La cifra, desde el sexenio de Fox a febrero de 2010
Han muerto 1,326 menores en guerra contra el narco: Sedena
Contabiliza 223 víctimas inocentes en la actual administración
Gustavo Castillo García
Periódico La Jornada
Domingo 28 de marzo de 2010, p. 6
Durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón (diciembre de 2000 a diciembre de 2009), mil 326 menores han perdido la vida en la llamada guerra contra el crimen organizado. Del total, 600 han fallecido en balaceras entre narcotraficantes o presuntos delincuentes y autoridades; los otros 726, cuyas edades iban de los 15 a los 17 años de edad, fueron asesinados por ser sicarios o narcomenudistas, revelaron mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Según las estadísticas que la dependencia ha difundido al interior del gabinete de seguridad nacional, en cuatro años han sido asesinadas mil 80 mujeres; el año pasado fue el más violento, con 427 casos.
Las estadísticas a las que La Jornada tuvo acceso refieren que en la administración de Fox (2000-2006) se contabilizaron 123 jóvenes fallecidos por cuestiones directamente ligadas con el narcotráfico.
Durante el gobierno foxista, 380 fueron víctimas del fuego cruzado, venganzas entre grupos criminales o ataques a sus progenitores o familiares.
En el periodo del primero de diciembre de 2006 a febrero de 2010 (gestión de Felipe Calderón), la Sedena ha contabilizado 600 muertes de menores de edad, que supuestamente participaban como distribuidores de droga al menudeo o como sicarios.
El 40 por ciento de los casos se registró de abril de 2009 al 28 de febrero de este año, al sumar 173 casos.
En la actual administración federal, el número de víctimas inocentes registra 223 casos; 110 de ellos, del primero de diciembre de 2006 a marzo de 2009; los otros 113 homicidios han ocurrido de abril de 2009 a febrero de este año.
A pesar de que instituciones como la Procuraduría General de la República (PGR), a través del sistema estadístico que desarrolló el Centro Nacional de Planeación parea el Combate a la Delincuencia (Cenapi) y la Sedena, cuentan con la información estadística al respecto, los datos se utilizan sólo para sus acciones y áreas de inteligencia.
Las fuentes consultadas señalaron que los datos proporcionados, que forman parte de informes confidenciales, se han obtenido de los reportes que realizan tanto las procuradurías generales de justicia de las entidades federativas como de la PGR.
El llamado Sistema Estadístico Uniforme Único para el Control de Drogas (Seduc), agrupa la información a escala nacional "sobre delitos contra la salud y tráfico de armas, evento por evento, de todas las dependencias participantes en los tres niveles de gobierno. El Seduc ha permitido estandarizar conceptos con las diferentes dependencias que participan en él, y proporciona las cifras oficiales del gobierno mexicano, actualmente en delitos contra la salud y tráfico de armas", que incluyen la detención de presuntos delincuentes, detalles de las acciones del narcotráfico y datos sobre el número de ejecuciones que se han cometido.
Al respecto, los funcionarios entrevistados, que solicitaron el anonimato, mencionaron que los grupos criminales están utilizando a los menores “como vigilantes, correos para la entrega de droga; cobradores de droga y también extorsiones”.
Los informes elaborados señalan que los niños utilizados por grupos criminales cometen toda clase de delitos “pues entran a los organismos de justicia para menores o adolescentes, y aunque la falta sea por homicidio tienen la garantía de que en pocos años recuperarán su libertad.
"En la mayoría de los casos los menores que han sido asesinados por vínculos con grupos delictivos provenían de familias que habitan en zonas con altos grados de pobreza y marginación", señalaron fuentes consultadas.
En lo que va de 2010, las autoridades han contabilizado más de 90 casos de jóvenes asesinados, de ellos, al menos 40 no tenían vínculos con organizaciones criminales. Entre los casos más relevantes está la masacre de 15 estudiantes ejecutados durante una fiesta en Villas de Salvárcar, en Ciudad Juárez, Chihuahua, el 31 de enero pasado.
Han muerto 1,326 menores en guerra contra el narco: Sedena
Contabiliza 223 víctimas inocentes en la actual administración
Gustavo Castillo García
Periódico La Jornada
Domingo 28 de marzo de 2010, p. 6
Durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón (diciembre de 2000 a diciembre de 2009), mil 326 menores han perdido la vida en la llamada guerra contra el crimen organizado. Del total, 600 han fallecido en balaceras entre narcotraficantes o presuntos delincuentes y autoridades; los otros 726, cuyas edades iban de los 15 a los 17 años de edad, fueron asesinados por ser sicarios o narcomenudistas, revelaron mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Según las estadísticas que la dependencia ha difundido al interior del gabinete de seguridad nacional, en cuatro años han sido asesinadas mil 80 mujeres; el año pasado fue el más violento, con 427 casos.
Las estadísticas a las que La Jornada tuvo acceso refieren que en la administración de Fox (2000-2006) se contabilizaron 123 jóvenes fallecidos por cuestiones directamente ligadas con el narcotráfico.
Durante el gobierno foxista, 380 fueron víctimas del fuego cruzado, venganzas entre grupos criminales o ataques a sus progenitores o familiares.
En el periodo del primero de diciembre de 2006 a febrero de 2010 (gestión de Felipe Calderón), la Sedena ha contabilizado 600 muertes de menores de edad, que supuestamente participaban como distribuidores de droga al menudeo o como sicarios.
El 40 por ciento de los casos se registró de abril de 2009 al 28 de febrero de este año, al sumar 173 casos.
En la actual administración federal, el número de víctimas inocentes registra 223 casos; 110 de ellos, del primero de diciembre de 2006 a marzo de 2009; los otros 113 homicidios han ocurrido de abril de 2009 a febrero de este año.
A pesar de que instituciones como la Procuraduría General de la República (PGR), a través del sistema estadístico que desarrolló el Centro Nacional de Planeación parea el Combate a la Delincuencia (Cenapi) y la Sedena, cuentan con la información estadística al respecto, los datos se utilizan sólo para sus acciones y áreas de inteligencia.
Las fuentes consultadas señalaron que los datos proporcionados, que forman parte de informes confidenciales, se han obtenido de los reportes que realizan tanto las procuradurías generales de justicia de las entidades federativas como de la PGR.
El llamado Sistema Estadístico Uniforme Único para el Control de Drogas (Seduc), agrupa la información a escala nacional "sobre delitos contra la salud y tráfico de armas, evento por evento, de todas las dependencias participantes en los tres niveles de gobierno. El Seduc ha permitido estandarizar conceptos con las diferentes dependencias que participan en él, y proporciona las cifras oficiales del gobierno mexicano, actualmente en delitos contra la salud y tráfico de armas", que incluyen la detención de presuntos delincuentes, detalles de las acciones del narcotráfico y datos sobre el número de ejecuciones que se han cometido.
Al respecto, los funcionarios entrevistados, que solicitaron el anonimato, mencionaron que los grupos criminales están utilizando a los menores “como vigilantes, correos para la entrega de droga; cobradores de droga y también extorsiones”.
Los informes elaborados señalan que los niños utilizados por grupos criminales cometen toda clase de delitos “pues entran a los organismos de justicia para menores o adolescentes, y aunque la falta sea por homicidio tienen la garantía de que en pocos años recuperarán su libertad.
"En la mayoría de los casos los menores que han sido asesinados por vínculos con grupos delictivos provenían de familias que habitan en zonas con altos grados de pobreza y marginación", señalaron fuentes consultadas.
En lo que va de 2010, las autoridades han contabilizado más de 90 casos de jóvenes asesinados, de ellos, al menos 40 no tenían vínculos con organizaciones criminales. Entre los casos más relevantes está la masacre de 15 estudiantes ejecutados durante una fiesta en Villas de Salvárcar, en Ciudad Juárez, Chihuahua, el 31 de enero pasado.
