Laura Itzel Castillo
27 de enero de 2010
Hace unas semanas, en este espacio informé que en mi carácter de secretaria de la Comisión
de Energía de la Cámara de Diputados, cuestioné públicamente a Georgina Kessel, titular de la Secretaría del ramo.
En mi intervención le pedí una explicación sobre los proyectos que de manera deliberada han fracasado en Pemex, y sobre las violaciones constitucionales derivadas de la asignación de contratos a empresas privadas. Hasta la fecha, no he recibido respuesta alguna,a pesar de que ella se comprometió a hacerlo. La información que a continuación ofrezco, explica de alguna
manera el silencio cómplice de la funcionaria.
La revista Contralínea publicó el 1 de noviembre de 2008 información que vale la pena rescatar a la luz de la pretensión de reactivar la reforma energética privatizadora.
Dicho trabajo revela que desde Salinas de Gortari, la paraestatal y sus filiales (Pemex Exploración y Producción, Pemex Refinación y Pemex Gas y Petroquímica Básica) violando la Constitución han destinado más de 63 mil millones de pesos para constituir 37 empresas privadas. De estos 37 negocios, la paraestatal reconoce tener el total de las acciones en 20 de
ellas, con una inversión de 30 mil 425 millones 751 mil pesos. Según se denuncia en la nota, "... 29 mil 304 millones 533 mil pesos estarían radicados en los paraísos fiscales de Islas Caimán, Luxemburgo, Irlanda, Suiza, Bahamas, Países Bajos, Inglaterra y Delaware, Estados Unidos", señala la reportera Nancy Flores. La investigación resalta que estos paraísos fiscales son
operados a través de sociedades fantasmas creadas a finales de 1980.
Es de llamar la atención que en el caso de Repsol (la empresa privada española que nos revende gas peruano a precios exorbitantes) Pemex sea accionista minoritario de la trasnacional, con 4.9%. La corrupción es posible en buena medida porque no existe transparencia. Es decir, nadie sabe de estas operaciones presuntamente fraudulentas y no se rinden cuentas a ninguna autoridad. En su momento, el entonces auditor superior de la Federación, Arturo González de
Aragón, señaló que 21 de estas firmas se manejan en la total discrecionalidad. Hechos como este echan por tierra los discursos sobre transparencia y rendición de cuentas, que tanto le gustan a Calderón.
El debate público sobre la reforma política, que en estos días tiene tan entretenidos a los partidos, debiera considerar que no es posible plantear cambios sin antes corregir y sancionar contundentemente estas irregularidades. Es decir, cualquier reforma resulta inútil si primero no pone fin a la corrupción, al saqueo de la nación y a la impunidad.
Los consejeros de Pemex deben comparecer ante la Comisión de Energía para que informen sobre este tema que, mucho más que un asunto opaco,se ha convertido en un auténtico hoyo.
