En concreto
Laura Itzel Castillo
27 de febrero de 2008
Unidos en la defensa del petróleo
El pasado 24 de febrero, Día de la Bandera Nacional, miles de mexicanos nos reunimos frente a la torre de Pemex a convocatoria de Andrés Manuel López Obrador, Presidente legítimo de México, para refrendar el compromiso con nuestra soberanía.
En este evento se aprobó el plan de acción de resistencia civil pacífica contra el intento privatizador de la industria petrolera. En la primera etapa promueve la conformación de los comités en defensa del petróleo y brigadas de información.
Posteriormente, si la iniciativa de reforma legislativa es presentada, los diputados del FAP promoverán una huelga legislativa.
También se efectuarán cercos ciudadanos en las Cámaras de Diputados y Senadores, en los Congresos locales y en los palacios de gobierno de las distintas entidades de la República.
Si la iniciativa no es retirada, los cercos se extenderán a los aeropuertos, a las instalaciones estratégicas petroleras y financieras, a las carreteras y, finalmente, se realizará un paro patriótico nacional.
En ese sentido, el 23 de febrero, constituimos el Comité Estatal en Defensa del Petróleo en Zacatecas —entidad de la cual soy responsable— con la participación de los representantes del PRD, PT y Convergencia, así como líderes sociales. Entre sus integrantes figura Arturo Romo, ex gobernador de ese estado.
El doctor Alfredo Jalife Rahme, experto en la materia e integrante del Comité Nacional en Defensa del Petróleo, tomó la protesta a los miembros del naciente órgano tras dictar una conferencia donde señaló que, de acuerdo con los resultados de las encuestas elaboradas por las empresas Mitofsky, Ulises Beltrán y el Partido Convergencia, 70% de los mexicanos rechaza la privatización del petróleo.
También denunció que, bajo el pretexto de la modernización, Calderón quiere entregar a las empresas trasnacionales nuestros recursos no renovables. Aseguró que esto va contra la tendencia internacional, ya que 90% de los hidrocarburos en el planeta están actualmente en manos del Estado. Citó como ejemplos destacados a Rusia, Irán, China, Malasia, Arabia Saudita, Brasil y Venezuela.
A base de falsedades y triquiñuelas, el PRIAN pretende consumar la privatización de este sector, que ya se inició con los pidiregas y los contratos de riesgo. Miente la derecha al decir que el Estado mexicano no tiene la capacidad económica para reinvertir en Pemex. Tan sólo en el sexenio de Fox, se obtuvieron 335 mil millones de dólares, pero casi todo se perdió en los grandes sueldos de sus funcionarios y en la corrupción que agobia al país.
Debemos estar conscientes de la importancia de este tema, pues está de por medio el futuro de México como país libre y soberano. Por eso debemos mantenernos unidos y actuar con inteligencia para no caer en las trampas que buscan dividir al movimiento.
miércoles, 27 de febrero de 2008
Opinión de Luis Linares Zapata en La jornada
Luis Linares Zapata
Pemex: absurdos y consignas
Pocas son las decisiones estratégicas adoptadas en el campo de la energía en los últimos 30 años y lo consistente es que no sólo han sido perjudiciales, sino que han generado, como sello distintivo, un conjunto de acciones absurdas y alentadoras de corrupción. El entreguismo ha sido una tendencia primordial de los responsables. Una tras otra y en fila ignominiosa han ido haciendo su debut en el ámbito público y en el operativo de las empresas de energía.
La primera de esas decisiones extraviadas se materializó al empujar a Pemex para que se convirtiera en una potencia exportadora de crudo. Hay que recordar que desde la nacionalización, a finales de los 30 y hasta el fin de los 70, toda la producción mexicana se destinó al consumo interno. En esos años la industria se fue integrando de manera vertical hasta formar una cadena inmensa de plantas transformadoras que iban de las gasolinas a los petroquímicos plásticos pasando por los fertilizantes para la agricultura.
El arribo del empresario Díaz Serrano a la dirección de la paraestatal marcó el inicio de la venta masiva de crudo al extranjero alentada por los hallazgos en las aguas del Golfo (Cantarel). “O extraemos el crudo, lo vendemos de inmediato y al mejor postor, o se nos pudre en los pozos”, era la irónica cantinela en boga. Se suponía que en 10 o 20 años el petróleo sería un material obsoleto, por lo que había que aprovechar la bonanza de los precios altos. Bonanza que los mexicanos iban a administrar por primera vez en su historia. Ésta fue una trágica decisión que llevó a expoliar las reservas propias y a poner el énfasis en el mercadeo a costa del desarrollo industrial y tecnológico.
Otra decisión clave por demás errada fue subsidiar, mediante la voluminosa renta petrolera que se obtenía por el crudo exportado, a los evasores de impuestos. Pemex, vía impuestos gravosos, fue desde entonces la tesorería básica de la hacienda pública. En adelante, cuanto ingreso se obtiene por la abundante plataforma exportadora, que crecía con las horas de infecundos días, financia el presupuesto del gobierno en turno. Se empezó autorizando 300 mil barriles para el exterior, después medio millón, hasta llegar al millón y medio en que se detuvo. Una verdadera sangría en despoblado. Es por esa fuente, agotable por cierto, de divisas después trastocadas en deuda interna que se otorgaron onerosos privilegios fiscales a empresas y particulares. Contribuyentes que bajo condiciones normales debían soportar el peso mayor de la carga impositiva en el país. En lugar de ello, vía fiscal, sólo se ingresan recursos por apenas 9 o 10 puntos del PIB. Con otros gravámenes varios se llega a un ridículo, para estándares internacionales, de 11 o 12 puntos del mismo PIB. El resto, hasta alcanzar un magro 20 por ciento, lo aportan las cargas a Pemex. Es por esta causa que se abandona toda inversión, se endeuda a la petrolera (y a la CFE) con los famosos Pidiregas y la colocación directa de bonos. Debido a una política equivocada de precios entre compañías del sector se fueron cerrando las plantas petroquímicas nacionales hasta hacerse importadores de todo: gasolinas, gas, amoniaco, urea, plásticos o fertilizantes. Hoy sólo de gasolinas se importan 10 mil millones de dólares (mmdd) al año y se acaba de firmar un sospechoso contrato de gas por 15 mmdd con Repsol.
Una consecuencia directamente vinculada con esta lastimosa situación del área energética es el déficit comercial externo, que crece de manera acelerada e indetenible a corto y mediano plazos. No se tienen las refinerías indispensables para la sustitución de importaciones y revertir la tendencia que ya evidencia o anticipa una crisis adicional a las anteriores, tan dolorosas como imbéciles. Es por eso que se requieren capitales externos e internos que palien las deformaciones provocadas por esas decisiones mal tomadas, interesadamente desviadas, ya fuera por posturas ideológicas o francos trafiques ilegales con los bienes públicos. Una constante que desvía y enreda las políticas operativas de Pemex y CFE.
Otra decisión estratégica errada, en el vital campo de la energía, que explica todos esos rodeos, falsedades, fintas demagógicas, campañas publicitarias y mantos de complicidades, es la de privatizar el sector obedeciendo consignas y recetas prefabricadas desde el exterior. Tanto Pemex como CFE han sido víctimas de tal compulsión de aquellos encargados de conducir los destinos del sector energía. En ese derrotero han sido consistentes tanto funcionarios públicos como políticos partidistas y legisladores. Han echado mano de cuanto subterfugio tienen al alcance para lograr su cometido. Ya fuera elaborando una ley del servicio público del año 92 (Carlos Salinas) que permitió la cogeneración eléctrica (productores independientes), o la puesta en marcha de contratos sustitutos de los de riesgo, ahora llamados de servicios múltiples. Estos últimos son prácticas y efectivas concesiones para la extracción de gas (Burgos) que se piensa extender a la exploración, extracción o conducción de petróleo.
La lista de subterfugios privatizadores no tiene límites y menos vergüenza. Adopta formas variadas y disfraces torpes, usados en varios países, circunstancia que remite a pensar en una mente conductora, quizá situada allende fronteras y que origina todas estas tácticas para el propio beneficio. Con inusitada frecuencia se habla de modernización y se cierran por obsoletas plantas útiles. Otras veces se menciona la autonomía de gestión, una que permita una administración profesional de especialistas. Últimamente se intenta capitalizar a dichas empresas trasladando la enorme deuda en acciones o para democratizar el capital a través de colocaciones en bolsa. En los últimos años se habla de alianzas estratégicas, eufemismo por demás gastado en Venezuela, Ecuador o Brasil por lo que en realidad oculta. El objetivo es abrir la puerta, aunque sea lateral o trasera, a la entrada del capital externo y, en menor proporción al interno.
Así llegamos al presente compás de espera por una reforma energética, de la que ya mucho se sabe aunque los publicistas orgánicos nieguen su concreción. Interesados en promoverla sobran, ya sea para granjearse las simpatías de los poderosos, para empujar sus carreras o para recoger los sobrantes que se desparramarán. Traficantes de influencias pululan con atildado esmero, algunos insertados en altísimos puestos de la administración federal actual. Tal como lo hicieron los otrora contratistas particulares que se clavaron en CFE y Pemex sólo para direccionar, a su favor, cuanta decisión pasó por sus oficinas. El único perjudicado será esa nebulosa referencia: el pueblo. Palabra detrás del cual se ocultan, dice el oficialismo, los que quieren falsamente actuar en su nombre. Pero, a lo mejor, esos sujetos que tanto denuesto reciben resultan ser los que se comunican con la gente y atienden sus intereses.
Pemex: absurdos y consignas
Pocas son las decisiones estratégicas adoptadas en el campo de la energía en los últimos 30 años y lo consistente es que no sólo han sido perjudiciales, sino que han generado, como sello distintivo, un conjunto de acciones absurdas y alentadoras de corrupción. El entreguismo ha sido una tendencia primordial de los responsables. Una tras otra y en fila ignominiosa han ido haciendo su debut en el ámbito público y en el operativo de las empresas de energía.
La primera de esas decisiones extraviadas se materializó al empujar a Pemex para que se convirtiera en una potencia exportadora de crudo. Hay que recordar que desde la nacionalización, a finales de los 30 y hasta el fin de los 70, toda la producción mexicana se destinó al consumo interno. En esos años la industria se fue integrando de manera vertical hasta formar una cadena inmensa de plantas transformadoras que iban de las gasolinas a los petroquímicos plásticos pasando por los fertilizantes para la agricultura.
El arribo del empresario Díaz Serrano a la dirección de la paraestatal marcó el inicio de la venta masiva de crudo al extranjero alentada por los hallazgos en las aguas del Golfo (Cantarel). “O extraemos el crudo, lo vendemos de inmediato y al mejor postor, o se nos pudre en los pozos”, era la irónica cantinela en boga. Se suponía que en 10 o 20 años el petróleo sería un material obsoleto, por lo que había que aprovechar la bonanza de los precios altos. Bonanza que los mexicanos iban a administrar por primera vez en su historia. Ésta fue una trágica decisión que llevó a expoliar las reservas propias y a poner el énfasis en el mercadeo a costa del desarrollo industrial y tecnológico.
Otra decisión clave por demás errada fue subsidiar, mediante la voluminosa renta petrolera que se obtenía por el crudo exportado, a los evasores de impuestos. Pemex, vía impuestos gravosos, fue desde entonces la tesorería básica de la hacienda pública. En adelante, cuanto ingreso se obtiene por la abundante plataforma exportadora, que crecía con las horas de infecundos días, financia el presupuesto del gobierno en turno. Se empezó autorizando 300 mil barriles para el exterior, después medio millón, hasta llegar al millón y medio en que se detuvo. Una verdadera sangría en despoblado. Es por esa fuente, agotable por cierto, de divisas después trastocadas en deuda interna que se otorgaron onerosos privilegios fiscales a empresas y particulares. Contribuyentes que bajo condiciones normales debían soportar el peso mayor de la carga impositiva en el país. En lugar de ello, vía fiscal, sólo se ingresan recursos por apenas 9 o 10 puntos del PIB. Con otros gravámenes varios se llega a un ridículo, para estándares internacionales, de 11 o 12 puntos del mismo PIB. El resto, hasta alcanzar un magro 20 por ciento, lo aportan las cargas a Pemex. Es por esta causa que se abandona toda inversión, se endeuda a la petrolera (y a la CFE) con los famosos Pidiregas y la colocación directa de bonos. Debido a una política equivocada de precios entre compañías del sector se fueron cerrando las plantas petroquímicas nacionales hasta hacerse importadores de todo: gasolinas, gas, amoniaco, urea, plásticos o fertilizantes. Hoy sólo de gasolinas se importan 10 mil millones de dólares (mmdd) al año y se acaba de firmar un sospechoso contrato de gas por 15 mmdd con Repsol.
Una consecuencia directamente vinculada con esta lastimosa situación del área energética es el déficit comercial externo, que crece de manera acelerada e indetenible a corto y mediano plazos. No se tienen las refinerías indispensables para la sustitución de importaciones y revertir la tendencia que ya evidencia o anticipa una crisis adicional a las anteriores, tan dolorosas como imbéciles. Es por eso que se requieren capitales externos e internos que palien las deformaciones provocadas por esas decisiones mal tomadas, interesadamente desviadas, ya fuera por posturas ideológicas o francos trafiques ilegales con los bienes públicos. Una constante que desvía y enreda las políticas operativas de Pemex y CFE.
Otra decisión estratégica errada, en el vital campo de la energía, que explica todos esos rodeos, falsedades, fintas demagógicas, campañas publicitarias y mantos de complicidades, es la de privatizar el sector obedeciendo consignas y recetas prefabricadas desde el exterior. Tanto Pemex como CFE han sido víctimas de tal compulsión de aquellos encargados de conducir los destinos del sector energía. En ese derrotero han sido consistentes tanto funcionarios públicos como políticos partidistas y legisladores. Han echado mano de cuanto subterfugio tienen al alcance para lograr su cometido. Ya fuera elaborando una ley del servicio público del año 92 (Carlos Salinas) que permitió la cogeneración eléctrica (productores independientes), o la puesta en marcha de contratos sustitutos de los de riesgo, ahora llamados de servicios múltiples. Estos últimos son prácticas y efectivas concesiones para la extracción de gas (Burgos) que se piensa extender a la exploración, extracción o conducción de petróleo.
La lista de subterfugios privatizadores no tiene límites y menos vergüenza. Adopta formas variadas y disfraces torpes, usados en varios países, circunstancia que remite a pensar en una mente conductora, quizá situada allende fronteras y que origina todas estas tácticas para el propio beneficio. Con inusitada frecuencia se habla de modernización y se cierran por obsoletas plantas útiles. Otras veces se menciona la autonomía de gestión, una que permita una administración profesional de especialistas. Últimamente se intenta capitalizar a dichas empresas trasladando la enorme deuda en acciones o para democratizar el capital a través de colocaciones en bolsa. En los últimos años se habla de alianzas estratégicas, eufemismo por demás gastado en Venezuela, Ecuador o Brasil por lo que en realidad oculta. El objetivo es abrir la puerta, aunque sea lateral o trasera, a la entrada del capital externo y, en menor proporción al interno.
Así llegamos al presente compás de espera por una reforma energética, de la que ya mucho se sabe aunque los publicistas orgánicos nieguen su concreción. Interesados en promoverla sobran, ya sea para granjearse las simpatías de los poderosos, para empujar sus carreras o para recoger los sobrantes que se desparramarán. Traficantes de influencias pululan con atildado esmero, algunos insertados en altísimos puestos de la administración federal actual. Tal como lo hicieron los otrora contratistas particulares que se clavaron en CFE y Pemex sólo para direccionar, a su favor, cuanta decisión pasó por sus oficinas. El único perjudicado será esa nebulosa referencia: el pueblo. Palabra detrás del cual se ocultan, dice el oficialismo, los que quieren falsamente actuar en su nombre. Pero, a lo mejor, esos sujetos que tanto denuesto reciben resultan ser los que se comunican con la gente y atienden sus intereses.
martes, 26 de febrero de 2008
Opinion de Ricardo Monreal en Milenio Diario
La camorra
Turbamulta en acción. Riña colectiva. Agresión tumultuaria. Esto es la camorra en su descripción cruda. Pero también es “mafia napolitana”, en su acepción refinada: no se ve, pero se siente. Tan alevosa una como la otra. El pasado domingo frente a la torre de Pemex hubo camorra de las dos.
La obvia. Un grupo de militantes del PRD en el DF, ubicado desde temprana hora a la derecha del templete, detrás de la cerca de malla que corre a lo largo del camellón de avenida Marina Nacional, impide a Javier González Garza pronunciar su discurso. Antes lo habían hecho sin contratiempos los representantes de Convergencia y el PT.
Al Güero le lanzan adjetivos, epítetos y rechiflas. Son integrantes de una corriente que no quiere a Jesús Ortega en la presidencia del PRD. Interviene López Obrador. Pide, exige e impone (por pardójico que suene) cordura, tolerancia y respeto. Concluye González Garza con un compromiso contundente: desde el Poder Legislativo, los legisladores del FAP impedirán la privatización de Pemex y la CFE. La senadora Rosalinda López y Claudia Scheinbaum anunciarán después lo fuerte del evento: la estrategia de movilizaciones en tres etapas.
Primera etapa: constitución de comités de información en plazas públicas, universidades, municipios, comunidades. Segunda etapa: si se presenta una iniciativa, huelga legislativa de partidos del FAP; cercos ciudadanos en las cámaras de diputados y senadores; cercos ciudadanos en palacios estatales de gobierno y congresos locales. Tercera etapa: si no se retira la iniciativa, cercos ciudadanos en los aeropuertos del país; cercos ciudadanos a instalaciones estratégicas petroleras y financieras; bloqueos carreteros en el país, y paro nacional de trabajadores.
Es un programa de resistencia civil más intenso y estructurado que el movimiento de protesta postelectoral de 2006. Es una medida que hoy tiene esqueleto y músculo para sostenerse y caminar: poco más de dos millones de afiliados en casi la mitad de los municipios del país, si nos atenemos únicamente a los registros de la Convención Nacional Democrática y el Gobierno Legítimo. Es para tomarse en serio.
Pero la camorra no ve nada de esto. Sólo le interesa su cachiporra. Sabotear, descarrilar y desacreditar lo que va en serio. El contingente que acalló al diputado González Garza, por chuchista y “traidor”, se fue tras Carlos Navarrete con los mismos pretextos. Lo inmediato y superficial opacó así lo mediato y de fondo.
No es la primera vez que una sucesión coyuntural en la dirigencia nacional del PRD contamina una lucha social de más largo alcance. Cuestión de historia. Las protestas contra las medidas económicas del gobierno del presidente Zedillo, el Fobaproa entre otras, en su momento se vieron opacadas por la sucesión de AMLO a Amalia García, que terminó en la anulación de la elección interna. A su vez, las disputas entre seguidores de Rosario Robles y Jesús Ortega contaminaron el programa de movilizaciones y protestas del PRD contre el IVA a alimentos y medicinas que planteaba el gobierno de Fox. Hoy le tocó el turno al movimiento de defensa del petróleo.
Por ello, tiene sentido posponer la elección interna de presidente del PRD hasta después de concluir la instalación de los comités de defensa del petróleo, a mediados de año, o relanzar el movimiento social hasta después de la elección partidista de marzo próximo, donde los adversarios coyunturales de hoy serán los aliados fundamentales de mañana, codo con codo y hombro con hombro. En este sentido, la lección del domingo es clara: mientras el PRD esté dominado por corrientes y no por conglomerados ciudadanos, por intereses burocráticos coyunturales y no por causas sociales, la camorra partidista seguirá dando espectáculos y escándalos como el de la torre de Pemex.
¿Y qué hay de la otra camorra, la napolitana, que desde la sombra busca intervenir en la vida interna del PRD y apuesta a la destrucción de la única oposición real al actual gobierno? Esta otra camorra se encuentra en plena acción. Sobredimensiona lo accidental para distraer lo fundamental, la privatización. Habla del incidente, para acallar lo grave, el tráfico de influencias detrás del proyecto de reforma. Se fija en el humo para negar el incendio, la explotación fiscal de Pemex y CFE. Y se detiene frente al árbol podrido para no internarse en el bosque infectado, los compromisos políticos y económicos detrás de la iniciativa del PAN y el PRI.
Esta otra camorra es incapaz de entender que no es un grupo de perredistas presuntamente duros, radicales y “rijosos” el que se opone a una reforma privatizadora; es más de la mitad de los mexicanos que ve en la reforma de Pemex un sinónimo de privatización. Por ello, a pesar de las camorras internas y externas, el movimiento nacional por la defensa del petróleo, va.
Turbamulta en acción. Riña colectiva. Agresión tumultuaria. Esto es la camorra en su descripción cruda. Pero también es “mafia napolitana”, en su acepción refinada: no se ve, pero se siente. Tan alevosa una como la otra. El pasado domingo frente a la torre de Pemex hubo camorra de las dos.
La obvia. Un grupo de militantes del PRD en el DF, ubicado desde temprana hora a la derecha del templete, detrás de la cerca de malla que corre a lo largo del camellón de avenida Marina Nacional, impide a Javier González Garza pronunciar su discurso. Antes lo habían hecho sin contratiempos los representantes de Convergencia y el PT.
Al Güero le lanzan adjetivos, epítetos y rechiflas. Son integrantes de una corriente que no quiere a Jesús Ortega en la presidencia del PRD. Interviene López Obrador. Pide, exige e impone (por pardójico que suene) cordura, tolerancia y respeto. Concluye González Garza con un compromiso contundente: desde el Poder Legislativo, los legisladores del FAP impedirán la privatización de Pemex y la CFE. La senadora Rosalinda López y Claudia Scheinbaum anunciarán después lo fuerte del evento: la estrategia de movilizaciones en tres etapas.
Primera etapa: constitución de comités de información en plazas públicas, universidades, municipios, comunidades. Segunda etapa: si se presenta una iniciativa, huelga legislativa de partidos del FAP; cercos ciudadanos en las cámaras de diputados y senadores; cercos ciudadanos en palacios estatales de gobierno y congresos locales. Tercera etapa: si no se retira la iniciativa, cercos ciudadanos en los aeropuertos del país; cercos ciudadanos a instalaciones estratégicas petroleras y financieras; bloqueos carreteros en el país, y paro nacional de trabajadores.
Es un programa de resistencia civil más intenso y estructurado que el movimiento de protesta postelectoral de 2006. Es una medida que hoy tiene esqueleto y músculo para sostenerse y caminar: poco más de dos millones de afiliados en casi la mitad de los municipios del país, si nos atenemos únicamente a los registros de la Convención Nacional Democrática y el Gobierno Legítimo. Es para tomarse en serio.
Pero la camorra no ve nada de esto. Sólo le interesa su cachiporra. Sabotear, descarrilar y desacreditar lo que va en serio. El contingente que acalló al diputado González Garza, por chuchista y “traidor”, se fue tras Carlos Navarrete con los mismos pretextos. Lo inmediato y superficial opacó así lo mediato y de fondo.
No es la primera vez que una sucesión coyuntural en la dirigencia nacional del PRD contamina una lucha social de más largo alcance. Cuestión de historia. Las protestas contra las medidas económicas del gobierno del presidente Zedillo, el Fobaproa entre otras, en su momento se vieron opacadas por la sucesión de AMLO a Amalia García, que terminó en la anulación de la elección interna. A su vez, las disputas entre seguidores de Rosario Robles y Jesús Ortega contaminaron el programa de movilizaciones y protestas del PRD contre el IVA a alimentos y medicinas que planteaba el gobierno de Fox. Hoy le tocó el turno al movimiento de defensa del petróleo.
Por ello, tiene sentido posponer la elección interna de presidente del PRD hasta después de concluir la instalación de los comités de defensa del petróleo, a mediados de año, o relanzar el movimiento social hasta después de la elección partidista de marzo próximo, donde los adversarios coyunturales de hoy serán los aliados fundamentales de mañana, codo con codo y hombro con hombro. En este sentido, la lección del domingo es clara: mientras el PRD esté dominado por corrientes y no por conglomerados ciudadanos, por intereses burocráticos coyunturales y no por causas sociales, la camorra partidista seguirá dando espectáculos y escándalos como el de la torre de Pemex.
¿Y qué hay de la otra camorra, la napolitana, que desde la sombra busca intervenir en la vida interna del PRD y apuesta a la destrucción de la única oposición real al actual gobierno? Esta otra camorra se encuentra en plena acción. Sobredimensiona lo accidental para distraer lo fundamental, la privatización. Habla del incidente, para acallar lo grave, el tráfico de influencias detrás del proyecto de reforma. Se fija en el humo para negar el incendio, la explotación fiscal de Pemex y CFE. Y se detiene frente al árbol podrido para no internarse en el bosque infectado, los compromisos políticos y económicos detrás de la iniciativa del PAN y el PRI.
Esta otra camorra es incapaz de entender que no es un grupo de perredistas presuntamente duros, radicales y “rijosos” el que se opone a una reforma privatizadora; es más de la mitad de los mexicanos que ve en la reforma de Pemex un sinónimo de privatización. Por ello, a pesar de las camorras internas y externas, el movimiento nacional por la defensa del petróleo, va.
lunes, 25 de febrero de 2008
Recreo de J. Luis Medina Lizalde en el Imagen
Recreo
J. Luis Medina Lizalde
AL PRINCIPIO
“HAY QUE UNIRSE NO PARA ESTAR JUNTOS, SINO PARA HACER
ALGO JUNTOS”:
C. Danoso
El sábado por la tarde, en el marco de una conferencia a cargo del considerado más grande experto en geopolítica mexicano, el académico Alfredo Jalife, se produjo un hecho político singular: se integró un Comité de defensa del petróleo con actores políticos más diferenciados que homogéneos.
Además de los representantes de los partidos integrantes del Frente Amplio Progresista, rindieron protesta como miembros del comité Arturo Romo Gutiérrez, exgobernador; Juan José Quirino, líder barzonista y exsenador de la República; Rogelio Cárdenas, exrector de la UAZ; y Efraín Arteaga, del Frente Social para la Soberanía.
Síntoma del momento mexicano, una vez más, la sociedad se alinea en dos posturas no movibles en torno al petróleo: prevalece lo público o prevalece lo privado, lo nacional o lo extranjero; así, sin matices.
La intensidad emocional del debate petrolero es nutriente del nacionalismo mexicano del siglo XX desde la expropiación petrolera, medida estelar en la historia de México condenada por la élite y fervorosamente respaldada por Juan Pueblo.
“LA POLÍTICA ES LA CONDUCCIÓN DE LOS ASUNTOS PÚBLICOS PARA EL
PROVECHO DE LOS PARTICULARES”:
Ambrose Bierce (1842-1914). Escritor estadounidense
La élite, además de sus objeciones en nombre de la economía nacional, parió el desconocimiento del presidente Cárdenas semanas después de la expropiación, cuando la Legislatura de San Luis Potosí publica el decreto en donde, además del desconocimiento al presidente, comunicaba su rechazo a la expropiación en nombre de la economía nacional.
El general Saturnino Cedillo se levantó en armas por el mismo motivo, pero fue en vano, tan en vano que las élites optaron mejor por la fórmula de auspiciar el nacimiento del PAN (en 1939), para dar a la oposición cauce político del reparto agrario, a la expropiación petrolera, a la educación laica y gratuita (...).
Juan Pueblo apoyó la medida a través de manifestaciones populares y vendiendo la vaca o rompiendo “el cochinito” para aportar al pago de las indemnizaciones, en una respuesta cargada de una emoción cívica única. Sin un antes y sin un después.
El debate será intenso... y tenso.
“NO PUEDES HACER UNA REVOLUCIÓN PARA TENER LA DEMOCRACIA. DEBES TENER LA DEMOCRACIA PARA HACER UNA REVOLUCIÓN”:
Gilbert Keith Chesterton (1874-1936). Escritor británicoo.
La semana anterior, se integró en la UAZ la Comisión Electoral, que conducirá el proceso de renovación de mandos: se elegirán rector, directores e integrantes de órganos colegiados. La convocatoria habrá de aparecer en breve.
El esquema legal establece el voto ponderado, según el cual, el sector docente equivale a 45 por ciento, el estudiantil también a 45 por ciento y el personal administrativo equivale al 10 por ciento del total.
La comunidad universitaria tiene una oportunidad de oro para hacer brillar la cultura democrática. La historia, su historia, le impone ese deber.
Para ello, el proceso electoral deberá caracterizarse por: El voto limpio y no por el voto corrupto, entendiendo por voto limpio el que obedece a la libre convicción individual, sin presiones de jefes a subordinados, de maestros a estudiantes, sin tráfico de plazas, ni de becas, ni de calificaciones, ni de promociones.
La aportación institucional al proceso debe ser equitativo con cada uno de los candidatos, esto es, si se contratan tiempo y espacio en los medios de comunicación para debates o promociones, ésta debe ser transparente, sin inducción de sesgos informativos y criterios editoriales (la obligación de ser democráticos es también de los medios, pero eso es otro cantar).
Preservar el proceso electoral universitario de la vocación “metiche” del grupo gobernante, que lo mismo mete “su cuchara” en elecciones internas intrapartidarias, que en asociaciones del sector privado, siendo las únicas excepciones registrables, la de la reina de Bracho y la del presidente vitalicio de la Renata (únicas elecciones incuestionadas en lo que va del sexenio).
VOTA A AQUÉL QUE PROMETA MENOS. SERÁ EL QUE MENOS TE DECEPCIONE:
W. M. Ramsay
Partiendo de que no se va a elegir la flor más bella del ejido, sino la conducción universitaria, es de esperar definiciones trascendentes de los candidatos en torno a la vinculación de la educación con la realidad. La orientación de la investigación científica, el papel del extensionismo, la pertinencia social de las opciones (...).
Algunos cuestionamientos concretos son ineludibles: ¿Por qué un estudiante de la UAZ paga por diversos conceptos mucho más que un estudiante de la UNAM? ¿Por qué un profesor de la UAZ ahora recibe menos ingresos que su homólogo de la UNAM?
¿El modelo a seguir continúa siendo el de la universidad científica, crítica, democrática y popular?
Hay muchos asuntos concretos que le pueden dar sustancia a un debate esclarecedor, civilizado, ejemplarmente democrático. Que culmine con una elección de la que la comunidad universitaria pueda sentirse orgullosa. La UAZ se lo merece, Zacatecas también.
AL ÚLTIMO
La reforma judicial, en vías de aprobarse en la Cámara de Diputados federal, ha suscitado un rechazo social generalizado. La crítica se concentra en la pretensión de facilitar los cateos domiciliarios y las intercepciones de las comunicaciones sin orden judicial.
El afán de dotar de eficacia al Estado frente a la delincuencia organizada -afán que compartimos todos-, está creando la típica situación en donde el remedio resulta peor que la enfermedad.
¿Por qué tanto repudio a la reforma, lo mismo de expertos en Derecho que de simples mortales?
Porque la delincuencia organizada sólo puede existir cuando infiltra las instituciones, sobre todo lo que tiene qué ver con la justicia, y dotar de facilidades a instituciones infiltradas por la delincuencia organizada es darles más poder a los delincuentes. ¿Eso es lo que se busca?
Nos encontramos el lunes en el recreo.
luismedinalizalde@ gmail.com
J. Luis Medina Lizalde
AL PRINCIPIO
“HAY QUE UNIRSE NO PARA ESTAR JUNTOS, SINO PARA HACER
ALGO JUNTOS”:
C. Danoso
El sábado por la tarde, en el marco de una conferencia a cargo del considerado más grande experto en geopolítica mexicano, el académico Alfredo Jalife, se produjo un hecho político singular: se integró un Comité de defensa del petróleo con actores políticos más diferenciados que homogéneos.
Además de los representantes de los partidos integrantes del Frente Amplio Progresista, rindieron protesta como miembros del comité Arturo Romo Gutiérrez, exgobernador; Juan José Quirino, líder barzonista y exsenador de la República; Rogelio Cárdenas, exrector de la UAZ; y Efraín Arteaga, del Frente Social para la Soberanía.
Síntoma del momento mexicano, una vez más, la sociedad se alinea en dos posturas no movibles en torno al petróleo: prevalece lo público o prevalece lo privado, lo nacional o lo extranjero; así, sin matices.
La intensidad emocional del debate petrolero es nutriente del nacionalismo mexicano del siglo XX desde la expropiación petrolera, medida estelar en la historia de México condenada por la élite y fervorosamente respaldada por Juan Pueblo.
“LA POLÍTICA ES LA CONDUCCIÓN DE LOS ASUNTOS PÚBLICOS PARA EL
PROVECHO DE LOS PARTICULARES”:
Ambrose Bierce (1842-1914). Escritor estadounidense
La élite, además de sus objeciones en nombre de la economía nacional, parió el desconocimiento del presidente Cárdenas semanas después de la expropiación, cuando la Legislatura de San Luis Potosí publica el decreto en donde, además del desconocimiento al presidente, comunicaba su rechazo a la expropiación en nombre de la economía nacional.
El general Saturnino Cedillo se levantó en armas por el mismo motivo, pero fue en vano, tan en vano que las élites optaron mejor por la fórmula de auspiciar el nacimiento del PAN (en 1939), para dar a la oposición cauce político del reparto agrario, a la expropiación petrolera, a la educación laica y gratuita (...).
Juan Pueblo apoyó la medida a través de manifestaciones populares y vendiendo la vaca o rompiendo “el cochinito” para aportar al pago de las indemnizaciones, en una respuesta cargada de una emoción cívica única. Sin un antes y sin un después.
El debate será intenso... y tenso.
“NO PUEDES HACER UNA REVOLUCIÓN PARA TENER LA DEMOCRACIA. DEBES TENER LA DEMOCRACIA PARA HACER UNA REVOLUCIÓN”:
Gilbert Keith Chesterton (1874-1936). Escritor británicoo.
La semana anterior, se integró en la UAZ la Comisión Electoral, que conducirá el proceso de renovación de mandos: se elegirán rector, directores e integrantes de órganos colegiados. La convocatoria habrá de aparecer en breve.
El esquema legal establece el voto ponderado, según el cual, el sector docente equivale a 45 por ciento, el estudiantil también a 45 por ciento y el personal administrativo equivale al 10 por ciento del total.
La comunidad universitaria tiene una oportunidad de oro para hacer brillar la cultura democrática. La historia, su historia, le impone ese deber.
Para ello, el proceso electoral deberá caracterizarse por: El voto limpio y no por el voto corrupto, entendiendo por voto limpio el que obedece a la libre convicción individual, sin presiones de jefes a subordinados, de maestros a estudiantes, sin tráfico de plazas, ni de becas, ni de calificaciones, ni de promociones.
La aportación institucional al proceso debe ser equitativo con cada uno de los candidatos, esto es, si se contratan tiempo y espacio en los medios de comunicación para debates o promociones, ésta debe ser transparente, sin inducción de sesgos informativos y criterios editoriales (la obligación de ser democráticos es también de los medios, pero eso es otro cantar).
Preservar el proceso electoral universitario de la vocación “metiche” del grupo gobernante, que lo mismo mete “su cuchara” en elecciones internas intrapartidarias, que en asociaciones del sector privado, siendo las únicas excepciones registrables, la de la reina de Bracho y la del presidente vitalicio de la Renata (únicas elecciones incuestionadas en lo que va del sexenio).
VOTA A AQUÉL QUE PROMETA MENOS. SERÁ EL QUE MENOS TE DECEPCIONE:
W. M. Ramsay
Partiendo de que no se va a elegir la flor más bella del ejido, sino la conducción universitaria, es de esperar definiciones trascendentes de los candidatos en torno a la vinculación de la educación con la realidad. La orientación de la investigación científica, el papel del extensionismo, la pertinencia social de las opciones (...).
Algunos cuestionamientos concretos son ineludibles: ¿Por qué un estudiante de la UAZ paga por diversos conceptos mucho más que un estudiante de la UNAM? ¿Por qué un profesor de la UAZ ahora recibe menos ingresos que su homólogo de la UNAM?
¿El modelo a seguir continúa siendo el de la universidad científica, crítica, democrática y popular?
Hay muchos asuntos concretos que le pueden dar sustancia a un debate esclarecedor, civilizado, ejemplarmente democrático. Que culmine con una elección de la que la comunidad universitaria pueda sentirse orgullosa. La UAZ se lo merece, Zacatecas también.
AL ÚLTIMO
La reforma judicial, en vías de aprobarse en la Cámara de Diputados federal, ha suscitado un rechazo social generalizado. La crítica se concentra en la pretensión de facilitar los cateos domiciliarios y las intercepciones de las comunicaciones sin orden judicial.
El afán de dotar de eficacia al Estado frente a la delincuencia organizada -afán que compartimos todos-, está creando la típica situación en donde el remedio resulta peor que la enfermedad.
¿Por qué tanto repudio a la reforma, lo mismo de expertos en Derecho que de simples mortales?
Porque la delincuencia organizada sólo puede existir cuando infiltra las instituciones, sobre todo lo que tiene qué ver con la justicia, y dotar de facilidades a instituciones infiltradas por la delincuencia organizada es darles más poder a los delincuentes. ¿Eso es lo que se busca?
Nos encontramos el lunes en el recreo.
luismedinalizalde@ gmail.com
jueves, 21 de febrero de 2008
martes, 19 de febrero de 2008
Opinión de Francisco Rojas en el Universal
Medias verdades
Francisco Rojas
19 de febrero de 2008
El bombardeo mediático a la sociedad sobre la reforma energética produce desinformación, confusiones semánticas y fervorosas proclamas sobre no modificar la Constitución, no privatizar Pemex y no vender ningún fierro, que sirven para adormecer conciencias y generar repeticiones, posiblemente de buena fe, de argumentaciones falaces, distorsionadoras de la verdad.
Convicciones ideológicas, compromisos políticos o intereses económicos se conjugan para ocultar la trama y evitar que se discutan abiertamente argumentos a favor o en contra de una reforma que rescate a Pemex, supere los problemas y preserve la soberanía energética y el disfrute de los recursos para las próximas generaciones.
Basten algunos ejemplos: existe consenso en que el fisco privilegió la producción y exportación de crudo debilitando la refinación y que ahora importamos gasolinas en vez de procesarlo internamente para generar empleo y valor agregado; pero algunos proponen que lo refinen extranjeros sin que expongan argumentos sobre por qué Pemex no debe hacerlo, cuando existen recursos y experiencia, y la tecnología no llega al 1% del valor de una refinería.
Se dice, con razón, que el transporte por pipas es más caro que por ductos; pero se oculta que únicamente 3% del volumen de productos se mueve por pipas y que para Pemex no es ningún problema construir o conservar ductos y terminales, si le dieran recursos suficientes.
Se dice que la terminal de Tuxpan es insuficiente y que se pone en peligro el abastecimiento de combustibles al valle de México, obligando a utilizar pipas; pero no se informa que todo el combustible que se importa se mueve por ductos, que las demoras por mal tiempo únicamente costaron 50 millones de pesos en 2005 y 60 millones de pesos en 2006; y que existe ya un proyecto que resolvería toda la problemática hasta 2030, que costaría 370 millones de dólares y que se encuentra detenido.
Tampoco se informa que un grupo de inversionistas privados desea construir frente a las instalaciones de dicha terminal un muelle y una tanquería para importar combustibles, que luego le venderían a Pemex o a particulares, si es que se modifica la legislación.
No se aclara que concesionar ductos, terminales o refinerías es iniciar la enajenación gratuita de nuestro mercado interno de combustibles que valdría alrededor de 75 mil millones de dólares, perdiendo además soberanía, cosa que ningún país estaría dispuesto a hacer.
Se dice que en aguas profundas del golfo de México existen 29 mil millones de reservas prospectivas; pero no se aclara que, según la Sener, los recursos prospectivos se definen como “la cantidad de hidrocarburos estimada a una fecha dada, de acumulaciones que todavía no se descubren pero que han sido inferidas, y que se estiman potencialmente recuperables, basado en información geológica y geofísica del área en estudio y en analogías con otras áreas donde un cierto volumen original de hidrocarburos ha sido descubierto”.
Tampoco se dice que, conforme a dicha definición, en el sureste existen 18 mil millones de reservas en aguas someras y en tierra, donde ya existen instalaciones, se domina la técnica, los tiempos de desarrollo serían menores, y los costos y riesgos serían un tercio de los de aguas profundas.
Se oculta que Petrobras desarrolló paulatinamente durante 30 años su experiencia en explotaciones en aguas ultraprofundas, posiblemente porque no encontró hidrocarburos en aguas someras como México.
No se difunde que la tecnología para aguas profundas la ofrecen compañías que se anuncian en internet y publicaciones especializadas y que está disponible sin necesidad de alianzas estratégicas, ni compartir riesgos o reservas.
Se esgrime como argumento, para apurar el desarrollo de aguas profundas, que en los yacimientos transfronterizos se puede presentar el efecto popote; pero no se dice que estos yacimientos son casos especiales que requieren de acuerdos internacionales para extender la moratoria o explotarlos conjuntamente, sin que puedan replicarse para otros fines; desde hace siete años no se ha hecho nada. ¿Qué esperarán?
Se propaga que únicamente tenemos reservas para 10 años y que nos convertiremos en importadores netos de petróleo; pero no se dice que podemos impulsar reservas probadas no desarrolladas y acelerar la explotación de las reservas probables, con lo que en un plazo razonable duplicaríamos las reservas actuales, programando simultáneamente nuevas exploraciones y el desarrollo paulatino de aguas profundas.
¿Se deberá la desinformación a un plan para sensibilizar a la sociedad, desmembrar a Pemex y ocultar los cónclaves donde se elaboran propuestas e iniciativas, para sorprendernos después del 18 de marzo, aprobando fast track modificaciones a leyes secundarias que posibiliten la apertura a la participación privada extranjera en Pemex?
Analista político
PERFIL
Diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Se desempeñó como director general de Petróleos Mexicanos (Pemex) y como presidente del Patronato de la UNAM. Actualmente es, además, presidente ejecutivo del Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo A.C., presidente del Consejo Corporativo de la Fundación Solidaridad Mexicano Americana A.C., y presidente del Consejo Directivo del Instituto Cultural México-Israel, A.C.
Francisco Rojas
19 de febrero de 2008
El bombardeo mediático a la sociedad sobre la reforma energética produce desinformación, confusiones semánticas y fervorosas proclamas sobre no modificar la Constitución, no privatizar Pemex y no vender ningún fierro, que sirven para adormecer conciencias y generar repeticiones, posiblemente de buena fe, de argumentaciones falaces, distorsionadoras de la verdad.
Convicciones ideológicas, compromisos políticos o intereses económicos se conjugan para ocultar la trama y evitar que se discutan abiertamente argumentos a favor o en contra de una reforma que rescate a Pemex, supere los problemas y preserve la soberanía energética y el disfrute de los recursos para las próximas generaciones.
Basten algunos ejemplos: existe consenso en que el fisco privilegió la producción y exportación de crudo debilitando la refinación y que ahora importamos gasolinas en vez de procesarlo internamente para generar empleo y valor agregado; pero algunos proponen que lo refinen extranjeros sin que expongan argumentos sobre por qué Pemex no debe hacerlo, cuando existen recursos y experiencia, y la tecnología no llega al 1% del valor de una refinería.
Se dice, con razón, que el transporte por pipas es más caro que por ductos; pero se oculta que únicamente 3% del volumen de productos se mueve por pipas y que para Pemex no es ningún problema construir o conservar ductos y terminales, si le dieran recursos suficientes.
Se dice que la terminal de Tuxpan es insuficiente y que se pone en peligro el abastecimiento de combustibles al valle de México, obligando a utilizar pipas; pero no se informa que todo el combustible que se importa se mueve por ductos, que las demoras por mal tiempo únicamente costaron 50 millones de pesos en 2005 y 60 millones de pesos en 2006; y que existe ya un proyecto que resolvería toda la problemática hasta 2030, que costaría 370 millones de dólares y que se encuentra detenido.
Tampoco se informa que un grupo de inversionistas privados desea construir frente a las instalaciones de dicha terminal un muelle y una tanquería para importar combustibles, que luego le venderían a Pemex o a particulares, si es que se modifica la legislación.
No se aclara que concesionar ductos, terminales o refinerías es iniciar la enajenación gratuita de nuestro mercado interno de combustibles que valdría alrededor de 75 mil millones de dólares, perdiendo además soberanía, cosa que ningún país estaría dispuesto a hacer.
Se dice que en aguas profundas del golfo de México existen 29 mil millones de reservas prospectivas; pero no se aclara que, según la Sener, los recursos prospectivos se definen como “la cantidad de hidrocarburos estimada a una fecha dada, de acumulaciones que todavía no se descubren pero que han sido inferidas, y que se estiman potencialmente recuperables, basado en información geológica y geofísica del área en estudio y en analogías con otras áreas donde un cierto volumen original de hidrocarburos ha sido descubierto”.
Tampoco se dice que, conforme a dicha definición, en el sureste existen 18 mil millones de reservas en aguas someras y en tierra, donde ya existen instalaciones, se domina la técnica, los tiempos de desarrollo serían menores, y los costos y riesgos serían un tercio de los de aguas profundas.
Se oculta que Petrobras desarrolló paulatinamente durante 30 años su experiencia en explotaciones en aguas ultraprofundas, posiblemente porque no encontró hidrocarburos en aguas someras como México.
No se difunde que la tecnología para aguas profundas la ofrecen compañías que se anuncian en internet y publicaciones especializadas y que está disponible sin necesidad de alianzas estratégicas, ni compartir riesgos o reservas.
Se esgrime como argumento, para apurar el desarrollo de aguas profundas, que en los yacimientos transfronterizos se puede presentar el efecto popote; pero no se dice que estos yacimientos son casos especiales que requieren de acuerdos internacionales para extender la moratoria o explotarlos conjuntamente, sin que puedan replicarse para otros fines; desde hace siete años no se ha hecho nada. ¿Qué esperarán?
Se propaga que únicamente tenemos reservas para 10 años y que nos convertiremos en importadores netos de petróleo; pero no se dice que podemos impulsar reservas probadas no desarrolladas y acelerar la explotación de las reservas probables, con lo que en un plazo razonable duplicaríamos las reservas actuales, programando simultáneamente nuevas exploraciones y el desarrollo paulatino de aguas profundas.
¿Se deberá la desinformación a un plan para sensibilizar a la sociedad, desmembrar a Pemex y ocultar los cónclaves donde se elaboran propuestas e iniciativas, para sorprendernos después del 18 de marzo, aprobando fast track modificaciones a leyes secundarias que posibiliten la apertura a la participación privada extranjera en Pemex?
Analista político
PERFIL
Diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Se desempeñó como director general de Petróleos Mexicanos (Pemex) y como presidente del Patronato de la UNAM. Actualmente es, además, presidente ejecutivo del Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo A.C., presidente del Consejo Corporativo de la Fundación Solidaridad Mexicano Americana A.C., y presidente del Consejo Directivo del Instituto Cultural México-Israel, A.C.
lunes, 18 de febrero de 2008
Recreo
J. Luis Medina Lizalde
AL PRINCIPIO
Si el grupo que gobierna se ve mal cuando hace notar que paga con puestos públicos las incondicionalidades, se ve peor cuando hace notar que castiga la ausencia de las mismas afectando los derechos laborales de los empleados.
“UNA DE LAS VENTAJAS DE SER DESORDENADO, ES QUE UNO ESTÁ CONTINUAMENTE HACIENDO NUEVOS Y EXCITANTES DESCUBRIMIENTOS”:
Thomas Middleton
El conflicto de comerciantes unidos en torno a la excentral camionera, es evidencia del déficit de atención y la consiguiente ausencia de la noción de largo plazo que caracteriza a la clase política zacatecana, no de ahora, sino desde antes de la alternancia.
Apenas nos asombró que durante el sexenio pasado, el gobierno del Estado pagara por la digitalización de las actas del registro civil (de 1930 al año 2000), constituyendo un acervo de 2 millones 100 mil actas de nacimiento.
No obstante, ahora se vuelve a gastar en la captura de las mismas actas, para ofrecer un servicio ya desde antes cacareado, pero no culminado (que por cierto ya forma parte de la normalidad administrativa de otras Entidades).
Conforme al esquema de división de Poderes, es al legislativo a quien le correspondería conocer por qué en el sexenio 1998-2004 no culminó el esfuerzo gubernamental con la puesta en marcha del acceso digital a los archivos del registro civil; y conocer por qué la administración actual no aprovecha la inversión anterior y prefiere duplicar tiempo, dinero y esfuerzo.
“EL ORDEN ES EL PLACER DE LA RAZÓN, PERO EL DESORDEN ES LA
DELICIA DE LA IMAGINACIÓN”:
Paul Claudel
El inicio del problema de la excentral camionera coincide en el tiempo con la política de remate de bienes públicos iniciada por Miguel de la Madrid y continuada por todos los “mandamases” posteriores.
El gobierno de Cervantes Corona se deshace de la central camionera a los escasos 20 años de existencia de la misma, instalaciones que en su tiempo, además de fungir como espacio de operaciones de las empresas transportistas, pusieron a disposición de los estudiantes de la época, el único restaurante abierto las 24 horas, el sitio ideal para las “noches mexicanas”, dada su cercanía con las aulas universitarias.
Lo hizo porque fue lo único que aceptaron los locatarios desalojados del Mercado 8 de Septiembre (“El laberinto”, para la raza), obra inaugurada en el sexenio de Francisco E. García y demolida en el de Cervantes Corona.
Los comerciantes no aceptaron irse al mercado Roberto del Real (en la Díaz Ordaz, junto a la “fayuca”).
También le hicieron el feo a los pequeños locales que el ayuntamiento les ofrecía en la calle Arroyo de la Plata.
Decidieron constituirse en sociedad para hacerse dueños de la excentral (10 mil 530 metros cuadrados de superficie).
Le echaron ganas como pudieron, pagaron el precio de las acciones e invitaron a más socios, hasta constituir un núcleo aproximado de 150 miembros.
Pronto empezaron las broncas, las disputas internas; según los testimonios recabados, eran estimulados lo mismo por funcionarios que por prominentes transportistas.
La razón es muy simple: el transcurso del tiempo dispara el valor del metro cuadrado de la dichosa excentral.
ERRAR ES HUMANO, PERO ECHARLE LA CULPA AL OTRO ES MÁS HUMANO TODAVÍA:
Les Luthiers
Según el recuento de algunos involucrados, van 5 veces que el gobierno del Estado anuncia la solución definitiva del conflicto de la excentral.
La primera, el 19 de noviembre de 1996, cuando Romo Gutiérrez procedió a su expropiación para hacer un
estacionamiento.
La quinta vez, hace unos cuantos días, cuando se declara “cosa juzgada” y se dispone una bolsa de 66 millones de pesos, según la primera versión, y de 74, según declaración posterior del titular de Finanzas, para indemnizar a los socios a cambio del endoso de sus acciones.
Para deducir qué tan definitiva es la solución, quienes conocen las entrañas del problema brindan algunos elementos de juicio:
a) el acuerdo es firme con una tercera parte de los socios, es totalmente rechazado por otro tercio y el resto, el de que “ni con melón ni con sandía”, dividirá sus definiciones.
b) un obstáculo lo origina el hecho de que “la solución” sólo considera el precio de las acciones y nada dice de lo que algunos socios aportaron para la construcción de locales sin que estén en posesión de alguno y cuyo monto es varias veces superior al de sus respectivas acciones.
c) el precio comercial del terreno es muy superior al monto destinado para cubrir las acciones, lo que produce una sensación de injusticia que pudimos advertir hasta entre los que decidieron tomar el dinero.
d) del proyecto del estacionamiento no se sabe más, que lo que en su momento se sabía del proyecto del “segundo piso”.
Así es que hagan sus apuestas respecto a lo definitivo de la solución en su quinta versión.
AL ÚLTIMO
CUANDO LA NOTICIA ES QUE NO ES NOTICIA:
Jorge Mendoza es senador del PRI. La directora del Servicio Postal Mexicano lo balconeó “gacho”. Lo pilló estableciendo el récord mundial cuando envía un 1 millón 200 mil cartas personalizadas al mismo número de ciudadanos del Estado de Nuevo León, con cargo a nuestros impuestos.
Todo porque quiere ser
gobernador.
Pero el abuso no es noticia, lo que llama la atención es que Televisa, TV Azteca, Canal 40 y las cadenas radiofónicas no lo han convertido en “perro del mal”, como acostumbran en casos
semejantes.
Lo que pasa es que es Jorge Mendoza es el expresidente de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión y, obviamente, uno de los suyos.
Por eso, mejor aguantan la vergüenza de que se les note tanto lo disparejo a la hora de informar y comentar. Total, una raya más al tigre.
Nos encontramos el lunes en el recreo.
luismedinalizalde@ gmail.com
Petróleo: quién manda en México
Adolfo Gilly
La nacionalización del petróleo fue decidida el 9 de marzo de 1938, caminando por los campos de Morelos, por dos generales del Ejército Mexicano formados en las batallas guerreras de la revolución y en las batallas jurídicas de la Constitución de 1917: Lázaro Cárdenas del Río y Francisco J. Múgica. De esa decisión fue informado el gabinete presidencial en la tarde del 18 de marzo, y la aprobó. Nadie sospechaba hasta la noche de ese día –ni las compañías petroleras ni sus gobiernos– la magnitud y los alcances de la medida expropiatoria.
El gobierno del general Cárdenas supo escoger el terreno del enfrentamiento con las compañías extranjeras y tomarlas por sorpresa. No planteó la nacionalización como cuestión de beneficios económicos o de derechos laborales, sino como un dilema sobre quién manda en México: el gobierno de la nación o los dueños del petróleo.
Se debe recordar, recordar bien, que el presidente Cárdenas decretó la nacionalización cuando las empresas petroleras se negaron a acatar un laudo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el contrato colectivo con sus trabajadores. No era una argucia legal para tener el apoyo del movimiento obrero, que de antemano estaba asegurado. Fue utilizar lo que las empresas creían un incidente jurídico menor para plantear una cuestión de fondo: quién manda, quién decide sobre los cielos, el suelo y el subsuelo de este territorio que se llama República Mexicana, si un grupo de empresas extranjeras subsidiarias de sus gobiernos, que prestos salieron en defensa de ellas, o si los poderes del gobierno de la República elegido y apoyado por su pueblo.
Los tiempos son otros, los gobiernos mexicanos y su relación con el pueblo de esta República también. Pero ante la amenaza de privatizar Pemex en todo o en parte, con capital extranjero o nacional pero siempre capital privado –es decir, que en tanto capital no puede por definición responder al interés de la nación sino al suyo propio, si no dejaría de ser capital–, los fundamentos de la disputa deben plantearse sobre el mismo terreno: quién manda en México.
Es absurdo, para no usar palabras mayores, plantear la cuestión de Pemex como un problema económico o tecnológico, aunque hoy en ambos aspectos la situación de la empresa flaquee. Aceptar la discusión en ese terreno es perderla de antemano.
Por la contigüidad territorial con Estados Unidos, en México, más que en cualquier otra nación del continente, la propiedad estatal del petróleo es una cuestión geopolítica que hace al mando y a la soberanía sobre el territorio nacional. La continuidad del territorio y por ende del subsuelo de ambos países es marca indeleble en la historia mexicana. Hoy más que nunca Estados Unidos, su mando político en la Casa Blanca y su mando militar en el Pentágono, necesitan asegurar el petróleo mexicano como un componente indispensable de su estrategia militar global, tanto hacia los poderes que están al otro lado del Atlántico como hacia aquellos al otro lado del Pacífico.
Estados Unidos necesita –necesitó siempre– subordinar las fuerzas armadas mexicanas a sus fines estratégicos, a sus tecnologías, a su entrenamiento y a sus doctrinas militares y de seguridad, que son lo mismo. Hasta la Segunda Guerra Mundial no lo había logrado. Después vino el largo y paulatino cedimiento y por fin, desde Salinas de Gortari en adelante, las cesiones y concesiones en cascada.
Estados Unidos se ha propuesto, y en buena medida lo ha logrado, recorrer hasta el Canal de Panamá lo que considera su frontera geográfica de seguridad. El Plan Puebla-Panamá, como es bien sabido, es parte de esa vasta operación geopolítica, para la cual ha contado con la colaboración de los gobiernos mexicanos al menos desde Carlos Salinas hasta el presente. Pero no le basta recorrer de hecho esa frontera. Necesita la sumisión de los gobiernos nacionales de esos territorios y el control de sus recursos naturales y económicos –no la propiedad total, por supuesto, sí el control y la subordinación. Frente a las potencias asiáticas y a las potencias europeas, cualesquiera sean sus relaciones con ellas en cada momento, ésta es su zona de seguridad continental, su territorio amurallado. Esa doctrina no sólo no ha cambiado con la globalización. Por el contrario, se ha fortalecido con razones y exigencias nuevas, antes inexistentes.
Esa estrategia histórica de dominación y subordinación (que no de simple dependencia económica) tiene hoy componentes materiales e ideales que en conjunto conforman una renovada operación de ablandamiento de las resistencias nacionales mexicanas y latinoamericanas en nombre del libre comercio y la libre circulación de capitales (que no de personas, como debería ser el corolario).
Uno de esos componentes es haber logrado que el narcotráfico pasara a ser asumido por las autoridades mexicanas, ya no como una cuestión policial de primera importancia, que lo es, sino como una supuesta cuestión de seguridad nacional; mientras en modo alguno lo es tal para el ejército y el gobierno del país receptor y consumidor de la droga, Estados Unidos. Cualquiera sea su origen, una evidente operación de desestabilización política se esconde en los vericuetos y las guerras del narcotráfico, una buena parte de cuyos capitales y mandos, como diversos estudios lo han mostrado, están al otro lado de la frontera norte de México. En este contexto la Iniciativa Mérida es una de las varias facetas de la operación general de ablandamiento de las resistencias y las defensas de esta nación.
El 12 de febrero pasado Pedro Miguel escribía en estas páginas: “La Iniciativa Mérida es un acuerdo para que un gobierno incapaz de acabar con el trasiego de estupefacientes reciba asistencia de otro que tampoco puede o quiere erradicar el narcotráfico. [...] El hecho es que los gobernantes gringos no han podido o no han querido acabar con el narcotráfico. Con todos sus radares, sus satélites, tan precisos que pueden discernir a la distancia la marca de un bolígrafo; con sus aparatos de intercepción de conversaciones, sus sensores de infrarrojos, sus bases de datos y sus sistemas en tiempo real; con sus Hummers artillados con calibres de guerra, sus aviones espía, sus efectivos de la DEA, el FBI, y la Migra, sus marines, sus boinas verdes, sus rangers, sus mercenarios, sus portaviones, sus guardacostas, sus cárceles concesionadas a empresas de excelencia y su sistema judicial que presumen como si fuera eficiente y bueno, los centenares de toneladas de cocaína siguen fluyendo sin problemas hacia las fosas nasales de los consumidores”.
Aparte de los grandes intereses económicos involucrados en la industria de la droga, la estrategia del llamado combate al narcotráfico asume los rasgos de una redición de lo sucedido en Colombia, con las funestas consecuencias allá registradas para la soberanía nacional y la democracia. En un mundo de estados nacionales como en el que vivimos pese a todas las teorizaciones acerca de la disolución o el desvanecimiento de dichos estados, pocas cosas convienen tanto a las ambiciones de dominación de un vecino poderoso sobre uno de esos estados como el que las fuerzas armadas de tal nación se vean envueltas en tareas policiales –y además, en tareas de represión contra su propio pueblo, llámese éste Chiapas, Guerrero o Oaxaca.
¿Es que este cuento va a proseguir? ¿Es que se va a insistir en discutir la cuestión de Pemex y del petróleo como un problema exclusivo de recursos económicos y tecnológicos? ¿Es que no es evidente la operación de dominación emprendida sobre México –y su timing preciso– por una nación hoy desequilibrada por su propio poderío y por la ineptitud patológica de sus actuales gobernantes junto a la desmesura de sus obsesiones y ambiciones? ¿Es que no se ve el peligro que significa hoy, precisamente hoy, la dinámica geopolítica de ese país vecino?
¿Y las ambiciones de privatizar Pemex, de un modo u otro, en todo o en parte, con uno u otro subterfugio legal, con capital nacional o extranjero, nada tienen que ver con esa situación?
Es además insensato, absolutamente insensato, entrar a discutir y resolver con inusitada premura una cuestión vital de soberanía y geopolítica de la nación mexicana precisamente en los momentos en que ese vecino, Estados Unidos, componente ineludible de las decisiones sobre dicha cuestión, está envuelto en su controvertido y cercano cambio de gobierno; atrapado militarmente en Irak y Afganistán; desbalanceado por las crisis de su economía; y habiendo descubierto por fin que la globalización no significa su dominación mundial indiscutida, sino también el ascenso de las ambiciones y los desafíos de las grandes potencias de Europa y de Asia.
Es preciso cambiar de raíz el terreno y los tiempos de la cuestión petrolera mexicana. No es sino en segundo nivel una de financiamiento y tecnología. Tanto lo han dicho que fatiga repetirlo: si se modifica el régimen impositivo que succiona todos los recursos de Pemex y le impide financiar su crecimiento tecnológico, la empresa petrolera nacional tiene amplio campo de afirmación, exploración y crecimiento. Ese régimen por el cual Pemex es el sostén principal del presupuesto del Estado tiene un solo beneficiario: el capital privado. Gracias a Pemex, los niveles impositivos sobre los capitales privados están entre los más bajos que hoy existan. No es verdad que si se permite a Pemex capitalizarse no habría recursos en el presupuesto para los rubros de salud, educación, infraestructura y otros. Esto es chantaje puro. Esos recursos deben salir de los impuestos normales a las ganancias del capital, terminando con la condición de semiparaíso fiscal que se le ha impuesto al territorio nacional. Tampoco es verdad que habría fuga de capitales. Demasiado codiciado para la inversión es este país, por razones similares a las que lo hacen codiciable para las ambiciones de la nación del Norte.
El debate y las decisiones sobre el estatuto jurídico de Pemex y los recursos para su eficiencia y su modernización tienen que partir de esta plataforma. No es una cuestión ante todo económica y técnica. Es una cuestión de geopolítica y de soberanía nacional: quién manda en México.
En caso contrario, el gobierno nacional –y gobierno son los tres poderes, no sólo el Ejecutivo– se vería colocado en la paradójica situación de cumplir con la consigna zapatista: mandar obedeciendo. Pero obedeciendo al mando establecido en el Pentágono, la Casa Blanca y Wall Street, dueños una vez más, por sí mismos o por interpósitos capitales privados mexicanos, del control de los recursos petroleros de la República Mexicana.
jueves, 14 de febrero de 2008
En concreto
Laura Itzel Castillo
El Universal
Miércoles 13 de febrero de 2008
Pemex sí, PEUSA no
El próximo 18 de marzo se celebra el 70 aniversario de la expropiación petrolera en medio de una fuerte presión para privatizar la industria energética y acabar finalmente con los restos que quedan de soberanía nacional.
Hace un año, en el acto oficialista del 69 aniversario, Felipe Calderón convocó a realizar un diagnóstico de la situación de Pemex y cínicamente llamó a “combatir” a fondo la corrupción. Al evento acudieron puros funcionarios íntegros: Carlos Romero Deschamps, secretario general del sindicato charro de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana y Francisco Labastida Ochoa, presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Senadores, ambos protagonistas del Pemexgate en el que se desviaron mil 500 millones de pesos para la campaña presidencial de Labastida. Hay que recordar que el propio Calderón también es cómplice de los estragos a Pemex, pues fungió como secretario de Energía y como coordinador de la bancada panista en la Cámara de Diputados en la 58 Legislatura que dejó impunes a Romero Deschamps y a Ricardo Aldana, otro finísimo líder.
Esto es sólo un ejemplo de la impunidad de que gozan quienes han usado a la industria petrolera como caja grande para enriquecerse al amparo del poder público. Ahí está también el español Juan Camilo Mouriño, quien ha sido beneficiario directo de esta práctica y de su muy cercana amistad con Calderón.
El apetito privatizador de la derecha parece no tener límites. Mediante trampas violan flagrantemente la Constitución para permitir que los extranjeros tengan injerencia directa en Pemex. Recientemente, el 7 de enero pasado, se otorgó un contrato de más de 4 mil millones de pesos por concepto de operación, mantenimiento y construcción de la infraestructura para la transportación de combustible en Tabasco, Veracruz, Chiapas y Oaxaca a la empresa EMS Energy Services México, que es subsidiaria de la firma estadounidense Energy Maintenance Services Group.
Estos acontecimientos me traen a la memoria que, desde los años 70, Heberto Castillo criticaba contundentemente la política petrolera del régimen de José López Portillo.
Desde el Partido Mexicano de los Trabajadores y como colaborador en Proceso y en EL UNIVERSAL lanzó la consigna: “Pemex sí, PEUSA no”. Hoy más que ayer este lema está vigente.
Durante décadas, los gobiernos entreguistas han tratado de acabar con Pemex y aún así sigue siendo sostén de nuestra economía. El petróleo es nuestro y debemos conservarlo.
Únete al Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo. La cita es el próximo domingo 24 de febrero a las 11 de la mañana en la Torre de Pemex, con Andrés Manuel López Obrador.
www.vivienda.gobiernolegitimo.org.mx
© 2008 Copyright El Universal-El Universal Online
Laura Itzel Castillo
El Universal
Miércoles 13 de febrero de 2008
Pemex sí, PEUSA no
El próximo 18 de marzo se celebra el 70 aniversario de la expropiación petrolera en medio de una fuerte presión para privatizar la industria energética y acabar finalmente con los restos que quedan de soberanía nacional.
Hace un año, en el acto oficialista del 69 aniversario, Felipe Calderón convocó a realizar un diagnóstico de la situación de Pemex y cínicamente llamó a “combatir” a fondo la corrupción. Al evento acudieron puros funcionarios íntegros: Carlos Romero Deschamps, secretario general del sindicato charro de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana y Francisco Labastida Ochoa, presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Senadores, ambos protagonistas del Pemexgate en el que se desviaron mil 500 millones de pesos para la campaña presidencial de Labastida. Hay que recordar que el propio Calderón también es cómplice de los estragos a Pemex, pues fungió como secretario de Energía y como coordinador de la bancada panista en la Cámara de Diputados en la 58 Legislatura que dejó impunes a Romero Deschamps y a Ricardo Aldana, otro finísimo líder.
Esto es sólo un ejemplo de la impunidad de que gozan quienes han usado a la industria petrolera como caja grande para enriquecerse al amparo del poder público. Ahí está también el español Juan Camilo Mouriño, quien ha sido beneficiario directo de esta práctica y de su muy cercana amistad con Calderón.
El apetito privatizador de la derecha parece no tener límites. Mediante trampas violan flagrantemente la Constitución para permitir que los extranjeros tengan injerencia directa en Pemex. Recientemente, el 7 de enero pasado, se otorgó un contrato de más de 4 mil millones de pesos por concepto de operación, mantenimiento y construcción de la infraestructura para la transportación de combustible en Tabasco, Veracruz, Chiapas y Oaxaca a la empresa EMS Energy Services México, que es subsidiaria de la firma estadounidense Energy Maintenance Services Group.
Estos acontecimientos me traen a la memoria que, desde los años 70, Heberto Castillo criticaba contundentemente la política petrolera del régimen de José López Portillo.
Desde el Partido Mexicano de los Trabajadores y como colaborador en Proceso y en EL UNIVERSAL lanzó la consigna: “Pemex sí, PEUSA no”. Hoy más que ayer este lema está vigente.
Durante décadas, los gobiernos entreguistas han tratado de acabar con Pemex y aún así sigue siendo sostén de nuestra economía. El petróleo es nuestro y debemos conservarlo.
Únete al Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo. La cita es el próximo domingo 24 de febrero a las 11 de la mañana en la Torre de Pemex, con Andrés Manuel López Obrador.
www.vivienda.gobiernolegitimo.org.mx
© 2008 Copyright El Universal-El Universal Online
Opinión de Jose Luis Calva en el Universal
Detección tempranaJosé Luis Calva
14 de febrero de 2008
De acuerdo con un estudio de la Secretaría de Salud, “en un periodo de cuatro años, el cáncer ocasionó en México 172 mil muertes que pudieron haberse evitado, porque existen los mecanismos para obtener un diagnóstico temprano y los medicamentos para revertir la enfermedad” (La Jornada, 6/II/08).
Algo similar ocurre en el ámbito de la economía respecto de las recesiones. Desde que el economista francés Joseph-Clement Juglar descubrió en 1860 el ciclo económico que lleva su nombre (“ciclo Juglar”), de duración irregular pero oscilante alrededor de 10 años, nuestra disciplina ha generado técnicas para detectar tempranamente las recesiones, así como instrumentos de política macroeconómica (monetaria y fiscal) para revertir la enfermedad.
Los diagnósticos tempranos son particularmente relevantes, porque las acciones contracíclicas de política macroeconómica suelen actuar con notorio rezago sobre la economía real. Por una parte, si bien las acciones de política monetaria producen algunos efectos prácticamente instantáneos sobre la esfera financiera, sus mecanismos de transmisión sobre la economía real son muy lentos, requiriéndose —de acuerdo con destacados expertos— de dos a cuatro meses para que comiencen a sentirse sus primeros efectos, y de 12 a 18 meses para que los golpes de timón de la política monetaria hagan sentir la totalidad de sus efectos. Por otra parte, la eficacia contracíclica de las medidas de política fiscal deriva de la magnitud y rapidez de su incidencia sobre la demanda agregada.
De allí la importancia de la discusión que hoy ocupa a autoridades económicas (bancos centrales, ministerios de Hacienda y organismos internacionales), a especialistas académicos y a economistas del sector privado en todo el planeta, acerca de si la economía estadounidense se encuentra en grave peligro de caer en recesión o si ya entró en ella, así como respecto a la suficiencia (o insuficiencia) de las acciones de política monetaria y fiscal que se han adoptado para evitar la recesión o, cuando menos, para reducir la profundidad y duración de la contracción económica. El asunto es especialmente relevante para México, que es el país económicamente más dependiente de Estados Unidos.
Por eso resulta desalentadora la postura asumida por las autoridades macroeconómicas de México. “Hasta el segundo semestre del año —declaró el gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz— se tendrá un mejor escenario de la magnitud de la desaceleración en EU y sus consecuencias hacia el país” (EL UNIVERSAL, 8/II/08).
Y el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, señaló: “Es muy fácil caer en una ‘sicosis negativa’ por la desaceleración económica en Estados Unidos”. “‘La definición de una recesión es que haya dos trimestres consecutivos con crecimiento negativo y eso todavía no pasa’” (EL UNIVERSAL, 8/II/08 y El Financiero, 8/II/08).
El problema consiste en que después de dos trimestres de caída del Producto Interno Bruto la enfermedad estará muy avanzada.
Por fortuna, existen indicadores líderes de periodicidad mensual que permiten anticipar los quiebres de tendencia. De hecho, las acciones monetarias de la Reserva Federal estadounidense se han sustentado en estos indicadores. Por ejemplo, el Chicago Fed Nacional Activity Index (CFNAI), construido con numerosas variables de periodicidad mensual, ha arrojado cifras negativas desde agosto; y en su versión CFNAI-MA3 —cuyos valores debajo de -0.70 revelan una elevada probabilidad de recesión— arrojó valores de -0.66 en octubre de 2007, -0.50 en noviembre y -0.67 en diciembre.
De igual modo, el rápido acuerdo político entre demócratas y republicanos sobre el paquete fiscal contracíclico recién aprobado se sustentó en un estudio de la Oficina de Presupuesto del Congreso, según el cual “el riesgo de recesión es considerablemente elevado” y son necesarios “estímulos fiscales” que “entren en vigor rápidamente” para “reforzar la demanda agregada” (http://cboblog.cbo.gov).
Mientras nuestros vecinos enfrentan activamente los retos del destino, la suerte de México parece estar ya echada: nuestras autoridades monetarias y hacendarias se mantendrán a la expectativa durante los próximos trimestres, fieles a la ortodoxia de la restricción monetaria y el presupuesto equilibrado.
Investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM
PERFIL
Investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Especialista en economía agrícola y desarrollo rural, fue distinguido con el Premio Nacional de Periodismo en 1999, por artículo de fondo publicado en EL UNIVERSAL, donde colabora desde mayo de 1995. Ha impartido numerosos cursos en universidades de México y el extranjero y participado como ponente en más de 200 seminarios y congresos científicos. Entre sus logros se cuentan también el Premio en Investigación Económica "Maestro Jesús Silva Herzog" 1999, el Premio Universidad Nacional 2001 en ese mismo ramo y el Primer Premio Nacional de Periodismo en Análisis Económico 2001, otorgado por el Club de Periodistas de México, A.C.
lunes, 11 de febrero de 2008
Opinión de Lydia Cacho en El Universal
| Plan B Lydia Cacho 11 de febrero de 2008 |
Durante una cena entre amistades cercanas nos preguntábamos ¿qué factores determinan que una ministra de la Corte sacrifique un voto, o que un fiscal, policía o juez se someta a los designios de las mafias políticas o criminales? Al final de la noche nos quedamos con más preguntas que respuestas.
El ministro Juan Silva Meza me comentó hace unos meses que la primera vez que recibió una amenaza fue en tiempos del juicio a Arturo El Negro Durazo. Quien le llamó a Silva le hizo saber que su hijo podría perder la vida. El juez tomó precauciones pero no se rindió. La ex fiscal Alicia Elena Pérez Duarte, siendo magistrada recibió amenazas contra la vida de su hijo, resolvió el caso sin ceder a las presiones, pero empacó sus maletas y vivió fuera de México 10 años; ahora que volvió lo hizo dispuesta a no huir por miedo y a renunciar ante la corrupción. A fines del mes pasado Eusebio Romero, delegado del Instituto Nacional de Migración en Cancún, renunció admitiendo que las mafias cubano-estadounidenses de traficantes de personas han incrementado su actividad en ese polo turístico en un 220%.
A fines de marzo del 2007 mientras investigaba casos de trata de mujeres para un libro, me entrevisté, jugando a las escondidillas, con el experto en Inteligencia adscrito a la Unidad Especializada en Tráfico de Personas y Órganos de la PGR, José Nemesio Lugo, a quien conocí hace años mientras hacía una investigación en Cancún. Después de compartir cierta información, su tono monocorde y serio cambió, se le rasaron los ojos de lágrimas y me preguntó cómo manejaba el miedo, me aseguró que ya no dormía y no confiaba en nadie dentro de la PGR, lo querían asesinar por su investigación sobre trata y tráfico de personas en el aeropuerto de la ciudad de México. Tres semanas después de nuestra conversación, Nemesio fue asesinado a quemarropa a plena luz del día. Él tenía toda la información sobre 47 bandas de tratantes de personas en México, pero lo que no se dijo es que guardaba en su USB personal la lista de gobernadores, jueces, empresarios y funcionarios de PGR y Gobernación que hacen posible la existencia de esas redes de trata de personas. “Quieren crear otra fiscalía”, me dijo Lugo, pero será para desgastar a las víctimas, no van a hacer nada. ¿Por qué decidió dejar la vida en su trabajo a pesar de saber lo que sabía? A él lo que le marcó fue el caso “Divas”: una red de tratantes de niñas, que sigue intocada por PGR. Un día ya no pudo dormir luego de escuchar las historias de las madres y ver las fotografías de las pequeñas. Así de fácil, así de humano.
Esta reflexión resultaría emotiva por el heroísmo que retrata, si no evidenciara la incapacidad endémica del Estado mexicano para salvaguardar tanto a las víctimas de delitos, como a sus funcionarias y funcionarios públicos. Cuando una o un servidor público se ve contra la pared para resolver un asunto complejo, se sabe desprotegido. Por ello la toma de decisiones o se basa en su ética y sentido de responsabilidad, o en sus miedos y debilidades. Pero siempre con la certeza de que el gobierno para el que trabaja no va a protegerle.
Para sobrevivir dentro de las instituciones del Estado vinculadas con la justicia, en un momento determinado la persona tendrá que saber si está dispuesta a arriesgarlo todo, incluso la vida. Quien está en el servicio público debe tener la certeza ética de que su vida o su seguridad no valen más que las de las víctimas a quienes debe proteger. Resulta injusto y aberrante exigir semejante sacrificio, pero resistir dentro del sistema pone a prueba a toda persona con convicciones. El poder del miedo deja en indefensión jurídica a la sociedad. El problema es que bajo estas circunstancias, el guante de la justicia esconde el puño del criminal.
www.lydiacacho.net
Recreo
J. Luis Medina Lizalde
AL PRINCIPIO
Resultó fallida la pretensión de dotar de la credibilidad perdida al Instituto Federal Electoral, porque:
1. Los diputados incumplieron con el plazo constitucional que tenían para nombrar a los tres consejeros del IFE y que vencía el 13 de diciembre pasado.
2. Si hubiesen valido los resultados del examen practicado a casi 500 ciudadanos, el IFE tendría como presidente al abogado zacatecano Virgilio Rivera Delgadillo, porque fue el número uno.
3. Si la trayectoria institucional hubiese sido determinante, el presidente sería Genaro Góngora Pimentel.
4. Si del prestigio académico se tratase, los consejeros electorales saldrían de entre Mauricio Merino, Lorenzo Córdoba, Jaime Cárdenas o Alfredo Figueroa (segundo lugar del examen).
5. Si de experiencia electoral acreditada se tratase, Eduardo Huchim hubiera sido escogido.
En la agenda de la lucha ciudadana por reformar al Estado queda pendiente el diseño de órganos electorales realmente autónomos, lo mismo del gobierno en turno que de los partidos
políticos.
PARECÍA ANDRÉS MANUEL LÓPEZ
OBRADOR, PERO NO, ERA EMILIO AZCÁRRAGA JEAN, EL MERO MERO DE TELEVISA.
El pasado viernes, Azcárraga tomó la palabra ante estudiantes participantes en un foro organizado por el Instituto de Empresa de Madrid, que se celebró en la ciudad de México.
Dijo, textualmente: “En Televisa, a nosotros no nos han regalado nada, nosotros hemos pasado por varias crisis, varios presidentes, y varios políticos sí se han robado mucho dinero”. (Con el silencio de Televisa, por cierto).
Se quejó también de la falta de apoyo a las empresas nacionales de parte del gobierno:
“Así como Telemundo ha querido entrar a México, yo he querido entrar a Estados Unidos, ahí vemos cómo los americanos (sic) y su gobierno defienden a las empresas americanas (sic). Lo mismo en España y en México, lo que se dice es que no hay que apoyar a las empresas mexicanas en todos sus rubros, no sólo en televisión”.
“SI NO SABES A DÓNDE VAS, CUALQUIER CAMINO TE LLEVARÁ ALLÁ”: GEORGE HARRISON
En paralelo, hace unos días cerró “El Globo”, ferretería ubicada al lado norte del teatro Calderón, y muy probablemente el más viejo establecimiento comercial de la ciudad, sino es que de todo el Estado, ya que su apertura data desde 1872. Misma que sobrevivió a un pavoroso incendio a principios de los años setenta del siglo pasado, en el que perdiera la vida el periodista Juan José Mata.
Antes nos dijeron adiós “Provisiones”, “La Casa Jácquez”, “Multizati”, de Samuel Zesati, y muchas de las referencias emblemáticas con las que crecimos los zacatecanos que ya no nos cocemos al primer hervor.
Los empresarios mexicanos que quieren y tienen con qué conquistar mercados en otros Países, se encuentran con que si es en España, el gobierno de ese País protege a los empresarios españoles frente a los nuestros, no sólo en su País sino también en México.
Lo mismo podemos decir del gobierno gringo respecto al cual el propio Azcárraga nos recuerda cómo a él le impidieron adquirir Univisión, mientras que Telemundo pretende en nuestro País la concesión de lo que sería una tercera cadena nacional.
En Zacatecas, llegó la ruina para muchos establecimientos comerciales cuando se instalaron Walmart, Soriana, Sam´s, etcétera.
PRIMERO LO FOMENTAN Y LUEGO LO LAMENTAN
Los Azcárraga y compañía se la pasaron convenciéndonos de “abrirnos al exterior” a lo tarugo (tampoco se trataba de cerrarnos), y de debilitar al Estado en el rol que constitucionalmente se le asigna en la economía, declarando anacrónico todo signo de nacionalismo que no tuviera lugar el 15 de septiembre por la noche.
Muchos de los miembros de la iniciativa privada critican al gobierno porque no recibe a los inversionistas foráneos, mientras que “en otros Estados se les regalan terrenos”, “se les condonan impuestos”.
¿De veras creen que el problema se soluciona con relaciones públicas, terrenos y condonaciones?
¿No será mejor aceptar que el Estado fuerte, reconstituido, será el mejor aliado de los mexicanos que se aventuren en el exterior?
Los beneficiarios finales del endiosado neoliberalismo no serán, ya no lo fueron, los empresarios mexicanos.
En Zacatecas se impone, en mi opinión, una política radicalmente localista, sin cerrazones patológicas, pero sin arrodillamiento ante lo que viene de fuera.
“LA DECEPCIÓN DE LOS SENTIDOS ES LA VERDAD DE LA PERCEPCIÓN”: JOHANNES EVANGELISTA PURKINJE
Para los gobernantes, manejar mal las expectativas es más peligroso que bajarle la novia a un narco.
Eso puede pasar con el llamado presupuesto “histórico”, adjetivo mediante el cual se pretende figurar como exitoso gestor de recursos.
Por ello, no está mal no perder de vista que:
Todas las Entidades del País tienen este año un presupuesto “histórico” (el incremento es generalizado conforme a una fórmula matemática en la misma proporción que se incrementa la bolsa global).
Cada año tenemos un presupuesto “histórico” (nunca es igual o inferior al anterior).
La mayor parte del presupuesto es para gasto corriente y lo destinado a inversión está expuesto a devolución por incapacidad para ejercerlo.
AL ÚLTIMO
Vino la alta comisionada de las Naciones Unidas en materia de Derechos Humanos.
Bien pudo ahorrarse la visita, puesto que la misma no sirvió ni para que se enterara de que en Zacatecas hay varios individuos sustraídos violentamente de sus hogares desde hace meses, por bandas armadas, sin que los familiares de los mismos tengan a quién recurrir.
De haber tenido interés, se hubiera enterado que hay zacatecanos que están emigrando por miedo a la delincuencia organizada.
Nos encontramos el lunes en el recreo.
luismedinalizalde@ gmail.com
jueves, 7 de febrero de 2008
Mensaje a todos los mexicanos de nuestro Presidente Legítimo de México
Nuestro presidente legítimo el Lic. Andrés Manuel López Obrador informa sobre las acciones a seguir como parte del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo
Cortesía: Sendero del Peje
Cortesía: Sendero del Peje
Opinión de Francisco Rojas en el Universal
Pero qué necesidadFrancisco Rojas
7 de febrero de 2008
La posesión del petróleo ha desatado siempre feroces bretes. Desde los inicios de los 70, con la guerra del Yon Kipur, se agudizó la liga entre alzas y disminuciones en el precio del hidrocarburo y los conflictos bélicos, principalmente en Medio Oriente. Algunos países exportadores aislaron la abundancia de divisas y propiciaron un crecimiento equilibrado; los más no supieron administrar la abundancia y, cuando el ciclo cambió, se deterioraron sus economías.
Las petroleras internacionales se adaptaron: cambiaron el tradicional modelo vertical del pozo a la gasolinera, organizándose por subsidiarias. Desarrollaron habilidades comerciales y acrecentaron sus refinerías y petroquímicas, de donde derivan actualmente sus mayores ganancias.
Los países desarrollados impulsaron las energías nuclear, eólica y solar y la investigación sobre energías alternativas y combustibles limpios; también aplicaron programas de ahorro de energía, sin reducir sustancialmente el consumo. A partir de las décadas de los 80 y 90 se encadenaron sucesos como la caída del muro de Berlín, el Consenso de Washington y la ola de privatizaciones, poniéndose de moda denostar a las empresas públicas, acusándolas de ineficientes y corruptas.
México se sumó al nuevo orden, con sonados descalabros en las privatizaciones. En el ramo energético se ajustaron instrumentos de evaluación para demostrar que perdía y, amparados en restricciones presupuestales, no se construyeron refinerías, no se mantuvieron ductos y terminales; se despidió personal calificado, se frenó la investigación y el desarrollo tecnológico; y se privilegió la producción de crudo para exportar y a los productores independientes de electricidad, alegando falta de recursos.
Ahora importamos petrolíferos; los ductos y terminales están dañados; se restringe el uso de la capacidad instalada de la CFE para cumplir contratos privados, en tanto se importa gas para continuar con su programa de expansión; se sobreexplotaron los yacimientos y se descuidaron las reservas por cumplir compromisos de abasto; etcétera.
Nuestro sistema de refinación no se ha ampliado, compra forzosamente el crudo que le vendan, sin descuentos especiales a pesar de ser el mejor cliente, apoya con almacenajes redundantes las fluctuaciones de producción o de mercado del crudo, tiene obligadamente que abastecer de combustibles al país, padece el oneroso esquema fiscal y Hacienda le fija los precios.
Estamos en la etapa de precios petroleros altos; las empresas estatales poseen 90% de las escasas reservas y quieren mayores beneficios; las energías alternativas no pesarán antes de 30 años, a menos que ocurra una revolución tecnológica. Hay una ola de nacionalismo petrolero y los países industrializados defienden lo que consideran sus recursos estratégicos.
Vamos a contracorriente; las soluciones propuestas tienen un rancio olor a Thatcher y Reagan y parecen atadas a compromisos políticos, ideológicos o económicos.
Se pretende que los privados construyan refinerías; si esto se diera, los inversionistas seleccionarían las mejores localizaciones, adquirirían el crudo que necesiten, producirían lo más rentable, venderían a precios de mercado donde les convenga, no estarían atados a los resultados de otra empresa del grupo, no se comprometerían al abastecimiento interno en situaciones desventajosas y pagarían impuestos razonables como cualquiera. Su objetivo sería obtener la más alta rentabilidad en el menor tiempo posible; si fueran obligados a aceptar limitaciones en los supuestos anteriores, seguramente exigirían compensaciones en forma de semimonopolios de productos o regiones y negocios aguas abajo, como gasolineras y sistemas de transportación.
México requiere dos o tres refinerías para abatir la importación de combustibles y recursos para mantener ductos y terminales. Dichas refinerías deben incluir un esquema amplio que utilice los productos de la refinación para la generación eléctrica y se libere gas para la petroquímica y la inyección de pozos, donde se justifique.
Pemex sí tiene recursos, pero no lo dejan invertirlos por mantener el equilibrio presupuestal y la carátula financiera; las recientes reformas fiscales le dejaron disponibilidades por más de 150 mil millones de pesos, suficiente para pagar de contado dos refinerías; para este año estima obtener adicionalmente 130 mil millones de pesos, cuyo monto crecerá durante el sexenio.
Si no se dieran a Refinación las prebendas que se darían a los privados, se le condenaría a la obsolescencia y desaparición paulatina, como pasó con la petroquímica. Para ello no necesita “privatizarla” ni “vender ningún fierro”.
Nuestro mercado interno es importante; ¿qué necesidad hay de regalarlo? Existen soluciones tecnológicas disponibles, igual que recursos; Pemex siempre ha sabido construir refinerías y ductos; sólo se requiere un enfoque integral y una visión de largo plazo. Bienvenida la iniciativa privada para colaborar, no para que operen por nosotros; ¿o es que ya nos declaramos fracasados?
Analista político
PERFIL
Diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Se desempeñó como director general de Petróleos Mexicanos (Pemex) y como presidente del Patronato de la UNAM. Actualmente es, además, presidente ejecutivo del Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo A.C., presidente del Consejo Corporativo de la Fundación Solidaridad Mexicano Americana A.C., y presidente del Consejo Directivo del Instituto Cultural México-Israel, A.C.
miércoles, 6 de febrero de 2008
Apertura petrolera
Rogelio Ramírez de la O
6 de febrero de 2008
6 de febrero de 2008
La verdadera oportunidad que tuvo el gobierno para abrir el sector petrolero a la inversión privada fue en los años 90 y no ahora, pues era cuando tenía la mayoría del Congreso y podía cambiar la Constitución. Si ésta no se cambia, cualquier apertura es inútil, pues las leyes secundarias nunca darán la seguridad que requieren los inversionistas serios.
Además, en los 90 no había una experiencia negativa sobre las privatizaciones. Hoy la percepción en amplios sectores es que el gobierno las hace con conflictos de interés o corrupción, favoreciendo a grupos específicos y no al interés general. Justa o injusta, los gobiernos de Ernesto Zedillo y Vicente Fox estaban obligados a corregir esta percepción, limpiando de dudas los casos notables que les tocó resolver, como el rescate bancario o el rescate carretero, pero no lo hicieron. Por ahorrarse un conflicto político o un verdadero ejercicio de rendición de cuentas, dejaron la duda plantada y cancelaron la credibilidad de cualquier privatización futura.
Plantear hoy la apertura, en especial con los mismos grupos que adquirieron activos del Estado en los 90, sería como si en Estados Unidos los ex directores de Enron estuvieran hoy comprando los bancos de Wall Street.
En los 90 no prevalecía la visión de que las reservas mundiales de petróleo son muy limitadas frente a la demanda futura. Es natural entonces que haya resurgido el celo de los estados por tener el control directo de sus reservas y de su tasa de explotación. Una privatización en estas condiciones, aun vestida como apertura limitada, alianzas estratégicas o cambio en las leyes secundarias, quedaría abierta a un enorme riesgo político.
Otro factor en contra de la apertura es que durante mucho tiempo el gobierno permitió o causó deliberadamente el debilitamiento progresivo de Pemex, tanto que hizo que muchos técnicos del mismo Pemex y observadores se dieran cuenta de lo irracional de impedirle invertir en exploración y construir más refinerías, entre otros.
Hoy, a pesar de ese debilitamiento, Pemex tiene un enorme superávit de operación de más de 70 mil millones de dólares que pocas empresas tienen en el mundo, aun petroleras. Esto desacredita aún más el argumento oficial de que no hay dinero para financiar la inversión de Pemex y más aun cuando los precios del crudo han llegado a 80 dólares por barril.
Para colmo, al faltar capacidad de refinación, aumentaron las importaciones de gasolina, llegando a 21 mil millones de dólares en cinco años, con los que según notas de prensa, se podrían construir siete refinerías. Y aun así, el gobierno le sigue negando fondos a Pemex para comenzar la construcción de una sola refinería.
Todo lo anterior hace imposible al gobierno navegar con los argumentos de que Pemex está agotado, de que no hay reservas y de que enfrentamos una crisis inminente de petróleo, para convencer de que la inversión privada es la única solución. Parecería un mal mago en el escenario que hace sus trucos sin darse cuenta que todo el público ve lo que quiere ocultar.
Desde luego, la situación del sector energético es muy difícil. Muchos argumentan que hay una propuesta de apertura y que en cambio quienes se oponen a ella carecen de propuesta. Pero la propuesta alternativa sí existe y es por cierto superior a la del gobierno, simplemente porque éste quiere hacer lo imposible (cambiar la Constitución sin perder la estabilidad) y la alternativa viable es hacer lo difícil.
Hay muchos temas, pero solamente esbozo tres para profundizar en otra ocasión. Uno es la presencia de grandes economías de escala en el sector petrolero como hoy existe, bajo un solo dueño. Estas economías y la posibilidad de grandes reducciones de costos se perderían con una apertura selectiva, al diversificarse la propiedad.
Ligado a lo anterior, los precios internos de la energía hoy se fijan con la base del precio en Estados Unidos. Esto imposibilita a la economía aprovechar sus ventajas naturales para ganar competitividad. Es como si China fijara sus salarios con la base del salario estadounidense.
El tercer tema es la seguridad de abasto de energéticos en el largo plazo. La energía no debería tratarse como cualquier bien que se puede comprar en cualquier cantidad en cualquier momento, sino, por el contrario, como un bien sujeto a riesgos de oferta. Los países poderosos pueden asegurar su abasto con medios militares. Los de alto crecimiento, con un altísimo superávit corriente externo. Los países como México tienen que encontrar sus propias formas y políticas para hacerlo.
rograo@gmail.com
Analista económico
En concreto
Laura Itzel Castillo
06 de febrero de 2008
06 de febrero de 2008
En México, la vivienda no sólo ha dejado de ser un derecho humano, sino que se ha convertido en un negocio para los funcionarios y un pago de facturas políticas. Sólo mencionaré dos ejemplos. Durante el sexenio pasado, Elba Esther Gordillo recibió a través del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) “aportaciones” de alrededor de 10 mil millones de pesos para el Fideicomiso para el Financiamiento de la Vivienda Magisterial (Vima).
Esto equivale a lo ejercido durante todo el sexenio anterior por el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo). Para este año la inversión pública federal aplicada para la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y Fonhapo, es de sólo 5 mil millones de pesos para atender a una población de más de 100 millones de habitantes que existen en toda la República, mientras que el SNTE agrupa a un millón y medio de maestros, suponiendo que el dinero les fuera a beneficiar.
Si se hubiera invertido el recurso en lo que se debía, se podrían haber construido más de 30 mil viviendas de interés popular para los mentores. Esta cifra representa, por otra parte, más de la cantidad de viviendas que existen en la ciudad de Tlaxcala.
Al finalizar el año 2000, después de la realización de una auditoría externa al FOVISSSTE, salieron a relucir irregularidades detectadas en los fideicomisos que conforman el Fondo Vima: cobros excesivos, presunto daño patrimonial, así como el evidente contubernio con las empresas inmobiliarias contratadas que habían incumplido los estándares mínimos de calidad. Sin embargo, en el país de la impunidad no hay sanciones; al contrario, se premia la corrupción con dinero del erario público.
Un ejemplo más. También durante el mandato de Fox, el FOVISSSTE vivió otro escándalo nacional. Se debió a un presunto fraude por tráfico de influencias manejado por dicha dependencia para beneficiar a las empresas Inmobiliarias Kilate y Construcciones Prácticas SA de CV, firmas con vínculos muy cercanos a los hermanos Bribiesca Sahagún, hijos de Marta Sahagún.
La operación ilícita consistió en que los hermanos bribones adquirieron alrededor de 250 viviendas en Acapulco, Guerrero, en tres mil pesos cada una que luego revendieron al FOVISSSTE en más de 300 mil pesos. En todo este proceso intervino gente incondicional a Gordillo como Antonio Goñi Jasso y Fernando González Sánchez, yerno de la maestra. A pesar de ello, el 29 de noviembre de 2006, dos días antes de que “tomara protesta” Felipe Calderón, la PGR liberó de cualquier responsabilidad a los hermanos Bribiesca, declarando el no ejercicio de la acción penal.
¿Esa es la política de vivienda que aplicará Calderón para enfrentar la crisis que viene?
consejodedefensadelavivienda@gmail.com
www.vivienda.gobiernolegitimo.org.mx
Pemex tiene con qué salir adelante
Cuauhtémoc Cárdenas
Todos los días y cada vez con mayor profusión e intensidad, los distintos medios de información dan cuenta de declaraciones de diferentes actores de la vida pública –legisladores, funcionarios públicos, financieros, conductores de programas de televisión y radio, académicos, articulistas, dirigentes políticos– sobre la necesidad y conveniencia de llevar a cabo una reforma energética, sin que nadie precise de qué se trata, qué es lo que se pretendería modificar o qué es lo que se quiere que no cambie con respecto a la situación actual.
No pretendo en esta ocasión hacer un planteamiento amplio o una propuesta integral sobre una nueva política petrolera –que la hice hace ya algunos meses y considero mantiene vigencia–, sino sólo fijar una posición sobre algunos temas específicos y tratar de hacer claridad sobre otros, que con frecuencia se manejan falazmente.
Empezaré por decir que el transporte de petrolíferos por oleoducto o poliducto debe seguir siendo función exclusiva del Estado, realizada por conducto de Petróleos Mexicanos. Por la red de la paraestatal se transporta alrededor de 60% del total de los líquidos que mueve, otro 30-35% se transporta en buques tanque y sólo el resto va a distintos puntos del país sea por ferrocarril, sea por pipas que transitan por las carreteras.
Transportar el petróleo por ductos cuesta 5 centavos por kilómetro. Hacerlo en pipas asciende a 90 centavos, esto es 18 veces más.
Sería absurdo, como ciertas voces sostienen que es necesario, privatizar la red de ductos de Pemex con el argumento de que un particular puede transportar petrolíferos en pipas por carretera –lo que representa aproximadamente 3% de los productos que Pemex distribuye por todo el país, con precio 18 veces superior al que cuesta a Pemex hacerlo por sus tuberías– y está legalmente impedido para hacerlo por ductos que el propio particular concesionario dueño de las pipas construya y opere.
El transporte que hace Pemex de sus productos por medio de su red de ductos es más barato y eficiente que el que se hace por cualquier otro medio de transporte. Lo que procede, en consecuencia, es dotar a Pemex con los recursos necesarios para que extienda su red de ductos lo más posible, les dé el mantenimiento adecuado y establezca los procedimientos de control electrónico de sus flujos, tal como los tiene ya establecidos para el control de los flujos que transitan por su red de gasoductos.
Siguiendo con el asunto de los ductos, actualmente cada subsidiaria de Pemex maneja sus ductos con independencia del resto de la red. Lo racional, sostenido por conocedores de la operación petrolera, sería crear en Petróleos Mexicanos una entidad que unitariamente manejara esa extensa red y coordinara con una visión integral, de conjunto, el movimiento de la diversidad de productos que deben llegar a las distintas áreas de la industria.
Otra función que debe a mi juicio mantenerse con exclusividad para el Estado es la refinación –la producción de combustibles y lubricantes, que por imponer y practicar una política antinacional se dejaron de producir en México y se han venido importando en volúmenes crecientes en esta época del neoliberalismo–, ya que de abrirse esta actividad a intereses privados, es muy posible que éstos demandaran y presionaran económica y políticamente –de lo que pueden encontrarse buen número de antecedentes de triste memoria en la historia económica y política de nuestro país– para que se les abasteciera de petróleos ligeros, los más fáciles de refinar y sobre todo los más rentables, dejando al Estado los productos y las mezclas de más complejo y costoso tratamiento.
Es necesario, y así parece estar aceptado por quienes opinan desde distintas posiciones políticas y los hacen con diferentes visiones, que se invierta en exploración, en la construcción de nuevas refinerías, en la modernización de la flota petrolera, en nuevos ductos, en mejorar el mantenimiento de las instalaciones existentes, etcétera, pero, dicen algunos, Pemex carece de recursos, no tiene dinero. Esta es una afirmación falsa y falaz.
En los últimos años, con el aumento de los precios del crudo, Pemex ha generado excedentes en sus ingresos monetarios no previstos oficialmente, que debían haber servido ya para atender prioritariamente las necesidades de la industria. Por otro lado, la Secretaría de Hacienda, al finalizar 2007, mantenía congelados fondos de Pemex –es decir, recursos ya aprobados por el Congreso para ser invertidos o gastados por Pemex– que sumaban más de 322 mil millones de pesos, que tendrían que haberse ejercido para hacer más rentable y eficiente nuestra industria petrolera y que debían haber contribuido, sumados a otros recursos y medidas, para superar el prolongado estancamiento de nuestra economía. De mantener esa política de congelamiento de recursos, al final de 2008 Hacienda habrá retenido 129 mil millones más, llegando a un acumulado de 451 mil millones de pesos. ¡Una barbaridad, un crimen económico, social y político!
Pemex, es necesario repetirlo, genera recursos y debiera efectivamente contar con ellos para salir adelante y recuperar para la industria petrolera el papel de motor del crecimiento económico del país.
Volviendo a la reforma energética, que fue el tema con el que empecé, quiero entender que cuando se hace referencia a ésta, se está hablando de la necesidad de instrumentar una política energética que tenga una orientación y mecanismos distintos a los de la política en la materia vigente en los últimos sexenios. Esto es, en lo que hace al petróleo, es necesario antes que otra cosa conceder a Pemex autonomía de gestión, separándolo del presupuesto federal y liberándolo consecuentemente del estrangulamiento al que lo tiene sometido la Secretaría de Hacienda –que es en la práctica la que ha venido decidiendo lo que hace y lo que no Petróleos Mexicanos, sustituyendo así indebidamente a su dirección formal, que es finalmente la responsable ante el país del manejo de este recurso y de la industria que se deriva de su aprovechamiento–, destinar mayores presupuestos a Pemex para que invierta en exploración, explotación, refinerías, ductos, petroquímica, en el desarrollo de las tecnologías necesarias para la exploración y explotación de los yacimientos situados en aguas profundas, etcétera, llevando a cabo, por otro lado, un cambio radical al tratamiento fiscal que se da a Pemex y poniendo en práctica una política internacional agresiva que lleve a abrir nuevos horizontes a nuestra industria, como la que practican las principales petroleras del mundo, y todo ello sin modificar nuestra Constitución.
Finalmente, es tiempo ya, con relación a los yacimientos transfronterizos, que el gobierno nos diga qué manejo les está dando o está previendo darles de aquí en adelante y qué acuerdos se están haciendo con nuestros vecinos y qué previsiones se están tomando para que México derive de su aprovechamiento los beneficios a los que tiene derecho.
lunes, 4 de febrero de 2008
Recreo de J. Luis Medina Lizalde en el Imagen
Recreo
J. Luis Medina Lizalde
AL PRINCIPIO
La muerte de Marcial Maciel trae a la memoria un capítulo vergonzoso de la historia del periodismo mexicano impreso, radiofónico y televisivo; la abrumadora mayoría se negó a difundir la denuncia de ocho personas en el sentido de que habían sido víctimas de abuso sexual del fundador de los Legionarios de Cristo.
Eso sucedió en 1997, y las excepciones a la regla fueron la revista Proceso, el diario La Jornada y canal 40. Carmen Aristegui y Javier Solórzano se fajaron los pantalones y lograron abordar el tema en una emisión nocturna del canal 2 de Televisa.
Algunos medios en los Estados de la República también abordaron el tema (en Zacatecas, conté con toda la libertad para hacerlo en el noticiero Hablando en Plata).
Pero párele de contar.
La mayor parte de los medios se rindieron ante el poder del sector encubridor del clero, del sector encubridor del poder político (en la persona del titular de Comunicaciones y Transportes de la época), del sector encubridor de los empresarios (Bimbo y Servitje, blandiendo las armas de la publicidad).
Para vergüenza de los del silencio cómplice, el propio Vaticano investigó y le impuso prohibiciones como la de oficiar misa y hacer declaraciones.
Pero, ¿qué tal si el denunciado hubiese sido un simple mortal o un opositor al régimen? Lo habrían hecho
“picadillo”.
LA UNESCO LO DICE Y LA UNAM LO DEMUESTRA:
LA CANTIDAD NO RIÑE CON LA CALIDAD, LA SIMULACIÓN SÍ.
El conflicto más grave en la historia de la Universidad Autónoma de Zacatecas tuvo como detonante el mismo problema que ahora amenaza con dividir a la comunidad universitaria: la demanda de lugares para estudiar Medicina Humana.
Ni ahora ni en 1977, el origen del problema ni la solución al mismo está en la universidad, pero la misma no puede ser ajena.
Para un ciudadano con conciencia social es inadmisible la postura de cerrar las puertas a los rechazados así sin más, invocando artificiosos argumentos de capacidad hospitalaria, asumiendo como propia una política de salud de desmantelamiento de lo público en provecho de la medicina como negocio y no como
servicio.
Tampoco se puede compartir el hecho de que una causa justa, como es la de los padres de familia que, junto con sus hijos, se rebelan ante la injusticia social de que son objeto, cometan a su vez una injusticia igualmente improcedente: impedir al alumnado tomar sus clases.
LES IRÍA MEJOR LUCHANDO JUNTOS
Tanto los rechazados como los que ya lograron un lugar, descubrirán más tarde que temprano que la exclusión social es para ambas partes, a unos desde ahora.
A los otros, a la hora de ejercer la profesión, se les aparecerá la realidad de un País que en el primer sexenio del siglo, en el México urbano se produjo el fracaso de 11 mil empresas industriales y en el mundo rural, en el mismo lapso, se perdieron 2 millones de empleos.
“LA VERDAD NUNCA DAÑA UNA CAUSA QUE ES JUSTA”
(Mahatma Gandhi)
La revista Proceso de la semana anterior publica un reportaje denominado “Zacatecas, territorio del miedo”. Del texto se desprenden muchos datos; citemos algunos: Un reporte de inteligencia federal establece un número de cuarenta “levantados”.
Según recuento periodístico, en el mismo lapso se produjeron 32 homicidios atribuibles al crimen organizado (y eso que muchos casos no salen en la prensa).
El documento federal califica de “improvisado” el traslado de los detenidos en Tlaltenango que motivó la emboscada de Jerez y advierte “falta de adiestramiento de las fuerzas policiales estatales”. Contiene el reportaje información que configura como grave el clima de inseguridad en Zacatecas, clima advertido por todos, menos por las autoridades.
Pero lo más grave viene al final; la licenciada Silvia Márquez Soto hizo del conocimiento de diversas autoridades locales y federales el tráfico de drogas en el penal de Cieneguillas, así como una denuncia firmada por 169 reos contra el jefe de seguridad del penal por proteger una banda violenta, que según el escrito -que también conoció la Comisión Estatal de Derechos Humanos- el jefe de ellos, un tal Andrés Guzmán, amenazaba de muerte a los reos y a sus familiares para obligarlos a sacar la droga del penal y colocarla en el mercado zacatecano.
Dado el misterio con que los desconocidos que nombró el gobierno del Estado dejaron sus cargos apenas en octubre pasado (director y subdirector, asesor y jefe de seguridad) y las versiones de un fallido operativo previo para aprehenderlos, el reportaje de Proceso constituye un emplazamiento a las autoridades.
Ahora que el derecho de réplica es una garantía constitucional, ¿por qué no la ejercen los aludidos?
En vez de eso, con la torpeza propia de los más “papistas que el papa”, los que compraron los ejemplares de la revista “quisieron tapar el sol con un dedo”.
Lo único que lograron es otra “balconeada” en el Proceso de esta semana.
AL ÚLTIMO
Salió airoso Bernardo del Real en una etapa de cultura institucional precaria. ¡Enhorabuena por él!
La licenciada Leonor Varela Parga llega por méritos propios, sería injusto con ella decir que porque es mujer.
Nos encontramos el lunes en el recreo.
luismedinalizalde@ gmail.com
J. Luis Medina Lizalde
AL PRINCIPIO
La muerte de Marcial Maciel trae a la memoria un capítulo vergonzoso de la historia del periodismo mexicano impreso, radiofónico y televisivo; la abrumadora mayoría se negó a difundir la denuncia de ocho personas en el sentido de que habían sido víctimas de abuso sexual del fundador de los Legionarios de Cristo.
Eso sucedió en 1997, y las excepciones a la regla fueron la revista Proceso, el diario La Jornada y canal 40. Carmen Aristegui y Javier Solórzano se fajaron los pantalones y lograron abordar el tema en una emisión nocturna del canal 2 de Televisa.
Algunos medios en los Estados de la República también abordaron el tema (en Zacatecas, conté con toda la libertad para hacerlo en el noticiero Hablando en Plata).
Pero párele de contar.
La mayor parte de los medios se rindieron ante el poder del sector encubridor del clero, del sector encubridor del poder político (en la persona del titular de Comunicaciones y Transportes de la época), del sector encubridor de los empresarios (Bimbo y Servitje, blandiendo las armas de la publicidad).
Para vergüenza de los del silencio cómplice, el propio Vaticano investigó y le impuso prohibiciones como la de oficiar misa y hacer declaraciones.
Pero, ¿qué tal si el denunciado hubiese sido un simple mortal o un opositor al régimen? Lo habrían hecho
“picadillo”.
LA UNESCO LO DICE Y LA UNAM LO DEMUESTRA:
LA CANTIDAD NO RIÑE CON LA CALIDAD, LA SIMULACIÓN SÍ.
El conflicto más grave en la historia de la Universidad Autónoma de Zacatecas tuvo como detonante el mismo problema que ahora amenaza con dividir a la comunidad universitaria: la demanda de lugares para estudiar Medicina Humana.
Ni ahora ni en 1977, el origen del problema ni la solución al mismo está en la universidad, pero la misma no puede ser ajena.
Para un ciudadano con conciencia social es inadmisible la postura de cerrar las puertas a los rechazados así sin más, invocando artificiosos argumentos de capacidad hospitalaria, asumiendo como propia una política de salud de desmantelamiento de lo público en provecho de la medicina como negocio y no como
servicio.
Tampoco se puede compartir el hecho de que una causa justa, como es la de los padres de familia que, junto con sus hijos, se rebelan ante la injusticia social de que son objeto, cometan a su vez una injusticia igualmente improcedente: impedir al alumnado tomar sus clases.
LES IRÍA MEJOR LUCHANDO JUNTOS
Tanto los rechazados como los que ya lograron un lugar, descubrirán más tarde que temprano que la exclusión social es para ambas partes, a unos desde ahora.
A los otros, a la hora de ejercer la profesión, se les aparecerá la realidad de un País que en el primer sexenio del siglo, en el México urbano se produjo el fracaso de 11 mil empresas industriales y en el mundo rural, en el mismo lapso, se perdieron 2 millones de empleos.
“LA VERDAD NUNCA DAÑA UNA CAUSA QUE ES JUSTA”
(Mahatma Gandhi)
La revista Proceso de la semana anterior publica un reportaje denominado “Zacatecas, territorio del miedo”. Del texto se desprenden muchos datos; citemos algunos: Un reporte de inteligencia federal establece un número de cuarenta “levantados”.
Según recuento periodístico, en el mismo lapso se produjeron 32 homicidios atribuibles al crimen organizado (y eso que muchos casos no salen en la prensa).
El documento federal califica de “improvisado” el traslado de los detenidos en Tlaltenango que motivó la emboscada de Jerez y advierte “falta de adiestramiento de las fuerzas policiales estatales”. Contiene el reportaje información que configura como grave el clima de inseguridad en Zacatecas, clima advertido por todos, menos por las autoridades.
Pero lo más grave viene al final; la licenciada Silvia Márquez Soto hizo del conocimiento de diversas autoridades locales y federales el tráfico de drogas en el penal de Cieneguillas, así como una denuncia firmada por 169 reos contra el jefe de seguridad del penal por proteger una banda violenta, que según el escrito -que también conoció la Comisión Estatal de Derechos Humanos- el jefe de ellos, un tal Andrés Guzmán, amenazaba de muerte a los reos y a sus familiares para obligarlos a sacar la droga del penal y colocarla en el mercado zacatecano.
Dado el misterio con que los desconocidos que nombró el gobierno del Estado dejaron sus cargos apenas en octubre pasado (director y subdirector, asesor y jefe de seguridad) y las versiones de un fallido operativo previo para aprehenderlos, el reportaje de Proceso constituye un emplazamiento a las autoridades.
Ahora que el derecho de réplica es una garantía constitucional, ¿por qué no la ejercen los aludidos?
En vez de eso, con la torpeza propia de los más “papistas que el papa”, los que compraron los ejemplares de la revista “quisieron tapar el sol con un dedo”.
Lo único que lograron es otra “balconeada” en el Proceso de esta semana.
AL ÚLTIMO
Salió airoso Bernardo del Real en una etapa de cultura institucional precaria. ¡Enhorabuena por él!
La licenciada Leonor Varela Parga llega por méritos propios, sería injusto con ella decir que porque es mujer.
Nos encontramos el lunes en el recreo.
luismedinalizalde@ gmail.com
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