(Martes 4 de marzo de 2008)
El buque insignia del capital trasnacional español tendrá en Manzanillo, Colima, una cabeza de playa para desembarcar en su nueva reconquista. El gobierno mexicano le construirá allí, sin costo alguno para Repsol, un puerto para traer gas desde Perú que abastecerá a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) durante 15 años.
No es el primer gran negocio de la petrolera española en México. Sus actividades en suelo mexicano tienen historia. Durante el gobierno de Vicente Fox se vio beneficiada con jugosos contratos. Siendo Felipe Calderón secretario de Energía, ¡vaya casualidad!, Pemex y Repsol firmaron en 2003 un contrato por 2 mil 400 millones de dólares, el primero en su tipo, para conceder a la empresa hispana la explotación de 16 campos de gas en el bloque Reynosa-Laredo, al noreste de la república. La concesión convirtió a Repsol en la mayor empresa petrolera extranjera en explotar hidrocarburos en México en más de tres décadas.
Repsol YPF es una de las 10 petroleras privadas más poderosas del mundo. Tiene operaciones en 28 países. Es la mayor empresa privada energética en términos de activos. En el negocio del gas licuado es la tercera compañía del planeta en tamaño. Se trata de un moderno gigante petrolero nacido en un país prácticamente sin petróleo: de los 68 millones de barriles de petróleo equivalente obtenidos en 1997 por la empresa, sólo un millón fue extraído dentro del Estado español. Lo mismo sucedió con el gas. De los 13 millones de producción total, sólo 800 mil barriles se sacaron de allí.
Repsol nació en 1996 como resultado de una iniciativa para integrar los dominios petroleros de España en un solo grupo empresarial. Creció en un mercado sin competencia. Entre 1989 y 1997 se privatizó. En 1999 adquirió la compañía argentina YPF por 15 mil millones de dólares. A partir de entonces se convirtió en “la mayor compañía española en cuanto a ingresos, la mayor compañía privada del sector energético en Latinoamérica en términos activos”. Sus beneficios alcanzan 845 millones de euros al año.
La Caixa (junto con Repinvés) es dueña de casi 13 por ciento de las acciones, y el Banco Bilbao Vizcaya (BBVA), de 6.30 por ciento. A pesar de la preminencia de inversionistas españolas, casi 16 por ciento de sus participaciones pertenecen a dos entidades financieras estadunidenses: JP Morgan Chase Bank y State Street Banks and Trust.
Repsol adquirió la empresa argentina YPF de manera irregular, aprovechando las graves dificultades económicas y la enorme deuda externa de ese país. La empresa fue forzada a endeudarse en el exterior, aunque tenía suficientes recursos para financiar su desarrollo. Previamente a la privatización, sus reservas fueron devaluadas. La compra se hizo en Nueva York un día antes de que apareciera en el Boletín Oficial del Estado. Las acciones que habían comprado los trabajadores fueron vendidas ilegalmente.
Repsol se adueñó de manera gratuita de la compañía boliviana de capital estatal Andina SA. Tiene varias causas judiciales pendientes por delitos contra el medio ambiente y agresiones a los pueblos indígenas. Parte de sus trabajos de exploración se realizan en áreas naturales protegidas y en territorios indígenas.
En su informe sobre Colombia de 2004, Amnistía Internacional acusó a la petrolera de no respetar los derechos humanos y dar apoyo financiero a unidades del Ejército con vínculos probados con los grupos paramilitares de ese país (14 preguntas/14 respuestas sobre Repsol-YPF).
Antes de ser nacionalizada en Bolivia, infló en 25 por ciento las reservas de crudo. De paso había registrado en la Bolsa de Nueva York las reservas de gas de ese país como si fueran suyas. Ha sido procesada penalmente en Estados Unidos por contrabando de crudo y falsificación de documentos.
Según el investigador Marc Gavaldá, autor del libro Viaje a Repsolandia: pozo a pozo, por la Patagonia y Bolivia, no es que Repsol compre sus filiales aprovechando las crisis; más bien genera crisis. Por ejemplo, en Bolivia se aprovechó de un Estado totalmente desmantelado.
Casi en todos los países donde actúa se suscitan gran cantidad de protestas sociales y demandas judiciales en su contra. Bloqueos de campos petroleros, huelgas de hambre y pleitos legales se suceden uno tras otro. Parte de éstos fueron expuestos durante la realización del Tribunal Permanente de los Pueblos sobre Repsol, en Colombia y en el mundo, efectuado en Madrid el año pasado.
En la declaración final de la audiencia preliminar del tribunal se concluyó que la petrolera española era culpable de realizar actividades que contribuyen al cambio climático global y a la destrucción ambiental del planeta; de incrementar el desplazamiento de las poblaciones indígenas; de continuar el saqueo de recursos de los países del sur; de operar en países donde se producen graves violaciones a los derechos humanos; de poner en peligro la posibilidad de las generaciones presentes y futuras de continuar viviendo de forma digna.
Los problemas de Repsol no se circunscriben a sus difíciles relaciones con pueblos indios y grupos ambientalistas. Gobiernos nacionalistas y distintas calificadoras la han sometido a duras pruebas. En Argentina, el gobierno de Néstor Kirchner presionó a Repsol para que se desprendiera de 20 por ciento de las acciones de YPF. Una amputación muy dura. Cuarenta por ciento del negocio de la petrolera proviene de esa nación.
España, según el informe del think tank estadunidense Stratfor, “utiliza a Repsol para financiar el desarrollo de aquellos gobiernos que desea mantener en el círculo de amistades. Sin embargo, para desgracia de Madrid, está resultando muy costosa”.
Afortunadamente para la empresa, no todo son descalabros. El gobierno de Felipe Calderón ha entrado al rescate de la trasnacional ibérica: nuestro país importará gas de Perú para generar energía eléctrica. El proyecto de 16 mil millones de dólares beneficiará a Repsol. ¡Vaya novedad!
