Telecracia y partidocracia
En el segundo lustro de los años noventa empezó en México el boom de la “comunicación política”. Un reducido grupo de “media training” y de “imagólogos” se acercó a los políticos para decirles que los medios, en especial la televisión, eran todo en la vida y quien no apareciera en ellos simplemente no existiría. Los políticos lo creyeron y abandonaron las formas arcaicas de la propaganda electoral para concentrar su esfuerzo en el cuidado de la imagen y en la presencia mediática a través de la contratación de spots en radio y tv.
DEMOCRÁTICO NEGOCIO
La televisión comercial, que tradicionalmente había sido el principal obstáculo para la difusión de mensajes políticos no provenientes del gobierno, se entusiasmó con ese nuevo mercado y abrió sus puertas a la propaganda pagada de políticos y partidos. Así se instituyó el negocio de la democracia electoral. Rápidamente se produjo la conversión de los concesionarios hacia el pluralismo político y Emilio Azcárraga Jean, de Televisa, afirmó en marzo de 1999: “La democracia es un gran cliente de la televisión, porque obviamente al abrirse la participación democrática, que haya más partidos, pues hace que tengamos más anuncios. Nosotros estamos abiertos a venderles los que quieran”. Pronto la vida política del país se llenó de propaganda electoral, aunque no hubiera elecciones. Aparecieron las precampañas y luego las “anteprecampañas”.
En 2005, ante el flujo incesante de fondos públicos hacia los medios electrónicos para pagar propaganda electoral, comenzaron a aparecer propuestas para regular ese gasto ya excesivo. A tal reclamo, el hoy senador Jorge Mendoza, ex presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) y en ese momento vicepresidente de Televisión Azteca, respondió con una declaración que seguramente hoy volvería a firmar: “Reducir los tiempos y gastos de radio y televisión (en campañas electorales) nos llevaría a un atentado contra los avances democráticos que con tanto esfuerzo hemos logrado los mexicanos” (Reforma, 13/04/05).
NUEVA RELACIÓN
Al concluir el primer lustro del siglo XXI la relación de la “clase política” con los medios electrónicos era ya de abierta dependencia. Incluso se desarrolló entre los políticos la convicción de que debían “estar bien con los medios” por temor a que éstos no les otorgaran espacios noticiosos o no les aceptaran la contratación de spots. A medida que aumentó ese temor se incrementó el poder político de los principales empresarios de la televisión. La palabra “telecracia” empezó a ser de uso constante y se empezó a hablar de la tv y sus dueños como un “poder fáctico”. La situación de la “clase política” se tornó insostenible.
En este espacio señalamos (“Cambio de frecuencia”, 5, 12 y 19/05/07), que la declaración de inconstitucionalidad a varios artículos de la ley Televisa por la Suprema Corte de Justicia abría a los políticos una coyuntura favorable para tratar de cambiar su relación con los grandes concesionarios de medios electrónicos; la oportunidad de quitarse la liga de dependencia que los sujetaba. Así ocurrió.
PODER PARTIDISTA
Molesta porque la reforma electoral termina con la contratación millonaria de spots y tiempos de transmisión a cargo de los partidos durante las campañas electorales, la CIRT ha alertado sobre “el peligro” que para México tendría la constitución de una “partidocracia”. La “telecracia” teme su desplazo por otro poder.
Evitar que se erija en México un “poder de los partidos” sin contrapesos es algo que depende, en primer lugar, de los ciudadanos. Por supuesto, también depende de los medios, pero en tanto vehículos de información y foros para el análisis, el debate y la crítica, no como instrumentos de poder utilizados por sus propietarios. Y depende también de los periodistas, pero como informadores, analistas y críticos independientes; no como en simples voceros de sus patrones.
