Andrés Manuel López Obrador – IV
En mis recorridos por el país pude comprobar que en los últimos tiempos se ha reactivado la explotación minera. Se trata de una actividad dominada básicamente por tres consorcios nacionales –Minera México, Peñoles y Grupo Carso–, así como por empresas extranjeras, sobre todo canadienses.
La privatización de este sector se ha llevado a cabo de manera silenciosa, pero profunda. Durante el gobierno de Salinas se reformó el artículo 27 y se concesionó a particulares, nacionales y extranjeros, la explotación de los recursos mineros. Bajo el gobierno de Vicente Fox se ampliaron las concesiones de 25 a 50 años, con la posibilidad de prorrogarse. Actualmente, se encuentran concesionadas 24.5 millones de hectáreas del territorio nacional, superficie equivalente a la extensión del estado de Chihuahua, el más grande del país. De modo que, prácticamente, toda la superficie y el subsuelo con potencial minero han sido enajenados para el aprovechamiento de unas cuantas compañías nacionales y extranjeras.
Esta desaforada entrega de bienes de la nación y los altos precios de los metales en el mercado internacional, propiciaron que la minería creciera más que otros sectores de la economía. En materia de metales preciosos, la producción de oro pasó de 6.2 toneladas en 1980 a 39.3 para 2007, un incremento de 533 por ciento; la extracción de plata aumentó de mil 500 toneladas a 2 mil 311 (60 por ciento); y en lo que se refiere a metales industriales no ferrosos, destaca la producción de cobre y zinc, que creció de 414 mil a 762 mil toneladas (84 por ciento en promedio).
Según cifras oficiales, el valor total de la producción minera en 2007 fue de 113 mil 429 millones de pesos. Sin embargo, esta bonanza ha generado muy pocos beneficios al pueblo y a la nación. La actual explotación minera se parece mucho a lo que pasaba durante el porfiriato, los dueños de las compañías se llevan todas las ganancias, no pagan impuestos, los trabajadores reciben bajos salarios, no cuentan con protección ni con la debida seguridad social, y los sindicatos, con la complacencia del gobierno, están siendo tomados por las empresas, independientemente del cuestionamiento que se les pueda hacer a sus dirigentes.
En mis recorridos por el país pude comprobar que en los últimos tiempos se ha reactivado la explotación minera. Se trata de una actividad dominada básicamente por tres consorcios nacionales –Minera México, Peñoles y Grupo Carso–, así como por empresas extranjeras, sobre todo canadienses.
La privatización de este sector se ha llevado a cabo de manera silenciosa, pero profunda. Durante el gobierno de Salinas se reformó el artículo 27 y se concesionó a particulares, nacionales y extranjeros, la explotación de los recursos mineros. Bajo el gobierno de Vicente Fox se ampliaron las concesiones de 25 a 50 años, con la posibilidad de prorrogarse. Actualmente, se encuentran concesionadas 24.5 millones de hectáreas del territorio nacional, superficie equivalente a la extensión del estado de Chihuahua, el más grande del país. De modo que, prácticamente, toda la superficie y el subsuelo con potencial minero han sido enajenados para el aprovechamiento de unas cuantas compañías nacionales y extranjeras.
Esta desaforada entrega de bienes de la nación y los altos precios de los metales en el mercado internacional, propiciaron que la minería creciera más que otros sectores de la economía. En materia de metales preciosos, la producción de oro pasó de 6.2 toneladas en 1980 a 39.3 para 2007, un incremento de 533 por ciento; la extracción de plata aumentó de mil 500 toneladas a 2 mil 311 (60 por ciento); y en lo que se refiere a metales industriales no ferrosos, destaca la producción de cobre y zinc, que creció de 414 mil a 762 mil toneladas (84 por ciento en promedio).
Según cifras oficiales, el valor total de la producción minera en 2007 fue de 113 mil 429 millones de pesos. Sin embargo, esta bonanza ha generado muy pocos beneficios al pueblo y a la nación. La actual explotación minera se parece mucho a lo que pasaba durante el porfiriato, los dueños de las compañías se llevan todas las ganancias, no pagan impuestos, los trabajadores reciben bajos salarios, no cuentan con protección ni con la debida seguridad social, y los sindicatos, con la complacencia del gobierno, están siendo tomados por las empresas, independientemente del cuestionamiento que se les pueda hacer a sus dirigentes.
Cerro de San Pedro y Mulatos: desesperación y resistencia
Los enclaves mineros son como pequeños estados dentro del territorio nacional. Los dueños de las empresas dominan todo; tienen guardias blancas, en los lugares más recónditos han construido hoteles y casas para sus directivos, mientras que los obreros carecen hasta de lo más indispensable y los pueblos donde se encuentra el mineral están en el más completo abandono. Visité municipios mineros como Moris, Ocampo, Témoris, Chinipas y Urique, en Chihuahua, y Tayoltita y Topia, en Durango, y tuvimos que transitar por caminos de terracería en pésimas condiciones. A Tayoltita se llega después de cinco horas de viaje por una brecha. El oro lo sacan por avión, hace cien años la mina era explotada por norteamericanos, y ahora por canadienses. En Urique sucede lo mismo, ahí se encuentra la mina El Zauzal en manos de la empresa canadiense Goldscorp Inc, que es la que más oro produce en el país (alrededor de 9.5 toneladas al año, 25 por ciento de la producción nacional).
Los abusos de las compañías indignan y se repiten por todas partes; cuando estuve en Sahuaripa, Sonora, pobladores de Mulatos, una comunidad de ese municipio me pidieron con desesperación que les ayudáramos porque la compañía canadiense Alamos Golden Inc, que explota oro desde hace cinco años, está devastando el ecosistema, contaminando mantos acuíferos, arroyos y ríos, causando la mortandad de peces y ganado. Incluso, tiene la intención de desaparecer la comunidad porque debajo del poblado se encuentra la veta más grande que pretenden explotar.
Lo mismo me manifestaron en Melchor Ocampo, Zacatecas, en Huizopa, Chihuahua y en Cerro de San Pedro, San Luis Potosí. En este último municipio, sus pobladores han dado una lucha heroica no sólo en contra de otra minera canadiense Metallica Resources, sino del gobierno del estado y del federal. Allí fue asesinado con vileza el presidente municipal por oponerse a la destrucción del poblado y del cerro emblemático que aparece en el escudo del estado de San Luis Potosí. En Cananea, Sonora, la complicidad entre autoridades y la Minera México es absoluta; los trabajadores llevan año y medio en huelga, el gobernador de Sonora mandó a la policía a reprimirlos, les cerraron el hospital, les quitaron el agua; las autoridades laborales están entregadas a la empresa y, por si fuera poco, el actual secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, era el abogado de la empresa.
Quiero señalar que de ningún modo me opongo al desarrollo de la minería, creo que es una fuente importante para la generación de empleos, pero es inaceptable el modelo depredador imperante, sustentado en la sobreexplotación de los trabajadores y de los recursos naturales. Es obvio que en Canadá no se permite esta ignominia y siempre he pensado que progreso sin justicia es retroceso. Es inhumano que a tres años de la tragedia de Pasta de Conchos, no se haya obligado a los dueños de la Minera México a rescatar los cuerpos de los mineros, como lo demandan sus familiares.
El absurdo del petróleo: vender naranjas y comprar jugo de naranja
El petróleo es el principal recurso con que cuenta el país para su desarrollo. Estoy convencido de que si se cuida y se explota de manera integral, podría convertirse en el eje de la economía nacional. En mis recorridos por las zonas petroleras me di cuenta de cómo se puede utilizar toda la cadena de valor del sector energético –desde la exploración de yacimientos, la perforación, la producción de crudo y de gas, la refinación, la industria petroquímica, la generación de electricidad y el desarrollo de energías alternativas– para proporcionar al consumidor ,y a la industria nacional, combustibles e insumos baratos que impulsen el desarrollo y la generación de empleos.
Es absurdo que se siga vendiendo petróleo crudo, como materia prima, al extranjero, y compremos casi la mitad de las gasolinas que consumimos, el 18 por ciento del diesel, el 15 por ciento del gas LP y el 15 por ciento del gas natural. Es como vender naranjas y comprar jugo de naranja. Esta irracionalidad sólo se explica por el afán privatizador y los compromisos con empresas y organismos internacionales. De ahí que haya sido fundamental el Movimiento en Defensa del Petróleo.
El año pasado, con la participación entusiasta y decidida de miles de mujeres y hombres, se pudo frenar el propósito de la derecha, de reformar las leyes para entregar la refinación, el transporte, los ductos y el almacenamiento de petrolíferos a particulares, sobre todo a extranjeros. Pero esto aún no termina, continúa el acecho. Es mucha la ambición que provoca este recurso natural estratégico. Sobre todo, debemos estar atentos porque quieren otorgar concesiones a empresas petroleras extranjeras para explorar y explotar nuestro petróleo en áreas o bloques exclusivos del territorio nacional.
Al igual que en la minería, pretenden que la zona petrolera del país se divida en lotes, como ya se anunció en Chicontepec, Veracruz. Pero estamos decididos a impedirlo. El sector energético debe estar única y exclusivamente al servicio del pueblo y de la nación. Más temprano que tarde, vamos a cambiar la política energética, que ha resultado un verdadero desastre. Sólo recuerdo que si no nos hubiesen robado la Presidencia de la República, actualmente estarían por terminarse las tres refinerías que necesita el país para dejar de comprar las gasolinas y el diesel en el extranjero.
8 de cada 10 empleos son de empresas pequeñas
Además, estoy convencido que sólo convirtiendo al sector energético en palanca del desarrollo nacional se podrá apostar a la industrialización del país. Es innegable que mientras el precio de los combustibles y de la energía eléctrica estén por encima de los costos en el mercado internacional, nunca podremos ser competitivos. El sostener a la pequeña y a la mediana empresa, al comercio y a la producción agropecuaria para la generación de empleos implica ofrecer un paquete de insumos energéticos a valores accesibles. El objetivo debe ser bajar los precios de las gasolinas, el diesel, el gas y la luz; y junto con otras medidas de fomento, apuntalar a los miles de pequeños negocios que hay por todo México.
Un dato: el 80 por ciento de los empleos en México están sostenidos por las pequeñas y medianas empresas. Tenemos que alentar la creatividad y la vocación productiva de los mexicanos. En todo el territorio hay pequeños talleres y empresas familiares que sin ningún apoyo gubernamental se dedican a la elaboración de muebles, utensilios para el hogar, huaraches, zapatos, monturas, cintos, sombreros, ropa, salsas, dulces, panes, quesos, café y muchos otros alimentos procesados. Hay infinidad de talleres de reparación. Sigue sorprendiendo el ingenio de las mujeres indígenas en la confección de bordados y tejidos, y de los artesanos de Olinalá, en Guerrero o de Zacoalco en Jalisco, y de muchos otros que son creadores de verdaderas obras de arte.
Continúa viva la tradición prehispánica del comercio. Ahí están los mercados que se establecen cada semana en Oaxaca, Puebla o Michoacán, y donde todavía se practica el trueque. O los grandes tianguis de ropa y calzado como los de San Martín Texmelucan, Puebla; Chiconcuac y San Mateo Atenco, en el estado de México. No olvidemos que gracias a este espíritu emprendedor mucha gente ha logrado anteponerse a las adversidades económicas; es más, si no es por la economía informal –que consiste, sencillamente, en que la gente se busca la vida trabajando en lo que puede– y por el fenómeno migratorio, ya hubiese habido un estallido social en nuestro país. Nada de esto ha sido siquiera contemplado por el gobierno usurpador, Calderón en vez de apuntalar las actividades productivas ante el agravamiento de la crisis, sigue empeñado en proteger a los que lo impusieron, a banqueros, grandes empresarios y traficantes de influencias. Se autonombró el presidente del empleo y lo que hay es mortandad de negocios y actualmente seis mil mexicanos están perdiendo sus puestos de trabajo cada día.
Hacia una revaloración del turismo como industria
México tiene mucho potencial turístico. Lo más extraordinario son sus sitios arqueológicos: su patrimonio histórico y cultural. Eso es lo que realmente nos distingue como país. Y la dolorosa paradoja es que los grupos indígenas, herederos directos de este pasado grandioso, viven en la pobreza y el abandono. Estar en Tulum, Cobá, Chichen Itzá, Uxmal, Edzná, Calakmul, Yaxilán, Palenque, Toniná, Comalcalco, La Venta, Tajín, Mitla, Montealbán, Tula, Teotihuacán, Cacaxtla, Cuicuilco, Xochicalco, Paquimé, La Quemada, Trincheras o el Templo Mayor, y tantos otros sitios históricos, es mirar con asombro el vasto conocimiento de nuestros antepasados en ciencia, ingeniería, astronomía, arquitectura, escultura, pintura, obras hidráulicas, agronomía y en organización social y política.
Puede ser que haya otros países con playas tan bellas como las del Caribe mexicano, pero ninguno tiene, además, tan importantes zonas arqueológicas. Por si fuese poco, habría que agregar la arquitectura colonial, las reservas ecológicas, la flora, la fauna, el paisaje y la espléndida y variada comida de todas las regiones de México. Por eso el turismo debe ser más aprovechado para generar empleos y obtener divisas, aunque cuidando siempre nuestro patrimonio histórico y cultural, así como los recursos naturales y los derechos de la gente.
