■ Avionazo: el laberinto de la corrupción
Compraron un Learjet de segunda mano porque los nuevos tienen un precio de lista oficial, lo usados no, posiblemente alguien se llevó una comisión. El aeropuerto de la ciudad de México donde aterrizaría recibió una inversión de 8 mil 500 millones de pesos –el presupuesto original era mucho menor–; lo inició Fox, lo inauguró Calderón el pasado marzo con 17 meses de retraso, fueron sepultadas las denuncias de que el presupuesto había sido abultado por diversas irregularidades. Ya se registraron dos choques, sin mayores consecuencias, entre aviones que recorrían la nueva pista de la T2 porque –según los pilotos– quedó poco espacio para que aeronaves grandes puedan dar la vuelta. Las dos principales líneas mexicanas –Aeroméxico y Mexicana– fueron privatizadas a valor de regalo y pasaron a dominio de grupos empresariales que apoyaron al PAN en las elecciones de 2006. Los dueños desmantelaron los contratos de trabajo de los pilotos y los trabajadores de tierra, contando con la complicidad del secretario de Trabajo, Javier Lozano, personaje central del chinogate, el escándalo que provocó el hallazgo de 200 millones de dólares en la residencia de un ciudadano chino-mexicano, actualmente preso por tráfico y lavado de dinero. Los encargados del control aéreo han denunciado en distintas ocasiones la inseguridad en que realizan su trabajo. El principal ocupante del Learjet, Juan Camilo Mouriño, volaba en el avión de la Secretaría de Gobernación porque lo había colocado en ese puesto el dedo presidencial, no obstante las dudas sobre su nacionalidad y las certezas acerca de los muchos millones de pesos que ganaron los negocios familiares gracias a su influencia. Nunca dejó la línea empresarial, contribuyó a una reforma petrolera para ensanchar las puertas del capital privado pasando por encima de la Constitución. Entre las distintas versiones sobre el desplome del aparato, una indica que fue sabotaje del narcotráfico, porque las mantas que han aparecido en diferentes sitios señalan que el gobierno protege a una banda y persigue a otras. El secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez, es funcionario del fondo de inversiones Carlyle, ligado al fabricante del Learjet, la compañía Bombardier. Téllez ha insistido en que “era un buen avión”, pareciera que desea evitar que las víctimas demanden a la fábrica. Todo el aparato de propaganda del gobierno se ha volcado –y en parte ha tenido éxito– a convencer a la gente de que el avionazo fue un accidente debido a la falta de pericia del piloto y el copiloto, a quienes, al principio, se reconoció suficiente experiencia. Todo este laberinto de corrupción ameritaría que se abrieran varios expedientes judiciales y gente importante fuera exhibida y castigada. Sin embargo, Téllez sólo halló dos culpables –el piloto y el copiloto–, que no pueden defenderse porque están muertos.
