Por J. Luis Medina Lizalde
AL PRINCIPIO
Un indicador de polarización política inusual en la vida zacatecana, es la proliferación de voces que reclaman al gobierno que entra en funciones en el próximo septiembre, la revisión con lupa de la gestión del gobierno saliente y el castigo legal a quien le resulte responsabilidades.
La polarización se transparenta no por la postura en sí, esencialmente correcta, sino por la emocionalidad con que se expresa el reclamo. Cierto, la mayoría de los simples mortales acudieron a votar y se sumergieron en su cotidianeidad.
Las vacaciones del sistema educativo, y la declinación de la actividad burocrática que precede al periodo vacacional veraniego contribuyen a descargar de tensión la casi permanentemente enrarecida atmosfera política, pero esta vez, a diferencia de ocasiones anteriores, se advierten, junto a las peticiones de transparencia propias de una ciudadanía madura, afanes revanchistas que nada tienen que ver con la moralidad pública.
ENTRE LA JUSTICIA Y LOS DESAHOGOS
El Gobernador electo, licenciado Miguel Alonso Reyes, al declarar que en su gestión no habrá revanchismos ni impunidad, sino aplicación de la ley, se colocó en la única posición válida al respecto. Creo que está consciente de que no puede dejarse instrumentalizar por quienes buscan cobrarse afrentas reales o imaginarias sin ocasionarle un grave daño al interés público, y sin menoscabar su autoridad moral.
Tampoco puede encubrir a quienes fallaron en su encomienda mediante la acción o la omisión delictiva. Esos delitos, de existir, no se cometieron en su perjuicio sino en el de la sociedad.
Al PRD le asiste la obligación de mantenerse cohesionado y combativo para no permitir una cacería de brujas orientada a castigar más la identificación con el perredismo, que la comisión de un delito. Pero también le asiste la obligación de no ser instrumento de presión para que queden sin castigo conductas punibles. El que la hizo, que la pague.
En esa aplicación de la ley ofrecida por Miguel Alonso deberá evitarse que la hebra se reviente por lo más delgado, castigando a quienes no mandaron, ni decidieron. Otro sesgo posible y lamentable sería la impunidad de los que se subieron al carro del ganador cargados de señalamientos públicos.
Tampoco la justicia será servida si se castiga solamente al funcionario corrompido o corruptor sin incluir al particular corrompido o corruptor. El sector privado también le debe a la sociedad una autocrítica.
LA FUERZA DEL EJEMPLO
México ha tenido gobernantes que no roban, pero que su negligencia supervisora propicia que su equipo lo haga. México ha tenido también gobiernos austeros y con la corrupción acotada, pero lo que nunca hemos tenido en los tres niveles de gobierno, es la garantía estructural de que no exista la corrupción o de que si se presenta, se detecte y castigue.
Si el próximo gobernador entiende que su política anticorrupción le obliga a predicar con el ejemplo, habrá empezado bien, pero siendo el paso indispensable no será suficiente sin una contraloría eminentemente técnica y al margen de juegos políticos partidistas, o grupales. Tampoco servirá los propósitos de eficaz fiscalización la nominación de un titular de la auditoria superior que para ser aprobado por la legislatura, tenga que repartir los puestos directivos entre las diversas facciones partidistas representadas en el congreso local.
Una política anticorrupción reclama aclarar las cuentas en el poder legislativo zacatecano, empezando por transparentar los ingresos reales de los legisladores, incluyendo los no presupuestados que, según testimonios públicos, se otorgan a cambio de votos que responden a un interés específico del ejecutivo. También deberá aclararse lo relacionado al doble ingreso que perciben los “profesores diputados”, los bonos, los viajes y lo que elegantemente denominan “partida para gestión social”.
AL ÚLTIMO TENEMOS CIUDADANÍA
Si el próximo gobernador se sacude los intereses creados con decisión y sabiduría, estará en posibilidades de realizar una gestión gubernamental honesta, pero aun así sus efectos positivos terminaran con su sexenio si no le entra al terreno de las reformas con una visión de Estado.
La historia de México nos enseña que pueden impulsarse cambios que posteriormente ingresan a la arquitectura institucional del país desde las entidades federativas. En Zacatecas hay academia de calidad, partidos políticos, colegios profesionales y una buena cantidad de ciudadanos con potencial de aportación para participar en un repaso a lo que tenemos como andamiaje institucional con ánimo de mejorarlo.
En esa tesitura, bien haremos al dejar de copiar lo que con tan poca fortuna se ha intentado en el plano nacional. Los reformadores nacionales contemporáneos no evitaron la conjunción de crisis que nos agobia.
A lo mejor es el momento de pensar con nuestra propia cabeza, como García Salinas, Otero, Rejón y Vallarta.
Nos encontramos el lunes en El recreo.
