Laura Itzel Castillo
El Universal gráfico del 18 de noviembre de 2009
Represión y desalojo en el territorio de Peña Nieto
Ante la crisis como la que vivimos, distintos organismos internacionales como la ONU y la Cepal recomiendan reforzar las políticas sociales para reducir los efectos negativos en la población. Sin embargo, desde hace 25 años, México aplica ciegamente los dictados del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Esto ha provocado, entre otras cosas, el alarmante crecimiento de la cartera vencida de créditos para la vivienda de las dependencias públicas y de los bancos.
Lejos de promover alternativas viables para los acreditados, se ha optado por judicializar las políticas para despojar a las familias de su patrimonio. Lo más grave es que, en muchos casos, el gobierno se convierte en cobrador y aparato represor de los bancos.
El Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna denunció que el pasado jueves 12 de noviembre de 2009, Deutsche Bank México, actuarios del juzgado civil de Otumba y 200 golpeadores —custodiados por la policía del municipio de Tecámac, que gobierna Aarón Urbina Bedolla— reprimieron a mujeres y a niños para quitarles su casa.
El Frente alerta que el director de seguridad amenazó que el próximo 20 de noviembre acudirá con 800 policías para concretar los desalojos. Los habitantes de Tecámac también denuncian fraude y presión extrajudicial de las constructoras Urbi, Sadasi, entre otras, y de las Sofoles Patrimonio —de la cual es representante legal el diputado panista Martín Rico, presidente de la Comisión de Vivienda— e Hipotecaria Su Casita.
Esta situación es a todas luces muy grave. Es inaceptable que se trate a estas familias como delincuentes, cuando los culpables de la crisis económica son precisamente quienes, en complicidad con las autoridades locales, pretenden desalojarlas. Es también muy grave que se violen los tratados internacionales que el Senado ha firmado para garantizar el derecho humano a una vivienda digna y decorosa. Distintos países se han sumado a la campaña Cero desalojos que promueven organizaciones como la Alianza Internacional de Habitantes y Dignity International.
La política de garrote que se aplica en la entidad que gobierna Enrique Peña Nieto contrasta con lo que se hace en otras latitudes del país, como el DF, en donde, primero Andrés Manuel López Obrador y hoy Marcelo Ebrard, se han preocupado por garantizar un techo digno y seguro para la población. Desde aquí demandamos respeto a las garantías individuales de los habitantes de Tecámac.
