Gustavo Gordillo
(Publicado el 27 de diciembre de 2008 en El Univeersal)
Muchas de las aproximaciones equivocadas a la problemática rural provienen de una subestimación sobre la capacidad que tiene para, por una parte, absorber shocks y, por la otra, coadyuvar a la reactivación económica. Pero para corregir esa subestimación es necesario también reconocer el tamaño del daño que se le ha infligido en términos de descapitalización productiva, profundización de la desigualdad y la pobreza, así como en deterioro ecológico.
En los sistemas agrícolas, los impactos ambientales se han presentado de manera contrastante. En las zonas donde predominan indígenas y pequeños productores ha ocurrido un deterioro de la cubierta forestal para dar paso al cultivo de productos alimenticios como el maíz. En el otro extremo, en las áreas donde se ha desarrollado la agricultura de exportación tuvo lugar un intenso deterioro ambiental, como consecuencia de altos consumos de energía fósil y de agroquímicos, así como de un uso ineficiente del agua. La actividad ganadera extensiva afecta a los ecosistemas naturales por la degradación que se genera por el tipo de manejo, y por la deforestación que se ocasiona con el cambio de uso de suelo para el establecimiento de potreros.
Asimismo, el sobrepastoreo ha degradado cerca de 95% de los pastizales naturales y 70% de los matorrales en las zonas áridas (Semarnat, 2006). Por otro lado, se ha estimado que alrededor de 35 millones de hectáreas bajo diferentes agroecosistemas se encuentran con procesos de degradación en sus suelos. En particular, dos terceras partes de los 20 millones de hectáreas que se dedican a la agricultura de temporal presentan degradación de moderada a extrema (Conapo, 2006).
Para entender este deterioro ecológico es necesario introducir algunas dimensiones sociales, económicas y demográficas del medio rural:
a) Para 2005 se estima en 185 mil el número de localidades menores de 2 mil 500 habitantes con una población de 24.2 millones de personas. Un 43% de esa población rural habita en poblados de menos de 500 habitantes.
b) La población rural ha presentado un ritmo de crecimiento muy por debajo del promedio nacional, sobre todo debido a las corrientes migratorias. Su participación respecto a la población nacional ha decrecido a sólo 23.5% en 2005, es decir, 24.2 millones de habitantes.
c) Mas de 60% de la población rural se encuentra en condiciones de pobreza según datos de 2005 de la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto (ENIG).
d) Se estima que 52% de los hogares en México que reciben remesas en promedio de 2 mil 400 dólares por hogar por año se encuentran en localidades menores de 2 mil 500 habitantes, los cuales representan poco más de la mitad (53%) de sus ingresos corrientes (Conapo, 2004c).
Por otra parte para completar este cuadro descriptivo es importante señalar la importancia del sector ejidal y comunal. Simplemente para dimensionar el peso relativo del sector ejidal y comunal es conveniente tener en mente que el sector ejidal y comunal está compuesto por 31 mil 500 ejidos y comunidades y 106 millones de hectáreas, de las cuales 34 millones son tierras parceladas mayormente orientadas a actividades agrícolas y ganaderas, y 69 millones tierras de uso común, fundamentalmente bosques y selvas, pastos y cuerpos de agua. Junto con 4.2 millones de ejidatarios y comuneros, poco más de 15 millones de personas están vinculadas con las distintas dinámicas del sector ejidal y comunal.
En síntesis, lo que estos datos nos dicen es que la población rural ha envejecido, se ha feminizado, los jóvenes han migrado a ciudades sobre todo intermedias y a Estados Unidos, la población rural se ha refugiado en localidades pequeñas y muy pequeñas, y ha diversificado sus fuentes de ingreso hacia aquellos ingresos no agrícolas debido principalmente a las remesas y a las transferencias públicas. En términos relativos la pobreza se concentra en un medio rural fuertemente desigual y con una gran heterogeneidad de sistemas productivos.
Pero en el sector ejidal y comunal también se concentra potencial productivo y acceso a una gran variedad de recursos naturales, muchos sujetos a un fuerte deterioro.
Ahora bien, enfrentamos hoy un complejo y explosivo contexto caracterizado por: a) una crisis económica global que afecta desde distintos ámbitos al sector rural mexicano sobre todo en lo que respecta a los ingresos no agrícolas vinculados a las remesas y a los mercados laborales, b) una crisis alimentaria también de ámbito mundial que se expresó entre 2006 y principios de 2008 acentuando la importancia de garantizar en términos de producción de alimentos y de reservas estratégicas un nivel adecuado de seguridad alimentaria, c) el relativo estancamiento de la economía mexicana y de su sector agrícola en los últimos 25 años, y d) diversos procesos de fragmentación social también en el campo como efecto de la proliferación de actividades ilícitas vinculadas al narcotráfico.
Enfrentar esta combinación de eventos — algunos de larga data y otros como expresión de la coyuntura actual— requiere un programa de intervenciones vigorosas que tengan tres características: un efecto multiplicador de corto plazo, una capacidad para eslabonarse y traducirse en políticas y programas que mantengan continuidad en el mediano y largo plazo, y una enorme flexibilidad en términos de diseño e implementación.
Este programa de emergencia debería concentrar recursos y programas alrededor de cuatro propósitos centrales:
a) Incentivar actividades productivas orientadas a enfrentar los diversos deterioros ecológicos a través de transferencia de recursos públicos directos pero limitados con transparentes condicionamientos. Esto es particularmente relevante en lo que respecta a promover la conservación de los recursos naturales en las tierras de uso común de los ejidos y comunidades.
b) Promover la generación y transferencia de tecnologías apropiadas orientadas sobre todo al sector ejidal y comunal y de pequeños productores con énfasis en prácticas de conservación de recursos naturales, a través de fondos concursables que generen una mayor vinculación entre los centros de investigación y educación y el sector rural.
c) Impulsar un amplio programa de infraestructura rural en especial en caminos rurales, pequeñas obras de irrigación, rescate de suelos y reforestación con una fuerte participación de las propias comunidades rurales en el diseño de estos proyectos y en su implementación.
d) Realizar una amplia convocatoria a jóvenes, particularmente mujeres, tanto aquellas que habitan en poblaciones rurales como en ciudades intermedias para participar en esos programas de infraestructura y de rescate ecológico a través proporcionarles recursos iniciales para generar empresas de servicio en esos renglones. Lo anterior debería fortalecerse con un vasto programa de servicio social de pasantes que se oriente al desarrollo sustentable de los recursos naturales en las comunidades rurales.
Es claro que un programa de emergencia como éste tiene que vencer resistencias y sobre todo una inercia en las políticas públicas que nos viene de lejos y que puede sintetizarse en cuatro defectos:
a) Buscar resolver los problemas estructurales del sector rural —competitividad y reducción de la pobreza y de las desigualdades— desde el propio sector rural, descuidando la interacción entre lo intrasectorial, lo intersectorial y lo territorial.
b) La dispersión, la descoordinación y la discontinuidad de programas públicos que llevaron a un dispendio de recursos económicos y humanos, de energía social, de conocimientos y de tiempo estratégico.
c) Ausencia de continuidad en el diseño e implementación de políticas que incluyera como ingredientes importantes capacidad para rectificar, para modificar instrumentos y para matizar el ritmo de cambio.
d) Poca atención a la enorme diversidad productiva, ecológica y social que se expresa en las distintas estrategias y formas de vida de los pobladores rurales.
Esa diversidad es probablemente la más poderosa razón para impulsar una descentralización que más allá de los distintos niveles de gobierno se sustente en la iniciativa de los habitantes rurales y sus poblados. Es también un argumento a favor de transferencias de recursos no condicionados en términos de sus usos aunque relativamente focalizados en las distintas estrategias productivas y de vida de los pobladores rurales.
http://gustavogordillo.blogspot.com/)
Investigador asociado en la Universidad de Indiana en Bloomington
Muchas de las aproximaciones equivocadas a la problemática rural provienen de una subestimación sobre la capacidad que tiene para, por una parte, absorber shocks y, por la otra, coadyuvar a la reactivación económica. Pero para corregir esa subestimación es necesario también reconocer el tamaño del daño que se le ha infligido en términos de descapitalización productiva, profundización de la desigualdad y la pobreza, así como en deterioro ecológico.
En los sistemas agrícolas, los impactos ambientales se han presentado de manera contrastante. En las zonas donde predominan indígenas y pequeños productores ha ocurrido un deterioro de la cubierta forestal para dar paso al cultivo de productos alimenticios como el maíz. En el otro extremo, en las áreas donde se ha desarrollado la agricultura de exportación tuvo lugar un intenso deterioro ambiental, como consecuencia de altos consumos de energía fósil y de agroquímicos, así como de un uso ineficiente del agua. La actividad ganadera extensiva afecta a los ecosistemas naturales por la degradación que se genera por el tipo de manejo, y por la deforestación que se ocasiona con el cambio de uso de suelo para el establecimiento de potreros.
Asimismo, el sobrepastoreo ha degradado cerca de 95% de los pastizales naturales y 70% de los matorrales en las zonas áridas (Semarnat, 2006). Por otro lado, se ha estimado que alrededor de 35 millones de hectáreas bajo diferentes agroecosistemas se encuentran con procesos de degradación en sus suelos. En particular, dos terceras partes de los 20 millones de hectáreas que se dedican a la agricultura de temporal presentan degradación de moderada a extrema (Conapo, 2006).
Para entender este deterioro ecológico es necesario introducir algunas dimensiones sociales, económicas y demográficas del medio rural:
a) Para 2005 se estima en 185 mil el número de localidades menores de 2 mil 500 habitantes con una población de 24.2 millones de personas. Un 43% de esa población rural habita en poblados de menos de 500 habitantes.
b) La población rural ha presentado un ritmo de crecimiento muy por debajo del promedio nacional, sobre todo debido a las corrientes migratorias. Su participación respecto a la población nacional ha decrecido a sólo 23.5% en 2005, es decir, 24.2 millones de habitantes.
c) Mas de 60% de la población rural se encuentra en condiciones de pobreza según datos de 2005 de la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto (ENIG).
d) Se estima que 52% de los hogares en México que reciben remesas en promedio de 2 mil 400 dólares por hogar por año se encuentran en localidades menores de 2 mil 500 habitantes, los cuales representan poco más de la mitad (53%) de sus ingresos corrientes (Conapo, 2004c).
Por otra parte para completar este cuadro descriptivo es importante señalar la importancia del sector ejidal y comunal. Simplemente para dimensionar el peso relativo del sector ejidal y comunal es conveniente tener en mente que el sector ejidal y comunal está compuesto por 31 mil 500 ejidos y comunidades y 106 millones de hectáreas, de las cuales 34 millones son tierras parceladas mayormente orientadas a actividades agrícolas y ganaderas, y 69 millones tierras de uso común, fundamentalmente bosques y selvas, pastos y cuerpos de agua. Junto con 4.2 millones de ejidatarios y comuneros, poco más de 15 millones de personas están vinculadas con las distintas dinámicas del sector ejidal y comunal.
En síntesis, lo que estos datos nos dicen es que la población rural ha envejecido, se ha feminizado, los jóvenes han migrado a ciudades sobre todo intermedias y a Estados Unidos, la población rural se ha refugiado en localidades pequeñas y muy pequeñas, y ha diversificado sus fuentes de ingreso hacia aquellos ingresos no agrícolas debido principalmente a las remesas y a las transferencias públicas. En términos relativos la pobreza se concentra en un medio rural fuertemente desigual y con una gran heterogeneidad de sistemas productivos.
Pero en el sector ejidal y comunal también se concentra potencial productivo y acceso a una gran variedad de recursos naturales, muchos sujetos a un fuerte deterioro.
Ahora bien, enfrentamos hoy un complejo y explosivo contexto caracterizado por: a) una crisis económica global que afecta desde distintos ámbitos al sector rural mexicano sobre todo en lo que respecta a los ingresos no agrícolas vinculados a las remesas y a los mercados laborales, b) una crisis alimentaria también de ámbito mundial que se expresó entre 2006 y principios de 2008 acentuando la importancia de garantizar en términos de producción de alimentos y de reservas estratégicas un nivel adecuado de seguridad alimentaria, c) el relativo estancamiento de la economía mexicana y de su sector agrícola en los últimos 25 años, y d) diversos procesos de fragmentación social también en el campo como efecto de la proliferación de actividades ilícitas vinculadas al narcotráfico.
Enfrentar esta combinación de eventos — algunos de larga data y otros como expresión de la coyuntura actual— requiere un programa de intervenciones vigorosas que tengan tres características: un efecto multiplicador de corto plazo, una capacidad para eslabonarse y traducirse en políticas y programas que mantengan continuidad en el mediano y largo plazo, y una enorme flexibilidad en términos de diseño e implementación.
Este programa de emergencia debería concentrar recursos y programas alrededor de cuatro propósitos centrales:
a) Incentivar actividades productivas orientadas a enfrentar los diversos deterioros ecológicos a través de transferencia de recursos públicos directos pero limitados con transparentes condicionamientos. Esto es particularmente relevante en lo que respecta a promover la conservación de los recursos naturales en las tierras de uso común de los ejidos y comunidades.
b) Promover la generación y transferencia de tecnologías apropiadas orientadas sobre todo al sector ejidal y comunal y de pequeños productores con énfasis en prácticas de conservación de recursos naturales, a través de fondos concursables que generen una mayor vinculación entre los centros de investigación y educación y el sector rural.
c) Impulsar un amplio programa de infraestructura rural en especial en caminos rurales, pequeñas obras de irrigación, rescate de suelos y reforestación con una fuerte participación de las propias comunidades rurales en el diseño de estos proyectos y en su implementación.
d) Realizar una amplia convocatoria a jóvenes, particularmente mujeres, tanto aquellas que habitan en poblaciones rurales como en ciudades intermedias para participar en esos programas de infraestructura y de rescate ecológico a través proporcionarles recursos iniciales para generar empresas de servicio en esos renglones. Lo anterior debería fortalecerse con un vasto programa de servicio social de pasantes que se oriente al desarrollo sustentable de los recursos naturales en las comunidades rurales.
Es claro que un programa de emergencia como éste tiene que vencer resistencias y sobre todo una inercia en las políticas públicas que nos viene de lejos y que puede sintetizarse en cuatro defectos:
a) Buscar resolver los problemas estructurales del sector rural —competitividad y reducción de la pobreza y de las desigualdades— desde el propio sector rural, descuidando la interacción entre lo intrasectorial, lo intersectorial y lo territorial.
b) La dispersión, la descoordinación y la discontinuidad de programas públicos que llevaron a un dispendio de recursos económicos y humanos, de energía social, de conocimientos y de tiempo estratégico.
c) Ausencia de continuidad en el diseño e implementación de políticas que incluyera como ingredientes importantes capacidad para rectificar, para modificar instrumentos y para matizar el ritmo de cambio.
d) Poca atención a la enorme diversidad productiva, ecológica y social que se expresa en las distintas estrategias y formas de vida de los pobladores rurales.
Esa diversidad es probablemente la más poderosa razón para impulsar una descentralización que más allá de los distintos niveles de gobierno se sustente en la iniciativa de los habitantes rurales y sus poblados. Es también un argumento a favor de transferencias de recursos no condicionados en términos de sus usos aunque relativamente focalizados en las distintas estrategias productivas y de vida de los pobladores rurales.
http://gustavogordillo.blogspot.com/)
Investigador asociado en la Universidad de Indiana en Bloomington
