Tragedias evitablesRosa Albina Garavito
3 de noviembre de 2007
Los habitantes del sureste del país están siendo duramente golpeados por la fuerza inusitada de los fenómenos naturales. Hace apenas unos días el mal tiempo provocó la muerte de 18 trabajadores en las plataformas marinas de Pemex. Hoy las inundaciones en Tabasco han dejado como damnificados a un millón de personas, la mitad de su población, además de la pérdida de los importantes cultivos que se exportan y que abastecen buena parte del mercado nacional. Las imágenes de la tragedia son más que elocuentes: miles de personas con el agua a la cintura deambulan con la mirada perdida y sobre sus hombros las mínimas pertenencias que pudieron rescatar. Sin duda la solidaridad con el pueblo tabasqueño de parte de la sociedad civil y de otros gobiernos locales se hará presente, de la misma manera que los fondos federales aprobados para este tipo de emergencias. Sin embargo, tratar de aliviar la situación con los apoyos en especie y en efectivo que se logren recaudar a lo largo y ancho del país es insuficiente, si además no se realiza el diagnóstico adecuado sobre las causas de esta tragedia.
Tanto en el caso del accidente de Pemex como en el de Tabasco es difícil explicar el total de la tragedia por causas naturales. En ambos están presentes la elusión de las responsabilidades públicas del Estado y la voracidad privada que esa ausencia motiva. El accidente en Pemex puso al descubierto que la principal empresa paraestatal del país utiliza el nefasto esquema de la subcontratación. Este modelo de relaciones también conocido como outsourcing, o relaciones triangulares del trabajo, se ha desarrollado de manera vertiginosa en el país durante la última década. Es un instrumento que las empresas utilizan para abatir costos laborales, lo que para los trabajadores se traduce en reducción de sus salarios, eliminación de prestaciones laborales y aceptación de altas condiciones de riesgo, sin la capacitación ni la protección necesaria.
La combinación de estos elementos en la delicadísima ejecución de labores en las plataformas marinas seguramente explica en buen grado las razones del accidente, de la misma manera que el uso de equipos de baja calidad utilizados por las empresas contratadas por Pemex. Si a ello agregamos las denuncias que se han dado a conocer sobre el tráfico de influencias de parte de los hijastros del ex presidente Vicente Fox para favorecer a dichas empresas, la conclusión a la que podríamos llegar es que se trató de un accidente evitable.
¿Sirve esta conjetura para consolar a los deudos de los 18 trabajadores muertos? ¿O los resultados a los que pueda arribar la comisión investigadora formada para el caso y dirigida por el premio Nobel Mario Molina? No, como tampoco el señalamiento de la negligencia de las autoridades de la Secretaría del Trabajo y los dueños de Minera México en la tragedia de Pasta de Conchos. Ninguno de estos señalamientos regresará a la vida a las víctimas de accidentes provocados por negligencia pública y voracidad privada. La mejor prevención para que no se repitan es la debida investigación y el debido castigo a los responsables.
Y en la catástrofe que hoy vive Tabasco también se asoman la responsabilidad del Estado, y si indagamos un poco más, la voracidad de los intereses privados. Por supuesto, el detonante de esa tragedia es el fenómeno natural de las abundantes precipitaciones pluviales, pero, ¿cuánto de las consecuencias de estas lluvias no se pudo prevenir? Los cambios climáticos derivados del calentamiento global han coincidido con el periodo en que los fundamentalismos económicos del mal llamado neoliberalismo han determinado el paulatino abandono de las responsabilidades de inversión pública en la infraestructura necesaria para un desarrollo sustentable y armónico. Desde 1982, uno de los instrumentos de la política de estabilización económica ha sido la austeridad en el gasto público y la consecuente reducción de los recursos públicos para este tipo de obras y su mantenimiento. En una región de caudalosos ríos como Tabasco la inversión en obras hidráulicas y en su mantenimiento es vital para preservar el desarrollo productivo y la seguridad de sus habitantes. Cada peso no gastado en estas prioridades sociales es una prueba que documenta la responsabilidad del Estado en la tragedia tabasqueña. ¿Se harán las investigaciones necesarias? ¿Se castigará a los culpables? La impunidad es el terreno fértil para que sigan proliferando las tragedias evitables.
Consejera nacional emérita del PRD
PERFIL:
Investigadora del Departamento de Economía de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y miembro de la Comisión Política del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Asimismo, fue diputada federal y senadora por este instituto político. Obtuvo el Premio Nacional de Periodismo 2002.
