José Antonio Almazán González
Amás de seis meses del golpe fascista del gobierno de Calderón en contra del SME, al decretar el inconstitucional e ilegal decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, el despido injustificado de 43 mil 720 trabajadores electricistas y la indefensión de 22 mil 256 jubilados, los saldos favorables de la heroica resistencia electricista están a la vista; sobre todo para quienes apostaban por un desenlace rápido, violento y represivo (véanse al respecto los documentos secretos de Calderón) en contra de uno de los sindicatos más antiguos, democráticos, nacionalistas y precursor, junto con los mineros de Cananea, de los derechos obreros plasmados en el artículo 123 constitucional.
1. Pese a la campaña de linchamiento y provocación, 18 mil 10 trabajadores electricistas resolvieron no ser liquidados; se buscaron empleos temporales o se dedicaron al comercio ambulante; vendieron pertenencias, se volvieron mil usos, todo, menos rendirse, conscientes de que la razón constitucional y legal les asiste. A esta franja, que representa 41.2 por ciento del total, se le sumó en los últimos meses un número aproximado de 12 mil trabajadores que, bajo presión y con engaños, fueron llevados a aceptar una "liquidación voluntaria", con la promesa de "primero liquídate y después te recontratamos". Pero pasaron semanas y se acumularon los meses y el engaño quedó al desnudo y finalmente demandaron la figura de "patrón sustituto" en la JFCA. La suma de ambos segmentos de trabajadores asciende a 30 mil 10 trabajadores que representan 68.6 por ciento de los 43 mil 720.
2. Como se recordará el punto de partida de la agresión fascista en contra del SME fue la negativa de toma de nota a la mitad del Comité Central y Comisiones Autónomas encabezada por su secretario general Martín Esparza Flores. Como esta violación a la autonomía y libertad sindical no prosperó, pues la base del SME cerró filas, dejando sola a la fracción sindical disidente promovida y apoyada por Calderón y Lozano, el primero de diciembre de 2009 el presidente de la JFCA emitió un laudo declarando la nulidad del proceso electoral del SME y condenando al SME a reponer las elecciones. Sin embargo, el 19 de marzo de 2010 el quinto tribunal colegiado en materia de trabajo del primer circuito resolvió dar la razón a la queja presentado por la dirección del SME, otorgándole una suspensión provisional "para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que actualmente se encuentran hasta en tanto se resuelva el fondo del asunto en el juicio de amparo" (pg. 34 y 35). En palabras llanas reconocieron que Martín Esparza Flores y 12 miembros de la dirección del SME continúan ocupando sus cargos sindicales. Esta suspensión provisional implicó un durísimo golpe al objetivo de Calderón-Lozano de dejar sin cabeza al SME.
3. El 24 de marzo pasado, mediante el comunicado de prensa 082/2010 la SCJN informó que su segunda sala "determinó reasumir su competencia originaria para conocer y resolver el amparo interpuesto por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y agremiados, radicado en el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito." La decisión la fundó por tratarse de un asunto "de importancia excepcional", pues "involucra el análisis del artículo 16 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, así como el estudio de la constitucionalidad del Decreto por el que se extingue el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro." Agregando "que la resolución que se tome sobre la constitucionalidad de los preceptos reclamados es también trascendente, pues el criterio que en su caso llegue a sustentarse repercutirá de manera excepcional en la solución de casos futuros" (las cursivas son mías) y precisando "que no es impedimento a lo anterior, el que en el caso de hayan formulado agravios en los que se combate el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito, los cuales en principio debieran ser analizados por el Tribunal Colegiado respectivo." Por supuesto esta decisión de la SCJN constituyó también un revés al propósito de Calderón-Lozano que, en días previos y a través de la PGR buscaran, infructuosamente, que la SCJN ejerciera su facultad de atracción, para separar la materia constitucional de la laboral y de esta forma extender la duración del conflicto.
4. La creación del grupo plural de diputados el 25 de marzo introdujo un elemento que el gobierno de Calderón había descartado, desde que en noviembre de 2009 la Cámara de Diputados abdicó de su facultad constitucional de interponer una controversia constitucional en contra del decreto de extinción de LFC. El rompimiento de la alianza entre el PRI y el PAN abrió la posibilidad de creación del grupo de diputados, que sin embargo fue boicoteada por el PAN, pues distorsiona y altera los planes originales de Calderón-Lozano, al permitir supervisar y monitorear todo el asqueroso y corrupto proceso de extinción de LFC y entre cuyas funciones está la de coadyuvar en la búsqueda de una solución política, negociada, legal y constitucional al conflicto electricista.
Con estos elementos a su favor el SME ha resuelto ir a una huelga de hambre masiva, que por supuesto contará con el respaldo de amplios sectores del pueblo de México y de decenas de movimientos de resistencia social en todo el país. En rechazo al decreto de extinción de LFC y por una solución justa y digna, apegada al marco constitucional y legal.
Amás de seis meses del golpe fascista del gobierno de Calderón en contra del SME, al decretar el inconstitucional e ilegal decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, el despido injustificado de 43 mil 720 trabajadores electricistas y la indefensión de 22 mil 256 jubilados, los saldos favorables de la heroica resistencia electricista están a la vista; sobre todo para quienes apostaban por un desenlace rápido, violento y represivo (véanse al respecto los documentos secretos de Calderón) en contra de uno de los sindicatos más antiguos, democráticos, nacionalistas y precursor, junto con los mineros de Cananea, de los derechos obreros plasmados en el artículo 123 constitucional.
1. Pese a la campaña de linchamiento y provocación, 18 mil 10 trabajadores electricistas resolvieron no ser liquidados; se buscaron empleos temporales o se dedicaron al comercio ambulante; vendieron pertenencias, se volvieron mil usos, todo, menos rendirse, conscientes de que la razón constitucional y legal les asiste. A esta franja, que representa 41.2 por ciento del total, se le sumó en los últimos meses un número aproximado de 12 mil trabajadores que, bajo presión y con engaños, fueron llevados a aceptar una "liquidación voluntaria", con la promesa de "primero liquídate y después te recontratamos". Pero pasaron semanas y se acumularon los meses y el engaño quedó al desnudo y finalmente demandaron la figura de "patrón sustituto" en la JFCA. La suma de ambos segmentos de trabajadores asciende a 30 mil 10 trabajadores que representan 68.6 por ciento de los 43 mil 720.
2. Como se recordará el punto de partida de la agresión fascista en contra del SME fue la negativa de toma de nota a la mitad del Comité Central y Comisiones Autónomas encabezada por su secretario general Martín Esparza Flores. Como esta violación a la autonomía y libertad sindical no prosperó, pues la base del SME cerró filas, dejando sola a la fracción sindical disidente promovida y apoyada por Calderón y Lozano, el primero de diciembre de 2009 el presidente de la JFCA emitió un laudo declarando la nulidad del proceso electoral del SME y condenando al SME a reponer las elecciones. Sin embargo, el 19 de marzo de 2010 el quinto tribunal colegiado en materia de trabajo del primer circuito resolvió dar la razón a la queja presentado por la dirección del SME, otorgándole una suspensión provisional "para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que actualmente se encuentran hasta en tanto se resuelva el fondo del asunto en el juicio de amparo" (pg. 34 y 35). En palabras llanas reconocieron que Martín Esparza Flores y 12 miembros de la dirección del SME continúan ocupando sus cargos sindicales. Esta suspensión provisional implicó un durísimo golpe al objetivo de Calderón-Lozano de dejar sin cabeza al SME.
3. El 24 de marzo pasado, mediante el comunicado de prensa 082/2010 la SCJN informó que su segunda sala "determinó reasumir su competencia originaria para conocer y resolver el amparo interpuesto por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y agremiados, radicado en el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito." La decisión la fundó por tratarse de un asunto "de importancia excepcional", pues "involucra el análisis del artículo 16 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, así como el estudio de la constitucionalidad del Decreto por el que se extingue el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro." Agregando "que la resolución que se tome sobre la constitucionalidad de los preceptos reclamados es también trascendente, pues el criterio que en su caso llegue a sustentarse repercutirá de manera excepcional en la solución de casos futuros" (las cursivas son mías) y precisando "que no es impedimento a lo anterior, el que en el caso de hayan formulado agravios en los que se combate el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito, los cuales en principio debieran ser analizados por el Tribunal Colegiado respectivo." Por supuesto esta decisión de la SCJN constituyó también un revés al propósito de Calderón-Lozano que, en días previos y a través de la PGR buscaran, infructuosamente, que la SCJN ejerciera su facultad de atracción, para separar la materia constitucional de la laboral y de esta forma extender la duración del conflicto.
4. La creación del grupo plural de diputados el 25 de marzo introdujo un elemento que el gobierno de Calderón había descartado, desde que en noviembre de 2009 la Cámara de Diputados abdicó de su facultad constitucional de interponer una controversia constitucional en contra del decreto de extinción de LFC. El rompimiento de la alianza entre el PRI y el PAN abrió la posibilidad de creación del grupo de diputados, que sin embargo fue boicoteada por el PAN, pues distorsiona y altera los planes originales de Calderón-Lozano, al permitir supervisar y monitorear todo el asqueroso y corrupto proceso de extinción de LFC y entre cuyas funciones está la de coadyuvar en la búsqueda de una solución política, negociada, legal y constitucional al conflicto electricista.
Con estos elementos a su favor el SME ha resuelto ir a una huelga de hambre masiva, que por supuesto contará con el respaldo de amplios sectores del pueblo de México y de decenas de movimientos de resistencia social en todo el país. En rechazo al decreto de extinción de LFC y por una solución justa y digna, apegada al marco constitucional y legal.
