Como broma de mal gusto un 28 de diciembre, pasa. Como expresión de quien tiene a su cargo en España los asuntos ambientales, el medio rural y marino, es imperdonable. Nos referimos a la señora Elena Espinosa, quien culpó del fracaso de la cumbre de Copenhague a los presidentes de Bolivia y Venezuela por los intereses que tienen en el petróleo y el gas. Así que no fueron los de China, Estados Unidos y otras potencias contaminadoras los que acabaron con la cumbre en la capital danesa.
Bien vale recordar lo que el mandatario venezolano señaló allí: si el asunto del clima fuera un banco en quiebra, ya lo habrían salvado presurosos los gobiernos que deciden la suerte del mundo. No olvidemos la arrogancia con que actuaron en Copenhague esas potencias contaminadoras, cómo ignoraron los argumentos expuestos por científicos y ambientalistas, por los mandatarios de los países que, además de ser pobres, sufren ya los efectos del cambio climático.
Pero Copenhague sigue siendo noticia. El más alto tribunal legal de Francia echó por tierra el liderazgo ecológico planetario que el presidente Nicolas Sarkozy se había edificado. Por injusta e ineficaz, el tribunal censuró y anuló la llamada tasa del carbono, o contribución clima energía (una forma de gravar a la ciudadanía por sus emisiones de gases de efecto invernadero), que debía entrar en vigor este mes y fue muy cuestionada por la opinión pública gala.
Era un impuesto indirecto al consumo de hidrocarburos que pagarían los particulares y las empresas. Pero mientras éstas podrían repercutirlo en el precio de venta de sus mercaderías, no ocurría igual con la ciudadanía. Con el agravante de que la tasa del carbono dejaba fuera a quienes producen 90 por ciento de la contaminación industrial francesa: las fábricas de cemento, vidrio y aluminio, las termoeléctricas, centrales nucleares y refinerías de petróleo, entre otras.
En una semana más Sarkozy presentará su nueva propuesta fiscal en materia ambiental. En México no faltan los que pidan elevar mucho más el precio de los hidrocarburos a fin de desalentar su consumo y obtener recursos para los programas contra el cambio climático.
Mientras, un dirigente con liderazgo reconocido, el presidente Lula da Silva, sancionó a fin del año pasado la nueva ley nacional del clima, por la cual Brasil se compromete a disminuir en casi 40 por ciento las emisiones de gases y favorecer la producción de energías limpias. La ley incidirá en los grandes contaminadores, como el transporte, la industria, la generación de energía y la obra pública y privada. Al negociar exitosamente esta nueva ley con los intereses políticos y económicos de su país, Lula demostró por qué fue el mandatario más aplaudido en Copenhague a la hora de hacer propuestas para contrarrestar los problemas del cambio climático.
En tanto, informes oficiales alertan que México tendrá menos disponibilidad de agua debido a dicho cambio. El Instituto Nacional de Ecología estima una disminución de 10 por ciento al año y entidades muy afectadas por la escasez, como Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Baja California. Refrenda, además, las desigualdades que existen en cuanto a disponibilidad de agua, el mal uso y la sobrexplotación de los acuíferos. El instituto igualmente advierte sobre las pérdidas que el país tendrá en el sector agrícola, y muy especialmente en sus cultivos tradicionales, como fruto de las variaciones climáticas.
Los funcionarios acostumbran dentro y fuera de México pintar un panorama rosa a la hora de anunciar los planes para combatir la contaminación, pero los datos oficiales más recientes muestran que se está lejos de lograr lo que prometen.
Por ejemplo, en 2007 los costos por la degradación ambiental (agotamiento de los recursos naturales y los hidrocarburos, la contaminación atmosférica, por ejemplo) representaron casi 8 por ciento del producto interno bruto, pero apenas se invirtió 0.7 por ciento en combatirla.
Celebremos, finalmente, la libertad de la jefa de Estado de la organización Greenpeace, su consorte y su escolta, presos por colarse a la cena de gala ofrecida por la reina danesa. Continúa vigente su proclama: "Los políticos hablan, los líderes actúan".
Bien vale recordar lo que el mandatario venezolano señaló allí: si el asunto del clima fuera un banco en quiebra, ya lo habrían salvado presurosos los gobiernos que deciden la suerte del mundo. No olvidemos la arrogancia con que actuaron en Copenhague esas potencias contaminadoras, cómo ignoraron los argumentos expuestos por científicos y ambientalistas, por los mandatarios de los países que, además de ser pobres, sufren ya los efectos del cambio climático.
Pero Copenhague sigue siendo noticia. El más alto tribunal legal de Francia echó por tierra el liderazgo ecológico planetario que el presidente Nicolas Sarkozy se había edificado. Por injusta e ineficaz, el tribunal censuró y anuló la llamada tasa del carbono, o contribución clima energía (una forma de gravar a la ciudadanía por sus emisiones de gases de efecto invernadero), que debía entrar en vigor este mes y fue muy cuestionada por la opinión pública gala.
Era un impuesto indirecto al consumo de hidrocarburos que pagarían los particulares y las empresas. Pero mientras éstas podrían repercutirlo en el precio de venta de sus mercaderías, no ocurría igual con la ciudadanía. Con el agravante de que la tasa del carbono dejaba fuera a quienes producen 90 por ciento de la contaminación industrial francesa: las fábricas de cemento, vidrio y aluminio, las termoeléctricas, centrales nucleares y refinerías de petróleo, entre otras.
En una semana más Sarkozy presentará su nueva propuesta fiscal en materia ambiental. En México no faltan los que pidan elevar mucho más el precio de los hidrocarburos a fin de desalentar su consumo y obtener recursos para los programas contra el cambio climático.
Mientras, un dirigente con liderazgo reconocido, el presidente Lula da Silva, sancionó a fin del año pasado la nueva ley nacional del clima, por la cual Brasil se compromete a disminuir en casi 40 por ciento las emisiones de gases y favorecer la producción de energías limpias. La ley incidirá en los grandes contaminadores, como el transporte, la industria, la generación de energía y la obra pública y privada. Al negociar exitosamente esta nueva ley con los intereses políticos y económicos de su país, Lula demostró por qué fue el mandatario más aplaudido en Copenhague a la hora de hacer propuestas para contrarrestar los problemas del cambio climático.
En tanto, informes oficiales alertan que México tendrá menos disponibilidad de agua debido a dicho cambio. El Instituto Nacional de Ecología estima una disminución de 10 por ciento al año y entidades muy afectadas por la escasez, como Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Baja California. Refrenda, además, las desigualdades que existen en cuanto a disponibilidad de agua, el mal uso y la sobrexplotación de los acuíferos. El instituto igualmente advierte sobre las pérdidas que el país tendrá en el sector agrícola, y muy especialmente en sus cultivos tradicionales, como fruto de las variaciones climáticas.
Los funcionarios acostumbran dentro y fuera de México pintar un panorama rosa a la hora de anunciar los planes para combatir la contaminación, pero los datos oficiales más recientes muestran que se está lejos de lograr lo que prometen.
Por ejemplo, en 2007 los costos por la degradación ambiental (agotamiento de los recursos naturales y los hidrocarburos, la contaminación atmosférica, por ejemplo) representaron casi 8 por ciento del producto interno bruto, pero apenas se invirtió 0.7 por ciento en combatirla.
Celebremos, finalmente, la libertad de la jefa de Estado de la organización Greenpeace, su consorte y su escolta, presos por colarse a la cena de gala ofrecida por la reina danesa. Continúa vigente su proclama: "Los políticos hablan, los líderes actúan".