ajuste de fronteras desde la perspectiva de la teoría de seguridad continental. Ahora se trata de convertir a los ejércitos latinoamericanos en una especie de fuerzas de complemento que puedan coordinarse con aquello que en el futuro será el único cuerpo propiamente militar del continente: el ejército estadunidense. El imperio no quiere ya invadir: requiere la docilidad de fuerzas complementarias o de apoyo.
Desde la perspectiva de Estados Unidos, pues, sólo se enfoca el combate total y decidido contra el narcotráfico en el gobierno de Calderón como una más de las "operaciones regionales contra el narcotráfico", agravado esto con lo siguiente: se trata de controlar el traslado territorial de la oferta externa de narcóticos sin que se corresponda con otra lucha en Estados Unidos para controlar la demanda y la oferta internas; esto es, se nos utiliza como un instrumento regional de control externo en una lucha que más se dirige a consolidar el monopolio estadunidense de los narcóticos fuera de su país que a combatirlo dentro y fuera de sus propias fronteras. En otros términos, la fase actual de la lucha contra el narcotráfico está revelando no sólo la inoperancia del gobierno mexicano y de sus estructuras policiales y el sometimiento del Ejército a un orden estadunidense de seguridad hemisférica; también está significando el desmantelamiento de una estructura del Estado mismo en seguridad nacional.
Desmantelar el Estado
Militares realizan cateos en Apatzingán, Michoacán, en el combate al narcotráfico que emprendió este año la administración de Felipe Calderón Foto: La Jornada Michoacán
En varios aspectos, durante la administración federal de Felipe Calderón se ha hecho evidente un deterioro del Estado y del sistema político mexicano que bien podríamos designarlo en su totalidad como un proceso general de desmantelamiento del Estado mismo. Por supuesto, la actual administración no es la causa; Felipe Calderón no podría tener la capacidad política, operativa ni ideológica para haber iniciado ni acelerado un proceso así. El desmantelamiento del Estado comenzó antes, y por la naturaleza de los distintos factores que en él concurren, no se trata de un proceso uniforme que avance al mismo paso y siempre con un mismo ritmo. El término "desmantelamiento" es en principio de muy amplia y quizás vaga connotación, pero subraya un hecho esencial: no se trata de una reforma, variación, reforzamiento o modernización del Estado, sino de un proceso constante y sistemático de desarticulación del poder del Estado en enclaves esenciales de la vida política, económica y social del país; una especie de capitulación en áreas políticas y sociales que hubiera sido impensable antes de los años ochenta del siglo pasado.
No debemos confundir la acción propia del gobierno federal con las del Estado, cierto; gobierno federal y Estado no son lo mismo. Pero determinadas acciones de gobierno, en particular algunas políticas económicas, sociales y policiales del gobierno federal, han conseguido paulatinamente afectar el Estado mexicano bajo un proceso que se acerca más a su desmantelamiento que a su renovación, remozamiento o "modernización".
Describamos someramente algunos casos de la vulnerabilidad progresiva del gobierno federal que afecta a la conformación del Estado mismo. Empecemos con la lucha contra el narcotráfico, que el discurso gubernamental señala como total y decidida. En realidad, podríamos decir que el narcotráfico posee numerosas facetas que no son sangrientas ni propiamente conflictivas, y contra las cuales no siempre se combate ni se intenta desarticular a fondo circuito alguno. Es el caso de la producción o cultivos tanto en territorio mexicano como en territorio estadunidense e incluso en otros más lejanos, pues Afganistán volvió a convertirse, por ejemplo, en el primer productor mundial de amapola en cuanto Estados Unidos lo invadió. El procesamiento químico de los estupefacientes tampoco es una faceta particularmente conflictiva, sobre todo si las bases químicas para el procesamiento provienen de la industria de Estados Unidos, y no de China, pues nada más fácil para la DEA que el seguimiento de compradores asiduos, posibles o recurrentes en territorio estadunidense. Incluso en este aspecto podemos agregar otro circuito no violento que se inicia en la industria estadunidense: el contrabando de armas. Y por supuesto, el lavado de dinero y la inversión ulterior en ramos de la construcción, turismo, comercio o bienes raíces, pongamos por caso, no provocan combates ni vendettas, sólo planeación y estrategias financieras. El punto conflictivo, sangriento, es uno solo: el traslado terrestre, marítimo o aéreo de los narcóticos, y aquí se centra "el combate" al narcotráfico.
Ahora bien, incorporar al Ejército en ese enclave conflictivo de la lucha antinarcóticos revela dos cosas: una, que fueron rebasadas ya las estructuras policiales y políticas del país y que el Ejército se ha convertido en el último recurso; dos, que la incorporación de militares a las tareas policiacas antinarcóticos revela el dócil sometimiento del gobierno mexicano a los lineamientos de seguridad hemisféricas que desde la anterior década del siglo pasado han previsto los gobiernos de Estados Unidos: convertir a los ejércitos latinoamericanos (o a muchos de ellos) en fuerzas de complemento.
En cuanto al primer punto, el de las estructuras rebasadas, al echar mano del Ejército como último recurso el gobierno se sitúa al borde del vacío, y detrás de él, el Estado. La ausencia de poder estatal en estos ámbitos del crimen organizado lo ha ocupado ya la misma fuerza criminal. El otro punto es más complejo. En 1996, cuando el Partido Republicano celebró su Convención en San Diego, el entonces candidato Robert Dole afirmó que de triunfar en las elecciones ordenaría a las fuerzas armadas que participaran en la lucha antinarcóticos. El entonces zar antidrogas, general Barry McCaffrey, tildó de grave error que se expusiera a militares al inmenso poder de corrupción del narcotráfico y se le desviara de sus funciones primordiales de seguridad nacional. La misión de las fuerzas armadas era superior: conservar la integridad y la capacidad de defensa de Estados Unidos, sobre todo cuando era ya el vencedor de la guerra fría. Era paradójico que el general McCaffrey se opusiera a que las fuerzas armadas estadunidenses participaran en la lucha antinarcóticos, pero exigiera que las de América Latina sí lo hicieran. ¿Por qué al zar antidrogas estadunidense sí le parecía natural que nuestros ejércitos se expusieran "al inmenso poder de corrupción del narcotráfico"?
Un año antes, el 24 de julio de 1995, en la Reunión Ministerial de Defensa de las Américas, cuando se desempeñaba como comandante en jefe del Comando Sur, el general McCaffrey expuso que el fin de la guerra fría había llevado a Estados Unidos a cambiar significativamente la orientación y naturaleza de sus fuerzas armadas y que, como un "apéndice del Norte", también "nuestros colegas uniformados de toda América Latina están atravesando por un proceso militar de análisis, transformación y orientación", y avanzó que los posibles roles y misiones de los ejércitos latinoamericanos para el siglo XXI "serían operaciones de apoyo doméstico, protección del medio ambiente, administración colectiva de las fronteras, operaciones humanitarias, operaciones convencionales de los intereses del soberano y operaciones regionales contra el narcotráfico".
Esta encomienda de nuevas misiones para nuestras fuerzas armadas revela otro tipo de globalización. Al sometimiento financiero, industrial, diplomático, sobreviene ahora en nuestros países el sometimiento a nuevas estrategias militares. A la apertura comercial de los mercados corresponde un nuevo ajuste de fronteras desde la perspectiva de la teoría de seguridad continental. Ahora se trata de convertir a los ejércitos latinoamericanos en una especie de fuerzas de complemento que puedan coordinarse con aquello que en el futuro será el único cuerpo propiamente militar del continente: el ejército estadunidense. El imperio no quiere ya invadir: requiere la docilidad de fuerzas complementarias o de apoyo.
Desde la perspectiva de Estados Unidos, pues, sólo se enfoca el combate total y decidido contra el narcotráfico en el gobierno de Calderón como una más de las "operaciones regionales contra el narcotráfico", agravado esto con lo siguiente: se trata de controlar el traslado territorial de la oferta externa de narcóticos sin que se corresponda con otra lucha en Estados Unidos para controlar la demanda y la oferta internas; esto es, se nos utiliza como un instrumento regional de control externo en una lucha que más se dirige a consolidar el monopolio estadunidense de los narcóticos fuera de su país que a combatirlo dentro y fuera de sus propias fronteras. En otros términos, la fase actual de la lucha contra el narcotráfico está revelando no sólo la inoperancia del gobierno mexicano y de sus estructuras policiales y el sometimiento del Ejército a un orden estadunidense de seguridad hemisférica; también está significando el desmantelamiento de una estructura del Estado mismo en seguridad nacional.
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