J. Luis Medina Lizalde
AL PRINCIPIO
El nombramiento de Felipe Borrego Estrada como “secretario técnico para la implementación de las reformas constitucionales sobre seguridad y justicia penal” generó un torrente de especulaciones.
Se interpretó que al suceder en el cargo a José Luis Vasconcelos asumía los riesgos derivados de la lucha contra el crimen organizado, sin considerar que el puesto fue creado para sacar a Vasconcelos de esos menesteres en virtud de no ser del contentillo de los nuevos mandones.
Se atribuye el nombramiento a una relación de amistad entre el padre de Felipe Calderón y el del propio Borrego Estrada, interpretación que habla de una sociedad acostumbrada a que sus gobernantes dispongan de los cargos públicos basados en sentimientos personales.
La designación fue considerada como el primer acto en la construcción de la candidatura al gobierno del estado por parte de los calderonistas para enfrentarlo al prospecto de Santiago Creel, dando por sentado que las candidaturas se deciden en la ciudad de México, como en los mejores tiempos del centralismo priísta.
Su designación es la primera del calderonismo que recae en un abogado forjado en la universidad pública y no en la libre de derecho, en donde se forjan los mejores juristas de derecha en nuestro país.
Felipe Borrego Estrada y un servidor somos de la misma generación de la escuela de derecho de la UAZ.
A él me une una añeja y sincera amistad no obstante tantas diferencias en el modo de pensar.
De una cosa sí estoy seguro, si lo dejan, hará un magnifico papel.
TODO LO QUE HEMOS CAMBIADO SIGUE IGUAL
Fajardo pertenece al equipo más cercano de la titular del Ejecutivo estatal a quien sirve desde que ella estuvo al frente del PRD.
Los ocupantes de cargos públicos son operadores políticos con la permanente tarea de construir un entorno favorable a la realización de los planes institucionales, por eso la búsqueda de interlocución con los diversos sectores no sólo es legítima sino obligatoria en todo funcionario consciente de sus deberes.
Pero eso es muy distinto a fungir como operador electoral.
El operador político, al cumplir con eficacia su tarea institucional, acarrea votos legítimos a su partido y prestigio al gobierno al que pertenece.
El operador electoral desde el puesto público sacrifica lo institucional en aras de lo faccioso, lo público en aras de lo privado, lo permanente en aras de lo efímero.
El operador político se cansa de exponer su buen nombre para conseguir votos para otros.
Más pronto que tarde, los operadores electorales deciden que si van a orientar recursos a determinada región o a determinados sectores en función de un interés electoral, pues que sea el de ellos.
A Daniel Fajardo no se le percibió vulnerable por la brevedad del propósito de especializarnos en la producción de frijol negro ni por las vicisitudes de los centros de acopio y tampoco por la procesadora de guayaba ni por el rastro TIF.
A Fajardo se le sabe en apuros con el resultado electoral en Fresnillo en el 2007, pero sobre todo cuando se conoce el desenlace en el proceso de renovación de la UGRZ y la etílica encerrona en Paraíso Caxcán que la precedió.
Si buscamos las diferencias entre Sedagro y Sagarpa éstas no se dan en torno a cuestiones de fondo, hasta ahora, cuando entran en discordia, es cuando ambas quieren “pararse el cuello” ante los beneficiarios de los programas para el campo. Y eso que unos son “neoliberales de derecha”, y otros “socialdemócratas de izquierda”.
Mientras eso sucede, la economía sigue excluyendo a un inmenso sector de mexicanos, y la política sigue haciendo realidad el dicho de que “el poder los hace iguales” y el mundo electoral sigue empedrado de simulaciones.
Así anda San Luis Potosí con el PAN en estos momentos, así anduvo todo México en el 2006… igualito que con el PRI.
AL ÚLTIMO
Nos encontramos el lunes en el Recreo.
luismedinalizalde @gmail.com
