AL PRINCIPIO
SIN DERECHO A LA SORPRESA
El nuevo atentado contra el director de la ministerial, afortunadamente fallido aunque con lamentables "daños colaterales" trajo a mi mente la indefensión de las víctimas de abajo, las que sólo obedecen.
Al gobierno de Amalia García y a los gobiernos municipales que terminan su periodo en el próximo septiembre, la irrupción de la delincuencia organizada los agarró descuidados, con cuerpos policiacos mal armados, mal dirigidos, mal entrenados y mal pagados, sin diagnostico situacional y sin capacidad de reacción inmediata.
Les pasó lo mismo a muchas otras entidades de la república, que se vieron de pronto invadidas por bandas delictivas dispersadas por el manotazo calderonista que provocó el conocido “efecto cucaracha".
La sociedad zacatecana tampoco estaba familiarizada con el accionar del crimen organizado, la primera reacción ante la oleada de secuestros, extorsiones y “levantones” fue la parálisis. La protesta social se dio focalizada: Villanueva con los bloqueos carreteros, y Jerez con el boicot al desfile del 20 de noviembre.
En septiembre entra en funciones la primera generación de gobernantes zacatecanos que, respecto al accionar del crimen organizado, llega prevenida, que no necesita improvisar una respuesta.
¿NO ESTAN SOLOS?
El próximo gobierno tendrá la obligación de lograr que los cuerpos policiacos desarrollen un sentido de pertenencia institucional, sin el cual la cooptación y la infiltración del narco tienen vía libre.
Ello exige que los policías ministeriales, de la estatal preventiva, y municipales sientan que el gobernador y los presidentes municipales, los diputados y la sociedad en general, no los abandona a su suerte cuando son víctimas de situaciones aberrantes como las de los ex custodios del CERESO de Cieneguillas, que fueron a pagar culpas de otros a la prisión nayarita; buena parte de los cuales permanecen injustamente recluidos, en espera de la solidaridad del gobierno al que servían cuando cayeron en desgracia.
Hay otros en peor situación: los policías: que han sido secuestrados por las bandas delictivas y de los que no se sabe nada, unos arrancados de sus casas, otros sacados en pleno día de sus oficinas, otros en horas de trabajo cuando desempeñaban alguna rutina de vigilancia. Unos ministeriales, otros de la estatal preventiva, los más de diversos cuerpos policiacos municipales. Todos con familia, todos con hijos, todos pobres.
La procuraduría general del estado se ha visto rebasada por estos hechos delictuosos, su capacidad investigativa es sumamente limitada, su organización interna es muy deficiente. No existen instancias supervisoras internas ni externas confiables, y la evaluación social de su desempeño, fue en el sexenio que fenece, más débil que en el pasado.
Todo ello contribuyó a la impotencia institucional ante la desaparición forzada de los agentes de la ley.
¡SÍ ESTAN SOLOS!
Los testimonios del sufrimiento humano de los familiares son sacudidores: el llanto de una hija adolescente que se pregunta si su padre vive o muere, que si lo torturan, que la decapitación, que los tambos de ácido etc., etc.
Los marca la tortuosidad de la antesala para ser recibidos por un procurador que no tiene más que vaguedades contradictorias como explicación, y una reiterada prevención de que no hablen con periodistas.
Un caso emblemático: Ricardo Sotelo, es uno de los policías ministeriales desaparecidos en abril pasado en el municipio de Tabasco. Había sobrevivido a la masacre de policías del 28 de diciembre del 2007 en Jerez, en la refriega recibió heridas que le provocaron la pérdida de un ojo. De él dependen cuatro hijos, dos con quien está legalmente casado y que reside en los Estados Unidos, y dos con su pareja de muchos años. La situación provocó roces entre las dos mujeres a la hora de decidir quién recibiría el salario del agente desaparecido.
AL ÚLTIMO
CRITERIO INSOLIDARIO
La respuesta del procurador consistió en suspender el pago de las quincenas a partir del 30 de mayo pasado, dejando sin asideros a sus dependientes. En virtud que la esposa ya tiene su vida hecha en los Estados Unidos, y que los hijos que procreó con Ricardo se quedaron desde hace años con la madre de éste, siendo sostenidos económicamente por él, y ante la muerte de la abuela que los cuidaba, ambas mujeres, según me cuenta una de ellas, convinieron en que la quincena se le entregara a la que conmigo habló, para que pudieran sostenerse los hijos de ambas con el policía desaparecido (adolescentes entre los 15 y 19 años).
Hasta la fecha no obtiene respuesta, y mientras tanto tiene que abandonar la casa en renta, pero ni eso puede hacer porque carece de medios para pagar una abultada cuenta del teléfono intensamente usado en el angustioso preguntar por el paradero de su compañero. ¿Se imagina el efecto de historias como esta en la moral de los agentes policiacos?
Nos encontramos el jueves en el recreo
