Todos los días y cada vez con mayor profusión e intensidad, los distintos medios de información dan cuenta de declaraciones de diferentes actores de la vida pública –legisladores, funcionarios públicos, financieros, conductores de programas de televisión y radio, académicos, articulistas, dirigentes políticos– sobre la necesidad y conveniencia de llevar a cabo una reforma energética, sin que nadie precise de qué se trata, qué es lo que se pretendería modificar o qué es lo que se quiere que no cambie con respecto a la situación actual.
No pretendo en esta ocasión hacer un planteamiento amplio o una propuesta integral sobre una nueva política petrolera –que la hice hace ya algunos meses y considero mantiene vigencia–, sino sólo fijar una posición sobre algunos temas específicos y tratar de hacer claridad sobre otros, que con frecuencia se manejan falazmente.
Empezaré por decir que el transporte de petrolíferos por oleoducto o poliducto debe seguir siendo función exclusiva del Estado, realizada por conducto de Petróleos Mexicanos. Por la red de la paraestatal se transporta alrededor de 60% del total de los líquidos que mueve, otro 30-35% se transporta en buques tanque y sólo el resto va a distintos puntos del país sea por ferrocarril, sea por pipas que transitan por las carreteras.
Transportar el petróleo por ductos cuesta 5 centavos por kilómetro. Hacerlo en pipas asciende a 90 centavos, esto es 18 veces más.
Sería absurdo, como ciertas voces sostienen que es necesario, privatizar la red de ductos de Pemex con el argumento de que un particular puede transportar petrolíferos en pipas por carretera –lo que representa aproximadamente 3% de los productos que Pemex distribuye por todo el país, con precio 18 veces superior al que cuesta a Pemex hacerlo por sus tuberías– y está legalmente impedido para hacerlo por ductos que el propio particular concesionario dueño de las pipas construya y opere.
El transporte que hace Pemex de sus productos por medio de su red de ductos es más barato y eficiente que el que se hace por cualquier otro medio de transporte. Lo que procede, en consecuencia, es dotar a Pemex con los recursos necesarios para que extienda su red de ductos lo más posible, les dé el mantenimiento adecuado y establezca los procedimientos de control electrónico de sus flujos, tal como los tiene ya establecidos para el control de los flujos que transitan por su red de gasoductos.
Siguiendo con el asunto de los ductos, actualmente cada subsidiaria de Pemex maneja sus ductos con independencia del resto de la red. Lo racional, sostenido por conocedores de la operación petrolera, sería crear en Petróleos Mexicanos una entidad que unitariamente manejara esa extensa red y coordinara con una visión integral, de conjunto, el movimiento de la diversidad de productos que deben llegar a las distintas áreas de la industria.
Otra función que debe a mi juicio mantenerse con exclusividad para el Estado es la refinación –la producción de combustibles y lubricantes, que por imponer y practicar una política antinacional se dejaron de producir en México y se han venido importando en volúmenes crecientes en esta época del neoliberalismo–, ya que de abrirse esta actividad a intereses privados, es muy posible que éstos demandaran y presionaran económica y políticamente –de lo que pueden encontrarse buen número de antecedentes de triste memoria en la historia económica y política de nuestro país– para que se les abasteciera de petróleos ligeros, los más fáciles de refinar y sobre todo los más rentables, dejando al Estado los productos y las mezclas de más complejo y costoso tratamiento.
Es necesario, y así parece estar aceptado por quienes opinan desde distintas posiciones políticas y los hacen con diferentes visiones, que se invierta en exploración, en la construcción de nuevas refinerías, en la modernización de la flota petrolera, en nuevos ductos, en mejorar el mantenimiento de las instalaciones existentes, etcétera, pero, dicen algunos, Pemex carece de recursos, no tiene dinero. Esta es una afirmación falsa y falaz.
En los últimos años, con el aumento de los precios del crudo, Pemex ha generado excedentes en sus ingresos monetarios no previstos oficialmente, que debían haber servido ya para atender prioritariamente las necesidades de la industria. Por otro lado, la Secretaría de Hacienda, al finalizar 2007, mantenía congelados fondos de Pemex –es decir, recursos ya aprobados por el Congreso para ser invertidos o gastados por Pemex– que sumaban más de 322 mil millones de pesos, que tendrían que haberse ejercido para hacer más rentable y eficiente nuestra industria petrolera y que debían haber contribuido, sumados a otros recursos y medidas, para superar el prolongado estancamiento de nuestra economía. De mantener esa política de congelamiento de recursos, al final de 2008 Hacienda habrá retenido 129 mil millones más, llegando a un acumulado de 451 mil millones de pesos. ¡Una barbaridad, un crimen económico, social y político!
Pemex, es necesario repetirlo, genera recursos y debiera efectivamente contar con ellos para salir adelante y recuperar para la industria petrolera el papel de motor del crecimiento económico del país.
Volviendo a la reforma energética, que fue el tema con el que empecé, quiero entender que cuando se hace referencia a ésta, se está hablando de la necesidad de instrumentar una política energética que tenga una orientación y mecanismos distintos a los de la política en la materia vigente en los últimos sexenios. Esto es, en lo que hace al petróleo, es necesario antes que otra cosa conceder a Pemex autonomía de gestión, separándolo del presupuesto federal y liberándolo consecuentemente del estrangulamiento al que lo tiene sometido la Secretaría de Hacienda –que es en la práctica la que ha venido decidiendo lo que hace y lo que no Petróleos Mexicanos, sustituyendo así indebidamente a su dirección formal, que es finalmente la responsable ante el país del manejo de este recurso y de la industria que se deriva de su aprovechamiento–, destinar mayores presupuestos a Pemex para que invierta en exploración, explotación, refinerías, ductos, petroquímica, en el desarrollo de las tecnologías necesarias para la exploración y explotación de los yacimientos situados en aguas profundas, etcétera, llevando a cabo, por otro lado, un cambio radical al tratamiento fiscal que se da a Pemex y poniendo en práctica una política internacional agresiva que lleve a abrir nuevos horizontes a nuestra industria, como la que practican las principales petroleras del mundo, y todo ello sin modificar nuestra Constitución.
Finalmente, es tiempo ya, con relación a los yacimientos transfronterizos, que el gobierno nos diga qué manejo les está dando o está previendo darles de aquí en adelante y qué acuerdos se están haciendo con nuestros vecinos y qué previsiones se están tomando para que México derive de su aprovechamiento los beneficios a los que tiene derecho.
