Laura Itzel Castillo
Publicado el 07 de octubre de 2009 en El Universal gráfico
El pasado martes 29 de septiembre, 300 organizaciones integrantes de la campaña nacional Sin Maíz no hay País se dieron cita en el Zócalo de esta ciudad. Entre otras cosas, denunciaron que recientemente Felipe Calderón se reunió en Davos, Suiza, con Monsanto, empresa trasnacional que pretende privatizar el maíz mexicano mediante la contaminación y la legalización de su semilla transgénica.
Curiosamente, dicha reunión coincide con las declaraciones públicas de distintas trasnacionales respecto a que están en espera de iniciar la experimentación con maíz transgénico en el norte de nuestro país, luego de haber presentado 26 solicitudes al respecto. Asimismo, se produce en el marco de las amenazas de Fabrice Salamanca, representante de Monsanto, Dow AgroScience/PHI México y Bayer, por medio de las cuales pretende acelerar la posibilidad de monopolizar este sector.
La introducción de transgénicos en el campo mexicano implica escenarios irreversibles. Conlleva el riesgo de la contaminación del maíz mexicano que podría paralizar un proceso de miles de años de diversificación, con lo que quizás se perdería el patrimonio genético necesario para adaptarnos al cambio climático. También significaría someternos al control extranjero y privado de las semillas a partir de granos aparentemente más productivos pero con nula capacidad reproductiva, es decir semillas estériles.
Diversas personalidades han denunciado ante el Servicio Nacional de Sanidad de la SAGARPA que las solicitudes que han hecho estas trasnacionales violan los requisitos que establece el artículo 16 del Reglamento de la Ley de Bioseguridad. Denuncian también que existen trasgresiones graves a la legislación vigente que podrían resultar en la comisión de delitos penales, como lo establece el artículo 420 del Código Penal Federal.
No se trata de un simple trámite administrativo regulado por un reglamento cualquiera. Se trata de una decisión fundamental para el Estado mexicano, pues el patrimonio originario y alimentario de nuestra nación está en juego: 70% de nuestros productores se dedican al cultivo del maíz. Es el alimento básico que nos proporciona 55% de ingesta calórica diaria y 22% de la proteína.
Es el segundo producto, después del petróleo, del que más subproductos se obtienen. Tal como lo señaló en su reciente visita a nuestro país Olivier de Schutter, relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, los aspectos que hay que considerar son quiénes producen, quiénes comercian y quiénes tienen el poder adquisitivo para consumir.
Con el fin de proteger nuestro maíz y de que todos conozcamos sobre este tema, el pasado 1 de octubre presenté un punto de acuerdo para que la SAGARPA suspenda los permisos de liberación de maíz transgénico en su fase experimental en tanto no se conforme el régimen especial de protección al maíz, señalado en la ley. Además, que se decrete el 29 de septiembre como Día Nacional del Maíz. Ni Japón ni Estados Unidos han liberado permisos para experimentar con granos transgénicos, en el caso del arroz el primero y del trigo el segundo. Ellos protegen sus productos como países de origen. Defendamos lo que es nuestro.
