¿Socialmente responsables?
Enrique del Val Blanco
6 de septiembre de 2007
La incapacidad o la complacencia de los gobiernos panistas frente a los abusos de las grandes compañías tanto nacionales como transnacionales va creciendo y quién sabe dónde acabará. Por lo visto, para los funcionarios las disposiciones legales son algo que se puede negociar o bien consideran que es posible realizar algunas acciones no muy claras, siempre y cuando no trasciendan a los medios de comunicación porque, entonces sí, el gobierno demuestra, o mejor dicho, trata de demostrar preocupación, justificación y al final severidad.
Esta semana el secretario de Salud dio una conferencia de prensa en la que abarcó diversos temas. Sus opiniones sobre varios de ellos son preocupantes, por las consecuencias que pueden ocasionar en el tema de la salud pública. No debemos olvidar que es la máxima autoridad designada por el Presidente de la República en esta delicada tarea y, por lo tanto, sus comentarios y declaraciones no pueden pasar como ingenuas, aunque lo parezcan.
Uno de los puntos que trató en la conferencia mencionada es el referente al muy cuestionado convenio que su antecesor en el puesto, el señor Julio Frenk, firmó con las compañías tabacaleras y que fue cuestionado por muchos, ya que era muy beneficioso para ellas y perjudicial para el Estado mexicano, amén de que se supuso violatorio a algunas normas, sobre todo tomando en cuenta que al final quienes ganaron fueron las empresas.
Ahora el actual responsable de la Secretaría de Salud, el señor José Ángel Córdova, dice textualmente que “era un poquito irregular el continuar con esta situación”. Sería muy conveniente que el secretario explicara su calificación de “poquito irregular”, o mejor aún que diera parte a su Contraloría Interna o a la Secretaría de la Función Pública, pues las irregularidades, chicas o grandes —no hay poco o mucho embarazo—, son objeto de sanciones, sean administrativas o penales y sea quien sea el funcionario. En este caso concreto el gobierno mexicano dejó de percibir recursos con base en un convenio ahora declarado irregular y alguien debe ser responsable de ello.
Otro de los temas que trató el funcionario fue el de la famosa seudoefedrina, gracias a la cual la Secretaría de Salud recibirá 746 millones de pesos adicionales que el gobierno federal le otorgó del monto de la cuantiosa confiscación de dinero realizada. Qué bueno que reciban estos recursos adicionales, pues la de Salud siempre ha sido una secretaría deficitaria. Ahora bien, lo que por lo menos para mí no está claro es que, para resolver el problema y prevenir que no vuelva a suceder, la solución que va a dar este gobierno a través de la secretaría es digna del famoso alcalde de Lagos: prohibir totalmente la importación de seudoefedrina. Hasta donde sabemos hay ciertos medicamentos que la requieren como insumo y que se expenden en México y en todo el mundo bajo una regulación expresa.
Es verdaderamente ilógico que para resolver un problema de corrupción gubernamental, como ha sido en este caso de funcionarios de la misma Secretaría de Salud y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de su área de aduanas, la solución que se encuentre sea la de prohibir la importación de un insumo que se requiere para fabricar algunos medicamentos, como si ésta hubiera sido la causante de la situación.
Lo que deberían de reconocer es que no han podido combatir la corrupción en áreas sensibles. Si continuamos aplicando una política como ésta habrá que prohibir la exportación o importación de los dulces y los juguetes que también mencionó el secretario en su conferencia, y así nos podríamos seguir. Es decir, protejamos el castillo y que nadie entre o salga de él, así nos salvaremos todos. Es verdaderamente infantil la solución dada por el funcionario federal.
Otro tema adicional que trató y que ha sido difundido por los medios de comunicación ha sido el de la Coca-Cola Zero que se vende en México y que en su fórmula contiene ciclamato de sodio. El funcionario informó que están revisando la evidencia científica que orilló a los estadounidenses y a los europeos a reducir el uso de este producto, hasta un límite que vuelve poco útil usarlo en cualquier producto como edulcorante. También sería conveniente conocer los elementos que tomó en cuenta la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), dependiente de su secretaría, para utilizarlo.
Sería muy oportuno que alguien le explicara al secretario que desde 1969 los estadounidenses ya habían puesto el dedo sobre este producto y que ninguna compañía en ese país o en Canadá hace uso de él. Lo que estamos es frente a una compañía que a sabiendas de qué producto es, lo utiliza en aquellos países donde la legislación es laxa. Incluso ya la Comisión de Salud de la H. Cámara de Diputados ha solicitado la intervención de la secretaría.
Por cierto, según informan los medios de comunicación, la vocera de la empresa, Adriana Valladares, dijo que sólo se utiliza el ciclamato en los productos de cola, no en el resto, sin dar mayores explicaciones.
Lo que el gobierno sí tiene que hacer en este caso es prohibir la venta de los productos que contengan ciclamto de sodio, y para ello bastaría con que simple y llanamente preguntara a esta compañía refresquera trasnacional, o a sus socios en México encabezados por la poderosa FEMSA, por qué en Estados Unidos y Canadá el mismo producto, es decir, la Coca-Cola Zero, se vende sin utilizar el ciclamato. Así de sencillo.
Seguramente la respuesta real es que ha de ser una sustancia más barata que otras y de esta manera se obtiene una utilidad adicional, no importando la salud de las personas. Por eso, efectivamente, como afirmó en su conferencia de prensa el secretario de Salud, deben ser contundentes, sobre todo aplicando la ley para todas aquellas empresas que abusan de las lagunas o laxitud de la legislación nacional, como hemos visto en los casos de las tabacaleras y Coca-Cola.
Por cierto, varias de estas empresas presumen que son “socialmente responsables”. Sería conveniente preguntarles frente a quién lo son.
PERFIL:
Analista político y economista. Secretario general de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde también actuó como contralor general. En el ámbito público, fue subsecretario de la Contraloría y subsecretario de Desarrollo Social.
