Opinión de Rogelio Ramírez de la O en El Universal

¿Y los nuevos empleos?
Rogelio Ramírez de la O
31 de octubre de 2007

El gobierno anunció haber creado 800 mil empleos en lo que va de este año, lo que sugiere un millón anualizado. A pesar de que casi nunca nos hemos siquiera acercado a esta cifra, la noticia no causó mayor comentario entre analistas o empresarios. Una causa es que pocos la creen y por ello no amerita comentario. Sin embargo, es necesario reclamar mayor rigor en el uso oficial de las estadísticas, pues de lo contrario el país perdería credibilidad.

Las ventas de las empresas crecen a la mitad de las del año pasado. En los bienes de consumo duradero hay una caída. En las de bienes no duraderos hay crecimiento, pero a tasas muy menores a las del año pasado. Las ventas al mayoreo crecieron 6.7% en 2006, pero hasta julio de este año sólo 2.3%.


Como las empresas programan su crecimiento desde al año anterior, al no materializarse el crecimiento que esperaban, su reacción es despedir personal y no contratar más. Esto se corrobora parcialmente con los informes trimestrales presentados a la Bolsa Mexicana de Valores. En casi todos los casos los incrementos de ventas domésticas son muy pobres, generalmente entre 3% y 5% y generalmente rebasadas por el aumento de costos.


En todos los casos las empresas defienden sus utilidades, lo que explican como resultado de haber reducido sus gastos. Esto siempre equivale a reducir el empleo, aunque también incluye la reducción de otros gastos. Lo que es imposible es que bajen su productividad, lo que sucedería si el empleo crece más rápidamente que las ventas.


El INEGI presenta las cifras de producción industrial mensualmente. Su incremento fue sólo de 0.9% hasta julio comparado con el mismo periodo del año anterior. En la industria manufacturera, usualmente la rama más dinámica, el aumento fue 0.5%. La industria de la construcción, una fuente importante de empleo, creció en el mismo periodo 1.6%, cuando en 2006 registraba 6.9%.


Por eso nadie esperaría hoy que la industria contratara más personas. Y eso es precisamente lo que el INEGI muestra en su serie de empleo manufacturero, cuyo aumento hasta julio fue de 0.9%, pero cada vez más débil, pues en junio fue de cero y en julio se tornó negativo. La tasa de desempleo del INEGI ha mostrado un incremento este año. En 2006 fue de 3.6% y hasta julio de este año aumentó a 3.8%.


Otros indicadores menos directos, pero muy reveladores, también sugieren que no hay aumento de empleo. Por ejemplo, el aumento de la cartera vencida en créditos bancarios al consumo fue 13 mil millones en agosto de 2006 y en el mismo mes de 2007 llegó a 24 mil millones. Como muchos de estos créditos se concentraron en personas que ganan poco y no pueden pagar, entonces dejan de hacer compras de muchos productos. La prensa informó de más de 10 millones de personas con problemas de pago.


También se informó sobre el programa de HSBC crédito a negocio para pequeñas y medianas empresas, con créditos entre 100 mil y 2.5 millones de pesos. Lo novedoso era que se daba el crédito sin garantía. Al cabo de pocos meses la cartera vencida llegó a 60%, y el personal dedicado a colocar créditos ahora trabaja en cobrarlos.


El crédito a la vivienda parece seguir la misma tendencia, aunque su problemática es más reciente que la del crédito al consumo. Basta ver el menor crecimiento de los desarrolladores Geo y Ara, cuyas acciones cayeron 36% de su nivel en febrero.


No hay así nada que apoye la noción de que el empleo haya crecido y menos en 800 mil personas. Si así fuera, las ventas de las empresas crecerían más y la cartera vencida de la banca no sería tan alta. La única posibilidad es que sean empleos de muy bajos salarios o que se trate de personas que no utilicen crédito y no hagan compras.


Por otra parte, habría un contrasentido económico con este aumento de empleo. El número de trabajadores asegurados en el IMSS a principios del año era 13.3 millones. Un aumento de 800 mil hasta septiembre y un millón en el año sugiere 7.5% de incremento. Si la economía sólo creció 2.6% en el primer semestre, entonces la productividad se desplomó 4.6%.


Sabemos que este desplome no está ocurriendo. Por lo tanto, el gobierno haría bien en aclarar de dónde obtuvo la cifra de 800 mil, para que no dé lugar a pérdida de credibilidad de las estadísticas.


rograo@gmail.com

Analista económico

PERFIL


Consultor y analista económico, director de la firma Ecanal (Economic Analysis for Company Planning). Su preparación en el ámbito del comercio internacional la adquirió en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y en Cambridge University.

FRAUDE : MÉXICO 2006 ( TRAILER ).

aqui esta el trailer de la pelicula Fraude Mexico 2006

Recreo de J. Luis Medina Lizalde en el Imagen

Recreo

J. Luis Medina Lizalde

AL PRINCIPIO

Hace aproximadamente 8 días dejan sus puestos los mandos del Cereso en Cieneguillas, los funcionarios importados -quién sabe de dónde- no se sabe dónde están y versiones procedentes de las esferas policíacas señalan que éstos, más tres custodios, se encuentran arraigados para ser investigados en relación a la circulación de la droga en el centro penitenciario.
Lo oficial es la renuncia, lo extraoficial es el arraigo. Y aunque sabemos en qué no creer, no sabemos en qué sí creer.
( La manifestación de desconfianza a los de casa a la hora de asignar responsabilidades tiene sus bemoles.

SI A USTED NO LE GUSTAN MIS PRINCIPIOS, TENGO OTROS: GROUCHO MARX

La confrontación verbal entre Amalia García y Ricardo Monreal puso de manifiesto la crisis interna de un núcleo político cuyo momento de conformación se ubica en el sexenio anterior. Si usted repasa nombre por nombre de los que asumieron una postura pública, encontrará que los participantes en la discusión de si había o no había “boquete” económico, formaron parte de la administración anterior, y eso incluye al titular del Issstezac que si bien es cierto su trayectoria política es distinta, también colaboró en el último tramo del sexenio monrealista.
Amalia García se ha desenvuelto en la izquierda desde que participa en política, y Ricardo Monreal fue destacado priísta hasta 1998 cuando quemó las naves con su partido de origen y se incorporó al PRD. Ambos proceden de hogares priístas y ambos son, por distintas razones, ajenos a las batallas que la izquierda zacatecana ha dado a lo largo de ya casi cuatro décadas. Batallas que en mucho prepararon el camino para que ambos pudieran acceder al gobierno.
A Ricardo Monreal le tocó ser recibido en el PRD por una izquierda recelosa de su priísmo, demandante de pruebas de que su cambio era de a deveras.
Con estiras y aflojas, incorporó a su equipo a individuos emblemáticos de la izquierda con raíces en la tierra (Cruz Palomino, Manuel Ortega, Raymundo Cárdenas, Javier Enríquez, Luna Ureño, Jorge Hiriart, etc.), al mismo tiempo que preservaba con su círculo cercano el control estratégico.
Sorteó con éxito las diferencias en el modo de pensar y de actuar entre los ideológicamente formados y los educados en el sentido práctico de la política y que, en algunos extremos, se identifican con la divisa de que: “hay que estar con el campeón hasta que pierda”.
A los primeros daba razones, los otros simplemente obedecían (me refiero a lo político, no a lo jerárquico administrativo).
Amalia García llega como legítima portadora de una tradición de izquierda. La izquierda social, cultural y electoral no ve en ella “el priísmo” que tanto alertaba a los forjados en el pensamiento crítico, y eso le permitió abrirle las puertas de su equipo al priísmo, imponer al PRD candidatos priístas y hacer de los legisladores priístas sus aliados, igualito que su antecesor, sólo que con este último no nos sentíamos con derecho a sorprendernos.
Por eso no comparto el asombro ante la ausencia de las tradicionales adhesiones mecánicas de algunos, el tono precavido y mesurado de otros, el buscar pasar desapercibido de los más.
No me asombra, porque es la más refinada manifestación del priísmo y no me refiero al pensamiento articulado o las tesis, ni con ello menosprecio los indudables méritos del PRI en el ejercicio del poder; me refiero al priísmo que tiene como principio la celebrada frase de César Garizurieta, El Tlacoache: “vivir fuera del presupuesto es vivir en el error”.
Su silencio es instinto de sobrevivencia.
Tampoco coincido con el reproche a los diputados perredistas que guardaron silencio ante los severos juicios del PT en la más reciente sesión de la Cámara de diputados. Fue el gesto más inteligente y solidario que tenían a su alcance, para ponerle fin a un debate absurdo, desgastante, autodestructivo y contraproducente; en donde el gobierno del estado nada tiene qué ganar.

LA ADULACIÓN ES UNA
MONEDA FALSA QUE
EMPOBRECE AL QUE LA RECIBE:
DUQUESA D’ABRANTES

De quien hay que defender a la gobernadora es de sus defensores, que insisten en proclamarla débil, necesitada de ayuda, “a la que no la dejan”.
El poder no se puede autoretratar como que no puede.
Además, si algo choca contra la cultura de autoafirmación feminista, es la invocación de la condición de mujer, de dama, como argumento frente a lo adverso, porque implica la reiteración del estereotipo de la “mujer débil” que requiere de la protección del “macho fuerte”.

AL ÚLTIMO

Cuando los agentes de tránsito, acompañados de personal de la Contraloría General del Estado, detienen a un automovilista que no ha incurrido en infracción y le arrebatan su vehículo porque tiene adeudos pendientes, se está incurriendo en un inadmisible abuso de poder, al vulnerar la legalidad de la que el gobierno es custodio.

Nos encontramos el lunes en el recreo.
luismedinalizalde@ gmail.com

Opinión de Jorge Luis Sierra del dia 26 de Octubre en El Universal

Sólo buenas intenciones
Jorge Luis Sierra
26 de octubre de 2007

El debate sobre el Plan México que ahora se conoce como la Iniciativa Mérida tiene varias implicaciones importantes para México.

La principal es que se trata finalmente de una declaración de compromisos que aún no tiene recursos asegurados para cumplir con sus objetivos en los siguientes tres años: reducción del flujo de drogas hacia Estados Unidos, reducción del tráfico de armas hacia México y fortalecimiento del control de la frontera entre ambos países.
Nada garantiza entonces la aprobación futura de recursos para cumplir con esos objetivos. México tendrá que negociar con otro presidente y quizá otro Congreso. En poco más de un año, EU estará gobernado por otro presidente, y la composición de fuerzas en el Congreso podría modificarse, pues habrá elección de 34 de los 100 asientos en el Senado y de la totalidad de los 435 asientos en la Cámara de Representantes.

Por lo pronto, al buscar un incremento dramático de la ayuda estadounidense, el gobierno mexicano exhibió su debilidad y falta de recursos para alterar las operaciones delictivas, altamente eficientes, en términos de producción, transporte y venta de drogas; generación de capacidades de lavado de dinero, y corrupción de funcionarios públicos.
Esta debilidad no termina ni se resuelve con los recursos que EU podría destinar en la cooperación binacional antinarcóticos.

Si bien se requiere mejor tecnología y armamento para combatir al narcotráfico, lo que necesita el gobierno es construcción institucional, primero para facilitar la profesionalización de la policía, y segundo para reducir y acotar el proceso acelerado de desprofesionalización de las Fuerzas Armadas.
La transformación de soldados en policías, que debiera ser siempre una medida transitoria y breve, antes de perder eficacia, termina siendo una forma rápida de dilapidar la disciplina militar del Ejército y se traduce, como sabemos, en la deserción en masa de las tropas que cambian de uniforme y se convierten en agentes de la policía. Recordemos que, de 1999 a 2006, desertaron 4 mil 873 soldados, casi el total de efectivos de la Tercera Brigada de Policía Militar que habían sido transferidos a la Policía Federal Preventiva.

Según explican soldados que dejaron sus puestos en la PFP, y por tanto en el Ejército, una buena parte de estas deserciones no ocurrieron por desacuerdo con los valores militares, sino por el descontento que generaba el ingreso magro, la eliminación del doble salario, el de policía y el de soldado, la imposibilidad de ascenso más allá del nivel de sargento segundo en las filas de la Policía Militar y el potencial máximo de riesgo que implica operar en ciudades prácticamente controladas por el narcotráfico.
Lo que más afecta a estos soldados es que, además de la desprofesionalización forzada, los haberes que perciben son ínfimos y no guardan proporción con la responsabilidad de combatir a narcotraficantes eficaces, poderosos y ufanos del apoyo de una parte importante de funcionarios del propio gobierno que supuestamente los combate.

Otra implicación importante consiste en la situación desfavorable en ambos países para cumplir con el compromiso que se expresa en la llamada Iniciativa Mérida.
En términos generales, la iniciativa atiende varios problemas que han estado en la mesa de discusión bilateral desde hace varias décadas: la necesidad de que EU reduzca los niveles de consumo de droga en su población y ataque el fenómeno de tráfico de armas que ocurre de norte a sur y afecta a la seguridad fronteriza.
La frontera es porosa en ambas direcciones. Sin embargo, en el discurso de las autoridades federales de EU no hay un énfasis suficiente en la ayuda que las pandillas carcelarias y callejeras estadounidenses brindan a los cárteles mexicanos para llevar las drogas hacia el norte y traer las armas hacia el sur. Esta operación logística de la delincuencia organizada en la zona fronteriza ha originado fenómenos que no se conocían del lado estadounidense, como desapariciones, secuestros exprés, ejecuciones, aparición de cadáveres encobijados y amenazas de muerte a periodistas estadounidenses.

Los compromisos de la Iniciativa Mérida intentan, en el papel, el logro de una estrategia común para atacar estos fenómenos. Sin embargo, en la política real que existe en Washington, el presupuesto de la ayuda antinarcóticos a países como México palidece frente a otras prioridades como el reforzamiento de la lucha contra el terrorismo. Para dar una idea de esto podría decirse que el presupuesto de 500 millones de dólares que pidió el presidente George W. Bush para financiar la primera parte de la Iniciativa Mérida equivale al gasto de 30 horas de las operaciones militares en Irak y Afganistán y otras operaciones relacionadas con la lucha antiterrorista.
En las declaraciones apresuradas para justificar la Iniciativa Mérida, Arturo Sarukhán, embajador mexicano en Washington, dijo que México gastaría unos 7 mil millones de dólares en la lucha antinarcóticos durante los próximos tres años. Ese gasto, en realidad, equivale al presupuesto de seguridad pública planeado para los siguientes tres años, aclaró la canciller mexicana Patricia Espinosa.
La ayuda solicitada por el presidente Bush al Congreso estadounidense equivaldría entonces a 15% del presupuesto anual mexicano en materia de seguridad pública. Si la ayuda llega a México en especie, como equipamiento militar y tecnología de vigilancia, es posible que el impacto en la lucha antinarcóticos sea menos que significativo.

El dinero y los recursos humanos que México emplea en la lucha contra el narcotráfico quizá sean mejor aprovechados si la construcción institucional se coloca como la primera prioridad en materia de seguridad pública. ¿De qué sirven más tecnología militar y armamento, si no se atacan a fondo los problemas de corrupción en la policía y baja moral en las Fuerzas Armadas?

jlsierra@hotmail.com
Especialista en temas de seguridad y fuerzas armadas

PERFIL


Jorge Luis Sierra es un periodista especializado en asuntos militares y de seguridad nacional.
Ha trabajado como profesor e investigador visitante en la Universidad Iberoamericana y ha sido becario del Centro Hemisférico de Estudios de la Defensa, de la Universidad de la Defensa Nacional en Washington; del Programa de formación de civiles en políticas de la defensa, de la Universidad Torcuato di Tella, de Buenos Aires, Argentina; y del Centro de Periodismo Internacional de la Universidad del Sur de California, en Los Ángeles.

Los panistas en la política internacional

Arnaldo Córdova
La Jornada, 28 de octubre de 2007

Para todos los que no son panistas parece estar claro que éstos no saben lo que deberían hacer en el área de las relaciones internacionales, y que van de tropiezo en tropiezo, sin que siquiera se ruboricen. Pero cuando se le pregunta a un panista por qué sus gobiernos llevan a cabo una política exterior tan desastrosa, simplemente lo mira a uno con estupefacción y cuestiona, de inmediato, por qué razón se piensa que su política internacional es errónea. ¿Cuba? Pero si es exactamente lo que se debía hacer desde siempre, y eso de que estemos tratando de volver a acercarnos al dictador más brutal que hay en América Latina resulta de verdad peligroso. ¿Chávez? Es la desgracia de Venezuela y debemos hacer algo por ayudar a su pueblo a derrocarlo y eliminarlo. ¿América Latina? Pero, ¡qué tenemos nosotros que ver con pueblos que nunca nos han ofrecido nada y lo quieren todo de nosotros!

¿Estados Unidos? ¡Con ellos está nuestro verdadero futuro! Si eres débil y te pones a las patadas con Sansón, pues simplemente te va a destruir. ¿Por qué fuimos siempre enemigos del único país que debería ser el modelo para nosotros? Hay que ser como ellos, seguir sus pasos, imitarlos y, sobre todo, asociarnos con ellos, que va a ser lo único que nos haga prosperar de verdad. Fox lo entendió y lo supo hacer. ¿En dónde está el fracaso de su política internacional, si nunca hemos sido tan amigos con ellos como ahora? ¡Fue todo un éxito! Debemos parecernos a ellos, ser como ellos. Nuestro futuro como nación está con ellos y es un error fatal sospechar de ellos, cuando es de ellos que pende el porvenir de la humanidad. Hasta sería bueno que formáramos parte de la Unión “Americana”. Dejaríamos de ser el pueblo atrasado, güevón e inepto que somos. Hasta adquiriríamos un mejor color.

Aunque a alguien le parezca extraño, yo siempre he tenido algunos buenos amigos panistas. En la Morelia de mi juventud, fui amigo de Luis Calderón Vega (padre de Felipe) y de Miguel Estrada Iturbide (Arturo Martínez Nateras recordaba no hace mucho una polémica que tuve con Estrada en el auditorio del anexo del templo de La Merced, allá por 1958, luego de que él dio una conferencia sobre El Estado y la revolución, de Lenin). Ambos fueron fundadores del PAN. Aparte su militancia intelectual a favor de la hispanidad, que Gómez Morín heredó de Vasconcelos, nunca me pareció que los panistas supieran algo del mundo en que vivían. Pero eran patriotas y, en algunos casos, hasta nacionalistas. Eran los panistas de los viejos tiempos, los doctrinarios fundadores. Es verdad que González Luna, el segundo presidente nacional del PAN, deseaba el franquismo en México, pero no era proyanqui.

Lo que he recordado del panista típico, Heberto Castillo lo encontraba en el norte del país: “¡Quieren ser gringos!” Y recuerdo que en alguna ocasión le escuché o le leí a Abraham Nuncio que en Monterrey estaban muy ufanos de ser “un suburbio de Houston”. Heberto no lo escuchaba de panistas, sino de ciudadanos comunes y corrientes con los que tenía contacto en sus andanzas por el país, ni tampoco mi viejo amigo Nuncio. Pero esa gente luego entró al PAN, fueron los “bárbaros del norte” que, como bien sabemos, frente a los beatos panistas de antaño, parecían más bien Santocristos con sombrero tejano y pistola al cinto. Ésos ganaron el PAN y el gobierno. Se explica que ellos no estén, en absoluto, de acuerdo en que la política internacional de sus gobiernos sea un desastre como lo pensamos el resto de los mexicanos que andamos en la política.

Aquella política internacional que hizo la fama de México en el mundo y que dirigieron e inspiraron hombres como Isidro Fabela, Manuel Tello, Luis Padilla Nervo, Alfonso García Robles o Jorge Castañeda (el grande), a los panistas les parece que fue la típica demagogia del PRI en el gobierno, que nos enemistó con Estados Unidos todo el tiempo, que no nos produjo nada y que nos puso siempre en peligro. Para ellos, el que México, con Adolfo López Mateos, defendiera en los foros internacionales el derecho del pueblo cubano a darse el gobierno que decidiera, o con Echeverría, que rompiera relaciones con Pinochet y diera asilo a miles de chilenos, no son otra cosa que ser antiestadunidenses y aliados del comunismo. Si se les dice que nunca hemos sido antiestadunidenses, que sólo defendimos nuestros principios de soberanía, libre autodeterminación de los pueblos y respeto a la forma de gobierno que quisieran darse, piensan que eso era la prehistoria, sin razón de ser en la era de la globalización (algo que tampoco entienden muy bien).

No me parece bueno para nadie que se siga tratando a los panistas como si fueran unos tontos de capirote, unos neófitos o unos inexpertos sin brújula que no saben lo que deben hacer o que no saben lo que hacen. Sus gobernantes sí saben bien lo que están haciendo, y puede que sean tontos, pero eso no importa, porque ellos están en el poder. En política internacional, piensan realmente como Fox que, en Estados Unidos, declaró hace unos días que él ama a Estados Unidos por sobre todas las cosas y que está orgulloso de que un antepasado suyo fuera nativo de ese país. Calderón sabe que no puede ser tan estúpido para andar diciendo esas cosas y tiene que deslindarse (un amigo venezolano colaborador de Chávez me dijo que en las reuniones de los jefes de Estado latinoamericanos Fox hacía tales declaraciones). Pero, al parecer, sigue haciendo lo mismo, sólo que ahora mejor.

La nebulosidad, el doblez, el secretismo, el entreguismo y la perfidia de los gobernantes panistas en su política internacional, todo ello edulcorado con una cínica demostración de diletantismo, de fingida inexperiencia y de falsa ingenuidad, afloran con toda claridad en el modo con que nos están presentando esa monstruosidad llamada Iniciativa Mérida. Nadie en el gobierno parece saber nada del asunto. La secretaria de Relaciones Exteriores, un día nos dice que se trata sólo de una transferencia de equipos y tecnología que va a servir, entre otras cosas, para espiarnos a todos los mexicanos y cuidar que los narcos no hagan su trabajo como lo están haciendo (muy bien, por cierto); otro día, nos dice que se trata de un compromiso directo con el gobierno estadunidense para colaborar con él en su lucha antiterrorista (que, además, todavía falta que se apruebe en el Congreso de Washington, como si cupieran dudas al respecto). Y así por el estilo, en muchas otras materias que será necesario tratar.

Cave canem. ¡Cuidado con los panistas gobernando! Y, en especial, con su política internacional proyanqui y entreguista hasta la ignominia. No hace mucho, todavía lo negaban. Ahora, ya ni lo dudan. ¿Qué hacen, normalmente, las derechas de todo el mundo en las relaciones entre las naciones? No deberíamos olvidar ni por un momento que ahora nos está gobernando la derecha mexicana.

Opinión de Alejandro Encinas Rodríguez en El Universal

Temporada de patos
Alejandro Encinas Rodríguez
23 de octubre de 2007

“Si parece pato, camina como pato y grazna como pato, pues es un pato”. A partir de esta metáfora popular, algunos dirigentes del PRD han querido justificar lo que a su juicio es una situación inevitable que debe conducir al reconocimiento formal de Felipe Calderón y de la investidura que ostenta.

Ello ha traído de nueva cuenta un debate que evidentemente fue eludido durante el décimo Congreso Nacional del PRD, cuando por unanimidad se resolvió que “bajo ninguna circunstancia el PRD reconocerá a Felipe Calderón como presidente de México. Con Calderón no habrá ni diálogo ni negociación alguna”.


Más allá de si el PRD adoptó ya una posición definitiva al respecto, considero positivo que dentro del partido las distintas corrientes y sus miembros manifiesten abiertamente su verdadera posición, pues estoy convencido de que la simulación y la elusión del debate no contribuyen al desarrollo del partido y, además, crean una espejismo sobre las bases reales de su unidad e identidad política.


Esta no es una discusión novedosa en la izquierda, ya se ha presentado en otras ocasiones, cuando la llamada apertura democrática de Luis Echeverría incorporó a diversos dirigentes de la izquierda a un acuerdo que buscaba maquillar el rostro de su gobierno tras la guerra sucia contra el movimiento guerrillero y la represión a estudiantes el Jueves de Corpus en 1971, abriendo paso a la cooptación de dirigentes y a lo que más tarde sería el Partido Socialista de los Trabajadores; o cuando tras el fraude electoral de 1988, la formación del PRD y el desconocimiento del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, el Frente Democrático Nacional se dividió, incorporándose al gobierno de Salinas el Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional y el Partido Popular Socialista, en un intento, a la vieja usanza de los partidos subordinados al sistema, por legitimar al gobierno y contrarrestar la fuerza del naciente partido encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas y las organizaciones más representativas de la izquierda mexicana.



En ambos casos la lectura equivocada de estos grupos —que alentaron la división de la izquierda— sobre la legitimidad de ambos gobiernos y la situación política del país en ese momento los condujo inevitablemente a su desaparición.


Valga el referente histórico para abordar esta discusión. Nuestro país atraviesa por una crisis política en la que prevalecen dudas y convicciones acerca del resultado electoral, y una profunda polarización social heredada del 2 de julio de 2006.


El proceso electoral desmoronó dos tesis: la de que nuestro país vivía una transición hacia la democracia; y al mismo tiempo, que no había otra vía que la del neoliberalismo en la conducción del país.


La actuación del IFE dio marcha atrás a la acreditación alcanzada con la autonomía del órgano electoral, y el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no sólo hizo a un lado la oportunidad de esclarecer y legitimar el resultado final, sino que, reconociendo que se violaron normas del orden público y los principios de equidad y legalidad, declaró valida la elección.


Más aún, el deterioro de la credibilidad de estos órganos presenta signos de descomposición, como los casos de corrupción en el TEPJF con la adquisición de inmuebles o con el presunto soborno a algunos magistrados para registrar la candidatura del candidato del PRI en Baja California, sin que a la fecha hallan sido esclarecidos estos hechos.


Por ello, en la discusión que ahora promueven algunos miembros del PRD debería ponerse el acento no sólo en si se reconoce un gobierno que no obtuvo la legitimidad que otorgan las urnas, sino además en si en realidad existen condiciones para conciliar y construir un espacio de entendimiento entre ilegitimidad y democracia.


La izquierda no puede avanzar en un diálogo como concesión y menos aún a un diálogo como cooptación, las experiencias recientes demuestran tercamente el fracaso de estas visiones; menos aún, sumarse a un acuerdo —el del PAN con el PRI— que busca, de origen, perpetuar un proyecto de la derecha neoliberal y la exclusión, cuando no la eliminación, del referente más importante que halla construido la izquierda mexicana.


Por decirlo de otra forma: en esta temporada de patos, donde se quiere reconocer a un presidente ilegítimo, no encuentro la necesidad de contar con una izquierda patito.

aencinas@economia.unam.mx


Profesor de la Facultad de Economía de la UNAM

PERFIL


Diputado Federal en las Legislaturas de los años 1985–1988 y 1991–1994. Secretario de Medio Ambiente durante el Gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas, Secretario de Desarrollo Económico, Subsecretario de Gobierno y Secretario de Gobierno en el período de Andrés Manuel López Obrador. Jefe de Gobierno en 2005 y 2006. Profesor de la Facultad de Economía de la UNAM.

Recreo de J. Luis Medina Lizalde en el Imagen

Recreo

J. Luis Medina Lizalde

AL PRINCIPIO

Hay dos asuntos menores que retratan de cuerpo entero la incapacidad hecha gobierno durante varios sexenios: el conflicto de la excentral camionera, que de ser un asunto entre particulares, se convirtió en dolor de cabeza del régimen sin solución a la vista.
Otro asunto menor se refiere a la incapacidad para lograr que los estacionamientos del centro histórico de nuestra turística ciudad capital no cierren a las diez de la noche y los días festivos.

“NO ES DIGNO DE MANDAR A OTROS HOMBRES AQUEL QUE NO ES MEJOR QUE ELLOS”
Publio Siro

Felipe Calderón es buen pagador de deudas de campaña: el nombramiento del yerno de Elba Esther Gordillo como subsecretario de la SEP, la entrega, mediante una burda maniobra, de Aeroméxico a Banamex y a su tortuoso representante José Luis Barraza y la conducta omisa ante la evidenciada corrupción de su antecesor, son concesiones que van en contra de la legitimación en el ejercicio del poder que tanto requiere quien tiene cuestionada la legitimidad de origen.
Felipe Calderón lo sabe, porque él, a diferencia de su antecesor, es un hombre ilustrado en el derecho y en la doctrina política de su partido, crecido bajo el influjo intelectual y moral de Manuel González Morín, (quien se separa del PAN una vez que juzgó que el partido que fundó se apartó de los principios originales) y de su padre, el respetado Luis Calderón Vega que en los años ochenta, siendo diputado federal, renunció al PAN y publicó una carta en la que acusa al partido del que también es fundador, de volverse el partido de una sola clase: la empresarial.
Los pragmáticos dicen que si Calderón no pacta con Elba Esther Gordillo, ni con los dueños del dinero, ni recibe el apoyo decidido de su antecesor, no llega, y que por eso no llegó Andrés Manuel López Obrador y visto así, suena lógico, pero a los mexicanos nos resulta sumamente perjudicial que el que asciende al poder llegue con las manos atadas para gobernar para todos, como lo vemos actualmente y como lo hemos visto en el pasado.
La perpetuación del régimen de privilegios es el saldo de una alternancia fallida, porque no ha erradicado la corrupción, como se pensaba que sucedería al redistribuir el poder entre formaciones políticas de distinto signo ideológico. Esto es advertible en los gobiernos de las Entidades federativas y en los Municipios del País en donde los diversos partidos exhiben el mismo patrón de comportamiento.

NO TENER LOS MISMOS INTERESES NO ES LO QUE SEPARA A LAS PERSONAS, LO QUE SEPARA SIN REMEDIO ES NO TENER LOS MISMOS VALORES SAN AGUSTÍN

La corrupción es una escalera que se barre de arriba a abajo, y para ello es necesario que las escobas estén en manos limpias para que sean manos fuertes y para eso es menester acceder al cargo público sin el patrocinio de quienes luego pedirán la inclusión de sus parientes en los cargos, contratos de obra pública o de adquisiciones, o la dispensa de impuestos o la entrega de bienes públicos.
Lo grato del panorama es que cada vez son más los ciudadanos que advierten a la corrupción como el principal problema de este País, y como farsa las campañas contra la corrupción enderezadas contra lo más delgado de la hebra.
Estos ciudadanos cuentan crecientemente con un periodismo que se aleja de la despreciable tradición de “sacar los trapitos al sol a toro pasado”, aunque todavía muchos de los medios de comunicación que fueron cómplices de los excesos del foxismo, ahora divulgan con escándalo lo que la prensa independiente ya había publicado con anterioridad.
Y callan en estos momentos los excesos del calderonismo y sus réplicas en los distintos niveles de gobierno para que una vez que transcurra el sexenio descubran una vez más el agua tibia; sólo que se encontrarán con un ciudadano más alerta y mejor informado y por lo tanto menos manipulable.
El tema del jeep rojo y la Hummer al servicio de Fox, nos reveló que la colusión entre los altos mandos de las instituciones públicas y los poderosos intereses privados es más grave de lo que se advertía antes de saber que el Estado Mayor Presidencial tenía en comodato ciento treinta y ocho vehículos cedidos en comodato por la General Motors.
Como que somos rehenes de los amantes de lo ajeno.

AL ÚLTIMO

Me entero por la columna dominical de mi buen amigo Francisco Reynoso que el representante de ICOMOS, el arquitecto Javier García Villalobos, ha sido contratado desde hace años en obras de restauración del centro histórico. ¿Repicó las campanas y anduvo en la procesión sin que nos diéramos cuenta?
¡Estos tiempos de la transparencia!

Nos encontramos el lunes en el recreo.
luismedinalizalde@ gmail.com

Nota de La Jornada sobre la compra de Aeroméxico

La institución propiedad de Citigroup difirió impuestos por $5 mil 205.6 millones

Banamex pagó Aeroméxico con parte de los intereses de pagarés Fobaproa
Arrigunaga, uno de los diseñadores del rescate, es empleado del banco: Di Costanzo

Israel Rodríguez J. y Susana González G.



Nave de la aerolínea reprivatizada Foto: Carlos Ramos Mamahua

Banamex, la marca con que opera en México el estadunidense Citigroup, compró Aeroméxico con sólo una porción de los recursos que el propio Fobaproa-IPAB entregó como parte de los intereses que le generaron los pagarés derivados del nuevo programa del rescate bancario.

Además, Banamex tiene impuestos diferidos que no pagó por 5 mil 205.6 millones de pesos (unos 500 millones de dólares) que están registrados en sus activos al cierre del primer semestre del año, según revelan informes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

De acuerdo con un amplio análisis elaborado por la secretaría de la hacienda pública del denominado gobierno legítimo encabezado por Andrés Manuel López Obrador, Banamex recibió del Fobaproa pagarés por montos de aproximadamente 79 mil millones de pesos, que al final del “saneamiento” se transformaron en una erogación por casi 104 mil millones de pesos (a valor actual).

Adicionalmente, el Fondo Bancario para la Protección al Ahorro (Fobaproa) le compró indebidamente créditos por aproximadamente 7 mil millones de pesos, al adquirir cartera con todo e intereses moratorios.

Además, entre el 21 de julio y el 29 de diciembre de 2005, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) realizó a Banamex pagos anticipados por 31 mil 820 millones de pesos (unos 3 mil millones de pesos) derivado del Nuevo Programa para sustituir los antiguos pagarés.

Más adelante, durante 2006 el IPAB canalizó 28 mil 960 millones de pesos (alrededor de 2 mil 800 millones de dólares) como otro pago anticipado a Banamex derivado de la estrategia de saneamiento financiero para lograr ahorros en pagos futuros.

Mario Di Costanzo, secretario de la Hacienda Pública, recordó que uno de los principales artífices de la estrategia del extinto Fobaproa, Javier Arrigunaga, es ahora un empleado más de Banamex.

El especialista señaló: “Una vez más, como si poseyera al genio de la lámpara y su suerte fuese inagotable, Banamex libró todos los aparentes obstáculos legales que al menos en teoría le impedían participar en la compra-venta de Aeroméxico y adquiere la estratégica línea aérea en una operación plagada de recelos”.

Un factor de sospecha es, justo decirlo, la decisión de las autoridades para “cerrar” la subasta en una hora determinada e impedir así la entrada de otra oferta que hubiera permitido elevar el costo de la aerolínea hasta por lo menos 260 millones de dólares.

Así, de esta manera se le vendió a Banamex una línea aérea en 249.1 millones de dólares, en prácticamente el precio de un solo avión de vanguardia.

Al no permitir esa puja dejando correr más tiempo para la subasta, las autoridades incumplieron de plano el mandato que les obliga teóricamente a maximizar la recuperación en el proceso de venta de Aeroméxico, pues conforme a la ley era su responsabilidad “tutelar por una sana administración del activo y proceder a la venta de los bienes al mejor precio posible”.

El secretario de la Hacienda Pública recordó que en 2001 se vendió Banamex a Citigroup en casi 125 mil millones de pesos en beneficio de particulares y mediante una operación bursátil que los libró de pagar impuestos por casi 12 mil 500 millones de pesos

Di Costanzo Armenta se preguntó: “¿No resulta por lo menos ilegítimo (no hablemos ya de legalidad) aceptar que la línea aérea se compre con recursos vinculados de una u otra forma con transacciones financieras en las que figura o figuró dinero de los contribuyentes que Banamex recibió vía rescate bancario?”.

Por ello, consideró que las autoridades tendrán que responder muchas interrogantes, más temprano que tarde, en un proceso que está plagado de sospechas y múltiples irregularidades.

Altibajos en la BMV

La venta de Aeroméxico provocó brevemente una tendencia alcista en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que benefició a algunas empresas que habían registrado cierres a la baja, pero la euforia duró poco porque hubo toma de utilidades que al final propiciaron un cierre a la baja en el mercado de valores, señaló Roberto Galván, presidente de Vanguardia Investment.

De hecho, al concluir la sesión de ayer el índice de precios y cotizaciones de la BMV cerró con una caída de mil 12.72 puntos, 3.08 por ciento menos respecto del cierre previo, al ubicarse en 31 mil 823.40 unidades, lo que fue considerado por algunos analistas como “un viernes negro”.

–¿La venta de acciones de Aeroméxico resultó favorable para la BMV?

–Pues sí, pero más bien se efectuó dentro de una coyuntura alcista ante expectativas de reportes, sobre todo de América Móvil. Pero sí podemos decir que lo de Aeroméxico contribuyó un poco a las actividades de la bolsa, pero se trató de una euforia que pasó muy rápido.

Roberto Galván manifestó que la venta de Aeroméxico se presta a suspicacias porque es de cuestionarse que el IPAB ajustara los tiempos de la subasta a los de Banamex, por lo que se puede hacer una lectura de que hubo preferencia por el postor que resultó ganador.

Resulta absurdo, dijo, que el IPAB fijara una hora para cerrar la subasta con el argumento de que prolongarla por más tiempo le hubiera implicado un alto costo, cuando llevaba años a cargo de Aeroméxico y lo que eventualmente hubiera perdido por esperarse un poco más lo hubiera recuperado de haber permitido que la puja siguiera.

“Fue un criterio muy poco inteligente porque si el precio por cada acción de Aeroméxico ya prácticamente se había duplicado respecto de la oferta original, en realidad se podría haber obtenido mucho más, ya que nadie sabía hasta dónde podían llegar las ofertas”, dijo.

Ponderó que aun cuando Aeroméxico sea considerada una empresa que trabaja en números rojos, los pasivos que acumula le servirán para obtener diversas deducciones fiscales, pero además lo más importante de esa empresa radica en su posición estratégica en la aviación nacional por el número de rutas y la presencia que tiene tanto en todos los aeropuertos del país, como en muchos del extranjero.

Así que, puntualizó, su venta resultó a todas luces “un negocio redondo” para el ganador, más aún porque por ley una subasta llevada a cabo en la BMV no obliga al comprador a pagar ningún impuesto.

No obstante, agregó, ese no era el único mecanismo con el que se podía vender Aeroméxico y, entre las dudas que deja el reciente proceso con el cual ganó Banamex y el grupo de empresarios representados por José Luis Barraza, se incluye el porqué el gobierno no optó por la licitación.

Reportaje de La Jornada sobre el campo mexicano

Señala que en 20 años los salarios en el agro perdieron un tercio de poder adquisitivo

La apertura en el campo expulsó a un cuarto de su población: BM
Reduce más la pobreza incrementar la producción en este sector que en otras actividades, afirma

Crece el control de las corporaciones; el alza de precios no beneficia a pequeños productores

Roberto González Amador y David Brooks (Enviados)

Washington, DC, 19 de octubre. En un periodo que coincide con la liberalización del sector y la apertura de fronteras a la importación de alimentos, el campo mexicano perdió una cuarta parte de sus habitantes en una década, reveló el Banco Mundial (BM). Y el ingreso que obtienen los que se quedaron ha perdido un tercio del poder adquisitivo que tenía hace 20 años, de acuerdo con un informe elaborado por el organismo.

La situación en México refleja el panorama del campo de América Latina. En la región, la agricultura da empleo a 30 de cada 100 personas, pero sólo genera 7 por ciento de la producción. “El sector marcha bien, pero a la gente no le va bien”, dijo Alain de Janvry, uno de los autores del informe.

Un panorama poco alentador para el campo mexicano fue el que puso sobre la mesa el Informe del desarrollo mundial, la publicación anual del BM que este 2007, como no ocurría desde hace 25 años, fue dedicado al tema de la agricultura. El tema fue elegido porque ahora el organismo multilateral, como dijo su presidente Robert Zoellick, ha llegado a la conclusión de que “un programa dinámico de agricultura para el desarrollo puede beneficiar a los casi 900 millones de habitantes de las zonas rurales de los países en desarrollo que viven con menos de un dólar por día”.

Como explicó Francois Bourguignon, vicepresidente y economista principal del BM, el incremento de la producción en el sector agrícola tiene un efecto mayor en la reducción de la pobreza que una mayor producción en otros sectores, como el industrial o los servicios.

El informe, titulado Agricultura para el desarrollo fue presentado hoy en el marco de la reunión anual del Fondo Monetario Internacional y el BM. Robert Zoellick consideró que los países deben poner en marcha reformas fundamentales, como reducir las subvenciones que distorsionan el comercio y abrir los mercados.

Para México la relevancia de la agricultura, un sector dejado de lado en los programas oficiales y en las asignaciones de presupuesto en las últimas décadas, quedó de manifiesto este año. El incremento en la demanda mundial de maíz y caña de azúcar, básicamente para la producción de biocombustibles, provocó un desajuste de precios en el azúcar y la tortilla. El próximo año, serán eliminados completamente los aranceles para las compras de maíz y frijol, como parte del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

John Nash, economista del área de desarrollo sostenible del Banco Mundial, comentó en una conferencia de prensa que la próxima eliminación de los aranceles mexicanos a la importación de granos desde Estados Unidos y Canadá “tendrá un impacto modesto” en el mercado mexicano de maíz, frijol y azúcar, los tres productos que dejarán de estar protegidos. “Puede haber un efecto positivo de la apertura de la frontera, en especial para los productores de maíz”, dijo.

Ese comentario fue cuestionado por Karen Hansen-Kuhn, analista de ActionAid, una organización no gubernamental con sede en Washington que trabaja en 40 países en programas alimentarios y de lucha contra la pobreza.

“El TLCAN ha sido devastador para los pequeños productores en México. Varios millones de ellos han sido desplazados de sus tierras desde que comenzó a funcionar ese acuerdo y ahora que los precios de los granos se han elevado sensiblemente, el sector agrícola se encuentra devastado de una manera tal que es muy difícil para los campesinos regresar a producir sus tierras”, comentó Hansen-Kahn a La Jornada.

Los precios del maíz se han elevado, pero los apoyo que deberían recibir los agricultores del gobierno, como ocurre en otros países, han sido eliminados, añadió. “Eso es lo que ha promovido el Banco Mundial”. Mientras tanto, añadió, el control de las corporaciones privadas sobre el sector agrícola ha aumentado y aunque los precios son más altos para los productos del campo, los pequeños productores no se benefician de esa situación, agregó.

Décadas de retroceso en el poder de compra

En el informe publicado hoy, el BM ofrece algunos datos sobre la situación de la agricultura en México en 2007, dos décadas después de que comenzaron a ser retirados los apoyos oficiales a la actividad y transcurridos 13 años desde que entró en vigor el TLCAN.

La población rural en México es de 24.8 millones de personas, que equivale a 24.3 por ciento del total de habitantes del país. La producción agrícola anual es de 24 mil 339 millones de dólares, apenas 3.9 por ciento del producto interno bruto (PIB), según el reporte. El país tiene una extensión cultivable de 27.3 millones de hectáreas, comparadas con las 177.8 millones de hectáreas en Estados Unidos y las 52.1 millones de Canadá. Las hectáreas per cápita en cuanto a la población rural entre los países firmantes del TLCAN son: 1.2 para México, 30.6 para Estados Unidos y 72.9 en Canadá.

Un aspecto tratado en el estudio es el demográfico. En abril pasado, el Banco Mundial publicó un reporte en el que aseguró que México era el país que más trabajadores migrantes expulsaba en el mundo. En el informe divulgado este viernes, el organismo retoma el tema de la migración.

En referencia a México, asegura que la migración puede ser una importante fuente de ingreso por remesas pero suele provocar cambios drásticos en la composición de la población rural. Quienes dejan el campo para ir a trabajar a otro lugar dentro o fuera del país son jóvenes y los de mayor instrucción en su comunidad.

Específicamente señala que al menos una cuarta parte de los mexicanos que vivían en el medio rural en un rango de edad de 15 a 24 años dejaron el campo en una década para ir a trabajar a centros urbanos o a otro país. La migración rural mexicana, añade el reporte, es mucho más común entre los hombres que entre las mujeres y entre los no indígenas que los indígenas.

Respecto a otro aspecto que caracteriza la vida en el campo, la caída en los ingresos, el Banco Mundial menciona que es “evidente” que en varios países de América Latina los salarios han disminuido. En Brasil, señala, los agricultores han perdido un tercio de su ingreso en los últimos 30 años.

Para el caso de México apunta que entre 1988 y 1996 los trabajadores agrícolas perdieron 30 por ciento de su poder adquisitivo y no lo han recuperado desde entonces. En contraste, añade, los salarios reales han aumentado en la mayoría de países de Asia y Africa. En Paquistán, por ejemplo, se triplicaron y en Sudáfrica se duplicaron.

En América Latina, el auge de la producción agrícola durante la última década no ha tenido un impacto en la reducción de la pobreza, comentó Laura Tuck, directora de desarrollo sustentable del BM, al comentar el informe. El reporte dice que para potenciar el impacto de la agricultura en la lucha contra la pobreza es indispensable un mejor manejo de los áreas de gobierno encargadas de la gestión agrícola y también en la asignación de los subsidios. En la región, 54 por ciento de los subsidios gubernamentales se van directamente al sector privado.

“Es necesario transformar una agricultura tradicional y de baja productividad en una moderna y comercial para generar crecimiento y empleos”, según el informe.

Informacion sobre la Pelicula de Fraude Electoral

EL ESTRENO DE LA PELÍCULA DE LUIS MANDOKI, PRONTO EN CARTELERA, NO DEJES DE ASISTIR, HAY QUE ABARROTAR LOS CINES.


México, Distrito Federal, a 4 de octubre de 2007



Se exhibirá "FRAUDE: México 2006" a partir del 15 de noviembre



Luis Mandoki y Federico Arreola, director y productor, expresan agradecimiento a los ciudadanos que contribuyeron económicamente para la exhibición del filme.

Se proyectará el documental en salas de todos los estados de la República.

La película "FRAUDE: México 2006", de Luis Mandoki, sobre el proceso electoral mexicano de julio de 2006, se estrenará el próximo jueves 15 de noviembre en cines de todo el país.

Después de que la distribuidora Warner Bros intentara censurar la obra de Mandoki, otras compañías se acercaron a la casa productora Contra el Viento Films, S.A. de C.V., para ofrecer sus servicios

El proceso de negociación se realizó rápidamente y ya hay un acuerdo de distribución.

Los responsables de este proyecto cinematográfico, lo mismo que los nuevos distribuidores, han sostenido charlas con los directivos de las principales cadenas de exhibición que hay en México, y se ha llegado a un compromiso claro: la película sobre las elecciones estará en cartelera a partir del próximo 15 de noviembre.

Distribuidores y productores han decidido elaborar al menos 200 copias de la película de Mandoki, de tal forma de que pueda exhibirse en todas las entidades de la República yno hay todavía fecha para la venta en formato DVD.

Cabe destacar que después del intento de censura de Warner Bros, miles de mexicanos decidieron realizar aportaciones económicas a la cuenta bancaria de la empresa productora.

Cada contribución ciudadana ha sido importante y fundamental para terminar el filme.

Por razones de estricta estrategia comercial, será hasta finales de octubre cuando se den a conocer los nombres de los nuevos distribuidores de "FRAUDE: México 2006".

La obra "FRAUDE: México 2006" es una película apta sólo para aquellos que quieran ver la verdad acerca del sistema político mexicano.



Atentamente,

Luis Mandoki, director y Federico Arreola, productor

Recreo de J. Luis Medina Lizalde en el Imagen

Recreo

J. Luis Medina Lizalde

AL PRINCIPIO

La comisión de acceso a la información del Estado de Zacatecas nace ajena a cuestionamientos, dada la buena fama pública de sus integrantes.
Hoy aparece señalada como autora de patrocinios que no le corresponde hacer sean parientes o no los solicitantes.
Pero lo más grave es el señalamiento de que se manipuló un reconocimiento en beneficio del instituto electoral. Que por el bien de todos, todo quede claro.

“LA ADULACIÓN,
MERETRIZ DEL VICIO, DEBE QUEDAR
FUERA DE LA AMISTAD”
CICERÓN

La comparecencia ante el Congreso del Estado de los titulares de la Secretaría de Finanzas, Contraloría y Oficialía Mayor del Gobierno del Estado, se convirtió en un resbalón de consecuencias. Justo en el momento político en que inicia el declive del sexenio.
¿Por qué un resbalón? Porque ahora el gobierno tendrá un escrutinio severísimo para que los mil 322 millones que manifiesta tener de superávit no sean la evidencia de la incapacidad ejecutiva que se conoce como sub-ejercicio y que implica la devolución de recursos a la Federación, si para el 30 de noviembre no están gastados o asignados mediante licitación.
Resbalón porque retrataron al gobierno actual como encubridor del gobierno pasado al manifestar que lo aportado por la cervecera Corona para la Feria Nacional de Zacatecas no ingresó a la hacienda pública. Y porque ellos mismos trajeron a colación el caso de Julia Olguín de la peor manera posible, “ya que se robó las concesiones”, según la afirmación vertida sin consideración alguna a la presunción de inocencia que consagra la constitución, pero que no se va a cancelar una sola de tales concesiones (nadie incurrió en el delito de cohecho seguramente).
La inclinación al autogol de este equipo es increíble, tan es así que más que reseñar los continuos yerros es más útil preguntarse las causas por las cuales el grupo que gobierna, más que de la oposición o disidencia, es víctima de sí mismo.
Los errores de los funcionarios aludidos no son atribuibles, cuando menos esta vez, a una indicación de la gobernadora. Prueba de ello, es que Eduardo Ruiz Ferro fue el que la libró sin despeinarse a pesar de que era el candidato natural a ser el principal blanco de metralla por los uniformes patitos, las basificaciones en coyuntura electoral, los despidos arbitrarios en algunas dependencias y hasta la -para mí- cuestionable costumbre de remodelar oficinas en medio de un mar de necesidades insatisfechas (empezando por la suya).
Ruiz Ferro pareció ser el único que leyó bien el contexto de la comparecencia.
En el trasfondo del desempeño político de buena parte del grupo gobernante se advierte la ausencia de identificación con un proyecto general, ya sea porque tal proyecto no existe, no se conoce, o no se comparte, y cuando así sucede, las definiciones son no en torno a principios ni a programas sino en torno a personas. Como si se tratara de escoger entre el cártel del Golfo o el de Sinaloa y no en torno modos de enfrentar la problemática social que nos hace ser de derecha o de izquierda, radicales o moderados, social-demócratas o socialistas ortodoxos, nacionalistas o globalizadores, etc, etc.
Cuando no hay identificación con un proyecto general, los esfuerzos se concentran en lograr la aprobación del jefe, no de la sociedad, y en el afán de interpretarlo, suelen ocasionarle severos daños.
En el ejercicio de adivinarle al jefe, en este caso la jefa, muchos entendieron que el boleto a la nómina era pegarle a Monreal y; amparándose en “la institucionalidad”, cambiaron de chaqueta, algunos inclusive con la venia y hasta el auspicio diría yo, del propio Monreal.
Tener un antecesor hiperactivo es vieja tradición, lo tuvo López Portillo con Echeverría, lo tiene Calderón con Vicente Fox, lo tiene el oaxaqueño Ulises Ruiz con José Murat y lo tiene en Aguascalientes Reynoso con Felipe González.
Lo singular aquí, es que al antecesor se le mantiene vigente por obra y gracia del propio grupo gobernante, al sacarlo a colación para responsabilizarlo de todo sin que se note en donde se debe notar: ante la ley.
Ello es reflejo de un grupo (con sus excepciones) al que no le inspira los intereses de conjunto ni el largo plazo. Por eso sus integrantes adelantan la sucesión gubernamental, indiferentes al grave daño político que le ocasionan a quien dicen servir.
Cuando no hay proyecto general, la clave es la ambición personal. El individualismo en tiempos buenos es: “cada quien para su santo”, en tiempos malos: “que cada quien se rasque con sus propias uñas”, y al final el grito que retumba es “sálvese el que pueda”.

AL ÚLTIMO

¿Qué creen lograr las autoridades con el ocultamiento de hechos delictuosos cada vez más graves como son los secuestros, “levantones” y extorsiones? En mi opinión, lo que logran es desautorizarse a sí mismos como fuente de información.

Documental íntegro de Michael Moore sobre el sistema de salud en EU

Altamente recomendable.

Dura dos horas; así es que inviten a otras personas, prepárense un cafecito (o lo que gusten) y después reflexionemos mucho sobre lo que está pasando en el mundo. Hay bastante material para eso.

Al parecer, este documental va a llegar acá a mediados de noviembre. No estaría mal ir a verlo al cine también.

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Bancarios, despojo laboral sin límites

Arturo Alcalde Justiniani

Desde hace varios años los trabajadores bancarios sufren una guerra en su contra; día con día, los propietarios de bancos diseñan estrategias tendientes a reducir sus salarios, prestaciones y estabilidad laboral. Estas medidas han generado una creciente angustia que trasciende ya los ambientes de trabajo ante el temor de más lesiones. La feroz subcontratación, la complicidad sindical y de autoridades son elementos clave en este escenario de precariedad.

El tratamiento excepcional ha sido característica histórica de las relaciones laborales en el sector bancario. La Ley Federal del Trabajo de 1931 los excluyó de su aplicación; más tarde, fueron creados reglamentos especiales para regularlos. Les otorgaron salarios y prestaciones superiores al resto de los trabajadores a cambio de no tener derechos colectivos ni sindicatos. Al nacionalizarse la banca, en el último periodo del gobierno de López Portillo, se anunció pomposamente que el derecho a la organización gremial les sería reconocido “al igual que en el resto del mundo”. No se dijo que serían controlados por los propios bancos, salvo honrosas excepciones, entre ellas, el sindicato del Banco de Comercio Exterior.

De tumbo en tumbo, los trabajadores bancarios quedaron sujetos a una fracción especial xiii bis del apartado B del artículo 123 constitucional y a una ley reglamentaria que creó e impuso a la Federación Nacional de Sindicatos Bancarios (Fenasib).

Al regresar la banca comercial al control privado, lo primero que hicieron los nuevos propietarios fue abaratar y precarizar el modelo laboral, descubrieron que liquidar personal era un negocio redondo, porque el valor actuarial del crédito pensionario de cada trabajador era sensiblemente mayor al importe que les cubría por concepto de indemnización, en ocasiones hasta cinco veces más.

También, en un periodo corto, se reclasificó a los trabajadores ampliando el número del grupo de confianza. En un principio, el personal de base con estabilidad laboral y derecho a organización gremial ascendía a 80 por ciento del total de los trabajadores, hoy no excede el 40 por ciento.

Al no encontrar resistencia de los afectados, los banqueros optaron por ir desapareciendo la integridad del modelo laboral protector que incluía reparto de utilidades, servicios médicos privados, plan pensionario y préstamos habitacionales. La creación artificial de empresas denominadas “de servicios”, que juegan el papel de supuestos patrones sustitutos, sustrajo a los bancos de su obligaciones laborales al desconocer su relación directa con los trabajadores que le venían prestando sus servicios.

Esta simulación ha lesionado no sólo el marco jurídico constitucional, sino los más elementales derechos humanos. La indefensión está apoyada en un marco jurídico de carácter financiero que busca dar la vuelta a la legislación laboral. Como muestra, el artículo 46 de la Ley de Instituciones de Crédito, que faculta a las instituciones bancarias a subcontratar personal. Hoy este abuso pretende ampliarse mediante una iniciativa de ley presidencial que se discute en el Congreso y adiciona un artículo 46 bis 1 con el siguiente texto: “Las instituciones de crédito podrán contratar con terceros, incluyendo a otras instituciones de crédito o entidades financieras, la prestación de servicios o comisiones necesarios para realizar las operaciones previstas en el artículo 46 de esta Ley…” Toda una joya si tomamos en cuenta que el artículo 46 se refiere al conjunto de actividades encomendadas a estas instituciones. Esta contratación con terceros contraviene la esencia misma del derecho del trabajo garantizado en nuestro orden constitucional. Los legisladores deberán ponerse las pilas para evitar convalidar este abuso.

La Fenasib, encabezada por Enrique Aguilar Borrego, actual presidente del Congreso del Trabajo, es cómplice de este despojo colectivo. La preocupación esencial del líder ha sido mantenerse en el poder mediante constantes relecciones, coordinadas previamente con los directores de los bancos y sin considerar de manera alguna la voluntad de los trabajadores. Su actuación ha resultado evidente en los conflictos concretos, trátese de restructuraciones o incluso de desaparición de instituciones. La Fenasib “colabora” con los empresarios, siempre a condición de que los despojos resultantes se afilien al sindicato nacional que Aguilar Borrego administra como “changarro propio”.

Antes de leer su largo nombre, tome aire: Sindicato Nacional de Trabajadores de Fideicomisos, Casas de Cambio, Casas de Bolsa, Aseguradoras, Uniones de Crédito, Hipotecarias, Administradoras de Fondos de Retiro, Arrendadoras, Almacenadoras, Empresas de Factoraje, Afianzadoras, Autofinanciadoras, Cajas de Ahorro, Bancos, Instituciones de Banca Múltiple, Instituciones Financieras, Sociedades Financieras, Empresas Prestadoras de Servicios Laborales del Sector Financiero y Organismos Descentralizados de la Administración Pública Federal.

Según información disponible en la página web de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, su directiva la integran, además de Aguilar Borrego, parientes y jubilados de bancos extinguidos, en consecuencia, no son trabajadores. Este “sindicato” es titular de los contratos colectivos de Grupo Nacional Provincial, Servicio de Enajenación de Bienes (SAE, organismo público liquidador), Financiera Rural (los restos de Banrural), Servicios Laborales y Ejecutivos (empresa subcontratista) y Banco Azteca, SA. Por supuesto, ningún trabajador de estas empresas fue consultado jamás; tampoco forman parte de la Fenasib, se trata de un negocio diferente.

¿Hasta cuando los trabajadores bancarios aguantarán estos abusos? Parece que aunque tímidamente, ya empiezan a expresar su inconformidad. Ojalá no sea demasiado tarde.

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Miguel Concha opina en La Jornada

Trasnacionales y derechos laborales en México

El Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal) presentó la semana pasada su segundo informe sobre las condiciones laborales en la industria electrónica de México. En forma por demás pertinente, este año incluye una comparación sobre el estado en que éstas se encontraban el año anterior, así como una evaluación de los intentos de las empresas por mejorarlas.

Con la convicción de que los abusos cometidos son graves, y de que las quejas de los trabajadores tienen que ser prioritariamente atendidas, de un universo de 237 casos, que se desprenden de 2 mil quejas atendidas entre junio de 2006 y junio de 2007, documenta de manera profesional 74 casos individuales y colectivos de violaciones a los derechos laborales, en los que de manera directa, o por conducto de las famosas agencias de empleo, están implicadas empresas trasnacionales como Hewlett Packard, Nokia, Motorola, Intel, Dell, Solectron, Sun Microsystems, Philips, Hitachi, Toyota, Lenovo, Manpower, Flextronics, Sanmina SCI, Jabil, Foxconn y USI en varias de sus plantas en la República.

Como en cualquier informe responsable de esta naturaleza, los ilustra, además, con la descripción particular de algunos de estos casos, y da cuenta de las gestiones y respuestas que se han hecho y recibido de algunas de las empresas. Para contextualizar y apreciar mejor estos abusos, lo que es imprescindible en documentos sobre esta materia, en el primer capítulo del documento de 85 páginas presenta un análisis sintético, objetivo y claro de la eufemísticamente llamada “cadena de suministro” de la industria electrónica mundial el último año, así como de sus repercusiones económicas y, sobre todo, sociales en las también de manera encubierta denominadas “zonas de bajo costo”, que abarca países como China, Malasia, Tailandia, India, Filipinas y desde luego México.

En el caso de México –que presenta “ventajas competitivas” por su vecindad con el mercado más grande del mundo, por el TLC e “instrumentos gubernamentales” como el Pitex (sic), que permiten a las empresas extranjeras importar insumos con tasa cero o preferencial, para después exportarlos a Estados Unidos como productos manufacturados con valor agregado–, el Cereal afirma con datos que la industria electrónica es el sector industrial más grande y dinámico, incluso por encima de la industria automotriz, pues cerca de mil 300 empresas de esta rama operan en nuestro territorio y emplean aproximadamente 400 mil trabajadores.

Sus exportaciones el año pasado ascendieron a 46 mil millones de dólares, lo que representó casi 20 por ciento de las exportaciones totales del país. El Cereal apunta que a pesar de ser una industria de gran tamaño, que produce principalmente televisores de alta definición, computadoras, teléfonos celulares, tarjetas electrónicas e impresoras, no existe una industria electrónica mexicana, porque se compone casi exclusivamente de empresas de origen extranjero (naturalmente que también con capitales mexicanos asociados), que no generan ni promueven una industria nacional.

En ella, sin embargo, se experimenta lo que una vez más eufemísticamente se denomina como una “oleada global” para reducir costos laborales, ya que en el actual sistema esta industria requiere del uso intensivo de mano de obra para competir en el mercado internacional. Esto ha propiciado el surgimiento de una serie de fenómenos, a los que otra vez de manera encubierta se ha calificado de “nuevas formas de trabajo” o de “trabajo flexible”, que no son otra cosa que métodos de administración de personal que vulneran los derechos de los trabajadores. Como en los otros países mencionados, en su informe el Cereal vuelve a detectar entre éstos los siguientes. En primer lugar el abuso en la subcontratación de personal mediante las agencias de empleo, las famosas outsourcing, que propician la falta de equidad entre los trabajadores directamente contratados por las empresas y los subcontratados por las agencias, lo que está prohibido por la Ley Federal del Trabajo, y con la que además evaden otras responsabilidades laborales muy sensibles para sus empleados.

A ella hay que añadir la discriminación en el empleo por ser estudiantes de derecho, tener algún pariente abogado o sindicalista, pertenecer o haber pertenecido a algún sindicato, defender sus derechos o los de sus compañeras, hasta por el hecho de estar embarazadas o tener algún tatuaje. Lo que también está prohibido por la ley. Sin faltar la contratación temporal indiscriminada; las presiones para que los trabajadores firmen sus renuncias, incluso sin fecha y por anticipado; la prohibición expresa a sindicalizarse; la exposición sin advertencia y sin medidas preventivas a sustancias tóxicas y peligrosas; el trato indigno y las condiciones laborales de “administración de personal” que ponen en riesgo su salud; la cancelación por vía de hechos de prestaciones consagradas en la ley, etcétera.

Para el Cereal es importante que para solucionar todos estos problemas no sólo intervenga el gobierno, sino también organismos internacionales, como la ONU y la OIT, y desde luego la ciudadanía conciente y organizada.

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Columna Bitácora Republicana de Porfirio Muñoz Ledo en El Universal

Bitácora Republicana
Porfirio Muñoz Ledo
12 de octubre de 2007


El nuevo consenso

Hace una semana me ocupé en describir los horizontes históricos que determinaron los ascensos cíclicos de las izquierdas latinoamericanas durante el siglo XX. Exploré también sus comunes denominadores y los desafíos a los que hubieron de hacer frente en cada época. Corresponde hoy escudriñar las pautas comunes y divergentes que señalan el ascenso de las corrientes progresistas en los inicios de esta centuria.


No es un hecho menor que en 10 de las 11 elecciones ocurridas en la región el año pasado, incluyendo la de México, la ciudadanía se haya inclinado hacia la izquierda relativa de cada país, o cuando menos que la derecha haya sido derrotada, con la sola excepción de Colombia. Sería difícil hallar semejante simultaneidad después de los movimientos independentistas de nuestras naciones.


Solía decir Duverger que, habida cuenta de las disparidades, la izquierda es regularmente la mayoría social, pero no siempre la mayoría cultural y menos aun la política. Por ello, su reto es combatir y derrotar las concepciones dominantes y los intereses hegemónicos. Cuando lo logra, su cometido es edificar un nuevo consenso y un tejido institucional renovado, con base en las modificaciones que imprima a la correlación efectiva de fuerzas y a las relaciones de producción.


Bien hizo Felipe González en recomendar a sus amigos del PAN un prudente corrimiento hacia el centro y aun la toma, así sea convencional, de posiciones de izquierda —como está ocurriendo en política exterior—, ya que en esa dirección apunta el electorado. Aconsejar en cambio un desplazamiento correlativo a los sectores progresistas sería un contrasentido. Su estrategia ha de ser la denuncia de las inconsistencias del adversario y la reafirmación consecuente de sus propias tesis.


Cuando la aprobación por el Congreso de la reciente reforma electoral se dijo, con razón, que se trataba de una victoria cultural de la izquierda. Al menos en lo que atañe a la disminución del poder del dinero y de los monopolios mediáticos sobre la política. Si se siguieran con atención las agendas aprobadas para los cuatro temas restantes de la reforma del Estado, se vería que coinciden casi en su integridad con la plataforma de la revolución democrática.


Ser progresista hoy es aprovechar los vientos ideológicos predominantes y ser reaccionario es soplar en sentido inverso. Podríamos descubrir que, como ha sucedido en otras transiciones, por razones de supervivencia, la autoridad formal acaba cediendo ante los impulsos de cambio y el eje del poder se traslada hacia los actores reformistas. Así sucedió, por ejemplo, en la España de Adolfo Suárez y en la Polonia de Jaruzelsky.


Resultaría prolijo describir los escenarios transformadores que conviven en América Latina. Entre las democracias parlamentarias que encabezan Michelle Bachelet en Chile y Tabaré Vázquez en el Uruguay y los populismos socializantes de Rafael Correa en el Ecuador, Evo Morales en Bolivia y Hugo Chávez en Venezuela hay enormes distancias; al punto que podríamos coincidir con la dicotomía establecida por Teodoro Petkoff en su libro Las dos izquierdas.


Mención aparte, por su mayor cercanía al caso de México, merecen las experiencias de Lula da Silva en el Brasil y de Néstor Kirchner en Argentina. A más de sus esfuerzos en la construcción de una supranacionalidad regional, hay en ambos el empeño de relanzar el crecimiento económico con redistribución del ingreso y dentro de un esquema macroeconómico sano. La determinación de atraer hacia su propia visión ideológica los sectores productivos y las clases medias, en contraposición al Consenso de Washington.


Con diferentes intensidades y metodologías todos coinciden en la necesidad de reconstruir al Estado. En dotarlo de autonomía, suficiencia y funcionalidad para hacerlo capaz de incidir en los procesos económicos y satisfacer las necesidades fundamentales de la población. Desde las audaces —y en ocasiones discutibles— aventuras constituyentes hasta el gradualismo reformador, sobresale la búsqueda de una nueva institucionalidad, indispensable para cerrar el ciclo neoliberal.


Ninguno de ellos está apostando a la crisis, aunque algunos se enfrenten a duras resistencias internas, ni tampoco se conforman con subsistir dentro de los parámetros inerciales que heredaron. Todos saben que la firmeza política y la claridad programática son las claves de una acción eficaz, y que de la profundidad de las reformas que acierten a implantar depende que puedan transitar de “una época de cambio a un cambio de época”.


Ha llegado el momento de valorar entre nosotros esas experiencias para encontrar los caminos que nos permitirían desembarcar en una Nueva República, más allá de pugnas partidistas y estériles polarizaciones. Sería oportuno convocar a los estados generales de la izquierda mexicana que, como en el Congreso de Oaxtepec, nos ofrecieran una visión compartida, un rumbo unitario y una posibilidad cierta de incidir en la historia.

bitarep@gmail.com

PERFIL


Ex embajador de México ante la Unión Europea. Su trayectoria política es amplia y reconocida: fue fundador y presidente del PRD, senador, diputado federal y candidato a la Presidencia de la República por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM) para la elección de 2000 (a lo cual renunció para sumarse a la Alianza por el Cambio, cuyo candidato era Vicente Fox). Se ha desempeñado, además, en diversos puestos del servicio público. Ha sido docente en la Escuela Nacional Preparatoria, la Facultad de Ciencias Políticas en la UNAM, la Escuela Normal Superior, El Colegio de México y la Universidad de Toulouse en Francia.

Contra la exclusión social

Mauricio Merino
10 de octubre de 2007

La idea de la cohesión social fue uno de los argumentos principales para el diseño de los procedimientos y de las políticas que llevaron a la unión de Europa. La desigualdad entre países y regiones no sólo era inaceptable, sino que además constituía un obstáculo económico y un desafío político. Por eso, desde los 80, los europeos colocaron ese tema en el primer lugar de las agendas públicas y subordinaron sus acuerdos a la construcción de las políticas indispensables para conseguir una mayor cohesión entre personas, grupos y regiones rezagadas.

Los países más beneficiados por esas políticas deliberadas han cambiado su fisonomía social con ritmos diferentes, pero siempre de modo admirable. Quizás el mejor ejemplo sea España, que dejó atrás su condición de país de media tabla para convertirse en una de las economías más dinámicas y mejor equilibradas del planeta, mientras transformaba su distribución del ingreso y producía una nueva infraestructura que le dio soporte al desarrollo que generó en apenas 30 años.

Ese país utilizó los fondos para la cohesión social que le proveyó Europa, pero sobre todo defendió políticas sistemáticamente dirigidas a la integración de su sociedad con todos los medios que tuvo a su alcance. No sólo fueron recursos económicos, sino compromiso político, diseño de instituciones cada vez más abiertas y participativas, medios culturales y un amplio debate público los que, en un plazo asombrosamente breve, sacaron a España de la dictadura y la colocaron entre los países con mejor desempeño en la política y la economía global.

Ningún cambio de esa magnitud sucede por la influencia de una sola acción aislada. Más bien, lo que genera esa dinámica es la convergencia de varias políticas complementarias, que de ese modo multiplican sus alcances. Pero tras esa confluencia de acuerdos y líneas de trabajo hubo siempre, incluso a pesar de la alternancia de partidos en los mandos del gobierno, un compromiso explícito con la cohesión social que nunca se perdió de vista.

El crecimiento de la economía nunca se planteó como un objetivo que se justificara a sí mismo, sino que tenía sentido porque ofrecía los medios necesarios para combatir la exclusión, y valía la pena siempre y cuando contribuyera a crear mercados, generar empleos y mejorar la distribución del ingreso en la sociedad. Por su parte, los acuerdos políticos (que se conocieron como el pacto de La Moncloa) no se hicieron para concertar el reparto del poder entre los dirigentes de partido, sino para sostener un modelo de desarrollo que sumara el esfuerzo democrático, el contrapeso de intereses y la vigilancia pública a favor de la cohesión social. A su vez, la dinámica de la cultura y de la ética que acompañó ese proceso ayudó a combatir (y sigue haciéndolo) cualquier argumento favorable a la exclusión.

El fin de semana pasado (en el marco del quinto congreso de municipalistas mexicanos que se celebró, emblemáticamente, en el Palacio de la Autonomía) Joaquim Brugué, un académico de la Universidad Autónoma de Barcelona que colabora en la Generalitat de Catalunya, nos propuso pensar en la exclusión social como situación, como riesgo y como proceso.

La primera se refiere a “la acumulación de factores que sitúa a las personas en una marginalidad extrema: los que han quedado fuera de circulación”, y que, por lo tanto, ya no pueden ser atendidos por una sola política, porque su situación obedece a una mezcla infame de problemas simultáneos. No es sólo que les falte dinero, sino que tampoco tienen una educación que les respalde, no tienen redes sociales de solidaridad y sus prácticas tienden a reproducir, por razones de supervivencia elemental, la exclusión en la que viven.

Se han quedado fuera (la mayoría así nació), y no podrán acceder a nada si el resto de la sociedad no se propone incluirlos como propósito deliberado, y no sólo dotarles de lo mínimo para que mal vivan. El argumento es la cohesión social y no la ayuda alimenticia y el cobijo básicos, no sólo porque no son perros, sino porque mientras más gente viva en esa situación mayor será la carga para todos los demás. Es un asunto de sentido común, pues ninguna sociedad puede prosperar donde la mayoría está excluida, ya de entrada, de toda posibilidad de desarrollo posterior.

De ahí la idea de la exclusión como riesgo que plantea Brugué: el excluido no sólo está abajo (o muy abajo), sino que además está fuera y solo. Si la sociedad pierde de vista la cohesión social y privilegia únicamente el esfuerzo individual sobre el colectivo, el resultado es que “hay un grupo de excluidos, cierto, pero todos estamos en riesgo de exclusión”. Como una tina perforada que va perdiendo el agua, quienes se creen seguros, en cualquier momento pueden volverse parte del caudal que va saliendo. Solamente los más ricos, pero de veras ricos, pueden darse el lujo de cambiar de tina si los riesgos se vuelven amenazas.

Por eso es relevante la idea de la exclusión como proceso, que no es “resultado de un fracaso personal sino el efecto de procesos sociales y económicos generales”. Esa máquina de generar riqueza, en la metáfora que emplea Brugué, que corre a toda prisa mientras va dejando atrás vagones repletos de excluidos. Ese proceso solamente puede interrumpirse si se piensa en enganchar todos los vagones como objetivo de todas las políticas, que además de ser cosa de la economía son, también y sobre todo, de la política y de la cultura: asunto de todos, porque la exclusión social no sólo es un efecto inevitable de ese modo de pensar en el progreso, sino una causa principal de nuevas formas de pobreza, deterioro y exclusión. Es una variable que se refuerza a sí misma.

Romper la exclusión social en la que vivimos, como círculo vicioso, tendría que ser el propósito de las políticas y de la política de México. Con todas las banderas partidarias, la cohesión social (económica, política y cultural) es indispensable para sobrevivir como país. Antes de que, todos juntos, llenemos el vagón completo que se habrá quedado varado para siempre.

Profesor investigador del CIDE

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Opinión de Lorenzo Córdova Vianello en El Universal

La reforma electoral y los estados
Lorenzo Córdova Vianello
9 de octubre de 2007

Al día de hoy 29 congresos locales han aprobado los cambios a nueve artículos de la Constitución federal en materia electoral. Faltando todavía el pronunciamiento al respecto del Poder Legislativo de Yucatán, sólo la Legislatura del estado de Coahuila se ha pronunciado en contra.

Siendo ahora inminente la publicación y entrada en vigor de la reforma —pues el número de aprobaciones de los congresos de los estados es de 16 y el mismo ha sido superado con creces—, inicia el plazo de un año para que los órganos legislativos de las entidades federativas (incluido el DF) modifiquen la legislación aplicable (Constitución y leyes locales) de conformidad con las nuevas reglas constitucionales en la materia.

Vale la pena, en ese contexto, hacer un breve recuento del impacto a nivel local que tiene la nueva reforma electoral. Los aspectos de los que invariablemente tendrán que hacerse cargo los legisladores de los estados son los siguientes:

1. La modificación de sus calen-darios electorales, en virtud de la disposición constitucional que ahora unifica la fecha de las elecciones el primer domingo del mes de julio de cada año. En ese sentido, con los periodos de transición que en cada caso se determinen, las entidades deberán decidir si realizan sus elecciones de manera concurrente con los comicios federales (como ocurre actualmente en 10 casos), o bien realizarlas en años diferentes, pero en todo caso en la nueva fecha.

2. El ajustar la duración legal de las campañas y de las precampañas a los máximos permitidos desde la Constitución federal. En ese sentido, las primeras podrán durar hasta 90 días en el caso de las elecciones de gobernador, y hasta 60 días en el caso de los comicios de diputados locales y de ayuntamientos. Las precampañas, por otra parte, no podrán exceder de las dos terceras partes de la duración establecida para las campañas respectivas.

3. El adecuar las reglas que hoy regulan el financiamiento de los partidos políticos a nivel estatal para hacerlo congruente con los límites y modalidades que la Constitución federal determina. En ese sentido, el cambio más relevante es el que tendrá que ver con los límites máximos al financiamiento privado que por concepto de aportaciones de simpatizantes podrán recibir en conjunto los partidos, ya que ese monto se ajusta a 10% del tope de gasto campaña de gobernador fijado para la última elección.

4. De igual manera, se tendrán que modificar las reglas en materia de fiscalización para establecer que, cuando el órgano estatal responsable de revisar las cuentas de los partidos tenga que revisar estados de cuenta bancarios o datos en poder de la SHCP, realice la solicitud de información a través de la nueva Unidad de Fiscalización del IFE, única instancia electoral en el país legitimada para trascender los secretos bancario, fiduciario y fiscal.

5. También las normas locales que establecen las modalidades del acceso de los partidos políticos a la radio y la televisión, ya sea como prerrogativa o bien a través de la compra de publicidad, deberán ajustarse. En efecto, a partir de ahora, la única autoridad en el país que regulará ese acceso será el IFE y para ello utilizará de manera exclusiva los tiempos que en dichos medios corresponden al Estado.

6. Deberán asimismo establecerse las bases y los requisitos para que, en caso de así determinarlo las autoridades electorales competentes, puedan establecer convenios con el IFE para que éste se haga cargo de la organización de los procesos electorales locales. Vale la pena subrayar que ello no implica, como algunos han sostenido, que se vulnere la soberanía estatal, pues la organización de los comicios locales por parte del IFE ocurriría sólo si las instancias competentes de los estados deciden solicitarla.

7. Finalmente, en el caso específico del Distrito Federal, la reforma abre la puerta para que, de así decidirlo la Asamblea Legislativa, pueda permitir la constitución de partidos políticos locales que, hasta hoy, estaban prohibidos.

Como puede verse, el abanico de los cambios que deberán operarse en los estados es amplio y el tiempo no es mucho. En todo caso, será importante que se profundice el análisis del sentido y las implicaciones de la reforma para poder acompañar el intenso trabajo legislativo que en la materia se desplegará en los próximos meses.

Investigador y Profesor de la UNAM

PERFIL


Licenciado en Derecho por la UNAM y doctor en Teoría Política por la Universidad de Turín Italia. Es investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas (en donde coordina el área de derecho electoral) y profesor en la Facultad de Derecho de la UNAM.
Experto en temas político-electorales, de formas de gobierno, de control constitucional y de derechos fundamentales. Autor de varias publicaciones de derecho electoral, derecho constitucional y teoría política. Analista y comentarista de temas jurídicos y políticos de El Universal y de varios medios electrónicos de comunicación.

Recreo de J. Luis Medina Lizalde en el Imagen

Recreo

J. Luis Medina Lizalde

AL PRINCIPIO

El pasado sábado cumplió años la Gobernadora del estado, y una vez más, tuvo el buen gusto de vivirlo en lo suyo y con los suyos, en contraste con las comelitonas para ostentar poder de algunos de sus funcionarios y cuadros políticos, como se acostumbraba en los cuarenta.
El asunto es que el Ayuntamiento de Guadalupe y la Universidad Politécnica de Zacatecas publican sendas felicitaciones de cumpleaños con escudos oficiales y toda la cosa. ¿Se financiaron con el erario? Y si fue con recursos privados ¿por qué se usan logos oficiales? Son ganas de autogolearse.

¿Y DONDÉ ESTÁ EL PILOTO?

La abrupta cancelación del proyecto de vialidad popularmente conocido como “segundo piso”, se convirtió en asunto abordado según la perspectiva y los intereses de los distintos actores, de manera diversa, a veces encontrada.
El enfoque más o menos compartido consiste en ver en el episodio una evidencia de ineptitud gubernamental, ineptitud manifiesta con el extraño secretismo, que determinó, por cierto, la salida del Lic. Pérez Pinto, por manifestar que desconocía el proyecto cuando siendo el principal responsable de la vialidad se reunió con una fracción del sector privado.
O cuando, a punto de iniciarse la obra, el Dr. Tavizón advierte la ausencia del obligatorio estudio de impacto ambiental.
Se invierte tiempo, dinero y esfuerzo en legitimar un proyecto que es cuestionado por voces ciudadanas y colegios profesionales, en donde se vierten juicios y prejuicios, posturas emocionales y criterios con sustento técnico, voces todas legítimas y atendibles porque son las de los gobernados.
Pero, al final se anuncia la cancelación del proyecto, no porque haya un sentir social que atender, sino porque lo dice ICOMOS, sin que en todo caso nos beneficien con la publicación íntegra de su dictamen.
Como si ICOMOS participara del incomprensible secretismo con que envolvieron desde siempre al mal logrado proyecto.
Ineptitud al arrancar e ineptitud al rectificar. El equipo insiste en autogolearse.
El asunto revela también que uno de los cambios pospuestos por la alternancia realmente existente, es el de la relación del régimen con el sector privado.
Es vieja rutina que los líderes formales de las diversas cámaras y organizaciones sindicales viertan declaraciones a pedido.
Los directivos de los medios saben que hay que facturar, con costo al erario, los pronunciamientos de respaldo a posturas del poder suscritos por las “fuerzas vivas”, en donde convergen representantes obreros y patronales animados por la subcultura del corporativismo.
Tan repetida está la película, que dichas posturas ya no suscitan interés ni para contradecirlas. Son grupos de presión sin capacidad de presión.
Lo que no es vieja rutina es que se queden colgados de la brocha, como les sucedió con el “segundo piso”; ojalá eso constituya el certificado de defunción de una envejecida relación a lo que ya no le basta la respiración artificial.
Es hora de emprender como Estado y como Nación, una modernización que inicie la erradicación del tráfico de influencias que es inherente a la vieja relación iniciativa privada-gobierno.
A la izquierda le corresponde incorporar conceptos como el de fomento a la competencia sin detrimento de su compromiso con la justicia social y la preservación del medio ambiente.
A los empresarios más les vale saber que quienes insisten en convertirlos en especie en extinción son los monopolios, los usureros extranjeros que padecemos, como banqueros y la corrupción en la cima del poder político y económico.
Modernizarse es para las cámaras vivir la democracia interna y asumir la pluralidad como fortaleza.
Crear empleos es crear mercado, incrementar los salarios es crear mercado, pero la empresa busca utilidad o no es empresa.
No es objetivo del empresario crear empleos, ello es consecuencia.
Tampoco para el régimen es objetivo crear empleos, le corresponde facilitar el surgimiento de empleadores.
Su obligación es respetar cualquier iniciativa de inversión pero al mismo tiempo debe ser selectivo en el fomento a la misma. La que crea empleo, la que invierte en activos fijos como garantía de permanencia, la que se prové de insumos de la región, debe tener prioridad.
En resumen, las relaciones entre el régimen y el sector privado reclaman, desde mi punto de vista, un esfuerzo de modernización que nos preserve del desplazamiento del sector privado zacatecano no sólo en lo económico sino también en lo político. Pues los accionistas de Sanborns, de la cervecera, de Peñoles, de Sam,s, Soriana y los que se acumulen, están achicando en más de un sentido, las expectativas de un sector privado al que también le urge la autocrítica. Es otro equipo que insiste en el autogol.

AL ÚLTIMO

A los costarricenses cuando menos les preguntaron. Al concluir esta columna no había resultados del referéndum para ratificar el Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y los gringos, parece que va ganando el “no” porque “ya vimos cómo le fue a México”, dicen allá.

Boletín Izquierda Federalista

IZQUIERDA FEDERALISTA

PRÓXIMA REUNIÓN 9 DE NOVIEMBRE



Tal como estaba previsto el viernes 5 de Octubre nos reunimos con el propósito de abordar la situación nacional y la situación en el estado de Zacatecas. Como nos lo hemos propuesto y una vez concluida la parte de análisis, los presentes convenimos:



a) Que la reunión del mes de noviembre en vez de ser el primer viernes, será el segundo, es decir, el 9 de Noviembre a las seis de la tarde en el lugar de siempre; toda vez que el primer viernes del mes siguiente es el día en que los mexicanos honramos a nuestros seres queridos que ya no viven (día de muertos).

b) Asimismo, ratificamos la decisión de respaldar la candidatura de Alejandro Encinas para Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRD.

c) Iniciaremos en la próxima reunión, una vez concluidos el análisis sobre la situación nacional y la situación local, la deliberación de nuestra participación en los procesos de renovación de dirigencias en los municipios y en el estado.



Por último queremos manifestar que la página de Izquierda Federalista cuya dirección es: http://izquierdafederalista.blogspot.com/ está despertando un gran interés entre la gente interesada en conocer opiniones debidamente sustentadas en torno a temas la problemática nacional. Anticipamos que haremos los esfuerzos en los próximos meses para incorporar contenidos de calidad sobre la situación del estado de Zacatecas.



Fraternalmente



Izquierda Federalista

5 Generalas dan batalla a la misoginia

Fernando Ortega
El Universal
Domingo 07 de octubre de 2007

politica@eluniversal.com.mx

En México, de 537 generales, sólo cinco; es decir, 0.7%, son mujeres. Su principal logro y batalla ha sido abrir un hueco al muro del “machismo y la misoginia” en el Ejército mexicano, que ha impedido que más mujeres tengan acceso a grados militares superiores.

Tres generales —María Eugenia Gómez López, María Norma Esquivel y Rodríguez y Nelly I. Balderas Olguín— refieren en entrevistas por separado que las que han alcanzado altos rangos en la estructura militar forman parte del esfuerzo que han hecho otras militares para que este año se abra, por primera vez, la carrera de las armas a 14 mujeres, antes exclusiva para hombres.

Es un parteaguas en el Ejército mexicano, coinciden.

Hasta ahora sólo han podido ascender a los grados superiores haciendo carrera militar en las oficinas. Son generales brigadier y de brigada, pero no de división.

De acuerdo con sus datos, la primera mujer que consiguió los grados de general brigadier y general de brigada en México fue María Eugenia Gómez López, en los años 1991 y 2002; la siguieron María Norma Esquivel y Rodríguez, en 2002, y Nelly I. Balderas Olguín, en 2003. Todas ellas están retiradas.

Sólo dos generales brigadier están en activo: Gloria Virginia Ramírez Pérez (2002) y Graciela Carranza (2004); una es subdirectora de Administración de la Dirección de Sanidad, y la otra está adscrita al Hospital de Veracruz de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Pero a María Norma y Nelly, que eran coroneles, sólo les concedieron el rango de general brigadier “para efectos de retiro” (cuando se jubilan) en el sexenio de Vicente Fox. Estos nombramientos no requieren la autorización del presidente de la República, sino sólo del titular del Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

María Eugenia también está retirada, pero le dieron el cargo de general brigadier en activo en 1991, con la autorización del presidente Carlos Salinas de Gortari, y la promoción del secretario de la Defensa, Antonio Riviello Bazán. Once años después, al retirarse, en 2002, la ascendieron a general de brigada con la autorización del entonces secretario Clemente Vega García, en el gobierno de Vicente Fox.

Todas son odontólogas de profesión, ya sea porque cursaron la carrera en la Universidad del Ejército o en la UNAM. A este gremio también pertenecieron la primera mayor, Guillermina Tejeda (1959); la primera teniente coronel, Estela Gracia García y Martínez (1979), y la primera coronel, María Eugenia Gómez López (1986), quien también fue la primera general.

A las mujeres no les ha sido fácil ascender dentro del Ejército mexicano. Algunas recuerdan el caso de la mayor Estela Gracia García, hermana del fundador de la Escuela Médico Militar, que quería ser teniente coronel en 1971, en el sexenio de Luis Echeverría.

Concursó y aprobó con calificaciones de excelencia, pero el entonces secretario de la Defensa Nacional, Hermenegildo Cuenca Díaz, le negó la promoción.

Aguerrida, peleó su derecho a ascender, y como respuesta la detuvieron y encarcelaron tres días en el Campo Militar Número 1. El motivo: para que aprendiera a no reclamar. Obtuvo el grado de teniente coronel hasta 1979, en el sexenio de José López Portillo, pero por retiro.

Hoy tiene 83 y no acepta entrevistas porque aún tiene miedo a la reacción del Ejército.

Educación restringida

Hace algunos lustros la única escuela de formación militar para mujeres era la Escuela Militar de Enfermeras. Posteriormente, la Escuela Médico Militar abrió sus puertas a aspirantes femeninas.

La Escuela Militar de Odontología desde su fundación admite a personal de ambos sexos.

Hoy están abiertas todas las escuelas pertenecientes a la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, el Heroico Colegio Militar, la Escuela Militar de Ingenieros, la de Trasmisiones y el Colegio del Aire, donde ahora las mujeres podrán graduarse como oficiales de infantería, caballería, artillería, pilotos aviadores; en fin, de todas las armas o especialidades de guerra, así como los servicios que apoyan a las armas, aseguran.

Con la apertura a la carrera de las armas, las mujeres pueden soñar ahora con un Ejército gobernado por ellas. Se saben inteligentes para la estrategia, valientes, y seguramente introducirían sensibilidad y humanidad al quehacer militar. Quizá no alcancen necesariamente la paz con el ataque, sino con los acuerdos, sin violencia, afirman por separado.

“Ya nos están dando más oportunidad. A partir de este año podemos entrar a la Escuela Superior de Guerra, al Colegio Militar y al Colegio del Aire. A nivel mundial, en Israel hay varias generales de armas y en Estados Unidos hay generales mujeres de servicio”, asegura la general María Eugenia Gómez López.

Felicita también a las tenientes que acompañan al presidente Felipe Calderón, ya que siempre era un oficial el que escoltaba al primer mandatario. Estima que Calderón las habilitó con ese grado militar ya que observa en sus uniformes “sardinetas” —bordados en las mangas— que sólo portan los egresados de la Escuela Superior de Guerra.

Ejército de vanguardia

El Ejército mexicano está dividido por tres clases de militares: de arma, de servicio y auxiliares. Hasta este año, explica María Eugenia Gómez, las mujeres sólo podían ascender en el área de servicios, aunque hacían labores de armas cuando estaban en el cuartel o eran jefas de vigilancia.

“Qué bueno que ya se sembró la semillita porque a lo mejor los siguientes presidentes ya van a tomar en cuenta a la mujer. Además, las mujeres somos más organizadas, menos faltistas y más cumplidas en muchos aspectos”, dice la general María Eugenia Gómez López.

—¿Aportarían sensibilidad o la humanidad al Ejército?

—No es cosa tanto del machismo, sino del poder más que nada. Y las mujeres como que somos más maternales a fuerza, como que pensamos más antes de actuar.

María Norma Esquivel y Rodríguez tenía deseos de ascender a general, pero en activo. Obtuvo el grado sólo para efectos de retiro, a pesar de que en su momento hizo las promociones y quedó en primer lugar. Eso la dejó insatisfecha.

Pero está agradecida con el Ejército mexicano porque considera que es una institución noble, y afirma que si volviera a nacer, entraría de nuevo a sus filas.

Lo que pasa es que “no nada más en el Ejército, sino en otros lugares, todavía hay reticencia para aceptar a la mujer. Los entiendo, porque la cultura de nuestro país proviene de culturas machistas. Si no hemos cambiado en corrupción, en docilidad, en mala educación, en muchas otras cosas, pues tampoco íbamos a cambiar en esto tan pronto. Yo creo que sí se va a lograr, ojalá lo vean mis hijos y mis nietos”.

La general Nelly Inocencia Balderas Olguín también coincide en que “por el machismo y la misoginia en el Ejército no se permitía a las mujeres el ingreso a las carreras de las armas y ahora sí”.