RECREO: El principal atorón está en las procuradurías

Por J. Luis Medina Lizalde

Publicado el 29 de junio de 2009 en el periódico IMAGEN

AL PRINCIPIO
SE SOLICITA LA PRESENCIA DE LOS “DEFENSORES DE LA LEGALIDAD”

Un grupo de trabajadores mineros recorrió el centro de la ciudad de Zacatecas para dar a conocer que 70 de sus compañeros fueron despedidos por pretender formar un sindicato. Según lo que ellos manifiestan se trata de un esfuerzo por darle vida a una organización distinta a la que pese a los intentos gubernamentales en contrario, sigue liderando Napoleón Gómez Urrutia.

En principio, es contra todo derecho que los patrones tomen represalias en contra de sus trabajadores que decidan sindicalizarse.

Si la empresa Capstone Gold corrió a estos trabajadores, es porque ve a nuestras autoridades “chiquitas y orejonas”, pues eso no lo harían en Canadá ni en ningún otro país en donde la ley sea la que mande.

Por otro lado, la multiplicación de sindicatos de un mismo ramo o de una misma empresa, siendo legal, también dispersa la lucha de los trabajadores. Sería más fructífera la democratización de los grandes sindicatos.

TODO POR NO ESCUCHAR

Mala remendadora resultó la cámara de diputados cuando, por trámite discreto del ejecutivo, pospone la introducción de los juicios orales hasta el 2012 en los distritos de Calera y Fresnillo, y hasta el 2013 en el resto de los distritos judiciales del estado, mientras continúan en el único distrito donde ya están vigentes, que es el de Zacatecas y Guadalupe.

Los tropiezos de la introducción de la oralidad en los procesos penales no son sólo en Zacatecas, en otras entidades han experimentado situaciones similares al grado tal, que la mayor parte de los gobiernos estatales han adoptado una actitud pasiva ante una transformación que tiene de plazo hasta 2016, según la reforma constitucional en la materia.

Al gobierno del estado de Zacatecas le entró una irreflexiva prisa por embarcarse en esta aventura sin escuchar las voces en contrario de ministros de la Suprema Corte, de prominentes especialistas y de litigantes experimentados, pero no sólo hubo sordera, también hubo negligencia hasta para prevenir lo menos difícil, que es la infraestructura física.

Lo mismo en el plano federal que en las entidades federativas, el atorón principal está en las procuradurías.

Así como están, ya no dan para más.

Son instituciones capturadas por la lógica facciosa, no persiguen el delito sino a los adversarios de los intereses del grupo al que sirven, no protegen a la sociedad, sino al grupo que los puso.

No es casualidad que en vez de potenciar los servicios periciales y la formación de investigadores la política criminal en boga privilegie el espionaje telefónico, la intercepción de correspondencia, la violación del domicilio, el inhumano arraigo.

El resultado que arroja el único distrito con juicios orales es elocuente: del cinco de enero a mediados de este mes en números aproximados, hay 1700 denuncias de las cuales solo 60 se han judicializado.

Otro dato digno de consignar es el desacato a lo dispuesto en el artículo 17 constitucional respecto a que el defensor de oficio por ningún motivo debe ganar menos que un agente del ministerio público. Medida sin la cual es puro cuento la obligación del estado de proporcionar servicios jurídicos de calidad a los pobres en líos con la justicia, servicios sin los cuales, muchos inocentes están en el total desamparo.

Los juicios orales ofrecen ventajas innegables para una mejor justicia, pero si no se le pone antes remedio al desastre en la procuración de justicia, es como pretender construir una casa empezando por el techo.

AL ÚLTIMO
CON RAZÓN NO DA UNA

Cuando Felipe Calderón dijo que los jóvenes se drogan porque no conocen a Dios en su afán de ganar simpatías de un pueblo católico al que subestima, refleja que no conoce ni la superficie del problema, si no, sabría que es falso su diagnóstico.

Por un lado la religiosidad de los narcotraficantes es tan manifiesta que es justamente en los bautizos y primeras comuniones en donde más seguido caen, como fue el caso, como muchos otros, de algunos integrantes de la familia michoacana.

El 20 de mayo del 2003 se presentó una denuncia ante la PGR del ex procurador general de la república Jorge Carpizo, en donde se describe la bonanza inexplicada de alguna diócesis norteña, y en donde, con todas sus letras, se acusa de lavado de dinero a otro que dice conocer a Dios: Sandoval Iñiguez, y otras quince personas. Claro, no pasó nada

Nos encontramos el jueves en el recreo
luismedinalizalde@gmail.com  

Desfiladero

Jaime Avilés
La Jornada, 27 de junio de 2009.

• Tribunal Electoral: jaque a la reina

En septiembre, cuando el nuevo Congreso quede instalado, el Poder Legislativo tendrá elementos de sobra para someter a juicio político –a fin de destituir y sancionar– a la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), María del Carmen Alanís Figueroa, por el cúmulo de violaciones constitucionales que perpetró, junto con sus compinches magistrados, al destruir deliberadamente el principio de certeza en la elección para jefe delegacional de Iztapalapa.

Las puntuales denuncias publicadas al respecto por conocedores profundos del tema como Miguel Ángel Granados Chapa, Eduardo R. Huchim, John Ackerman y Octavio Rodríguez Araujo no dejan lugar a dudas. Amiga, hace ya muchos años, de Margarita Zavala, de Felipe Calderón y de Germán Martínez, Alanís actuó por consigna de Los Pinos, a espaldas del derecho. Su actitud facciosa la descalifica para seguir fungiendo como máxima autoridad electoral del país. He aquí las pruebas que documentan sus atropellos.

Con el respaldo del movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador, Clara Brugada ganó la elección interna del PRD en Iztapalapa por 99 mil 890 votos, lejos de los 94 mil 560 que obtuvo Silvia Oliva, de la corriente de Jesús Ortega. Inconforme con ese resultado, Oliva lo impugnó ante el Instituto Electoral del Distrito Federal, que anuló 25 casillas pero ratificó el triunfo de Brugada.

Oliva interpuso una nueva queja, ahora ante el TEPJF, el 18 de mayo. Ésta llegó el 22 de mayo a la sala regional correspondiente al DF, pero nadie la tomó en cuenta. El 2 de junio, impaciente, Oliva solicitó que la sala superior del TEPJF atrajera el caso, pero su petición fue rechazada por extemporánea, ya que el plazo para realizar ese trámite había expirado el 18 de mayo. ¿Ah, sí? Pues horas después, luego de un intercambio telefónico entre el PRD y Los Pinos, Alanís ordenó darle entrada al expediente, 15 días después de lo permitido por la ley. Primera violación constitucional grave.

Eduardo Huchim apunta que, el 8 de abril, esa misma sala superior se había negado a atraer una denuncia interpuesta contra el candidato del PAN en Gustavo A. Madero. Como éste es un hombre leal a Germán Garza, la presidenta del TEPJF lo protegió, pese a que el quejoso lo había impugnado en tiempo y forma. Segunda violación constitucional grave.

Alanís y sus magistrados se tardaron del 3 al 11 de junio para analizar la queja de Oliva contra Brugada. En ese lapso, fueron impresas las boletas electorales en que Brugada aparecerá el 5 de julio como candidata aunque ya no lo sea. Una vez logrado este perverso objetivo, el 12 de junio el TEPJF pronunció su fallo, irreversible, inatacable: después de anular 47 casillas de la elección interna del PRD, encontró que Silvia Oliva tenía 771 votos más que Clara Brugada; por lo tanto, era la nueva candidata.

¿Qué criterios emplearon los magistrados para anular más de 5 mil votos? ¿Detectaron manipulación de las actas, introducción ilegal de boletas a las urnas, asalto a las casillas?, se pregunta Huchim. Nada de eso: el argumento supremo que invocaron fue que los funcionarios de esas 47 casillas no pertenecen al padrón de militantes del PRD. Y el TEPJF puso por encima de las leyes federales vigentes en el país, el reglamento interno de un partido, que no se aplica a ninguna otra circunstancia. Tercera violación constitucional grave.

La cuarta, sin duda la peor de todas, consistió en que Alanís y los magistrados manipularon los tiempos para que el nombre de Brugada quedara impreso en las boletas con la intención de confundir a los ciudadanos. La función más importante de un tribunal es dar certeza jurídica, y lo que hizo el TEPJF en Iztapalapa fue exactamente lo contrario, afirmó Huchim, entrevistado por el autor de esta columna el pasado martes, entre 8 y 9 de la noche, en el programa Discrepancias, que conduce Miguel Angel Velázquez en Radio UNAM. ¿Esto convierte a Maricarmen Alanís en delincuente electoral?, intentó precisar el columnista. Huchim contestó: Podría ser llevada a juicio político por el Congreso.

Después de emitir su sentencia, el TEPJF incurrió en nuevos atropellos: ordenó al Instituto Electoral del DF (IEDF) que registrara a Oliva como candidata del PRD. El IEDF respondió que, antes, debía examinar el reporte de gastos de precampaña de Oliva para ver si no se había sobrepasado. Como esta respuesta lo sacó de sus casillas, el TEPJF estalló, fijándole al IEDF un plazo perentorio: si no la registran mañana sábado, se les acusará de desacato. La banda del TEPJF no había reparado en que el IEDF ya había convocado a sesión el domingo, pero como tenía encima la presión histérica de Maricarmen, registró a Oliva a destiempo y sin haber revisado sus gastos de precampaña. En los próximos días podría llegarse al colmo del absurdo: si se comprobara que Oliva gastó más de lo tolerado por la ley, el IEDF tendría que volver a darle la candidatura a Brugada.

Todas estas acciones ilícitas, inmorales, vergonzosas, canallescas, propias de un coyote de barandilla, no del máximo tribunal en asuntos electorales, aconsejan que si hemos de frenar el envilecimiento de las instituciones públicas en México se deben tomar las medidas necesarias para separar de su cargo a Maricarmen Alanís, porque ella perdió en Iztapalapa todo vestigio de autoridad moral y, por lo tanto, no podrá arbitrar las elecciones presidenciales de 2012, por más amiga que sea de Margarita Zavala, de Calderón y del resto de la camorra panista.

Después de conocer en detalle las chicanadas que el TEPJF cometió en Iztapalapa, los lectores comprenderán mejor por qué, para encubrirlas, ahora Televisa vomita torrentes de odio en contra de López Obrador, cuya estrategia para lograr que la resistencia civil pacífica vote por el candidato del PT a fin de que gobierne Brugada, ha obtenido un rotundo éxito. Si no fuera así, la ultraderecha no habría alquilado pepsicólogos y pepsiquiatras para diagnosticar que Andrés Manuel es un sicópata muuuy peligroso, ni hubiera desamarrado a Fernández de Cevallos para que saliera a proclamar la noticia, ladrando como acostumbra, con la cara torcida por la desesperación. Y es que, péjele a quien le peje, no pueden con el Peje...

Otra amiga de la familia

¿Usted sabe dónde está Carla Rochín Nieto o por lo menos quién es? De acuerdo con el curriculum vitae que obra en los archivos del departamento de recursos humanos del Instituto Mexicano del Seguro Social, es licenciada en decoración de interiores por la Universidad de Guanajuato y cursó varios diplomados: uno, en políticas públicas, que no terminó, por el ITAM; otro, en alta administración municipal, por el Tec de Monterrey; dos más en administración pública y calidad en la administración pública, por el IAP; otro en derecho parlamentario por el PAN, y de pilón uno extra en administración pública municipal, por la Complutense de Madrid.

Además de haber sido gerente general del restaurante El Gallo Pitagórico (no puso qué tipo de comida sirve), de 1988 a 2000, gracias a su ferviente devoción por los asuntos municipales, fue secretaria particular del alcalde de Salamanca, Guanajuato. De 2003 a 2006 fue diputada federal panista. De diciembre de 2006 a julio de 2007 fue directora general de Culturas Populares, cargo desde el cual salió para convertirse en coordinadora nacional de las guarderías subrogadas del IMSS en donde hoy, como tal, es responsable directa de la guardería ABC de Hermosillo y de la muerte que en ella encontraron 47 bebitos por negligencia criminal.

¿Alguien sabe por qué nunca ha dado la cara ante la opinión pública o por qué no la ha entrevistado la siempre imparcial y objetiva Televisa? Obvio: porque al igual que Maricarmen Alanís, Carla Rochín es muy amiga de Margarita Zavala y por lo mismo protegida de Felipe Caldherodes.

jamastu@gmail.com

UNA DEMOCRACIA MEDIÁTICA

Luis Linares Zapata

Publicado el 24 de junio de 2006 en La Jornada

En medio de la peor caída del empleo y de la producción industrial de que se tenga memoria en el país desde la Gran Depresión (1929), parte sustantiva de la crítica que se expresa en medios sigue ensartada en discurrir sobre la validez o pertinencia del voto en blanco.

Los más de 2 millones de personas que engrosarán –sólo en este año electoral– el desempleo, les parecen materia de segunda mano. El derrumbe (-18 por ciento) sin precedente de la producción industrial les pasa de largo, a juzgar por su marcado desinterés sobre el tema.

El manojo de conductores y titulares de programas de comentario, con salidas públicas privilegiadas en los medios electrónicos de comunicación, fijan sus baterías retóricas muy lejos de tales temas, ambos cruciales para la justicia distributiva o para la informada, crucial, acción de votar. Pero la actuación defensiva emprendida por López Obrador ante el ataque sobre el electorado perredista de Iztapalapa, perpetrado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) al designar a Silvia Oliva como candidata a delegada, les atrae de manera compulsiva. Se enfrascan así en una avasallante purga en busca de culpables y nadie más propicio que AMLO para descargar sobre él las furias de sus juicios terminales.

El linchamiento mediático hacia AMLO es, como en otras ocasiones, descomunal, por decir lo mínimo. El autoritarismo ha sido el catálogo preferente de conductores y opinadores de clara y porosa tendencia conservadora. Estos señores y señoras reaccionan de manera virulenta ante cualquier reclamo a su actuación. Se piensan periodistas independientes cuando, en la práctica, han terminado por ser, en verdad, auxiliares orgánicos de las empresas donde alquilan sus talentos. O, más que eso, defensores de oficio, o por consigna, de los intereses de los concesionarios que les dan tan conspicuas oportunidades difusivas.

Esta comentocracia, con sus señeros representantes ya harto conocidos para nombrarlos, se han regodeado en algunos de los ángulos más agudos y sonoros del alegato de AMLO ante la masiva concentración en Iztapalapa, ya muy citada por ellos y ellas. Además del autoritarismo, se vienen apuntando, con esmero digno de relojero suizo, otros aspectos de la personalidad de AMLO: atrabiliaria, según sus reglas inapelables de mostrar lo que, ellos, juzgan como hechos demostrados.

AMLO, acusan, diseñó un atajo ilegítimo (otros suponen ilegal sin mostrar las fallas para tal consideración) para no acatar el mandato del tribunal. Una arista personal ya bien resaltada en sus anteriores diatribas contra el que, a pesar de sus sentencias condenatorias, es, y sigue siendo, el más popular, honesto y atractivo líder del país. Gritan que le da órdenes al jefe de Gobierno (Marcelo Ebrard), a la Asamblea y al candidato del PT, sin respeto alguno. Citan sus detractores, con vehemencia inusitada, los trillados lugares comunes de la crítica insulsa.

Nunca, bajo consideración alguna pensaron (y siguen sin recalar en ello) que la detallada exposición de AMLO ante la audiencia callejera obedeció al prurito de presentar, ante los electores de Iztapalapa, lo que se iba a hacer para defender su voto. Nada quedó oculto o disfrazado con tono discreto. Había que exponer, con claridad y crudeza, la ruta escogida. Ciertamente no era la mejor, la pulcra y directa, tampoco la indicada en condiciones normales. Es una ruta de escape a la imposición. Pero, sin embargo, es una alternativa sujeta al mejor y libre juicio de los electores. Nadie les obligará a la obediencia, sino que se apela al sano criterio, a su conveniencia y responsabilidad. Ya sabrán los ciudadanos si la apoyan o rechazan.

La ruta apuntada por AMLO es una que evita ser arrollado por las complicidades de unos cuantos ambiciosos del PRD en connivencia con los usuales enemigos del pueblo. No de ese pueblo bueno que tanto citan como el falso referente obradorista cuando ejercen sus críticas laterales para descalificarlo de manera tramposa. El que reclama Obrador es ese pueblo que titula y signa su propio accionar. El depositario real de la soberanía, el efectivo motor del cambio venidero. Obrador se dirige a ese pueblo, cada vez más harto y consciente, para invitarlo a que sea actor de una epopeya, la de su emancipación: para que ya no sea el destinatario efectivo de los múltiples agravios que les derrama el poder establecido.

Para AMLO, como para otros muchos, el pueblo es el abigarrado segmento, en verdad, mayoritario de la población que ha sufrido y sufre, en carne propia, discriminaciones cotidianas e injusticias distributivas que los atan a la marginación y a la pobreza más indignante. Aparte de ese pueblo (de Iztapalapa) había que encontrarle una ruta de escape a la atrabiliaria decisión del TEPJF.

El tribunal actuó de manera por demás impropia. Atrajo un caso sin importancia nacional. Uno que ya había sido dictaminado en contrario por varias instancias: internas del PRD, en el IEDF y el TEDF. A pesar de ser notoriamente extemporánea la petición de la afectada, hoy candidata por mandato terminal, se le atendió oficiosamente, una ruta indebida para tan alto tribunal, sobre todo dado lo avanzado del proceso electivo. La anormalidad continua al presentar, en la boleta, el nombre de quien no será la destinataria de las simpatías populares, sino, precisamente, su rival. Pero tal embrollo no es motivo de reflexión de la opinocracia. Para ellos lo importante es apedrear a Obrador, restarle fuerza, exponerlo al escarnio cotidiano, abrir la puerta a los que puedan disputarle su candidatura, cualquiera que represente, para ellos y sus patrones explícitos, la continuidad segura de sus privilegios.

En el fondo, todo se reduce, quiéranlo o no, díganlo o disfrácenlo, a parar a quien sostiene la urgencia de un cambio completo, radical, del modelo de gobierno y de país en pos de construir una nación independiente y justa.

RECREO: Preocupa a Televisa su credibilidad

Por J. Luis Medina Lizalde

Publicado el 25 de junio de 2009 en el periódico IMAGEN

AL PRINCIPIO

TELEVISA PIDE DERECHO DE RÉPLICA

Televisa ha inspirado muchas críticas, los libros en torno a esta sobresaliente empresa mexicana de gran presencia en el mundo, examinan desde su indudable rol como instrumento de control, hasta su impacto en el habla popular. 

Desde hace décadas proliferan las referencias críticas a lo que divulga y a lo que calla. 

El público mexicano se ha vuelto experto en notar los sesgos con que trata el acontecer nacional. Advirtió por ejemplo su silencio en torno a las acusaciones que formuló Miguel De la Madrid a Salinas de Gortari. 

Sabe el público que Televisa tiene su lista de “santos”, con el presidente en turno a la cabeza, y su lista de “demonios”, ahora encabezada por López Obrador como antes por Cuauhtémoc Cárdenas.
 
A Televisa las críticas se le resbalan, o se le resbalaban, porque ayer publicó en varios diarios de circulación nacional un desplegado en donde rechaza las aseveraciones contenidas en un libro titulado “Si yo fuera presidente, el reality show de Peña Nieto”. Y arremete en contra de su autor Jenaro Villamil, la revista Proceso y Carmen Aristegui.

Contrasta su colérica reacción con el silencio guardado ante “Derecho de réplica”, de Carlos Ahumada, en donde éste sostiene que Televisa, al igual que televisión Azteca son instrumentos de Salinas de Gortari.

Es la primera vez que les preocupa su credibilidad

IZQUIERDA CON SÍNDROME DE ESTOCOLMO

Un tal Francisco Brown tomó la olímpica decisión de renunciar a la candidatura por el PRD a gobernador de Campeche y sumarse al candidato panista al mismo cargo, el delfín de la familia Mouriño. Con esa decisión, el PRD se quedó “chiflando en la loma”. En Querétaro un tal Guillermo Félix, empresario bicicletero candidato a presidente municipal en ese estado, con algunas horas de diferencia también les “tira el arpa” a los perredistas para sumarse al proyecto del candidato del PRI a la gubernatura del estado.

La historia personal de ambos es la de aquellos predestinados para pasársela bien: para ellos, el dinero no es problema.

El primero es cuñado de Juan Carlos Mouriño, hermano del malogrado secretario de gobernación, el segundo, un hombre de negocios.

Extrañamente, el más grande partido creado por la izquierda mexicana frecuentemente es representado por individuos cuya historia personal no sólo es alejada, sino hasta opuesta al ideario de la ideología que más sacrificio humano ha aportado a las luchas por cambiar este país, pues son de izquierda los Rubén Jaramillo, los caídos en Tlaltelolco, los torturados en el campo militar, los más de 600 perredistas asesinados durante el salinismo, los de Acteal y los de Atenco.

En la izquierda hay muchos testimonios de abnegada permanencia en un ideario y también hay una agenda de transformaciones en nombre de las cuales se procura ser gobierno.

Pero algunos se ven a sí mismos con los ojos de los adversarios, ven a la militancia como a la muchedumbre inevitable a la que hay que usar pero no darle poder.

Sus restaurantes son Pierre Cauchon, sus hoteles los de Polanco, y su lugar en los aviones es en clase ejecutiva. No quieren ser confundidos con la “plebe” y no escatiman denuestos en contra de los “rijosos”, los “no modernos”, los “no civilizados”. 

La prensa de los “decentes” hace constar sus virtudes sobre todo cuando de desacreditar la rebeldía social se trata.

Los especímenes que invitaron a candidatearse al cuñado de Mouriño y al empresario queretano, sí hace un siglo hubieran existido, le hubieran llamado “robavacas” a Pancho Villa, y a Zapata “el Atila del sur,” y a sí mismos: “revolucionarios”.

AL ÚLTIMO
LA JUSTICIA SORDOMUDA

Los familiares de los custodios ayer protagonizaron una protesta en pleno zócalo de la capital de la república. La solidaridad ciudadana con su causa va en aumento en la medida en que se advierte la arbitrariedad de la justicia federal que no muestra preocupación alguna ante la eventualidad de hacer pagar a justos por pecadores.
 
No sólo en el caso de la fuga de Cieneguillas, también la orientación de la justicia en el caso de la guardería incendiada en Hermosillo, Sonora, es visible la misma orientación de castigar a los más indefensos y encubrir a los verdaderos responsables.

Si la sociedad mexicana no se moviliza contra la criminalización de la pobreza que se observa en las actuaciones de la PGR, terminaremos por temerle más a la autoridad que a la delincuencia. 

Nos encontramos el lunes en el recreo
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DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y VOTO CIUDADANO

Arnaldo Córdova

Publicado el 21 de junio de 2009 en La Jornada

Rousseau escribió que los ingleses se sentían libres porque iban a votar cada dos años, pero que, luego de hacerlo, volvían a ser tan esclavos como antes. Para el pensador ginebrino, el solo hecho de votar no garantiza el buen gobierno de la sociedad; para ello, además, es necesaria la presencia constante del pueblo en los actos de gobierno y, desde luego, que sus ciudadanos vigilen esos actos y, en cuanto se dan, puedan corregirlos si salen mal e, incluso, revocar el mandato de sus elegidos si persisten en sus errores.

Para Kant, en cambio, esa presencia permanente del pueblo en la política es innecesaria y hasta nociva, por el simple hecho de que el pueblo no deja gobernar y, luego de cada elección, sus integrantes deben irse a sus casas. En la historia del pensamiento político, ambos puntos de vista definían la oposición entre una democracia directa y una democracia representativa.

Eso no quiere decir, de ninguna manera, que el voto sea inútil. El voto es el acto que permite y diseña el funcionamiento de las instituciones del Estado y lo hace a través de las opciones entre las que elige. Sólo que de esa manera, en una democracia meramente representativa, no hay vigilancia posible del gobierno ni posibilidad alguna de que sea corregido y, menos, de que quienes fueron elegidos reciban una sanción por sus errores o puedan ser despedidos.

La presencia constante de los ciudadanos en las tareas de gobierno, ya vigilando que se haga bien ya sugiriendo o imponiendo correcciones o ya, incluso, revocando el mandato otorgado a través del voto, marca la diferencia entre una democracia participativa y una democracia representativa. También habla de la eficacia o menos de los gobiernos, de su dedicación a procurar el bienestar del pueblo y de la nación, como lo estipula el artículo 39 de nuestra Carta Magna, de su fidelidad a lo que dictan las leyes y, claro está, de que en su acción no haya lugar a la impunidad, a la arbitrariedad y al autoritarismo.

Mantener reunido al pueblo de los ciudadanos, como lo deseaba Rousseau, en las multitudinarias sociedades modernas resulta imposible; pero existen modos de dar forma a esa permanente vigilancia ciudadana de los actos de gobierno. El plebiscito (se pide al pueblo que decida entre distintas opciones) y el referéndum (se le pide que respalde o rechace decisiones ya tomadas) y que tienen como complementos necesarios el poder ciudadano de revocar el mandato de sus representantes y someterlos a responsabilidades por sus actos y el derecho de petición y de iniciativa de propuestas de la ciudadanía son esas formas que, como se ha visto en los últimos 100 años, por lo menos, se vienen abriendo camino en todos los regímenes políticos democráticos.

Votar es un derecho fundamental del ciudadano y, en realidad, es lo que lo define como tal, como ciudadano. Renunciar al voto o invalidarlo de cualquier forma es la anulación de ese derecho y de la misma esencia de la ciudadanía. Pero reducirlo al solo hecho de sufragar es dejarlo totalmente inoperante e ineficaz. No se trata de retroceder, anulándolo, sino de progresar, dándole la fuerza necesaria para que haga que el gobierno sea lo que él decide que debe ser.

Una auténtica reforma del Estado, que es lo mismo que una real reforma política en todos los órdenes, debe empezar por dotar al ciudadano de los poderes que, con su voto, se trasladan automáticamente a los que han sido elegidos, sin garantía de que cumplan con su cometido ni, desde luego, puedan ser obligados a ello. Para realizar esa aspiración ciudadana hay sólo un camino que es sencillo sólo en apariencia: que los partidos se pongan de acuerdo y lo decidan.

Todos sabemos, empero, que los primeros interesados en mantener las cosas como están y que los ciudadanos sigan votando sin que les puedan fincar responsabilidades por su desempeño como fuerzas de gobierno son, justo, los partidos políticos. Estos han sido los que han bombardeado todos los esfuerzos que se han dado para una reforma del Estado; ellos son los que siguen pensando que lo mejor es que, una vez que los ciudadanos voten por sus candidatos, se esfumen sin entorpecer su labor de gobierno. Sólo exigen que se crea en sus promesas, sin que sean vigilados ni sindicados.

Los ciudadanos que están efectivamente decepcionados de su derecho a votar (no quienes interesadamente están llamando a abolir ese derecho cívico fundador) tienen toda la razón en no creer ya en los partidos; pero renunciar a sus derechos no es el mejor modo de hacer que se respeten. Hay innumerables acciones para hacer que se comprometan a realizar una reforma política que imponga como un mandato constitucional la instauración de aquellas formas de democracia participativa sin las cuales el control ciudadano sobre los actos de gobierno es absolutamente imposible y que son el plebiscito, el referéndum, la revocación del mandato y el poder de iniciativa popular.

Los ciudadanos pueden reunirse por su cuenta para ese fin y elaborar peticiones para sus partidos, si son miembros de alguno de ellos o, también, para los propios representantes que han sido elegidos y conformar un movimiento cívico que busque esa reforma política esencial sin la cual las cosas seguirán siendo como hasta ahora y la democracia perecerá por inanición. No se puede renunciar al derecho a cambiar las cosas, actuando como suicidas y anulando de cualquier forma el voto, única arma que el ciudadano tiene para decidir en política.

Además, aun cuando son los más reacios al cambio y son por esencia conservadores, los partidos políticos deben saber que no están solos ni deciden impunemente todo lo que les viene en gana. Hay mucha efervescencia política en el país y una muestra de ello, por cierto, es esta campañita anti voto que, lejos de resolver algo, está envenenando el ambiente con la desconfianza y la impotencia política que ha convertido en ideales de acción.

El más poderoso movimiento cívico que ha resultado de la entraña misma de la vida política de México, el movimiento lopezobradorista, está llamando a votar y a hacer que se respete el voto. Representa el anuncio de lo que llamamos democracia participativa. Los que no lo acepten pueden hacer lo mismo: luchar porque la ley se cumpla y no haya ya impunidad en el gobierno, conformando grandes movimientos ciudadanos que den voz a quienes desean un buen gobierno para México.

RECREO: Buscan nueva modalidad de informe

Por J. Luis Medina Lizalde

Publicado el 22 de junio de 2009 en el periódico IMAGEN

AL PRINCIPIO 

UN PASO ATRÁS 

Una iniciativa de reforma impulsada por priístas y perredistas pretende introducir la modalidad de que el informe del ejecutivo local sea por escrito. Felipe Calderón hizo lo mismo desde el pasado primero de septiembre.

A él le fue muy bien porque se ahorro un mal rato, pero la ciudadanía no conoció el contenido del informe porque la eficacia de la difusión es infinitamente menor. 

A Calderón lo motivó el temor a una bancada del Frente Amplio Progresista combativa, pero a la gobernadora no le amenaza una situación parecida, los opositores en su mayoría, a lo más que llegan, es a una declaración de circunstancia, sus prioridades son otras.

Lo que si valdría la pena es el diseño de un modelo de informe de cada uno de los tres poderes, con mecanismos de verificación incluidos. Eso sí sería una innovación. 

EL DERECHO DE NO SER

La filtración del testimonio de “Paco”, seudónimo de un testigo protegido, que sostiene que el gobernador de Michoacán, el perredista Leonel Godoy recibió 300 mil dólares del narco para su campaña, fue desmentida horas después por la misma instancia filtradora, que en este caso es la propia PGR.

El guión es muy conocido, nadie le disputa a Goebels su inspiración original.

Al gobierno de Amalia García le pasa lo mismo. Empeñado en gastar la pólvora en infiernitos locales, ha mostrado una patética indefensión para reclamar con energía el esclarecimiento total de la peliculesca fuga de reos, caso que no nada más exhibe al gobierno del estado, sino también muestra una gran incompetencia federal y eso si no somos mal pensados.

La dirección nacional del PRD ha jugado en ambas situaciones, un papel decorativo.

Cuando el secretario de gobernación los define como “izquierda colaboradora”, lo tomaron como un elogio, no vieron en la expresión ningún asomo de sorna, como cuando aquí se tomó sin malicia el “no te rajes, Amalia” del líder panista.

DE LA VISTA NACE EL HORROR

Cuando se hace de los buenos modales la clave para diferenciar lo que se apoya y lo que se rechaza, se sacrifica el fondo por la forma, el contenido por el continente. Se hace de la política actividad sin sustancia, apta solamente para los apetitos personales.

Es la opción por los políticos “totalmente palacio” aunque sean huecos, sin convicciones, ni ideas propias.

Convencidos de que la “moderación” vende muy bien, algunos segmentos del PRD cortejan a las élites en aras de que les extiendan un certificado que los acredite como izquierda “moderna y civilizada”, a la altura de Televisa y la prensa del corazón.

Izquierda deslumbrada por reflectores, es más afín “con el Jesús en la boca” de las encopetadas damas del porfiriato agonizante, que con los huarachudos zapatistas que irrumpen en el Palacio de los azulejos.

Olvidan que la modernidad es actualización, mente abierta, es escuchar mucho y leer más para identificar lo virtuoso de lo nuevo sin prescindir de lo universal. 

Olvidan también que el testimonio más elegante de la civilidad es la congruencia entre lo que se piensa, se dice y se hace, pues nada hay más incivil que su carencia.

Constituyen una izquierda maltratada por un calderonismo cercado por sus propios fracasos, aprovechándose de que rehúsan enfrentarlo con el sustento de la razón y la ley.

No han entendido que para la derecha, la legalidad es una coartada, y que para la izquierda, la legalidad es el fundamento de la convivencia social.

El infame fallo del TRIFE sobre Iztapalapa es más que elocuente.

AL ÚLTIMO
YA NI POR NO DEJAR

Los que demandan agua potable mediante intermitentes protestas citadinas, los que en la fuga de reos se resisten a que paguen justos por pecadores, los que buscan al familiar levantado desde hace meses, los que buscan algún empleo hasta debajo de las piedras, los que tienen de qué vivir pero tienen que marcharse “con todo y chivas” para que no los extorsionen, y en general todos los habitantes de la república de los simpes mortales, no cuentan con políticos de carne y hueso que se vinculen a su realidad. 

La agenda de los actores políticos no le hace “un campito” a los problemas de los demás. Sólo importan los afanes individuales e individualistas. Si no me cree, revise las declaraciones y discursos de la clase política zacatecana y búsqueles relación con la vida cotidiana reflejada en esa misma prensa.

Nos encontramos el jueves en el recreo
luismedinalizalde@gmail.com  

Boletín # 94

Muchas voces solidarias con la decisión de resistir el atropello calderonista que por vía del TRIFE se produce en Iztapalapa, carecen de la difusión que se les da a los beneficiarios de la infame resolución del TRIFE, por tal razón, a continuación reproducimos la posición al respecto de Alejandro Encinas, al que nadie puede acusar de falta de compromiso partidista.

Zacatecas, Zac. 21 de Junio de 2009

"Movimiento zacatecano en defensa del petróleo, la economía popular y la soberanía nacional".

Artículo CANALLADA de Alejandro Encinas publicado el 20 de junio de 2009 en el periódico El Universal

http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/44581.html

CANALLADA

Iztapalapa enfrenta hoy una nueva afrenta del gobierno federal y sus aliados. La resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que retira la candidatura a Clara Brugada es una decisión arbitraria, que vulnera nuevamente la independencia del PRD y la voluntad de los militantes perredistas a quienes se pretende imponer una candidatura a modo en esa delegación.

Se trata de una verdadera canallada, de una decisión adoptada con alevosía, que deja en indefensión a la candidata y favorece a una minoría que adolece del respaldo partidario. Una decisión que da cuenta, además, de la profunda crisis de las instituciones públicas del país, en este caso el Tribunal Electoral, que —lejos de garantizar los derechos ciudadanos y el cumplimiento de la ley— se ha convertido en un tribunal de consigna y en el brazo político de una coalición de intereses que pretende socavar el avance de la izquierda e impedir que ésta encabece la transformación de nuestro país y la defensa de los intereses de la mayoría de los mexicanos.

Esta coalición de intereses es la misma que designó a los magistrados del tribunal, lo que los ha subordinado de origen y les ha dado impunidad, avalando conductas corruptas como las operaciones fraudulentas en la adquisición y arrendamiento de inmuebles de la institución, al igual que a otros magistrados denunciados por recibir prebendas del candidato priísta en Baja California para acreditar la legalidad de su candidatura a gobernador.

Los magistrados carecen de autonomía y de autoridad moral. Sus integrantes obedecen a quienes los designaron: son sus antiguos colaboradores, viejos burócratas que participaron en la operación fraudulenta de 2006.

Esta resolución constituye un agravio a los habitantes de la ciudad de México, un intento de minar al Gobierno de la ciudad. Se trata de un acto que abona en contra del proceso electoral, que alienta la abstención y muestra que las instituciones no funcionan. Es una provocación que revive el conflicto interno del PRD, un fraude anticipado contra los ciudadanos de Iztapalapa. El tribunal abona así no sólo al demérito de la democracia y de las elecciones, sino al deterioro, a la descomposición y a la corrupción de las instituciones públicas.

Pero también tenemos que decir que no es un asunto exclusivo de los grupos de interés de la derecha y del Estado. Esta decisión ha contado con la colaboración y complicidad de miembros del partido que, lejos de defender un proyecto y la autonomía de nuestra organización, buscan complacientemente negociar el futuro de nuestro proyecto.

Ahora resulta que se llama traición la defensa del interés mayoritario del PRD en el Distrito Federal y en Iztapalapa. No sorprende que Jesús Ortega defienda la resolución del tribunal, esa es su “fuente de legitimidad”, como tampoco podemos acusar traición a principios que nunca se han tenido. Ortega y su grupo en Iztapalapa deben asumir su responsabilidad, él y su grupo generan una nueva situación de fractura, al pactar a espaldas del partido una candidata ajena a la militancia. El tribunal les ha brindado de nueva cuenta un servicio, que pronto habrán de corresponder.

En esta campaña asumí un compromiso para evitar una regresión electoral del PRD y de la izquierda. He realizado un campaña nacional que postergó la resolución de nuestras diferencias. Mas la respuesta es otra vez la obsesión por crear una izquierda cómoda y acomodada en el control de una burocracia que abandonó el proyecto de transformaciones que nos propusimos de origen. Ante esta afrenta es imposible quedar impasible y actuaré congruentemente en apoyo a mi partido en el Distrito Federal y a mis compañeros en Iztapalapa.

aencinas@economia.unam.mx

Profesor en la Facultad de Economía de la UNAM

Boletín # 93

Los análisis que desnudan la maniobra calderonista que mediante la instrumentación del TRIFE introdujo deliberadamente una crisis al interior del PRD, y que muestran que el discurso de la legalidad, es sólo una coartada. A continuación adjuntamos la postura al respecto del Senador Pablo Gómez, una de las figuras más relevantes de la izquierda mexicana desde el movimiento del 68.

Zacatecas, Zac. 20 de Junio de 2009

"Movimiento zacatecano en defensa del petróleo, la economía popular y la soberanía nacional".

IZTAPALAPA, EMBLEMA DE UN SISTEMA DECADENTE

Publicada el 19 de junio de 2009 en el periódico Milenio

http://impreso.milenio.com/node/8594326

Pablo Gómez

2009-06-19•

No podemos conocer con certeza quienes metieron las manos en el fallo del Tribunal Electoral sobre Iztapalapa pero tampoco podemos estar seguros de que los magistrados hayan hecho tal atropello por iniciativa propia. Es tan monstruosa la sentencia que en verdad cuesta trabajo adjudicársela a unos juristas.

El origen del juicio fue que algunos integrantes de mesas directivas de casilla en algunas mesas receptoras –donde el voto a favor de Clara Brugada era muy alto— no estaban en el listado de miembros del PRD. En cambio, todos los demás integrantes de casilla que tampoco estaban en el listado de integrantes del partido no fueron analizados ni sobre tales casos se ejerció alguna resolución judicial. El propósito era anular sólo medio centenar de casillas (no cualesquiera sino unas muy precisas) para dar la vuelta al resultado.

Como se sabe, cuando falta algún funcionario de casilla, éste se sustituye con el primero formado en la fila de votantes que esté dispuesto a asumir la encomienda. Pero el Tribunal parece desconocer un hecho de lo más público: podía votar cualquier ciudadano, la elección fue abierta, no se requería ser miembro del PRD para poder votar. Por tanto, cualquier primero en la fila podría ser o no miembro del partido.

Esta ignorancia supina de los magistrados es de lo más sospechosa, en especial porque otros recursos fueron declarados infundados con el argumento de que los funcionarios de casilla de seguro que eran de la sección correspondiente porque estaban formados en la fila, aunque no se hubiera comprobado que eran electores de ese lugar. Mas tales impugnaciones no eran en contra de Clara Brugada.

Los criterios contradictorios no son casuales en un tribunal, sobre todo cuando se votan al mismo tiempo. Por esto, he dicho y sostengo que se trata de un fraude electoral realizado en el quinto piso, es decir en un tribunal de apelaciones, el cual, por cierto, no era la instancia idónea sino la Sala Regional, pero la Sala Superior del Tribunal Electoral “atrajo” el juicio sin argumentos concluyentes y lo resolvió en una madrugada cualquiera, después de haber pospuesto el examen de la misteriosa ponencia en varias ocasiones.

Las casillas anuladas por el TEPJF no fueron impugnadas en cuanto al resultado del escrutinio y cómputo. Los votos fueron auténticos. Los representantes de todos los candidatos firmaron las actas, después de haber admitido a los funcionarios sustitutos, con lo cual los recurrentes, es decir, los perdedores, aceptaron, antes, el acto que después reclamaron. Y no sólo lo aceptaron sino que lo propiciaron debido a que ellos mismos se hicieron cargo de las sustituciones de funcionarios de casilla ante la ausencia de los originalmente nombrados. Quienes votaron en las casillas anuladas han sido enviados por un tribunal al reservorio de los ciudadanos inexistentes.

La escandalosa decisión del TEPJF ha creado un grave problema político en el interior de un partido, el cual ha sido agredido como tal. Parece que nuestros magistrados electorales hacen política interna en el PRD y les importa un bledo las consecuencias de sus actos ilegales y por completo contrarios a la equidad electoral, la imparcialidad y la legalidad.

No es la primera vez que el TEPJF hace una tropelía de esta naturaleza, pero cuán grave es que lo siga haciendo sin escuchar la crítica, en una actitud de autismo judicial y personal. Preparémonos para ver cosas peores.

pgomez@milenio.com

A Iztapalapa y a su pueblo se les respeta, declara López Obrador

A Iztapalapa y a su pueblo se les respeta, declara López Obrador
México, Distrito Federal
Viernes 19 de junio de 2009

* Inicia el presidente legítimo de México una gira de información por 32 colonias de Iztapalapa

* Aseguró que los mexicanos “jamás, nunca, vamos a convalidar un fraude electoral anticipado


“A Iztapalapa y a su pueblo se les respeta”, declaró Andrés Manuel López Obrador al iniciar una gira de información por 32 colonias, barrios, unidades habitacionales y pueblos de Iztapalapa.

Al reiterar que milita en el PRD, el presidente legítimo de México aseguró que los mexicanos “jamás, nunca vamos a convalidar un fraude electoral anticipado, porque primero está el derecho de los ciudadanos a elegir libremente a sus autoridades”.

Acompañado por la candidata depuesta, del PRD, Clara Brugada, y el abanderado del PT a la jefatura delegacional, Rafael Acosta, subrayó que en la contienda del 5 de julio “se está jugando el futuro de la democracia” en Iztapalapa y en todo el país.

Ante los vecinos de las colonias López Portillo, Cerro de la Estrella y Santa Martha Acatitla, aclaró que si se permite, si se deja pasar una arbitrariedad del tamaño del despojo de la candidatura a Brugada Molina, entonces “la mafia de la política va a decidir en el futuro quien sí será candidato y quien no”.

En ese contexto, subrayó, los barones del dinero ordenarán nuevamente a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: “a éste me lo quitan”, en caso de tolerar actitudes antidemocráticas, contrarias a la voluntad de los ciudadanos y a la determinación del pueblo de elegir libremente a sus autoridades.

En Santa Martha Acatitla, López Obrador afirmó que los integrantes del Movimiento por la Transformación de México no permitirán que la banda de Los Pinos le quite a los iztapalapenses su derecho a elegir libremente a su jefe delegacional.

En la colonia Ejército Constitucionalista, cuarto punto del recorrido de información de este día, expuso que la mafia de la política, del poder y del dinero tramó, orquestó y consumó, la destitución de Clara Brugada, incluso la perpetró 20 días antes de la elección precisamente para cuando se agotaron los tiempos legales para cambiar de candidato a delegado y los nombres de los aspirantes a cargos de elección popular que están impresos en las boletas electorales.

También explicó a los habitantes de la demarcación que otorgarán un voto a la candidata impuesta del PRD, Silvia Olivia, si los electores cruzan el logotipo del PRD con el nombre de Clara Marina Brugada Molina, que aparece en las boletas electorales.

Al reconocer que la atención de los medios de comunicación y de la población en general estará puesta el 5 de julio en Iztapalapa, manifestó que sólo el pueblo organizado podrá revertir “el golpe artero, la jugarreta” legal que se impuso a tan sólo 20 días de los comicios federales.

El presidente legítimo de los mexicanos convocó a los más de 2 millones de habitantes de Iztapalapa a sumarse a la campaña de información que se realiza casa por casa para explicarle a la gente que se debe votar por “Juanito” –como se le conoce popularmente a Rafael Acosta Ángeles— con el propósito de “darle su merecido a la mafia, aquí, en Iztapalapa”.

Luego expresó que el caso de Clara Brugada y el asunto del desafuero, del cual fue víctima cuando ocupaba el cargo de jefe de Gobierno del Distrito Federal son similares. Sin embargo, aclaró que el despojo de la candidatura de Brugada Molina “está peor que mi caso”.

En la gira de este día, advirtió a los electores de la mencionada jurisdicción que en la antesala del 5 de julio se desatará la campaña para la compra del voto. Habrá una “repartidera” de despensas, de materiales de construcción y hasta dinero en efectivo, como nunca se había visto en Iztapalapa.

De manera paralela, se desatará una guerra sucia, a través de los medios de comunicación, plagada de mentiras y calumnias en contra de nuestro movimiento y de aquellos candidatos que verdaderamente representan los intereses del pueblo y de la nación, alertó.

A escasos 12 días de la contienda electoral, pidió al pueblo de Iztapalapa que difundan entre sus familiares, vecinos, amigos y compañeros de trabajo que el 5 de julio se debe votar por el candidato a jefe delegacional impulsado por el PT para garantizar su triunfo en las urnas.

Posteriormente, continuó, Rafael Acosta solicitará licencia para separarse del cargo, como ha hecho el compromiso de hacerlo, para que el jefe del Gobierno del Distrito Federal presente a consideración de la Asamblea Legislativa, la propuesta de Brugada Molina como delegada sustituta.

Por su parte, Clara Brugada aseguró que cualquier voto a favor de la candidata del PRD, Silvia Molina, implicará avalar una imposición.

En los seis puntos de la gira de este viernes, Brugada Molina llamó a sus vecinos a votar por el PT en el caso del candidato a jefe delegacional, pero se debe sufragar por el PRD en los casos de los aspirantes a diputados federal y local, detalló.

A su vez, “Juanito” manifestó que el voto de los ciudadanos que se deposite en las urnas a favor de Rafael Acosta será para Clara Brugada y llamó a los iztapalapenses a que “no dejemos que gane la imposición en nuestra delegación”

Para mañana, el presidente legítimo de México visitará las colonias Xalpa, Palmitas, El Triunfo, El Manto, Consejo Agrarista Mexicano y las unidades habitacionales Santa Cruz Meyehualco y Vicente Guerrero.

Desfiladero

Jaime Avilés
La Jornada, 20 de junio de 2009.

Iztapalapa garantiza de antemano que las elecciones nacionales del 5 de julio no serán libres. Pase lo que pase, la última palabra la dirá María del Carmen Alanís, presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), a quien Desfiladero le dedica esta entrega para que los (e)lectores sepan cómo llegó a ese cargo y a quiénes sirve.

Hija de Agustín Alanís Fuentes, ex procurador de justicia del Distrito Federal (1976-1982), señalado como corresponsable de los crímenes cometidos por el Estado mexicano durante la guerra sucia de los setenta, María del Carmen Alanís Figueroa fue, desde niña, amiga de Margarita Zavala Gómez del Campo (sí, la prima de Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo, implicada en la muerte de 46 niños sonorenses, que sigue en libertad).

Por Margarita, Maricarmen conoció a Felipe Calderodes –así le dicen desde que su gobierno solapa a los causantes de la matanza de niños en la guardería ABC–, a Germán Martínez –tapadera de los hijos de Marta Sahagún en la Contraloría y presidente del PAN–, y a César Nava, ex abogado general de Pemex y autor de un magno fraude en Coatzacoalcos, Veracruz, reiteradamente documentado por esta columna. En aquel tiempo, cuando todos formaban parte de una alegre palomilla, Felipe era líder juvenil del PAN y, al término de su gestión, promovió la candidatura de Margarita para que lo sucediera en el cargo, pero fracasó.

Licenciada en derecho por la UNAM (se graduó con la tesis Comportamiento electoral mexicano 1812-1990), Maricarmen es maestra en gobierno comparado por la London School of Economics. Por palancas de su padre, trabajó en la Secretaría de Gobernación con José Fernando Franco González, hoy ministro de la Suprema Corta, y promovida por éste, realizó diversas funciones académicas en el TEPJF.

En 1999 llega al Instituto Federal Electoral. El 27 de enero de ese año, con el respaldo de los consejeros filopanistas Juan Molinar Horcasitas y Alonso Lujambio (hoy secretarios de Comunicaciones y Educación en el gabinete calderódico), es nombrada directora ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, puesto que conserva hasta febrero de 2004. Un mes después, el nuevo titular del IFE, Luis Carlos Ugalde, amigo íntimo de Calderón y de Margarita, la designa secretaria ejecutiva.

Pero el 30 de septiembre de 2005 se pelea con Ugalde y renuncia al IFE, y con el reiterado apoyo de Germán Martínez y el visto bueno de los sectores del PRI que representa Manlio Fabio Beltrones, asciende a magistrada del tribunal electoral, presidido en ese momento por Flavio Galván Rivera. Un año más tarde, faltaba más, avala la resolución de septiembre de 2006 que declara sucia pero válida la elección presidencial. En ese momento le paga a Margarita y a Felipe los favores de una vida completa.

El 6 de agosto de 2007, sorprendido en la compra fraudulenta de un edificio, Galván Rivera renuncia a la presidencia del tribunal y entonces, por supuesto, Margarita, Germán y Beltrones colocan en su lugar a Maricarmen. Como presidenta del TEPJF, la señora Alanís tiene una gran ventaja que le permite persuadir a sus compañeros magistrados y hacerlos votar en el sentido que les indique: ella es la que maneja el presupuesto, la que autoriza el flujo del dinero. ¿Quién se opondría a sus designios, sabiendo que correría el riesgo de quedarse sin recursos y perder privilegios?

Todo lo anterior ayuda a entender con claridad lo que acaban de hacer la señora Alanís y sus colegas en Iztapalapa, incurriendo en conductas que bien pueden clasificarse como delictivas. Iztapalapa es la delegación más grande y más poblada del Distrito Federal: viven allí más de un millón 200 mil habitantes y, desde que el PRD le arrebató el poder al PRI en 1997, ha estado controlada por los hermanos René Arce y Víctor Hugo Círigo, quienes mediante mecanismos clientelares –apoyan a los pobres a cambio de votos– han reproducido el antiguo cacicazgo priísta.

Su dominio empezó a deteriorarse, sin embargo, a finales de 2006, a raíz de la maniobra en que la diputada Ruth Zavaleta –estrechamente vinculada a Círigo y Arce– cedió su lugar en el presídium de la Cámara de Diputados, que estaba tomada por los legisladores del Frente Amplio Progresista, para que lo ocupara Beltrones y Calderón pudiera colarse a través de una rendija para entrar a rendir protesta como titular del Ejecutivo. Ese fue el principio de una alianza entre los perredistas de la corriente de Jesús Ortega, Jesús Zambrano y Carlos Navarrete –a la que pertenecen Arce, Círigo y Zavaleta–, los priístas de Beltrones y el PAN.

En las recientes elecciones internas organizadas por el PRD para definir su candidatura al gobierno de Iztapalapa, Arce y Círigo pagaron un elevado costo político por darle la espalda al movimiento de Andrés Manuel López Obrador. Clara Brugada, simpatizante y ex colaboradora de López Obrador en el gobierno de la ciudad, obtuvo 99 mil 890 votos. Su contrincante, Silvia Oliva, esposa de René Arce, cosechó 94 mil 560. Silvia estaba en la lona, pero el viernes de la semana pasada acudieron a rescatarla Margarita Zavala, Germán Martínez y el mismísimo Calderodes en la persona de Maricarmen Alanís y demás magistrados del TEPJF.

Estos revisaron los resultados y anularon las actas del número necesario de casillas, incluso de muchas que nadie había impugnado, para quitarle a Brugada 5 mil 500 votos y otorgarle a Oliva una mínima, ridícula e irrevocable ventaja, tipo haiga sido como haiga sido. Peor: antes de emitir su fallo, el tribunal esperó a que salieran de la imprenta las boletas de la contienda, en las cuales quedó estampado el nombre de Clara Brugada como candidata del PRD. La decisión responde, como es obvio, a un cálculo perverso para confundir a los votantes, sobre todo a los más iletrados, pero también para preparar una manipulación fraudulenta. Al actuar de este modo, la señora Alanís despojó a la elección de Iztapalapa del principio de certeza, violando la ley con alevosía y premeditación. Eso la convierte en delincuente electoral y en acreedora a sanciones que la inhabilitarían para seguir al frente del tribunal.

Pero la batalla no ha concluido. En Iztapalapa hay al menos 200 mil brigadistas del gobierno legítimo que han empezado a visitar casa por casa –y López Obrador los secundará en esa tarea hoy, mañana, el lunes y el martes– a fin de explicarle a la gente lo que se tiene que hacer, si es que desea revertir la estrategia de Calderodes. Quienes estén en favor de que gane Clara Brugada no deben votar por Clara Brugada sino por el candidato del PT, Rafael Acosta. No es tan difícil. Si éste resulta electo, de inmediato pondrá su cargo a disposición de Marcelo Ebrard para que el jefe del Gobierno del Distrito Federal designe en su lugar a Clara Brugada. En Argentina, en 1973, el dentista Héctor Cámpora, que había estado asilado en México, ganó las elecciones presidenciales y le entregó el poder a Perón (con resultados catastróficos para la inmensa nación sudamericana, pero no por culpa de Cámpora sino del decrépito gobernante justicialista).

Vamos a ver si la resistencia civil pacífica es capaz de derrotar esta nueva variante del ascenso del fascismo, auspiciada por la máxima autoridad electoral. Pero hay que estar muy atentos. El golpe de Iztapalapa anticipa que habrá fraudes en otros lugares de la capital y del país. No debe descartarse que Calderodes intente provocar un conflicto político para después culpar a López Obrador, en agosto o en septiembre, del ya esperado agravamiento de la crisis económica. Ante esta perspectiva, ¿quiénes anularán su voto?

jamastu@gmail.com

Boletín # 92

En Iztapalapa, delegación del Distrito Federal en donde nuestro movimiento posee un sólido bastión de apoyo ciudadano, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió una impugnación favoreciendo a Silvia Oliva y revocando la candidatura de Clara Brugada a la titularidad de la delegación.

La resolución del TRIFE fue tomada cuando ya están impresas las boletas y no se dispone del tiempo para hacer los cambios, por ello, el próximo 5 de julio los ciudadanos de Iztapalapa encontraran la fotografía y el nombre de Clara Brugada y los que crucen la boleta otorgándole su voto, muchos de ellos sin saberlo, estarán votando por Silvia Oliva.

La elección interna que enfrentó a ambas opciones fue sumamente polarizada debido a que por primera vez en 10 años, era derrotada la fuerza liderada por el Senador René Arce. La operación registraba avances pero permanecía inconclusa, por esa razón, la resolución del TRIFE, significó una bomba que estalla en el centro de los anhelos unitarios, amenazando con el desbordamiento de los ánimos.

La respuesta de nuestro movimiento expresada en voz de Andrés Manuel López Obrador consistió en llamar a otorgar el voto de Clara Brugada a favor de Rafael Acosta, abanderado del PT, en el entendido de que, en caso de obtener la victoria electoral, solicitará licencia por tiempo indefinido. Y su lugar será ocupado por la propia Clara Brugada

Las razones para impulsar esa salida son básicamente dos:

Es la única puerta abierta que deja el actual marco jurídico para no someterse a una operación política contraria a derecho que exhibe al TRIFE una vez más como tribunal acatador de consignas políticas.

El partido de la Revolución Democrática continuaría gobernando la delegación de Iztapalapa tal como es la voluntad de la mayoría, pues Clara Brugada es una militante fundadora de dicho partido que ha dado probadas muestras de lealtad al mismo.

Entendemos el desconcierto derivado de la situación e interesadamente fomentado por el sistema de comunicación liderado por Televisa al omitir difundir los severos cuestionamientos jurídicos a la resolución del TRIFE, en voz de eminentes juristas de la UNAM como el maestro emérito y acreditado constitucionalista Luis Javier Garrido, el doctor en derecho y destacado miembro del Instituto de Investigaciones jurídicas de la UNAM Jaime Cárdenas Gracia, los exconsejeros electorales Eduardo Huchim y Jesús Cantú etc.

Televisa se desgarra las vestiduras ante la única salida posible para no someterse a la maniobra, cuando esa empresa colocó en el senado a Javier Orozco Gómez, primo hermano del vice presidente de Televisa y promotor de los intereses del monopolio en el poder legislativo, mediante el recurso de hacerlo suplente de la desconocida Irma Ortega Fajardo, la que no ha sido senadora un solo día.

Otro ejemplo en el que la ciudadanía vota por una persona y otra ejerce el cargo se dio en 1991 cuando las elecciones de gobernador de Guanajuato las ganó el contador público Ramón Aguirre Velázquez del partido Revolucionario Institucional y quien gobernó desde el primer día fue Carlos Medina Plascencia del Partido Acción Nacional, quien fue designado en el cargo por un congreso local mayoritariamente priísta.

En el primer caso, Televisa maniobra para asegurar los intereses de su empresa, en el segundo caso, Salinas de Gortari paga a la cúpula del PAN su apoyo para consumar el fraude y luego quemar las boletas y actas de 1988.

En el caso Iztapalapa es para resistir una burda maniobra calderonista atentatoria contra la voluntad mayoritaria y son tan legítimas las motivaciones, que a diferencia de los dos casos anteriores en vez de enfrentarlos a hechos consumados, se habla con claridad a la gente, sin ocultar nada, aun a sabiendas del desconcierto de muchas personas de buena fe y de la confusión deliberada sembrada desde las tribunas mediáticas acostumbradas.

Nosotros somos sinceros convencidos de la legalidad, pero no fingimos que existe cuando a diario brotan los ejemplos de lo contrario, lo que hacemos es luchar por un cambio que la haga imperar.

Zacatecas, Zac. 19 de Junio de 2009

"Movimiento zacatecano en defensa del petróleo, la economía popular y la soberanía nacional".

RECREO: SER POBRE ES UN CRIMEN

Por J. Luis Medina Lizalde

Publicado el 18 de junio de 2009 en el periódico IMAGEN

AL PRINCIPIO
REHENES DE LA INCOMPETENCIA

Causa desasosiego la nueva ocurrencia gubernamental de enviar a 5 mil estudiantes de planteles militares a las sierras en donde confluyen los estados de Durango, Sinaloa y Chihuahua, que conforman el Triangulo dorado, el espacio físico concentrador de más cultivo de marihuana en el país y sin duda la región más peligrosa de todas las que son campo de operaciones del narcotráfico.

Los enviados a esta zona son estudiantes de profesiones como odontología, medicina, enfermería, ingeniería, entre otras. En el contingente participarán 500 mujeres y no serán acompañados por tropas experimentadas en combate. También reclutan voluntarios entre los que prestan su servicio militar.

El fracaso es inocultable.

COMO EN EL PORFIRIATO, SER POBRE ES UN CRIMEN

Se llama Leo Dan De la Rosa, nació en la comunidad del Ciprés del municipio de Pánuco, y el 16 de mayo inició una etapa de su vida que tomó un rumbo inesperado. Ese día fue su primer día laboral como custodio del CERESO, y desde ese entonces, “no ve la suya” pues es uno más de los 51 arraigados por la cada vez más sospechosísima fuga de reos del CERESO de Cieneguillas.

La consignación en paquete de la totalidad de los arraigados tiene toda la apariencia de una más de las infamias que se cometen contra personas indefensas en nombre del combate a la delincuencia organizada. 

Tal como en el caso del joven De la Rosa, buena parte de los custodios trasladados a Nayarit debieron de ser puestos en libertad con las reservas de ley, mediante un deslinde de responsabilidades fácilmente desprendible de la reconstrucción de hechos y de los mismos testimonios que constan en el expediente, injustificadamente turnado a un juzgado federal adscrito a uno de los cinco reclusorios de máxima seguridad del país.

Nadie con sentido de responsabilidad se opone al castigo legal de las complicidades de los que abrieron las cinco puertas que necesariamente tuvieron que traspasar los reos y los que fueron por ellos, ni de los vigías de las torres desde donde era visible la operación, pero muchos de los trasladados son víctimas de la insensibilidad extrema de una justicia degradada. 

Juan Gabriel Jacobo Reyes pasó toda la noche en el hospital civil vigilando a un interno hospitalizado, al concluir su turno, regresa al CERESO de Cieneguillas por sus cosas para luego descansar en su hogar, pero al llegar lo detienen y él es uno más de los que en estos momentos están en el penal de Nayarit.
 
Hoy, si no hay prórroga, vence el plazo constitucional para que el juez resuelva la situación jurídica de los puestos a su disposición por un ministerio público negligente. Ojalá que se tome el trabajo de estudiar el expediente y dicte auto de libertad a los consignados sin sustento y dé formal prisión a los que así procede, para enmendar aunque sea en parte, una actuación ministerial sesgada, que elude su deber de investigar a los funcionarios de mas jerarquía y que se hace de la vista gorda ante las omisiones que permitieron la tranquila retirada de los reos y los que se los llevaron por la carretera a San Luis Potosí.

Los traslados de reos son sigilosos, pero esta vez lo hicieron a plena luz del día. Los periodistas zacatecanos atenuaron el salvajismo policiaco al registrar el drama de madres, esposas e hijos que angustiosamente clamaban por retener a sus seres queridos, quienes ahora ven fuera de su alcance económico los servicios jurídicos, porque a los honorarios de los abogados, se agrega el costo de los intermitentes viajes a la sede penitenciaria

El gobierno del estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, los representantes populares, si saben cuál es su deber, no dejarán solas a estas humildes familias zacatecanas, su dolor y su coraje son legítimos.

Los que buscan votos, que demuestren que tienen agallas para oponerse a las injusticias. Los indiferentes y los cobardes a los pueblos les sirven para un carajo.

AL ÚLTIMO 
Y ELLOS CUANDO 

El secretario de educación pública Alonso Lujambio le pide a las universidades públicas “aplicar de manera voluntaria medidas de racionalización del gasto”.

La petición es anticipación a la profundización de la crisis que los especialistas vaticinan para después de las elecciones. Creo que nunca está demás racionalizar el gasto, pero el gobierno no ha empezado a hacer lo propio, el derroche en lo superfluo continúa.

Nos encontramos el lunes en el recreo

luismedinalizalde@gmail.com  

LA CAMPAÑA CONTRA EL VOTO

Arnaldo Córdova

Publicado el 14 de junio de 2009 en La Jornada

Como se ha podido ver en las últimas semanas, hay en curso una campaña, en parte orquestada y, en parte, espontánea, en contra del voto. Casi no se ha llegado a repudiar el voto sino que, más bien, se da un tumulto de razones por las cuales se nos dice que se va a anular el voto y, para ello, hay una inventiva verdaderamente notable de iniciativas sobre cómo hacerlo. Las razones de ello son casi siempre las mismas: la política está podrida y los partidos políticos son sólo instrumentos en manos de logreros que no buscan más que acomodarse en las esferas del poder.

Es curioso observar cómo casi nadie llama al abstencionismo sino, más bien, a votar anulando el voto. Eso ya es algo. Es bueno que estos anuladores acepten que votar es algo que tiene que hacerse, aunque se anule el voto.

En esta balumba de ideas, sentires y resentimientos, desde luego, se extraña y mucho el buen juicio. Nadie se ha preocupado por explicar la naturaleza política (constitucional) y jurídica del voto ciudadano; nadie ha hecho la menor referencia a la relación del voto con la conformación del poder del Estado (las instituciones nacen de la voluntad popular); nadie se ha hecho cargo del hecho de que el orden institucional se apuntala en el consenso popular o deja de existir.

Nuestra Constitución, siguiendo la de 1857, estipula en su artículo 35 que es una prerrogativa (gracia, privilegio) del ciudadano votar y ser votado y el 36, que es una obligación votar y desempeñar los cargos para los que el voto popular le ha designado. Todo esto tiene un profundo sentido y un significado que, por lo general y por desgracia, el ciudadano común no entiende ni recibe ninguna orientación de quienes deberían dársela. En nuestro orden constitucional el ciudadano es definido como un constructor o, mejor, como un edificador permanente del Estado, precisamente, por el ejercicio de su voto.

No se trata sólo de darle algo a algún partido o a un candidato. Hay mucho más en ese acto ciudadano. En el 39 constitucional se dan todas las razones. La soberanía nacional reside en el pueblo. Es, así, soberanía popular. El pueblo es el conjunto de los ciudadanos, el cuerpo político, como lo definió Rousseau, y tiene una obligación que es, a la vez, una prerrogativa: la de organizar al Estado para que gobierne a todos los mexicanos, ciudadanos y no ciudadanos, buscando su bienestar. El conjunto de todos los mexicanos es la nación; el pueblo está formado sólo por aquellos mexicanos que pueden ser ciudadanos. Y sólo tiene un medio para llevar a cabo esa tarea: el voto personal de sus integrantes.

En cualquier sociedad compleja es imposible que todos gobiernen. Ni siquiera en las pequeñas ciudades griegas antiguas era posible eso. Se debe elegir a los que deben hacerlo. En un Estado como el nuestro el voto popular es el origen de todos los cargos de representación y de gobierno. Tampoco se puede elegir a todos los que hacen esas tareas. Se elige al Presidente, pero él designa a sus colaboradores. No elegimos a los ministros de la Suprema Corte, pero elegimos a los que los eligen, el Presidente y los senadores. Toda la pirámide del poder y de la administración de la República comienza con el voto ciudadano. Si no hay elección ciudadana no hay Estado ni tampoco una sociedad organizada.

La responsabilidad del votante es múltiple y variopinta. Todo depende de él. ¿Por qué tenemos tan malos gobiernos? No todo es responsabilidad de los políticos. De hecho el mayor responsable del mal gobierno es el ciudadano que ha elegido con su voto a quienes hoy tan mal lo gobiernan. Los políticos fueron puestos donde están, haciendo todo tan mal, por los que votaron por ellos y que ahora simplemente los repudian y juran que ya no votarán. Fue muy divertido ver a toda una legión de electores que eligieron a Fox declararse arrepentidos de lo que habían hecho, muchos, haciendo uso de su llamado “voto útil”. Ahora es también de dar risa cómo los que están llamando a no votar o a anular el voto también votaron por los panistas.

No se cómo a Ackerman se le ha ocurrido escribir que “el acto de votar es irracional”. En la política moderna no hay acto más racional que el de votar, porque se supone, aunque sólo sea un postulado, que el ciudadano sabe lo que está haciendo. Tampoco se entiende cómo un constitucionalista del calibre de mi amigo Diego Valadés está llamando a anular el voto porque, según declaró al noticiero Milenio, “los partidos anularon nuestro voto con su actuación”.

Los partidos son lo que nosotros hacemos de ellos y siempre lo hacemos con nuestro voto. En todo caso y visto que la obligatoriedad de votar que impone el 36 constitucional no está reglamentada ni se sanciona, creo que todo mundo tiene el soberano derecho de hacer lo que le plazca con su voto.

Sería bueno, empero, que dentro de algunos años no se vuelvan a lamentar por el malísimo uso que le dieron a su voto. Ya Octavio Rodríguez Araujo, en su artículo del 4 de junio, expuso todas las razones dables para mostrar el absurdo de votar sin votar. Pero no se trata sólo de eso. Los pocos que van a votar como les dicte su conciencia, desde luego, son los que van a decidir cómo será el Estado en los próximos tres años. Y está clarísimo que quienes están alentando la campaña de votar sin votar son los sectores de la extrema derecha, porque son los que más temen al voto ciudadano. Jamás olvidarán el 2006, cuando su poder estuvo a punto de derrumbarse.

Hay que observar, además, que esa campaña está toda dirigida contra la reforma electoral de 2007. No hay argumento que pretenda darse pujos de seriedad que no mencione la “traición” de los partidos (el PRI y el PRD, pero también el PAN) al aprobar esa reforma y “destruir” la sacrosanta libertad de expresión, que, para ellos, consiste en dejar que los monopolios televisivos se llenen los bolsillos con el abundante dinero del pueblo que se asigna a los partidos.

Es por eso, fundamentalmente, que se repudia a los partidos y a la “clase política”, no porque sean corruptos, que lo son todos en menor o mayor cuantía, sino por “traidores”. Así es la derecha y ésta no suele olvidar tan fácilmente.

Que sólo se puede elegir entre todo lo malo que hay, pues así es la vida. Que nos digan en que parte del mundo los candidatos a puestos de elección popular son querubines y no hombres viles de carne y hueso.

¿Quieren controlar a los partidos y a los políticos? Entonces, ¿por qué se resisten a implantar figuras democráticas como el plebiscito, el referéndum o la revocación del mandato? En eso, los ciudadanos tendrán siempre la palabra.