Hipótesis de los ataques a PemexJorge Luis Sierra
14 de septiembre de 2007
El ataque con explosivos a los ductos de Pemex podría ser visto a la distancia como una operación de guerra sicológica en la que la fuente original logró que el atentado terrorista sea atribuido a otra, lo que en la jerga militar se menciona como propaganda negra.
Los atentados a Pemex parecen operaciones clásicas de los movimientos armados mexicanos, pero hasta ahora, fuera de los mensajes reivindicatorios, no existen evidencias públicas fehacientes de que hayan sido cometidos por supuestas células guerrilleras especializadas en explosivos. La experiencia histórica y el manejo profesional, organizado y efectivo de esos explosivos obliga a tomar en cuenta otras posibilidades.
Los atentados parecen coincidir con una larga historia de propaganda armada que empezó en México desde los 70 con los bombazos de la Unión del Pueblo en Oaxaca, Guadalajara y la ciudad de México, y siguió con las explosiones en Plaza Universidad, el Cuartel Militar número 1 y las torres de energía en Cuautitlán Izcalli, atribuidas al PROCUP en enero de 1994.
En esos 20 años de propaganda armada, los grupos responsables, algunos con conocimientos rudimentarios de explosivos y otros con entrenamiento militar en países socialistas como Corea del Norte, lograron evitar al máximo las bajas humanas y la destrucción indiscriminada de bienes materiales.
Los movimientos armados del pasado detonaban bombas de bajo poder en estacionamientos de centros comerciales, oficinas bancarias, torres de electricidad, siempre en horas no hábiles, sin riesgo de dañar a clientes, empleados o transeúntes. Después del atentado, los movimientos se adjudicaban la acción y llamaban a los ciudadanos a unirse contra el Estado burgués.
Ese estilo casi romántico de operaciones de guerra sicológica, consideradas como “propaganda blanca” porque la fuente original aceptaba públicamente toda la responsabilidad, se acabó pronto. Primero, porque las operaciones cesaron cuando los grupos fueron destruidos casi en su totalidad por las policías civiles y militares y, segundo, porque sus células quedaron inmovilizadas por la infiltración gubernamental y el costo tan alto que las policías federales, los organismos de inteligencia y las Fuerzas Armadas imponían a quien se activara en la lucha armada.
El PROCUP, integrado por sobrevivientes de la Unión del Pueblo, de la Liga Comunista 23 de Septiembre y otros militantes dispersos, se ocupó después de asesinar a los líderes campesinos que habían abandonado la lucha armada y pasado a las filas del movimiento popular, que a veces era radical, pero evitaba el uso de las armas.
¿Cómo sobrevivió ese grupo a la Brigada Blanca, a la Dirección Federal de Seguridad, al Cisen, al Ejército? Es difícil decirlo, pero a principios de los 90 el PROCUP logró reproducirse en supuestas organizaciones campesinas y de derechos humanos a quienes el resto de las coordinadoras sociales, campesinas y sindicales veía con temor.
Esa organización, con exhibición de uniformes nuevos y armas de alto poder, así como con recursos resultado de secuestros de empresarios prominentes, apareció como el EPR el 28 de junio de 1996. Desde esa fecha y hasta mayo de 1997, menos de un año, el EPR realizó 18 operaciones en Oaxaca, DF, estado de México y Guerrero y causó bajas en la policía, el Ejército y la Armada. En ninguna de esas operaciones se usaron explosivos activados a distancia.
Aunque desorganizadas y plagadas de errores tácticos, las acciones del EPR causaron bajas: tres civiles, 13 policías y 14 militares (dos tenientes, tres sargentos, cinco soldados y cuatro efectivos de la Armada). La campaña de emboscadas a convoyes del Ejército, cuarteles militares y oficinas de la policía arrojó 41 militares heridos, un general entre ellos, 13 policías y cuatro civiles.
La respuesta gubernamental, a través de los llamados Grupos de Coordinación, acabó con esa ola de violencia. Desde mayo de 1997 hasta el 11 de septiembre de 2001, el mando estratégico del EPR se quedó sin bases ni mandos intermedios y se resguardó en la clandestinidad. Ocurrió entonces una supuesta multiplicación de grupos rebeldes que le dio al gobierno la oportunidad para infiltrar a más agentes de inteligencia en las células dormidas y disuadirlas de entrar en acción.
Desde el 11 de septiembre de 2001 hasta los atentados a los ductos de Pemex, el mando estratégico del EPR había guardado un silencio casi total, sin operaciones armadas ni mandos intermedios y prácticamente sin bases sociales de apoyo. ¿Cómo se explica entonces que de la noche a la mañana el EPR reaparezca con la operación coordinada, eficaz y sorpresiva de células expertas en explosivos detonados a distancia? ¿Cómo pudo ocurrir ese desarrollo sin ser anticipado, descubierto o destruido?
Públicamente, militares mexicanos aseguran que pronto entregarán resultados. En privado, especulan. Una hipótesis que les inquieta es la de una acción encubierta de la CIA para provocar una desestabilización tal en México que conduzca a la intervención de las policías federales de EU y de especialistas en conflictos de baja intensidad del Departamento de la Defensa.
A menos que ocurra un fracaso total de los órganos de inteligencia civil y militar, el diseño y operación profesional de explosivos activados a distancia, como los que se han usado en Irak y que han causado más de 3 mil bajas en el Ejército de EU, no parecen formar parte de habilidades observadas en los movimientos armados del país. Es posible que el EPR haya alcanzado en estos años ese entrenamiento y habilidad en explosivos, pero eso no se explica en el contexto de los sistemas de contrainsurgencia en México y su eficacia en contra de los movimientos armados.
Esa maestría en el manejo de explosivos también la tienen los cuerpos de seguridad mexicanos, los grupos de ultraderecha, las bandas del narco y sus grupos de sicarios de origen militar, las organizaciones terroristas internacionales y otros servicios de inteligencia que operan en México. Evidentemente hay un río revuelto donde la propaganda negra podría ser un arma eficaz en el cumplimiento de objetivos políticos de cualquier índole. Un mensaje fáctico que se ha dado es que existe la capacidad de detonar explosivos en instalaciones estratégicas y que sólo sería un asunto de decisión táctica si los grupos recurren a explosivos de más fuerza en momentos en los que puedan causar el máximo posible de bajas humanas.
Ninguna hipótesis debe ser desechada.
jlsierra@hotmail.com
Especialista en temas de seguridad y fuerzas armadas
PERFIL
Jorge Luis Sierra es un periodista especializado en asuntos militares y de seguridad nacional.
Ha trabajado como profesor e investigador visitante en la Universidad Iberoamericana y ha sido becario del Centro Hemisférico de Estudios de la Defensa, de la Universidad de la Defensa Nacional en Washington; del Programa de formación de civiles en políticas de la defensa, de la Universidad Torcuato di Tella, de Buenos Aires, Argentina; y del Centro de Periodismo Internacional de la Universidad del Sur de California, en Los Ángeles.
