El Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal) presentó la semana pasada su segundo informe sobre las condiciones laborales en la industria electrónica de México. En forma por demás pertinente, este año incluye una comparación sobre el estado en que éstas se encontraban el año anterior, así como una evaluación de los intentos de las empresas por mejorarlas.
Con la convicción de que los abusos cometidos son graves, y de que las quejas de los trabajadores tienen que ser prioritariamente atendidas, de un universo de 237 casos, que se desprenden de 2 mil quejas atendidas entre junio de 2006 y junio de 2007, documenta de manera profesional 74 casos individuales y colectivos de violaciones a los derechos laborales, en los que de manera directa, o por conducto de las famosas agencias de empleo, están implicadas empresas trasnacionales como Hewlett Packard, Nokia, Motorola, Intel, Dell, Solectron, Sun Microsystems, Philips, Hitachi, Toyota, Lenovo, Manpower, Flextronics, Sanmina SCI, Jabil, Foxconn y USI en varias de sus plantas en la República.
Como en cualquier informe responsable de esta naturaleza, los ilustra, además, con la descripción particular de algunos de estos casos, y da cuenta de las gestiones y respuestas que se han hecho y recibido de algunas de las empresas. Para contextualizar y apreciar mejor estos abusos, lo que es imprescindible en documentos sobre esta materia, en el primer capítulo del documento de 85 páginas presenta un análisis sintético, objetivo y claro de la eufemísticamente llamada “cadena de suministro” de la industria electrónica mundial el último año, así como de sus repercusiones económicas y, sobre todo, sociales en las también de manera encubierta denominadas “zonas de bajo costo”, que abarca países como China, Malasia, Tailandia, India, Filipinas y desde luego México.
En el caso de México –que presenta “ventajas competitivas” por su vecindad con el mercado más grande del mundo, por el TLC e “instrumentos gubernamentales” como el Pitex (sic), que permiten a las empresas extranjeras importar insumos con tasa cero o preferencial, para después exportarlos a Estados Unidos como productos manufacturados con valor agregado–, el Cereal afirma con datos que la industria electrónica es el sector industrial más grande y dinámico, incluso por encima de la industria automotriz, pues cerca de mil 300 empresas de esta rama operan en nuestro territorio y emplean aproximadamente 400 mil trabajadores.
Sus exportaciones el año pasado ascendieron a 46 mil millones de dólares, lo que representó casi 20 por ciento de las exportaciones totales del país. El Cereal apunta que a pesar de ser una industria de gran tamaño, que produce principalmente televisores de alta definición, computadoras, teléfonos celulares, tarjetas electrónicas e impresoras, no existe una industria electrónica mexicana, porque se compone casi exclusivamente de empresas de origen extranjero (naturalmente que también con capitales mexicanos asociados), que no generan ni promueven una industria nacional.
En ella, sin embargo, se experimenta lo que una vez más eufemísticamente se denomina como una “oleada global” para reducir costos laborales, ya que en el actual sistema esta industria requiere del uso intensivo de mano de obra para competir en el mercado internacional. Esto ha propiciado el surgimiento de una serie de fenómenos, a los que otra vez de manera encubierta se ha calificado de “nuevas formas de trabajo” o de “trabajo flexible”, que no son otra cosa que métodos de administración de personal que vulneran los derechos de los trabajadores. Como en los otros países mencionados, en su informe el Cereal vuelve a detectar entre éstos los siguientes. En primer lugar el abuso en la subcontratación de personal mediante las agencias de empleo, las famosas outsourcing, que propician la falta de equidad entre los trabajadores directamente contratados por las empresas y los subcontratados por las agencias, lo que está prohibido por la Ley Federal del Trabajo, y con la que además evaden otras responsabilidades laborales muy sensibles para sus empleados.
A ella hay que añadir la discriminación en el empleo por ser estudiantes de derecho, tener algún pariente abogado o sindicalista, pertenecer o haber pertenecido a algún sindicato, defender sus derechos o los de sus compañeras, hasta por el hecho de estar embarazadas o tener algún tatuaje. Lo que también está prohibido por la ley. Sin faltar la contratación temporal indiscriminada; las presiones para que los trabajadores firmen sus renuncias, incluso sin fecha y por anticipado; la prohibición expresa a sindicalizarse; la exposición sin advertencia y sin medidas preventivas a sustancias tóxicas y peligrosas; el trato indigno y las condiciones laborales de “administración de personal” que ponen en riesgo su salud; la cancelación por vía de hechos de prestaciones consagradas en la ley, etcétera.
Para el Cereal es importante que para solucionar todos estos problemas no sólo intervenga el gobierno, sino también organismos internacionales, como la ONU y la OIT, y desde luego la ciudadanía conciente y organizada.
