| Plan B Lydia Cacho 11 de febrero de 2008 |
Durante una cena entre amistades cercanas nos preguntábamos ¿qué factores determinan que una ministra de la Corte sacrifique un voto, o que un fiscal, policía o juez se someta a los designios de las mafias políticas o criminales? Al final de la noche nos quedamos con más preguntas que respuestas.
El ministro Juan Silva Meza me comentó hace unos meses que la primera vez que recibió una amenaza fue en tiempos del juicio a Arturo El Negro Durazo. Quien le llamó a Silva le hizo saber que su hijo podría perder la vida. El juez tomó precauciones pero no se rindió. La ex fiscal Alicia Elena Pérez Duarte, siendo magistrada recibió amenazas contra la vida de su hijo, resolvió el caso sin ceder a las presiones, pero empacó sus maletas y vivió fuera de México 10 años; ahora que volvió lo hizo dispuesta a no huir por miedo y a renunciar ante la corrupción. A fines del mes pasado Eusebio Romero, delegado del Instituto Nacional de Migración en Cancún, renunció admitiendo que las mafias cubano-estadounidenses de traficantes de personas han incrementado su actividad en ese polo turístico en un 220%.
A fines de marzo del 2007 mientras investigaba casos de trata de mujeres para un libro, me entrevisté, jugando a las escondidillas, con el experto en Inteligencia adscrito a la Unidad Especializada en Tráfico de Personas y Órganos de la PGR, José Nemesio Lugo, a quien conocí hace años mientras hacía una investigación en Cancún. Después de compartir cierta información, su tono monocorde y serio cambió, se le rasaron los ojos de lágrimas y me preguntó cómo manejaba el miedo, me aseguró que ya no dormía y no confiaba en nadie dentro de la PGR, lo querían asesinar por su investigación sobre trata y tráfico de personas en el aeropuerto de la ciudad de México. Tres semanas después de nuestra conversación, Nemesio fue asesinado a quemarropa a plena luz del día. Él tenía toda la información sobre 47 bandas de tratantes de personas en México, pero lo que no se dijo es que guardaba en su USB personal la lista de gobernadores, jueces, empresarios y funcionarios de PGR y Gobernación que hacen posible la existencia de esas redes de trata de personas. “Quieren crear otra fiscalía”, me dijo Lugo, pero será para desgastar a las víctimas, no van a hacer nada. ¿Por qué decidió dejar la vida en su trabajo a pesar de saber lo que sabía? A él lo que le marcó fue el caso “Divas”: una red de tratantes de niñas, que sigue intocada por PGR. Un día ya no pudo dormir luego de escuchar las historias de las madres y ver las fotografías de las pequeñas. Así de fácil, así de humano.
Esta reflexión resultaría emotiva por el heroísmo que retrata, si no evidenciara la incapacidad endémica del Estado mexicano para salvaguardar tanto a las víctimas de delitos, como a sus funcionarias y funcionarios públicos. Cuando una o un servidor público se ve contra la pared para resolver un asunto complejo, se sabe desprotegido. Por ello la toma de decisiones o se basa en su ética y sentido de responsabilidad, o en sus miedos y debilidades. Pero siempre con la certeza de que el gobierno para el que trabaja no va a protegerle.
Para sobrevivir dentro de las instituciones del Estado vinculadas con la justicia, en un momento determinado la persona tendrá que saber si está dispuesta a arriesgarlo todo, incluso la vida. Quien está en el servicio público debe tener la certeza ética de que su vida o su seguridad no valen más que las de las víctimas a quienes debe proteger. Resulta injusto y aberrante exigir semejante sacrificio, pero resistir dentro del sistema pone a prueba a toda persona con convicciones. El poder del miedo deja en indefensión jurídica a la sociedad. El problema es que bajo estas circunstancias, el guante de la justicia esconde el puño del criminal.
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