Retiran subsidio al consumo de luz a viviendas y lo ceden a la IP

(Nota publicada en La Jornada el 29 de diciembre de 2008)

A partir del próximo año incrementarán cada mes las tarifas para el servicio doméstico

Retiran subsidio al consumo de luz a viviendas y lo ceden a la IP

■ Los grandes industriales contarán con mejores condiciones de pago para que no les afecten las “variaciones inflacionarias”

■ Podrían contar incluso con un esquema de cargos fijos, señala el SME

Patricia Muñoz Ríos

En forma subrepticia, el gobierno federal modificó en el último bimestre de este año las tarifas del servicio eléctrico para beneficiar a los grandes industriales y mayores consumidores del país y darles mejores condiciones de pago, e incluso está trasladando a los empresarios subsidios que tenían los usuarios domésticos, mientras para los ciudadanos en 2009 las tarifas de luz se incrementarán en forma mensual.

Además, a partir de febrero y marzo del próximo año cambiará radicalmente el esquema de cobro de energía eléctrica en el Distrito Federal y estados colindantes, y entrará en operación un nuevo sistema que incluye la instalación de cajeros automáticos en los que se podrá pagar el servicio las 24 horas del día, así como tres call centers, o centros de atención telefónica, en los que se podrán realizar trámites y quejas sobre el servicio, según detalló el líder Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza Flores.

En cuanto a la modificación de las tarifas a escala nacional, información de las secretarías de Hacienda y Energía revela que desde la última semana de noviembre se cambió el esquema tarifario para “eliminar el efecto de la volatilidad de los precios de los combustibles y (evitar) que las variaciones inflacionarias” afectaran a los industriales del país que tienen elevados consumos.

Según Hacienda, se trata de “atenuar” el impacto del mayor costo de la energía para los grandes productores del país –tanto nacionales como extranjeros–, ampliar las opciones de pago y adoptar un esquema de cargos fijos para los usuarios industriales de alta tensión.

Para el líder del SME, Martín Esparza, de nueva cuenta se trata de beneficiar a las empresas privadas y darles mejores condiciones de pago, e incluso se trasladan subsidios que tenían los usuarios domésticos a los industriales. Sin embargo, para los consumidores domésticos durante 2009 seguirá incrementándose el costo de la energía eléctrica, ya que los cobros se determinan tomando como referente el costo de la unidad de medición del gas internacional y no el costo de producción nacional.

Asimismo se modificará el recibo de pago y los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro que realizan la tarea de tomar las lecturas del servicio portarán equipos electrónicos especiales para procesar en tiempo real los consumos y emisión de recibos de luz y hacer más eficientes los cobros.

En entrevista, el dirigente señaló que desde finales de noviembre el gobierno federal modificó una serie de tarifas eléctricas para favorecer a los industriales, darles mejores condiciones de pago e incluso apoyarlos con subsidios. En tanto, para los usuarios domésticos continuará incrementándose el costo del servicio durante todo el próximo año, porque las tarifas aumentan prácticamente cada mes.

En cuanto al nuevo esquema que Luz y Fuerza del Centro establecerá a partir de febrero o marzo de 2009 para aplicar el cobro, realizar la toma de lecturas y atender al público, el líder del SME indicó que el Instituto Politécnico Nacional desarrolla el modelo, que modificará desde las gestiones para la solicitud de contratos hasta la verificación de lecturas, facilidades para los pagos y demás.

Este programa está muy avanzado e incluye modificaciones a las estructuras del sindicato y algunas cuestiones administrativas, ya que, por ejemplo, los tres call centers que se van a instalar darán servicio para que los usuarios vía telefónica realicen reclamos de por qué llegó alto el costo del servicio en el recibo y se pidan visitas de trabajadores para verificar instalaciones. Los cajeros automáticos se instalarán en establecimientos comerciales.

Las sucursales también van a contar con máquinas touch screen, o sea con pantallas táctiles que darán información a los usuarios. Los tomadores de lectura van a contar con pantallas portátiles, en las que ingresarán los datos del consumo desde los domicilios de los usuarios, y procesarán en línea las facturas o recibos; incluso vía Internet se podrán realizar consultas sobre el servicio.

Según informó Esparza Flores, también se va a cambiar la factura, el recibo tradicional de luz, el cual se hará más amplio y contendrá información sobre el historial del consumo, el costo real del servicio y los subsidios que se reciben.

Agregó que incluso ya se cuenta con recursos para iniciar el programa de licitación de compras, y los trabajadores van a comenzar un plan de capacitación para poner en marcha este nuevo sistema de gestión comercial.

RECREO

Por J. Luis Medina Lizalde

(Publicado el 29 de diciembre de 2008 en el periódico IMAGEN)

AL PRINCIPIO

El presidente municipal de Ojocaliente despedirá a cien empleados y para ello cuenta con el apoyo del SUTSEMOP, según lo informado la semana pasada en Imagen.

Si la medida es conforme a criterios de interés público, con puntual observancia de la ley, Ojocaliente puede convertirse en ejemplo a seguir para el resto de los ayuntamientos, a los que les ha crecido la nómina como consecuencia de la combinación de la corrupción política con la escasez de fuentes de trabajo.

Aunque antes de despedir gente, los cabildos, por ser instancias plurales, pueden liderar procesos de disminución de gastos reduciendo los viáticos, suprimiendo los paseos nacionales e internacionales con cargo a los impuestos y racionalizando las compras.

Claro, para hacer eso hay que pensar diferente a los que ven natural que con las finanzas públicas se alquile un auto último modelo para el servicio de cada regidor al que además se le otorga gasolina y se le paga el celular.

Por eso a los simples mortales no les gusta pagar impuestos

“HACE UN AÑO Y SIN EMBARGO, ME EMBORRACHO TODAVÍA”

No sólo el presidente, sino los poderes Legislativo y Judicial, no toman en cuenta que el crimen organizado, como fenómeno social, también es dinámico, cambiante. Crecen la demanda y la oferta pero también sus formas de actuar... Mientras no entiendan la esencia de narcotráfico seguirán dando ‘palos de ciego’.

General (retirado) Jorge Lugo Cital, Ensayo: La Seguridad, como elemento social desconocido

Ayer se cumplió un año de la cruel masacre que cobró la vida de seis agentes ministeriales y de un elemento de tránsito en la salida de Jerez a Tepetongo cuando trasladaban detenidos desde la cárcel distrital de Tlaltenango.

El número de atacantes se calcula en varias docenas. El lugar escogido para la matanza habla del propósito de lograr amplia resonancia.

La audacia de los atacantes esa misma noche al merodear desafiantes las instalaciones de la onceava zona militar, describe una beligerancia inusitada.

La AFI intrascendente, la Federal preventiva compartiendo el pan y la sal con los periodistas, el ejército llegando tarde.

Luego llantos y discursos, después el olvido oficial.

La matanza de Jerez sepultó el egocéntrico discurso del “estado seguro” y no porque ya no lo usen, sino porque ya nadie “los pela”, y no por la matanza en sí, sino por la nula respuesta a la misma de parte de un gobierno que no encontró falla alguna en la actuación de los que tuvieron que ver con los acontecimientos desde el lado de la autoridad.

De los autores de la matanza, como dice el corrido, “nunca más se supo nada”.

El “efecto cucaracha” es una metafórica manera de referirse al desastre estratégico en que se convirtió la decisión de Felipe Calderón de mandar a la tropa en masa a combatir a enemigos no identificables sino mediante una previa labor de inteligencia, provocando la expansión del crimen organizado en forma semejante a como se expanden las células cancerosas como resultado de una equivocada intervención quirúrgica.

Metástasis le llaman los médicos.

Pero de la invasión de este cáncer a Zacatecas Felipe Calderón no es el único responsable.

El gobierno del estado incurre en el mismo equivoco en que incurrieron los gobernantes de Sinaloa, Baja California, Tamaulipas y demás a los que les estalló el problema en las narices: la subestimación del fenómeno.

Es sorprendente la persistencia en su “síndrome de mal de muchos” después del espectacular asalto a más de quinientos en un carril de carreras en Chalchihuhites, la matanza de inocentes en Villa de Cos, el secuestro de un solo jalón de doce personas en Jiménez del Teul, la liberación de diez secuestrados en la colonia las Arboledas, y los numerosos extorsiones en toda la entidad.

Otra forma de incumplir la obligación de velar por la seguridad de velar por la seguridad de sus gobernados es la pasividad y el silencio gubernamental ante los abusos de militares y policías en la acción antidelictiva.

AL ÚLTIMO

¡Hasta luego, amigo!
La muerte de Enrique Varela Parga nos agarró descuidados: se fue cuando vivía la cotidianidad serena en donde el ímpetu ya va por cuenta de los hijos.

Lo despedimos con llanto interior, como él lloraba.

Ahí estuvimos los que lo quisimos, los Varela, los Parga, los notarios, los de la generación, la raza.

Ahí junto a sus hijos y su compañera se reunió la ciudad de varios rumbos y el latir de varias épocas.

La atmósfera era triste, como siempre que la ciudad extraña a uno de los suyos

Nos encontramos el jueves en el recreo

luismedinalizalde@gmail.com

Dejemos de matar al campo

Gustavo Gordillo

(Publicado el 27 de diciembre de 2008 en El Univeersal)


Muchas de las aproximaciones equivocadas a la problemática rural provienen de una subestimación sobre la capacidad que tiene para, por una parte, absorber shocks y, por la otra, coadyuvar a la reactivación económica. Pero para corregir esa subestimación es necesario también reconocer el tamaño del daño que se le ha infligido en términos de descapitalización productiva, profundización de la desigualdad y la pobreza, así como en deterioro ecológico.

En los sistemas agrícolas, los impactos ambientales se han presentado de manera contrastante. En las zonas donde predominan indígenas y pequeños productores ha ocurrido un deterioro de la cubierta forestal para dar paso al cultivo de productos alimenticios como el maíz. En el otro extremo, en las áreas donde se ha desarrollado la agricultura de exportación tuvo lugar un intenso deterioro ambiental, como consecuencia de altos consumos de energía fósil y de agroquímicos, así como de un uso ineficiente del agua. La actividad ganadera extensiva afecta a los ecosistemas naturales por la degradación que se genera por el tipo de manejo, y por la deforestación que se ocasiona con el cambio de uso de suelo para el establecimiento de potreros.

Asimismo, el sobrepastoreo ha degradado cerca de 95% de los pastizales naturales y 70% de los matorrales en las zonas áridas (Semarnat, 2006). Por otro lado, se ha estimado que alrededor de 35 millones de hectáreas bajo diferentes agroecosistemas se encuentran con procesos de degradación en sus suelos. En particular, dos terceras partes de los 20 millones de hectáreas que se dedican a la agricultura de temporal presentan degradación de moderada a extrema (Conapo, 2006).

Para entender este deterioro ecológico es necesario introducir algunas dimensiones sociales, económicas y demográficas del medio rural:

a) Para 2005 se estima en 185 mil el número de localidades menores de 2 mil 500 habitantes con una población de 24.2 millones de personas. Un 43% de esa población rural habita en poblados de menos de 500 habitantes.

b) La población rural ha presentado un ritmo de crecimiento muy por debajo del promedio nacional, sobre todo debido a las corrientes migratorias. Su participación respecto a la población nacional ha decrecido a sólo 23.5% en 2005, es decir, 24.2 millones de habitantes.

c) Mas de 60% de la población rural se encuentra en condiciones de pobreza según datos de 2005 de la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto (ENIG).

d) Se estima que 52% de los hogares en México que reciben remesas en promedio de 2 mil 400 dólares por hogar por año se encuentran en localidades menores de 2 mil 500 habitantes, los cuales representan poco más de la mitad (53%) de sus ingresos corrientes (Conapo, 2004c).

Por otra parte para completar este cuadro descriptivo es importante señalar la importancia del sector ejidal y comunal. Simplemente para dimensionar el peso relativo del sector ejidal y comunal es conveniente tener en mente que el sector ejidal y comunal está compuesto por 31 mil 500 ejidos y comunidades y 106 millones de hectáreas, de las cuales 34 millones son tierras parceladas mayormente orientadas a actividades agrícolas y ganaderas, y 69 millones tierras de uso común, fundamentalmente bosques y selvas, pastos y cuerpos de agua. Junto con 4.2 millones de ejidatarios y comuneros, poco más de 15 millones de personas están vinculadas con las distintas dinámicas del sector ejidal y comunal.

En síntesis, lo que estos datos nos dicen es que la población rural ha envejecido, se ha feminizado, los jóvenes han migrado a ciudades sobre todo intermedias y a Estados Unidos, la población rural se ha refugiado en localidades pequeñas y muy pequeñas, y ha diversificado sus fuentes de ingreso hacia aquellos ingresos no agrícolas debido principalmente a las remesas y a las transferencias públicas. En términos relativos la pobreza se concentra en un medio rural fuertemente desigual y con una gran heterogeneidad de sistemas productivos.

Pero en el sector ejidal y comunal también se concentra potencial productivo y acceso a una gran variedad de recursos naturales, muchos sujetos a un fuerte deterioro.

Ahora bien, enfrentamos hoy un complejo y explosivo contexto caracterizado por: a) una crisis económica global que afecta desde distintos ámbitos al sector rural mexicano sobre todo en lo que respecta a los ingresos no agrícolas vinculados a las remesas y a los mercados laborales, b) una crisis alimentaria también de ámbito mundial que se expresó entre 2006 y principios de 2008 acentuando la importancia de garantizar en términos de producción de alimentos y de reservas estratégicas un nivel adecuado de seguridad alimentaria, c) el relativo estancamiento de la economía mexicana y de su sector agrícola en los últimos 25 años, y d) diversos procesos de fragmentación social también en el campo como efecto de la proliferación de actividades ilícitas vinculadas al narcotráfico.

Enfrentar esta combinación de eventos — algunos de larga data y otros como expresión de la coyuntura actual— requiere un programa de intervenciones vigorosas que tengan tres características: un efecto multiplicador de corto plazo, una capacidad para eslabonarse y traducirse en políticas y programas que mantengan continuidad en el mediano y largo plazo, y una enorme flexibilidad en términos de diseño e implementación.

Este programa de emergencia debería concentrar recursos y programas alrededor de cuatro propósitos centrales:

a) Incentivar actividades productivas orientadas a enfrentar los diversos deterioros ecológicos a través de transferencia de recursos públicos directos pero limitados con transparentes condicionamientos. Esto es particularmente relevante en lo que respecta a promover la conservación de los recursos naturales en las tierras de uso común de los ejidos y comunidades.

b) Promover la generación y transferencia de tecnologías apropiadas orientadas sobre todo al sector ejidal y comunal y de pequeños productores con énfasis en prácticas de conservación de recursos naturales, a través de fondos concursables que generen una mayor vinculación entre los centros de investigación y educación y el sector rural.

c) Impulsar un amplio programa de infraestructura rural en especial en caminos rurales, pequeñas obras de irrigación, rescate de suelos y reforestación con una fuerte participación de las propias comunidades rurales en el diseño de estos proyectos y en su implementación.

d) Realizar una amplia convocatoria a jóvenes, particularmente mujeres, tanto aquellas que habitan en poblaciones rurales como en ciudades intermedias para participar en esos programas de infraestructura y de rescate ecológico a través proporcionarles recursos iniciales para generar empresas de servicio en esos renglones. Lo anterior debería fortalecerse con un vasto programa de servicio social de pasantes que se oriente al desarrollo sustentable de los recursos naturales en las comunidades rurales.

Es claro que un programa de emergencia como éste tiene que vencer resistencias y sobre todo una inercia en las políticas públicas que nos viene de lejos y que puede sintetizarse en cuatro defectos:

a) Buscar resolver los problemas estructurales del sector rural —competitividad y reducción de la pobreza y de las desigualdades— desde el propio sector rural, descuidando la interacción entre lo intrasectorial, lo intersectorial y lo territorial.

b) La dispersión, la descoordinación y la discontinuidad de programas públicos que llevaron a un dispendio de recursos económicos y humanos, de energía social, de conocimientos y de tiempo estratégico.

c) Ausencia de continuidad en el diseño e implementación de políticas que incluyera como ingredientes importantes capacidad para rectificar, para modificar instrumentos y para matizar el ritmo de cambio.

d) Poca atención a la enorme diversidad productiva, ecológica y social que se expresa en las distintas estrategias y formas de vida de los pobladores rurales.

Esa diversidad es probablemente la más poderosa razón para impulsar una descentralización que más allá de los distintos niveles de gobierno se sustente en la iniciativa de los habitantes rurales y sus poblados. Es también un argumento a favor de transferencias de recursos no condicionados en términos de sus usos aunque relativamente focalizados en las distintas estrategias productivas y de vida de los pobladores rurales.

http://gustavogordillo.blogspot.com/)

Investigador asociado en la Universidad de Indiana en Bloomington

Crece 105% inversión privada en educación universitaria en 5 años

(Nota publicada el 24 de diciembre de 2008 en La Jornada)

Admite la OCDE que mayores recursos no se han traducido en mejor aprendizaje

Crece 105% inversión privada en educación universitaria en 5 años

■ México invierte por alumno 6 mil 402 dólares, y sus socios de la organización, 11 mil 512 al año

Laura Poy Solano

A pesar de que México se ubicó como uno de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) donde más se incrementó la inversión privada en educación universitaria –de 2000 a 2005 la pública aumentó 19 por ciento y la privada 106 por ciento en el mismo periodo–, el gasto por alumno, estimado en 6 mil 402 dólares, representa sólo poco más de la mitad del promedio que se canaliza en países de ésta, calculado en 11 mil 512 dólares anuales.

El informe Panorama de la educación 2008, elaborado por el organismo multinacional, señala que, a pesar de que en México se destina más a universitarios que a jóvenes que cursan primaria o secundaria, el gasto promedio a lo largo de toda la formación superior, estimado en 21 mil 816 dólares, es igual o menor al que hacen naciones como Suiza o Estados Unidos en sólo un ciclo, al invertir entre 21 mil 734 y 24 mil 370 dólares, respectivamente.

La OCDE destaca que si bien 86 por ciento de lo que se canaliza a enseñanza en todos los niveles en las 30 naciones miembros aún proviene de fuentes de financiamiento públicas, el gasto privado aumentó más rápidamente que el estatal en más de 75 por ciento de 1995 a 2005.

En el documento, divulgado este año, agrega que la proporción de la inversión privada en universidades es lo suficientemente elevada “como para poner en tela de juicio el criterio de que la educación superior es primordialmente responsabilidad del Estado”.

Los fondos de la IP representan 27% del gasto total

Alerta que los recuros de los empresarios en enseñanza superior representan 27 por ciento del gasto total que se destina al sector. En naciones como Australia, Japón, Estados Unidos e Israel, la participación de éstos es de al menos 50 por ciento y de más de 75 por ciento en Corea y Chile.

No obstante, la OCDE advierte que, a pesar de la mayor presencia de la inversión privada en la educación, en particular la universitaria, “más dinero únicamente no bastará. Las inversiones deben ser más eficientes”. Destaca que entre las naciones miembros hay potencial para mejorar 22 por ciento los resultados del aprendizaje, “aún manteniendo el mismo nivel de recursos en ese grado de la enseñanza”.

Al respecto, afirma que México es uno de los países con mayor déficit en financiamiento por alumno de los países que integran la OCDE al destinar 2 mil 405 dólares, contra una media de 7 mil 527. Por nivel, revela que mientras en el país se destinan mil 913 dólares por alumno de primaria, esa cantidad sólo representa un tercio del promedio de gasto en naciones de la organización, donde se invierten al menos 6 mil 252.

En secundaria el gasto por estudiante es de mil 839 dólares, es decir, una cuarta parte del promedio de los integrantes de la OCDE: 7 mil 437 dólares. En bachillerato es de 2 mil 853 dólares y la media en éstos es de 8 mil 366.

Destaca el informe que a ello se suma que otros estudios, como la Prueba Internacional para la Evaluación de los Alumnos, también revelen que la “relación interpaíses entre los recursos invertidos en educación y los resultados del aprendizaje, en el mejor de los casos, es moderada. Ello indica que el dinero es un requisito previo necesario, pero que no basta para una calidad superior en los resultados de la enseñanza”.

(Seudo) negociadores

Luis Linares Zapata

(Publicado en La Jornada el 24 de diciembre de 2008)

Hay, en la crítica teórica del quehacer público, quien identifica a la capacidad negociadora de los intereses en conflicto con la esencia de la política. Otros muchos la suponen requisito indispensable para que los asuntos colectivos se compaginen (o subordinen más bien) a los individuales o de grupo para que haya la gobernabilidad deseada por todos.

Lo cierto es que las partes requieren siempre de encuentros que limen sus aristas más rasposas, sus ambiciones autoritarias o sus pasiones desbordadas para que la fiesta común se lleve en paz o dispersen las tensiones, que serían inmanejables en momentos álgidos. También para que prevalezcan los objetivos de una sociedad que en su desarrollo necesita acortar distancias, encontrar rutas intermedias, ceder para avanzar. Todo ello bajo el supuesto de respetar la legalidad imperante, de que los encuentros se den entre iguales y, si no lo son, que rija la preferencia por el desigual.

Lo que no es aceptable es negociar ilegalidades para hacer prevalecer a una de las partes en aras de conservar lo establecido. Llevar al poder a un partido, a un candidato, aunque éstos hayan sido rechazados por el voto popular no da cabida a la negociación. Imponer la continuidad deseada para sus beneficiarios sobre el cambio decidido por la mayoría no puede ser llamada negociación.

Amenazar con el caos económico, el derramamiento de sangre o con la fuerza de las bayonetas para doblegar a los espíritus temerosos, es trampear los mismos supuestos de igualdad de oportunidades en la concertación. Tal como sucedió en 1988 con la candidatura de Carlos Salinas de Gortari, y que ahora se narra una vez más en el reciente libro de Martha Anaya (1988: El año que calló el sistema) niega las bases de llegar a acuerdos sanos entre rivales o contrarios leales.

Ir sobre las páginas del recuento de Anaya es recordar, rearmar partes del todo, revivir la ignominia de una presidencia ilegítima que prevaleció contra la voluntad ciudadana expresada en las urnas. Es repasar un sexenio posterior que cubrió de complicidades el quehacer público, de trampas por doquier para beneficio de unos cuantos, de un desaforado trafique de influencias de socios y cómplices.

Es, a la vez, dar testimonio del manoseo llevado a cabo por un conjunto de actores decadentes con el afán de dar continuidad (un tanto retocada) a un sistema caduco, incapaz de hacer progresar las aspiraciones del pueblo. Es reparar en hechos que no debieron de haber sucedido, menos aún para encumbrar a un personaje que, a final de cuentas resultó, como era de esperar, nefasto para el bienestar y el futuro de los mexicanos.

Narrar esos días, esas semanas, esos meses posteriores a las elecciones del 88 de los magros recuerdos, es apuntar a las deformaciones más desaliñadas de una sociedad que permiten aceptar lo ilegal y hacerlo pasar como normalidad, un obligado método de concertación política le llaman algunos. Penetrar en eso que quiere ser olvidado es retraer algo que aún navega, con todas sus velas desplegadas, en estos días y años que forman la actualidad post 88. Es observar cómo vuelven a enseñorearse del espacio público esos fantasmas concertadores entre los mexicanos de hoy y de las circunstancias que se habrán de enfrentar a las venideras urnas del 2009 y del 2012. Es ver a una clase de mandones encaramados en los botones de mando para su propio recreo y deleite, no para llevar a cabo programas de rescate para con los de abajo, con aquellos que se debaten en la cruenta marginación que cada día se acrecienta. No. Para eso no se preparan y actúan los concertadores, también llamados “operadores políticos”.

Esos personajes aumentan sus mañas, su trasiego, para asegurar privilegios, para conseguir prebendas adicionales, para apañarse los recursos de todos, para inclinar favores en su provecho y en el de sus cómplices superiores que los envían a concertar, para desviar el flujo natural de los acontecimientos para causas dudosas o francamente ilegales.

Leer los testimonios juntados por Martha Anaya es asentar el papel jugado por algunos de los dirigentes en turno del PAN. Un papel, por cierto, triste, convenenciero, revestido con miras superiores pero, en el fondo, doblegándose cínicamente ante el poderoso en turno. Dándole pase a Salinas hacia Los Pinos con la certeza de encumbrarse ellos mismos. Ninguna grandeza puede alegarse a favor de los panistas que inclinaron la balanza para favorecer a Salinas y al sistema imperante. El mismo convencimiento forzado de Manuel Clouthier para lograr su parcialidad en la legitimación de Salinas en los hechos fue un episodio de hombres menores (no concurrieron en esto mujeres). Las condiciones que llevaron a la concertación cupular dan clara idea de sus alcances programáticos, de su visión de país, de su modelo de gobierno. Ahí colaron los panistas sus viejos anhelos de combatir, de finiquitar al ejido, a la reforma agraria. Pidieron devolver la banca a sus jefes de siempre: los banqueros privados. Un trasvase que terminó, bien se sabe, en manos trasnacionales después de pingües negocios entre los banqueros así improvisados.

Los panistas finalmente coincidían con la tecnocracia priísta en forzar la apertura económica y que Salinas coronaría con el TLC. El punto de altura planteado en esa ilegítima concertación fue electoral: sacar al gobierno del organismo rector de las elecciones, una demanda largamente planteada por diversas fuerzas. El logro concertador que quizá mejor luce las intenciones fundamentales de los panistas fue clerical. Dieron así fe de sus pulsiones ancestrales que pedían reanudar relaciones con las iglesias, aunque ellos pretendieran que fueran con la suya: la católica romana en primer lugar, su perseverante apoyadora. Ésta fue, qué duda cabe, el festín por excelencia de los concertadores de ese tiempo. Una fiesta que se les aguó en 2006 y por eso subsiste el rencor de aquellos que le temen, por sobre casi todas las cosas, a la izquierda reivindicadora de la justicia distributiva.

RECREO

(Publicado en Diario Imagen el 22 de diciembre de 008)

Por J. Luis Medina Lizalde

AL PRINCIPIO

La decisión de aumentar en sólo 4.6 por ciento el salario mínimo anuncia que la respuesta mexicana a la crisis es neciamente anti-social porque ni siquiera compensa la inflación de más de 6 por ciento al finalizar el año, según el Banco de México.

Los dos pesos con cuarenta y cinco centavos diarios en que se incrementa el salario mínimo de los zacatecanos se evaporan tan solo con el incremento al precio del transporte público y al del agua potable. Incrementos directamente imputables al gobierno local, a los ayuntamientos de la capital y zonas connurbadas, a los diputados locales y a la indiferencia de los partidos políticos respecto a lo que no sea electoral.

El ínfimo aumento salarial es insuficiente para compensar las elevaciones de los precios de la luz eléctrica, el gas, las gasolinas, el diesel. Aumentos imputables al gobierno federal, cámaras legislativas federales y burocracias partidistas ajenas al drama social.

Los gobiernos del PRI y del PRD aplican la misma política de Calderón de asegurarse ingresos elevando las tarifas de productos y servicios que son de su competencia, estimulando con ello la elevación de los precios del libre mercado.

No ignoramos que la crisis económica, tiene variables que se salen de control, pero la respuesta a la misma sí descansa en el compromiso social y en el talento del gobierno.

Y no se nota ni una cosa ni otra.

“LO QUE EL PODER QUISO DECIR…”

La semana pasada se produjo una declaración de fe en los pactos con el crimen organizado que no pudo ser más imprudente:

Rubén Aguilar, ex vocero de Fox, al sugerir que Calderón debía pactar con los narcos fortaleció la extendida presunción de que el gobierno al que perteneció lo hizo.

Felipe Calderón reviró la imprudencia con otra imprudencia más grande cuando dice que es por la culpa de los anteriores sexenios que estamos como estamos.

Entre los simples mortales no pasa desapercibida la participación de encumbrados en esa pesadilla nacional llamada delincuencia organizada. Pero cuando un ex vocero presidencial se expresa como lo hizo Rubén Aguilar, estamos ante una especie de confesión.

El propio Calderón y el Secretario de marina dicen que lo que se hizo y dejó de hacerse en el pasado nos tiene como nos tiene. ¿Y por qué no actúa?

Calderón puede reproducir la corrupta costumbre de formular graves acusaciones, abierta y o subterráneamente en contra de sus antecesores, sin cumplir la obligación de aplicar la ley, encubriendo a los que incrimina sólo verbalmente, en espera de que su sucesor lo vapulee con crueldad en lo verbal pero con disimulo en lo legal.

Así no pasará el episodio de escaramuza facciosa.

Si Calderón conoce su deber, es de esperar que sustente en datos verificables su afirmación y que los tribunales se encarguen de lo demás. De proceder así nos daría la esperanza de que el régimen deje de ser la incubadora de delitos altamente rentables en que se convirtió.

Sólo que hay un problema: los más importantes encargados de perseguir la delincuencia durante el foxismo son prácticamente los mismos en que Calderón ha depositado su confianza, tal es el caso de García Luna y Medina Mora con sus respectivos equipos.

AL ÚLTIMO

La CANACO de Mexicali puso en circulación un video en donde se exhiben los aguinaldos de los diputados de Baja California y se hace alusión a los desorbitados ingresos de la elite política mexicana.

Hasta hace unos meses, el tema parecía ser relevante solo para el movimiento liderado por Andrés Manuel López Obrador, que ha diseñado una propuesta de plan de ahorro de hasta 200 mil millones de pesos, con medidas como la de disminución en un 5 por ciento de los servidores públicos que perciban 100 mil pesos al mes o más.

El propio Andrés Manuel propone como elemento central de la moral republicana la “honrosa medianía” que invocaba Juárez, pero parecía predicar en el desierto hasta antes de que se hiciera visible el colapso del modelo económico.

Nos encontramos el jueves en el recreo

luismedinalizalde@gmail.com

Boletín número ochenta

Las actividades de nuestro movimiento durante el presente año entran, a partir de hoy 23 de diciembre, en un breve receso.

Para el 2009 nos proponemos llevar a la práctica el siguiente plan de actividades:

1. Presentación en foros zacatecanos de los estudiosos de la realidad nacional que participan en nuestra lucha y en donde figuran muchos de los más prestigiados intelectuales mexicanos.

2. Celebración de reuniones de divulgación y orientación en torno a los principales objetivos de nuestro movimiento en donde quiera que nos inviten.

3. Constitución de comités de representantes del gobierno legitimo en cada uno de los 58 municipios de la entidad.

4. Formación de círculos de estudio.

5. Integración de brigadas responsables de los aspectos operativos de las movilizaciones en defensa de la economía popular.

No nos alegramos de que el tiempo nos diera la razón cuando con toda anticipación advertíamos primero sobre los planes privatizadores del calderonismo, y después, sobre el previsible estallido de la crisis del modelo económico que le impusieron a México. Pero no nos quedamos en la sola denuncia, sino que procuramos construir alternativas frente a los males sociales que señalamos, por eso para nosotros es tan valiosa la participación de los académicos de diversas disciplinas que contribuyen con su saber a formular las posiciones que en cada tema asume nuestro movimiento.

Los recorridos que realiza Andrés Manuel López Obrador han permitido la implantación territorial más extendida que haya logrado movimiento alguno en la historia nacional. Gracias a ello, sobrevivimos a la exclusión de nuestra visión de país en los grandes medios nacionales.

Cada vez son más los que coinciden con nosotros en la exigencia de que paren las alzas de la gasolina, el gas, la luz eléctrica y el diesel. También son muchos los que ya no quieren que con sus impuestos los gobernantes vivan en el derroche. Dijimos desde el principio, que el IETU era “un gancho al hígado” de micro, pequeños y medianos empresarios, que afecta la capacidad de los mismos de crear empleos, por lo que demandamos su derogación.

Enviamos un caluroso saludo a los participantes en nuestras redes informativas con motivo de estas fechas y los convocamos a un 2009 de lucha por transformar a nuestro país.

Zacatecas, Zac. 23 de diciembre de 2008

“Movimiento zacatecano en defensa del petróleo, la economía popular y la soberanía nacional”.

Discriminar desde la ley

(Publicado en EL UNIVERSAL el 23 de diciembre de 2008)



Un indígena, de acuerdo con el artículo segundo de la Constitución, tiene derecho a contar con un abogado gratuito que hable y conozca su lengua y su cultura. En los hechos, sin embargo, esa garantía se ve obstaculizada por una limitante fundamental: en todo México, un país con alrededor de 12 millones de indígenas, existen sólo 14 defensores públicos con los conocimientos lingüísticos y de usos y costumbres necesarios para atender a esta diversidad de grupos.

Sebastiana, una mujer tzotzil, es una víctima de esta situación. Fue utilizada para transportar cocaína, detenida en agosto de 2004 y posteriormente consignada. Le fue asignado un defensor público federal que, al desconocer su lengua y cultura, llevó el caso apoyado por un traductor.

Después de un año, fue declarada culpable de delitos contra la salud, aunque no se sabe a cuántos años de prisión la sentenciaron. Luego de esa resolución, un nuevo abogado —que tampoco hablaba tzotzil— asumió su defensa y promovió un juicio de amparo argumentando que las garantías de Sebastiana habían sido violadas puesto que el sistema de justicia no le había proporcionado un defensor que conociera la lengua, los usos y costumbres de su comunidad.

Ya en 2006, un tribunal ordenó la apertura de un nuevo juicio, pero éste no pudo ser atendido porque el único defensor público en Chiapas que domina el toztzil está a cargo de otros casos.

En esa cadena de trabas, aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el asunto y tres ministros —José Ramón Cossío, Sergio Valls y Olga Sánchez Cordero— se pronunciaron en favor de amparar la mujer y liberarla, dos de ellos —José de Jesús Gudiño y Juan Silva— votaron en contra. La sentencia, por lo tanto, se quedó esperando cuando menos hasta enero, como Sebastiana.

Las reformas de 2002 a los códigos federales Penal y de Procedimientos Penales, derivadas a su vez de la reforma al artículo segundo constitucional, debieron haber previsto la escasez de defensores públicos capacitados para ocuparse de los mexicanos a los que se aseguraba se buscaba beneficiar con ellas: los indígenas.

Frente a tales antecedentes, cabe reparar en que la discriminación que desde las instituciones del Estado se ejerce contra esta diversidad de grupos no es un mero accidente, sino una práctica sistemática que produce y reproduce desigualdad.

No en balde, según la Encuesta sobre Discriminación en México de 2005, elaborada por la Sedesol y el Conapred, 43% de las personas opina que un indígena siempre tendrá una limitación ante la sociedad por sus características raciales. En ese mismo tenor, tres de cada cuatro indígenas considera tener pocas o nulas posibilidades para mejorar sus condiciones de vida.

En ese sentido, más preocupante resulta ese estado de cosas cuando las distinciones arbitrarias y los dobles o triples raseros provienen del mismo aparato encargado de impartir justicia.

El Poder Judicial y una Suprema Corte garantista en particular deben fijar las bases de la legalidad y preservar los derechos de los ciudadanos. Pero si no funcionan adecuadamente como promotores y protectores de la igualdad jurídica de los mexicanos, requisito básico de la democracia, el impacto se siente en todos los ámbitos de la esfera pública: político, educativo, laboral.

Jueces, magistrados, ministros y secretarios, pues, deben demostrar con hechos que, como declaró el presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia, durante su más reciente informe de labores, trabajan “día a día para garantizar una justicia accesible”. Al hacerlo contribuirían al conjunto de la vida democrática nacional.

Obstáculo insalvable?

El despertar
(Publicado el 21 de diciembre de 2008 en La Jornada)

José Agustín Ortiz Pinchetti
jaorpin@yahoo.com.mx

■ ¿Obstáculo insalvable?

Nota periodística: La estructura del movimiento de AMLO está integrada por 2 millones 200 mil ciudadanos y podría crecer hacia mediados de 2009 a 2 millones 500 mil. Se han organizado unas 400 brigadas grandes, centenares de círculos de estudio y resistencia, así como 960 comités municipales. Estos son los frutos cuantitativos de la gira que el tabasqueño ha realizado por 80 por ciento de los municipios del país. Era lógico: AMLO ha trabajado para cosechar simpatías y sembrar grupos. Los resultados cualitativos son mayores. Está surgiendo una organización fuera de la partidocracia, con capacidad de movilización, iniciativa y coordinación. La aprobación de AMLO sube. Llega a más de una cuarta parte de la población electoral. Es asombrosa la “falta” de olfato probablemente intencional de los comunicadores que no investigan ni miden el impacto que puede llegar a tener este fenómeno. Esta indolencia no la comparte el Cisen, que observa con creciente interés y preocupación el proceso.

El cerco mediático es hoy un gran obstáculo para el movimiento. Los medios electrónicos y los periódicos, con raras excepciones, han tratado de banalizar, minimizar y ocultar estos hechos y descalificar y calumniar a AMLO. A cambio reciben jugosas ventajas y privilegios.

Un amigo culto, izquierdista de buena fe y que no se traga las ruedas de molino, me decía antier que está de acuerdo con nuestros objetivos estratégicos. Rechaza a Andrés Manuel por mesiánico, ávido de poder, lleno de rabia y amargura, enloquecido por la derrota, etcétera. Imagen siniestra compartida por millones que ven a la política como espectáculo y se nutren con la información convencional. Los que trabajamos con AMLO (ninguno ha desertado) somos gente crítica y damos testimonio unánime de la cordura, sobriedad, resistencia a la adversidad, sereno cálculo estratégico, astucia y buen humor del líder.

A pesar de que la información política oficialista ha tenido éxito en distorsionar y reiterar las mismas calumnias hasta volverlas verdades dogmáticas, no puede negarse que Andrés Manuel y su voto duro, que llega a 25 por ciento de los electores, han resistido la campaña de aniquilamiento. Hasta cierto punto, haber ocultado el perfil verdadero del movimiento lo favorece, porque cuando emerja en los próximos meses, el rebote de sorpresa dañará la de por sí dudosa credibilidad del aparato mediático: el peor obstáculo que enfrentan no sólo los obradoristas, sino la democracia mexicana.

Opinión de Enrique Calderón Alzati en La Jornada

Enrique Calderón Alzati
No nos volverán a saquear

Mientras el presidente electo de Estados Unidos se apresta para repetir en forma enérgica las medidas adoptadas por su antecesor Roosevelt, para sacar a su país de la crisis en la que estaba sumido en la década de los 30, siguiendo las políticas keynesianas, el Presidente de México continúa pensando que aquí no pasa ni va a pasar nada, gracias a las supuestas medidas adoptadas por su gobierno, que no son sino más de lo mismo que se ha venido haciendo en las últimas tres administraciones, atreviéndose a decir incluso que de seguir como vamos, para el año 2050 seremos la cuarta economía del mundo (¿?), sin preocuparse siquiera por entender lo que pasa, incluido el hecho de que somos uno de los países de Latinoamérica con menor crecimiento económico (según la afirmó recientemente el Banco Mundial, que algo debe saber al respecto).

Llama la atención del planteamiento de Obama el hecho de que para salir de la crisis se esté preparando un gran proyecto de infraestructura de carreteras y de renovación de escuelas y de edificios gubernamentales, estableciendo y utilizando para ello nuevas tecnologías. En otras palabras, los estadunidenses para salir de la crisis están haciendo a un lado las ideas de libre mercado, apoyándose en un gran proyecto nacional impulsado y sostenido por el gobierno.

Aquí desde luego ninguna de estas cosas es necesaria, pues como sabemos, nuestras carreteras y escuelas no necesitan ningún arreglo o ampliación, y por otro lado invertir en educación, en carreteras o en tecnología se debe hacer sólo de acuerdo con las leyes del mercado, aun en tiempos de recesión, y como ni la educación ni las carreteras (sobre todo las vecinales) ni la tecnología representan mercados importantes, pues nada.

En 1982, en su último Informe de gobierno, luego de una de las tantas crisis que han asolado el país durante los últimos 40 años, José López Portillo decidió nacionalizar la banca, luego de darse cuenta del papel que los bancos habían jugado en la debacle de las devaluaciones que en ese año llevaron el dólar de $12.50 a $150.00. “Ya nos saquearon”, dijo entonces, “pero no nos volverán a saquear”. Tarde se había dado cuenta de lo sucedido, el daño fue gigante, pero poco aprendimos. Su nacionalización de la banca no sólo fue efímera, sino que terminó siendo contraproducente, con la entrega de ésta a los intereses extranjeros por parte de sus sucesores.

Hace unos cuantos días me llamó la atención un anuncio de Scotiabank ofreciéndole al público la maravillosa y única oportunidad de ahorrar para eventualmente hacerse ricos. La oferta de este banco indicaba al usuario las grandes ventajas que ofrece, incluyendo: 1) se pueden ahorrar los montos que el usuario desee, 2) en las fechas que el usuario lo desee, 3) sin cobro alguno y sin pago de comisiones, es decir, la libertad absoluta para los ahorradores, y además gratis. Curiosamente, el promocional no dice nada sobre las condiciones que se imponen a los ahorradores para retirar su dinero, ni cuánto se les da por éste, el cual debe ser seguramente igual o similar al que cobran a sus usuarios de tarjetas de crédito; se les debe haber olvidado ponerlo. La estrategia parece similar a la empleada con las Afore, que lejos de servir a los ahorradores, se han convertido en patentes de corso para robar a los trabajadores.

Para los miles y miles de usuarios de tarjetas de crédito, los bancos han mostrado en las últimas semanas su verdadera cara, con medidas muy cercanas a lo que normalmente se conoce como extorsión, sin que el gobierno intervenga para nada. Una técnica bastante frecuente, mas no la única, es decirles a sus usuarios que han incurrido en algún retraso en el último año, y por pequeño que sea, que se abstengan de usar su tarjeta mientras no liquiden todo lo que deben, o al menos la mitad de dicha cantidad (Bancomer). Lo más original de la estrategia es, como lo dicen, negando el crédito cuando el usuario necesita o quiere usar su tarjeta para comprar un producto o servicio.

Por otra parte, los intereses que esos bancos cobran por las tarjetas de crédito son los más altos del mundo (más de 50 por ciento), hecho que les ha permitido obtener también las mayores utilidades de todos los países en los que operan. Adicionalmente, estos créditos son ilegales, de acuerdo con las leyes mexicanas, que prohíben explícitamente cobrar intereses sobre intereses, que es exactamente lo que hacen los bancos con las tarjetas: cada mes calculan el monto de lo que el usuario les debe y sobre ese monto cobran los intereses. Los nuevos montos constituyen la base para calcular el nuevo interés, y así sucesivamente.

Por otra parte, las oficinas representantes de los bancos que operan en México se han dedicado a financiar el consumo, no la producción, todo ello con la complicidad de las secretarías de Hacienda y Economía, la primera orientada a lograr que nuestro país sea un paraíso para maximizar sus utilidades, la segunda para limpiar su imagen con el bonito cuento de las Pymes, creado supuestamente como un mecanismo para financiar a pequeñas y medianas empresas, lo cual debe reducirse a los negocios de los hijos de la señora Marta, porque a la fecha no conozco empresario alguno que haya podido obtener uno de estos financiamientos.

La idea es clara: lograr el máximo botín en el menor tiempo posible. De lo que se trata es de sacar el dinero de México y llevárselo a sus países de origen, donde tienen serios problemas por los procesos de especulación a los que sus casas matrices parecen dedicarse. ¿Cuánto tiempo tardará Felipe Calderón en darse cuenta de que quienes saquearon al país entre 1980 y 1982 lo están haciendo de nuevo, pero en grande? Seguramente tendremos que esperar a que la economía se desplome ante la falta de recursos financieros.

Opinión de Arturo Alcalde Justiniani en La Jornada

Arturo Alcalde Justiniani
La farsa de los salarios mínimos

El raquítico incremento a los salarios mínimos pone en evidencia una política económica contraria a los intereses de los trabajadores, en un momento crucial de crisis. Lisa y llanamente, significa un despojo en la medida que el porcentaje impuesto de 4.6 por ciento promedio (4.2 por ciento en la zona A, que comprende la mayor parte de la población) es sensiblemente inferior a la inflación, aun considerando los datos del Banco de México, que bien sabemos están diseñados para aparentar una realidad distinta a la que confirma cotidianamente la población cuando acude a un mercado a comprar alimentos para la familia. La mala noticia será que hoy podrán adquirir menos que antes.

Basta analizar dos declaraciones para confirmar el teatro de mal gusto que envuelve esta decisión fundamental. La Confederación Patronal de la República Mexicana señaló: “En la visión humanista de Coparmex, nuestro foco está en la persona, y aunque no somos una institución de beneficencia, sí consideramos que la función de la empresa es la creación de valor para toda la sociedad… eso se hace, entre otros aspectos, con una compensación decente para sus colaboradores” (La Jornada, 16/dic/2008, p. 22). Surgen varios cuestionamientos: cómo se puede creer que dos pesos diarios constituyan un incremento “decente” frente a la inflación que todos conocemos; quién ha pensado que la Coparmex pueda considerarse una institución filantrópica, ¡sólo eso nos faltaba!, cuando es esencial el esfuerzo de los trabajadores para mantener funcionando el aparato productivo. ¡Y ahora resulta que el incremento salarial es una limosna!

Enrique Aguilar Borrego, presidente del Congreso del Trabajo, señaló: “es inaceptable un alza a los mínimos por abajo del 4 por ciento” (Reforma, 16/dic/2008, p. 2); con esta posición, podemos darnos una idea del grado de defensa que ejercen nuestros líderes obreros de la economía popular, es la vieja táctica de poner un límite bajo, para luego aparentar que se logró un avance al convenir un monto superior. Es famosa la anécdota de un viejo líder sindical de la industria de la confección que citaba a los patrones en el Sanborns Azulejos para preguntarles qué porcentaje de incremento salarial había decidido la empresa otorgar, si le decían que 5 por ciento, acudía a la asamblea muy fresco y con toda firmeza exclamaba: ¡Compañeros, ni un paso atrás, cinco por ciento o huelga!

Las reuniones realizadas por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CNSM) son una muestra de la farsa tripartita. El representante de la Confederación de Trabajadores de México llegó con la consigna de su líder, Joaquín Gamboa Pascoe, que días antes había anunciado que estaba listo “para sacrificarse más”. Después del acuerdo, los representantes regresaron a sus lujosos automóviles y a seguir sacrificándose. Se suman interrogantes: ¿habrá alguien que les crea? ¿Creerán ellos sus propias mentiras? ¿Qué sentido tiene esta pantomima frente a una sociedad ávida por participar responsablemente en el diseño de estrategias que nos permitan superar las dificultades de una crisis creciente? ¿No les dará vergüenza cobrar un sueldo por tan penosa tarea?

Resulta evidente que la CNSM es un acto de simulación en el que prevalece la voluntad del gobierno federal por vía de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La opinión de este gobierno es que los trabajadores más desprotegidos del país se merecen dos pesos y centavos para salvar sus angustias, cubrir una inflación superior a 6 por ciento, y responder así a un 2009 que amenaza degradar aún más los niveles de vida. Este es el auténtico rostro de la política económica.

El razonamiento parece sencillo: si estamos en crisis, si sufrimos las consecuencias de una política económica equivocada que incluye los efectos de nuestra excesiva vinculación a la suerte de nuestro vecino del norte, deberíamos actuar como lo hacen las familias en estado de necesidad, apoyarse unos a otros, dando prioridad a los más necesitados. Si lo principal es proteger el bienestar colectivo, se impone la urgencia de una política de redistribución racional, suprimir los gastos superfluos, reducir los salarios excesivos y canalizar mayores recursos a quienes se ahogan en una pobreza creciente. Esta imposición del gobierno federal actúa en sentido contrario a una elemental política de derechos humanos, cuando hace tan sólo una semana que con motivo de la conmemoración del 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue presentado el Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012, que en su capítulo del derecho al trabajo adquirió el compromiso de “promover que los salarios fijados por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos aseguren a todos los trabajadores y empleados una garantía social básica… Diseñar y ejecutar un programa nacional de trabajo digno, cuyo objetivo sea garantizar la vigencia de los derechos humanos laborales”.

Hoy más que nunca resulta evidente la necesidad de un debate nacional sobre la política salarial y, en particular, el papel que juega el salario mínimo en el modelo económico. No podemos resignarnos a la tesis de que cualquier mejora salarial es inflacionaria y que la única medicina posible es sacrificar a los trabajadores. Con esta visión reducida, sólo se abate el mercado interno y se condena a los trabajadores a vivir peor. Buena parte de la responsabilidad de la crisis mundial se deriva de políticas que acorralando a los deudores les impidieron cumplir con las obligaciones hipotecarias contraídas. En México, una expresión de esta política ha generado el desastre relacionado con las tarjetas de crédito. Deberíamos aprender de otros países que han puesto el énfasis en la recuperación salarial para reducir inequidades y dinamizar su economía.

Por lo pronto, habría que desaparecer la inservible Comisión Nacional de Salarios Mínimos y rescatar la propuesta de hacer depender esta función de la Cámara de Diputados. Sería un buen propósito de fin de año.

Nota de La Jornada

■ Más allá del FAP, lo fundamental es apoyar el movimiento de AMLO

Aún es tiempo de evitar la ruptura en la izquierda, asegura Monreal
Andrea Becerril

El senador Ricardo Monreal dijo que aún es tiempo de evitar la fractura o ruptura en la izquierda, y llamó a todos los actores involucrados a llegar a un “acuerdo superior” para que cese la confrontación entre PRD, PT y Covergencia, integrantes del Frente Amplio Progresista (FAP).

Expuso que más allá de la pelea que se está dando por el uso de las siglas del FAP, lo fundamental es respaldar el Movimiento en Defensa de la Economía Popular que impulsa Andrés Manuel López Obrador. “Yo he decidido no hablar más sobre los partidos políticos, porque es tan pequeño su conflicto frente a los graves problemas financieros y de inseguridad que enfrenta el país que lo mejor es que cada uno se ponga a trabajar en su trinchera”.

Monreal, quien ayer ya había desocupado las oficinas que tuvo en Xicoténcatl los últimos dos años, como vicecoordinador de los senadores del PRD, explicó que mantendrá su militancia en el partido del sol azteca –luego de que la dirigencia nacional, que preside Jesús Ortega, dio marcha atrás en la amenaza de expulsarlo por integrarse a la fracción del PT para evitar que fuera desintegrada– pero, sobre todo –recalcó– mantendrá su militancia en el movimiento de resistencia civil que encabeza López Obrador.

“No voy a traicionar a Andrés Manuel, que eso quede muy claro; no me voy a deslindar de él, por más que me cuestionen y me critiquen columnistas, articulistas y comentaristas; voy a actuar con congruencia hasta el final de mis días”.

Aclaró que no va a confrontarse con sus compañeros del PRD ni a provocar mayor división en ese partido, pero no acepta las versiones que tratan de restar presencia o legitimidad al político tabasqueño.

Resaltó que en dos años de estar al frente del “gobierno legítimo” de México, López Obrador ha recorrido cerca de 85 por ciento de los municipios del país y logrado que 2 millones 340 mil mexicanos se hayan afiliado a su movimiento.

Y eso “no es cualquier cosa, porque son hombres y mujeres de carne y hueso, de una alta capacidad política y de conciencia, que saben que no se afilian a un partido político, sino como representantes del gobierno legítimo. Se inscriben por las coincidencias con López Obrador”.

A esos cerca de 2 millones y medio de ciudadanos, “cualquier partido quisiera tenerlos con número de credencial, domicilio, teléfono y ubicación geográfica concreta. Creo que este ejército de representantes del gobierno legítimo decidirá hacia dónde votar el próximo mes de julio”.

Monreal adelantó que seguirá insistiendo para que la oposición no se divida y todos los involucrados “hagamos un último esfuerzo para caminar juntos en el FAP y logremos coincidir en proponer a los mejores candidatos en los 300 distritos electorales del país para 2009; de lo contrario, todos perderemos”.

Opinión de Luis Javier Garrido en La Jornada

Luis Javier Garrido
La abdicación

El gobierno de facto de Felipe Calderón no parece tener más expectativa para 2009 que la de poder acomodarse con la nueva administración demócrata de Barack Obama, y en tanto prosigue entregando el país al mejor postor.

1. El año más desastroso en la historia reciente de México en materia de empleo y de seguridad –que fueron las dos ofertas de Calderón para llegar a Los Pinos– se termina sin que el gobierno de los panistas tenga la menor idea de cómo afrontar estos dos problemas, que él mismo ha llevado a un nivel crítico, si no es endosándoselos de manera patética al capital trasnacional y al gobierno de Washington, para que lo ayuden a salir del desastre.

2. El modelo neoliberal, que ha entrado en una gravísima crisis en 2008, supuso el desmantelamiento del Estado, y en México a pesar de que se están viendo las consecuencias nefastas de este error histórico no hay rectificación alguna. El Estado mexicano fue entregando el petróleo y sus riquezas estratégicas a las multinacionales desde los últimos gobiernos priístas, perdió el control del crédito en los años de Salinas, Fox permitió que agentes estadunidenses empezaran a tener injerencia en fronteras, aduanas, espacio aéreo y mar territorial, y Calderón ahora está ya dejando de tener el control estratégico de la seguridad nacional de México al gobierno estadunidense.

3. El caso de la empresa estadounidense Blackwater Worldwide en Irak es significativo de esta tendencia, pues dicha empresa, contratada por el gobierno de George W. Bush como la principal responsable de la “seguridad privada” en Irak, entiéndase esto como se quiera, ha sido acusada hace algunos días de que sus guardias mataron a por los menos 14 civiles, incluyendo a varios niños, e hirieron a más de 20, usando la táctica de “fuego de supresión”, y lo que es más significativo, sin motivo aparente alguno y actuando en absoluta sintonía con el gobierno de Washington (El País, 18 de diciembre). Aunque el escándalo por lo acontecido ha llevado a funcionarios de la administración Bush y de la entrante a sugerir que esta corporación no sea ya “la principal contratista de seguridad”, nadie cuestiona en absoluto en Estados Unidos este esquema de seguir entregando estas tareas a los que para muchos son unos “mercenarios”.

4. Estados Unidos tiene a 143 mil soldados en Irak pero a “más de 190 mil contratistas privados”, empleados según la versión oficial por decenas de compañías vinculadas al gobierno impuesto y sostenido por Bush, a las que prestan todo tipo de servicios logísticos –incluyendo los de seguridad–, y el fondo del problema no se toca. Barack Obama ha prometido retirar en 2009 a las fuerzas armadas estadunidenses que oficialmente se encuentran en ese país, pero nada ha dicho de los contingentes de “contratistas privados”, los cuales están empleados no nada más por las múltiples multinacionales que en los hechos llevan a cabo las funciones que debería realizar el gobierno de Bagdad, sino por las propias instancias oficiales, y en tareas que incluyen la “seguridad”, es decir el amedrentamiento y la represión, como fuerzas militares paralelas.

5. El modelo de Irak es sin paradojas el mismo de México, aunque aquí la guerra se libre por otros medios, pero para los mismos fines. La mejor definición de la administración de facto de Calderón sería la de un puñado de negociantes y traficantes de influencias que por la vía de la fuerza seudoinstitucional se han apoderado del aparato estatal para proseguir una guerra en contra de la mayoría del pueblo de México. Una guerra que se libra en el nombre de ese puñado de delincuentes de cuello blanco asociados a las trasnacionales para mantener el entramado de privilegios de unos cuantos, y en el que requieren de un número cada vez mayor de agentes extranjeros.

6. El Plan Puebla-Panamá le facilitó al gobierno entreguista de Fox el tener la coartada para encubrir la presencia de funcionarios militares y civiles estadunidenses en México, que siguieron introduciéndose en áreas estratégicas, y el Plan México disfrazado como Iniciativa Mérida y la supuesta guerra contra el narco le permiten a Calderón la abdicación absoluta.

7. La información oficial sobre este proceso que compromete la soberanía de México, pues áreas estratégicas se han entregado al extranjero, no se conoce, sin embargo, y si el gobierno calderonista hace hasta lo imposible para ocultarla, el Senado hace lo propio para incumplir sus responsabilidades y exigirle que rinda cuentas. En 2008, en plena discusión sobre “la reforma energética”, que según el gobierno de facto no profundizaría la privatización de la industria, decenas de técnicos de la Shell y la Repsol se hallaban en México concluyendo los proyectos que ya les habían sido asignados, y mientras la retórica gubernamental insiste en hablar de “su guerra” contra el narco, las fuerzas armadas y policiales de México son guiadas por las principales agencias estadunidenses.

8. El entreguismo actual no es privativo empero de los panistas, sino que lo comparten plenamente sus protectores y guías priístas. El gobernador fascistoide de Coahuila, Humberto Moreira, está involucrado por ejemplo en un nuevo escándalo por haber contratado como consejero al cubano-estadunidense Félix Batista, quien asesoraba también con su organización a empresarios de Saltillo y Monterrey en asuntos de seguridad y hoy se halla desaparecido (La Jornada, 18 de diciembre).

9. Los asesores extranjeros en las oficinas públicas son cada día más numerosos, los contratos que efectúa el gobierno con trasnacionales no han dejado de multiplicarse, e incluso hay empresas privadas de origen extranjero que están ahora proliferando en México en materia de seguridad privada y pública, lo que implica un número mayor de hombres armados en territorio nacional que no están controlados por el poder público, pero la administración de facto no informa sobre estos rubros a la nación, y esto es necesario que se conozca. ¿Qué contratos, concesiones y permisos se están otorgando en México? ¿Cuántos agentes extranjeros hay en nuestro país cumpliendo funciones que deberían ser privativas de los mexicanos?

10. No hay que olvidar que desde muchos sectores del pueblo mexicano no se ha dejado en todo este tiempo de recordarle al gobierno de facto que la privatización de los recursos y de los servicios públicos supone también la pérdida de la dignidad.

Opinión de Pat Mooney en La Jornada

Pat Mooney*
Problemas, fascinaciones y oportunidades

Hace 30 años la humanidad tenía un problema, la ciencia tenía una fascinación y la industria tenía una oportunidad. Nuestro problema era la injusticia. Las masas de hambrientos crecían y al mismo tiempo la cantidad de campesinos y agricultores menguaba. La ciencia, mientras tanto, estaba fascinada por la biotecnología, la idea de que podríamos manipular genéticamente los cultivos y el ganado (y la gente) para insertarle características que supuestamente superarían todos nuestros problemas.

La industria de los agronegocios vio la oportunidad de extraer las enormes ganancias latentes en toda la cadena alimentaria. Pero el sistema alimentario tremendamente descentralizado les impedía llenarse los bolsillos. Para remediar esta enojosa situación había que centralizarlo.

Todo lo que la industria tuvo que hacer fue convencer a los gobiernos de que la revolución biotecnológica podía poner fin al hambre sin hacer daño al ambiente. Pero, dijeron, la biotecnología era una actividad con demasiado riesgo para pequeñas empresas y demasiado cara para investigadores públicos. Para llevar esta tecnología al mundo, los fitomejoradores públicos tendrían que dejar de competir con los fitomejoradores privados. Los reguladores y controles antimonopolios tendrían que mirar para otro lado cuando las empresas de agroquímicos se apoderaran de las empresas de semillas, que a su vez compraron otras empresas de semillas. Los gobiernos tendrían que proteger las inversiones de las industrias otorgándoles patentes, primero sobre las plantas y luego sobre los genes. Las reglamentaciones de inocuidad para proteger a los consumidores, ganadas arduamente en el transcurso de un siglo, tendrían que rendirse ante los alimentos y medicamentos modificados genéticamente.

La industria obtuvo lo que quiso. De las miles de compañías de semillas e instituciones públicas de mejoramiento de cultivos que existían 30 años atrás, ahora sólo quedan 10 trasnacionales que controlan más de dos tercios de las ventas mundiales de semillas, que están bajo propiedad intelectual. De las docenas de compañías de plaguicidas que existían hace tres décadas, 10 controlan ahora casi 90 por ciento de las ventas de agroquímicos en todo el mundo. De casi mil empresas biotecnológicas emergentes hace 15 años, 10 tienen ahora los tres cuartos de los ingresos de esa industria. Y seis de las empresas líderes en semillas son también seis de las líderes en agroquímicos y biotecnología.

En los pasados 30 años, un puñado de compañías ganaron el control sobre una cuarta parte de la biomasa anual del planeta (cultivos, ganado, pesca, etcétera), que fue integrada a la economía de mercado mundial.

Actualmente, la humanidad tiene un problema, la ciencia tiene una fascinación y la industria tiene una oportunidad. Nuestro problema es el hambre y la injusticia en un mundo de caos climático. La ciencia tiene una fascinación con la convergencia tecnológica a escala nanométrica, que incluye la posibilidad de diseñar nuevas formas de vida desde cero. La oportunidad de la industria radica en las tres cuartas partes de la biomasa del mundo que, aunque se usa, permanece fuera de la economía de mercado global.

Con la ayuda de nuevas tecnologías, la industria cree que cualquier producto químico que hoy es fabricado a partir del carbono de combustibles fósiles puede hacerse a partir del carbono encontrado en las plantas. Además de cultivos, las algas de los océanos, los árboles de la Amazonia y el pasto de las sabanas pueden ofrecer materias primas (supuestamente) renovables para alimentar a la gente, hacer combustibles, fabricar aparatos y curar enfermedades, a la vez que eludir el calentamiento global. Para que la industria haga realidad esta visión, los gobiernos deben aceptar que esta tecnología es demasiado cara. Convencer a los competidores de que corren demasiado riesgo. Hay que desmantelar más reglamentos y aprobar más patentes monopólicas.

Y tal como ocurrió con la biotecnología, las nuevas tecnologías no tienen por qué ser socialmente útiles o técnicamente superiores (es decir, no tienen por qué funcionar) para ser rentables. Todo lo que tienen que hacer es eludir la competencia y las alternativas y coaccionar a los gobiernos para que se abandonen a su control. Una vez que el mercado está monopolizado, poco importa cuáles son los resultados de la tecnología.

* Premio Nobel Alternativo y director del Grupo ETC

El texto prologa el informe ¿De quién es la naturaleza?: el poder corporativo y la frontera final en la mercantilización de la vida, disponible en www.etcgroup.org

Opinión de John Saxe-Fernández en La Jornada

John Saxe-Fernández
http://jsaxef.blogspot.com
Bloques de traición

No es asunto menor: se trata de ceder a contratistas y empresas espacios terrestres y marítimos bajo jurisdicción mexicana, sitio de una vasta riqueza de hidrocarburos rescatada en 1938 para el pueblo mexicano por Lázaro Cárdenas del Río, con apoyo de su esposa, doña Amalia Solórzano, de quien hoy lamentamos su ausencia. En silencio y sin debate, bajo una mayoría PRI-PAN que apesta a propina trasnacional, con el alcahueteo de legisladores y políticos de oposición y la ingenuidad de algunos de sus consejeros, la Cámara de Diputados rehusó, tajante, prohibir expresamente el otorgamiento de bloques o áreas exclusivas a contratistas, como lo propuso Andrés Manuel López Obrador.

Tal decisión fue celebrada por el primer círculo de Calderón que desde 2006 dividió el Golfo de México en 239 bloques para, según Fabio Barbosa, de la UNAM, “ser licitados y explotados en lo que llaman alianzas estratégicas con empresas privadas” (Contralínea, diciembre 2008, p.48). Esta proeza antinacional se gesta, según reseña Marcos Chávez, aprobando al vapor que Pemex y los organismos que establezca el Ejecutivo “… podrán celebrar con personas físicas y morales toda clase de actos, convenios contratos y suscribir títulos de crédito… Los contratos podrán incluir acuerdos arbitrales conforme a las leyes mexicanas y los tratados internacionales de los que México sea parte”, como el TLCAN. Se añade que, “tratándose de actos jurídicos de carácter internacional (se) podrá convenir la aplicación del derecho extranjero, la jurisdicción de tribunales extranjeros en asuntos mercantiles y celebrar acuerdos arbitrales cuando así convenga al mejor cumplimiento de su objeto” y además se podrán “otorgar…permisos y autorizaciones en materia energética… incluyendo las asignaciones para la exploración y explotación de hidrocarburos… se levantará un catastro petrolero para proponer al tribunal del Ejecutivo federal el establecimiento de zonas de reservas petroleras: así como para regular la asignación de áreas para la exploración y explotación petrolera” (Ibid, p.14 y ss).

Bajo arrastre de empréstitos del Banco Mundial (BM), PRI y PAN impulsaron reformas estructurales como tapadera legal de inconstitucionales operaciones que van dejando a Pemex como un cascarón al trasladar la gestión operativa a privados y grandes firmas tipo Halliburton y Slumberger. Con la reforma petrolera en el bolsillo, cúpula y empresas despliegan a directivos y equipos de abogados para incidir sobre decisiones que eventualmente emanarían de la Comisión Nacional de Hidrocarburos en torno a la “asignación de bloques para la exploración y producción de hidrocarburos, el tiempo de adjudicación mediante contratos de servicios y las medidas para la asignación de incentivos económicos”. Esa comisión fue propuesta hace años por el BM bajo un esquema “regulador” (dominado por las petroleras), utilizado en Texas. Por lo que, como señala Mario Di Costanzo, las concesiones de áreas en el Golfo de México bien “pueden darse de tal manera que se le entreguen a una misma empresa varios espacios cuyo tamaño promedio es de la extensión del estado de Tlaxcala o Colima” (ibidem).

La maniobra contra la nación es magna. Recuerdo que en la privatización petrolera en Brasil el BM creó la Agencia Nacional del Petróleo y, como en el caso de la Texas Railroad Comission, sus órganos fueron penetrados por las empresas petroleras, igual que los diputados de la “reforma”, lisonjeados hace pocos meses por el Comando Norte (CN) de EU en sus instalaciones en la Base Aérea Peterson, en Colorado Springs, donde asistieron a un curso para familiarizarse con el CN y enfatizar, dice el Pentágono, “la asociación fuerte de cooperación con México, que es crítica para ambos países: la seguridad de Norteamérica (sic) y el hemisferio”. El CN se encarga de la “seguridad” de Alaska al Suchiate y el Golfo de México. Ahí opera la Cuarta Flota y se localizan los bloques de la traición.

Opinión de Octavio Rodríguez Araujo en La Jornada

Octavio Rodríguez Araujo
¡Ay!, las izquierdas

Las izquierdas mexicanas no se encuentran a sí mismas. Quienes se apoderaron hegemónicamente del Partido de la Revolución Democrática enseñaron el cobre y confirmaron sus tendencias, que ya habíamos visto con Ruth Zavaleta desde que le guardó el asiento a Manlio Fabio Beltrones el primero de diciembre de 2006 en la Cámara de Diputados. Los llamados chuchos (Nueva Izquierda) se han querido presentar como los “racionales”, cuya oposición puede ser negociada en la consabida dinámica oportunista del “buen entendimiento” institucional. Para ellos lo pasado ya pasó y no hay razón para pensar o actuar con base en nostalgias. El presente debe estar determinado por el futuro y éste debe construirse con criterios de realpolitik para sacarle todas las ventajas posibles.

La oposición, según la entienden, es un elemento para negociar, no para oponerse. Los principios, si algunos, no cuentan. Lo que vale para ellos son los cargos que puedan ganar, el financiamiento público, las prebendas y las pequeñas cuotas de poder aunque sea para dar la nota en los medios. Se sienten la mayoría en su partido porque así lo dijo el tribunal que dos años antes cuestionaban, y tal vez lo sean. Hablan de reconstruir su partido, pero no dicen que su idea es convertirlo (en relación con el PAN) en una suerte de Partido Popular Socialista (de triste historia, en relación con el PRI) o en revivir al también triste Partido Socialista de los Trabajadores del cual salieron en buena medida, y que nunca fue socialista ni de trabajadores.

Los guiños de los chuchos con el Partido Social Demócrata (PSD) no pasaron de ahí, y según las apariencias en este momento no concretarán ninguna alianza para 2009. El PSD, por otro lado, ha tenido como único mérito su lucha en contra de las legislaciones antitabaco que, en muchos sentidos, sobre todo en el Distrito Federal, son irracionales, intolerantes y totalitarias. El PSD, fuera de esta cualidad mencionada, difícilmente podría ser considerado de izquierda y de oposición sustancial al poder instituido.

Algo semejante podría decirse del partido Convergencia, cuya apuesta es a mantenerse como partido político con registro en alianza con los seguidores de López Obrador y también con el Partido del Trabajo (PT). Los partidos y partiditos que aspiran a registrarse como Frente Amplio Progresista para la próxima elección de diputados federales, cuentan o quieren contar con el lopezobradorismo que, obviamente, no está con quienes se apoderaron de la dirección del PRD. López Obrador, por su lado, no tiene mucho espacio para dónde hacerse una vez que Alejandro Encinas fue descalificado por el tribunal electoral como presidente del partido al que todavía pertenece (hasta ahora). Convergencia y PT, unidos, más otras corrientes que dentro y fuera del PRD luchan por sobrevivir y ampliarse en la oposición, son los aliados naturales del lopezobradorismo, una fuerza social y política innegable, con un proyecto más o menos claro y de oposición real al panismo yunquizado de Calderón et al. Pero tal alianza es por conveniencia más que por convicciones y lo que está detrás, para unos, es mantenerse como partidos y, para otros, lograr al menos una candidatura que sirva para no perder voz en una de las tribunas colectivas de mayor resonancia en el país. Para López Obrador su juego es claro: conservar su muy bien ganado liderazgo en la oposición, en realidad la única sólida oposición que tienen Calderón y sus socios, y conquistar espacios en los órganos de representación para no marginarse de las instituciones de la República, en este caso del Poder Legislativo que, como quiera que sea, no es lo mismo que el Poder Ejecutivo (unipersonal).

Es previsible que el PRI se convierta en la bancada mayoritaria en la Cámara de Diputados, y no es muy difícil pensar que con buena parte de los diputados tricolores se puedan establecer acuerdos contra el PAN en la próxima legislatura. Al Revolucionario Institucional le convendría que los mexicanos lo vean más cerca de las izquierdas (sin confundirse) que de las derechas panistas, pues será su mejor carta para la elección presidencial de 2012, y más si la crisis, como también es previsible, continúa para entonces.

Cómo la jueguen los chuchos y los lopezobradoristas (con sus aliados) en la próxima legislatura, está por verse. Pero hay indicios para pensar que Dante Delgado y Alberto Anaya, por un lado, y el mismo López Obrador con Camacho y Muñoz Ledo, no tendrían dificultad para entenderse con los priístas contra Calderón y el PAN, a diferencia de Jesús Ortega, dirigente formal de primera en su partido, pero líder de segunda fuera de él.

En mala hora las izquierdas (con los matices que se quiera) se desunieron. La crisis, cuyos estragos veremos muy pronto en toda su crudeza, las favorecía, pero no la supieron aprovechar o no la previeron. Antepusieron sus intereses de grupo a los de las mayorías del país y, una vez más, López Obrador se les adelantó, dictando la agenda de las luchas por venir. Todavía hay tiempo –supongo– si los chuchos, por ejemplo, en vez de ofrecer disculpas recapacitan y se comprometen con la historia y su coyuntura actual. ¿Podrán o les gana su soberbia?

Opinión de Francisco Suárez Dávila en El Universal

Francisco Suárez Dávila
Dos presidentes ante una crisis
18 de diciembre de 2008


En los análisis de la crisis financiera actual se han puesto de moda las referencias históricas. Se recuerda cómo Roosevelt lanza en 1933 el New Deal para salir de la Gran Depresión de 1929 y se compara con las políticas anunciadas por Obama. En México, el presidente Cárdenas, un año después, 1934, impulsa la recuperación económica y la aprovecha para realizar grandes transformaciones. Ello contrasta con las acciones insuficientes y desarticuladas del presidente Calderón ante la presente crisis. La comparación entre los dos presidentes michoacanos resulta desproporcionada entre una de las grandes figuras históricas del siglo XX y un gobierno sensato, aún valiente, pero de liderazgo muy modesto. El propósito, como en otras comparaciones, es que el ejemplo histórico nos permita elevar las miras.

1. Cárdenas ofreció, en su plan sexenal, una gran visión para cambiar la orientación del país, realizando, a través del impulso del Estado, grandes reformas sociales y reorientando la política económica. Calderón presentó un plan nacional que nadie lee y reformas minimalistas.


2. Cárdenas nombró, para la tarea, a un gabinete, integrando diferentes fuerzas políticas, con personalidades como Múgica y García Téllez; a su secretario de Hacienda Suárez lo conocía sólo por su prestigio. Calderón tiene un gabinete de allegados, ensimismado, con excepciones, pequeño ante los grandes retos.


3. Cárdenas cambió radicalmente la política económica de los “liberales”, como Montes de Oca y Gómez Morín, obcecados con el equilibrio de las finanzas públicas, la reevaluación del tipo de cambio, la rígida estabilidad de precios, provocando una caída de 25% del PIB. ¿Alguna coincidencia actual? La sustituyó por una política no sólo keynesiana y anticíclica, sino desarrollista y creció al 5% anual. Calderón sigue entrampado por los anteriores dogmas; pasando de un crecimiento mediocre a la recesión, pero sí da tibios pasos hacia una política fiscal expansionista.


4. Cárdenas creó grandes instituciones, como la CFE y el Politécnico. En la banca de desarrollo creó Bancomext y convirtió a Nafin en un banco de desarrollo industrial. El gobierno de Calderón las ha destruido o desvirtuado.


5. En lo político, Cárdenas consolidó la fuerza del Estado mexicano; puso fin al maximato de Calles; expropió las compañías petroleras que lo retaban. Calderón encabeza un gobierno débil frente a AMLO, los poderes fácticos y el crimen organizado.


6. Cárdenas realizó grandes reformas sociales en materia agraria, educativa y laboral. Ahora, se ha seguido una política social, marginalista, clientelar y de parches, inerme ante un serio problema de desempleo.


Testimonio de afecto a Cuauhtémoc Cárdenas por el sensible fallecimiento de doña Amalia.


PD. Me despido de mis pacientes lectores hasta enero, deseándoles un feliz año

Recreo de J. Luis Medina Lizalde en Imagen

Recreo
J. Luis Medina Lizalde

En grave riesgo, el ejercicio periodístico

Los responsables de la seguridad se han convertido en aliados objetivos de los que nos han robado la tranquilidad

AL PRINCIPIO

DEJAD QUE LOS GRILLOS SE ACERQUEN A MÍ
Termina la era de Fernando Chávez como obispo de la diócesis, hombre bueno, sencillo y prudente, sorteó con decoro el indecoro de los políticos a los que les dio de repente por ostentar una ridícula e insincera cercanía con la religión.
Ávidos de los votos de la grey católica, en su soberbia ignoran lo que el más modesto de los creyentes sí tiene claro: lo del César al César y lo de Dios a Dios.
La sociedad mexicana ha superado lo mismo la intolerancia religiosa que la intolerancia anti-religiosa de otros tiempos y el mexicano promedio encuentra perfectamente coherente ser simultáneamente guadalupano y juarista.
Durante muchos años fue clara la frontera entre la religión y la política, pero cuando Salinas de Gortari reformó la constitución bajo el supuesto de modernizar las relaciones Estado-Iglesia, le devolvió a la jerarquía católica el protagonismo político.
Salinas fue uno más de los que acceden al poder con el estigma del fraude, lo que permite interpretar su reforma como estrategia de legitimación, pero también, y acaso sin proponérselo, inauguró un periodo de burda instrumentación política del simbolismo religioso, con la colaboración de una parte del clero y el rechazo de otra.
El clero es, como la sociedad, políticamente plural y los jerarcas eclesiásticos corren, en sus respectivas jurisdicciones, el mismo riesgo que los gobernantes en las suyas: la de ser atrapados por burbujas
aislantes.
Al obispo Fernando Chávez ninguna burbuja lo privó del contacto con el pueblo al que siempre ha pertenecido, al nuevo obispo está por verse, por lo pronto ya le danzan a su alrededor.

UNA INUSUAL EXIGENCIA DE APERTURA INFORMATIVA
El pasado 9 de diciembre hombres armados detuvieron los vehículos distribuidores de tres de los diarios de circulación estatal, obligando a los conductores a ser portadores, ante sus respectivas empresas, de sendas fotografías tomadas con cámaras compradas para la ocasión.
El automotor del diario IMAGEN, por ser nuevo, aún no porta logotipo que lo identifique, circunstancia por la cual pudo cumplir con su rutina, pero al regresar de su itinerario, al llegar a Villanueva fue interceptado y su conductor recibe perentorias órdenes de entregar a la redacción las fotografías que unos amenazantes individuos ponen en sus manos.
Al día siguiente, los lectores de los diarios zacatecanos vieron publicadas las fotos de las narcomantas en las que se acusa a Genaro García Luna de participar en el narcotráfico y de estar detrás de las granadas arrojadas en la plaza de Morelia.
Los directivos de los diarios optaron por cumplir las exigencias de los delincuentes para no exponer a su personal.
UNA INUSUAL EXIGENCIA DE CENSURA INFORMATIVA
No hace mucho que a la reportera de policía, Miriam Serrano, le salió al paso de su vehículo un hombre armado al iniciar la calle Ventura Salazar, obligándola a retroceder y emprender la huida siendo perseguida por pistoleros hasta los interiores de la sede de la policía preventiva, en donde pudo ocultarse hasta que llegó el secretario general de gobierno, el subsecretario de seguridad pública y el entonces director de El Sol de Zacatecas, entre otros.
Siendo todos testigos de la llamada que en ese trance recibió la reportera, en donde se le dice que sólo es una advertencia y que en cuanto a la desaparición de dos excustodios, “ya ni le mueva porque ya están muertos”.
El propio gobierno del estado envió a otra entidad a la reportera durante un mes, después de lo cual la periodista quedó sin empleo.
Estos episodios explican el grave riesgo en que está el ejercicio periodístico en Zacatecas si éste se propone servir a la sociedad informándola con veracidad en lo referente a la cada vez más desafiante delincuencia. Riesgo agravado por la notoria falta de interés de los responsables de la seguridad en nuestro estado.
La minimización sistemática de la delincuencia y la dejadez que muestran en cada “caso aislado”, los convierte en aliados objetivos de los que nos han robado la tranquilidad.

AL ÚLTIMO
A unos cuantos minutos de la base mixta de operaciones de Jerez, en Tepetongo, el jueves de la semana pasada fue secuestrado el joven Anacleto López Reveles.
El monto exigido por su liberación es de 100 mil dólares. Al momento de redactar estas líneas no hay desenlace.
Su señora madre, popularmente conocida como “La Chitona”, hace hasta lo imposible por recuperar sano y salvo a su hijo.
Sigue la pesadilla.

Nos encontramos el lunes en el Recreo.
luismedinalizalde@ gmail.com

Opinión de Enrique del Val Blanco en El Universal

Enrique del Val Blanco
Falta de liderazgo
16 de diciembre de 2008


En un artículo reciente, publicado en un diario español, el señor Julio María Sanguinetti expresaba sus opiniones sobre la falta de liderazgo de los políticos hoy en el mundo. Decía que cuando hay una crisis el pueblo voltea hacia ellos para ver si encuentran las respuestas adecuadas, y hasta ahora no se han obtenido.
Hemos visto que la reunión del famoso G-20, del cual México forma parte, no trajo ninguna propuesta real de solución. Tienen un grave problema: hasta ahora quieren hallar las respuestas dentro de las leyes del mercado, y hoy se ha demostrado fehacientemente que esto ya es imposible.

No digamos en Estados Unidos, donde el desprestigio del presidente Bush y la llegada de el señor Obama tampoco han traído la calma a los llamados mercados, pues la crisis es de tal magnitud que se necesitan herramientas que hasta la fecha no se han atrevido siquiera a mencionar, como sería la nacionalización de diversas áreas de la economía; hoy claramente los bancos y quizás pronto la automotriz.

En Europa, a pesar del hiperactivismo del presidente francés, no han podido llegar a acuerdos en cómo salir avante y los países están tomando sus propias decisiones al margen de la Unión Europea que, cuando hay crisis, ya vemos para qué sirve.

En nuestra América Latina el único que está haciendo algo es el presidente de Brasil, el señor Lula, que hoy por hoy es el líder en esta región, debido sobre todo a la incapacidad de los gobiernos mexicanos, desde hace varios sexenios, para mantener el liderazgo que tuvimos durante décadas. Hoy en el mundo somos un fantasma de lo que fuimos el siglo pasado.

Aquí nuestros dirigentes políticos no se dan cuenta y siguen como si nada pasara. Leemos las declaraciones alegres de que vamos a salir adelante, de que éste es el “régimen de la infraestructura”, cuando lo único que se ha hecho en el famoso programa es sumar todas las obras ya programadas, mientras tanto la situación del pueblo sigue empeorando.

Habría que mencionar que hay algunos gobiernos estatales que se están “poniendo las pilas”. Como el de Coahuila que, más allá de su absurda propuesta de la pena de muerte, se reunió con los sectores productivos y, amén de una serie de medidas concretas a desarrollarse en el estado —como el ahorro de cinco mil millones de pesos en medidas de austeridad—, ha propuesto al Ejecutivo federal algunas que hasta la fecha no se sabe siquiera si las han leído.

Vale la pena mencionar algunas que sería conveniente tomaran en cuenta: eliminar para 2009 el ISAN, para proteger el empleo en las fábricas de automotores tan golpeadas por la crisis en todo el mundo. Asimismo, ampliar la protección del IMSS de tres a seis meses para aquellos trabajadores y sus familias que pierdan el empleo.

En fin, se trata de algunas medidas concretas que, ante el pasmo en que se encuentra el Ejecutivo federal, sería conveniente analizar, así como también la sustitución de varios secretarios de despacho que no han estado a la altura de las circunstancias. La gente espera que el presidente haga algo, más allá de proteger a los amigos.


Analista político y economista

Opinión de Javier Corral Jurado en El Universal

Javier Corral Jurado
Reformas postergadas
16 de diciembre de 2008


No sólo la reforma bancaria destinada a abrir la competencia y beneficiar a usuarios de estos servicios fue frenada en la parte final del periodo de sesiones que acaba de concluir en el Congreso federal, sino otras importantes reformas legales que pretendían posibilitar el cumplimiento de la ley electoral en materia de radio y televisión por un lado, así como garantizar el derecho de réplica, por el otro. Fueron atoradas cuando prácticamente todo estaba listo para tener dictámenes que pasaran al pleno para su aprobación.
La información desplegada en varios medios apuntó a presiones ejercidas por Hacienda, bancos y organismos financieros en cuanto a la reforma de la Ley de Instituciones de Crédito y de Protección a los Usuarios de Servicios Financieros, y de las otras reformas se habló de insuficiente consenso, desacuerdos entre bancadas y entre cámaras. Pero quizá lo más importante es desvelar que en los tres casos la acción directa de personeros del duopolio televisivo produjo esos efectos, mediante el cabildeo disuasivo y a través de la pantalla con su manejo amenazador.

Como siempre que está en riesgo alguno de sus intereses comerciales —y en éste caso lo está su Banco Azteca de enfrentar una mayor competencia por virtud de la reforma al artículo 46 bis 1 de la citada ley—, el grupo Salinas echó mano de la televisión que el Estado le ha concesionado para lanzar una campaña de intimidación y persecución a los legisladores que se opusieron a sus pretensiones legislativas. Sí, convirtiendo su red nacional de televisión en una auténtica bayoneta con la que resguarda sus negocios frente al gobierno, y con la que apunta a cualquier competencia futura.

No es insólito que los concesionarios de las dos principales cadenas de televisión actúen de esa manera; en la escalada de su poder han cometido todo tipo de excesos sin conocer la acción del Estado, por eso han dictado acuerdos, circulares y lineamientos al Poder Ejecutivo e intentado imponer sus leyes y reformas en el Poder Legislativo. Detener las que no les gustan es su acción hasta ahora más efectiva. Lo asombroso es que cuenten con una mayoría de legisladores que permite tales abusos.

Por las presiones que el duopolio televisivo ha ejercido de distintas maneras entre senadores —a quienes conoce en sus ambiciones y a otros en sus miedos—, la reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión prácticamente quedó sepultada para esta legislatura; de hecho ya no les permitieron ni culminar con la reforma electoral que tanto publicitaron como parte del valor y dignidad políticas recobradas. Dos días antes de concluir el periodo de sesiones derribaron en el Senado el dictamen de reforma a la ley de radio y tv que buscaba complementar las nuevas disposiciones del Cofipe, en materia de propaganda política, a efecto de obligar con verdaderas sanciones y no con las ridículas multas de ahora, el cumplimiento que de la ley deben hacer los concesionarios.

Moviéndose en ambas cámaras del Congreso, el último día de sesiones, impidieron que pasara al pleno de la Cámara de Diputados —mediante las tradicionales maniobras de último momento del PRI— el dictamen que creaba una nueva ley: la del derecho de réplica. Sobre la que hay cuatro iniciativas, aun cuando el eje principal de la propuesta final es la que presentaron los diputados panistas Rocío Morgan Franco, José Antonio Díaz García y Dora Alicia Martínez Valero; entre otros méritos, por ser la mejor estructurada y la más expedita.


Insertado el año pasado dentro del artículo sexto de la Constitución General de la República, después de 40 años de que México suscribió la Convención Americana de Derechos Humanos que lo definió como consubstancial al ejercicio de la libertad de expresión, el derecho que tienen las personas para responder informaciones que les causen agravio parece que tendrá que esperar hasta el siguiente periodo, o quizá nueva legislatura, para verse reglamentado y por lo tanto se pueda ejercer plenamente. Durante todo el año, los representantes de las televisoras hicieron de su puño y letra varias modificaciones a ese anteproyecto, y aunque aparentemente ya les había dado el visto bueno a los legisladores para legislar, la TvAzteca no quedó convencida del todo con la redacción.

Culminó el periodo legislativo en el que aún se podían intentar reformas importantes y no quisieron hacerse, y es probable que éste sea su desenlace final como legislatura: la omisión como símbolo del intento que no fue. Porque en el balance sobresalen más los vetos de los grupos de interés a reformas necesarias.

La tarea legislativa —de haberse reposicionado en esta última década por la creciente influencia del Congreso dentro de un nuevo equilibrio de poder— está rápidamente cayendo en un desprestigio por la eficacia con la que favorece intereses particulares y la lentitud, o nulidad, con la que atiende el interés público.


Profesor de la FCPyS de la UNAM

UN BUEN AÑO PARA NUESTRO MOVIMIENTO

UN BUEN AÑO PARA NUESTRO MOVIMIENTO



El pasado fin de semana, Andrés Manuel López Obrador recorrió municipios colindantes con el estado de Zacatecas en los que participamos algunos zacatecanos que pudimos constatar la buena respuesta de los habitantes de esos municipios al escuchar las alternativas progresistas en voz de Andrés Manuel. En ésta, la última gira del año, se hizo un balance de los logros del movimiento durante el 2008:



Quedó demostrado el carácter pacífico de nuestras acciones, todas ellas enmarcadas en el capítulo de libertades políticas que los mexicanos de anteriores generaciones dejaron plasmadas en nuestra carta magna.



El 2008 dejó claro el afán calumniador de quienes nos atribuyen espíritu violento. No confundimos la civilidad con la sumisión, y distinguimos perfectamente entre firmeza y violencia.



La respuesta a nuestro llamado a defender el petróleo como parte de nuestro patrimonio nacional demostró la existencia de una conciencia nacionalista que los gobiernos neoliberales no han podido disolver.



El 2008 da cuenta también, de que crece el número de mexicanos que analizan la información y las opiniones que reciben de los medios de comunicación y que saben distinguir entre la honradez informativa y las opiniones con sustento, de las tergiversaciones originadas en el control que el poder económico y político ejerce. El pueblo ya aprendió a no echar a todos en el mismo costal.



Para el 2009 nuestro movimiento se propone demandar:

1) Aumento de doce por ciento al salario mínimo

2) Derogación del IETU (Impuesto Empresarial a Tasa Única)

3) Disminución del precio de gasolinas, gas, luz y diesel.

4) Intervención del gobierno para proteger los fondos de retiro de los trabajadores (SAR)

5) Subsidio al campo para que en México se produzca lo que en México consumimos.

6) Aplicación inmediata del presupuesto asignado a la obra pública.

7) Atención especial a los grupos vulnerables (adultos mayores, madres solteras, discapacitados)

8) Demandar que el gobierno se apriete el cinturón mediante la disminución de los desmesurados privilegios de la alta burocracia.



Atendiendo la lógica del calendario, nuestro movimiento continuará con su agenda de reuniones en diversos municipios hasta el próximo 23 de diciembre, fecha en la que habrá de celebrarse en el cañón de Juchipila, la última actividad del movimiento en el año,

Zacatecas, Zac. 15 de diciembre de 2008



"Movimiento zacatecano en defensa del petróleo, la economía popular y la soberanía nacional".

Plan de 8 puntos para reducir los efectos de la crisis

Plan de 8 puntos para reducir los efectos de la crisis económica
Bolaños, Jalisco
Domingo 14 de diciembre de 2008

* CARTA AL PUEBLO DE MÉXICO

Ante la desatención del gobierno usurpador de la crisis económica que está golpeando a la mayoría de nuestro pueblo y que amenaza con afectar aún más, es nuestro deber exigir la aplicación con urgencia de las siguientes medidas:

1.- Aumento del 12 por ciento al Salario Mínimo

Si no queremos que se agrave la crisis que ya estamos sufriendo por una caída aun mayor de la demanda y por razones de estricta justicia, debemos exigir un aumento que permita recuperar, cuando menos, lo que ha perdido el poder adquisitivo del salario de noviembre de 2006 a la fecha.

Se debe reponer el porcentaje en el que la inflación de 2006 a 2008 excedió al aumento de los mínimos y otorgar suficiente aumento para compensar la inflación de 2009.

Según cifras oficiales, la inflación en los dos últimos años (noviembre de 2006 a noviembre de 2008) ha sido de 12.9% en la canasta básica. En cambio, el salario mínimo ha aumentado sólo 8%; es decir ha perdido 4 puntos.

Exigimos que estos 4 puntos porcentuales se recuperen con el aumento del mínimo en 2009. Según nuestras estimaciones, la inflación para el próximo año será del 8%, empujada por la devaluación del peso que tan sólo en lo que va de 2008 es del 35%.

Por eso, el salario mínimo se debe aumentar, cuando menos, en 12 por ciento (4 puntos porcentuales por lo perdido desde noviembre de 2006; 8 puntos por la inflación estimada para 2009).

2.- Se debe derogar el IETU como apoyo a trabajadores asalariados, comercios y empresas

El IETU se debe derogar porque ha demostrado no sólo que tiene una recaudación mucho menor de lo que se esperaba, sino principalmente porque tiene aberraciones técnicas que no se pueden tolerar en un impuesto. Entre éstas últimas, el hecho de que el pago de intereses de la deuda de las empresas no es deducible ni tampoco las pérdidas cambiarias, precisamente cuando todas las empresas de México están golpeadas por ambos problemas.
Pero además, es muy costoso de administrar para las empresas, obligándolas a dedicar excesivo personal y a perder tiempo.

En 2008, según Hacienda, con el IETU se van a recaudar 50 mil millones de pesos (0.5% del PIB, la mitad de los que se esperaba). Su derogación no costaría mucho; en cambio representaría ahorros para las empresas dándoles margen para el aumento de los mínimos. El aumento del salario siempre será mejor en el bolsillo del trabajador que en la Secretaría de Hacienda, en especial cuando se trata de impulsar la demanda y reactivar la economía.

3.- Debe bajar el precio de las gasolinas, el diesel, el gas y la luz

Los aumentos abusivos de estos energéticos han provocado más inflación y carestía de la vida, afectando severamente la economía popular, a empresas y comercios. Es injustificable que las gasolinas en México sean más caras que en Estados Unidos y que los aumentos de energía eléctrica para consumo doméstico hayan incrementado este año hasta el 100 por ciento.

4.- El gobierno debe intervenir y evitar más pérdidas en los fondos de retiro de los trabajadores

Es necesaria la intervención del gobierno en las afores para impedir que los fondos de retiro de los trabajadores sigan sufriendo pérdidas. Tan sólo en octubre el director de la CONSAR afirmó que se había perdido el 14% de los saldos de los 39 millones de cuentas que tiene el sistema de ahorros para el retiro. Las cuentas perdieron 53,700 millones de pesos entre diciembre de 2007 y octubre de 2008. Con las caídas en los mercados de acciones y de bonos en noviembre y diciembre, las pérdidas han aumentado y no es aventurado decir que podrían llegar a 200 mil millones de pesos. En contraste, las empresas que manejan las afores han cobrado comisiones por 11,180 millones hasta octubre y, ellas sí, han tenido utilidades netas por 2,648 millones de pesos.

El gobierno debe apoyar a los trabajadores y dejar de proteger a los manejadores privados de los fondos de retiro. Debe intervenir con fondos del Estado para reponer las pérdidas y además dar un rendimiento mínimo de 1% si los manejadores privados no pueden hacerlo. En la medida en que los administradores privados no cumplan con este rendimiento mínimo y el Estado lo haga, en esa misma medida la aportación del gobierno será a cuenta del capital de la afore y en esa misma medida disminuirá la participación del manejador privado en la afore. Esta medida es justa, es una intervención bajo las reglas del mercado y asegura los ahorros de los trabajadores.

El argumento tantas veces oído del gobierno de que no nos preocupemos porque en el largo plazo los fondos crecerán al recuperarse las bolsas y los mercados, no tiene base de credibilidad ni funciona en este caso. Principalmente porque enfrentamos una crisis que se va a extender y a profundizar y que exige del Estado la máxima protección de los ahorros de los trabajadores y de la clase media.

5.- Se debe impulsar al sector agropecuario para producir en México lo que consumimos y dejar de comprar los alimentos en el extranjero

México depende de importaciones para el 35% de los alimentos que consume y esto lo pone en una situación de gran vulnerabilidad, no sólo ante el riesgo de aumentos de precios internacionales, sino también de escasez de productos o restricciones al comercio mundial. Además, es un peso permanente sobre la balanza de pagos del país. Todos estos riesgos se han ido materializando a lo largo de los últimos 3 años de crisis económica global.

Exigimos un programa nacional con el objeto de lograr la soberanía alimentaria, comenzando por los 10 cultivos agrícolas de mayor consumo nacional y extendiéndose a otras actividades de producción, investigación y desarrollo de productos y de protección a nuestras propias variedades.

La soberanía implica que el país produzca la mayor parte de los alimentos que consumimos; que los productores mexicanos tengan crédito, fertilizantes y otros insumos baratos, apoyo de infraestructura, así como precios garantizados para su producción. La agricultura es una actividad de riesgo y por ello requiere que el Estado garantice un precio mínimo. Implica que los productores no dependan de semillas extranjeras cuando existen variedades propias de nuestros mismos cultivos. Igualmente implica la protección al medio ambiente agrícola y pecuario a través del balance ecológico entre cultivos, agua, bosques, y ambiente.

6.- Es urgente fortalecer la industria de la construcción para reactivar la economía y generar empleos.

Deben destinarse recursos del presupuesto para construir viviendas, caminos, escuelas, centros de salud, introducir agua potable, drenaje y pavimentar calles, no solo porque hacen falta estas obras y servicios, sino por ser la forma más rápida y eficaz de enfrentar la crisis económica y el desempleo. Actualmente la industria de la construcción está paralizada y en los últimos doce meses, según cifras del IMSS, se han perdido 46 mil 809 empleos.

7.- Se deben extender los apoyos al desarrollo social.

Ahora más que nunca se debe ayudar con pensiones alimentarias y becas a adultos mayores madres solteras y a discapacitados; se debe garantizar la atención médica y medicamentos gratuitos para quienes no cuentan con seguridad social, becas para todos los estudiantes de preparatoria del país, acceso a todos los estudiantes a universidades públicas.

8.- Es indispensable reducir el gasto corriente del gobierno para ahorrar y destinar fondos a la atención de la crisis económica y de bienestar social

Insistimos en que el gasto corriente del gobierno debe reducirse en 200 mil millones de pesos cuando menos, que es la mitad de lo que ha aumentado en los dos años de Felipe Calderón. Incluido en este ajuste debe estar la reducción del 50% de los sueldos de la alta burocracia, mismo que aportaría 12 mil millones de pesos de los fondos para cubrir el aumento del salario a los servidores públicos de base, en línea con el aumento del mínimo.

La reducción del gasto corriente que proponemos de 200 mil millones de pesos es para no romper el equilibrio presupuestal, pues sabemos que este equilibrio será muy difícil de sostener con la caída de los ingresos tributarios y no tributarios que impone la recesión sobre nuestra economía, el menor consumo de las familias y las menores utilidades de las empresas medianas y pequeñas y de las empresas grandes no monopólicas.


Andrés Manuel López Obrador
Presidente Legítimo de México

Bolaños, Jalisco, a 14 de diciembre de 2008