Sólo buenas intencionesJorge Luis Sierra
26 de octubre de 2007
El debate sobre el Plan México que ahora se conoce como la Iniciativa Mérida tiene varias implicaciones importantes para México.
La principal es que se trata finalmente de una declaración de compromisos que aún no tiene recursos asegurados para cumplir con sus objetivos en los siguientes tres años: reducción del flujo de drogas hacia Estados Unidos, reducción del tráfico de armas hacia México y fortalecimiento del control de la frontera entre ambos países.
Nada garantiza entonces la aprobación futura de recursos para cumplir con esos objetivos. México tendrá que negociar con otro presidente y quizá otro Congreso. En poco más de un año, EU estará gobernado por otro presidente, y la composición de fuerzas en el Congreso podría modificarse, pues habrá elección de 34 de los 100 asientos en el Senado y de la totalidad de los 435 asientos en la Cámara de Representantes.
Por lo pronto, al buscar un incremento dramático de la ayuda estadounidense, el gobierno mexicano exhibió su debilidad y falta de recursos para alterar las operaciones delictivas, altamente eficientes, en términos de producción, transporte y venta de drogas; generación de capacidades de lavado de dinero, y corrupción de funcionarios públicos.
Esta debilidad no termina ni se resuelve con los recursos que EU podría destinar en la cooperación binacional antinarcóticos.
Si bien se requiere mejor tecnología y armamento para combatir al narcotráfico, lo que necesita el gobierno es construcción institucional, primero para facilitar la profesionalización de la policía, y segundo para reducir y acotar el proceso acelerado de desprofesionalización de las Fuerzas Armadas.
La transformación de soldados en policías, que debiera ser siempre una medida transitoria y breve, antes de perder eficacia, termina siendo una forma rápida de dilapidar la disciplina militar del Ejército y se traduce, como sabemos, en la deserción en masa de las tropas que cambian de uniforme y se convierten en agentes de la policía. Recordemos que, de 1999 a 2006, desertaron 4 mil 873 soldados, casi el total de efectivos de la Tercera Brigada de Policía Militar que habían sido transferidos a la Policía Federal Preventiva.
Según explican soldados que dejaron sus puestos en la PFP, y por tanto en el Ejército, una buena parte de estas deserciones no ocurrieron por desacuerdo con los valores militares, sino por el descontento que generaba el ingreso magro, la eliminación del doble salario, el de policía y el de soldado, la imposibilidad de ascenso más allá del nivel de sargento segundo en las filas de la Policía Militar y el potencial máximo de riesgo que implica operar en ciudades prácticamente controladas por el narcotráfico.
Lo que más afecta a estos soldados es que, además de la desprofesionalización forzada, los haberes que perciben son ínfimos y no guardan proporción con la responsabilidad de combatir a narcotraficantes eficaces, poderosos y ufanos del apoyo de una parte importante de funcionarios del propio gobierno que supuestamente los combate.
Otra implicación importante consiste en la situación desfavorable en ambos países para cumplir con el compromiso que se expresa en la llamada Iniciativa Mérida.
En términos generales, la iniciativa atiende varios problemas que han estado en la mesa de discusión bilateral desde hace varias décadas: la necesidad de que EU reduzca los niveles de consumo de droga en su población y ataque el fenómeno de tráfico de armas que ocurre de norte a sur y afecta a la seguridad fronteriza.
La frontera es porosa en ambas direcciones. Sin embargo, en el discurso de las autoridades federales de EU no hay un énfasis suficiente en la ayuda que las pandillas carcelarias y callejeras estadounidenses brindan a los cárteles mexicanos para llevar las drogas hacia el norte y traer las armas hacia el sur. Esta operación logística de la delincuencia organizada en la zona fronteriza ha originado fenómenos que no se conocían del lado estadounidense, como desapariciones, secuestros exprés, ejecuciones, aparición de cadáveres encobijados y amenazas de muerte a periodistas estadounidenses.
Los compromisos de la Iniciativa Mérida intentan, en el papel, el logro de una estrategia común para atacar estos fenómenos. Sin embargo, en la política real que existe en Washington, el presupuesto de la ayuda antinarcóticos a países como México palidece frente a otras prioridades como el reforzamiento de la lucha contra el terrorismo. Para dar una idea de esto podría decirse que el presupuesto de 500 millones de dólares que pidió el presidente George W. Bush para financiar la primera parte de la Iniciativa Mérida equivale al gasto de 30 horas de las operaciones militares en Irak y Afganistán y otras operaciones relacionadas con la lucha antiterrorista.
En las declaraciones apresuradas para justificar la Iniciativa Mérida, Arturo Sarukhán, embajador mexicano en Washington, dijo que México gastaría unos 7 mil millones de dólares en la lucha antinarcóticos durante los próximos tres años. Ese gasto, en realidad, equivale al presupuesto de seguridad pública planeado para los siguientes tres años, aclaró la canciller mexicana Patricia Espinosa.
La ayuda solicitada por el presidente Bush al Congreso estadounidense equivaldría entonces a 15% del presupuesto anual mexicano en materia de seguridad pública. Si la ayuda llega a México en especie, como equipamiento militar y tecnología de vigilancia, es posible que el impacto en la lucha antinarcóticos sea menos que significativo.
El dinero y los recursos humanos que México emplea en la lucha contra el narcotráfico quizá sean mejor aprovechados si la construcción institucional se coloca como la primera prioridad en materia de seguridad pública. ¿De qué sirven más tecnología militar y armamento, si no se atacan a fondo los problemas de corrupción en la policía y baja moral en las Fuerzas Armadas?
jlsierra@hotmail.com
Especialista en temas de seguridad y fuerzas armadas
PERFIL
Jorge Luis Sierra es un periodista especializado en asuntos militares y de seguridad nacional.
Ha trabajado como profesor e investigador visitante en la Universidad Iberoamericana y ha sido becario del Centro Hemisférico de Estudios de la Defensa, de la Universidad de la Defensa Nacional en Washington; del Programa de formación de civiles en políticas de la defensa, de la Universidad Torcuato di Tella, de Buenos Aires, Argentina; y del Centro de Periodismo Internacional de la Universidad del Sur de California, en Los Ángeles.
