6 de febrero de 2008
La verdadera oportunidad que tuvo el gobierno para abrir el sector petrolero a la inversión privada fue en los años 90 y no ahora, pues era cuando tenía la mayoría del Congreso y podía cambiar la Constitución. Si ésta no se cambia, cualquier apertura es inútil, pues las leyes secundarias nunca darán la seguridad que requieren los inversionistas serios.
Además, en los 90 no había una experiencia negativa sobre las privatizaciones. Hoy la percepción en amplios sectores es que el gobierno las hace con conflictos de interés o corrupción, favoreciendo a grupos específicos y no al interés general. Justa o injusta, los gobiernos de Ernesto Zedillo y Vicente Fox estaban obligados a corregir esta percepción, limpiando de dudas los casos notables que les tocó resolver, como el rescate bancario o el rescate carretero, pero no lo hicieron. Por ahorrarse un conflicto político o un verdadero ejercicio de rendición de cuentas, dejaron la duda plantada y cancelaron la credibilidad de cualquier privatización futura.
Plantear hoy la apertura, en especial con los mismos grupos que adquirieron activos del Estado en los 90, sería como si en Estados Unidos los ex directores de Enron estuvieran hoy comprando los bancos de Wall Street.
En los 90 no prevalecía la visión de que las reservas mundiales de petróleo son muy limitadas frente a la demanda futura. Es natural entonces que haya resurgido el celo de los estados por tener el control directo de sus reservas y de su tasa de explotación. Una privatización en estas condiciones, aun vestida como apertura limitada, alianzas estratégicas o cambio en las leyes secundarias, quedaría abierta a un enorme riesgo político.
Otro factor en contra de la apertura es que durante mucho tiempo el gobierno permitió o causó deliberadamente el debilitamiento progresivo de Pemex, tanto que hizo que muchos técnicos del mismo Pemex y observadores se dieran cuenta de lo irracional de impedirle invertir en exploración y construir más refinerías, entre otros.
Hoy, a pesar de ese debilitamiento, Pemex tiene un enorme superávit de operación de más de 70 mil millones de dólares que pocas empresas tienen en el mundo, aun petroleras. Esto desacredita aún más el argumento oficial de que no hay dinero para financiar la inversión de Pemex y más aun cuando los precios del crudo han llegado a 80 dólares por barril.
Para colmo, al faltar capacidad de refinación, aumentaron las importaciones de gasolina, llegando a 21 mil millones de dólares en cinco años, con los que según notas de prensa, se podrían construir siete refinerías. Y aun así, el gobierno le sigue negando fondos a Pemex para comenzar la construcción de una sola refinería.
Todo lo anterior hace imposible al gobierno navegar con los argumentos de que Pemex está agotado, de que no hay reservas y de que enfrentamos una crisis inminente de petróleo, para convencer de que la inversión privada es la única solución. Parecería un mal mago en el escenario que hace sus trucos sin darse cuenta que todo el público ve lo que quiere ocultar.
Desde luego, la situación del sector energético es muy difícil. Muchos argumentan que hay una propuesta de apertura y que en cambio quienes se oponen a ella carecen de propuesta. Pero la propuesta alternativa sí existe y es por cierto superior a la del gobierno, simplemente porque éste quiere hacer lo imposible (cambiar la Constitución sin perder la estabilidad) y la alternativa viable es hacer lo difícil.
Hay muchos temas, pero solamente esbozo tres para profundizar en otra ocasión. Uno es la presencia de grandes economías de escala en el sector petrolero como hoy existe, bajo un solo dueño. Estas economías y la posibilidad de grandes reducciones de costos se perderían con una apertura selectiva, al diversificarse la propiedad.
Ligado a lo anterior, los precios internos de la energía hoy se fijan con la base del precio en Estados Unidos. Esto imposibilita a la economía aprovechar sus ventajas naturales para ganar competitividad. Es como si China fijara sus salarios con la base del salario estadounidense.
El tercer tema es la seguridad de abasto de energéticos en el largo plazo. La energía no debería tratarse como cualquier bien que se puede comprar en cualquier cantidad en cualquier momento, sino, por el contrario, como un bien sujeto a riesgos de oferta. Los países poderosos pueden asegurar su abasto con medios militares. Los de alto crecimiento, con un altísimo superávit corriente externo. Los países como México tienen que encontrar sus propias formas y políticas para hacerlo.
rograo@gmail.com
Analista económico