jueves, 20 de septiembre de 2007

Opinión de Enrique del Val Blanco en el Universal

Incremento de precios y salarios
Enrique del Val Blanco
20 de septiembre de 2007



Los acuerdos alcanzados entre el gobierno federal y el Congreso de la Unión para sacar adelante las reformas fiscal y electoral han dejado contentos a muchos, sobre todo porque se han dado en un clima de paz e incluso de respeto casi entre todos los participantes. Pero es necesario reconocer que no todo va a ser miel sobre hojuelas, pues hay costos que tendrán que pagarse; y uno de ellos, desde luego, es el caso de los aumentos acordados para los precios de las gasolinas y el diesel.

De estos aumentos, por cierto, con sorpresa muchos nos hemos enterado que empezarán a tener efecto a partir del próximo 1 de octubre, con el claro objetivo de que su impacto en el nivel de la inflación sea menor para 2008 y así poder presumir, una vez más, que estará lográndose la mítica cifra de 3%, que es la que está en los proyectos del Ejecutivo para el próximo año. Incluso algunos aliados ocasionales del gobierno, como el Centro de Estudios del Sector Privado, han manifestado que estos aumentos no generarán una espiral inflacionaria, al igual que varios de los diputados que, con la mayor parsimonia y sobre todo desconocimiento, han declarado que no tiene por qué haber alzas, ya que se trata de sólo dos centavos por mes.

Resulta lamentable que un asunto tan importante se maneje con declaraciones tan absurdas y ridículas, sin tomar en cuenta que estamos frente a un problema que se puede tornar más grave para la economía mexicana y no por este aumento aislado, sino porque un aumento de las gasolinas trae aparejado alzas en otros precios de bienes y servicios. Peor aún cuando en varios productos los precios están elevándose de manera desproporcionada debido a diversas causas, muchas de ellas reales.

Así, esta semana nos hemos enterado que el precio del bolillo pasará de 1.20 a 1.50 pesos la pieza en los próximos días, como resultado del aumento de los precios internacionales del cereal, sin que hasta la fecha ninguna dependencia gubernamental haya dicho algo sobre este anuncio que hizo la cámara del ramo. La razón del incremento es muy clara: los precios internacionales del trigo y de algunos otros productos, como la soya, el maíz y la cebada, siguen subiendo en los mercados internacionales. Tan es así que el trigo se ha convertido en uno de los productos más rentables en los mercados internacionales debido a su gran demanda.

Esta subida tan espectacular del trigo está haciendo que otros productos también aumenten de precio, especialmente ahora que varios de ellos se pueden convertir en biocombustibles, provocando que también la rama dedicada al ganado tenga que aumentar los precios de sus productos, debido al impacto que tiene el aumento de precio de los piensos.

Además, se está demostrando en el mundo que la cifra global de inflación está ocultando el problema, cada vez más real, de que la canasta básica de productos para fijar el índice está mal estructurada. Así, tenemos como ejemplos que en China el precio de los alimentos crece tres veces más que el índice general de precios y en Italia ha habido grandes movimientos de protesta por el aumento del precio de las pastas que comen la mayoría de los italianos, incluso llegando a propuestas de dejar de comer pasta un día como manifestación de inconformidad por el incremento de su precio, el cual para el gobierno es ínfimo en el índice general, pero para los bolsillos de la gente sí es muy importante.

Algo parecido está ocurriendo en nuestro país; el gobierno y el Banco de México tienen o por lo menos deberían tener claras las repercusiones respecto de los incrementos en los precios de los alimentos que, ahora aunados al alza en las gasolinas, se reflejarán en mayores precios para el transporte e infinidad de productos.

Ya vimos qué ocurrió a inicios de este año con el aumento del precio de la tortilla, derivado de los altos precios internacionales del maíz. Y se está acercando la fecha de revisión de los compromisos en este producto, que aunque se estabilizó en muchos lados aumentó su precio desproporcionadamente en relación con los ingresos de quienes lo consumen.

El gobierno debe tener muy claro que existen precios que son muy riesgosos respecto de sus movimientos al alza, y la tortilla y ahora las gasolinas lo son, independientemente de lo que digan las cifras macroeconómicas y el índice general de precios, ya que la gente tiene que desembolsar más, o mejor dicho reducir su consumo de otras cosas para hacerle frente a estos aumentos. Los técnicos gubernamentales deben recordar que los 50 millones de pobres no son sólo una cifra estadística; son personas de carne y hueso que la están pasando muy mal y ahora con la escalada de precios que viene estarán peor.

Por otro lado, un aspecto importante serán las negociaciones salariales que están en puerta y que fijarán el rumbo para 2008. Nadie en su sano juicio debe pretender que éstas deban estar a un máximo de 3%, como el gobierno ilusamente cree que será la inflación para el año que viene. No tienen que ser los trabajadores, con la venta de su esfuerzo, quienes paguen los mayores costos de las alzas de precios sin que se les reconozca en el salario.

Tan es así que el arreglo del conflicto laboral entre los sobrecargos de Mexicana de Aviación y sus patrones ha sido pactar un incremento directo al salario por arriba de 5%, dadas las condiciones actuales y futuras del país. Esta cifra deberá ser la base para las negociaciones de fijación de incrementos salariales a partir de ahora, incluyendo por supuesto la del salario mínimo para 2008.

No se les vaya a ocurrir fijar cifras más bajas, con el pretexto de que pudiera provocar un incremento mayor a la inflación. El gobierno ya ha dado la pauta, y no deben ser los trabajadores, sobre todo los más pobres, quienes paguen al final la reforma fiscal tan cacareada.


Analista político y economista

PERFIL


Analista político y economista. Secretario general de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde también actuó como contralor general. En el ámbito público, fue subsecretario de la Contraloría y subsecretario de Desarrollo Social