10 de octubre de 2007
La idea de la cohesión social fue uno de los argumentos principales para el diseño de los procedimientos y de las políticas que llevaron a la unión de Europa. La desigualdad entre países y regiones no sólo era inaceptable, sino que además constituía un obstáculo económico y un desafío político. Por eso, desde los 80, los europeos colocaron ese tema en el primer lugar de las agendas públicas y subordinaron sus acuerdos a la construcción de las políticas indispensables para conseguir una mayor cohesión entre personas, grupos y regiones rezagadas.
Los países más beneficiados por esas políticas deliberadas han cambiado su fisonomía social con ritmos diferentes, pero siempre de modo admirable. Quizás el mejor ejemplo sea España, que dejó atrás su condición de país de media tabla para convertirse en una de las economías más dinámicas y mejor equilibradas del planeta, mientras transformaba su distribución del ingreso y producía una nueva infraestructura que le dio soporte al desarrollo que generó en apenas 30 años.
Ese país utilizó los fondos para la cohesión social que le proveyó Europa, pero sobre todo defendió políticas sistemáticamente dirigidas a la integración de su sociedad con todos los medios que tuvo a su alcance. No sólo fueron recursos económicos, sino compromiso político, diseño de instituciones cada vez más abiertas y participativas, medios culturales y un amplio debate público los que, en un plazo asombrosamente breve, sacaron a España de la dictadura y la colocaron entre los países con mejor desempeño en la política y la economía global.
Ningún cambio de esa magnitud sucede por la influencia de una sola acción aislada. Más bien, lo que genera esa dinámica es la convergencia de varias políticas complementarias, que de ese modo multiplican sus alcances. Pero tras esa confluencia de acuerdos y líneas de trabajo hubo siempre, incluso a pesar de la alternancia de partidos en los mandos del gobierno, un compromiso explícito con la cohesión social que nunca se perdió de vista.
El crecimiento de la economía nunca se planteó como un objetivo que se justificara a sí mismo, sino que tenía sentido porque ofrecía los medios necesarios para combatir la exclusión, y valía la pena siempre y cuando contribuyera a crear mercados, generar empleos y mejorar la distribución del ingreso en la sociedad. Por su parte, los acuerdos políticos (que se conocieron como el pacto de La Moncloa) no se hicieron para concertar el reparto del poder entre los dirigentes de partido, sino para sostener un modelo de desarrollo que sumara el esfuerzo democrático, el contrapeso de intereses y la vigilancia pública a favor de la cohesión social. A su vez, la dinámica de la cultura y de la ética que acompañó ese proceso ayudó a combatir (y sigue haciéndolo) cualquier argumento favorable a la exclusión.
El fin de semana pasado (en el marco del quinto congreso de municipalistas mexicanos que se celebró, emblemáticamente, en el Palacio de la Autonomía) Joaquim Brugué, un académico de la Universidad Autónoma de Barcelona que colabora en la Generalitat de Catalunya, nos propuso pensar en la exclusión social como situación, como riesgo y como proceso.
La primera se refiere a “la acumulación de factores que sitúa a las personas en una marginalidad extrema: los que han quedado fuera de circulación”, y que, por lo tanto, ya no pueden ser atendidos por una sola política, porque su situación obedece a una mezcla infame de problemas simultáneos. No es sólo que les falte dinero, sino que tampoco tienen una educación que les respalde, no tienen redes sociales de solidaridad y sus prácticas tienden a reproducir, por razones de supervivencia elemental, la exclusión en la que viven.
Se han quedado fuera (la mayoría así nació), y no podrán acceder a nada si el resto de la sociedad no se propone incluirlos como propósito deliberado, y no sólo dotarles de lo mínimo para que mal vivan. El argumento es la cohesión social y no la ayuda alimenticia y el cobijo básicos, no sólo porque no son perros, sino porque mientras más gente viva en esa situación mayor será la carga para todos los demás. Es un asunto de sentido común, pues ninguna sociedad puede prosperar donde la mayoría está excluida, ya de entrada, de toda posibilidad de desarrollo posterior.
De ahí la idea de la exclusión como riesgo que plantea Brugué: el excluido no sólo está abajo (o muy abajo), sino que además está fuera y solo. Si la sociedad pierde de vista la cohesión social y privilegia únicamente el esfuerzo individual sobre el colectivo, el resultado es que “hay un grupo de excluidos, cierto, pero todos estamos en riesgo de exclusión”. Como una tina perforada que va perdiendo el agua, quienes se creen seguros, en cualquier momento pueden volverse parte del caudal que va saliendo. Solamente los más ricos, pero de veras ricos, pueden darse el lujo de cambiar de tina si los riesgos se vuelven amenazas.
Por eso es relevante la idea de la exclusión como proceso, que no es “resultado de un fracaso personal sino el efecto de procesos sociales y económicos generales”. Esa máquina de generar riqueza, en la metáfora que emplea Brugué, que corre a toda prisa mientras va dejando atrás vagones repletos de excluidos. Ese proceso solamente puede interrumpirse si se piensa en enganchar todos los vagones como objetivo de todas las políticas, que además de ser cosa de la economía son, también y sobre todo, de la política y de la cultura: asunto de todos, porque la exclusión social no sólo es un efecto inevitable de ese modo de pensar en el progreso, sino una causa principal de nuevas formas de pobreza, deterioro y exclusión. Es una variable que se refuerza a sí misma.
Romper la exclusión social en la que vivimos, como círculo vicioso, tendría que ser el propósito de las políticas y de la política de México. Con todas las banderas partidarias, la cohesión social (económica, política y cultural) es indispensable para sobrevivir como país. Antes de que, todos juntos, llenemos el vagón completo que se habrá quedado varado para siempre.
Profesor investigador del CIDE
