26 de diciembre de 2007
Un grupo de intelectuales, reducido en su número pero no en el prestigio que a la mayoría de ellos acompaña en el uso de su inteligencia y en el compromiso social de sus tareas, ha puesto al servicio de la causa por descalificar y nulificar las recientes reformas electorales una nueva demanda de amparo de la justicia federal contra ellas. Lo hacen en nombre del artículo sexto de la Constitución y, casi en el mismo tenor con que aún enfrentan las televisoras y la cúpula empresarial esos cambios legislativos, dicen que la libertad está amenazada.
Confieso que de todas las resistencias que supuse en el imaginario de los intereses afectados por la reforma, escapó de mi proyección esta última reacción y me causó asombro, un tanto por el celo tardío con que se despliega la acción opositora —después de mes y medio de promulgada la reforma constitucional—, y otro tanto por la calidad de los promoventes. De hecho, la figura más visible de este empeño es Federico Reyes Heroles, personaje referencial en el compromiso con la transparencia. Por eso me parece válido detenernos con seriedad ante esa postura, para mí, la primera en torno de preocupaciones genuinas en orden al interés general más que de intereses estrictos. Tampoco digo que tengan razón.
Sin que me lo hayan pedido, ofrezco mi punto de vista sobre su postura porque considero importante señalar que no los debemos meter al mismo saco de los mercaderes de la información, pero quiero advertir que su posición estimula ese mercado. Y opino con los riesgos que en este país entraña opinar sobre las opiniones de los opinadores.
De lo escrito en varios artículos y enunciado por este grupo de intelectuales en el documento explicativo de sus motivos se descarta una impugnación general a toda la reforma electoral, pero fundamentalmente por tres de sus nuevas disposiciones tal reforma ha merecido el calificativo de “mordaza”, “regresión autoritaria”, “retroceso en nuestras libertades básicas”, “perversión”. Magnificar y exagerar son recursos eficaces para la atención social, pero injustos sobre una de las reformas más importantes que modifica la lógica y el funcionamiento de los medios de comunicación en su relación con el Estado y la sociedad: la predominancia del dinero. Podría decir que en esa relación cada día más poderosa entre medios y democracia estamos ante una de las reformas más importantes de la última década en América Latina.
La mayor oposición está en la tercera base constitucional del artículo 41: “Ninguna persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos ni a favor ni en contra de partidos políticos o de candidatos”.
“En razón de las actividades lícitas que desarrollamos, quedamos automáticamente excluidos del derecho a la libre expresión de las ideas a través de la contratación de tiempo de transmisión en los medios, así como a deliberar y crear espacios para la discusión pública de temas que interesan a la comunidad”. Federico Reyes Heroles pone un ejemplo sobre lo anterior: “Supongamos que un candidato o un partido sale con un planteamiento homofóbico o xenófobo, ni usted ni yo ni ninguna organización ciudadana podrá acudir a los medios a defender su punto de vista. Hacia allá vamos. ¿Patidocracia? Por supuesto, peor aún, autoritarismo de partidos con posibilidad de devenir en ‘partidura’”.
Por ningún motivo estoy de acuerdo con esa interpretación, pues a nadie se cancela su derecho de expresarse en los medios, atacar, defender, criticar o favorecer con su opinión a algún partido o candidato. Lo único que se restringe es que eso lo hagan mediante pago. ¿O qué están diciendo, aceptando y promoviendo estos intelectuales en el fondo de su postura? ¿Qué nos tenemos que acostumbrar a que en México la libertad de expresión sólo se pueda ejercer mediante una transacción comercial? Claro que no, pero esta deducción es tan radical como aquella.
Coincidí plenamente con los argumentos que en la exposición de motivos los legisladores ofrecieron para esta prohibición: “La política y la competencia electoral van quedando sujetas no sólo a modelos de propaganda que les son ajenos, sino también al riesgo de sufrir la influencia de los dueños o concesionarios de estaciones de radio y canales de tv, o de otros grupos con el poder económico necesario para reflejarlo en esos medios, que de tal situación derivan un poder fáctico contrario al orden democrático constitucional”.
La inequidad para el acceso de los ciudadanos, y claro, de los grupos sociales, a la radio y la tv en México a partir de la compra de propaganda, es proporcional a la desigualdad económica que concentra 40% del ingreso en 10% de la población. También la libertad de expresión actúa en un marco de derecho, en el que el Estado debe asegurar las reglas de equidad e igualdad de quienes participan en el proceso electoral.
Pero lo que en el fondo nos están planteando es un modelo de libertad de expresión basado en la propaganda. Me permito recordar a varios de ellos, pero sobre todo a Federico Reyes Heroles, la inspiración mayor que en este país tuvo el derecho a la información en su sentido más completo, la de su padre, el Reyes Heroles universal que concibió el derecho a la información como una respuesta a la sociedad de consumo, que fue haciendo de la comunicación y de la información una mercancía y no un bien público.
En eso se centra el diseño del modelo de control de los medios en el mundo sobre los procesos electorales: o te suscribes mediante pago o cada vez verás menos tv, o compras espacio o no existes como voz en el contexto de la influencia política.
Esa posición se resigna al modelo mercantil de comunicación que ha envilecido el verdadero debate que debiera nutrir a la democracia, y en el que fundamentalmente tienen acceso los grupos económicamente poderosos. ¿Sabrán los promotores del nuevo amparo lo que cuesta un spot de tv de 20 segundos en cualquiera de los dos cadenas nacionales? ¿Que hay grupos ecologistas, defensores de los derechos humanos, organizaciones campesinas y sindicales que agotarían sus recursos de un año en la compra de un solo spot? El modelo mercantil de la comunicación está amenazado, no la libertad de expresión. Con todo afecto.
Profesor de la FCPyS de la UNAM
