Domingo 30 de marzo 2008
A pesar de su ineludible sobre politización, la discusión actual sobre una reforma energética cuyas características –por cierto– aún no se conocen, tiene aspectos importantes y virtuosos. Obligar a que el gobierno presente –como se asegura que lo hará hoy– un diagnóstico sobre el área energética es uno de ellos. ¿Por qué? Porque permite a la sociedad ver el nivel de seriedad y profundidad de la visión gubernamental. Y juzgar –asunto imprescindible– su integralidad y sustentabilidad.
¿A qué me refiero? A lo que ha sido señalado ya por algunos estudiosos del área energética, de la petrolera en particular: no es posible restringir el análisis de lo energético –en este caso lo petrolero, pero se puede decir lo mismo de lo eléctrico– a los aspectos de la disponibilidad de recursos y de las condiciones de producción.
La lamentable y demagógica propaganda gubernamental reciente no hace sino confirmar la bajeza de miras y la insuficiencia de perspectivas. Me refiero, al menos, a la que sustenta los espots televisivos del llamado “tesoro petrolero”. ¿Puede usted creer que la mayor prioridad petrolera del momento sea la exploración y el desarrollo de campos en aguas profundas? ¿Se lo han demostrado? ¿Es cierto –técnica y científicamente probado– que el petróleo en el futuro tendrá que venir de yacimientos cuya complejidad supera, por mucho, la que se ha presentado hasta ahora, como se asegura en ese Programa Sectorial de Energía?
Se trata de una verdad a medias. Y, en consecuencia, existen opiniones divergentes en torno a este contundente juicio gubernamental. Y, análogamente, propuestas de prioridades también divergentes. ¿Ejemplos? Al menos uno. Según informes de Pemex, el volumen de recursos petroleros descubiertos e identificados es de 44 mil 500 millones de barriles. De éstos, 14 mil 700 (33 por ciento) son reservas probadas que se pueden producir económicamente con los métodos actuales; 15 mil 100 (34 por ciento) son reservas probables que pudieran llegar a extraerse. Y 14 mil 600 son reservas posibles que también pudieran llegar a extraerse.
¿Cuál es la diferencia entre probables y posibles? Cito definiciones técnicas. Que las probables se identifican por su cercanía a áreas ya perforadas o, incluso, no perforadas, pero cuyo volumen y características se pueden estimar por métodos geológicos y geofísicos, a partir del conocimiento de las ya perforadas. En cambio, las posibles sólo son resultado de estimaciones –también con métodos geológico y geofísicos– pero en áreas no cercanas a las ya perforadas, aunque dentro de una misma zona, provincia o región geológica.
Los mismos informes de Pemex estiman que además de esos recursos petroleros descubiertos e identificados hay otros, los recursos prospectivos. ¿Cuáles y cuántos son? Son los que todavía no se descubren y que se estiman con base en información geológica y geofísica y geoquímica disponible de la zona. Además –muy importante– se estima que pueden ser recuperados. Son de tres tipos. Unos primeros los no descubiertos en tierra y en aguas someras estimados en 24 mil 300 millones de barriles de petróleo crudo equivalente.
Otros segundos de 9 mil 200 millones en las llamadas aguas profundas, es decir, en zonas del mar en los que “se toca tierra” entre 500 y mil 500 metros. Finalmente, unos terceros de 20 mil 300 millones de barriles en las llamadas aguas ultra profundas, es decir, en zonas del mar en los que “se toca tierra” más allá de los mil 500 metros de profundidad de agua en el mar. Este sólo juego de definiciones nos conduce a una serie de preguntas muy importantes, sin incluir –por el momento– la de la capacidad de recuperación. Dada la escasez de recursos –huelga decir que por la carga fiscal draconiana sobre Pemex– qué resulta prioritario: ¿realizar acciones para que las reservas posibles se conviertan en probables, y las probables en probadas? o ¿impulsar proyectos que permitan que los recursos prospectivos pasen a ser parte de las reservas?
Créanme que el asunto no es trivial. Incluso, si se respondiera que lo prioritario es lo segundo o –idealmente– que se pudieran hacer las dos cosas a la vez, surgirían nuevas preguntas que obligarían a nuevas definiciones: ¿Qué tipo de recursos prospectivos debieran trabajarse primero? ¿Los de aguas someras y áreas terrestres? ¿Los de aguas profundas? ¿Los de aguas ultra profundas? ¿Los tres? ¿En qué dosis?
De nuevo, créanme que la respuesta no es simple. Menos simple demostrar que la prioridad es aguas profundas y aguas ultra profundas. Y –todavía más difícil– que para ello hay que cambiar el artículo 27 de la Constitución o, al menos, sus leyes reglamentarias porque –se dice– no hay dinero en el país para emprender esa tarea o, habiéndolo, no hay compañías que presten los servicios para hacerlas.
Ha hecho mucho daño la superficialidad con la que el gobierno y muchos legisladores han tratado el asunto. Y más daño la ignorancia o la mala fe que manifiestan con sus verdades a medias. Y, sin embargo, el asunto no es de iniciados. Ni de especialistas. Es de la sociedad en pleno. Y para que ésta tome una buena decisión, debe informársele clara y verazmente. E, incluso, señalarle su enorme responsabilidad como consumidor de energía –en este caso petróleo– en términos de ahorro y uso eficiente. Justamente para lograr la integralidad y la sustentabilidad energéticas. Sin duda.
NB Con mi recuerdo afectuoso a dos petroleros de ley que ya se fueron: Ulises Ricoy y David Cortés Bastida, aguerridos defensores del poder social que da el petróleo a la nación.
