Laura Itzel Castillo
Publicado el 28 de octubre de 2009 en El Universal gráfico
Bajo el argumento de ser financieramente sano, el Infonavit ha venido colocando los créditos de los trabajadores mexicanos en el mercado internacional, a lo que pomposamente llaman bursatilizar la cartera. Por ello, en 2006 el Instituto autorizó la venta de 56 mil créditos vencidos a dos empresas trasnacionales: Capmark y Scrap II, al 10% de su valor de saldo, es decir, en promedio a 30 mil pesos cada uno.
Pese a los intentos de la dependencia por desaparecer todo rastro de la operación financiera, el Consejo de Defensa de la Vivienda (CDV) obtuvo copia de los contratos de venta. Gracias a ello, desde hace más de dos años el CDV ha venido documentando y denunciando públicamente la ilegalidad de la transacción. Por ejemplo, informó que no se cumplió ni siquiera con un proceso de licitación pública, pues Scrap II se constituyó el mismo día que adquirió 36 mil de estos créditos, pagando con un cheque de caja de 100 millones de dólares, mientras que Capmark lo hizo seis días antes. También reveló que fue el empresario español David Sánchez Tembleque, con una forma migratoria de residencia temporal, el encargado de materializar la venta.
Cuando la que esto escribe presentó el pasado 8 de septiembre la iniciativa de ley para reformar por completo la Ley del Infonavit, se denunció ante el pleno de la Cámara de Diputados, además, que el gobierno espurio estaba aplicando el mismo esquema en materia de vivienda que provocó la crisis hipotecaria de EU, que generó, a su vez, la crisis económica mundial que tiene sumido a nuestro país.
En lugar de garantizar créditos baratos y suficientes para las familias mexicanas como lo establece la Constitución, el régimen de facto de Calderón, a través de la Sociedad Hipotecaria Federal, ha venido promoviendo créditos tóxicos, que en el extranjero se conocen como subprimes.
Se les da el calificativo de tóxicos porque van dirigidos a sectores sin capacidad de pago, quienes, lógicamente, a la vuelta de los meses, caen en cartera vencida. Esta situación, además de producir un conflicto social mayúsculo, afecta en cadena a diversas instituciones que están ancladas al esquema de créditos hipotecarios, como bancos, sofoles, constructoras, etc. A ello se debe que en México haya, por un lado, más de 4 millones de viviendas desocupadas y por otra parte, cerca de 5 millones de mexicanos sin casa propia.
Tristemente para México y, en particular para el Infonavit, no nos equivocamos. El pasado domingo, Capmark se declaró en quiebra en EU. La trasnacional, ex filial de crédito comercial de GMAC, uno de los mayores grupos estadounidenses de crédito hipotecario comercial, tomó la decisión luego de que registró mil 600 millones de dólares de pérdidas en el segundo trimestre de este año. Es decir, lejos de las declaraciones alegres de Calderón respecto a que el país se comienza a recuperar, todo parece indicar que la crisis se seguirá agravando. Por si esto no bastara, la Suprema Corte, mediante argumentos legaloides, determinó que la venta de cartera vencida del Infonavit no es un acto de autoridad, por lo que cada trabajador deberá esperar a ser demandado para defenderse por la vía civil. ¡Vaya camarilla de sinvergüenzas!
