Por J. Luis Medina Lizalde
Publicado el 29 de junio de 2009 en el periódico IMAGEN
AL PRINCIPIO
SE SOLICITA LA PRESENCIA DE LOS “DEFENSORES DE LA LEGALIDAD”
Un grupo de trabajadores mineros recorrió el centro de la ciudad de Zacatecas para dar a conocer que 70 de sus compañeros fueron despedidos por pretender formar un sindicato. Según lo que ellos manifiestan se trata de un esfuerzo por darle vida a una organización distinta a la que pese a los intentos gubernamentales en contrario, sigue liderando Napoleón Gómez Urrutia.
En principio, es contra todo derecho que los patrones tomen represalias en contra de sus trabajadores que decidan sindicalizarse.
Si la empresa Capstone Gold corrió a estos trabajadores, es porque ve a nuestras autoridades “chiquitas y orejonas”, pues eso no lo harían en Canadá ni en ningún otro país en donde la ley sea la que mande.
Por otro lado, la multiplicación de sindicatos de un mismo ramo o de una misma empresa, siendo legal, también dispersa la lucha de los trabajadores. Sería más fructífera la democratización de los grandes sindicatos.
TODO POR NO ESCUCHAR
Mala remendadora resultó la cámara de diputados cuando, por trámite discreto del ejecutivo, pospone la introducción de los juicios orales hasta el 2012 en los distritos de Calera y Fresnillo, y hasta el 2013 en el resto de los distritos judiciales del estado, mientras continúan en el único distrito donde ya están vigentes, que es el de Zacatecas y Guadalupe.
Los tropiezos de la introducción de la oralidad en los procesos penales no son sólo en Zacatecas, en otras entidades han experimentado situaciones similares al grado tal, que la mayor parte de los gobiernos estatales han adoptado una actitud pasiva ante una transformación que tiene de plazo hasta 2016, según la reforma constitucional en la materia.
Al gobierno del estado de Zacatecas le entró una irreflexiva prisa por embarcarse en esta aventura sin escuchar las voces en contrario de ministros de la Suprema Corte, de prominentes especialistas y de litigantes experimentados, pero no sólo hubo sordera, también hubo negligencia hasta para prevenir lo menos difícil, que es la infraestructura física.
Lo mismo en el plano federal que en las entidades federativas, el atorón principal está en las procuradurías.
Así como están, ya no dan para más.
Son instituciones capturadas por la lógica facciosa, no persiguen el delito sino a los adversarios de los intereses del grupo al que sirven, no protegen a la sociedad, sino al grupo que los puso.
No es casualidad que en vez de potenciar los servicios periciales y la formación de investigadores la política criminal en boga privilegie el espionaje telefónico, la intercepción de correspondencia, la violación del domicilio, el inhumano arraigo.
El resultado que arroja el único distrito con juicios orales es elocuente: del cinco de enero a mediados de este mes en números aproximados, hay 1700 denuncias de las cuales solo 60 se han judicializado.
Otro dato digno de consignar es el desacato a lo dispuesto en el artículo 17 constitucional respecto a que el defensor de oficio por ningún motivo debe ganar menos que un agente del ministerio público. Medida sin la cual es puro cuento la obligación del estado de proporcionar servicios jurídicos de calidad a los pobres en líos con la justicia, servicios sin los cuales, muchos inocentes están en el total desamparo.
Los juicios orales ofrecen ventajas innegables para una mejor justicia, pero si no se le pone antes remedio al desastre en la procuración de justicia, es como pretender construir una casa empezando por el techo.
AL ÚLTIMO
CON RAZÓN NO DA UNA
Cuando Felipe Calderón dijo que los jóvenes se drogan porque no conocen a Dios en su afán de ganar simpatías de un pueblo católico al que subestima, refleja que no conoce ni la superficie del problema, si no, sabría que es falso su diagnóstico.
Por un lado la religiosidad de los narcotraficantes es tan manifiesta que es justamente en los bautizos y primeras comuniones en donde más seguido caen, como fue el caso, como muchos otros, de algunos integrantes de la familia michoacana.
El 20 de mayo del 2003 se presentó una denuncia ante la PGR del ex procurador general de la república Jorge Carpizo, en donde se describe la bonanza inexplicada de alguna diócesis norteña, y en donde, con todas sus letras, se acusa de lavado de dinero a otro que dice conocer a Dios: Sandoval Iñiguez, y otras quince personas. Claro, no pasó nada
Nos encontramos el jueves en el recreo
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