Asa Cristina Laurell
Publicado el 8 de octubre de 2009 en La Jornada
A fin de comprender el presupuesto público dedicado a salud es importante recordar que está dividido en varias partes. Está en el de la Secretaría de Salud (Ssa) y en las distintas instituciones de seguridad social. La importancia de este presupuesto conjunto es que las instituciones del sector deberían cubrir la atención de 95 por ciento de la población mexicana. Según datos oficiales 48 por ciento corresponde a la salud y 52 por ciento a las instituciones de seguridad social. Centrar la discusión en el Seguro Popular (SP) es entonces una falacia.
El primer problema a considerar es la no afiliación a la seguridad social, particularmente al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que (Informe 2008-2009, p. 34) calcula que 49 por ciento de los trabajadores con derecho al seguro obligatorio no lo tiene, lo que se traduce en pérdida de contribuciones gubernamentales y patronales al fondo de salud.
En esas condiciones es una falsedad culpar al sistema de jubilaciones de los trabajadores del IMSS, bastante recortado con los cambios de la ley en 2004 y el acuerdo vergonzante de las CGT en 2008. A esto se añade el mal cálculo de la aportación al seguro de enfermedad de los jubilados con la introducción de las Afore, en 1997, problema que podría resolverse restableciendo la contribución patronal proporcional al salario y eliminar la cuota fija al seguro de enfermedad, que es altamente regresiva.
Por otra parte, la población objetivo del SP está mal calculada, ya que debería ser de unos 45 millones y se consideran sólo 38 millones, o sea, faltan 7 millones. Con tales desviaciones en la seguridad social y en el SP es insostenible suponer que habrá cobertura universal de servicios de salud en 2011, que es el pretexto para imponer los incrementos del IVA y del ISR.
Desde 2004 los necesarios y urgentes incrementos al presupuesto de salud van sobre todo al SP, incluso a costa del IMSS. Sin embargo, su utilización está lejos de ser escrupulosa y tampoco ha dado los resultados esperados en el acceso a los servicios. Veamos (Informe CNPSS 2009, p. 16).
Resalta que sólo del 71 al 74 por ciento del presupuesto del Sistema Nacional de Protección Social en Salud (SNPSS) ha sido transferido anualmente a los servicios estatales de salud (SES), responsables de prestar los servicios, mientras el gasto de administración de la Comisión de Protección Social en Salud se ha incrementado 4.7 veces y el gasto en “otras acciones”, 4.3 veces. Por otra parte, se ha depositado en el Fideicomiso del SNPSS alrededor de 24 por ciento del total de los recursos del SP en vez del 11 por ciento legal. Así, éste ha acumulado unos 20 mil millones de pesos, mientras los servicios carecen de personal, medicamentos y otros insumos. Este manejo equivale a esconder el subejercicio y constituye una “reserva” poco controlada. Estos recursos podrían haberse usado para invertir en la infraestructura totalmente insuficiente de los SES o ampliar el catálogo de enfermedades catastróficas con los más comunes e inaccesibles para los afiliados. La razón dada por el actual comisionado del SP para no ampliarlo a estas enfermedades por falta de recursos no tiene fundamento.
Los resultados en cuanto al acceso a la atención de los afiliados al SP hablan por sí mismos: el Seguro Popular presta mucho menos servicios que las otras instituciones públicas de salud, a pesar de los incrementos a su presupuesto (ver recuadro). Destaca, además, que 54 por ciento de las hospitalizaciones son para la atención obstétrica lo que resalta aún más la dificultad de acceder a la atención más costosa.
México sigue siendo uno de los países de Latinoamérica con el gasto público en salud más bajo. Se necesita incrementar estos recursos para garantizar el acceso a la atención requerida. Sin embargo, la política de salud actual no abona a este propósito. Los nuevos recursos al SP son mal utilizados y fragmentan todavía más el acceso mientras que la institución más sólida, el IMSS, sufre de un crónico subfinanciamiento que está minando las bases del sistema público más importante del continente. El análisis del presupuesto de salud evidencia que el problema no es sólo de recursos, sino de una concepción inviable de cómo garantizar el derecho a la salud a todos los mexicanos.
El primer problema a considerar es la no afiliación a la seguridad social, particularmente al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que (Informe 2008-2009, p. 34) calcula que 49 por ciento de los trabajadores con derecho al seguro obligatorio no lo tiene, lo que se traduce en pérdida de contribuciones gubernamentales y patronales al fondo de salud.
En esas condiciones es una falsedad culpar al sistema de jubilaciones de los trabajadores del IMSS, bastante recortado con los cambios de la ley en 2004 y el acuerdo vergonzante de las CGT en 2008. A esto se añade el mal cálculo de la aportación al seguro de enfermedad de los jubilados con la introducción de las Afore, en 1997, problema que podría resolverse restableciendo la contribución patronal proporcional al salario y eliminar la cuota fija al seguro de enfermedad, que es altamente regresiva.
Por otra parte, la población objetivo del SP está mal calculada, ya que debería ser de unos 45 millones y se consideran sólo 38 millones, o sea, faltan 7 millones. Con tales desviaciones en la seguridad social y en el SP es insostenible suponer que habrá cobertura universal de servicios de salud en 2011, que es el pretexto para imponer los incrementos del IVA y del ISR.
Desde 2004 los necesarios y urgentes incrementos al presupuesto de salud van sobre todo al SP, incluso a costa del IMSS. Sin embargo, su utilización está lejos de ser escrupulosa y tampoco ha dado los resultados esperados en el acceso a los servicios. Veamos (Informe CNPSS 2009, p. 16).
Resalta que sólo del 71 al 74 por ciento del presupuesto del Sistema Nacional de Protección Social en Salud (SNPSS) ha sido transferido anualmente a los servicios estatales de salud (SES), responsables de prestar los servicios, mientras el gasto de administración de la Comisión de Protección Social en Salud se ha incrementado 4.7 veces y el gasto en “otras acciones”, 4.3 veces. Por otra parte, se ha depositado en el Fideicomiso del SNPSS alrededor de 24 por ciento del total de los recursos del SP en vez del 11 por ciento legal. Así, éste ha acumulado unos 20 mil millones de pesos, mientras los servicios carecen de personal, medicamentos y otros insumos. Este manejo equivale a esconder el subejercicio y constituye una “reserva” poco controlada. Estos recursos podrían haberse usado para invertir en la infraestructura totalmente insuficiente de los SES o ampliar el catálogo de enfermedades catastróficas con los más comunes e inaccesibles para los afiliados. La razón dada por el actual comisionado del SP para no ampliarlo a estas enfermedades por falta de recursos no tiene fundamento.
Los resultados en cuanto al acceso a la atención de los afiliados al SP hablan por sí mismos: el Seguro Popular presta mucho menos servicios que las otras instituciones públicas de salud, a pesar de los incrementos a su presupuesto (ver recuadro). Destaca, además, que 54 por ciento de las hospitalizaciones son para la atención obstétrica lo que resalta aún más la dificultad de acceder a la atención más costosa.
México sigue siendo uno de los países de Latinoamérica con el gasto público en salud más bajo. Se necesita incrementar estos recursos para garantizar el acceso a la atención requerida. Sin embargo, la política de salud actual no abona a este propósito. Los nuevos recursos al SP son mal utilizados y fragmentan todavía más el acceso mientras que la institución más sólida, el IMSS, sufre de un crónico subfinanciamiento que está minando las bases del sistema público más importante del continente. El análisis del presupuesto de salud evidencia que el problema no es sólo de recursos, sino de una concepción inviable de cómo garantizar el derecho a la salud a todos los mexicanos.
