20 de diciembre de 2007
El daño está hecho. La acción delictiva adversa a la legalidad abrió la puerta a decisiones políticas contrarias a la democracia. Aunque la Cámara de Senadores haya corregido algunos aspectos de la minuta que le envió la de Diputados, para reformar diversos artículos constitucionales relacionados con derechos fundamentales y justicia, la estructura autoritaria de la reforma subsiste.
Desde 1857 el artículo 16 constitucional había representado un valladar para la acción arbitraria del Estado, y en el curso de 150 años se fue construyendo un sistema de seguridad jurídica acorde con un Estado de derecho democrático. Pero un fenómeno incontrolado hizo estragos en ese Estado, y consiguió buena parte de sus objetivos: la delincuencia organizada pudo más que la burocracia desorganizada, y está a punto de poner a la ciudadanía a merced de un poder policial sin control.
Los senadores corrigieron los aspectos más agresivos de la reforma aprobada por los diputados. La adición al artículo 16 decía: “En los casos de delincuencia organizada, el Ministerio Público de la Federación, autorizado en cada caso por el procurador general de la República, tendrá acceso directo a la documentación fiscal, financiera, fiduciaria, bursátil, electoral y aquélla que por ley tenga carácter reservado, cuando se encuentre relacionada con la investigación del delito.”
Ese texto fue suprimido, pero subsistieron otros aspectos que amplían las facultades represivas del poder. Se está haciendo algo parecido a la introducción en el Código Penal, en 1941, del delito de “disolución social”. Las circunstancias de la Segunda Guerra Mundial, facilitaron al poder político dictar una medida, vigente hasta 1969, conforme a la cual era delincuente quien difundiera “ideas, programas o normas de acción de cualquier gobierno extranjero, que afecten el reposo público o la soberanía del Estado mexicano”. Entre otros, Miguel Aroche Parra, Valentín Campa, Filomeno Mata y David Alfaro Siqueiros, fueron víctimas de la penalización de la disidencia política.
Costó mucho desterrar las prácticas que facilitaban el uso político del Ministerio Público. Sin embargo, hace unas semanas apareció un libro revelador, que tiene como autores a un ex canciller y a un ex vocero presidencial. En sus páginas aparecen numeroso episodios, no desmentidos por el anterior Presidente de la República, conforme a los cuales se acredita el empleo político del Ministerio Público. Ahora se pretende fortalecer ese poder sin control.
La Constitución prevé, en su artículo 29, que en casos excepcionales es posible suspender las garantías individuales, con la aprobación del Congreso y por tiempo limitado. Esta institución, también conocida como “estado de sitio”, confiere poderes extraordinarios al gobierno. Existe en todos los sistemas constitucionales, pero es objeto de control por parte de los congresos e incluso de los órganos jurisdiccionales, para evitar en lo posible su ejercicio arbitrario. Las reformas en proceso de aprobación abren una nueva modalidad: la suspensión de garantías en la propia Constitución, con un poder de policía no sujeto al escrutinio del Congreso ni de la Judicatura. En otras palabras, a partir de que la reforma sea aprobada, en México tendremos una especie de estado de sitio permanente.
Comprendo la situación en la que se encuentran los legisladores. Si se mostraran reacios a darle esa carta en blanco al gobierno, se les acusaría de connivencia con el narcotráfico. La dura retórica oficial ya estaba anunciada. Pero entenderlos no es relevarlos de responsabilidad, porque había otras decisiones complementarias que pudieron adoptar. Esta reforma constitucional no debería ser aprobada sin otra, simultánea, que permitiera preservar la vida democrática del país: aumentar las facultades de control parlamentario.
México está a punto de padecer una regresión constitucional. Hay tiempo y existen mecanismos institucionales para evitarla. Los legisladores no han podido substraerse a la presión gubernamental para disponer de mayores instrumentos de control policial sobre la sociedad; pero bien podrían aumentar, a su vez, los medios de control político sobre el gobierno. Además, por haber matizado las propuestas gubernamentales, subsiste el riesgo de que se les haga responsables de un posible fracaso en la lucha contra la delincuencia. Con la agudeza que han mostrado en otros casos, todavía podrían transformar la regresión, en un avance.
diegovalades@yahoo.com.mx
Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
