Laura Itzel Castillo
Publicado en El Universal Gráfico el 19 de agosto de 2009
“Que todo el que se queje conjusticia tenga un tribunalque lo escuche, lo ampare ylo defienda contra el arbitrario”
José María Morelos
Desde hace más de dos años, el Consejo de Defensa de la Vivienda (CDV) ha venido combatiendo jurídicamente la venta de la cartera vencida a empresas trasnacionales. Hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidirá si es constitucional que los créditos de las casas de los mexicanos sean vendidos a compañías trasnacionales.
Se trata de una decisión de suma trascendencia no sólo para la conservación del patrimonio de cientos de miles de trabajadores del Infonavit, sino para el sistema de seguridad social mexicano, a través del cual, el Estado, de acuerdo con la Constitución, debe garantizar créditos baratos y suficientes.
El portal de internet de la SCJN señala claramente que “la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el máximo tribunal constitucional del país y cabeza del Poder Judicial de la Federación. Tiene entre sus responsabilidades defender el orden establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; mantener el equilibrio entre los distintos Poderes y ámbitos de gobierno, a través de las resoluciones judiciales que emite; además de solucionar, de manera definitiva, asuntos que son de gran importancia para la sociedad”. ¿Será?
Las empresas trasnacionales han aplicado una política de terrorismo extrajudicial, buscando recuperar más de 10 veces su inversión mediante amenazas telefónicas, visitas domiciliarias y usurpación de funciones a través de cartas y calcomanías o sellos que simulan ser mandatos de autoridad.
Hasta el momento, se han ganado diversos amparos en distintos tribunales colegiados de circuito. Lo que está en juego son los derechos de las familias de los trabajadores mexicanos.
La SCJN revisa, entre otras sentencias, la emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en materia Administrativa en el DF, que votó por unanimidad el proyecto de su presidenta, la magistrada María Antonieta Azuela de Ramírez.
Así, los magistrados Arturo Iturbe Rivas y Humberto Suárez Camacho respaldaron el criterio legal que reconoce a los derechohabientes, entre otras cosas, el derecho a que el crédito sea barato y suficiente; ello con base en la fracción XII del apartado A del artículo 123 constitucional y conforme al artículo 3 de la Ley del Infonavit.
Dada la importancia de esta decisión, hoy en la Ciudad de México se realiza un mitin a las afueras de las instalaciones de la SCJN, en Pino Suárez y el Zócalo, a partir de las 10 de la mañana.
Los créditos Infonavit no son créditos bancarios hipotecarios, sino créditos de previsión social garantizados con el empleo. El Infonavit no es un banco, es una institución de seguridad social regulada por la ley; no puede ni debe violarla impunemente.
“Que todo el que se queje conjusticia tenga un tribunalque lo escuche, lo ampare ylo defienda contra el arbitrario”
José María Morelos
Desde hace más de dos años, el Consejo de Defensa de la Vivienda (CDV) ha venido combatiendo jurídicamente la venta de la cartera vencida a empresas trasnacionales. Hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidirá si es constitucional que los créditos de las casas de los mexicanos sean vendidos a compañías trasnacionales.
Se trata de una decisión de suma trascendencia no sólo para la conservación del patrimonio de cientos de miles de trabajadores del Infonavit, sino para el sistema de seguridad social mexicano, a través del cual, el Estado, de acuerdo con la Constitución, debe garantizar créditos baratos y suficientes.
El portal de internet de la SCJN señala claramente que “la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el máximo tribunal constitucional del país y cabeza del Poder Judicial de la Federación. Tiene entre sus responsabilidades defender el orden establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; mantener el equilibrio entre los distintos Poderes y ámbitos de gobierno, a través de las resoluciones judiciales que emite; además de solucionar, de manera definitiva, asuntos que son de gran importancia para la sociedad”. ¿Será?
Las empresas trasnacionales han aplicado una política de terrorismo extrajudicial, buscando recuperar más de 10 veces su inversión mediante amenazas telefónicas, visitas domiciliarias y usurpación de funciones a través de cartas y calcomanías o sellos que simulan ser mandatos de autoridad.
Hasta el momento, se han ganado diversos amparos en distintos tribunales colegiados de circuito. Lo que está en juego son los derechos de las familias de los trabajadores mexicanos.
La SCJN revisa, entre otras sentencias, la emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en materia Administrativa en el DF, que votó por unanimidad el proyecto de su presidenta, la magistrada María Antonieta Azuela de Ramírez.
Así, los magistrados Arturo Iturbe Rivas y Humberto Suárez Camacho respaldaron el criterio legal que reconoce a los derechohabientes, entre otras cosas, el derecho a que el crédito sea barato y suficiente; ello con base en la fracción XII del apartado A del artículo 123 constitucional y conforme al artículo 3 de la Ley del Infonavit.
Dada la importancia de esta decisión, hoy en la Ciudad de México se realiza un mitin a las afueras de las instalaciones de la SCJN, en Pino Suárez y el Zócalo, a partir de las 10 de la mañana.
Los créditos Infonavit no son créditos bancarios hipotecarios, sino créditos de previsión social garantizados con el empleo. El Infonavit no es un banco, es una institución de seguridad social regulada por la ley; no puede ni debe violarla impunemente.
