sábado, 22 de marzo de 2008

Opinión de Rosario Robles en Milenio

Era el momento

En marzo de 2002, a propósito de las irregularidades que se presentaron en la renovación de la dirigencia nacional del PRD, se propuso la creación de una comisión de legalidad y transparencia cuyo encargo sería la limpieza de dicho proceso electoral. Cuatro personalidades intachables la conformaron: Teresa Juárez de Castillo, el ex rector Rubén Rocha, el magistrado Miguel Ángel García Domínguez y Samuel del Villar, quien sería su presidente. Durante meses recibió quejas y agravios. Integró expedientes y finalmente presentó sus recomendaciones por consenso. El informe fue demoledor: “El PRD corrompió su vocación democrática… Los principales promotores de su desprestigio social, antes que los naturales y legítimos adversarios posicionados en otras trincheras ideológicas, corren a cargo de los mismos perredistas…” Y continúa: “Aunque sea para bochorno nuestro, las irregularidades son la regla y las trapacerías de todo tipo estuvieron reiteradamente presentes, desaseando los procesos electorales. Las irregularidades son de tal grado que no hay una sola práctica fraudulenta denunciada por nosotros como oposición frente al otrora invencible PRI que no se haya producido en el marco de esta elección interna. En consecuencia, el problema de raíz que padece el partido es ético y político. Hay pues una crisis moral. Así lo denotan la influencia generalizada de las ambiciones antidemocráticas de poder e incluso de dinero, su agrupamiento en facciones que fragmentan la unidad y la subordinación del marco institucional a sus intereses…” El informe señalaba también que: “hubo fallas estructurales en la organización, en las condiciones de elección de los órganos de dirección, ilegalidad en su desempeño, parcialidad institucional y de administración como la expresión de las causas de fondo de los fraudes electorales… Se cometieron actos arbitrarios de autoridad, conductas violatorias recurrentes y una incapacidad manifiesta, involuntaria y voluntaria, del órgano encargado del control de la legalidad…La fragilidad de los valores y la ausencia de la solidaridad democrática abrió la puerta para que gobernadores priistas y caciques locales autoritarios y corruptos se infiltraran en la elección…”. Todavía más, estableció que “los perredistas pasaron de ser compañeros a tratarse como enemigos y que incluso los funcionarios con cualquier cargo en el partido se lanzaron por los despojos del poder perredista. La elección —concluye— se llevó a navaja libre”. En consecuencia, la comisión recomendó anular las elecciones internas en ocho entidades, sancionar a más de 200 militantes y modificar los estatutos para evitar los resultados caóticos que provocaba decidir en una sola fecha la conformación de los órganos nacionales, estatales y municipales.

La corriente dirigida por Jesús Ortega se opuso frontalmente a dichas conclusiones. Pero incluso gente tan comprometida con la vida institucional y democrática del PRD, como Pablo Gómez, consideró que el dictamen era un exceso. Otros, aún cuando estaban de acuerdo con el fondo, lo objetaron porque significaba anular su propia elección como dirigentes en sus estados. El caso es que una mayoría conformada por diversos intereses se opuso a los resultados a los que cuatro personas honorables —cuyo único interés era recuperar los principios que le dieron vida al PRD— habían llegado por absoluto consenso después de meses de investigaciones y reuniones con dirigentes y militantes. Algunos propusimos (todavía era militante del PRD y en ese momento su presidenta) que se adoptara plenamente el informe (señalé incluso que no había ningún problema si se reconsideraba incluso la propia presidencia), pues el PRD era el partido que había surgido luchando contra el fraude electoral y tenía que ser congruente en su práctica y su vida interna. Fue inútil. Lo más grave es que al desestimar todo ese proceso se le dio un cheque en blanco a todas estas prácticas que en la elección del domingo pasado se expresaron en una dimensión mucho mayor. En el pecado, el PRD llevó la penitencia. De haber aprobado el dictamen del santón (como le dijeron peyorativamente a Del Villar) nada de esto hubiera sucedido. Ese era el momento y se perdió la oportunidad.

rrobles@mileniodiario.com.mx