Estallido estatal
Víctor M. Quintana S.
El juvenicidio, porque no puede llamarse de otra forma a la masacre de 17 jóvenes en el Centro de Rehabilitación Aliviane en Ciudad Juárez, revela, no el estallido social de todos tan temido, sino el estallido estatal: la dispersión, divergencia e incluso contradicción entre los órdenes de gobierno, como sucede en Chihuahua ante la inseguridad rampante.
No hay claridad en las estrategias del gobierno contra el crimen; ni siquiera en las tácticas. No hay claridad en la caracterización del enemigo, o de los enemigos, de sus alianzas y divergencias. No hay hoja de ruta para la retirada del ejército, que ya empieza a empacar maletas. No se ven los acuerdos mínimos entre los órdenes de gobierno. Sin embargo, la cuota de ejecuciones, de secuestros, de actos terroristas sigue aumentando. Como también aumentan las cuotas directas e indirectas que la población tiene que seguir pagando por la acción del crimen y por la ineficaz acción de las fuerzas del orden para combatirlo. Y las acciones tipo escuadrones de la muerte, como la del funcionamiento de los 17 jóvenes adictos, se presentan sin que nadie pueda pararlas.
Las estadísticas que vinieron a descobijar: primero fueron las del Centro de Investigación para el Desarrollo, que colocan a Chihuahua como primer lugar en ejecuciones y en delictividad general, tanto así que, si fuera país, el estado norteño estaría sólo por debajo de El Salvador, Sudáfrica y Venezuela, cuadruplicando la media nacional. Luego las del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, que señalan que Juárez en 2008 tuvo una tasa de 130 homicidios dolosos por cada 100 mil personas, contra 96 de Caracas, 95 de Nueva Orleáns y 73 de Tijuana. Pero como van las cosas, se calcula que cerrará con 2 mil 293 homicidios, para llegar a un terrible 159 por 100 mil. Como si no fuera suficiente, el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad AC dispara otra encuesta: cuatro de cada cinco habitantes de Ciudad Juárez o de Chihuahua se sienten inseguros por vivir en estas ciudades, superando casi por el doble a los ciudadanos que manifiestan la misma sensación en otras partes del país.
Perdida la guerra de las cifras, los medios oficiales y los oficialistas trataron de ganar la de las interpretaciones: la más socorrida es que “hay que descontar los muertos que resultan de las luchas entre narcos y sicarios”. Pero el Sol no se deja tapar por este tipo de dedos y Juárez cierra por segundo mes consecutivo rompiendo el récord histórico de homicidios dolosos en 30 días: 301 ejecutados en el mes de agosto.
Como para argumentar desde la calle a quienes minimizan las cifras de antes, la población se sigue quejando cotidianamente de la explosión de delitos comunes: robos a gasolineras, licorerías, despojo de vehículos a mano armada y secuestros, la democratización del terror, la agresión de la delincuencia a quien ni la debe ni la teme, a todo aquel que parezca tener dinero. La estadística de nuevo es implacable.
La impunidad, a pesar de todo, sigue cam-peando, aunque en una semana se dan a conocer dos aprehensiones espectaculares, la primera, de siete sicarios, responsables de más de una treintena de muertos. La segunda, de tres pistoleros, presuntos autores materiales –no hay pruebas aún– de la ejecución de 211 personas (también presuntamente), todas de bandas enfrentadas del crimen organizado. Sin embargo, los sicarios van también por las suyas. El 27 de julio asesinan al agente del Ministerio Público Federal encargado de las investigaciones del asesinato del periodista Jorge Arturo Rodríguez, y de Benjamín LeBaron y Luis Whitmar. Un mes después, matan al secretario del agente que suplió al ejecutado en julio. En tanto, siguen amenazados los dirigentes de la comunidad de LeBaron.
En medio de todo esto el gobernador del estado anuncia que el Ejército empezará a regresar a los cuarteles, porque entrarán en acción más de 3 mil nuevos elementos recién entrenados a la policía municipal de Ciudad Juárez, sin que esto signifique el fin del Operativo Conjunto Chihuahua. Operativo que revela también sus enormes grietas: su comandante titular, de la quinta Zona Militar, presenta denuncia contra el secretario de Seguridad Pública estatal por “violar la Ley Federal de Armas de Fuego, ejercicio abusivo de funciones, etcétera”. El Ejército que regresa a sus cuarteles, desgastado, desprestigiado por las violaciones a los derechos humanos…
Los ciudadanos chihuahuenses y juarenses han tenido que pagar extra por este operativo que ni es lo que dijeron que era ni ha servido para lo que dijeron que iba a servir. Tan sólo la manutención y el hospedaje de soldados y policías federales ha costado al ayuntamiento de Ciudad Juárez 90 millones de pesos adicionales, cantidad superior al presupuesto de 58 de los 67 municipios chihuahuenses. Un impuesto de ocupación que cobra el gobierno federal para venir a dejar mayores problemas ocasionados por su negligencia.
Un Estado deshilachado, estallado, como se muestra en Chihuahua, no puede ser más que un Estado fallido. Y mientras las autoridades locales no dan pie con bola, Calderón no da la cara, no rinde cuentas. Ni se para por acá ni se refiere a Chihuahua: la cereza del pastel de su fracaso ya tresañero. El cohetón que le estalla en sus manos limpias.
