lunes, 4 de febrero de 2008

Recreo de J. Luis Medina Lizalde en el Imagen

Recreo

J. Luis Medina Lizalde

AL PRINCIPIO

La muerte de Marcial Maciel trae a la memoria un capítulo vergonzoso de la historia del periodismo mexicano impreso, radiofónico y televisivo; la abrumadora mayoría se negó a difundir la denuncia de ocho personas en el sentido de que habían sido víctimas de abuso sexual del fundador de los Legionarios de Cristo.
Eso sucedió en 1997, y las excepciones a la regla fueron la revista Proceso, el diario La Jornada y canal 40. Carmen Aristegui y Javier Solórzano se fajaron los pantalones y lograron abordar el tema en una emisión nocturna del canal 2 de Televisa.
Algunos medios en los Estados de la República también abordaron el tema (en Zacatecas, conté con toda la libertad para hacerlo en el noticiero Hablando en Plata).

Pero párele de contar.
La mayor parte de los medios se rindieron ante el poder del sector encubridor del clero, del sector encubridor del poder político (en la persona del titular de Comunicaciones y Transportes de la época), del sector encubridor de los empresarios (Bimbo y Servitje, blandiendo las armas de la publicidad).
Para vergüenza de los del silencio cómplice, el propio Vaticano investigó y le impuso prohibiciones como la de oficiar misa y hacer declaraciones.
Pero, ¿qué tal si el denunciado hubiese sido un simple mortal o un opositor al régimen? Lo habrían hecho
“picadillo”.

LA UNESCO LO DICE Y LA UNAM LO DEMUESTRA:
LA CANTIDAD NO RIÑE CON LA CALIDAD, LA SIMULACIÓN SÍ.

El conflicto más grave en la historia de la Universidad Autónoma de Zacatecas tuvo como detonante el mismo problema que ahora amenaza con dividir a la comunidad universitaria: la demanda de lugares para estudiar Medicina Humana.
Ni ahora ni en 1977, el origen del problema ni la solución al mismo está en la universidad, pero la misma no puede ser ajena.
Para un ciudadano con conciencia social es inadmisible la postura de cerrar las puertas a los rechazados así sin más, invocando artificiosos argumentos de capacidad hospitalaria, asumiendo como propia una política de salud de desmantelamiento de lo público en provecho de la medicina como negocio y no como
servicio.
Tampoco se puede compartir el hecho de que una causa justa, como es la de los padres de familia que, junto con sus hijos, se rebelan ante la injusticia social de que son objeto, cometan a su vez una injusticia igualmente improcedente: impedir al alumnado tomar sus clases.

LES IRÍA MEJOR LUCHANDO JUNTOS

Tanto los rechazados como los que ya lograron un lugar, descubrirán más tarde que temprano que la exclusión social es para ambas partes, a unos desde ahora.
A los otros, a la hora de ejercer la profesión, se les aparecerá la realidad de un País que en el primer sexenio del siglo, en el México urbano se produjo el fracaso de 11 mil empresas industriales y en el mundo rural, en el mismo lapso, se perdieron 2 millones de empleos.

“LA VERDAD NUNCA DAÑA UNA CAUSA QUE ES JUSTA”
(Mahatma Gandhi)

La revista Proceso de la semana anterior publica un reportaje denominado “Zacatecas, territorio del miedo”. Del texto se desprenden muchos datos; citemos algunos: Un reporte de inteligencia federal establece un número de cuarenta “levantados”.
Según recuento periodístico, en el mismo lapso se produjeron 32 homicidios atribuibles al crimen organizado (y eso que muchos casos no salen en la prensa).
El documento federal califica de “improvisado” el traslado de los detenidos en Tlaltenango que motivó la emboscada de Jerez y advierte “falta de adiestramiento de las fuerzas policiales estatales”. Contiene el reportaje información que configura como grave el clima de inseguridad en Zacatecas, clima advertido por todos, menos por las autoridades.
Pero lo más grave viene al final; la licenciada Silvia Márquez Soto hizo del conocimiento de diversas autoridades locales y federales el tráfico de drogas en el penal de Cieneguillas, así como una denuncia firmada por 169 reos contra el jefe de seguridad del penal por proteger una banda violenta, que según el escrito -que también conoció la Comisión Estatal de Derechos Humanos- el jefe de ellos, un tal Andrés Guzmán, amenazaba de muerte a los reos y a sus familiares para obligarlos a sacar la droga del penal y colocarla en el mercado zacatecano.
Dado el misterio con que los desconocidos que nombró el gobierno del Estado dejaron sus cargos apenas en octubre pasado (director y subdirector, asesor y jefe de seguridad) y las versiones de un fallido operativo previo para aprehenderlos, el reportaje de Proceso constituye un emplazamiento a las autoridades.
Ahora que el derecho de réplica es una garantía constitucional, ¿por qué no la ejercen los aludidos?
En vez de eso, con la torpeza propia de los más “papistas que el papa”, los que compraron los ejemplares de la revista “quisieron tapar el sol con un dedo”.
Lo único que lograron es otra “balconeada” en el Proceso de esta semana.

AL ÚLTIMO

Salió airoso Bernardo del Real en una etapa de cultura institucional precaria. ¡Enhorabuena por él!
La licenciada Leonor Varela Parga llega por méritos propios, sería injusto con ella decir que porque es mujer.

Nos encontramos el lunes en el recreo.
luismedinalizalde@ gmail.com