Raymundo Riva Palacio
26 de septiembre de 2007
El problema de la inseguridad en México ayuda a Estados Unidos en la parte final de la negociación del paquete al combate al narcotráfico, para imponer el servicio de una empresa privada acusada de asesinatos en Irak
Los giros semánticos le han quitado agresividad al término “mercenario”. Eso estaba bien para África y Asia, donde mercenarios al servicio de las élites —como en la vieja Rodesia— o de gobiernos —como la tribu Meo que ayudó a Estados Unidos en Vietnam— cumplían con la misión de ejecutar acciones extralegales. Para dulcificar el término, pero sin dejar de reconocer que las ideologías habían sido derrotadas por la búsqueda de buen dinero, se les comenzó a llamar “soldados de la fortuna”, hasta que el entonces presidente Ronald Reagan salió con que todas aquellas fuerzas irregulares —a las que secreta o abiertamente apoyaba su gobierno— eran “soldados de la libertad”.
En los últimos años, como subproducto de la globalización, se institucionalizaron esas fuerzas mercenarias, se les revistió de un talante corporativo, se volvieron públicas y los gobiernos que antes las utilizaban subrepticiamente las contrataron. Eso hizo el gobierno de George W. Bush con una empresa, ahora llamada de “seguridad privada”, con sede en Carolina del Norte, Blackwater, a la que se le han asignado contratos por más de 700 millones de dólares para trabajar en Irak desde hace cuatro años.
Blackwater se encuentra metida en serios problemas estos días. Por largo tiempo protegida por el gobierno de Bush, todas las alertas que le dieron las autoridades iraquíes por su involucramiento en el asesinato de sus ciudadanos fueron desoídas hasta hace tres fines de semana, cuando de manera abierta para todos intervinieron en un tiroteo en Bagdad dejando 11 muertos e hiriendo a otros 12. Washington ya no pudo seguir cerrando los ojos ante los abusos de esta empresa que opera bajo la autoridad directa del Departamento de Estado, con lo cual evita todas las regulaciones que impone el Pentágono a todas las empresas de “seguridad pública” contratadas en Irak, y ha tenido que iniciar una investigación. Pero ahí no para el escándalo de Blackwater. En la propia Carolina del Norte, un tribunal revisará las acusaciones contra dos de sus empleados, a quienes se les acusa de haber transportado ilegalmente armas a Irak. El problema lo tienen en Estados Unidos y afecta a Irak. Pero no nos es lejano. Blackwater está escribiendo el prólogo sobre su participación directa en el combate contra las drogas en México.
La empresa de seguridad más protegida por la administración Bush es una de las imposiciones que está colocando Estados Unidos dentro del programa de asistencia militar que está negociando con México, y que está llevando al gobierno de Felipe Calderón a un esquema de alta dependencia de la tecnología y los recursos humanos estadounidenses. El paquete bajo discusión oscila entre 900 y mil 200 millones de dólares, aunque dentro del gobierno mexicano todavía quisieran extenderlo hasta los mil 500 millones de dólares.
Esto incluye toda una nueva generación de equipos altamente sofisticados para las autoridades mexicanas, como el software para un sistema de información nacional, la tecnología para poder interceptar la telefonía radial Nextel —que todavía no existe en México— y vehículos blindados y con sistema de comunicación, además de helicópteros y aviones para el combate al narcotráfico.
Blackwater quiere hacerse responsable de toda la seguridad a lo largo de los 3 mil 200 kilómetros de frontera común, y una de las formas como ha subrayado ser la mejor en el campo es su efectividad en Irak, donde presume que bajo sus operaciones es cuando menos víctimas oficiales y civiles se han registrado durante la guerra civil en aquel país. Claro, en el momento en que la empezó a impulsar el gobierno de Bush, aún no se encontraba metida en el escándalo actual. Los mexicanos, que solemos estar permanentemente viendo a nuestro ombligo, acostumbramos dejar inconexas las cosas en el mundo con aquello que nos pueda afectar. El escándalo en el que se encuentra Blackwater hay que seguirlo puntualmente en México, en particular la forma como su personal se maneja por fuera de las regulaciones en el campo del uso y portación de armas.
¿Operaría Blackwater en México con su personal desarmado? Si uno observa las zonas donde está ofreciendo sus servicios, los centros de operaciones de los cárteles del Golfo, de Juárez y de Tijuana, es bastante ingenuo pensar que dejarán sus armas en casa. De hecho, las presiones estadounidenses son más efusivas en ese terreno. Por ejemplo, aunque en diciembre pasado se le autorizó a la DEA incrementar el número de agentes asignados en México a casi 100, están pidiendo otro aumento, de poco menos de 30%, como parte del mismo paquete de asistencia militar, incluyendo la petición eterna de que sus agentes porten armas en territorio mexicano. Hasta ahora, de manera oficial no se les ha permitido, aparentemente, ni siquiera en las operaciones contra el narcotráfico donde se les ha autorizado participar disfrazados de elementos de la AFI. Lo que ya se aceptó, de manera extraoficial, es que agentes de la CIA participen en operativos militares contra el narcotráfico, como sucedió recientemente en una acción contra miembros del cártel del Golfo y representantes de un cártel colombiano, que fueron detenidos en un restaurante de la ciudad de México.
Aunque estas dos son agencias oficiales del gobierno estadounidense, en la práctica, como se ha visto en Irak, son lo mismo que Blackwater en lealtad y objetivos.
Es muy tarde para evitar que el gobierno mexicano se meta en la cama de la dependencia con Estados Unidos, porque a la necesidad de recursos para combatir al narcotráfico se le suma la negligencia de la clase política en México para, presionando contra las ataduras que llevará un programa de asistencia en los términos como se están planteando —a decir de lo poco que ha salido al público—, que se le dieran armas políticas para utilizar durante la negociación en Washington. Los tiempos tampoco son los mejores. Apenas la semana pasada, la Contraloría General, que es un brazo que depende del Congreso, dio a conocer un informe sobre la cooperación entre los dos países en la materia, donde México no salió bien librado. Sólo por mencionar un dato, el porcentaje del total de cocaína llegada a Estados Unidos procedente de México subió de 66% en 2000 a 90% en 2005, mientras que los cárteles mexicanos operan en todas las regiones de aquel país. La corrupción en México, argumentó el informe de la GAO, que es su acrónimo en inglés, contribuyó a que los cárteles tengan ganancias anuales de 23 mil millones de dólares del mercado estadounidense. El gobierno de Felipe Calderón entró en desventaja a la negociación con Estados Unidos y se le suman nuevas debilidades. Hay pequeños sectores de la sociedad que expresan sus objeciones a formas y fondo de la negociación, pero la mayoría guarda silencio. No es cómplice; meramente negligente. Después, cuando ya no hay punto de retorno, gritan y protestan. Todo en vano. Y luego dicen que no nos merecemos lo que tenemos.
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