¿Se les pasó la mano?Alberto Aziz Nassif
27 de noviembre de 2007
En las últimas semanas se ha dado una discusión sobre las nuevas reglas electorales. Los concesionarios de la radio y la televisión están muy preocupados por lo que consideran que puede ser un intento de control. Al mismo tiempo, ha crecido una crítica a la reforma electoral que se expresa en múltiples opiniones en la prensa escrita. Una buena parte de los desacuerdos con la reforma apuntan hacia lo que se considera como un exceso de los partidos políticos en su afán por acotar libertades de expresión y por limitar la autonomía del IFE. ¿Se les pasó la mano a los legisladores o se trata de pleitos ideológicos sin sustancia real?
De forma opaca los legisladores han hecho una negociación del nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) que poco a poco se ha filtrado en la opinión pública, pero que en realidad no se sabe con certeza cuál será el diseño fino de las reglas electorales hasta que termine el proceso. Al mismo tiempo, ha iniciado el proceso para renovar a tres nuevos consejeros electorales. Estos dos procesos nos indican problemas diferentes, con consecuencias distintas.
Mientras que la reforma electoral de 1996 tuvo el gran mérito de perfilar una institución electoral autónoma, que favoreció resultados muy positivos, la reforma de este año ha provocado un litigio con valoraciones antagónicas. Durante la fase constitucional de la reforma se logró dar un paso importante al cambiar el esquema entre política electoral y medios de comunicación, lo cual puede evaluarse como un paso correcto, a pesar del conflicto con los concesionarios de medios electrónicos. En esta segunda fase, la que consigna la letra chica, los procedimientos, normas y facultades específicas, las dudas y los cuestionamientos han vuelto a crecer. Para analizar el debate se pueden distinguir al menos dos asuntos relevantes, uno es la reglamentación sobre los medios masivos y el otro es la nueva arquitectura del IFE.
¿Se limita la libertad de expresión o simplemente se regula? La discusión de fondo es complicada porque existen diversas preferencias. Para algunos las campañas negativas son necesarias; para otros es preferible impulsar debates sobre proyectos y propuestas, en lugar de tener una exacerbación de spots sucios.
En este dilema existe una pregunta de fondo: ¿es democrático regular expresiones políticas en una campaña electoral? Considero que las libertades son un bien público no negociable, que se necesitan cuidar y tutelar por el Estado, pero, al mismo tiempo, no se trata de libertades absolutas. Los partidos, como sujetos de interés público, necesitan moderar su búsqueda del poder. El problema es cómo determinar la frontera entre una campaña negativa necesaria y otra en donde se insulte, denigre o se calumnie al contrincante. En experiencias recientes en la materia podemos ver que ha habido regulación del IFE y del Tribunal, y se ha encontrado la línea de esa delicada frontera. También hemos visto las consecuencias cuando se ha pensando que esas libertades son absolutas para hacer y decir lo que se quiera, incluso a costa de violentar la ley, como sucedió en 2006.
Una parte importante de la reglamentación en materia de medios se tiene que leer bajo la clave de los excesos en las elecciones del año pasado. Por ejemplo, establecer los lineamientos para los noticieros se ha tomado como “tirar línea”. Sin embargo, ese procedimiento ya existe en el actual Cofipe; ahora sólo se discute la fuerza del verbo que determine si la acción será “sugerir” o “presentar” y quizá la novedad sea establecer sanciones. Lo importante para la autoridad electoral será preservar bienes como, por ejemplo, la equidad en la cobertura.
Una parte de las prohibiciones sobre campañas sucias y no intervención de terceros también forma parte del actual Cofipe, con la única diferencia que eran normas sin sanciones. Ahora se van a establecer las sanciones. Como en cualquier marco regulatorio, necesita haber progresividad y proporcionalidad en las sanciones. Hoy parece que habrá penalidades máximas y mínimas, de forma similar a como se dan con el registro de los partidos. Hasta la fecha ningún partido ha perdido el registro por cometer una falta, y vaya si las han cometido, lo cual implica que será muy difícil que el IFE determine unas suspensión de varios días de transmisión por una falta, pero el incentivo para no cometerla será importante.
En suma, creo que lo importante es establecer reglas que resuelvan problemas como los que se dieron en 2006: violaciones que quedaron impunes. Las libertades en esta materia necesitan regulación, no sirve de nada apelar a los absolutos.
La otra parte también es complicada. ¿Estamos ante una vulneración a la autonomía del IFE? Bajo el argumento de que todos los servidores públicos deben ser responsables, se introduce una figura, la nueva contraloría, que será conflictiva y seguramente provocará tensiones permanentes entre el IFE y el Congreso. Esta contraloría, movida desde el Congreso, no sólo tendrá atribuciones administrativas, sino de vigilancia sobre desempeños y capacidades, por lo que la autonomía del IFE se verá seriamente comprometida. De la misma forma, se ha hecho un diseño muy burocrático de las comisiones, espacio fundamental para el manejo entre los consejeros y la estructura operativa, en donde se mete a los partidos, se limita el número de consejeros, por lo cual las comisiones serán como pequeños consejos.
Se hacen fuertes distinciones entre el presidente y el resto de los consejeros, y se establece una suerte de reproducción burocrática, como si el presidente fuera un secretario, y el resto de los consejeros, sus subsecretarios. A ello se agrega que la comisión de fiscalización será sustituida por un órgano técnico, lo cual debilita la fiscalización ciudadana. Tanto por el exceso de reglamentación burocrática como por la pérdida de autonomía, se llevará al IFE a perder sus ingredientes ciudadanizados, y en esa nueva arquitectura, sí se les pasó la mano a los partidos y legisladores.
A unos días de terminar la negociación de las reglas electorales, hay que insistir para que los legisladores dejen de pensar sólo en controlar al IFE y permitan el fortalecimiento de su autonomía y el contrapeso ciudadano. ¿Peras al olmo?
Investigador del CIESAS
PERFIL
Profesor e investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS).
Ha escrito libros y numerosos artículos de investigación.
También ha sido docente en universidades mexicanas y conferencista en diversas instituciones extranjeras, como la Sorbona de París, la UNESCO, la Universidad de California en San Diego y el Instituto Ortega y Gasset en Madrid.
