Funciones de la hacienda pública
Ifigenia Martínez
6 de septiembre de 2007
Corresponde al gasto público satisfacer las ineludibles funciones expresadas a través del mecanismo presupuestal y el proceso de autorización y revisión de cuentas del Congreso. También hay que considerar la descentralización gubernamental para el ejercicio de dichas funciones, que en México se distribuyen en los niveles federal, estatal y municipal.
La más antigua de las funciones gubernamentales es la potestad de tomar y asignar recursos nacionales para satisfacer las necesidades de seguridad ante ataques externos o revueltas internas, de impartición de justicia y relaciones con el exterior, o sea, mantener la seguridad interna y externa del país y de sus habitantes.
También se utiliza el gasto público para contribuir a crear la infraestructura productiva del país —caminos, presas, puentes, vías de transportación, energía, edificios y obras públicas—, cuya construcción podría abarcar varios ejercicios. Se trata de una función estratégica: contribuir a desarrollar la economía nacional utilizando la fuerza y el poder del Estado para capitalizar, industrializar, proteger e insertarla adecuadamente en la esfera internacional. Para esta función deben considerarse sus efectos en la oferta y demanda del mercado con objeto de fortalecer, ampliar y complementar la acumulación de capital. Además, el gasto puede ser deficitario y justificado porque significa una adición permanente al acervo del capital nacional.
Un segundo grupo de funciones son las sociales: educación —hasta investigación científica y tecnológica—, salud y seguridad social vinculada al empleo, derechos sociales que después de la Segunda Guerra Mundial adquieren rango obligatorio dentro del concepto de Estado de bienestar. La asignación de recursos para satisfacerlas responde al cumplimiento de derechos humanos y no a la demanda y oferta del mercado, aunque están vinculadas al flujo de bienes y servicios disponibles. En el ejercicio del gasto social el Estado realiza una función redistributiva que debe complementar para atenuar la desigualdad con tarifas impositivas progresivas y con subsidios para quienes padecen situaciones desfavorables de desempleo, vejez, desastres naturales, etcétera.
Una tercera función del Estado es manejar el presupuesto para contribuir a estabilizar los agregados monetarios de la economía usando el equilibrio fiscal, el monetario y el manejo del tipo de cambio. Esta función, promovida por los monetaristas, es la base de la política neoliberal: fijar metas de inflación y supeditar el crecimiento del PIB y del empleo a la estabilidad de los precios y del tipo de cambio.
Finalmente está la función de coordinación presupuestal que implica acuerdos entre los diferentes niveles de gobierno para lograr la satisfacción plena de las demandas sociales y económicas a cargo del Estado en todo el país.
El cumplimiento del Estado mexicano en el ejercicio de las finanzas públicas es producto de la evolución histórica del país. Se pueden distinguir dos etapas en el desempeño del gasto público: el periodo postrevolucionario, de 1934 hasta la gran crisis de la deuda externa de 1982, y la segunda de ese año a la fecha, con diferentes objetivos y una marcada diferencia en sus resultados.
Durante cerca de 50 años se mantuvo una tasa media anual de crecimiento del PIB nacional de 6.5% y per cápita de 3.2% que cambió la estructura productiva y distributiva del país. A pesar del acelerado crecimiento de la población, aumentó la productividad de la agricultura y la industria, creando la clase media. Por contraste, en la segunda etapa, que inicia con la gran crisis de la deuda externa en 1981-1989, caen la tasa de crecimiento del PIB nacional y los salarios, y ocurre una transferencia neta de recursos al exterior.
Denominaremos a la primera etapa la del nacionalismo revolucionario y a la segunda la del neoliberalismo contrarrevolucionario que ocurre en dos fases: la del ajuste estructural, dominada por el pago de la deuda externa (1982-1989), y la que restringe al gasto y la economía pública y se consolida posteriormente con la entrada en vigor del TLCAN en 1994.
La retracción del Estado en el proceso de for-mación de capital marcó un parteaguas en el ritmo del crecimiento económico. En ello radica el insuficiente crecimiento del PIB y del empleo estrechamente relacionado con la reducción de la economía pública y la venta o liquidación de sus instituciones, la privatización y consecuente extranjerización de la banca nacional, llevadas a cabo por los gobiernos de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo.
PERFIL:
Integrante del Consejo Político del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Maestra en Economía por la Universidad de Harvard. Se ha desempeñado como investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Fue diputada federal de la L Legislatura por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), senadora de la República por el Frente Democrático Nacional, fundadora y miembro del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, diputada federal de la LVIII Legislatura por dicho partido y embajadora permanente alterna de México en la ONU.
